Latinoamerica, Litio

¿Puede el litio ser producido con un menor impacto ambiental en América Latina?

Empresas mineras, automotrices y del sector químico están desarrollando métodos alternativos de producción del mineral, aunque la mayoría está en fase de laboratorio
Javier Lewkowicz 28/09/2022
imagen aérea de las piletas de evaporación de minería de litio en atacama, en chile
Piletas de evaporación de litio de la empresa SQM en el Salar de Atacama, en Chile. El proceso, movilizado por energía solar, permite elevar el grado de concentración de litio en la salmuera, desde alrededor de un 0,2% inicial a un 6%. (Imagen: Hernis / Alamy)

La producción del litio enfrenta un proceso de transformación. Empresas mineras, automotrices y del sector químico de todo el mundo están en una carrera para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental del método dominante de extracción de litio, para así poder atender el crecimiento exponencial de la demanda asociado a la masificación de la movilidad eléctrica.

“Los procesos tradicionales en salmueras presentan un elevado impacto ambiental, debido a los grandes niveles de evaporación de agua. Existen diferentes tecnologías alternativas con potencial para reemplazar y/o apoyar el método de producción actual, con el objetivo de lograr una industria más sustentable en el tiempo”, sostiene la investigadora Michelle Lee Yin, de la Universidad Católica de Chile.

Algunos de los métodos alternativos de producción se aplican de forma complementaria al tradicional, aunque la mayoría están en fase de laboratorio. En todos los casos, la escala de producción que se requiere a nivel industrial implica grandes desafíos en términos de consumo, recuperación de agua, generación de residuos y uso de energía eléctrica.

Evaporar una “sopa compleja”
En los salares de altura de Argentina y Chile, el método predominante de extracción de litio es el de evaporación y agregado de cal-soda. Consiste en el bombeo de salmuera desde la profundidad del salar y su posterior concentrado en piletones de enorme extensión durante 12 a 18 meses. La salmuera es una “sopa compleja” en donde hay una gran variedad de sales y el litio es minoritario. Cada una de esas sales tiene diferente solubilidad y el último elemento que queda luego de más de un año, es el litio.

gráfico que muestra el uso del agua de la minería de litio


La gran ventaja del método tradicional es que la energía solar, que moviliza el proceso de separación de las sales, es gratis. El proceso de evaporación permite elevar el grado de concentración de litio en la salmuera, desde alrededor de un 0,2% inicial a un 6%.
El líquido resultante, rico en cloruro de litio, se transporta por tuberías hasta una planta química. Allí se aplican solventes, se realiza un proceso de filtrado y se precipita el carbonato de litio. Posteriormente, se lava y seca el carbonato de litio de baja pureza o bien se alcanza grado batería, que implica una pureza mayor al 99 por ciento.

En el Salar de Atacama, Chile, las dos empresas que extraen litio, SQM y Albemarle, usan el método tradicional de evaporación. Asimismo, en Argentina, la australiana Orocobre (asociada a Toyota Tsusho, de Japón) también extrae el litio desde el Salar de Olaroz en Jujuy a través del método convencional de evaporación, a partir del cual produce carbonato de litio, para luego agregar valor y transformarlo en hidróxido de litio hidratado o carbonato de litio de grado batería en Japón.

Argentina lithium future
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El proyecto de Minera Exar, próximo a entrar en producción en Argentina, conformado por Lithium Americas, la china Ganfeng y JEMSE, la empresa estatal jujeña, en el salar Cauchari-Olaroz, utilizará el método tradicional de evaporación para luego alcanzar carbonato de litio grado batería en su planta química. En tanto, la empresa coreana Posco contará con 400 hectáreas de piletones de evaporación en el salar de Hombre Muerto para obtener fosfato de litio. Luego transportará el concentrado hacia una planta en Salta para producir hidróxido de litio por primera vez en el país.

La evaporación en un desierto
Como el litio tiene una concentración muy baja en la salmuera, se requiere un volumen masivo de extracción de ésta última para alcanzar grandes valores de producción, como los que requiere la movilidad eléctrica.

“A concentraciones típicas de 500 a 1000 mg por litro de litio, para extraer una tonelada de carbonato de litio equivalente deben evaporarse alrededor de 200 mil litros de salmuera. Este método funcionó para los volúmenes demandados en el negocio de la telefonía celular, pero la dimensión que exigen los autos eléctricos lo vuelve insostenible. Nos estamos dando el lujo de evaporar agua en medio de un desierto”, advierte Ernesto Calvo, científico argentino experto en el sector.

En tanto, Lee Yin calcula que si actualmente se producen al año cerca de 150.000 toneladas de carbonato de litio en Chile, esto implica que cada año se evaporan 25 millones de metros cúbicos de agua y esta cantidad irá en aumento a medida que se incremente la producción de litio. “Para el año 2025, la cantidad de agua evaporada en la industria del litio casi alcanzará el consumo de agua potable de la región de Antofagasta (Chile)”.

Este método funcionó para los volúmenes demandados en el negocio de la telefonía celular, pero la dimensión que exigen los autos eléctricos lo vuelve insostenible. Nos estamos dando el lujo de evaporar agua en medio de un desierto

Vale aclarar que no se trata de agua que se utiliza directamente para el consumo humano o animal, sino que es el agua contenida en la salmuera. Sin embargo, hay estudios que indican que la sobre-extracción de agua puede generar cambios climáticos locales y modificar la tasa de evaporación natural del sistema, ya que se deben considerar las interacciones existentes entre los diferentes sistemas hidrogeológicos. Por ejemplo, la extracción de salmuera puede provocar la entrada de agua dulce para suplir el volumen extraído, lo que afectaría fuentes de agua para uso humano o agrícola.

Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advierte que “el debate sobre el impacto ambiental de estas operaciones en ecosistemas frágiles podrá completarse cuando se cuente con información ambiental completa suficiente e independiente sobre el funcionamiento del complejo sistema hidrogeológico en el que se emplazan los proyectos”.

