María del Mar Parra 14/06/2025
¿Tiene luz verde el proyecto Dominga? A la espera de sentencias de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema sobre el polémico proyecto minero, la abogada ambiental, Antonia Berríos, aclara el complejo escenario legal del caso y acusa que la empresa se aprovecha de la desinformación.
Rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros, el proyecto minero portuario Dominga sigue en titulares debido a la ardua batalla judicial que lleva adelante la empresa para construir el proyecto en una de las áreas marinas más biodiversas del país y con mayor relevancia para la pesca artesanal y el turismo marino en el norte de Chile: el Archipiélago de Humboldt.

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa data de 2013, y fue rechazado por primera vez en 2017, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo como por el Comité de Ministros. El Primer Tribunal Ambiental ordenó retrotraer el proceso y el proyecto fue calificado favorablemente en 2021 por la COEVA, pero rechazado por el Comité de Ministros en 2023.

Ante este rechazo del Comité, un fallo del Tribunal Ambiental obligó a los ministros a votar por tercera vez el proyecto, y la instancia lo volvió a rechazar en enero de 2025. El Tribunal Ambiental volvió a reclamar sobre el tercer rechazo del Comité de Ministros, ordenando que la secretaría regional del Servicio de Evaluación Ambiental se vuelva a pronunciar sobre la decisión del Comité.

¿Luz verde a Dominga?
Se han presentado diversas reclamaciones legales contra esta última decisión del tribunal. Entre ellas, una contienda de competencias llevada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta semana, el TC declaró que el procedimiento de contienda de competencias no era el adecuado para resolver el dilema, ya que se trata más bien de una contienda de legalidad, que debe ser resuelta por la Corte de Apelaciones.

Así, está pendiente una respuesta de esta corte para conocer si la reclamación del Tribunal Ambiental es legal o no. Además, está pendiente un fallo de la Corte Suprema que, durante toda la evaluación, no se ha pronunciado sobre el fondo del caso Dominga.

Sin embargo, desde la empresa han tomado el pronunciamiento del TC como una victoria o una “luz verde” al proyecto. “El proyecto Dominga no tiene un permiso ambiental, pero la empresa usa una estrategia comunicacional que trata de confundir sobre cuál es la verdadera decisión habilitante, que tiene que venir del órgano público con competencia para hacerlo. En este caso, el Comité de Ministros”, explica la abogada de la fundación FIMA, Antonia Berríos.

Según declara, el proyecto no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y el rechazo del Comité de Ministros aún está vigente ya que no se ha impugnado su legalidad. La empresa ha difundido la calificación favorable de la COEVA en 2021 como una aprobación del proyecto, ignorando que tras ello hay un rechazo del Comité de Ministros.

Ahora, mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre la legalidad o no de la última resolución del Tribunal Ambiental, que pide una nueva decisión sobre el proyecto, los ojos también están puestos en la Corte Suprema.

“Es importante declarar que la Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre el fondo del caso, y nunca ha validado la teoría de Andes Iron de que el proyecto está suficientemente evaluado”, explica Berríos. “Hasta ahora, esta corte ha sido la gran ausente en este debate judicial”, agrega.

El actuar del Primer Tribunal Ambiental, cuestionando en reiteradas ocasiones la decisión del Comité de Ministros, ha sido clasificada como ilegal y excedente de sus competencias.
https://eldesconcierto.cl/2025/06/14/dominga-no-tiene-permiso-ambiental-pero-la-empresa-usa-una-estrategia-comunicacional-que-trata-de-confundir-explica-abogada

Alberto González 12/06/2025
Comunicado de Prensa | DGA
La Dirección General de Aguas (DGA) sancionó con dos multas que suman 51,2 millones de pesos a la minera Las Cenizas por la contaminación del río Ligua y la Quebrada Chinchorro en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso.

Según informó el organismo en un comunicado de prensa, las sanciones se emitieron un año después del derrumbe del relave en pasta de la minera.

Al respecto, se indicó que la primera multa a la Minera Las Cenizas, de 451 UTM (31 millones), corresponde a la afectación del río Ligua, mientras que la segunda, de 403 UTM (20,9 millones), es por daños en la Quebrada Chinchorro, cercana al sector de Peñablanca.

De acuerdo a la Dirección General de Aguas, en los análisis que se realizaron tras la contaminación, se confirmó la presencia de diversos compuestos contaminantes, como arsénico, plomo, cobre y cromo, entre otros.

