CIUDAD DE MÉXICO. El agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante y donde el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas.

El fracaso de la gestión democrática de este recurso se refleja, además, en una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, en la incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos, y en la inequidad en su distribución. El propio secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ha reconocido que existe un “uso indiscriminado y antidemocrático del agua”.

El sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes, por ejemplo, estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines. Pasaron los años y los problemas en el sistema nunca se atendieron. Y se agudizaron conforme se entregaron más y más títulos para aprovechamiento.

Desde 2003 se alertó de esta situación. En un estudio –publicado entonces por la FAO, y cuyos autores son Marco Cantú y Héctor Garduño, quien fue subdirector general de administración del agua en la década de los noventa– se señaló que se habían identificado a usuarios que tenían títulos de concesión para uso agrícola, pero que utilizaban el agua para fines distintos, “incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no solamente gozan indebidamente de la exención del pago de derecho (del agua), sino del subsidio que se otorga a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica”.

¿CUÁNTA AGUA SE UTILIZA?

En el país, por otra parte, no existen datos certeros sobre cuánta agua utilizan los privados que gozan de concesiones. La Ley de Aguas Nacionales señala que todos los titulares de una concesión deben contar con un medidor, pero eso no se cumple.

Darcy Víctor Tetreault, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, destaca que de acuerdo con datos que él ha solicitado a la Conagua, sólo 11 por ciento de los usuarios tienen medidores. Sí, uno de cada 10, en términos llanos.

En 2011, la Conagua contrató a la empresa Agua de México para que se encargara de realizar la medición y recolección de datos de los volúmenes de agua extraídos por uso industrial y de servicios. Como parte del contrato se instalaron sólo mil 169 medidores automatizados a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la propia Conagua.

Nuevo León sirve para ilustrar cuán poco se pudo avanzar en esa iniciativa. De los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial que hay en esa entidad, apenas 78 cuentan con medición automatizada, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.

La Conagua también es la responsable de llevar el registro de los pagos que deben realizar quienes tienen una concesión de aprovechamiento de agua. Hay que destacar que no todos los usuarios están obligados a pagar por el agua que utilizan. Por ley, están exentos aquellos que tienen concesiones para uso agrícola. Los que sí deben pagar son cerca de 138 mil titulares, de los poco más de 500 mil que hay registrados.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, a mayo de 2019 la dependencia sólo tenía registradas 50 mil 888 cuentas en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización de la Conagua. Es decir, menos de 37 por ciento de cuantos debían pagar.

Encima, el estar inscritos no garantiza que se realicen los pagos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Conagua no tenía constancia de pagos de 32 por ciento de los registrados en el padrón en 2016.

Además, el actual sistema de concesiones permite que sean los propios usuarios los que declaren cuánta agua utilizan.

La Conagua no tiene la capacidad institucional para garantizar que las concesiones se utilizan para lo que están autorizadas o si se extrae más agua de la que se declara. La dependencia sólo cuenta con 115 inspectores para todo el país, por lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco más de 4 mil 300 concesiones. Dicho de otra manera, cada semana un inspector debe visitar 82 concesionarios.

La falta de inspección se suma al rezago en los trámites relacionados con las concesiones. En entrevista, Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua, asegura que la Conagua tiene cerca de 130 mil trámites que no se han atendido. Esto ha provocado, entre otras cosas, un alud de amparos: a nivel nacional hay 2 mil 577 juicios que tienen a la Conagua como protagonista.

CONCESIONES A LA CARTA

Además de que no se tiene control de cuánta agua realmente utilizan los usuarios y para qué fines, desde la misma la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento se abrió la puerta para la existencia de un mercado de concesiones de agua, al permitir la “transmisión de derechos”. Es decir, se puede “transmitir” el total o una parte del volumen de agua que se tiene concesionada a otra persona o a una empresa. En los hechos este mecanismo se utiliza para disfrazar la venta y compra de títulos de agua.

El mercado de las concesiones es tan redituable que no sólo se venden títulos que sí son originales, también se trafica con documentos falsos. Esta práctica se ha intensificado en los últimos años, sobre todo, en entidades como Chihuahua.