Otras técnicas de extracción del litio
El primer impulso que tienen las empresas para adoptar tecnologías de extracción alternativas al método de evaporación es mejorar la eficiencia del proceso productivo, que impacta en la relación entre la inversión inicial y la cantidad de litio que se vende. Sucede que a lo largo del proceso evaporítico se va perdiendo parte del litio que contiene la salmuera.

30-40%

Algunas estimaciones sugieren que sólo se extrae entre el 30 y el 40% del litio en las minas, debido a las ineficiencias del proceso
Según la empresa Albermarle, que opera en Chile, la pérdida de litio de sus operaciones es del 45%, mientras que otras estimaciones calculan que la industria opera con niveles de eficiencia del orden del 30 al 40 por ciento. Adicionalmente, se trata de un proceso productivo muy largo, de entre 12 y 18 meses, que también tiene su correlato en el costo financiero.

A diferencia de los proyectos de Chile, la primera explotación de litio en Argentina, a cargo de la empresa norteamericana FMC, ahora denominada Livent, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, utiliza un proceso de extracción directa a partir de columnas de absorción compuestas de “gibbsita”, una forma mineral del hidróxido de aluminio, que permite “filtrar” el litio de forma selectiva.

Ese método consiste en que la salmuera bombeada desde el salar se filtra a través de una columna de 25 toneladas que atrapa el litio y deja fluir a los demás compuestos. Posteriormente, las columnas se riegan de agua para liberar el litio atrapado. De todas maneras, para poder aumentar la escala de producción, desde 2012 Livent realiza una preconcentración de litio por evaporación de salmueras en piletones.

Dentro del abanico de los nuevos proyectos de litio que en el corto plazo entrarán en producción en el país, la empresa francesa Eramet también va a utilizar una técnica de absorción, similar a la que usa Livent. Para Daniel Chávez, CEO de Eramine Sudamérica, filial de Eramet, “en el corto plazo, un puñado de años tal vez, toda la extracción de litio va a pasar a ser a través de nuevos métodos, principalmente porque a lo largo del proceso de evaporación del método tradicional se pierde mucho litio”.

A su vez, la australiana Rio Tinto concretó recientemente una inversión de 825 millones de dólares para comenzar a desarrollar el proyecto de litio salmuera Rincón, en Salta, y también utilizará un método de extracción directa.

La carrera por el litio
Con el horizonte positivo de precios, una demanda mundial creciente y ante las dificultades ambientales y de eficiencia de los métodos tradicionales de extracción, en la industria hay una carrera de investigación, prueba y error alrededor de los nuevos métodos de producción.

Los “métodos de extracción directa”, dentro de los cuales está el de absorción que usa Livent y Eramine, se basan en una estrategia química más selectiva, que busca separar el litio del resto de los compuestos de forma más rápida, a través de un proceso que demora un puñado de horas, en relación a los 12 a 18 meses requeridos por la evaporación. Además, tienen un rendimiento de entre 70 y 90%, es decir que extraen mucho más litio respecto del disponible en relación al método de evaporación.

Sin embargo, cada uno de los nuevos métodos tiene sus propias complejidades que resolver, desde el gran uso de agua dulce en la planta para realizar la separación del litio, hasta la generación de residuos por el uso de solventes y la utilización intensiva de energía eléctrica.

litio argentina
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“Los métodos nuevos están en una instancia de pruebas piloto, salvo el de las columnas de absorción, que viene más avanzado. Todos tienen más eficiencia y son mucho más veloces. No son procesos químicos muy complejos, pero son volúmenes muy grandes, a 4 mil metros de altura, con una enorme amplitud térmica entre el día y la noche”, explica Calvo, quien lideró el desarrollo de un método que superó las pruebas de laboratorio. Este proceso utiliza la corriente eléctrica como forma de “seleccionar” el litio de la salmuera. No usa agua ni genera residuos y prevé el uso de energía mediante paneles solares.

No sólo las empresas mineras están detrás de los nuevos métodos de producción. También aparecen en esa carrera General Motors, Tesla, BMW, la petrolera Schlumberger, Panasonic y Renault, entre otros grandes jugadores.

Los investigadores Andrés López, Martín Obaya, Paulo Pascuini y Adrián Ramos, plantean que “entre las técnicas con mayor grado de avance” se encuentra aquella desarrollada por la firma israelí Tenova Advanced Technologies, basada en la utilización de un solvente que, según sostiene la empresa, logra en solo un día una solución de cloruro de litio con una pureza superior al 99,9%. El proceso supone la reinyección de la salmuera libre de litio al salar, un proceso complejo que no se usa todavía a escala industrial.

Otro método en etapa de investigación consiste en la utilización de una membrana compuesta por determinados materiales que son atractivos para el litio, que mediante vapor de agua permite realizar la separación de sales.

Marchegiani sostiene que la posibilidad de avanzar en la explotación de litio con técnicas que utilizan menos agua en el contexto de escasez hídrica de la Puna argentina parece inicialmente una buena noticia. Sin embargo, pide evaluarlas de manera integral. “Por ahora, muchas de ellas solo funcionan posibles como pruebas de laboratorio o como piloto, habrá que ver si luego son posibles a una escala industrial”, agrega.

¿Puede el litio ser producido con un menor impacto ambiental en América Latina?

Latinoamerica, Litio

MAPEO DE RESISTENCIAS FRENTE A LOS IMPACTOS Y DISCURSOS DE LA MINERÍA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA

30/08/2022
Mapeo de resistencias frente a los impactos y discursos de la minería para la transición energética en América
«Este informe da inicio a una serie de mapeos que buscan visibilizar la insostenibilidad e injusticia ambiental y social de la transición energética que se impulsa actualmente en el mundo. En este informe consideramos la conflictividad de la transición energética en el continente americano. Se documentan 25 conflictos socio-ambientales en torno de la extracción de litio, cobre y grafito, tres metales y minerales estratégicos, en nueve países del continente americano».

Fuente: Desinformémonos
El Banco Mundial estima que durante los próximos 30 años será necesario extraer 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para impulsar el proceso de transición energética mundial. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, se requeriría cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre el año 2020 y 2040.