Así también, encontraron calcio, magnesio, potasio, sodio, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos, hierro y molibdeno.

En ese sentido, el organismo aseguró que mantiene un monitoreo activo de la situación y trabaja en medidas correctivas para resguardar la salud pública y los recursos hídricos de la zona.

“Desde el primer día estuvimos presentes en terreno, fiscalizando y estableciendo normas transitorias para garantizar la seguridad de la población a través de obras de contención, recirculación y comunicación constante con las autoridades”, afirmó el director regional de la DGA, Camilo Mansilla.

“Hoy, con los resultados de esta fiscalización, podemos confirmar la gravedad de la afectación sobre nuestros cauces. Esta situación pone en riesgo tanto a las personas cercanas a los cuerpos de agua como los usos vitales del agua en la región”, concluyó.

Mientras, el seremi de Obras Pública, Dennys Mendoza Castillo, apuntó que “la afectación al río Ligua y la Quebrada Chinchorro no solo compromete el ecosistema, sino también la seguridad hídrica de las comunidades”.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/06/12/dga-sanciona-a-minera-las-cenizas-por-contaminar-aguas-en-cabildo-debera-pagar-multa-de-51-millones.shtml

11/06/2025
La Corte Suprema revocó un fallo que favorable para la minera Aclara, marcando un revés judicial para la empresa luego que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara un recurso de protección interpuesto contra defensores ambientales de Penco que criticaban su proyecto de tierras raras.

Por J. Arroyo Olea
Este martes se hizo pública la resolución de la Corte Suprema ante el recurso interpuesto en defensa de Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, ambos vecinos de Penco a quienes la empresa Aclara apuntó como quienes gestionarían una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

Para esto, la empresa minera -que pretende instalar un proyecto extractivo de tierras raras en los cerros de Penco- ingresó en febrero de este año un recurso de protección contra ambos defensores ambientales, sobre el cual la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor ordenando «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

Sin embargo, el máximo tribunal del país le ha dado un portazo al fallo de la Corte de Concepción. En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y, en esta línea, rechazó la acción constitucional.

Así, el fallo de la Suprema establece que considerando «los antecedentes acompañados en autos, no resulta posible tener por acreditado que los actos que se denuncian como ilegales o arbitrarios hayan sido cometidos por los recurridos, desde que en parte alguna existe referencia, mención o aparece algún elemento identificatorio de los mismos».

Esto, ante una cuestionada decisión de la Corte de Apelaciones, la cual no acreditó que los vecinos individualizados sean administradores de la página en cuestión, por lo que se interpretó como una decisión que limitaba la publicación y replicación de contenido que cuestionara al proyecto minero.

En contacto con RESUMEN, Camila Arriagada estableció como positiva la decisión de revocar el fallo «para dejar en claro que la empresa minera Aclara se equivoca y tiene malas prácticas con la comunidad de Penco al judicializar a personas con voces críticas a este proyecto minero».

De igual forma, Arriagada planteó que esta resolución «deja en evidencia el mal funcionamiento de una Corte de Apelaciones, que da un fallo sin tener pruebas, de forma arbitraria, y que claramente todo intento de censura y de acallarnos a la oposición de este proyecto no tiene lugar».
https://resumen.cl/articulos/reves-judicial-para-minera-aclara-corte-suprema-revoca-sentencia-contra-defensores-ambientales

06/06/2025
Vecinos de Penco, junto a sus abogados, apelaron ante la Corte Suprema en contra de la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por minera Aclara, acusando censura y vulneración a la libertad de expresión. La empresa, dueña del proyecto de tierras raras que busca instalarse en Penco, los vinculó a publicaciones críticas en redes sociales, pese a no existir pruebas directas de su autoría.
J. Arroyo Olea
A fines de mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de un recurso de protección interpuesto por el representante legal de REE UNO SpA -filial propiedad de la empresa minera de tierras raras Aclara Resources- contra dos vecinos de Penco, luego que la empresa los apuntara como quienes gestionaran una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

El fallo ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones, como también por las partes acusadas. Esto, luego que la Corte de Concepción ordenara «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

En la práctica, esto limitaría la publicación o replicar contenido que cuestione el proyecto minero, señalando que «si existen elementos de juicio que ponderados bajo este tipo de acción constitucional, que han permitido establecer que los ó recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes que se á encuentran alojadas en la plataforma de la cuenta @Keuleresiste»

Aclara es llevada a la Suprema
Tras conocerse el fallo, los vecinos Arnoldo Cárcamo y Camila Arriagada apelaron a la Corte Suprema para revertir el fallo. En un punto de prensa realizado este miércoles, el hecho se dio a conocer públicamente en compañía de diversas personas, como también por su defensa jurídica.

