Latinoamerica

Cartografía neocolonial del poder minero en América Latina/Abya Yala: La planadora territorial

Toda cartografía es constitutivamente intencional, es decir, es producida con fines de apropiación y control sobre el espacio. Sabemos que detrás de la cartografía, cualquiera que sea, siempre hay sujetos y/o colectivos que desean imponer su orden. En definitiva, toda representación sobre el espacio es territorial. De esta forma, todo mapa es político, y no nos referimos precisamente al mapa de los Estados modernos que dividen los continentes, sino al contenido y a sus atributos, con el cual se anima y se invita a ejercer el poder. Podemos decir, entonces, que toda cartografía es producida para controlar las relaciones espaciales. Si esto es así, todo actor con ansias de poder tiene que producir mapas, porque este es ejercido mediante el instrumento cartográfico que lo haga viable territorialmente. No es gratuito que Yves Lacoste (1990), un personaje clasico en el estudio de la geografia, haya sentenciado que esta “sirve para hacer la guerra” puesto que es un conocimiento estratégico. Por eso es que los mapas son el instrumento de control territorial más eficaz para producir un tipo de realidad, que no es más que la realidad de quien o quienes lo han producido. Dicho de otra forma, la cartografía es una “planadora territorial”, porque borra las diversas relaciones e interacciones que se dan en los espacios, al imponer una visión de mundo. Parafraseando a Massey (2005) toda representación cartografica es “a-espacial”, esto es, congelan las relaciones que están circulando y hacen posible la diversidad de territorios.

Hablamos especialmente de ciertos mapas con los cuales se legitima el poder institucional con fuerza de ley, como es el caso de los mapas metalogenéticos que tienen como función saber orientar el desarrollo economico de los territorios y articular a los diversos pueblos a los circuitos del mercado mineral global, pero en condiciones de inferioridad y de fuerza de trabajo casi servil. Una vez son identificadas las franjas mineras, o sea, la localización de los minerales, se impone el discurso del desarrollo minero, el de la mineria responsable y ambientalmente sostenible. Enfin, se impone una visión de mundo moderno/colonial de expropiación/extractiva. A nuestro entender, los mapas mineros sirven para “barrer” las diversas expresiones espaciales de la cultura, históricamente se ha hecho asi y se continuará haciendo en toda Abya Yala. Ahora bien, miremos el contenido y el horizonte desde el cual la cartografia minera o mapas geológicos hacen tabula rasa.

Mapas y franjas metalogenéticas: instrumentos para la circulación del capital

Los grandes descubrimientos como la Ley Mineral definida como el grado de concentración de los minerales en las rocas y/o material mineralizado de un yacimiento[1], es el responsable de la extracción de la abundancia mineralizada, molecularizada, que posterior a un proceso de amalgamiento es convertida en lingotes de plata, oro, platino y cobre. Tales minerales están diseminados en grandes superficies terrestres y subterráneas, de allí que sea necesario diagnosticar en porcentajes (%), partes por millón (ppm) o gramos por tonelada (gt) los yacimientos mineros. Por eso es que la megamineria o minería a gran escala implica la extracción de grandes volúmenes de tierra que contienen minerales de baja ley, es decir, minerales de concentración que por su grado de diseminación necesita de grandes plantas o establecimientos para su extracción. Entre más grande sea la mina, puede que los depósitos de minerales sean de más baja ley y/o concentración, proceso que determina el tamaño del tajo minero y el empleo de cantidades exorbitantes de agua, energía y remoción de tierra.

De acuerdo con lo anterior, los países de la región están divididos, no por el mapa político de los Estados, sino por regiones metalogenéticas, es decir, por la distribución espacial (franjas) de los recursos minerales metálicos y no metálicos, donde se determinan los yacimientos de carácter mundial, estratégicos y prioritarios a nivel nacional. Esta forma de comprender la “abundancia mineral”, tiene consecuencias políticas e incluso epistemológicas tanto en la reconfiguración geopolítica de los territorios como de la implantación de estructuras de conocimiento, donde el concepto técnico-geológico valida las pretensiones desarrollistas sobre aquellos espacios hacer objetos de explotación.

En el Mapa Metalogenético de Colombia de 2016 identificó “447 depósitos minerales de interés económico nacional, 3111 ocurrencias o manifestaciones minerales que evidencian el potencial en exploración, 26 distritos mineros aluviales los cuales muestran indicios de concentraciones de oro, platino y titanio, 79 distritos mineros “in situ” que incluyen depósitos y ocurrencias de interés económico y 16 cinturones metalogenéticos, incluidos en 6 grupos principales para oro, esmeraldas, cromo, níquel, cobre y molibdeno”[2] (Mapa Metalogenético de Colombia 2016). Otro caso es México que a través de su Servicio Geológico Nacional delimitó 12 provincias metalogenéticas y caracterizó 33 yacimientos minerales a los que llama de clase mundial, es decir, que por su tamaño y factibilidad económica son de relevancia mundial” (Servicio Geológico Mexicano 2016, 105). Un último caso por ejemplificar, es el Perú que cuenta con 23 franjas mineralizadas sobre las cuales están concesionadas 18.364.015 millones de hectáreas sea para la explotación, exploración y aun sin explorar. Cabe resaltar que todas las franjas están localizadas en áreas de montaña, que para el caso de Colombia y Perú[3] corresponde a la cordillera de los Andes, dada la variedad de suelos y tipos de roca que han favorecido a la mineralización de depósitos minerales por siglos, que de no ser por la ciencia moderna de los minerales y/o ingenierías no sería posible identificar estos espacios.