Estos escenarios de transición energética, basados en una intensificación de la extracción de metales y minerales se imponen como urgentes y necesarios para evitar un aumento de la temperatura global por encima de los 2°C y avanzar hacia una economía global más “verde” y “sostenible”.

La generación, almacenamiento, transporte y uso de energías renovables requiere de crecientes cantidades de metales y minerales como el cobre, la bauxita, el litio, el grafito, el níquel, las tierras raras, entre muchos otros. Sin embargo, la minería a gran escala (e industrial) a través de la cual se extraen estos materiales es una actividad de alto impacto ambiental y social, fuente de contaminación ambiental, destrucción de modos de vida y vinculada a diferentes formas de violencia.

Este informe da inicio a una serie de mapeos que buscan visibilizar la insostenibilidad e injusticia ambiental y social de la transición energética que se impulsa actualmente en el mundo. En este informe consideramos la conflictividad de la transición energética en el continente americano. Se documentan 25 conflictos socio-ambientales en torno de la extracción de litio, cobre y grafito, tres metales y minerales estratégicos, en nueve países del continente americano.

Se visibilizan las voces y acciones de los actores locales que se enfrentan y resisten ante el avance de esos proyectos y los discursos engañosos que los promueven.

El informe presenta los resultados de un mapeo colaborativo realizado entre comunidades e investigadorxs de la región movilizadxs junto con el Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá ante la creciente presión extractivista. Se desarrolló un mapa interactivo del continente americano que visibiliza algunas de las luchas que tienen lugar en la actualidad en torno de los metales y minerales estratégicos de la transición energética. Se trata de un mapa en permanente desarrollo ante una problemática que avanza de forma acelerada y agresiva en la región y el mundo.

El informe se compone de cuatro secciones. En la primera sección presentamos algunos datos claves sobre la relación entre los escenarios actuales de transición energética y la intensificación del extractivismo minero en América y el mundo. En la segunda sección introducimos el mapa y los 25 casos documentados. La tercera sección, examina algunos impactos de la minería “verde” y la movilización social que suscita. La cuarta sección discute algunos discursos en torno de la minería mal llamada “verde”.

– Para descargar el mapeo (PDF), haga clic en el siguiente enlace: Mapeo de resistencias frente a los impactos y discursos de la minería para la transición energética en América
Publicado originalmente en MiningWatch Canadá

Mapeo de resistencias frente a los impactos y discursos de la minería para la transición energética en América

Brasil, Latinoamerica

Protestas en América Latina, entre la comprensión y el hartazgo

Los bloqueos de calles y rutas en muchos países reflejan la colisión entre los derechos de protesta y de circulación
14 de agosto de 2022 – 11:40 p.m.
Por La Nación Argentina / GDA
Miles de nativos protestaron en abril pasado en Brasilia, en el acto Ouro de Sangre (Oro de Sangre), contra el aumento de la minería en territorios indígenas. (GDA)

Se trata de una escena casi cotidiana, un paisaje inusual en otras latitudes pero común y casi ha “naturalizado” en América Latina: los piquetes o cortes de rutas por protestas, manifestaciones o reclamos de diversa índole –a veces de sectores muy pequeños– que generan embotellamientos, caos de tránsito, pérdidas de tiempo y mal humor, y que añaden un motivo más de crispación en muchas sociedades ya de por sí sensibilizadas por situaciones económicas o sociales apremiantes. Y no faltan motivos. Porque los piquetes o cortes de rutas, más allá de las causas que los originan, ponen siempre en primer plano el conflicto que generan entre el derecho al reclamo y a la protesta y el derecho a circular libremente por calles y rutas.
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¿Qué sucede en la región a la hora de enfrentar estas manifestaciones que perturban el libre tránsito? Si bien en cada país hay normas específicas que establecen el marco legal y su consecuente respuesta mediante la acción de las fuerzas de seguridad (ver aparte), en más de una ocasión su aplicación está sujeta a cuestiones políticas.

Las protestas callejeras en el Perú se dan con frecuencia y por variados motivos. La policía trata de disolverlas a través del diálogo con los manifestantes y, de darse el caso, con un uso controlado de la fuerza. Sin embargo, últimamente se ha podido observar una relativa pasividad de los agentes del orden, y por lo general se negocia dejar algún carril libre para la circulación vehicular. La reacción ciudadana ante estas tomas varía, y puede pasar de la comprensión y la empatía hasta el rechazo y el malestar profundo.

En Brasil, si bien tradicionalmente la manifestación callejera era propia de la izquierda, a partir de 2013 el color ideológico se hizo más amplio y difuso al generarse protestas por el alza de las tarifas de transporte, la baja calidad de los servicios públicos o la corrupción.

En la última década también crecieron las protestas de grupos históricamente marginados, como los movimientos negros e indígenas y el movimiento feminista. Estos grupos, más la izquierda partidista y los grupos de extrema derecha, son los principales responsables de las manifestaciones hoy en Brasil. Una protesta grande en una ciudad importante como Río o San Pablo debe ser comunicada con anticipación, pero a veces los manifestantes, especialmente los de movimientos no partidistas, no siguen una ruta acordada de antemano con las autoridades, y la policía utiliza la fuerza para romper el bloqueo.

El papel de las fuerzas de seguridad ha sido a menudo seriamente cuestionado. Ha habido muchos casos y denuncias de uso excesivo de la fuerza. “Brasil ha violado históricamente el derecho a la protesta. El uso de la fuerza es recurrente, e inhibe el ejercicio de este derecho”, señala Raisa Cetra, coordinadora del Programa Espacio Cívico de Artigo 19 Brasil y Sudamérica. “El Estado debe garantizar el derecho a la circulación de la población, pero por otros medios”, añadió, al considerarse el derecho a la protesta como parte de las libertades de asociación y expresión, que sólo pueden ser limitadas en casos excepcionales.

Según la consultora Diagnóstico Político, el año 2021 cerró con la cifra más alta de piquetes de los últimos siete años en la Argentina: 6,658. Desde 2014, que anotó 6,805 protestas, que no se registraba una cifra tan alta.

