Argentina

EL GOBIERNO SE RÍE DE LAS PROHIBICIONES Y RECHAZOS Y ANUNCIA EXPLOTACIÓN DE ORO EN ESQUEL EN 2030

24/09/2022
La Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe sobre el «Panorama minero de China en Argentina» y publicó que uno de los principales yacimientos con intervención de empresas orientales será Suyai, en el Cordón Esquel. Yamana Gold, el Grupo Elsztain y capitales chinos proyectan poner en marcha la extracción de oro y plata en 2030. En la desenfrenada búsqueda de dólares, el Gobierno nacional sigue potenciando la minería en Chubut y, más allá del categórico rechazo social, insiste con habilitar la explotación de los codiciados yacimientos de la provincia.
Fuente: El Extremo Sur
En el marco de la feria internacional minera China Mining 2022, que se desarrolla en Beijing, el Gobierno nacional difundió un paper donde pondera las inversiones de empresas chinas en la minería en Argentina y proyecta las exportaciones de los mayores emprendimientos chinos, asegurando que podrían ascender a los 5.962k millones de dólares para los próximos años.

En ese marco detalla los principales proyectos y explotaciones mineras con capitales chinos en el país, incluyendo al yacimiento Suyai, que se encuentra localizado en la cordillera de Esquel.

Dejando de lado las prohibiciones existentes, el fracaso de la zonificación que hizo tambalear al gobierno de Arcioni y del amplísimo y contundente rechazo social existente en el territorio chubutense, Nación proyecta con una buena dosis de cinismo que Suyai podría iniciar su producción y exportación a partir de 2030.

Aceleración en China

El embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, inauguró esta semana una nueva edición de la feria de minería más grande de China, junto al ministro de Recursos Naturales de China, Wang Guanghua; el alcalde de la ciudad de Tianjin, Zhang Gong; y el presidente de la China Mining Association, Peng Qimin.

«La energía y la minería, en un corto período de tiempo, tienen el potencial para acabar con gran parte de nuestros problemas macroeconómicos», remarcó el diplomático argentino, al alentar nuevas inversiones en estos sectores.

Télam publicó que durante la apertura, Vaca Narvaja repasó las principales ventajas que posee el país para la inversión en este sector.

«La Argentina cuenta con una de las reservas de litio de fácil extracción más grandes del mundo en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Asimismo, recientemente se encontraron reservas de litio en la provincia de Formosa. Un ejemplo más de que todavía nos quedan muchas más oportunidades por descubrir», afirmó el embajador.

Con relación a los proyectos mineros de empresas de origen chino la Embajada argentina en China informó que de los nueve proyectos mineros de capitales chinos en el país, seis corresponden a proyectos de extracción de litio. Se trata de los proyectos Tres Quebradas y Laguna Verde en la provincia de Catamarca; Cauchari y La Providencia en la Provincia de Jujuy y los proyectos Mariana y Centenario-Ratones en Jujuy.

De acuerdo a los datos publicados por la Secretaria de Minería, el año pasado, la Argentina exportó minerales por 3200 millones de dólares, lo que representó un 4% de las exportaciones totales. El oro fue el mineral más exportado en 2021, con 2000 millones de dólares, seguido por la plata 800 millones y el litio 200 millones. En términos comparativos, el complejo minero en Perú y Chile exportó en 2021, 40.000 millones y 57.000 millones, respectivamente.

Consultado por la prensa sobre las razones que explican las grandes diferencias en los montos exportados, Sabino Vaca Narvaja sostuvo que «Con estos países, compartimos la cordillera de los Andes y, por lo tanto, el potencial geológico. Esto nos vuelve uno de los territorios más promisorios del mundo en este rubro. Queremos que la minería sea una de las palancas que active el desarrollo de nuestro país y deseamos transitar este camino de desarrollo conjunto con China».

Minería subterránea y «sin cianuro»

Según el portal especializado Global Legal Chronicle y desde el 2020 «La argentina Consultores Asset Management (CAM) firmó un contrato de opción con Yamana Gold para comprar hasta 40% de Yamana Argentina y desarrollar el proyecto de oro Suyai, un proyecto de oro en etapa avanzada ubicado en la provincia de Chubut en el sur de Argentina».

Yamana Argentina es la única accionista de Suyai y titular de los derechos mineros y permisos de exploración por lo que «los términos del Acuerdo de Opción, se pagará un monto inicial de U$S 2 millones para asegurar la opción y el grupo argentino asumirá la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno («ESG») y, en particular, liderará los esfuerzos de permisos destinados a avanzar el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo».

CAM tiene derecho de comprar hasta el 40% de participación en el joint venture siempre y cuando se cumplan ciertas obligaciones y pague un monto adicional de U$S 31,6 millones en varias cuotas a más tardar 2024, señaló Yamana Gold en un comunicado.

A través de CAM habrían ingresado los capitales chinos asociándose con Elsztain; mientras que por intermedio de algunas de sus compañías tenedoras, Yamana Gold mantendría el 60% restante de las acciones sobre Suyai.

«El Proyecto Suyai consiste en una mina subterránea de pequeña escala y alto grado cuyo desarrollo y operaciones limitarían la interrupción local y superficial. La opción de plan preferida requiere la producción de concentrado de oro de alta calidad, que sería transportado por tierra y por mar a una o más fundiciones de oro en todo el mundo», adelantaron.

«Como solo se produciría un concentrado en Suyai, no se utilizaría cianuro u otros productos químicos nocivos en el sitio. Se espera que la producción de oro alcance hasta 250.000 onzas anuales durante los primeros ocho años», explicitaron desde la compañía.

Canadienses, Elsztain y chinos
El No a la Mina publicó que desde 1990, CAM, con los empresarios Eduardo Elsztain y Saúl Zang a la cabeza, administra fondos y gestiona negocios en los sectores inmobiliario y minero en Argentina. En este último incursionó Elsztain en 2016 al comprar una participación mayoritaria de 51% en la minera local Casposo, a través de Austral Gold.

¿Y quién maneja este grupo? Se trata de la compañía de bienes raíces más grande de Argentina (shoppings de Abasto, Alto Palermo, Patio Bullrich y el Hotel Llao Llao entre otros), que tiene destacadas inversiones bancarias (un tercio del Banco Hipotecario) y agrícolas (Cresud + un millón de hectáreas).

El extractivismo urbano, sojero y financiero, busca ahora también ser minero. En el país lo conocemos como IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), pero tiene fuerte participación en la Bolsa de Nueva York así como en la conducción de uno de los tres primeros bancos de Israel, país donde más apostó en los últimos años con cadenas de supermercados, negocios inmobiliarios y desarrollo tecnológico.

Su presidente, Eduardo Elsztain -uno de los hombres más ricos del país- y su vicepresidente Saúl Zang han sido premiados en el mundo empresario por cotizar en alza en las bolsas en los últimos 25 años.

Se trata de empresarios ávidos en aprovechar las oscilaciones económicas para comprar cuando los precios son bajos y vender después: Elsztain conoce bien la famosa frase de que las crisis son oportunidades. Esto puede ser cierto para empresarios como él, más que para quienes realmente sufren realmente las crisis.
https://noalamina.org/argentina/item/46212-el-gobierno-se-rie-de-las-prohibiciones-y-rechazos-y-anuncia-explotacion-de-oro-en-esquel-en-2030

Argentina

Malargüe pide zonificación. Las asambleas se oponen

19/09/2022
El sector minero repite estrategias: ante la oposición de las asambleas provinciales Malargüe pide zonificación para habilitar la megaminería. La respuesta no se hace esperar y se hace valer el principio de no regresión en materia ambiental.

Desde hace tiempo el departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, viene planteando la posibilidad de pedir una zonificación especial para hacer minería en su territorio. En este sentido, desde la Asamblea del Agua de San Rafael se sumaron a un pedido para que no haya modificaciones y se mantenga la vigencia de la ley 7722 en todo el territorio.

“No a la zonificación minera. La Ley 7722 no se toca”, destaca el documento que lleva la firma de los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza.

En este marco nombran la posibilidad de que se plantee un proyecto en la legislatura para modificar esta normativa, donde se presentaría una iniciativa para “zonificar Malargüe, dando así vía libre a la megaminería en sectores del departamento. O sea de Mendoza, donde la Ley 7722 quedaría derogada”.

“Si lograran aprobarlo, podrían usar libremente cianuro y otros tóxicos. El AGUA y demás bienes comunes de grandes territorios y cuencas hídricas serían objeto de contaminación y saqueo, con la sola aprobación del Ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Legislatura”, agrega la misiva.

Finalmente plantean que “la Ley 27.566 ratificó el Acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión en materia ambiental: reducir el alcance de la Ley 7722 sería pues inconstitucional”.
Fuente: Diario San Rafael
https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/46190-mendoza-va-por-la-zonificacion

Argentina, Litio

La minera estatal argentina lanza su primer proyecto de litio

mineriaenlinea 27/09/2022
Las unidades de la petrolera estatal argentina YPF comenzarán el mes que viene la exploración de litio en una primera entrada en el sector por parte de las mineras estatales, ya que el gobierno pretende beneficiarse de la creciente demanda del metal para baterías, según un comunicado del lunes.

Los precios del litio se han disparado por encima de los 70,000 dólares por tonelada este año, ya que los principales fabricantes de automóviles se esfuerzan por asegurarse un mayor suministro del metal ultraligero para cambiar la producción de los motores que utilizan combustibles fósiles a los vehículos eléctricos.

Las unidades de litio de YPF, YPF Litio e Y-TEC, anunciaron el lunes en un comunicado el inicio de los trabajos de un proyecto de prospección de litio en un área de 20,000 hectáreas en Fiambalá, en el oeste de la provincia de Catamarca, en asociación con la empresa minera local Catamarca Minera y Energética. El proyecto busca identificar las mayores concentraciones de litio en el salar de Fiambalá.

El comunicado no reveló cuánto invertirán en el proyecto ni la duración prevista de la fase de exploración.