 

Los tres casos presentados tienen en común, además del concepto técnico de identificar las franjas mineras, la orientación económica de las regiones en términos de producir enclaves mineros (Machado 2015), desde el cual se proyecta un futuro a extraer. Dicho de otra forma, existe una visión de mundo que hemos subjetivado asociado a la idea de que donde hay minerales se les tiene que extraer, porque de resto es una pérdida de tiempo y de dinero. Desde nuestro criterio, estos mapas están regidos por la concepción colonial de orientar la energía y la materia hacia el Norte global, proceso originario que comenzó en 1492 con el colonialismo externo y que sigue siendo gestionado por los Estados coloniales impuestos. En ese sentido, las cartografías mineras tienen como intención identificar y localizar los espacios por donde pueda circular el capital y la modernidad, estableciendo jerarquías políticas y epistémicas, como es el caso de la instalación de enclaves que tiene como funcionalidad conectar el capital transnacional y los depósitos mineros locales, pero desde una visión explotativa (Quijano 2013). En definitiva, sobre estas áreas mineras la modernidad materializa su sentido originario que es “exportar el suelo de los Otros”, al imponer diversas jerarquías que Aníbal Quijano (2000) llamó colonialidad del poder.

Desde hace 527 años los europeos y ahora los norteamericanos han estudiado los cuerpos, los territorios, la cultura y la organización social, en conjunto con el suelo y el subsuelo del Abya Yala, porque de esta manera pueden intervenir geopolíticamente los espacios para asegurar la exportación de la Naturaleza, que son las fuentes de vida de múltiples pueblos. Para lograr esto necesitan proyectar sus deseos sobre las áreas y tierras abyayalense, produciendo “silencios epistémicos” desde su marco de referencia o, como diría Bautista (2018), desde sus marcos categoriales y modelos ideales con los cuales entienden e interpretan el mundo. La cartografía minera es una expresión de esta proyección sobre lo desconocido, una nueva aventura por conquistar que se abre con cada mapa colonial minero.

 

El poder de la cartografía minera y los silencios epistémicos

Dice Boaventura de Sousa (1991) que “la principal característica estructural de los mapas reside en que, para desempeñarse adecuadamente en sus funciones, tienen inevitablemente que distorsionar la realidad”. Pues bien, los mapas mineros cuando se los ve desde sus convenciones, silencia la diversidad de los territorios. La distorsión de la realidad consiste en excluir todo, lo que permite concluir que no hay nada, solo hay minerales. Si tomamos como ejemplo una franja metalogenética, seguramente vamos a ver símbolos como Au (oro), Cu (cobre), Mo (Molibdeno), Ag (plata) entre otros. El resultado de esto son paisajes uniformes, generalizados y un empobrecimiento del espacio como sucede en la actualidad con el extractivismo-minero en toda la cordillera de los Andes y del Amazonas. Un paisaje extremadamente diverso que está siendo disciplinado/destruido por la megamineria moderna. Harley (2005) dice que:

 

[…] la falta de diferenciaciones cualitativas en los mapas estructurados por la episteme cultura (moderna) sirven para deshumanizar el paisaje. Estos mapas transmiten un conocimiento que mantiene al sujeto al margen… si los lugares se les ven parecidos se les puede tratar de forma parecida. El espacio se volvió un producto socialmente vacío, un paisaje geométricamente de hechos fríos, no humanos (Harley 2005,  131).

 

La “deshumanización del paisaje” tiene que ver con la creación de una realidad u orden que se inclina hacia el progreso y la modernización, obviamente manipulada por parte de los poderosos de la sociedad (Ídem). Podemos decir con este autor mencionado, que la cartografía minera está cargada de valor, porque los mapas no son “registros inertes o reflexiones pasivas sobre el mundo”, son la manifestación de una racionalidad que guía formas de producir espacios, por tanto, maneras de producir discursos sobre las áreas representadas. Ya el simple hecho de localizar y nombrar los minerales tiene un significado político, porque sobre estos gobiernan determinados códigos, racionalidades, un modo de producción, un uso social de la tierra, el ordenamiento territorial entre otros aspectos. Desde nuestra perspectiva, todo mapa le precede una intencionalidad y tiene un efecto político, por tanto, una creación de determinada verdad al distorsionar la realidad, es decir, una realidad invertida (Bautista 2018).

“La modernidad no sería posible sin los mapas”, puesto todo mapa es colonial. Por eso decimos que cuando el Estado moderno tiene más ambición por el control de su soberanía, esto es, recursos y población, mayor es su apetito de mapas (Harley 2005). De allí, la existencia de los mapas geológicos que penetran el subsuelo para saber sus potencialidades económicas y orientar su desarrollo. Es decir, es necesario tener conocimientos de los recursos que posee un Estado para ejercer sobre estos un poder. Una vez identificados los recursos minerales, el Estado desarrolla dispositivos de legitimación, es decir, lleva las narrativas del desarrollo minero al instaurar un “régimen de verdad” que permita la extracción, esto es, implanta una realidad minera donde anteriormente no existía, encontrando en la cartografía una herramienta extremadamente poderosa donde se funde la dimensión política y las dinámicas de los territorios en una imagen que permita su saqueo. Cabe recordar que se necesita de esto, porque como dijo Ratzel (1988) “el Estado vive del suelo”, necesita extraer del suelo su vitalidad. Si esto es así, podemos decir que, las realidades mineras son falacias burguesas impuestas.

De acuerdo con lo anterior, los mapas de las áreas de abundancia mineral son
espacios homogéneos, con pocas o nulas referencias a los pueblos que las ocupan, donde con un simple plumazo (Harley 2006) son afectados los ecosistemas y determinar el destino de muchas personas. La función de identificar las regiones, providencias, cinturones mineros y/o franjas tiene los mismos propósitos, como dice J. Harley, que “las armas de fuego y los barcos de guerra, pues han sido armas del imperialismo” (2006, 84) y del colonialismo en todas sus manifestaciones. En la actualidad aún permanece intacta esta estructura de concebir lo desconocido para luego apropiárselo como sucede con la ciencia y sus modos de georreferenciar los recursos. En definitiva, “las líneas silenciosas de los mapas sobre el paisaje de papel, fomentan la idea de un espacio socialmente vacío” (Ibíd., 88). Ese es el poder de la cartografía eurominera.

 

Contrato neocolonial-minero para el control territorial

Ahora bien, la cartografía no es solamente un trazo que delimita áreas mineras, es producto también de un acuerdo que funciona como forma de pago entre Estados, empresas extractivas y bancos multilaterales. A esto le llamamos “contrato neocolonial minero” que negocia los espacios de las comunidades y pueblos, sin que estas estén enteradas de las concesiones otorgadas a las empresas extractivas por parte del Estado, sin consulta y consentimiento de las comunidades que tienen sus propias economías agroalimentarias y turísticas. Es de esta forma que las elites clásicas rentistas-mestizas latinoamericanas han sabido hacer sus negocios mineros mediante enclaves mediante conexiones internacionales directas pero subordinadas y dependientes.

Este contrato neocolonial consiste en que el Estado financia los estudios geológicos en su jurisdicción. Generalmente estos estudios se hacen con mucha precisión y detalle, porque no se puede dejar escapar ninguna franja minera. Posterior a estos estudios, el Estado oferta su potencial minero en el mercado mundial, llamando al sector extractivo global para que localice sus inversiones y establezca sus enclaves. También funciona como forma de pago de deuda externa, hace las veces de reserva mineras para futuros emprendimientos energivoros y/o responder a las políticas neoliberales sobre la Naturaleza. También sirve para inventariar los minerales a nivel planetario.

En la década de los años 90, el Banco Mundial en el marco de las políticas de liberalización de los minerales, asesoró y construyó la arquitectura política regional extractiva, para que todos los Estados latinoamericanos se disputasen el primer puesto en inversión minera. Por eso es que hace más de 30 años esta banca ha patrocinado el cambio de políticas y leyes con el fin de aumentar la inversión privada (Banco Mundial 2013). De hecho, entre los años de 1988 a 2012, esta institución destino 1.400 millones de dólares en reformas al interior de los “Estados en desarrollo” dentro del marco de los ajustes estructurales. Esta década es determinante en Suramérica porque consolidaron una “mentalidad bruta de exportación”, al reeditar la colonialidad minera y la profundización de la elite dependiente nacional del sur con las metropolitanas del norte.

Dentro de estas reformas, iniciadas a fines del siglo XX y profundizadas en la actualidad, está el reconocimiento y el uso estratégico de los datos geológicos para entender mejor la disponibilidad de «minerales estratégicos» (Banco Mundial 2019). Es decir, el “contrato neocolonial minero” consiste en que el control territorial es ejercido por agentes globales, con fines de consolidar un “mapa minero planetario”, empezando por América Latina y el Caribe, que le permita a las potencias localizar sus inversiones. Es de esta forma que el capital puede circular por el espacio terrestre. Asistimos a nueva fase de cartografiar la tierra toda para extraerla, someterla y consumirla, apoyandose en los Estados Nacionales. La cartografia como herramienta geo-estrategica y política permite el acceso controlado al territorio (Sack 1986) nacional. De acuerdo con lo anterior, pordemos concluir que los dueños del mapa se traduce en dueños del mundo de la tierra y de los minerales (Harley 2005), como en los tiempos de conquista y colonización (Dussel 1994).

Los mapas metalogenéticos es una herramienta de guerra contra los pueblos en Abya Yala. Por eso es que la megamineria entra a los territorios minando a los pueblos, es decir, los catea y luego los divide (Machado 2013), porque no se puede impedir el desarrollo del capital (Bautista 2014) y mucho menos de la modernidad. Por eso decimos que la modernidad es una aplanadora territorial. Absolutamente todo lo destruye, esa es su homogeneidad.

 

 

Referencias bibliográficas

Banco Mundial. 2013. Minería: Resultados del sector. Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/14/mining-results-profile

Banco Mundial. 2019. Nuevo fondo del Banco Mundial para respaldar la minería climáticamente inteligente para la transición energética. Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/05/01/new-world-bank-fund-to-support-climate-smart-mining-for-energy-transition

Bautista, Juan José.  2014. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Hacia una racionalidad transmoderna y postoccidental. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

Bautista, Juan José. 2018. “De la sociedad moderna a la comunidad transmoderna. Hacia una descolonización del marxismo contemporáneo”. En Pensar Distinto, Pensar Descolonial, compilado por José Romero, 1-9. Argentina: Fundación Pensar Distinto. Obtenido de http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/279122

Bautista, Juan José. 2018. Dialéctica del fetichismo de la modernidad. Hacia una teoría crítica del fetichismo de la racionalidad moderna. La Paz, Bolivia: Yo soy si tu eres ediciones.

DRMSG. 2016. Mapa Metalogénico de Colombia Versión 2016. Obtenido de https://www2.sgc.gov.co/sgc/mapas/Documents/PDF%20DESCRIPCION/MAPA_METALOGENICO_DE_COLOMBIA_VERSION_2016_GEOPORTAL.pdf

Dussel, Enrique. 1994. 1492 : el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad. La Paz: UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Harley, John Brian. 2005. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. México: Fondo de Cultura Económica.

Lacoste, Yves. 1990. La geografia: una arma para la guerra. Barcelona: Anagrama.

Machado, Horacio. 2013. Crisis ecológica, conflictos socioambientales y orden neocolonial: Las paradojas de Nuestra América en las fronteras del extractivismo. REBELA.

Machado, Horacio. 2015. “Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-exsistencias decoloniales en nuestra América”. Bajo el Volcán 15(23): 11 – 51.

Massey, Doreen. 2005. Pelo espaço. Uma nova política da Espacialidade. Rio de Janeiro: Beltran Brasil LTDA.



[1] Sobre ley mineral. Disponible en: <http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-l/ley-de-mineral/>

[2] Para ver con más detalle el contenido de este mapa ingresar al servicio geológico de Colombia.
http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/MapaMetalogenico2016/

[3] Cada país tiene sus mapas metalogenéticos en sus agencias y servicios geológicos.

 

 

 

Doctor en Geografía. Universidad Federal de Paraná, Brasil. Profesor de Historia de América Latina y educación ambiental y procesos comunitarios. Correo: [email protected]

 

Fuente:http://blog.revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/blognuestramerica/article/view/38/50?fbclid=IwAR1DC6tF46fvVgrXJhO54WP5uPgreBhV6I3chVLxhLhUnpF7M4JSwaD2mCk

Latinoamerica

El mercurio está arruinando la vida en el Amazonas

Un informe publicado durante la Segunda Conferencia de las Partes al Convenio de Minamata sobre el Mercurio en Ginebra, Suiza, destaca los peligros de la contaminación por mercurio a lo largo de la Amazonía.

Por lo que, hace un urgente llamado de acción a reducir el uso de mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala para proteger el sistema fluvial más grande del mundo.

Según el reporte, el mercurio, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “una de las diez sustancias químicas que plantean mayor preocupación para la salud pública”, se estima ha afectado negativamente la salud de más un millón y medio de personas en la región. Además, amenaza la salud y medios de vida de millones más. Ya que, la contaminación del aire y el agua y la intoxicación de plantas y animales lo intensifica.

La principal fuente de contaminación por mercurio en la Amazonía es la minería de oro artesanal y de pequeña escala.

Esta representa el 15% del oro extraído en la región. El mercurio es utilizado en el proceso de purificación del oro. Esto contribuye con el 71% del total de emisiones de mercurio cada año.

“Desafortunadamente, la crisis de la contaminación por mercurio en la Amazonía es ampliamente ignorada a pesar de la creciente evidencia de los peligros que representa para las personas y vida silvestre a lo largo del sistema fluvial” dijo Jordi Surkin, Director de la Unidad de Coordinación Amazónica de WW

“Además, las víctimas más vulnerables son los pueblos indígenas y comunidades locales, al igual que miles de especies únicas”.

Se estima que la Amazonía es el lugar con más biodiversidad en el mundo. Sin embargo, la contaminación por mercurio está poniendo en riesgo a especies emblemáticas. Algunos ejemplos son los jaguares, delfines de río y peces. Esto también es críticos para la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, rurales y urbanas.

El informe hace un llamado a gobiernos, compradores de oro, consumidores y mineros a tomar acciones inmediatas para reducir el desenfrenado uso de mercurio en la Amazonía.

El informe llama a los gobiernos a implementar políticas eficientes para combatir al mercurio. Los gobiernos también necesitan apoyar al sector minero para que estos adopten medios de vida alternativos ambientalmente sustentables.

Para promover estas acciones, WWF impulsó la creación de la Alianza Regional por una Amazonía Libre de Mercurio. Esta plataforma que reúne a organizaciones, representantes de gobierno, investigadores y líderes indígenas busca desarrollar líneas de acción claras.

 

Fuente:https://www.ecoportal.net/temas-especiales/el-mercurio-esta-arruinando-la-vida-en-el-amazonas/?fbclid=IwAR3yZbZczwrFQp5Bbktvfj017Ex7Mbqa14U-Xqb9GY5ZigRJZxZ7MznWEQA

 

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Deforestación por agroindustria y minería avanza en Latinoamérica

De los bosques que originalmente poblaron la Tierra, 80% han sido desmontados, fragmentados o degradados. Hoy en día, los bosques tropicales siguen desapareciendo en todo el planeta a un ritmo acelerado: sólo en el año de 2017 su pérdida fue el equivalente a 40 campos de fútbol por minuto, explica Frances Seymour, del World Resources Institute (WRI). Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar y Malasia sufrieron las mayores pérdidas en ese año.

Un informe intitulado “Global Forest Watch” publicado por el WRI también revela que durante el año de 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal a nivel global. De esas 12 millones de hectáreas, casi la tercera parte (3.6 millones) eran bosques primarios, y de estos, poco más de la mitad se perdieron en Latinoamérica.

En el continente, Brasil es el país que perdió más bosques con 1,347,132 hectáreas desaparecidas en el último año. Le sigue Colombia con 176, 977 hectáreas perdidas, Bolivia con 154,488 hectáreas y Perú con una extensión de 140,185 hectáreas.

Una catástrofe para el planeta

La desaparición de bosques vírgenes significa la extinción de ecosistemas que albergan una increíble diversidad, árboles de cientos y miles de años y grandes cantidades de carbono. “Cuando estos bosques se talan, quizás nunca vuelvan a su estado original”, precisa el reporte.

Como lo aclara Frances Seymour, “la destrucción de los bosques a esta escala es una catástrofe para el clima global. La nueva ciencia muestra que los bosques son aún más importantes de lo que pensábamos para frenar el cambio climático. Además de capturar y almacenar carbono, los bosques afectan la velocidad del viento, los patrones de lluvia y la química atmosférica. En resumen, la deforestación está haciendo del mundo un lugar más caliente y seco”.

 

Un desastre para los pueblos indígenas.

Las consecuencias sobre las poblaciones locales son también trágicas, ya que la deforestación destruye su entorno y por ende sus formas de vida. De hecho, cada vez son más las personas que tienen que huir de sus territorios debido al deterioro de las condiciones ambientales, volviéndose refugiados climáticos.

Y cuando tratan de defender sus territorios, tienen que enfrentar la represión. “Los pueblos indígenas, cuya presencia está asociada con el mantenimiento de la cubierta forestal, pero cuyos derechos sobre la tierra a menudo no son reconocidos, continúan siendo asesinados cuando intentan proteger sus bosques”, denuncia Seymour.

Para la representante de la organización Global Forest Coalition (GFC), Isis K. Álvarez, la situación está empeorando: “la tendencia va a peor por la entrada de la extrema derecha, que afecta mucho a las comunidades locales (…) y poco se puede hacer porque sus tácticas son muy violentas, de militarización, de represión, de exterminación, por eso es que hay tantos líderes locales asesinados”

Las responsables, multinacionales de Europa, Norteamérica y China

Los responsables de esa deforestación a gran escala son las grandes industrias del sector agropecuario con el cultivo de soya, la producción de aceite de palma y el ganado, así como la industria minera.

La deforestación es uno de los mayores problemas actuales por la destrucción de biodiversidad, en muchos casos a manos de multinacionales de Europa, Canadá, o China que se dedican a actividades extractivas con la “connivencia” de algunos gobiernos”, explica la representante de GFC. Esos países “no cumplen con los estándares de impacto ambiental, que ya de por sí son bajos en el continente”, denuncia también.

Cabe señalar también que la apertura de carreteras que permiten transportar las materias primas con el fin de exportarlas aumenta la vulnerabilidad a los incendios, los cuales causan todavía más destrucción de los bosques.

La trampa de los “biocombustibles”

El caso de la soya y el aceite de palma está estrechamente vinculado con la promoción del uso de los llamados biocombustibles. “La demanda mundial [de soya y aceite de palma] se ve inflada artificialmente por políticas que incentivan el uso de alimentos como materia prima para los biocombustibles”, precisa Frances Seymour.

El problema, además, es que muchas de esas actividades de deforestación para los biocombustibles “se realizan con fondos, subsidios o incentivos de los mismos gobiernos que luchan contra el cambio climático o instituciones internacionales”, denuncia Isis K. Álvarez. En Paraguay, por ejemplo, “uno de los países más pobres y con más deforestación, se ha utilizado dinero del Fondo Verde para el Clima para impulsar monocultivos para la industria de la bioenergía, que alimenta la agroindustria”, explica. Álvarez califica esa situación de “circulo vicioso”.

Brasil

Aunque Brasil logró reducir la deforestación a principios de la década de 2000, en los últimos años la deforestación ha comenzado a aumentar nuevamente, explica Mikaela Weisse, manager para el WRI. “PRODES, el sistema de monitoreo oficial de Brasil, mostró (en el 2018) la tasa más alta de deforestación en diez años”, comenta.

Con la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, la situación podría empeorar en el país. Así, según el Instituto del Hombre y el Medioambiente de la Amazonia (Imazon), la deforestación creció en un 54 % en enero de 2019 respecto al mismo mes de 2018.

Colombia

Mikaela Weisse, junto con la investigadora en geografía para el Global Forest Watch, Elizabeth Dow Goldman, explican que Colombia es el país que enfrenta el aumento más drástico en la pérdida de cobertura forestal. Así, en 2017 su tasa de perdida aumentó de un 46% en comparación con 2016.

 

Casi la mitad del aumento ocurrió en solo tres regiones en la frontera con la Amazonía (Meta, Guaviare y Caquetá), con nuevos focos rojos de pérdida que avanzan hacia áreas previamente intactas”, precisan.

Esa situación tiene mucho que ver con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Las FARC mantenían un control estricto sobre el uso de la tierra y permitían poco uso comercial de los recursos. Con su desmovilización, surgió un vacío de poder que hizo posible la tala ilegal para la ganadería, el cultivo de coca, la minería y la industria maderera por parte de otros grupos armados”, explican Weisse y Goldman.

Bolivia

El responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Pablo Villegas, explica que el aumento en la pérdida de bosques en el país tiene una relación directa con la agroindustria influenciada por Brasil y Argentina. “Existen coincidencias entre el aumento del precio de la soya y el incremento de la deforestación”, comenta.

El experto también resalta la responsabilidad del mismo gobierno boliviano junto con grandes empresarios. Para él, la situación podría incluso agudizarse en los próximos años, debido al agotamiento de las reservas de gas y el avance de una política estatal de promoción de la agroindustria, la ganadería y la explotación forestal. “Bolivia está entrando en crisis, se están acabando las reservas de gas y para el 2023 la producción apenas cubrirá la demanda interna”, explica.

Perú

En cuanto al caso específico de Perú, la Amazonía peruana es atacada ferozmente por la minería ilegal. El último análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestra que esta actividad está alcanzando niveles históricos de deforestación en la selva peruana.

“Basado en el análisis de casi 500 imágenes satelitales de alta resolución, estimamos la deforestación de 18,440 hectáreas por minería aurífera en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno durante el 2017 y 2018, la cual equivale a más de 25 mil campos de fútbol en solo dos años”, revela el informe.

Es necesario cambiar los sistemas económicos y sociales

Según otro informe de evaluación mundial exhaustivo hecho público el 6 de mayo 2019 por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el mundo tendrá que enfrentar el colapso ecológico y la extinción masiva de especies a menos que se emprendan acciones drásticas para cambiar los sistemas económicos y sociales.

Para Nele Marien, coordinadora del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional,“este informe es un nuevo y oportuno recordatorio de que enfrentamos crisis ambientales y sociales íntimamente ligadas. Podemos construir un mundo mejor y frenar el colapso de la biodiversidad, pero eso exige nada menos que un cambio radical de sistema que desista del sistema económico capitalista fallido basado en crecimiento extractivo ilimitado, ganancias y desigualdad. Tenemos que acabar con todos los sistemas de explotación: el colonialismo y neocolonialismo, el patriarcado y el racismo”.

 

Fuente:https://avispa.org/deforestacion-por-agroindustria-y-mineria-avanza-en-latinoamerica/?fbclid=IwAR3ldzKUBJIswHa37MWsL9lENi87bpgJ1VEU0jQ2yupD29bUVGzpd1uMcPI

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Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.

Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.

La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.

Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de  patrones culturales.

Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.

“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través  los  mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.

A esa situación se suma que  muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.

“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.

En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.

“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera.  Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.

“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.

Sobre  reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.

“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única  que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

Fuente: https://www.diariocolatino.com/transnacionales-mineras-la-segunda-colonizacion-en-america-latina/?fbclid=IwAR3DoLQVypBJ-rUVjT1bxC80sQAypPMIY70FHVsNTD0k0CjkHXYXaVANAuM

Latinoamerica

Latinoamérica: tierra de resistentes

 Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de Latinoamérica nunca había sido tan peligroso.

Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina.

Por eso, un equipo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. Cinco de estos países están, tristemente, en ese deshonroso listado.

El resultado de este proyecto investigativo especial en el que trabajamos durante cinco meses documenta una base de datos con 1356 hechos victimizantes en los últimos diez años (2009-2018) y 16 reportajes en profundidad (que pueden consultar en la barra lateral de navegación).

Es importante precisar que no pretendemos tener un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Sin embargo, nuestra base de datos —construida a partir de un sinnúmero de fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un panorama desolador.

¿Qué encontramos?

En nuestra investigación encontramos 1179 hechos victimizantes contra hombres y mujeres y 177 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio. El 81,7% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también encontramos 216 ataques contra mujeres —incluidos los que leerán en las historias sobre Saweto en Perú y Patricia Gualinga en Ecuador.

Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios.

Latinoamerica, Litio

El precio ambiental de la fiebre del litio en Argentina, Bolivia y Chile

  • Concentrado en cantidades ingentes en la salmuera de los salares de Bolivia, Chile y Argentina, el litio se ha convertido en la gran estrella de la megaminería mundial.
  • La explotación masiva amenaza con transformar definitivamente parajes desérticos donde las lluvias no superan los 200 mm anuales. La escasez de agua se presenta entonces como uno de los principales problemas ambientales que destacan los expertos.

Copaisa, el segundo salar más grande de Bolivia y el quinto del mundo en extensión, encierra en sus 2218 kilómetros cuadrados un lago del mismo nombre. Es una fotografía bellísima pero al mismo tiempo una metáfora del conflicto hídrico que atraviesa desde hace un tiempo el Altiplano de Bolivia, Chile y Argentina. Este espacio conocido como el “Triángulo del Litio” se ha convertido en uno de los blancos para la extracción de un mineral que es componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares y otros artilugios.

Los pueblos indígenas han sabido desde siempre cultivar y extraer de la costra salina las cantidades necesarias de agua para sus cultivos y ganado. Pero desde que el litio se volvió indispensable para las baterías acumuladoras de energía, el interés en los salares cambió radicalmente. El auge universal de la telefonía celular y otros aparatos electrónicos semejantes, junto al incalculable margen de expansión debido a la decidida apuesta por los vehículos eléctricos en los países del norte desarrollado, se unieron para desatar “la fiebre del litio”.

La megaminería

Marcelo Sticco, hidrogeólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires explica que para explotar el litio “se hacen pozos en la superficie y se bombea salmuera desde las profundidades hacia el exterior. Después se vuelca lo extraído en piletas construidas sobre el mismo salar y se deja que el sol vaya evaporando el agua para que solo queden las sales”.

Uyuni es el depósito más grande del mundo en contenido de litio como recurso y en él “hay una cantidad de salmuera que nos permitiría la explotación durante 200 o 300 años”, dice el ingeniero Juan Carlos Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB), la empresa estatal que el Gobierno de ese país creó para centralizar la explotación del mineral. En 2011, mucho antes de la creación de YLB, el mismo Gobierno de Bolivia había elevado a la Unesco el pedido para que Uyuni fuese incorporado a la lista de Patrimonios de la Humanidad. Hoy la idea ha sido dejada en un segundo plano.

De los tres países, Bolivia es el que lleva más retraso en la explotación. A cambio de este avance a paso lento, los ecosistemas de los salares se mantienen más o menos intactos, aunque no exentos de riesgos.

Chile es el caso contrario. El salar de Atacama, segundo más grande del mundo tras el de Uyuni, lleva más de dos décadas de explotación intensiva y los efectos de veinte años de megaminería ya son visibles a simple vista. “Atacama vive una agonía socioambiental”, sostiene Bárbara Jerez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso en diálogo con Mongabay Latam: “Se están arrasando humedales, bofedales, ojitos de agua. Se ha roto el equilibrio hídrico del territorio y con ello también se está arruinando la economía local de los indígenas”. El Comité de Minería No Metálica de Chile ha establecido que la capacidad de recarga hídrica del salar es de 6682 litros/segundo. La descarga de las empresas es, sin embargo, de 8802 litros/segundo.

Argentina, por su parte, se encuentra en un punto intermedio. La explotación del litio lleva 21 años en el pequeño Salar del Hombre Muerto, donde la empresa FMC Lithium ya ha sido varias veces denunciada por contaminación de las aguas. En cambio, es más o menos reciente en Salinas Grandes y el complejo Olaroz-Cauchari y actualmente existen más de 60 solicitudes de permisos de prospección, de los cuales 28 ya están en proceso.

Los salares de los tres países comparten el mismo problema: “no hay líneas de base para hacer las valoraciones ni capacidad para efectuar controles efectivos”, dice la abogada argentina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

 

Una especie de esponja que chupa agua embebida en sales

Marcelo Sticco, investigador de la Universidad de Buenos Aires, señala que el modelo general es igual en todas las cuencas del triángulo. Explica que ellas son como una olla rellena de materiales arenosos que funciona como una especie de esponja en las profundidades del salar. Allí se va acomodando la poca agua que ingresa al sistema. Mientras tanto, en los bordes y en franjas de pocos kilómetros se acumula el agua dulce que equilibra el líquido que entra y sale del sistema en forma natural y permite la existencia de vida en la zona. El movimiento de esos volúmenes de agua dulce está totalmente influenciado por lo que ocurre en el centro del salar.

“La explotación a través de pozos”, indica Sticco, “forma los llamados ‘conos de depresión’, embudos que cambian el gradiente hídrico. Si naturalmente el agua dulce se moviliza progresiva y horizontalmente, los conos transforman el lugar en algo así como en un tobogán y el agua se introduce casi de manera vertical. De este modo deja de estacionarse en los bordes del salar y ya no está disponible para la población, el ganado o la flora”.

En el fuero oficial, sin embargo, las opiniones difieren. “Uyuni tiene 10 000 km2 y nuestra área de intervención es de 40 km2, menos del 1 %. Además, el agua que ingresa al salar a través del río Grande supera en mucho la cantidad que evaporamos en nuestro proceso”, asegura el ingeniero Montenegro, gerente ejecutivo de Yacimientos de Litios Boliviano (YLB).

Pero el agua no solo se pierde a través del bombeo de salmuera. La evaporación en piletas requiere de dos millones de litros de salmuera por cada tonelada de litio producida y deben utilizarse grandes cantidades de agua dulce para los procesos finales de obtención del carbonato de litio.

“Hoy, los grandes actores económicos quieren invertir en litio”, analiza la doctora Marchegiani, “esto ocurre ahora mismo, pero simultáneamente se están buscando otras fórmulas para almacenar energía más baratas y fáciles de obtener”. El hidrógeno, el sodio, el silicio son algunos de los competidores. Treinta o cuarenta años de demanda masiva es el plazo máximo que la mayoría de los investigadores le dan a esta nueva “Fiebre del Oro”. Algunos incluso lo acortan por debajo de los veinte, un tiempo demasiado corto para estudiar a fondo los efectos posibles sobre ecosistemas desérticos, en los que las lluvias no superan los 200 mm anuales. Las empresas y los gobiernos se ven así empujados a acelerar los procesos sin detenerse en exceso a pensar qué puede ocurrir después, cuando la ola haya pasado.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/el-precio-ambiental-de-la-fiebre-del-litio-en-argentina-bolivia-y-chile/?fbclid=IwAR1MzihJUFTxsDM7UJAHoeqmIMmYE6LJSiqOhomYzRUno1cJKk0GRkSsor8

 

Latinoamerica

Pasivos ambientales mineros: ¿Qué pasa en los países vecinos?

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) continúan siendo un tema pendiente para la industria minera en Chile. El país aún carece de una regulación específica, mientras se afinan los detalles de la futura Política Nacional de Relaves. ¿Qué sucede en otras naciones mineras de Latinoamérica? A continuación, una aproximación sobre este tema en los países limítrofes.

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El exponencial desarrollo que ha tenido la industria minera en el país, no condice con el progreso que ha tenido el perfeccionamiento de la regulación a la hora de hablar de los Pasivos Ambientales Mineros, más conocidos como PAM. Actualmente no existe una normativa que regule estos residuos de manera específica, pese a que se están dando pasos en la materia.

En 2018 el gobierno anunció una serie de medidas para abordar un aspecto de este reto ambiental. La idea es implementar una Política Nacional de Relaves, comenzando con medidas concretas en las regiones de Coquimbo y Atacama. Pese a que no se han divulgado novedades, actualmente el Ejecutivo trabaja en un catastro de los relaves en estas zonas para determinar las acciones a seguir.

Mientras aquello sucede, ¿qué ocurre en los países vecinos cuando de residuos mineros se trata? A continuación, una aproximación sobre este tema en la región.

Perú y la ley de 2004

De acuerdo a un catastro del Ministerio de Energía y Minas de Perú, hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros en el país. Pese a que en 2004 el Congreso aprobó una ley que tiene por objetivo regular la identificación de estos residuos, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas; desde la secretaría de Estado reconocen que “hay que trabajar fuertemente en el tema”.

Un informe de la Cepal indica que “la ley deja mucho lugar para interpretaciones respecto a la responsabilidad” de estos residuos, aunque en 2005 la normativa fue modificada debido a las críticas relacionadas “a la posibilidad de que los titulares de las concesiones mineras puedan desligarse fácilmente de la responsabilidad de remediar los PAM a través de la renuncia a sus derechos mineros”.

En 2015 el gobierno peruano inició un trabajo colaborativo con Corea del Sur para mejorar la institucionalidad sobre la gestión de remediación. La idea no es solo la rehabilitación de la zona, sino también fomentar las políticas de revitalización económica de las áreas remediadas. Además, el gobierno anunció la suma de US$ 127 millones para la remediación de PAM durante 2018 y 2019.

Bolivia y su resguardo en ALBA

En Bolivia actualmente no existe una normativa específica para la gestión de los PAM. No obstante, de acuerdo al Código de Minería se indica que los operadores deberán realizar una auditoría ambiental, previa a la solicitud de la licencia para dar marcha a un proyecto.

En línea con aquello, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA), la cual permite identificar los daños ambientales producidos con anterioridad a la fecha de obtención de la concesión minera.

Pese a esta condicionante, no existe definición de plazos y criterios para la remediación y los posibles mecanismos de financiamiento. Asimismo, no hay una normativa que indique cuál es la función exacta del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Cabe destacar que de acuerdo a la última actualización que realizó el gobierno boliviano en el año 2014, existen 3.342 pasivos ambientales en 141 distritos del país.

Argentina y su experiencia en 2015

En Argentina no se ha elaborado una norma que regule la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales mineros. El Código de Minería regula el cierre de minas, pero no las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad.

Al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero -documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería-, se publicó un ítem dedicado a los PAM.

Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional.

 

Fuente:http://www.nuevamineria.com/revista/pasivos-ambientales-mineros-que-pasa-en-los-paises-vecinos/

Latinoamerica

Profunda tristeza por el fallecimiento de nuestras compañeras de caminar en la defensa del territorio

Las personas, grupos y organizaciones que conformamos el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- lamentamos profundamente la partida de nuestra colega y amiga, Ana Paula Hernández, oficial de Programas para América Latina del Fondo Global por los Derechos Humanos, quien falleció en un accidente automovilístico en los Cuchumatanes, Guatemala. Junto a ella viajaban Sally O’neill también perteneciente a esta organización, la compañera Ana Velázquez del Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala y Daniel Tuc, chófer de confianza de compañeros y compañeras de organizaciones de la región.

Ana Paula fue una persona muy importante para el proceso que emprendimos como Movimiento M4 en 2011 allá en nuestra primera reunión en Honduras. Tanto ella como el Fondo Global por los Derechos Humanos han apoyado desde ese incipiente inicio nuestro caminar y ella en particular nos ha acompañado y participado innumerables veces en momentos claves de construcción de este proceso, demostrando un enorme compromiso humano con las personas que defendemos el territorio, creyendo en nosotras y nosotros en cada momento, acompañándonos con sus sonrisas, preocupada y ocupada por fortalecernos día a día.

Extrañaremos enormemente su presencia entre nosotros. Saludamos con profundo dolor y pésame a la familia y compañeros y compañeras que compartían trabajo con ella y también de quienes partieron junto a ella.

Hasta siempre, Ana Paula. Seguirás presente en nuestros corazones con todo el compromiso que nos compartías a cada paso. Sabemos de tu cariño por nuestras luchas y seguirás siendo una luz en ella. ¡Buen camino compañeras y compañero!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/profunda-tristeza-por-el-fallecimiento-de-nuestras-companeras-de-caminar-en-la-defensa-del-territorio/

Latinoamerica

Mineras canadienses violan derechos en más de 100 países: Rema

Las mineras canadienses violan derechos humanos y medioambientales en más 100 países alrededor. Esto, como consecuencia de su operar totalmente voluntario y laxo promovido por Canadá, denuncia en un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

 

Canadá permite al sector minero imponer leyes a modo para que éste “crezca” a costa del saqueo y despojo de recursos en los países donde poseen concesiones. Y es que las empresas se resguardan bajo el término de la “libre entrada”, pues les permite “explorar” y asentarse en cualquier zona para la explotación de minerales.

Según la organización, hay zonas como en la provincia de Ontario en las que es permitida la explotación de minerales o la construcción de una mina sin haber hecho un estudio ambiental previo.

En un comunicado, Rema explica que Canadá ha promovido la creación de tratados internacionales que protegen a inversionistas extranjeros en caso de que políticas nacionales atenten contra sus intereses. Como defensa de la merma económica, los empresarios pueden demandar a los Estados por afectar su crecimiento.

En cuanto a los daños ocasionados al medioambiente, refiere que no remueven residuos contaminantes explotados a pesar de que las mineras tienen la obligación legal de hacerlo con el propósito de proteger la salud humana y las zonas naturales. Para la Red, el hecho de remediar las zonas explotadas es un acto “cosmético”, porque “no hay forma de creerlo científicamente posible”.

La Red de Afectados por la Mineria recuerda que el mayor incidente ambiental ocurrido en la historia fue provocado por la empresa Imperial Metals, en el que fue destruida la quebrada Hazeltine y en el que fue contaminado por desechos minerales el lago Quesnel el 4 de agosto de 2014.

Con estos ejemplos respondió Rema al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que las mineras canadienses respetan la legislación en su país y que deberían hacer lo mismo en México.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/04/mineras-canadienses-violan-derechos-en-mas-de-100-paises-rema/