En este contexto, Arriagada señaló que «esperamos que esta instancia revoque este fallo, y de en favor de nosotros para que no se atente a nuestros derechos de libre expresión y que pueda también corregir las incongruencias del fallo, en donde no tenemos derecho a defendernos y donde también injustamente se nos está censurando y hostigando por solo estar en oposición a este proyecto minero de larga data».

De igual forma, la exconsejera regional del Biobío y vecina de Penco enfatizó en que «esta empresa insiste en buscar recursos y figuras para poder acallarnos y para que no levantemos más las voces críticas del proyecto», caracterizando la decisión de la Corte como un fallo insólito y haciendo un llamado a que «sería prudente que se pronunciaran por los argumentos» tras no comprobarse los argumentos iniciales de la empresa.

Por su parte, en contacto con RESUMEN, Antonia Figueroa Parra, abogada representante de los vecinos, enfatizó en que estos «no tienen ninguna relación con esta cuenta de Instagram, y tampoco han hecho esas publicaciones, las cuales se les sindica como responsables, ante lo cual no se acompañó tampoco ninguna prueba que los vinculara».

En este sentido, la abogada planteó que se realizaron los alegatos y entregaron informes correspondientes para dar cuenta de esta situación, pero finalmente la Corte de Concepción «acoge el recurso de la minera sin esbozar mucha fundamentación», ordenando la eliminación de las publicaciones y, además, obliga a los vecinos involucrados a abstenerse de hacer publicaciones en línea crítica al proyecto.

Asimismo, Cristian Urrutia, también abogado representante de los vecinos, señaló que «de toda la prueba que existe, no hay prueba que pueda responsabilizar directa o indirectamente lo que se imputa a nuestros representados», quienes «son reconocidos dirigentes vecinales de la comuna de Penco, por ende consideramos que ante la falta de argumento y pruebas del recurso hay un abuso del recurso como tal e instrumentalización de las instituciones y el recurso para el objeto de silenciar la participación de dirigentes sociales en este tipo de legítimas causas contra proyectos de este estilo».

En esta línea, el abogado planteó que la oposición al proyecto de los vecinos «siempre se ha enmarcado dentro de lo que la Constitución misma garantiza, sobre la libertad de emitir opinión por cualquier forma y sin censura previa», como también de instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Por ende, enfatiza, «vamos a seguir adelante con la tramitación del recurso de apelación, y esperamos que ante la evidente falta de pruebas y el actuar de la minera se deje sin efecto la sentencia».
https://resumen.cl/articulos/ambientalistas-llevan-a-minera-aclara-a-la-corte-suprema-acusando-vulneracion-a-la-libertad-de-expresion

26/05/2025
OLCA
Algo se ha acelerado en Chile, y no son solo los proyectos de inversión. Lo que hoy vemos en una “Crónica para el futuro” es una embestida del empresariado nacional y transnacional que busca no solo avanzar con su agenda extractivista, sino que también eliminar cualquier atisbo de democracia y justicia ambiental en el país. Sin embargo, estas ideas no son nuevas y tampoco es una ofensiva espontánea: está cuidadosamente dirigida por el gran empresariado —con El Mercurio como director de orquesta para sorpresa de nadie, y Ex Ante como el nuevo medio regalón para hacer sus descargos— y respaldada, incluso, desde el Gobierno y por una “oposición” que hace tiempo dejó de disimular su comodidad con los privilegios del modelo: una alianza público-privada en todo su esplendor

Este proceso, que comenzó con un pataleo de los grandes grupos económicos, terminó convertido en proyecto de ley por parte del Ejecutivo a inicios del año pasado. ¿Cuál es el eslogan? Permisología. ¿Qué busca? Darle coherencia a sus proyectos de inversión sin trabas. ¿Cuáles son las trabas? Los derechos ambientales de las personas. ¿Qué significa en la práctica? Expandir sus ganancias a costa de los derechos de las comunidades y la naturaleza, ensalzando los supuestos beneficios, caricaturizando a los que defienden lo que va quedando, es decir, a las comunidades y organizaciones que defienden sus formas de vida y territorios. Y todo esto transcurre a vista y paciencia de los que se abrazaban con la firma de Escazú, con el silencio cómplice de los que piensan que no vienen por sus derechos.