Argentina es el cuarto productor mundial del codiciado metal blanco, con una veintena de otros proyectos de litio actualmente en desarrollo, según Roberto Salvarezza, presidente de los consejos de administración de ambas unidades de YPF, subrayando que éstos están a cargo de mineros extranjeros o privados.

“Ahora, por primera vez, tenemos la posibilidad de que una empresa nacional esté presente en la obtención del recurso”, afirma Salvarezza en el comunicado.

Argentina produce alrededor del 8% del litio mundial, mientras que su vecino, Chile, representa alrededor del 22%.

Argentina podría aumentar significativamente su producción de litio, ya que es la segunda mayor reserva de litio del mundo, según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, con 19,3 millones de toneladas.

Sólo Bolivia posee más, con 21 millones de toneladas, aunque durante años ha tenido problemas para poner en marcha su producción estatal.
Los tres países sudamericanos suman más de la mitad de las reservas mundiales estimadas, la mayoría de las cuales se encuentran en extensos salares.

La minera estatal argentina lanza su primer proyecto de litio

Argentina, Litio

Litio para principiantes

24/09/2022
En el marco de la actual crisis energética y climática global, la transición hacia energías renovables se ha posicionado como uno de los principales caminos a seguir. Sin embargo, poco se dice en torno a qué implica para los territorios y sus comunidades la explotación de las llamadas “energías renovables”, como el litio. ¿Quiénes están detrás de las “energías limpias” y a quiénes benefician?

Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA

Durante los últimos meses las energías renovables, y en particular el litio, ocuparon un lugar central en los anuncios de inversiones en la Argentina. Esta aparición no es casual, se enmarca en la actual crisis energética global y, centralmente, se relaciona con la relevancia que hoy tiene el litio como materia prima estratégica para el mundo, por su utilización para los dispositivos electrónicos y su aplicación como vector para la acumulación de energías frente a un posible -y necesario- cambio de matriz energética.

Matriz energética

Es una representación cualitativa de la combinación de fuentes de energías que utiliza un país. La matriz energética actual de la Argentina está basada principalmente en combustibles fósiles.
La explotación y el consumo desmedido de energías convencionales (no renovables) como el petróleo, carbón, gas, entre otros, devino en la actual crisis climática. La misma es generada por la emisión de dióxido de carbono que eleva la temperatura atmosférica. Esto se enseña en cualquier clase de biología en la escuela: la emisión de gases incrementan el efecto invernadero y provocan el calentamiento global. Por este motivo, en el Acuerdo de París del año 2015 se acordó limitar el aumento de la temperatura a entre 1,5 y 2 grados centígrados. Pasaron siete años desde entonces y el panorama no es alentador.

Transición energética

Proceso que busca evitar el aumento de la temperatura del planeta a través de la transición hacia energías renovables y la diversificación de las mismas.
Sin embargo, esta definición contiene una trampa. Si bien gran parte de estas energías pueden ser renovables, las formas vigentes de explotación no lo son. En el caso del litio, por ejemplo, aunque se trata de un material “renovable”, ya que podría reciclarse y reutilizarse de las baterías en circulación, su extracción demanda cantidades desorbitantes de agua en lugares donde no abunda, lo que impacta sobre la biodiversidad del territorio y sobre las poblaciones que lo habitan.

Litio

Es un metal alcalino muy ligero que se corroe rápidamente en contacto con el aire. Por este motivo no existe en estado libre en la naturaleza y se extrae únicamente de yacimientos de vetas o por la evaporación de los depósitos de salmueras. Tiene múltiples usos: en la fabricación de acero, esmaltes y lubricantes; en la producción de fármacos para enfermedades psiquiátricas; y en el uso de baterías de automóviles y dispositivos electrónicos celulares, computadoras portátiles, tablets, entre otras.

No sos vos, es el sistema
Otra trampa de este proceso se advierte ante la continuidad de las prácticas de saqueo y explotación, sin reflexión alguna sobre el actual escenario de crisis socio ambiental. Hoy, aquellos países y corporaciones que son principalmente responsables de esta situación continúan encabezando los niveles de consumo energético y la explotación desmedida de los territorios. Lo hacen, a su vez, a través de prácticas sistemáticas de desplazamiento y violencia contra las poblaciones y sus economías locales.

Motivo por el que, lejos de querer remediar el impacto negativo que el modelo de explotación, producción y consumo capitalista ha tenido sobre la vida, se enfilan en una nueva carrera mundial en búsqueda de aquellos recursos naturales que podrían suplantar a los combustibles fósiles frente a su evidente escasez. Eso sí, ahora lo hacen con un discurso teñido de verde y en nombre de la “sustentabilidad”.

Desde esta lógica, los territorios del Sur global funcionan como zonas donde, tanto su biodiversidad y recursos naturales como las formas de organización de sus comunidades, culturas y conocimientos ancestrales son sacrificadas para el desarrollo de los países del Norte global. Esta práctica se replica, de diferentes maneras, desde la conquista europea, desde la cual América Latina y el Caribe funcionan como territorios de reserva de materias primas. Un proceso que se ha intensificado en las últimas décadas, tras la concentración de la tierra y los recursos en manos de grandes corporaciones.

Litio: un interés geopolítico
Hoy, la zona andina que se conoce como el triángulo del litio funciona como ejemplo de ello. Este territorio, que comprende a la puna argentina junto a parte de los países de Chile y Bolivia, posee más del 68% de las reservas de litio en salares de todo el mundo. La reciente condición del litio como commoditie en el mercado mundial ha configurado a dicha área geográfica como un territorio en disputa y de valorización a nivel global.

La forma que adquiere el mineral en la zona del triángulo del litio facilita la explotación, ya que se concentra en grandes niveles en las salinas altoandinas. De forma que, si bien existen importantes cantidades en otras partes del mundo, están dispersas o se encuentran en vetas donde es más compleja su extracción.

A diferencia de Chile y Bolivia, Argentina no cuenta con una larga trayectoria en minería. Sin embargo, durante los últimos 30 años esta industria se ha profundizado. La normativa vigente es la sancionada durante el menemismo, que permite a las corporaciones negociar directamente con los gobiernos locales, acceder a la exención de impuestos por 30 años y pagar el 3 por ciento de las ganancias declaradas, entre otras. A su vez, el seguimiento de impacto social y ambiental es implementado por los mismos gobiernos provinciales, que alientan la llegada de los proyectos mineros a sus territorios.

Hoy, en la Argentina hay 17 empresas provenientes de siete países distintos que se encuentran involucradas en proyectos para la explotación del litio. De ellas, dos proyectos ya se encuentran activos en el Salar Olaroz de Jujuy y en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca; 43 en una etapa previa de exploración y siete en etapa de prospección.

Según el Informe Mensual de Exportaciones Mineras de Argentina, correspondiente al mes de agosto, durante 2022 la exportación de litio fue un 400% mayor que en 2021, superando incluso a las exportaciones de plata y consolidándose como el segundo mineral más exportado después del oro.

Los números arrojados por este informe han sido celebrados por el gobierno nacional y los poderes locales de cada provincia. El avance de estos proyectos extractivistas en el país se debe, en gran parte, a la deuda con el FMI contraída por el gobierno de Mauricio Macri y la necesidad de obtener divisas extranjeras a través de la exportación.

Sin embargo, como vimos previamente, la ganancia obtenida por la explotación del litio con la actual legislación de minería no es significativa. Además de que no permite una soberanía política sobre esta materia prima estratégica, el impacto negativo producido en los territorios es múltiple. Los mismos gobiernos provinciales que acuerdan con las corporaciones son los responsables de realizar las inspecciones ambientales y sociales, así como de implementar las instancias consultivas con las comunidades.

Vivir en un territorio minado
En las poblaciones afectadas por los proyectos extractivistas, la vida cotidiana es muy hostil y compleja. La narrativa del “progreso” y el “desarrollo”, sostenida por las pautas publicitarias estatales, y la falta de información rigurosa sobre la minería de litio pretenden instalar un sentido común a favor de la explotación en los territorios.

Pero no sólo eso, quienes se oponen o problematizan la instalación de este tipo de proyectos son violentadxs, perseguidxs, silenciadxs a través del accionar policial. Asimismo, se ha probado la existencia de grupos paraestatales controlados por las propias empresas mineras que funcionan como cuerpo de choque para marchas, acampes y manifestaciones.

La situación es muy delicada porque la instalación de los proyectos mineros se da en territorios rurales marginalizados. Comunidades que han sido históricamente invisibilizadas y que no cuentan con acceso a políticas públicas que garanticen sus derechos básicos.

Entonces, si bien no se puede juzgar a aquellas personas que aceptan alguno de los trabajos, changas o becas que les otorga la minera, sí podemos advertir que existe una estrategia concreta de división de las poblaciones a través del otorgamiento o no de empleos. A su vez, en lo que respecta a la entrega de becas, las mismas son dadas a las personas más jóvenes en calidad de bono mensual que ronda entre los 18 mil y los 30 mil pesos. Esto genera que las juventudes y sus familias no se manifiesten públicamente contra el accionar minero en sus territorios.

Se trata de un entramado de relaciones, poderes y opresiones bien difícil de desenmarañar a nivel local. Por un lado, hay una brecha económica cada vez más amplia entre las pocas personas que acceden al empleo en la minería frente a quienes se encuentran por fuera de ese ámbito. Además, también es desigualdad y violencia en términos de género: las mujeres y la comunidad LGTBQI+ no sólo tienen menos posibilidades laborales porque son trabajos prometidos para varones sino que, también, los territorios extractivistas se configuran como sistemas y redes de violencia, explotación sexual y trata de personas.


Foto: Susi Maresca
Defensorxs de la puna
Como decíamos, el impacto de la minería de litio en la región andina es múltiple pero también desigual. Allí las comunidades rurales, campesinas e indígenas, cuyas formas de vida están más inmediata y estrechamente ligadas al medio natural, son quienes se hallan más expuestas a los riesgos de los proyectos extractivistas.