El epicentro de los cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires es la céntrica Avenida 9 de Julio, y son las organizaciones sociales de izquierda (que nuclean a desocupados y trabajadores informales), opositoras al gobierno nacional, las que lideran la mayor cantidad de protestas, aunque también las ha habido de trabajadores privados, fuerzas político-partidarias y trabajadores estatales. En los últimos años es más común ver a las fuerzas de seguridad negociando con los manifestantes que utilizando la fuerza. Por lo general, los efectivos realizan un operativo en las inmediaciones al corte, después de acordar dejar algún carril libre para la circulación vehicular, aunque hay casos en los que el corte es total. Dependerá entonces de la decisión política de cada gobernante dar la orden o no de desalojar, algo que raramente ocurre.

Para el politólogo Sergio Berensztein, los piquetes “son parte de esta tradición de utilización de la calle que existe en la Argentina. Eso es fundamental para comprender los niveles de tolerancia social, ya que el ciudadano promedio se ve a sí mismo en ese lugar en una circunstancia potencialmente parecida. Hoy le toca a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros, piensa, por más que se enoje porque no puede circular con tranquilidad. En este contexto, la cuestión de la libre circulación queda, de alguna manera, en un plano más secundario”.

Las protestas callejeras con cortes de tránsito se tornaron frecuentes en Chile desde el estallido de la crisis social de 2019, con reclamos diversos, desde mejor educación, salud y vivienda hasta una nueva Constitución. Pero luego decayeron, por efecto también de la pandemia. La actuación policial depende del contexto de la manifestación. Si es muy masiva, difícil de remover, generalmente permite su desarrollo. Cuando es más pequeña, puntual o no autorizada, actúa bajo un protocolo gradual que comienza con diálogo con los líderes o encargados, luego con llamados a las personas con altavoces para que se dispersen y, en caso de no haber una respuesta positiva, continúa con el uso de elementos disuasivos como carros lanza agua o dispositivos lacrimógenos. La reacción ciudadana ante los bloqueos de calles también mutó de la empatía, la tolerancia y la comprensión iniciales a la pasividad, el tedio y, más recientemente, a la frustración, en especial cuando las protestas terminan provocando daños a terceros.

En México, los bloqueos al tránsito son una constante en prácticamente todos los centros urbanos y también en algunas comunidades rurales. Y los hay de casi todos los sectores: campesinos, organizaciones políticas y sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, indígenas, etcétera. Los reclamos tienen que ver con demandas legales, derechos humanos, defensa gremial, reconocimiento o rechazo de autoridades políticas. En la Ciudad de México hay marchas y bloqueos para demandar la restitución de servicios como agua potable o luz; por casos de inseguridad y en menor proporción para protestar contra la construcción de obras o desarrollos inmobiliarios. Lo bloqueos pueden durar desde 5 a 12 horas, y la intervención policial responde muchas veces a factores políticos que tienen que ver qué partido gobierna determinado municipio o ciudad. Generalmente, la policía actúa para evitar desbordes, aunque hay casos de choques frontales con los manifestantes. En cuanto a los ciudadanos, hay una división entre aquellos que ven con simpatía este tipo de movilizaciones (aunque esto depende muchas veces del motivo) hay otros en los que prima el descontento por considerar que se violan derechos de terceros como el de libre tránsito o que consideran que la policía asume una posición demasiado permisiva.

Para el abogado Christopher Estupinan “no se debe pasar por alto el derecho de manifestarse de las personas; sin embargo, se debería delimitar en cuestión de duración y alcance. Si bien es cierto que hay una ley reglamentaria que obliga a las personas a avisar al gobierno sobre las manifestaciones, esta no siempre es respetada y hay ciertos puntos en la ciudad donde no creo que deban ser permitidas. El derecho a manifestarse no debería estar por encima del de tránsito de los demás, debe buscarse un equilibrio. Y el gobierno debería ser un poco más estricto en ese sentido”.

En Uruguay, las protestas callejeras son, en su gran mayoría, organizadas y comunicadas previamente, no hay piquetes sorpresivos ni se ocupa toda la calle, por lo que no se suele entorpecer la circulación.

En Venezuela, en los últimos 10 años la protesta de carácter social se ha mantenido de manera constante y persisten en 2022 pese a que tienen poca repercusión en los medios de comunicación. Desde 2012 (último año de gobierno de Hugo Chávez), la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha documentado un total de 92,000 manifestaciones. Respecto al año en curso, hasta abril se habían registrado 2,677. El promedio diario es de 20 protestas por día en todo el territorio nacional.

El director de esa organización, Marco Antonio Ponce, precisó que quienes manifiestan actualmente son fundamentalmente dos grupos: los trabajadores y los vecinos de las distintas comunidades, y que la protesta política no tiene una representatividad significativa en relación al total. Según los datos del OVCS, cerca de 70% de las manifestaciones que se realizan en todo el país están relacionadas con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entre esas categorías las exigencias más frecuentes se vinculan a los derechos laborales y los servicios públicos, de allí que los principales manifestantes sean los trabajadores y los vecinos.

La actuación de los funcionarios del Estado depende del tipo de protesta. En ese sentido, el OVCS denunció que, cuando la protesta exige un cambio de gobierno o en alguna corrección en su actuación, la respuesta institucional del Estado suele ser la represión desmedida, independientemente de si el gobernador o alcalde es un dirigente del oficialismo o de la oposición. Cabe destacar que, con frecuencia, el cierre de las calles lo realizan los cuerpos de seguridad, para impedir el avance de movilizaciones anunciadas con anterioridad por organizaciones políticas o por la sociedad civil.

Las protestas más recurrentes tienen que ver los derechos humanos y reclamos a las autoridades por servicios básicos. Estos últimos se han mantenido en los últimos tres años en el primer lugar del índice de manifestaciones, y a los habituales por electricidad, agua potable, gas doméstico se sumaron en los últimos años otras por la escasez de gasolina. El segundo lugar lo ocupan las exigencias de reivindicaciones laborales, “lo que refleja que uno de los principales puntos de la crisis que atraviesan los venezolanos tiene que ver con el salario”, indicó Ponce.