Pero, ¿Qué es la permisología? Dícese de la ficción empresarial que señala que las normas, instituciones y trámites ambientales para la evaluación y aprobación de proyectos de inversión son el mismo demonio, la burocracia en su máxima expresión. ¿Se les olvidó que estamos viviendo una crisis climática? ¿No recuerdan los vínculos del extractivismo con la corrupción? ¿Dónde quedó el discurso del Compliance y la ética empresarial? ¿Tienen todo para ganar y aún así quieren más? El discurso de la permisología es el recurso fácil del empresariado, con el cual pretenden abultar aún más sus anhelados maletines mercantilizando, incluso, la propia crisis climática.

No es tan difícil buscar en internet, pero no está demás hacer memoria de cómo se han ido diseñando las normas e institucionalidad ambiental a nivel mundial y nacional: a costa de contaminación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades, sequía, criminalización y asesinatos de defensoras/es ambientales, zonas de sacrificio, entre otros. Chile no es la panacea del estándar de protección ambiental, por supuesto que se puede mejorar, pero no a costa de los derechos de la ciudadanía para que terminen en manos del empresariado, sino que mejorando el estándar de participación ambiental, incluyendo realmente la consulta indígena, mejorando el sistema de información ambiental -que no entiende nadie-, sumando más recursos y personal para las instituciones que evalúan, aprueban y fiscalizan los proyectos de inversión, tomando decisiones que realmente consideren y prioricen la riqueza de Chile y su gente y no el bolsillo de algunos.

No es de extrañar, entonces, que hoy las empresas empiecen a señalar a los que suponen están detrás de la malvada permisología, que les impide aprovechar la oportunidad de crecimiento que nos da el cambio climático, ¿se entiende la ironía?

Los derechos reconocidos a la ciudadanía, a las comunidades, a los pueblos indígenas, son las salvaguardas que nos van quedando frente al extractivismo voraz que no mira más allá de su ombligo, de sus rentas. Para las organizaciones territoriales, en un escenario adverso y con pocos recursos, no queda de otra más que seguir insistiendo. Es cosa de pensar en comunidades como la de Huasco y Elqui que llevan años defendiendo sus valles de Barrick; en quienes hoy tienen que defenderse del efecto sombra/parpadeante y ruido infernal de las eólicas; en quienes viven la amenaza que arrastra la ampliación de la explotación por parte de los añorados “minerales críticos”, en quienes están quedando debajo los “inocuos” paneles solares, de Magallanes frente a la ilusa industria del hidrógeno verde; en quienes han sido desplazados y visto sus territorios impactados por el negocio hidroeléctrico; en quienes el falso discurso de la desfosilización de la matriz energética les ha traído, a la puerta de la casa, más conflictos y menos políticas de reparación.

Caricaturizar los sistemas de vida de las comunidades, demonizar el trabajo de algunos, olvidarse de su posición favorable y la terrible asimetría en la que se encuentran organizaciones y defensoras/es ambientales, es muy bajo. Pero no es de extrañar en el contexto político mundial y nacional, que normaliza la violencia y la retórica de la derecha, y de sectores de la centro-izquierda que se suman al discurso desarrollista y de la industrialización a cualquier costo, sacando cálculos en año de elecciones.

La reconfiguración del Estado y la profundización del neoliberalismo no es solo irresponsable, es peligrosa, porque aquí no solo está en juego lo ambiental, está en juego la justicia, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la salud, el trabajo, la vida. El nuevo rostro de esta ofensiva es elegante, técnico, ambientalmente neutro y se apellida verde o sustentable, como el de minería sustentable, un oxímoron. Pero en el fondo se trata de lo mismo: hacer negocio, ahora con la crisis climática.

Esta estrategia no es distinta, pero está más articulada y es más riesgosa. Es una disputa estructural por el tipo de democracia y de economía que veremos en los próximos años. Hoy es lo ambiental, la permisología, el rol de las ONGs o defensoras/es ambientales, mañana será otra cosa. Hay que alistarse, poner las energías en las comunidades y no retroceder en materia de derechos y democracia, porque vienen por todo, y aquí les despejan el camino.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales