Treinta localidades. Dieciséis provincias. Ciento cincuenta entrevistas. «Tierra y Dignidad» es una foto de las últimas tres décadas, que busca dar cuenta de lo que sucede en los territorios del país y sobre todo reflejar el hacer de comunidades indígenas, movimientos campesinos y asambleas socioambientales que construyen caminos donde lo colectivo, la vida y la solidaridad son lo prioritario. Territorios que se organizaron para enfrentar la injusticia, tierras de comunidades que dicen “no” ante un modelo depredador y, al mismo tiempo, construyen alternativas, lejos de los reflectores mediáticos y de los espacios de poder, organizaciones que crecen con autonomía, dificultades y alegrías. Se trata de territorios de dignidad, donde se siembra presente y futuro. Un libro publicado por Editorial Sudestada.
Por Darío Aranda
Desde Eldorado hasta Esquel. De Las Lomitas a Loncopué. De Andalgalá a Guadalupe Norte. Son personas que no aparecen en redes sociales ni en grandes medios de comunicación. No aspiran al “éxito” que ofrece el sistema ni se acercan al poder de turno. Participan de espacios colectivos que priorizan el cuidado del agua, el aire, el territorio, la vida. Y están empecinadas en construir alternativas al capitalismo que depreda la tierra. Son familias campesinas, pueblos indígenas, organizaciones de base y asambleas socioambientales.

Desde hace décadas afirman que el modelo de país –a base de agronegocio, petróleo, minería, forestales, megarepresas y energía nuclear– es un nuevo capítulo de los espejitos de colores que lleva 500 años, una trampa no solo económica, sino (y sobre todo) política, con amplias consecuencias sociales,ambientales y sanitarias.

Un modelo extractivo que fue (y es) piedra basal de todos los gobiernos. Protagonizado por grandes empresas y presidentes, gobernadores, legisladores e intendentes, jueces y fiscales, que no aceptan alternativas a la de exprimir territorios y vidas. “Los supuestos representantes del pueblo no son gobernantes, son gerentes ejecutores de las grandes empresas y de los terratenientes”, denuncia Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tafí del Valle (Tucumán).

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Las pruebas, voces y estudios de las consecuencias del modelo extractivo son contundentes. Solo a modo de ejemplo: la concentración de la tierra se supera año a año. El 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36 por ciento de la tierra; y el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) cuenta con solo el 2 por ciento de la tierra. Argentina experimenta una reforma agraria pero al revés, donde muy pocos tienen casi todo, y muchos no tienen casi nada. Las zonas de megaminería, como Andalgalá y Jáchal, son de las regiones más pobres del país. En las localidades donde se explota Vaca Muerta, “las mayores reservas” de hidrocarburos no convencionales, no hay gas natural para la población, y hasta se siguen calefaccionando con leña. En Añelo, epicentro petrolero, existen más prostíbulos que escuelas: es el “desarrollo” que brinda el extractivismo.

Las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos aumentaron exponencialmente en las regiones del agronegocio. “Epidemia de cáncer en zonas sojeras”, denuncian los pueblos fumigados, desde Avia Terai (Chaco) a Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), de Ituzaingó Anexo (Córdoba) a San Jorge (Santa Fe). Desastre sanitario también confirmado con cientos de estudios científicos. “Es un experimento masivo a cielo abierto. No pueden tapar el sol con la mano”, había alertado el científico Andrés Carrasco en 2009.

En un país donde las pruebas son irrefutables, igual se reproducen discursos mediáticos, desde grandes medios de comunicación hasta los inefables “influencers”, que llaman a explotar la naturaleza o, en el mejor de los casos, a hacerlo con “cuidado”, como si se pudiera desmontar millones de hectáreas o detonar montañas de forma “sustentable”.

Cuando la realidad está alterada de forma extrema es necesario buscar otras categorías de análisis para poder pensar el presente, luego accionar y transformar la realidad. Con una pobreza del 50 por ciento, con un millón de niños que no pueden cenar cada noche (datos de Unicef), con jubilaciones que condenan a la miseria y una política que, con complicidad judicial, arrasa territorios, no alcanza con decir que se trata solo de un modelo económico. Otra categoría posible para pensar la realidad: “Nos han declarado la guerra”, explicaron en numerosas oportunidades los zapatistas, en referencia a las políticas económicas, sociales y represivas que padecen.

Es explícito el desprecio, la crueldad y el cinismo del poder, la violencia de los de arriba contra los de abajo.

El lonko mapuche Mauro Millán resumió la situación actual: “Nuestra lucha es por la existencia de los pueblos”. Desde hace años que en Catamarca y San Juan se denuncia la “dictadura minera”, donde las asambleas plantean con claros ejemplos cómo las multinacionales extractivas manejan a su antojo a gobernadores, legisladores y al Poder Judicial.

A quienes viven en ciudades, y a quienes no salen de la realpolitik (esa forma de actuar, con más pragmatismo que coherencia ideológica) ni traspasan la Avenida General Paz, les parece exagerado hablar de “dictaduras mineras” y de “guerras” por la vida. Quizá unos días en Andalgalá, Salinas Grandes (epicentro de la disputa por el litio), Las Lomitas (Formosa), Aristóbulo del Valle (Misiones) o Las Lajitas (Salta) hagan cambiar de parecer. Lugares donde el poder económico hace lo que quiere, con total complicidad política y judicial.

“Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, quienes muy cómodamente sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato”, resume con precisión el diaguita Marcos Pastrana.

En la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, se hizo “normal” ver personas en busca de alimentos en la basura –cuerpos sumergidos en contenedores olorosos–, familias enteras viviendo en plazas y bajo autopistas, cajeros bancarios como refugio de personas sin casa. “Daños colaterales”, como llaman en las guerras, para contentar a los especuladores internacionales y al FMI.

“La verdadera división que hay que hacer es entre quienes están con la lucha del pueblo y los que están con la entrega”, afirmaba el histórico dirigente sindical Agustín Tosco.

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El extractivismo no es un modelo nuevo. Toda la ingeniería legal moderna fue sancionada en la década menemista. E implementada en los territorios durante todos los gobiernos siguientes. Pero también es un modelo que lleva 200 años, desde la conformación de los Estados, y un modelo de cinco siglos.

Tiempos de guerra contra los de abajo, contra quienes defienden la tierra. Y en la primera trinchera están las comunidades indígenas, pueblos milenarios que –a pesar de los siglos de represión– saben lo que es resistir y construir futuros.

La invitación es sencilla. Con la herramienta básica del periodismo: recorrer cerros, estepas y montes, escuchar a quienes viven en los lugares, observar sin intermediarios, escribir sobre esas realidades, dar cuenta de las injusticias y sueños de esa Argentina tan castigada como hermosa, sufrida y alegre, tierra arrasada donde –a pesar de todo– se siembra todos los días.

El periodista solo como puente entre las personas y realidades para ser conocidas en otras latitudes. El periodismo como un oficio, como un carpintero que talla y lija una madera que luego será compartida.

Son 31 crónicas desde los lugares de los hechos. Porque mantiene vigencia la frase “la cabeza piensa según donde andan los pies”. Y el periodismo es contar lo que pasa, desde el lugar de los hechos, priorizando esas voces que dicen acá estamos, así somos, esto padecemos, esto soñamos.

En tres décadas pasaron ocho gobiernos, avanzó el modelo extractivo, se multiplicaron las resistencias, crecieron las hectáreas con agroecología, las organizaciones tuvieron cambios (algunas muy críticas pasaron a ser oficialistas), las corporaciones se unieron, el periodismo profundizó su decadencia, la casta política y judicial se volvió más servil al poder. Y la construcción de un mundo mejor sigue siendo motor de miles que no se quedan callados ni quietos ante tanta injusticia.

Tierra y dignidad es una foto de las últimas tres décadas, que busca dar cuenta de lo que sucede en los territorios del país, pero también reflejar el hacer de comunidades indígenas, movimientos campesinos y asambleas socioambientales que construyen caminos donde lo colectivo, la vida y la solidaridad son lo prioritario. Territorios que se organizaron para enfrentar la injusticia, de comunidades que dicen “no” ante un modelo depredador y, al mismo tiempo, construyen alternativas, lejos de los reflectores mediáticos y de los espacios de poder, organizaciones que crecen con autonomía, dificultades y alegrías. Se trata de territorios de dignidad, donde se siembra presente y futuro.

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*Tierra y Dignidad se puede conseguir en este link (https://www.libreriasudestada.com.ar/productos/tierra-y-dignidad-dario-aranda-17hmm/). Y se presentará el viernes 31 de julio en Librería Sudestada (Tucumán 1559, de Capital Federal, a las 19 horas).

Un dictamen del fiscal jefe Sebastián Capizzi, pide el sobreseimiento de los ambientalistas imputados en la causa por las protestas contra la minería en Uspallata.
Laura Fiochetta 17/06/2026

Un dictamen del procurador adjunto marca un giro en la causa contra los ambientalistas imputados por la protesta de Uspallata. 
Un dictamen del procurador adjunto marca un giro en la causa contra los ambientalistas imputados por la protesta de Uspallata.

Rodrigo D’Angelo / MDZ
Este martes 16 de junio, el fiscal jefe Sebastián Capizzi, emitió un dictamen pidiendo el sobreseimiento de los ambientalistas imputados en la causa por protestar en Uspallata el año pasado contra la minería, concretamente contra la instalación de la minera San Jorge que ya está operando en la zona.

En su escrito, se pone en contra de la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez quien en enero del 2025 calificó una protesta de vecinos como «organización criminal». Capizzi sostuvo que la defensa del ambiente configura un derecho constitucional, por lo tanto, pidió el sobreseimiento de los imputados.

logros, sinsabores y preguntas incomodas sobre los duenos de san jorge

Cobre Mendocino.
El hecho más importante ocurrió el 24 de enero, cuando se intentó inaugurar una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Vecinos y asambleas ambientalistas se manifestaron en rechazo a la minería metalífera, mientras que trabajadores y sectores vinculados a la actividad minera, entre ellos integrantes de la UOCRA, participaron en apoyo al proyecto. La situación derivó en enfrentamientos, agresiones, daños materiales y una fuerte tensión política y social.

La marcha contra San Jorge y los actores que ya no juegan.

Qué dice el dictamen que podría cambiar la causa
Entre sus argumentos, Capizzi sostiene que: «La narración del caso colocó en un extremo a quienes apoyan la actividad minera de la zona: afiliados de la UOCRA, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, autoridades de la cámara referida, Autoridades de la Intendencia de Las Heras y del Gobierno de Mendoza y otros empresarios afines invitados. En el otro extremo, se dirige la acusación contra «un número tumultuoso de aproximadamente 70 personas» que se manifestaban contra la actividad minera proyectada para desarrollarse en la localidad de Uspallata, integrado por personas que pertenecen y toman parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas anti mineras por el temor y la fuerza»

En ese sentido agrega: «Ese punto de partida de la teoría que formula el titular de la acción es sumamente relevante, de acuerdo al principio de objetividad señalado, porque el sistema normativo vigente impone al Estado deberes específicos que ordenan ciertos horizontes de comprensión y resolución de los conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente. Para empezar, el artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales».

Para argumentar por qué deben ser sobreseídos los imputados, suma: «(…) los Estados tienen la obligación de identificar, revisar y eventualmente derogar normas que se utilicen para criminalizar a personas defensoras del ambiente, así como de establecer procedimientos que permitan desestimar tempranamente acciones judiciales en su contra. Concretamente, las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras ambientales también pueden estar vinculadas a la criminalización de sus actividades a través del uso indebido de la ley para restringir dichas actividades, otras formas de acoso judicial, detenciones arbitrarias y condenas con penas desproporcionadas».

Las conclusiones del dictamen de Capizzi sobre los ambientalistas
Para terminar, Capizzi concluye que «reconociendo la potencia de esos antecedentes normativos resulta cuestionable encuadrar lisa y llanamente la forma grupal de ejercer la defensa ambiental como una organización criminal peligrosa contra el orden público, y, con ello, responsabilizar a las personas físicas solo por su pertenencia a dicho colectivo. Debe ser cuestionada esa calificación jurídica penal, justamente, porque su empleo indiscriminado o automático puede producir en sus participantes un efecto amedrentador y una conculcación directa de su libertad de expresión, de reunión, y, en general, de su derecho autónomo a defender derechos humanos».

Por eso, pide el sobreseimiento. «En definitiva, entiendo que debe postularse la falta de relevancia penal de la acción de organizar o tomar parte de una organización destinada a la defensa del ambiente, y diferenciarse de las lesiones o amenazas concretas a bienes jurídicos ajenos fundamentales que, en el contexto de esa reunión, expresión y protesta, se hayan consumado de una manera injustificada. Es por todo ello que correspondería solicitar el sobreseimiento de los imputados por el delito previsto en el art. 213 bis del Código Penal (art. 353 inc. 2 del Código Procesal Penal)».

Qué dice la defensa de los ambientalistas imputados
El abogado Alfredo Guevara Escayola emitió un comunicado en el que hizo público el dictamen. En esa nota, sostuvo que: «El dictamen del fiscal jefe descalifica completamente la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez desde enero de 2025, quien instrumentó la versión del gobierno provincial para presentar a los vecinos como terroristas, siendo premiado con su designación por el Senado a fines del año pasado. El fiscal Sánchez ha sido denunciado por prevaricato y privación ilegítima de la libertad».

Además, subraya que: «El dictamen se fundamenta en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH y el Acuerdo de Escazú, que prohíben expresamente la criminalización de defensores ambientales.El Procurador sostiene que la defensa del ambiente configura un derecho constitucional merecedor de amparo reforzado, resulta incompatible criminalizar a personas por organizarse con esa finalidad, y corresponde solicitar el sobreseimiento por el artículo 213 bis».

Aunque, se distancia en un punto de lo determinado por Sánchez: «Sin embargo, el Procurador no adopta medida alguna contra el fiscal Sánchez, permitiendo que siga al frente de una investigación que evidencia la instrumentalización del Poder Judicial por el poder político y económico».

Qué podría pasar con la causa
El dictamen de Capizzi no es vinculante, es decir que es una opinión, sin embargo se trata de un jefe de fiscales lo que podría marcar el rumbo de la causa.

Para eso,hay que esperar cómo continúa esta investigación judicial aunque lo marcado por Capizzi sienta antecedentes para otras causas similares que existen en la provincia por detenciones en medio de protestas contra la minería metalífera, siempre y cuando estén bajo la calificación de «organización criminal» como a los vecinos de Uspallata.
https://www.mdzol.com/politica/el-inesperado-giro-la-causa-contra-los-ambientalistas-uspallata-n1545300#google_vignette

Vecinos y asambleas ambientalistas rechazan proyectos vinculados a Zijin Mining y denuncian falta de “licencia social”. El conflicto escala y se expande a otras localidades mientras crece la presión y el descontento.
21/04/2026
La localidad de Fiambalá, reconocida por sus paisajes únicos y su potencial turístico, se convirtió en el epicentro de un creciente conflicto social en Catamarca por parte de sectores ambientalistas contra el Gobierno de Raúl Jalil, que incluyó cortes de ruta y movilizaciones. Según informó El Intransigente, los vecinos de la localidad señalaron su preocupación por el impacto ambiental de la actividad minera, en particular por proyectos vinculados a la empresa Zijin.

Durante el fin de semana, vecinos y organizaciones nucleadas en la Asamblea Ambiental de Fiambalá iniciaron medidas de fuerza para visibilizar su rechazo a distintos proyectos mineros en la región. Cabe destacar que, hasta el momento, la gestión provincial había mantenido una postura distante frente a los reclamos ambientales. Sin embargo, la magnitud de la protesta y su impacto territorial llevaron al mandatario a presentarse en la zona, donde mantuvo un encuentro con manifestantes y recibió un petitorio con demandas concretas.

Cabe destacar que Javier Milei contó con el acompañamiento del Gobierno de Jalil en los proyectos de la Ley de Glaciares como también en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Es por esto que, desde la Asamblea Ambiental remarcaron que el pedido central es frenar la expansión de la minería en territorios donde, aseguran, no existe “licencia social”. Además, cuestionaron la falta de beneficios concretos para la población local en términos de empleo y desarrollo, en contraste con las expectativas generadas por el sector.

El petitorio entregado al gobernador incluyó solicitudes para evitar nuevos daños ambientales y revisar la aprobación de proyectos en curso. Del mismo modo, se planteó la necesidad de priorizar la prevención por sobre las acciones de remediación, al considerar que los impactos negativos pueden ser irreversibles.

Tras la protesta en Fiambalá, el conflicto comenzó a extenderse a otras localidades de la provincia. En zonas como Las Mojarras y Fuerte Quemado, también se registraron expresiones de rechazo a la actividad minera, lo que evidencia un creciente malestar social.

Por qué Jalil insiste en la minería

Un reciente informe del propio gobierno de Javier Milei demostró que la gestión de Raúl Jalil redujo la matriz productiva de la provincia de Catamarca casi exclusivamente a la extracción de minerales. Un trabajo detalla que el litio y la minería metalífera explican el 97% de los envíos del NOA, con China como el principal socio comercial acapara más del 60% de las compras de la región. En un contexto de recesión nacional y recortes presupuestarios, esta dependencia deja al territorio sin red de contención frente a la crisis social.

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su plan motosierra sobre las transferencias a las provincias y el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador Jalil parece haber apostado todas sus fichas a una sola carta: la minería. Sin embargo, lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito, funciona como una condena disfrazada de crecimiento.

Esta «minero-dependencia» se vuelve crítica bajo el prisma de las políticas de Milei. Con la eliminación de fondos para obra pública y la quita de subsidios al transporte y la energía, las economías regionales que no están vinculadas al extractivismo están colapsando. Al no haber diversificado la producción, los catamarqueños que no pertenecen al reducido círculo de los «empleos mineros» se encuentran desprotegidos ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Mientras el consumo de vino cae y las inversiones agroindustriales (como el caso de Catena Zapata en la provincia) se frenan por la crisis de consumo nacional, la minería aparece como el único refugio. La tensión social crece en localidades como Antofagasta de la Sierra, donde el conflicto por el agua y el impacto ambiental ya generó cortes de ruta.

El panorama que detalló el medio El Intransigente evidencia que el modelo de Jalil no es más que el brazo ejecutor provincial del modelo de Milei: una economía de enclave que extrae recursos naturales con escaso valor agregado local, mientras el resto de la estructura productiva se marchita bajo el peso del ajuste y la falta de consumo interno.
https://www.eldestapeweb.com/politica/mineria/crece-el-conflicto-en-catamarca-fiambala-estalla-contra-la-mineria-y-pone-en-jaque-a-jalil-con-cortes-y-protestas-2026421165656