Según datos del OVCS, el Estado venezolano favorece todas aquellas manifestaciones donde se exprese simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro. En ese caso son permitidas y facilitadas por parte de los distintos cuerpos de seguridad y demás entes del Estado. “Pero si las protestas son realizadas por la sociedad civil, por venezolanos que están exigiendo un cambio, que quieren mejoras en las condiciones de vida, tienen un enorme riesgo de represión”, añadió Ponce.

Aunque actualmente no se presentan protestas callejeras con piquetes o bloqueos de calles en Colombia, entre 2019 y 2022 hubo una fuerte oleada que sí interfirió con el tránsito. La Policía en Colombia ha sido enfática en su intención de no permitir este tipo de acciones: “Protestar es válido, los bloqueos no”. La disolución de este tipo de obstrucciones se desencadenó en medio de enfrentamientos entre estos servidores públicos y ciudadanos manifestantes.

La colisión entre el derecho de protesta y el derecho de libre circulación cobró nueva vigencia en Colombia cuando en mayo del año pasado durante un paro nacional falleció un bebé cuando la ambulancia que lo trasladaba no pudo atravesar un bloqueo. Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “no debería haber contraposición (entre ambos derechos], pero se terminó convirtiendo en un dilema. El hecho de que muriese un bebé porque no pudo ser trasladado, precisamente por el cierre de vías, confirma que en muchos de esos casos se ejerció el derecho a la protesta en detrimento de los derechos de terceras personas”, enfatiza.

Finalmente, en Costa Rica hay protestas callejeras, que en los últimos años han estado especialmente motivadas por la situación económica, el desempleo y el alto costo de vida. Suelen ser realizadas por sindicatos del sector público o transportistas privados. En 2018 y 2019 se sumaron grupos de estudiantes.

En el caso del país centroamericano el problema principal radica en la falta de una ley que regule en qué momento la libertad de manifestación riñe con la libertad de tránsito. “Lo único que hay es el artículo 26 de la Constitución Política que garantiza el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas”, explica el abogado Rubén Hernández. “El problema es que los sindicatos y los grupos de protesta se han aprovechado de esto, hacen lo que quieren hasta el momento en que las autoridades deciden intervenir”, agrega.
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/protestas-en-america-latina-entre-la-comprension-y-el-hartazgo/

Latinoamerica, Perú

Las resistencias a la megaminería crecen en latinoamérica

16/07/2022
Las resistencias a la megaminería crecen en latinoamérica
El índice de producción minera tuvo una caída de 6.62% en mayo de este año, a comparación de lo que se registró el mismo mes del 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según el INEI, los conflictos sociales se caracterizaron por actos de violencia como toma de instalaciones y bloqueos de vías.
Fuente: RPP NOTICIAS
Según el informe, la caída se debería a la baja producción metálica que se redujo 10.69%, afectando la generación de cobre, zinc, plata, plomo, oro y hierro.

Sobre la producción metálica, el INEI, informó que hubo una reducción del 12.61% en la producción del cobre, dde 17.94 %en en el zinc, 11.11% en la producción de plata, 15.89% en plomo, el oro se redujo 2.01% y el hierro bajó 3.72%


¿Por qué bajó la producción minera?
Según el INEI,el menor volumen que se registró en mayo de 2022 se produjo por un menor volumen tratado en las plantas de concentración y menores leyes en el mineral procesado, agravada por la recurrencia.

El desempeño de la actividad minera metálica en mayo de 2022 refleja un menor volumen tratado en las plantas de concentración y menores leyes en el mineral procesado, agravada por la recurrencia y continuidad de los conflictos sociales de tipo socio ambiental.

Dichos conflictos sociales se caracterizaron por varios actos de violencia como toma de instalaciones y bloqueos de vías por parte de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras, principalmente en diferentes tramos del Corredor Vial del Sur que comprende a las regiones de Apurímac y Cusco, vía que es utilizada para el transporte del mineral, además de otras regiones del país. Según el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, en mayo de 2022 se registraron 64 conflictos activos relacionados a la actividad minera, 4 casos más que en mayo de 2021.


Las empresas más afectadas
A nivel de empresas, en la actividad minera metálica de producción de zinc presentan caídas acentuadas las compañías Los Quenuales, Antamina, Minera Shouxin Perú, Sociedad Minera Corona y Nexa Resources Perú; en la producción de cobre registran volúmenes decrecientes Southern Perú Copper Corporation, Minera Las Bambas, Minera Antapaccay, Los Quenuales y Pan American Silver Huarón; en la producción de plata figuran Buenaventura, Sociedad Minera El Brocal, Southern Perú Copper Corporation, Los Quenuales y Minera Chungar. Por otro lado, entre los metales de mayor producción acumulada destaca el molibdeno por los incrementos en Cerro Verde y Minera Chinalco Perú; coadyuvada por la mayor producción de estaño por parte de Minsur.

Subsector de hidrocarburos se recuperó
En tanto que, el subsector de hidrocarburos registra una expansión acumulada de 16,05%, sustentado en el incremento de los niveles de explotación de sus productos componentes, gas natural 32,11%, líquidos de gas natural 9,33% y petróleo crudo en 13,27%, con una contribución total de 2,18 puntos porcentuales.

Las resistencias a la megaminería crecen en latinoamérica

 

Latinoamerica

Golpean conflictos mineros a toda AL

El Universal 17/07/2022
Los conflictos mineros abruman a toda América Latina así lo confirma el OCMAL. El Universal / EL DIARIO

Legal o ilegal, la minería es satanizada o bendecida en América Latina y el Caribe. Los adversarios de la actividad argumentan que la zona paga a diario una onerosa factura de daños socioambientales, corrupción política y represión militar y policial por la criminalización de las protestas por el impacto hemisférico de la minería legal e ilegal.