Si bien la minería de litio es presentada como parte de las “energías limpias” para la transición energética, utiliza cantidades extraordinarias de agua y por eso es secante. En ese marco, aquellas comunidades que se configuran como territorios hidrosociales, ya que conviven en interrelación con la biodiversidad, son las más afectadas. “Sin agua no hay vida”, manifiestan desde las distintas comunidades y colectivos campesinos que resisten a este tipo de extractivismo hídrico. Desde sus territorios, advierten cambios drásticos en el paisaje y, por ende, en su vida cotidiana.

En la región andina, el litio se extrae de los salares altoandinos. Aparte de su importancia como patrimonio, ya que son antiguos lagos (paleolagos), en la actualidad funcionan como humedales ya que conservan el agua de manera superficial pero también, y mayoritariamente, subterránea. Por ese motivo, los salares son definidos por sus comunidades como “oasis de vida”, porque allí se conserva la biodiversidad de la puna y la vida de quienes la defienden.

La transición será justa o no será
Estamos transitando una crisis climática sin precedentes. ¿Hay que cambiar la matriz energética? Sí, pero no basta. Es necesario alterar la matriz de relaciones y problematizar el consumo energético que tenemos como sociedad. Eso significa, principalmente, reconocer las desigualdades manifiestas y quitar cualquier tipo de privilegio que las sostenga. Para ello, el proceso no puede centrarse únicamente en el cambio de matriz, identificando qué energía es posible de reemplazar para continuar como si nada hubiera pasado.

Este proceso tiene que ser pensado en clave de transición justa e integral, es decir, desde una perspectiva de justicia social y de Derechos Humanos. Para revertir la crisis climática y civilizatoria, la vida tiene que estar en el centro, considerando las particularidades eco territoriales y socioeconómicas en la toma de decisiones.

Litio para principiantes

Argentina, Litio

YPF empieza a explorar en litio

Y-TEC arranca el proceso de exploración en Fiambalá, en lo que será el primer proyecto encabezado por una empresa nacional.
27/09/2022
Roberto Salvarezza, presidente de YPF-Tecnología.
YPF comenzará el mes próximo el proceso de exploración de litio en una superficie de 20.000 hectáreas ubicada en Fiambalá, provincia de Catamarca, en lo que se constituirá como el primer proyecto de este tipo encabezado por una empresa nacional. Así lo anticipó el presidente de los directorios de Y-TEC (YPF Tecnología) e YPF Litio, Roberto Salvarezza, quien explicó que la empresa «ha visto una participación concreta en la obtención de litio y ha obtenido ya un primer salar en la provincia de Catamarca que llamamos Fiambalá Norte”.

“El mes que viene vamos a explorar sus niveles de litio para ver si son adecuados para la explotación», anunció Salvarezza. El proyecto en Fiambalá, resultado de una asociación acordada en agosto entre YPF y Catamarca Minera y Energética, comprende todas las etapas desde la evaluación del recurso hasta la exploración. Para ambas firmas se trata del primer desarrollo de este tipo que llevarán a cabo.

En la etapa de exploración se buscará identificar el potencial y el contenido de litio con pozos someros para determinar las zonas con mayor riqueza, y posteriormente, se realizarán pozos a mayor profundidad y la construcción de piletas entre otras estructuras de acopio y procesamiento.

Finalmente, en función de los resultados obtenidos, se podrá avanzar en el desarrollo a escala comercial del área.

«Hay otros veinte proyectos en desarrollo en nuestro país, prácticamente todos extranjeros. Ahora por primera vez tenemos la posibilidad de que una empresa nacional tenga presencia en la obtención del recurso», destacó Salvarezza sobre el hito que representará Fiambalá.

Además de ese proyecto, Y-TEC trabaja en un programa para la fabricación de baterías de litio, en convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Según los planes de la empresa, se espera comenzar la producción de celdas en el país a partir de diciembre próximo en la planta que posee la firma en el partido bonaerense de Berisso, completando así toda la cadena de valor desde el salar a las baterías.

Las celdas son el principal componente de las baterías que se utilizan para almacenar energía eléctrica en una amplia variedad de industrias. “Hoy no es un recurso que estemos explotando integralmente acá e YPF es una posibilidad concreta. Ha mostrado ya su decisión de ser un jugador en el mundo del lito y tiene toda la espalda y su historia en cuanto a la capacidad de explorar, explotar y transformar en valor agregado”, afirmó el exministro de Ciencia y Tecnología.

Salvarezza también se refirió al reciente hallazgo del mineral en Formosa que fue anunciado la semana pasada por el gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán. Indicó que el litio, encontrado en las aguas salinas de profundidad recuperadas de los procesos de producción de los yacimientos petrolíferos del oeste de Formosa, se encuentra en «niveles interesantes».

Para el desarrollo de este recurso y su investigación, Y-TEC firmó hace un mes un Memorándum de Entendimiento con la empresa Recursos y Energía Formosa (Refsa) para desarrollar una propuesta de trabajo para su extracción. Ahora dispondrá de las muestras enviadas por Formosa para dar continuidad y profundidad a los estudios, y está interesada en que la provincia cuente con la tecnología para producir las celdas de litio.

En este marco, el funcionario destacó el «potencial» que posee el país respecto a dicho recurso, utilizado no solo para almacenar energía sino también para la electromovilidad. «Argentina cuenta con las segundas reservas mundiales de litio y es el cuarto exportador de carbonato de litio del mundo (detrás de Australia, Chile y China), por lo que tenemos un enorme potencial que está asociado también con las reservas que posee Bolivia –las principales en el mundo- y Chile», enfatizó.

Por último, consultado sobre la legislación en el país que reglamenta su extracción, Salvarezza consideró que hay «diferentes estrategias» como su nacionalización o su declaración como «recurso estratégico». «Es un tema de debate que requiere consenso porque las provincias por la Constitución tienen el recurso, y que debería tener el ámbito legislativo como escenario», concluyó Salvarezza.

Argentina, uno de los tres países junto a Bolivia y Chile que forman parte del denominado “triángulo del litio”, es el país con más proyectos en curso, según un relevamiento de la consultora de comercio exterior B&B, en un contexto internacional donde su producción se ha triplicado entre 2015 y 2021.

De acuerdo con estimaciones realizadas en junio pasado, la Secretaría de Minería proyecta que el país podría sextuplicar su producción en los próximos cinco años, pasando de las actuales 37.500 toneladas de carbonato de litio a más de 200.000.
https://www.pagina12.com.ar/485065-ypf-empieza-a-explorar-en-litio

Argentina, Litio

Litio «estratégico»: la idea de Alberto Fernández que hace ruido en las provincias

Las palabras del Presidente desde Nueva York sobre la recategorización del mineral abren un frente con los gobernadores mineros. A qué apunta la Rosada y las implicancias políticas de un cambio semejante
Litio «estratégico»: la idea de Alberto Fernández que hace ruido en las provincias
MARIANO BELDYK
Subeditor de Política
26/09/2022
«Recurso estratégico». Las palabras del Presidente Alberto Fernández desde Nueva York sobre la categorización del litio causaron más estupor en las provincias argentinas ubicadas en el extremo opuesto del mapa americano, donde subyace la riqueza en cuestión, que en el auditorio cosmopolita del aula universitaria donde las enunció durante su gira. Un funcionario comentó a El Cronista que, incluso, retrocedió en la grabación en You tube para confirmar que había escuchado bien la primera vez.

Así y todo, nadie confirma hoy desde el Gobierno que haya una intención literal detrás de lo que, en apariencia, fue otra expresión desacertada del mandatario en la matemática de las palabras. No tanto en lo que refiere al crucial valor del mineral en el presente y a futuro si de divisas e industria para la Argentina se trata sino en cuanto a las implicancias políticas que esa etiqueta particular de «estratégico» trae aparejada al litio en términos de propiedad.
Por si acaso, el Presidente se apuró a aclarar: «Somos un país federal y debemos respetar que el recurso es de las provincias» (desde la reforma constitucional de 1994). Y resaltó que «el litio tiene que ver con la energía del futuro pero la clave es que no sea exportado, sino que Argentina sea proveedora de baterías de litio». En Houston, luego, lo mencionó en términos de «fomentar la seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas que inviertan en gas, petróleo y litio» pero no fue más allá.

Lo inconveniente, en definitiva, fue la expresión «estratégico» que citó en Nueva York al equiparar la situación de la Argentina con Chile y que desde Desarrollo Productivo primero y ahora el Ministerio de Economía, se cuidan de no utilizar por pedido de las provincias. Incluso procuran «educar» a cada uno de los y las funcionarias de otras carteras que abordan temáticas vinculadas al litio y su explotación, como el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

«Somos un país federal y debemos respetar que el recurso es de las provincias. El litio tiene que ver con la energía del futuro pero la clave es que no sea exportado, sino que Argentina sea proveedora de baterías de litio»
«Genera reacciones», explicó un asesor del Gobierno en el área. «Hablar de ‘recurso estratégico’ cuando uno se refiere a los minerales, y en particular al litio, que son propiedad de las provincias, provoca ruidos con los gobernadores. Uno puede estar trabajando en un intercambio de información con sus administraciones y, de pronto, del otro lado se cierran, empiezan a desconfiar, a retacear datos. Se preguntan si no hay alguna intención detrás», agrega.

Un funcionario cercano al mandatario deslizó, ante la consulta de El Cronista, que definir al litio como «estratégico» forma parte de una idea que circuló en algún momento sin saber qué nivel real de progreso tiene en la actualidad. Hay, de hecho, quienes empujan una alianza con los otros países del Triángulo del Litio -Chile y Bolivia- , sumando a México y quizás Perú para conformar una suerte de ‘OPEP’ del litio pero nada de eso es factible si Nación no concentra su dominio o rediseña el concepto de su propiedad con los verdaderos dueños.
https://www.cronista.com/economia-politica/litio-estrategico-la-idea-de-alberto-fernandez-que-hace-ruido-en-las-provincias/

Argentina, Litio

Litio: ¿habrá una oportunidad para una política soberana?

26/09/2022
Redacción La tinta
Integrantes de 28 líneas de investigación de Litio de nuestro país se reunieron este mes para debatir acerca de la situación litífera nacional, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todxs provenientes de instituciones públicas (universidades, Conicet, Instituto Nacional de Tecnología Industrial -Inti-, Comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA- e INVAP). A la luz de las significativas transformaciones que trajo consigo la pandemia, lxs especialistas acercan, en esta 4ta. Declaración del Foro de Especialistas en Litio de la Argentina, una mirada y un diagnóstico actualizado sobre la situación del litio en el país. Ante la pérdida de soberanía en todas las dimensiones, crear una empresa pública real, declarar al litio recurso estratégico, captar más renta, cuidar el ambiente, respetar los derechos comunitarios y conformar una comisión nacional del litio son las propuestas.
Por Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio para La tinta

En medio de la visible interrelación entre el cambio ambiental global y la notoria degradación de la biósfera terrestre, la pandemia aceleró los programas de transición verde en el norte global -el fuerte crecimiento de la electromovilidad es paradigmático-, movimiento que se tradujo en una aguda presión sobre los recursos naturales de este lado del hemisferio sur. El litio, mineral estratégico para la transición energética global, manifiesta un desmedido crecimiento en su demanda, debido fundamentalmente a la tracción que genera la fabricación de baterías para automóviles eléctricos. Para graficar el tamaño de esta expansión, un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía en 2021 indicó que la demanda del litio aumentará 42 veces si se cumplen las proyecciones de emisiones cero para 2040 (AIE, 2021). Esta situación de presión sobre el mineral genera que las multinacionales vinculadas a la electromovilidad necesiten asegurar el acceso al recurso para los próximos años. Así, el precio del carbonato de litio equivalente alcanzó los 70 mil U$D/T para septiembre de 2022, un aumento de 214% respecto del mismo mes del año anterior y muy lejano de los 7 mil U$D/T de hace unos años (véase: trading economics).

Ante este escenario, se acrecienta el interés de las potencias globales por los recursos locales. China avanza en la adquisición de yacimientos o en la participación en explotaciones ya existentes. En contrapartida, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson, sostuvo que la región era rica en minerales raros y litio, y que China y Rusia estaban tras ellos, jugando “al ajedrez”. La disputa por el dominio y el control del litio argentino no es nueva, pero es ya nítidamente visible.
La claridad acerca de la importancia estratégica del litio, el valor de su control y las preocupaciones por la soberanía nacional están presentes en los países de la región. En Bolivia, el litio es considerado un recurso estratégico y, por ello, el Estado controla el 100% de los salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes). Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) proyecta ingresos para el año 2022 de 500 millones Bs (70 millones U$D), correspondiente a 18.700 t de KCl (Potasio) y solo 400 toneladas de carbonato de litio, suma que está destinada a las arcas públicas. Por su parte, el Estado mexicano también declaró al litio recurso estratégico, frenando nuevas concesiones y ha creado recientemente una empresa pública nacional, “Litio para México”, la cual cuenta con más de 80 concesiones propias y han entrado en revisión las hechas a actores privados. En Chile, aparte de los 25 millones U$D anuales destinados a las comunidades y una cifra análoga a la investigación; contando que el 25% del litio producido tiene que ser vendido en el mercado local, las empresas privadas que extraen el recurso tributan el 40% del precio de venta del litio al Estado. Préstele atención a lo siguiente: solo una firma de las dos que operan en el Salar de Atacama de Chile -SQM- reportó un pago al fisco estatal de 2.198 millones U$D solo en el primer semestre de 2022.


Imagen: Salar de Uyuni, Bolivia / Dany Krom / XL Semanal
Asimismo, existe la intención manifiesta de que haya una presencia directa del Estado nacional chileno en los nuevos procesos extractivos de litio así como una participación preponderante y directa en los proyectos hoy activos. En la Argentina, es muy difícil conocer la tributación de las empresas, lo cual es un problema en sí; para el 2020, según una estimación realizada para la CEPAL, las arcas públicas recaudaron 12,1 millones U$D. En definitiva, Bolivia, Chile y México viven un proceso de sostenida presencia de empresas públicas nacionales en el manejo real del litio, un escenario totalmente diferente al de la Argentina.

¿Qué sucede en Argentina?
A diferencia de lo que ocurre en Bolivia y en Chile, el Código Minero argentino permite que cualquier empresa privada, nacional o extranjera, adquiera yacimientos públicos de litio vía concesiones mineras provinciales a perpetuidad y sin condiciones, que luego pueden hipotecar o vender cuando quieran. Por otra parte, debido a la Ley de Inversiones Mineras de 1993, las empresas que decidan explotar esas concesiones gozan de enormes exenciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y un régimen de regalías que prohíbe a las provincias cobrarles más del 3% del valor de las ventas declaradas por las mismas empresas (descontando todos los costos que van desde la bocamina hasta el puerto). En la provincia de Catamarca, la empresa Livent (ex FMC), que explota el Salar del Hombre Muerto desde hace 25 años, protagonizó un escándalo asociado a la falta de controles públicos, esta vez, por una serie de subfacturaciones confirmadas por la Agencia Recaudadora provincial. Según datos de la Dirección General de Aduanas, solo entre 2018 y 2019, la empresa norteamericana registró más de 400 ventas con precios de hasta el 121% por debajo de las demás compañías exportadoras del mundo, motivando una multa estimada en 7.700 millones de pesos. Como si esto fuera poco, reciben un reintegro a las exportaciones que alcanza una cantidad en general superior a lo que pagan por concepto de regalías provinciales, lo que lleva a la Argentina a ser el país de la región con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada al litio.

Este estado de situación llevó al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington a recomendar “ir por el litio argentino, entre otras cosas, porque es el más desregulado”, una situación que hemos venido advirtiendo sucesivamente (en 1° y 2° Declaración del Foro 2020 y Sady-Kennedy, 2022). En estos años, se han multiplicado fuertemente diversos proyectos extractivos que están en manos de corporaciones extranjeras (Australia, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia e Inglaterra). A la fecha, existen dos proyectos operativos y más de 50 en diferentes etapas de consolidación. El dato concreto de la realidad extractiva es la rápida consolidación del control y el comando de las empresas transnacionales sobre los salares del noroeste argentino. Una vez que este escenario se consolide en breve, con más de 20 empresas de los países centrales operando en el territorio, será prácticamente imposible modificar la situación.

Una apreciación análoga se puede hacer sobre la falta de regulación ambiental. Así como las empresas declaran por sí mismas el precio y los volúmenes que exportan, sin que hayan estado siendo revisados o controlados, también contratan directamente los equipos que realizan los informes de impacto ambiental. Asimismo, se continúan autorizando extracciones en áreas protegidas, en particular, en sitios Ramsar (humedales considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales de la UNESCO) y mediante metodologías evaporíticas que eliminan gigantescos volúmenes de agua del sistema y dejan toneladas de pasivos ambientales sólidos, los cuales ya han demostrado tener un enorme impacto negativo sobre la biodiversidad de los humedales altoandinos, donde el agua es un factor altamente limitante. Los países que impulsan la transición energética y demandan el litio son co-responsables de cómo y dónde se explota este recurso, ya que su extracción debe ser realmente sustentable, por tanto, deben apoyar la investigación y la innovación para la aplicación de nuevas tecnologías cuyo impacto en el consumo del agua y el ambiente no atente contra la reproducción del ecosistema integral.

Paralelamente, muchas de las comunidades continúan sin ser reconocidas como actores de derecho, pese a que se encuentran en el territorio hace milenios y amparadas por leyes que exigen la consulta libre, previa e informada, la cual no se aplica pese a tener rango constitucional, en una utilización selectiva de la ley.

Dadas las obvias y peligrosas consecuencias que trae consigo el cambio ambiental y climático global, las necesidades acuciantes de proyectar una transición energética de gran porte y la clara necesidad de alumbrar nuevos patrones de desarrollo a tono con los desafíos del presente siglo, el litio brinda una oportunidad que el país deja pasar. Hasta aquí, el área tecnológica del litio y las investigaciones permanecen desconectadas del área extractiva, no hay transferencia de rentas ni aplicación sistemática y coordinada dentro del sistema científico del litio. Existen en el país diversos grupos de investigación financiados principalmente por el Estado nacional, que producen conocimiento en todos los eslabones de la cadena, desde el desarrollo de nuevas técnicas extractivas sustentables hasta la fabricación de celdas para baterías y sus diversas aplicaciones en energías renovables y electromovilidad. Contamos también con capacidades para desarrollar y fabricar otras aplicaciones estratégicas, como la producción de litio-6 y litio-7, utilizados en la producción de energía nuclear. La construcción de una planta para la fabricación de celdas de litio localizada en la ciudad de La Plata, que proyecta una producción anual de unos 13 MWh (que equivale a 1.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos) no es de peso en términos industriales, solo participan YTEC-UNLP excluyendo al grueso del sistema científico y termina por convalidar la delicadísima situación extractiva del país.

mineria-litio-extractivismo
(Imagen: Asociación civil Be.Pe.)
En términos generales, no existe una clara política de articulación de las capacidades científico-tecnológicas en torno a la temática. Los intentos de articulación entre los diferentes grupos fueron realizados desde este Foro y han surgido de lxs investigadorxs mismxs. Además, dado lo estrecho de las iniciativas, existe una fuerte desvinculación del sistema científico-tecnológico con el sistema productivo.

Propuestas
Para poder encauzar las urgentes demandas sociales y aprovechar las importantes capacidades científico-tecnológicas del país, es necesario avanzar hacia una reforma que ponga a la Argentina en sintonía con lo que ocurre en Bolivia, Chile y México, en función de habilitar una coordinación productiva y comercial real, y de nivel internacional. A la luz de la experiencia global, existen sobrados argumentos geopolíticos, técnicos y jurídicos que justifican la necesidad de declarar al litio como “recurso estratégico” y sustraerlo así del Código de Minería para suspender la especulación inmobiliaria y financiera en torno a las concesiones, y reformular la relación con las empresas que hoy controlan los dos proyectos en operación, suscribiendo nuevos contratos con el Estado nacional y el Estado provincial correspondiente (el hecho de que exista una ley que reserva el control del litio a la CNEA, dado su importancia para la tecnología nuclear, un rubro en que el país posee histórica trayectoria, permitiría avanzar con esta gran posibilidad tan solo con contar con la decisión política). Estos nuevos contratos de explotación no solo permitirían una mayor participación estatal en cada proyecto, sino también un esquema de regalías mucho más favorable a las provincias e, incluso, aportes específicos para las comunidades locales y el financiamiento de un programa de investigación integral sobre los salares del Altiplano andino, con el objetivo principal de reforzar las capacidades de control y cuidado ambiental. Adicionalmente, podrían garantizarse fondos y litio -recurso con el que hoy la Argentina no cuenta- en función de una agenda de transición energética hacia las fuentes renovables y la electromovilidad.

Otra opción, a tono con lo que sucede en la mayoría de los países de la región que cuentan con el litio, es que la CNEA o la recientemente anunciada YPF Litio, en lugar de buscar “asociaciones con las empresas mineras provinciales para exploración del terreno”, cuando el conjunto de las pertenencias ya están tomadas, -sería una apuesta de aquí a media década y conlleva aceptar que el litio no pertenece a la Argentina (Ámbito Financiero, 2 de septiembre de 2022)- pueda tener una participación accionaria del 50 por ciento compartida con las provincias en los proyectos ya existentes y aquellos prontos a producir. El porcentaje restante quedaría en manos de las corporaciones con las que compartiríamos el litio argentino.

Con el objetivo de contar con una estrategia nacional sostenida en el tiempo y para realizar un diagnóstico integral oficial que le permita al Estado aprovechar el recurso para el país, se ha tornado clara la pertinencia de nuestra propuesta de convocar a una Comisión Nacional del Litio como modo de reunir a los actores principales que se abocan al recurso, propiciar un debate genuino y lograr así la legitimidad y la visibilidad que cualquier transformación merece. Hemos realizado también el I Encuentro Nacional del Litio de la Argentina en diciembre de 2021, donde participaron más de 400 profesionales de todas las regiones del país. Ante esta situación, y bajo la posibilidad de converger con la corriente de transformaciones sobre la situación litífera que se da en la región, apostamos por la necesidad de reponer el control del Estado nacional sobre las reservas estratégicas de litio.

*Por Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio para La tinta / Imagen de portada: Prensa Be.Pe.

Referencias
Agencia Internacional de Energía (2021). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Disponible: www.iea.org

Agencia Boliviana de Información (ABI) (2022). “Yacimiento del Litio eleva a Bs 500 millones meta de ingresos para este 2022”, Bolivia. Disponible en: www.abi.bo

Jorratt, M. (2021). “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal de la minería del litio en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile.

Sady – Kennedy, A. (2022). Ally shoring the lithium supply chain in the americas, Harvard Kennedy School, EE. UU.

SQM (2022). SQM shares its views on “salar futuro”. Disponible en: https://ir.sqm.com/Spanish/noticias/default.aspx

Litio: ¿habrá una oportunidad para una política soberana?

Argentina, Litio

LITIO EN CATAMARCA: UN PELIGRO PARA LAS LAGUNAS ALTOANDINAS Y LA PRODUCCIÓN LOCAL

21/09/2022
Litio en Catamarca: un peligro para las lagunas altoandinas y la producción local
Los proyectos mineros por el litio avanzan sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos indígenas. Un informe de la organización Be.Pe alerta sobre los riesgos de agotamiento y contaminación de acuíferos. La Asociación Campesinos Del Abaucan (Acampa) denuncia la avanzada extractiva sobre la producción agropecuaria y el avasallamiento de la cultura local. Las promesas de trabajo, el rol de los gobiernos y una publicitada «transición energética» que arrasa territorios.

“En el bolsón de Fiambalá tenemos turismo, una alimentación sana, trabajamos la agroecología. Nuestro mayor temor es la contaminación del agua, el riesgo de perder nuestra producción, la fauna y la flora local. Vimos cómo afecta la minería de litio el ambiente y las poblaciones de zonas desérticas”, relata Johana Villagrán vecina de Fiambalá, Catamarca, e integrante de la Asociación Civil Campesinos Del Abaucan (Acampa). A pocos kilómetros, a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, se encuentra el salar de Tres Quebradas, que integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales, un sistema que sostiene el delicado ecosistema y la producción local, que se ve amenazado por la minería del litio.

En 2016, se instaló en Tres Quebradas la empresa Liex S.A., para iniciar su proyecto de exploración de litio. El mineral es una de las estrellas de la política económica extractiva impulsada por el gobierno nacional, que bajo la bandera de la “sustentabilidad” y la transición a “energías verdes” busca atraer inversiones para la producción de carbono de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, materia prima para la elaboración de baterías de la prometida revolución de los autos eléctricos. Sin embargo, la transición tecnológica no modifica los impactos ambientales extractivos de las materias primas con las que se abastecen: controles ambientales laxos a cargo de las empresas, falta de consulta a las comunidades locales, escasos puestos de trabajo y recaudación del Estado solo a través de regalías bajas.

“La extracción y comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidad territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”, sostiene el informe Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A de la asociación catamarqueña Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, que analizó la aplicación de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados en la ONU en 2011.

El proyecto Tres Quebradas está ubicado dentro de lo que se conoce como el “Triángulo del litio”, una zona geográfica de zonas desérticas y salares que ocupa Argentina, Chile y Bolivia, y donde se considera que se encuentran la mayor reserva de este mineral a nivel global. “El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”, aseguró el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado y anunció que impulsará incentivos económicos —beneficios impositivos— para las empresas que vengan al país a invertir en movilidad “sustentable” para la producción de este tipo de vehículos, y su cadena de valor.

El informe de Be.Pe subraya que las políticas dispuestas por los Estados que integran el “Triángulo del litio” evidencian una marcada propiedad de capitales extranjeros debido a un andamiaje legal que establece limitaciones para la exploración, extracción y comercialización de minerales en manos de los Estados. “El litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado y la única ganancia deriva de los escasos impuestos que pagan las compañías por desarrollar sus actividades en el país”, sostiene el informe.

El documento enumera otra serie de garantías que los Estados le ofrecen a las empresas extractivas como exenciones tributarias, derechos laborales y otro tipo de acciones como “disposición de fuerzas de orden público e imposición de imaginarios de desarrollo sustentados en el extractivismo”, como se evidenció en los últimos meses con los casos de la vecina Andalgalá y Chubut.

¿Y las comunidad de Fiambalá? “La falta de consulta fue una vulneración directa al derecho de consulta previa e informada”, sentencia Natalia Sentinelli, antropóloga y parte del equipo de investigación del informe de Be.Pe. También destacó una abierta vulneración a la Ley General de Ambiente (25.675) y su “principio precautorio”, que significó la aprobación del proyecto de exploración Tres Quebradas por parte del gobierno de Catamarca sin los estudios de impacto ambiental completos. La falta de consulta e información previa se agrava con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Por eso, el informe sostiene que la exploración iniciada hace cinco años debería detenerse.

“Nos tomó por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambalá y ‘tenían la licencia social’, porque no supimos en qué momento la tuvieron. Nunca se realizó una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qué hacer. Cuando la empresa se presentó en Fiambalá siempre fue acompañada por el Estado, respaldando a la minera. Y cuando pedimos información al Concejo Deliberante y al Municipio jamás obtuvimos respuestas”, describe a Tierra Viva, la integrante de la organización campesina Acampa. Catamarca no cuenta con oficinas de la Defensoría del Pueblo, los canales de recepción de quejas y de solicitud de información acerca del accionar de las empresas mineras dependen del Ministerio de Minería.
Fuente: La prensa energética

Litio en Catamarca: un peligro para las lagunas altoandinas y la producción local

Argentina, Internacional, Litio

¿La revolución del litio?: «si no hay una transición energética popular, no sirve de nada»

20/09/2022
Argentina actualmente produce dos variantes de Litio, el cloruro y el carbonato, cuyo destino es el mercado externo. Créditos: Econojournal
El especialista Bruno Fornillo resalta la necesidad de que Argentina regule la extracción del recurso, y sostiene que la acumulación capitalista es el problema de base. Por Luciana Mazzini Puga (Agencia de Noticias Científicas de la UNQ).

Según el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, Argentina es el cuarto productor mundial de este elemento químico. Además, junto con Bolivia y Chile, conforman el “Triángulo del litio” ya que concentran el 65 por ciento de las reservas de todo el planeta (en el caso nacional, las reservas se encuentran en los salares de la Puna). Si bien esto puede significar una posición ventajosa para los países sudamericanos, y en especial para Argentina, el integrante del Foro y doctor en Ciencias Sociales (UBA), Bruno Fornillo, explica a la Agencia de Noticias Científicas UNQ que eso “dependerá de la actitud que tome el gobierno”. “La presencia de las grandes corporaciones extranjeras en el país y la falta de regulación estatal hacen que gran parte de este recurso sea exportado a los países centrales. No vaya a ser cosa que la transición energética ocurra en el norte global y el hemisferio sur sea condenado a ser una zona de sacrificio que lo único que hace es exportar”, expresa el especialista.

El litio es considerado estratégico para los países que poseen grandes reservas y para la búsqueda de una transición energética ya que este puede ser utilizado en lugar de los combustibles fósiles, y sumar así a los esfuerzos por reducir el calentamiento global. Actualmente, se implementa en la elaboración de baterías recargables de ion-litio, que proveen de electricidad a los vehículos (la industria automotriz es la más vasta del planeta) a partir de fuentes de energía renovables, y reemplaza así los combustibles fósiles. También, al ser más ligero que el resto de los metales, se puede utilizar en el tratamiento de aire, baterías, cerámica, vidrio, metalurgia, productos farmacéuticos y polímeros.

Sin embargo, en el caso nacional, el recurso es explotado como un mineral ordinario desde la década de 1980, y su extracción se intensificó a partir del 2000, todo bajo una esquema político neoliberal que facilita la presencia de grandes empresas extranjeras en las áreas litíferas.

La normativa parte del artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que el dominio del litio es de los gobiernos provinciales y no del Estado nacional, lo que posibilita el otorgamiento de concesiones según quiera cada gobernador/a. Además, también rige el Código de Minería (Ley 24.585), que facilita la comercialización de los minerales. Por otra parte, también se aplica la Ley de Inversiones Mineras, que otorga a las empresas estabilidad fiscal por 30 años, lo que abarca desde impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas hasta derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación del ámbito nacional, provincial o municipal. En definitiva, la extracción y explotación del litio no es regulada por el Estado Nacional ni es considerado un “recurso estratégico”.

La ausencia de un control nacional y la flexibilidad legislativa hacen que las empresas extranjeras exploten cómo y cuánto se les antoje y se lo lleven a sus países; de hecho, “muchas veces sucede que se exportan a ellos mismos a un precio bajísimo, perjudicando a Argentina”. En la actualidad existen cincuenta proyectos de los países centrales que se encuentran en etapa de exploración y dos minas de litio en operación. “No tenemos una política soberana en Argentina y eso nos deja muy mal parados, a ellos los beneficia un montón, ¿a nosotros? Nada”, comenta Fornillo.

¿Alguien puede pensar en el ecosistema?

En términos ambientales, la técnica evaporítica de extracción de litio afecta gravemente al ecosistema mediante dos vías: el consumo excesivo de agua y la gestación y descarte constante de residuos. Incluso, la zona de los salares corre peligro de quedarse sin agua, lo que pone en alerta al ecosistema en su conjunto.

En cuanto a las comunidades, Fornillo declara que “son vistas como una especie de estorbo que debe ser paliado de alguna forma. Se encuentran en una situación asimétrica de poder frente al gobierno provincial, nacional y a las corporaciones, y por ende son ninguneadas constantemente”.

El problema de la ecodependencia

Fornillo enfatiza que debe haber una sustentabilidad suficiente para todo el planeta y no solo para un único hemisferio. “Si seguimos dando lugar a que se explote y exporte hacia los países centrales y no pensamos en el hemisferio que ocupamos, se va a dar una ecodependencia y sólo seremos zonas de sacrificio”, afirma el especialista.

Además, plantea que no se puede seguir pensando el consumo y la productividad del mismo modo que se piensa actualmente. “No se trata de cambiar un parque automotor fósil por uno eléctrico y tener miles de millones de autos eléctricos, sino de dirigirnos a otro horizonte, donde nos traslademos en transporte público o por movilidad compartida. De lo contrario, seguiremos consumiendo constantemente para que cuatro pascuales se llenen de plata y el resto de la sociedad viva más o menos”, subraya Fornillo.

Y recalca: “Debemos usar los recursos bajo una perspectiva vinculada al bienestar de la población y no a la acumulación de ganancias. La desigualdad de la distribución es la base del sistema de acumulación capitalista, que es el que crea básicamente los desastres socioecológicos contemporáneos. El litio debe ser usado para una transición socioecológica popular, para todos”.
Fuente: https://agencia.unq.edu.ar/?p=7238

¿La revolución del litio?: «si no hay una transición energética popular, no sirve de nada»

Argentina

Acuerdo con el Fondo Monetario y “crecer para pagar”: ¿Una salida progresista?

05/09/2022
El pago de la deuda externa y la relación con el FMI tienen una íntima relación con el extractivismo y la dependencia. Lejos de la idea de “no hay más alternativas”, Horacio Machado Áraoz cuestiona al Gobierno por repetir viejas fórmulas neoliberales que, a costa de territorios y ambiente para el ingreso de dólares, solo llevarán a más pobreza e injusticia social.
Fuente Agencia Tierra viva
Por Horacio Machado Aráoz
Los procesos de endeudamiento de los países dependientes han sido históricamente usados como mecanismos de profundización de tal condición, dentro del sistema mundial. Las élites y los grupos oligárquicos de esos países, han recurrido a las deudas para reforzar sus privilegios, aún a costa de los intereses generales. El caso de la fenomenal deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, vuelve a colocar esta cuestión en evidencia. El nuevo gobierno asume un país en crisis y prácticamente asfixiado por las obligaciones de pago heredadas. Cómo afrontar la crucial cuestión de la deuda y qué estrategia darse frente a la misma, es la variable central que determinará su suerte y la del país.

Frente a los análisis que sólo ven la dominación en la exacción financiera y la imposición de programas de ajuste, acá se llama la atención sobre la dimensión ecológica de la deuda, destacando la necesidad de identificar los ciclos de despojos materiales como correlativos de los financieros. En tal sentido, la propuesta esbozada por el gobierno de Alberto Fernández frente a la deuda prenuncia un nuevo capítulo de una vieja saga: pagar la deuda con más extractivismo no parece ser una respuesta ni de izquierda, ni progresista. Ir por esa senda -ya largamente transitada- no presagia nada bueno para las mayorías populares del país. En lugar de pensar en la “sustentabilidad de la deuda”, es prioritario pensar en la sustentabilidad -a secas- de la sociedad.

Foto: Subcoop
Sobre deuda y sustentabilidad

Las mutaciones del neoliberalismo en la Argentina han vuelto a colocar la deuda externa en el centro de la escena política; no sólo interna, sino incluso internacional.

Tras el boom de las commodities que insufló los tiempos de bonanza del kirchnerismo (2003-2013) así como su ulterior caída (2013-2015), el fallido experimento de Macri por liderar un gobierno de derecha con apoyo electoral desembocó en un fenomenal endeudamiento récord. Con el concurso cómplice del FMI, en cuatro años el macrismo contrajo deuda con acreedores externos por 104 mil millones de dólares (un incremento del 163 por ciento), dejando un horizonte de vencimientos de 200 mil millones de dólares para el periodo 2020-2024.

Acuciados por la combinación de inflación persistente y recesión creciente, el país halló en las urnas una (momentánea) válvula de escape. En ese marco, el triunfo de la alianza electoral integrada por las distintas vertientes del peronismo puede leerse como la canalización del hartazgo popular ante un gobierno que se caracterizó por una supina indolencia clasista y pasmosa incapacidad de gestión.

Ante el problema de la deuda, el Frente de Todos supo conformar una ecuación suficientemente ecléctica como para contener expectativas y temores contrapuestos de “los mercados” y los sectores populares. En medio de las tensiones, el planteo de “crecer para pagar” hecho por el gobierno de Alberto Fernández, emergió como una suerte de fórmula mágica, capaz de conjurar los fantasmas gemelos del default y del ajuste.

Bajo ese extraño encanto, acreedores y deudores, convergen ahora en la preocupación compartida por la “sustentabilidad” de la deuda. Pese a las enormes distancias entre “obligaciones” y “capacidad de pago”, los negociadores parten de una premisa básica, aparentemente incuestionable. Más allá de los detalles del “plan económico”, tanto el Gobierno como la oposición, el Fondo y los bonistas, saben que “crecer para pagar” significa lisa y llanamente volver a apostar a la intensificación de la matriz primario-exportadora de la economía argentina, así postulada como “única salida” posible.

El propio Alberto Fernández se ocupó de dejarlo claro y de instalarlo como pilar de su Gobierno. Ya ungido como virtual presidente electo, en su paso por San Juan, una emblemática provincia aliada al lobby de la minería transnacional, sentenció: “Mis principales aliados son los que exportan”. No se trató de una declaración al paso, sino de una definición contundente que se articula a una sólida cadena de intervenciones a favor del agronegocio, el fracking y la minería a gran escala, reafirmada con el perfil y obrar de sus ministros.

Así, más allá de alternancias electorales y polarizaciones ideológicas, en realidad, la política argentina tiene en la continuidad del extractivismo un consenso pétreo. Como señala el periodista Darío Aranda, acá no hay grietas: “Los funcionarios pasan, el extractivismo continua”. Apostar a la intensificación de las exportaciones es la fórmula alquímica que diluye todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Para unos, es la locomotora necesaria para la reactivación del mercado interno, el consumo, el empleo, los salarios; para otros, la clave para la atracción de inversiones, la recuperación de la tasa de ganancias y/o la base de los superávits requeridos para cobrar sus acreencias. En este plano de urgencias económicas, no hay mucho espacio para “preocupaciones ecológicas”. En tiempos de emergencia, lo “lógico” -para los principales actores del sistema- es sacrificar las riquezas naturales de los territorios.

Resulta llamativo que en nombre de la sustentabilidad de la deuda se cree un consenso para la intensificación del extractivismo. Paradójicamente, un término que nació al lenguaje político global como significante de problemáticas ambientales, es aplicado ahora para referir exclusivamente a balances y flujos financieros. Los flujos de materiales, como medida de pago del capital ficticio, pasan absolutamente desapercibidos. Acá también, derechas e izquierdas suelen hacer acto litúrgico de su credo antropocéntrico y productivista: primero está “lo social” (ya sean “los pobres” o “los mercados”) y luego, “lo ambiental” (como si la vida humana no fuera enteramente ecodependiente).

Claro que, ante lo que hubieran significado las políticas esperables de un triunfo electoral de la derecha explícita (la coalición Cambiemos), la propuesta de “crecer para pagar” aparece como obviamente preferible. No hay que ser muy perspicaces para suponer que una eventual reelección de Macri habría implicado la imposición férrea de la vieja y conocida fórmula de “ajuste + represión”, bajo la estricta sumisión del país a la política (no sólo económica) del FMI y sus mandantes. Frente a ello, el gobierno de Alberto Fernández ensaya una propuesta que, en lo económico, promete reducir la magnitud del ajuste interno, desplazando la fuente macroeconómica de recursos para afrontar los pagos desde el frente fiscal, hacia el sector externo, a través de ingresos de exportaciones y de IED (Inversión Extranjera Directa, que justamente irían a sectores primario-exportadores). En lo político, la fórmula pone en escena una gestión ‘negociada’ de la crisis, donde el ministro Martín Guzmán parece involucrar al FMI como ‘aliado’ frente al resto de los acreedores para la ineludible reestructuración de la deuda.

Descartando de plano lo que hubiera sido una vía de derecha pura y dura, cabe preguntarse: ¿Es ésta la mejor alternativa posible; la única salida realista y la más conveniente para el país? ¿Es ésta una opción que prioriza realmente los intereses de las mayorías populares, que nos inserta en una senda de menor dependencia externa y de mayor equidad y democracia interna?

A nuestro entender, la aceptación política de esta fórmula aparece como síntoma de hasta qué punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social. La naturalización de la lógica financiera como patrón único de valor social es lo que explica que este “crecer para pagar” no se vea como una contradicción; ni siquiera como problemático para un gobierno que se pretende progresista.

Quienes se asumen de izquierda o progresistas no deberían dejar de notar que, lejos de priorizar la salvaguarda de las mayorías populares, es una fórmula que consagra los intereses de los acreedores como finalidad y principio rector del gobierno. Visto en términos de una elemental ecología política, implica un rumbo cuya concreción significará la consumación de un nuevo ciclo de despojo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Telam
Deuda, geometabolismo del capital y ciclos de despojo

No es una novedad para la ciencia social la asociación entre préstamos internacionales y producción de desigualdades y dependencias entre países. Desde hace ya más de un siglo, los estudios clásicos del imperialismo se ocuparon de identificar la deuda como dispositivo clave de ese engranaje. Entre los análisis de Hobson, Hilferding y Lenin, se destaca especialmente el de Rosa Luxemburgo, cuya clarividencia tiene mucho que aportar a los problemas de nuestros días.

Para la gran activista e intelectual socialista, el carácter imperialista de la deuda no se restringe al obvio poder de tutelaje que los acreedores adquieren y ejercen sobre la política de las economías endeudadas. Rosa Luxemburgo analiza el papel de la deuda, no como algo aislado ni ocasional, sino como un componente sistémico de la acumulación a escala global. En tanto el capital supone una dinámica autoexpansiva que no reconoce límites, la realización de la plusvalía sólo se logra a costa de una continua expansión geográfica (es decir, ecológica y sociocultural) del capital.

En esa dinámica, las colonias proveen a los centros de acumulación lo que éstos empiezan a agotar durante su ‘desarrollo’: mercados para sus manufacturas, nuevas fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo, y nuevas oportunidades de inversión. De allí el carácter indisociable entre colonialismo y capitalismo.

En ese plano, el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacción financiera, ni de control político de las economías deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización: creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorización equivalentes a la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotación de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. Así, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo, una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la política colonial. Este análisis está en la base de lo que David Harvey acuñara como “acumulación por despojo” y que señalara como una característica clave del “nuevo imperialismo” abierto bajo la era neoliberal.

Pese a haber sido ampliamente difundido y citado, un aspecto crucial del concepto de acumulación por despojo ha sido frecuentemente soslayado: en estos procesos, tanto o más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre a través de los pagos de la deuda, es el drenaje ecológico, de materia y energía, que fluye desde las economías deudoras a través de sus exportaciones, como fuente material de esos pagos. Las deudas fuerzan, en realidad, la ampliación de la frontera de mercancías, creando las condiciones de posibilidad para la explotación de nuevas fuentes de materias primas y/o de súper explotación del trabajo, extendiendo y/o intensificando el régimen de plusvalía hacia geografías antes marginales o subexplotadas.

Resulta sumamente sugestivo que, al desarrollar estos análisis hace ya más de cien años, Rosa Luxemburgo usara como ejemplo la estructura de relaciones económicas entre Inglaterra y Argentina en el siglo XIX. El caso devela la apropiación ecológica como el fondo de la sujeción imperialista que se realiza a través del crédito. Pues, el retorno del capital metropolitano invertido en créditos, ferrocarriles y puertos, no sólo se dio a través de los flujos financieros de la balanza de pagos, sino principalmente a través de la anexión de la región pampeana como proveedora de alimentos y otras materias primas baratas claves para su industria. La productividad extraordinaria del suelo pampeano, subordinado a la gran maquinaria manufacturera de la isla británica, fue así, un elemento fundamental para la ‘maduración’ del capitalismo en el centro: el pan barato que alimentó al obrero inglés a partir del suelo argentino, fue a engordar la plusvalía del empresariado manchesteriano.

En definitiva, el análisis de Rosa Luxemburgo muestra cómo la deuda no es un elemento circunstancial y aislado, sino que opera como un dispositivo integrado al mecanismo general de extracción, apropiación y transferencia de excedentes (financieros y materiales) desde las economías coloniales o subalternas hacia los (diversos) epicentros de acumulación y realización de plusvalía.

Desde la ecología política, la noción de geometabolismo -que mira el proceso global de acumulación en términos de los flujos materiales y no sólo de los financieros- permite revelar la dimensión ecológica del imperialismo subyacente en el comercio mundial.

Lejos del mundo idílico supuesto por David Ricardo, el libre comercio no fluye en una geografía plana, sino que tiene lugar a través de una rígida geometría del poder que divide jerárquicamente las regiones de la pura y mera extracción de aquellas que concentran el procesamiento y consumo diferencial de los recursos.

La división internacional del trabajo (y de la naturaleza) opera como una matriz que sedimenta y profundiza los mecanismos sistémicos de apropiación desigual del mundo; de extracción de una plusvalía ecológica.

Así como en el Siglo XIX, la experiencia argentina reciente resulta un ejemplo emblemático de estos procesos. La dinámica especulativa y de endeudamiento de los ’90 que desembocó en el colapso de 2001, operó como detonante del boom de las commodities (2003-2013). El fenomenal salto habido de las exportaciones (cuyas divisas permitió ‘desendeudar’ el país y activar la ‘recuperación’ del mercado interno) significó -en términos geometabólicos- un más que proporcional drenaje ecológico de energía primaria a través de las cuales la geografía argentina subsidió la expansión industrial china. Los millones de dólares de exportaciones ‘ingresados’ durante el período encubrieron, en realidad, millones de toneladas de nutrientes y materias primas estratégicas, literalmente trasvasadas de un territorio a otro. Una vez menguado el boom exportador, el funcionamiento de la economía volvió a depender del endeudamiento. Hoy, la gravosa herencia de la deuda macrista deja al país a disposición de un nuevo ciclo de despojo.

En este contexto, “crecer para pagar” significa forzar la apertura de una nueva frontera de mercantilización hacia territorios y bienes naturales codiciados por el “mercado mundial”; concretamente, avanzar con la explotación de Vaca Muerta y el ‘desarrollo’ del fracking; abrir definitivamente la frontera de la explotación del litio en la Puna argentina; intensificar y ampliar el régimen del agronegocio y de la minería a gran escala a lo largo de la cordillera. La profundización del extractivismo para pagar las obligaciones externas, cumplirá el cometido del ‘endeudamiento’: completar los mecanismos de saqueo financiero con la intensificación de la plusvalía ecológica. No hay “quita” de la deuda que compense ese nuevo ciclo de despojo.

Una dimensión sustantiva de este problema es la cuestión geopolítica; pues la plusvalía ecológica requiere control territorial. Es un hecho que las cadenas de exportación del país (y de la región) están dominadas por el capital transnacional, en el agronegocio y, ni qué hablar, en la minería y el petróleo. Grandes empresas transnacionales detentan el control tecnológico, comercial, financiero de esos procesos productivos. Al tratarse de economías naturaleza-intensivas, el proceso implica la efectiva ocupación y control de vastas extensiones geográficas. Se configura así una matriz por la que la integridad territorial del país se fragmenta en cuadrículas de mono-explotaciones subordinadas a cadenas de valor global. Mediante la intensificación de las exportaciones, el capital transnacional oligopólico adquiere una decisiva capacidad de disposición sobre fuentes de agua, nutrientes y energía primaria de los territorios ocupados. La contracara de la ocupación territorial es -vale aclararlo- el desplazamiento poblacional. El control del agua, de los nutrientes y la energía es, lisa y llanamente, el control de (las fuentes) de vida; de la vida presente y futura.

Para decirlo de manera explícita, una posición ‘soberanista’ frente a la deuda que se concentre en ampliar los plazos y/o maximizar las ‘quitas’ de los pagos financieros, pero que sea absolutamente permisiva con las concesiones de territorios y recursos a los enclaves exportadores transnacionales, resulta, lisa y llanamente, una falacia.

Imagen aérea de la explotación de Minera Alumbrera en Catamarca. Foto: Subcoop

Extractivismo: una cuestión política; no (sólo) ‘ambiental’

Desde sus orígenes, el pensamiento crítico latinoamericano se ha constituido como tal a partir de la identificación de los regímenes primario-exportadores como el problema de fondo de las sociedades latinoamericanas. Los clásicos del estructuralismo y de la Teoría de la Dependencia no criticaron tales regímenes por sus consecuencias ambientales (que, salvo excepciones tardías, en general desconocieron), sino por sus implicaciones económicas y políticas. Desnudaron la conexión intrínseca entre modelo primario-exportador, concentración de la tierra y del poder.

El extractivismo no sólo tiene que ver con economías exportadoras de naturaleza, sino con un patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y poblaciones. Ese fenómeno está en la raíz de la constitución política de nuestras sociedades. América Latina, como entidad geopolítica, nació al Mundo Moderno como la Gran Frontera de mercancías. El saqueo originario de sus tierras y poblaciones fue lo que detonó el Big Bang de la Era del Capital, haciendo posible la acumulación originaria a través del envío de “vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global”.

La historia económica de la Argentina (y de la región) puede verse en términos de ciclos crónicos de auges y depresiones sucedidos al ritmo de la explotación de sus “recursos naturales”; de endeudamientos y crisis financieras, donde las dimensiones del despojo financiero y del despojo ecológico se fueron retroalimentando en una espiral continua de mercantilización creciente. Esa historia nos debería enseñar que el extractivismo es la dimensión ecológica del imperialismo. Que la producción del “subdesarrollo”, de las desigualdades sociales y de los autoritarismos hunden sus raíces en el duro suelo del extractivismo.

Desde la época de las carabelas hasta la actual, de grandes empresas transnacionales, el extractivismo opera como vínculo geometabólico que subsume las economías coloniales a los centros de acumulación. Las cadenas geográficas de materias primas que fluyen de Sur a Norte, son precisamente las cadenas que nos atan a un régimen estructural de dependencias y desigualdades ecológicas, económicas y políticas.
En ese escenario, hoy como ayer, “crecer para pagar” es profundizar la dependencia. Es ensanchar las brechas de desigualdad, al interior de nuestras sociedades y a nivel global; entre países y regiones; entre cuerpos de distintos colores, géneros y generaciones. Es, en última instancia, amplificar los autoritarismos; degradar las condiciones socioecológicas de la democracia. Porque ningún gobierno de las mayorías puede prosperar allí donde rige un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra.

 

Pagar con suelo, aire, agua… Y sangre. ¿No tenemos alternativas?

La propuesta del gobierno de Alberto Fernández en materia de deuda toma sus ropajes progresistas de la promesa de eludir o morigerar el “ajuste”, y condicionar los pagos al crecimiento. Para ello, se apela a procurar aumentar y diversificar las fuentes de ingresos de divisas, vía básicamente captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y aumento de exportaciones. Ambas medidas suponen, en realidad, la intensificación del extractivismo; inversiones para abrir nuevas geografías de extracción: litio, cobre, potasio, oro, plata, uranio, y una larga lista de minerales de consumo mundial masivo; hidrocarburos no convencionales; biomasa y nutrientes provenientes del agronegocio; inversiones, en fin, en las infraestructuras necesarias para hacer posible el drenaje de materia.

La experiencia histórica revisada nos muestra que, por esa vía, lejos de avanzar hacia un sendero de desarrollo autónomo, integralmente sostenible, que permita reducir progresivamente las desigualdades económicas, ecológicas y (bio)políticas, internas y externas, nos hundirán en un círculo vicioso ya conocido, donde el despojo de la energía primaria y social del presente, retroalimentará los despojos por-venir.

Dada la matriz ‘productiva’ del país -su sesgo extractivista-, está claro que la fórmula de “crecer para pagar” no significará otra cosa que la profundización estructural de la dependencia, la intensificación de los mecanismos de despojo, la concentración de la riqueza y del poder. Dicha vía nos aleja no sólo del mero crecimiento económico, sino de una sociedad ecológicamente sostenible, socialmente justa y políticamente democrática.
Tras desarticular la argumentación positiva de la propuesta, el único razonamiento que queda como justificativo de la política oficial en curso es la apelación al “realismo posibilista”: si bien no es lo mejor, ni siquiera bueno, “crecer para pagar es lo único posible”, se nos dice. Confirmando la vigencia de la razón neoliberal, el argumento de pagar a deuda con mayor explotación del suelo no tiene otro fundamento que el viejo y remanido lema thatchereano: “No hay alternativas”.

Ahora bien, ¿es realmente así? ¿Es realmente imposible pensar en una cesación unilateral de los pagos y en una auditoría exhaustiva de la deuda? ¿Qué tan justo, tan responsable y tan pernicioso para el país sería una tal alternativa? ¿Qué tan desastroso sería para el país hacer lo que hizo Ecuador en 2008? ¿Lo que amenazó con hacer Alexis Tsipras en 2015 en Grecia?

Dique de cola de Minera Alumbrera en Catamarca. Foto: Subcoop
La excepcionalidad de las condiciones bajo las que fue contraída la deuda macrista refuerza los argumentos jurídicos y políticos para el repudio de la misma. Los intereses geopolíticos que intervinieron, las irregularidades legales en las que el propio FMI incurrió al momento de otorgar un crédito -en contravención contra sus propios estatutos-, la extraordinaria fuga de divisas que alimentó esa deuda, son factores que hacen más que imperioso una rigurosa auditoría pública y social sobre la misma.

Al respecto, hay que decir, por un lado, que no se trata de “una puerta al abismo”, tal como incluso desde sectores críticos se presenta esta alternativa, en referencia a las eventuales consecuencias impredecibles y eventualmente catastróficas que significaría el repudio de la deuda. Los estudios de casos y las evidencias históricas de los procesos de renegociación de deudas espurias muestran más bien lo contrario: la catástrofe está en el horizonte de quienes siguieron la vía de la sumisión.

Por otro lado, vale recalcar -para poner las cosas en su lugar-, que no se trataría de un simple e “irresponsable” default, sino lo contrario: un proceso que busque determinar de manera transparente y democrática las responsabilidades políticas diferenciales de un proceso plagado de comportamientos irregulares y criminosos, cuyas consecuencias exceden en mucho los meros aspectos financieros. Lo ‘responsable’ no es pagar, a secas y a ciegas; sino identificar a los verdaderos causantes de este histórico desfalco y determinar fehacientemente cómo se beneficiaron del mismo. Lo verdaderamente irresponsable sería forzar a que tengan que seguir pagando quienes ni decidieron ni se beneficiaron con esa deuda.

Por encima de todo, es fundamental no perder de vista que no se trata de una cuestión financiera, sino decisivamente ecológica, vale decir, vital. Porque las implicancias de esa deuda constituyen un embargo para la vida de vastas extensiones de territorios y poblaciones que hoy se ven como “fuentes de divisas”. En un sentido no metafórico, esa deuda pende como una amenaza que se cierne sobre la vida de millones de personas, de sistemas socioambientales y de generaciones que la lógica necroeconómica del capital (y sus mandatarios) se muestra dispuesta a sacrificar para pagar.

Desde esa perspectiva, cabe preguntarse: La crisis que implicaría dejar de tener acceso a nuevas inversiones externas, la escasez relativa de divisas, eventuales represalias respecto a nuestras exportaciones, ¿significaría la crisis de esa economía dependiente, colonialmente heredada del Siglo XIX y antes? Por cierto, esa vía no es sencilla y está llena de adversidades y desafíos inmediatos; pero la crisis de esa economía representaría también la posibilidad para transitar hacia otra economía; para abrir-nos paso hacia una tan radical como necesaria transformación de la matriz productiva y socioterritorial del país; de su patrón tecnológico y político.

En este sentido, es importante advertir que la ampliación de la frontera de mercancías acontece no sólo en el plano geográfico y material, sino también en el de los imaginarios y las subjetividades. Quiero decir, en esa dinámica, a la par de la expansión de las relaciones capitalistas hacia zona geoculturales relativamente marginales, a la mercantilización de nuevos elementos y procesos naturales y sociales, a la intensificación de los ritmos y volúmenes de extracción de “recursos, tienen lugar cambios correlativos en los regímenes axiológicos y normativos; en los esquemas de percepción, de sensibilidad y de valoración social que acompañan esa re-mercantilización y las tornan socialmente “aceptables”.

Permitir el saqueo de las fuentes de vida para cumplir con obligaciones financieras espurias; sacrificar sistemas hidrológicos enteros para “poder pagar”; estar dispuestos a pagar con suelo, con biodiversidad, con los propios nutrientes y fuentes de energía que sostienen nuestros cuerpos, eso también hace parte -y parte fundamental- de la expansión de la frontera de mercancías.

En definitiva, pensar en la “sustentabilidad” de la deuda, nos sume en una lógica colonial, sacrificial: nos conmina a “pagar como sea”; a asumir como objetivo propio los intereses de los acreedores. Por el contrario, auditar la deuda; hacer que paguen quienes lucraron con ella; declarar el repudio soberano de deudas ilegítimas: eso sería realmente pensar la sustentabilidad, no ya de “la deuda”, sino del país. Más que un camino utópico, se muestra como una vía más realista que el horizonte que emerge de la fórmula “crecer para pagar”.

La evaluación de la viabilidad de las propuestas se juega, claro, no en el de las ecuaciones matemáticas y los modelos econométricos, sino en el complejo campo de las relaciones de fuerza entre los distintos actores políticos intervinientes. En ese sentido, ir por esta vía alternativa implica, requiere ineludiblemente, construir poder popular más que ‘capacidad de pago’; aliarse con las mayorías populares movilizadas, más que con el Fondo Monetario Internacional.

En términos macroeconómicos y políticos realistas, la crisis de la deuda (las probables represalias de “los mercados” en términos de escasez extrema de divisas y asfixia financiera) podría ser una gran ventana de oportunidad para afrontar una radical transformación de la matriz socioproductiva y tecnológica de nuestra economía. Para emprender un camino de transición socioecológica hacia una economía realmente más sostenible y adecuada para afrontar el crucial desafío que tenemos como especie, en los umbrales de la crisis planetaria global. En términos del sociometabolismo del país, los efectos de la crisis de la economía heredada podrían coadyuvar a transitar hacia una estructura productiva más equilibrada geográfica, demográfica y sectorialmente; avanzar hacia la desconcentración y diversificación productiva; a la integración interna de mercados y cadenas de valor, antes que a la subsunción de fragmentos geoeconómicos concentrados bajo el control oligopólico de grandes actores corporativos, internos y transnacionales.

Ese cambio transicional no sólo va en la dirección de una economía más autónoma, más productiva y sostenible, sino también en la de una sociedad más justa y democrática. Para abrirnos camino en esa dirección, es imprescindible tomar nota de que la sustentabilidad financiera no sólo no agota el campo de lo posible, sino que lo empobrece drásticamente; va a contramano de la justicia, la democracia; de la vida en sí.

Por el contrario, pensar en la sustentabilidad ecológica más que en la financiera, nos abre un horizonte para imaginar una vía de democratización material, radical de nuestra sociedad. Su requisito básico y factor de posibilidad pasa por un ciclo de movilización popular organizada dispuesta a resignificar los “recursos” como fuentes de vida; construir mayorías sociales dispuestas a reformular la ecuación política, emocional y tecnológica desde la cual concebimos y realizamos la producción social de nuestra existencia; adecuar nuestros modos de existencia a los procesos de la vida en la Madre Tierra en general; en fin, a redemocratizar/desmercantilizar la vida en y desde sus propias raíces.

*Integrante del Equipo de Ecología Política del Sur (CITCA CONICET-UNCA). Publicado originariamente en Grupo de Ecología Política del Sur.
https://noalamina.org/extractivismos/item/46182-acuerdo-con-el-fondo-monetario-y-crecer-para-pagar-una-salida-progresista