“La minería es negocio porque no se hace a cargo de los costos socioambientales que provoca”, afirmó el chileno César Padilla, coordinador del (no estatal) Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
Intereses económicos

Los defensores aducen que la minería legal genera puestos de trabajo y atrae fuertes inversiones y que, por vía de impuestos, una parte de las decenas de miles de millones de dólares que fluyen cada año a la región por las exportaciones minerales abastece las finanzas públicas del área y financia planes sociales. “La minería es un sector fundamental de la economía de América Latina y el Caribe. Tenemos unos recursos naturales en minería muy grandes que permiten atraer inversión extranjera muy grande y que genera trabajo”, alegó el economista peruano Carlos Paredes, presidente en 2019 y 2020 de la estatal Petróleos del Perú (Petroperú).
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/07/17/golpean-conflictos-mineros-a-toda-al/

Internacional, Latinoamerica, Litio

La «OPEP del litio» en Sudamérica sería una mala noticia para el auge de la electromovilidad, pero buena para los productores

Javier Costas Franco
18/07/2022
A lo largo de este año varios titulares periodísticos nos van haciendo a la idea de que los tres países de Sudamérica con mayores reservas probadas de litio -Bolivia, Chile y Argentina- puedan formar un cártel para controlar los precios de este recurso mineral. Aunque los tres países acumulan el 63% de las reservas probadas de litio, ahora mismo Australia es el principal productor mundial y con una cuota cercana al 50%.

Los citados países latinoamericanos, de formar la «OPEP del litio», mirarían por sus intereses para evitar que el precio de la materia prima baje demasiado por el efecto de la competencia, limitando las cantidades que se exportan para intervenir los precios artificialmente. De no haber cárteles, el precio de las materias primas está más próximo al coste real de la prospección, extracción y exportación.

En un mundo en el que la demanda de litio va a aumentar de forma bestial, que los precios se mantengan altos supone un enorme obstáculo para que las baterías se sigan haciendo asequibles. Solo hay que ver lo que ha pasado con el petróleo desde que la OPEP se propuso castigar a Occidente en 1973 por apoyar a los israelíes: si ellos cierran el grifo, a todo hijo de vecino le costará más repostar, dado su elevado control de la mayoría de las reservas probadas y pozos.


El cártel latinoamericano tiene que salvar unos cuantos obstáculos legales y que se pongan de acuerdo entre ellos. ¿Qué alternativas hay? Perú y Méjico podrían unirse a este cártel mirando por sus intereses, aunque tengan menos litio, 3 millones de toneladas. Si nos vamos fuera de esta zona del mundo, los que acumulan mayores reservas de litio son EEUU (6,8 MT), Australia (6,3 MT) y China (4,5 MT). Solo Bolivia tiene 21 MT, más que esos tres países juntos.

Por pura lógica empresarial, los fabricantes y sus proveedores tratarán de conseguir el litio más barato posible, y a quienes les puedan garantizar un suministro estable. Es una medida anti-cártel, pero una de las más efectivas se prepara a largo plazo como un gigantesco tirachinas: el reciclaje. Empresas como Redwood Materials calculan que pueden recuperar casi todo el litio de baterías usadas a un precio inferior al litio «virgen». Todo lo que se recicla, se deja de sacar de una mina.

En otras palabras, durante un tiempo habrá que pagar el «peaje» del precio que los países productores que intervengan en los precios, que afecta a todo el mundo por contagio en mayor o menor medida, pero a largo plazo, una vez que haya cierto número de unidades circulando, empezará a haber un suministro de litio local reciclable como para depender menos de los mineros y de sus precios. No será renovable, pero sí reciclable una y otra vez. El precio del litio reciclado tirará hacia la baja el litio de mina o salar.
Esta es la absurda ruta del litio, el cobalto y el níquel en la actualidad


Si fracasa la iniciativa de los países del «triángulo del litio», será más fácil que los precios estén más condicionados al libre mercado que a otra cosa. Al revés, cuantos más países se adhieran al cártel, habrá precios más elevados. Los países sin acceso a este recurso natural y sus empresas deberían tomar nota del recado: deben invertir en reciclaje de baterías a escala industrial. Es lo que les hará ser competitivos.

La «OPEP del litio» en Sudamérica sería una mala noticia para el auge de la electromovilidad, pero buena para los productores

 

Ecuador, Latinoamerica

PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ECUATORIANO, EL FIN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y LA REPRESIÓN

Nosotras, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales,
mujeres de diversos países del Abya Yala, entre ellos Ecuador, que vivimos en carne propia lo
que significa la violencia en nuestros cuerpos, territorios y organizaciones entendemos el
despojo de nuestros territorios, de nuestra cultura, nuestra seguridad alimentaria, de nuestra
salud. Protestamos porque sabemos lo que significa la desigualdad, nos organizamos para
resistir y denunciar las violaciones de nuestros derechos en este sistema patriarcal y opresor,
nos pronunciamos a favor del pliego de reclamos de los millones de ecuatorianas y ecuatorianos
que en este momento están siendo cobardemente reprimidos/as, criminalizados/as,
perseguidos/as, asesinados/as, golpeados/as por un gobierno que juró protegerlos y velar
porque sus derechos sean mantenidos, sin embargo ha hecho todo lo contrario.
La crisis ambiental, económica, política y social en nuestro hermano país de Ecuador, ha
generado la serie de movilizaciones legítimas y el paro nacional convocado por organizaciones
sociales (indígenas, campesinas, feministas y de mujeres, estudiantiles, de la salud, barriales, de
las diversidades sexo-genéricas, sindicales, etc.), las mismas que han sido respondidas con
represión y criminalización por parte del gobierno de Lasso.
El gobierno ecuatoriano se muestra a favor de la transición ecológica y de manera paralela
define a los territorios comunales como zonas de explotación y saqueo de sus recursos naturales
dejando a su paso más pobreza, destrucción, contaminación de agua, tierra y aire , evitando que
nuestras hermanas y hermanos puedan asegurar su alimentación en medio de una vida digna.
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, exigimos
al gobierno del presidente Lasso lo siguiente:
1) La derogatoria inmediata del decreto ejecutivo N° 455, y posterior 459, que declaran
Estado de Excepción en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua,
Chimborazo y Pastaza

2) Dar solución concreta y real a los 10 puntos de la Agenda Nacional de Lucha de las
hermanas y hermanos ecuatorianos.

3) Cese inmediato de los actos de represión, criminalización y persecución de los
compañeros y compañeras que, de manera libre, ejerciendo su derecho a la protesta,
se están movilizando ya sea individualmente o colectivamente.

4) Libertad inmediata para los presos políticos.

Asimismo, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que
solicite un informe al estado ecuatoriano sobre las medidas que viene adoptando para asegurar
la vida e integridad de todas y todos los manifestantes en este Paro Nacional Ecuatoriano.
Manifestamos nuestra solidaridad con las compañeras y hermanas movilizadas, con la CONAIE,
FENOCIN; FEINE; FENOC, y todas las organizaciones autoconvocadas.
Un abrazo lleno de fuerza, pero al mismo tiempo de amor y consuelo en estos momentos
difíciles.
¡Fuerza compañeras ecuatorianas! ¡Viva el Paro Nacional! ¡Viva la resistencia!
Cajamarca 21 de junio del 2022.

Latinoamerica

En América Latina se intensificó la explotación minera durante la pandemia

02/06/2022
Un informe de varias organizaciones internacionales analizó el avance de la extracción de minerales en nueve países de la región durante la crisis sanitaria mundial.

Protestas de comunidades afectadas por la explotación minera.

Protestas de comunidades afectadas por la explotación minera. Esta situación que se estaba produciendo antes de la pandemia, se agudizó durante la crisis sanitaria mundial.

Desde México hasta Argentina, el informe‘Sin Tregua – Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera’ muestra el avance de la minería durante la pandemia en la región. A partir de estudios de caso de nueve países latinoamericanos, entre los que se encuentran algunos de los que fueron más afectados por la COVID-19, además de grandes inversiones mineras, el reporte examina la resistencia de los pueblos indígenas y las comunidades ante la extracción de minerales como oro, plata, hierro, carbón, litio, cobre y uranio de sus territorios.

«Desde el momento en que se declaró la pandemia global de COVID-19 hace dos años, podíamos observar desde diferentes geografías señales cada vez más claras de intentos por parte de la industria minera, de aprovechar la situación para avanzar con sus procesos de licenciamiento y sus operaciones”, explica a DW Guadalupe Rodríguez, Referente de Latinoamérica de Rettet den Regenwald (Salva la Selva), una de las organizaciones que integra la Coalición contra la Pandemia Minera, que ha elaborado el reporte.

Según el informe, los gobiernos de México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, y empresas mineras aprovecharon el periodo de la pandemia para impulsar la expansión minera como «esencial” para la reactivación económica y la transición energética.

«Esta transformación de las matrices energéticas requiere de muchísimos metales para la construcción de la infraestructura necesaria para su implementación. Hablamos de eólicos, paneles solares, pero también de vehículos eléctricos. Todo eso se fabrica a base de metales y minerales. Y estos procesos de cambio no siempre están planificados con una mirada de justicia ambiental”, agrega recalcando que «todos estos planes ya existían desde mucho tiempo atrás. La pandemia ha ayudado a acelerarlos”.
Protesta contra la explotación minera en Ecuador.


Protesta en Quito. «Ecuador, que es un país donde existe una gran resistencia a la megaminería, también permitió su avance aprovechando los confinamientos que impedían la movilización social», afirma Rodríguez.
El poder de los lobbies

«Los lobbies mineros intentaron que algunas leyes restrictivas a sus operaciones se relajaran, que se desregularan impedimentos a nuevos permisos”, asegura Rodríguez haciendo referencia a los resultados del análisis. De este modo, apunta el caso de Panamá donde «el gobierno impulsó planes específicos para reactivar la minería en el país y proyectos mineros que llevaban años sin operar” y el de Argentina donde «en diciembre de 2021, las autoridades provinciales de Chubut aprovecharon la pandemia para anular una prohibición de la minería de casi dos décadas”.

Asimismo, subraya que en «Colombia las empresas y el gobierno continuaron negándose a respetar una decisión de la Corte Constitucional de 2017 que reconocía las violaciones de los derechos comunitarios relacionadas con el plan de expansión de la mina de carbón Cerrejón”, mientras que «en Chile, la empresa canadiense Andes Copper, obtuvo su permiso ambiental durante las restricciones sanitarias para su proyecto minero de cobre. Anteriormente venía realizando perforaciones sin los permisos necesarios. La comunidad afectada, Putaendo, es la primera municipalidad chilena que se declara «territorio libre de minería».

Lago contaminado en Chubut, Argentina.

Lago contaminado en Chubut, Argentina. “El movimiento popular promueve ahora un proyecto de ley que busca ampliar la prohibición para incluir las fases de prospección y exploración de la minería”, explica Rodríguez.
La resistencia de los afectados

El avance de la minería perjudicó a los afectados en varios sentidos. «En las comunidades donde los proyectos mineros ya están operando, tuvieron mayores desventajas para enfrentar la pandemia dado que, en la mayoría de los casos, cuentan con escasez de agua, además contaminada”, explica a DW Leny Olivera, de la organización Terra Justa.

«La mayoría de las comunidades afectadas por proyectos mineros vivieron una intensificación de la violencia. Como consecuencia eso ha significado mayor criminalización”, critica la portavoz de esa organización boliviana, que trabaja con grupos colombianos y peruanos, entre otros.

Un ejemplo de ello se encuentra en el estado brasileño de Maranhao. «La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias…”, denuncia Dalila Alves Calisto, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de dicho estado.

Además, las comunidades también vieron restringidos sus derechos. «Las organizaciones sociales no pudieron llevar a cabo su normal actividad de reunión, denuncia y protesta. Al mismo tiempo, había dificultades para acceder a las instituciones, pues muchas oficinas en las que pedir información o llevar a cabo reclamaciones permanecieron cerradas”, lamenta Rodríguez.

A pesar de que, en el caso argentino, la decisión de anular la prohibición de la minería fue retirada, después de una semana de protestas, las comunidades originarias Mapuche-Tehuelche y residentes de toda la provincia siguen en lucha. «Consideramos que la crisis que actualmente hay en Chubut, una provincia que tiene tantas posibilidades, es una crisis de diseño; una crisis que se ha armado justamente para tratar de imponer esta actividad, para que el pueblo no vea otra salida que la actividad minera”, critica Iván Paillalaf, miembro de la comunidad indígena Mapuche-Tehuelche de Laguna Fría Chacay Oeste.

Los responsables del informe avanzan las presiones que seguirán recibiendo estas comunidades. “La llamada transición energética solo sirvió como una justificación para expandir las actividades mineras”, critica Olivera asegurando que la misma “no debe ser a costa de las comunidades del sur global”. “Los países del norte global deben replantearse que la transición energética implica desmontar el patrón de producción de consumo y producción que provoca la crisis climática actual”, concluye.
(cp)
https://www.dw.com/es/en-am%C3%A9rica-latina-se-intensific%C3%B3-la-explotaci%C3%B3n-minera-durante-la-pandemia/a-62016775

Latinoamerica

Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera

24/05/2022
Comunicado de prensa, para su publicación inmediata
Nuevo Informe

Un nuevo informe elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera – América Latina desenmascara el avance desmedido de la minería durante la pandemia, que obligó a que las comunidades y pueblos en América Latina no pudieran bajar la guardia mientras tomaban medidas para protegerse de COVID-19.

El informe “Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera”, se elaboró en base a estudios de caso de nueve países de América Latina – México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se enfoca en entender cómo gobiernos y empresas mineras aprovecharon el extenso periodo de la pandemia del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera como “esencial” para la reactivación económica y la transición energética. A la vez, documenta las respuestas y la resiliencia de los pueblos afectados en condiciones aún más adversas que antes de la pandemia, refrendando lo verdaderamente esencial del cuidado mutuo, la organización comunitaria, la tierra, el agua y la alimentación sana.

La investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, mientras las comunidades y pueblos siguen sufriendo las consecuencias de múltiples crisis interrelacionadas: socio-económica, sanitaria, ambiental, junto a la violencia asociada a las mismas. Los altos precios de los minerales, los riesgos de suministro de muchas materias primas en las cadenas de producción, la transición energética, además de políticas extractivistas de la región y el colonialismo ejercido desde otras regiones, son los distintos engranajes de un sistema que aprovecha cada circunstancia para perpetuarse, y que sirven como impulso a la mayor especulación y expansión del sector en este período. Estos procesos conllevan al mismo tiempo la profundización de la represión, violencia, y control social que ejercen gobiernos y empresas.

A pesar de las numerosas amenazas que describe, el informe concluye con un análisis del significado de las resistencias al modelo minero, que se mantuvieron en tal contexto de peligro y de desastre climático y ecológico. Para las comunidades y poblaciones en primera línea frente a la minería, sus experiencias durante los últimos dos años refuerzan la importancia de seguir defendiendo el territorio, el agua y el aire limpios y por el sustento y los medios de vida. En definitiva, no es posible “quedarse en casa”, mientras todo eso está en riesgo.

La Coalición contra la Pandemia Minera es un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos de la industria minera relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta investigación forma parte de una investigación colaborativa global, lo cual abarca estudios de caso elaborados en conjunto con comunidades y grupos de base de 23 países. A inicios de junio, la Coalición publicará informes que llevan a cabo análisis similares en Asia, África, Europa y América del Norte.
Fin del comunicado.

ENLACES DE DESCARGA DEL INFORME:

Español: https://bit.ly/38b6aKX

Inglés: https://bit.ly/3NuXhL1

 

Ver abajo citas y datos relevantes

Para más información o para organizar una entrevista:

Jen Moore, Investigadora Afiliada, Instituto de Estudios Políticos – Programa de Economía Global, [email protected]

Kirsten Francescone, Coordinadora del programa con América Latina, Alerta Minera Canadá, [email protected]

Leny Olivera Rojas, Director, TerraJusta, [email protected]

Guadalupe Rodríguez, Salva La Selva, [email protected]

Latinoamerica, Litio

Nace Cámara Latinoamericana del Litio

16/05/2022
Imagen referencial./ Crédito: Pixabay.
La nueva Cámara Latinoamericana del Litio está integrada de momento por representantes de Argentina, Chile y Perú y luchará por la creación de un mercado “transparente” que permita la formación del precio del litio a nivel regional.

“Esta cámara fue creada para desarrollar el proceso de formar precios e impulsar el desarrollo de un mercado de litio”, dijo en el presidente de la recientemente constituida Cámara Latinoamericana del Litio, el argentino Pablo Rutigliano.

La nueva entidad está integrada por profesionales técnicos y empresarios pymes del sector de Argentina y Perú, además de la Cámara Minera de Chile, y busca sumar a socios de Bolivia, México y Brasil.

Su objetivo es poder definir de forma transparente los precios del litio mediante la conformación de un mercado, un índice del valor del litio y modelos de contratos presentes y futuros en Latinoamérica.

La producción de litio en la región tiene su corazón en el denominado “triángulo del litio” integrado por los salares andinos de Argentina, Chile y Bolivia, países que, de acuerdo a los últimos datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, concentran el 55.9% de los recursos mundiales conocidos de este metal. Si se suman los recursos identificados en México, Perú y Brasil, Latinoamérica, con un total de 52.8 millones de toneladas, acapara el 59.3% de los recursos globales, mientras que las reservas en la región son bastante menores, aunque igualmente representan el 52.2% de las reservas mundiales.

Rutigliano apuntó que en la región la minería de litio es dominada por multinacionales que dejan “poco espacio” a pymes y proyectos “embrionarios”.
El Dato

A inicios de 2021 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE) valía USD 6.750. Hace un año, USD 9.000. Y actualmente ya ronda los USD 75.000
Fuente: Gestión

Nace Cámara Latinoamericana del Litio