UNA NUEVA LEY

El sistema actual de concesiones de agua tiene que revisarse y modificarse, coinciden investigadores y especialistas en el tema. Sobre todo porque es un sistema injusto e inequitativo.

La abogada Claudia Gómez, quien trabaja con varias comunidades indígenas del país en la defensa de su territorio y recursos naturales, señala que “existe mucha discrecionalidad sobre la forma en que se entregan las concesiones de agua”. En su labor ha encontrado casos en los que las concesiones se les niega a las comunidades indígenas “porque se argumenta que hay una veda, pero después nos enteramos que se entrega una concesión a una minera, a una compañía refresquera o a caciques de la región”.

Esa revisión tendrá que darse en el marco de una nueva Ley General de Aguas. Existen varias iniciativas para esta legislación, entre ellas la que realizaron investigadores y ciudadanos. Entre sus propuestas está el que los títulos de concesiones ya no se puedan transferir; que se realicen monitoreos independientes y con acceso público a los resultados; que se integre la Consultoría Social del Agua, y que solo se concesione el volumen ecológicamente aprovechable.

ELLOS SON LOS QUE MÁS AGUA TIENEN

Para esta investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que participó El Diario NTR Guadalajara, también se analizó la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), el sistema en el que se encuentran los nombres de personas y empresas que tienen concesiones para utilizar aguas nacionales, y se identificó a quienes tienen el mayor número de concesiones y de volumen de agua autorizado en cada entidad.

Los resultados muestran que hay empresas y personas que tienen a su disposición tanta agua que, con ella, sería posible atender a comunidades completas.

En esa lista destacan las mineras, las embotelladoras de refrescos y agua, las acereras, las cerveceras, las grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas, inmobiliarias (que incluso ya están declaradas en quiebra, como Casas Geo) y compañías a las que también se les ha entregado concesiones para la generación de electricidad, a través de la construcción de hidroeléctricas, sin que se consulte a las comunidades sobre estos proyectos.

Entre las mineras que más agua tienen concesionada está Grupo México y sus subsidiarias. Sus concesiones no se han visto revocadas incluso en casos de desastre ambiental, como el ocurrido en 2014, cuando esa empresa derramó 400 millones de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, una catástrofe ecológica que hasta hoy acarrea problemas a los habitantes de la región.

En el sureste del país, entre las empresas que más agua tienen a su disposición están las que se dedican a la siembra de palma africana –que se usa, entre otras cosas, para producir aceite–; la expansión de este cultivo ha provocado problemas de deforestación en aquella región.

En el norte sobresalen grandes compañías agrícolas que, por años, han sido señaladas por no respetar los derechos laborales de los jornaleros que trabajan en sus campos, entre ellas San Vicente Camalú.

Además, varias de esas corporaciones se han visto beneficiadas con condonaciones de impuestos y subsidios para el campo.

También se ha dado títulos para aprovechamiento de agua a empresas que pertenecen a políticos.

En Tamaulipas, Monteberne es una inmobiliaria que tiene concesiones para uso agrícola y que entre sus accionistas está el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, procesado por delitos de peculado y lavado de dinero. Monteberne habría sido utilizada para lavar activos.

Y mientras estas empresas y personas no tienen problemas para disponer de miles de metros cúbicos de agua al año, más de 8 millones de hogares en el país reciben agua cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando, de acuerdo con el Inegi. Y en 2 millones 85 mil hogares sólo consiguen agua acarreándola de ríos, lagunas o arroyos.

El mapa de la explotación del agua en México muestra que aquellos con capacidad económica o influencia política exprimen un sistema diseñado para el acaparamiento de ríos y pozos en unas cuantas manos. Es el mapa de una injusticia institucional, donde a lo largo y ancho del país, las comunidades siempre resultan ser las más afectadas.

CIFRAS 

• 11 por ciento de los titulares de una concesión cuenta con un medidor
• 78 de los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial que hay en Nuevo León, cuentan con medición automatizada
• 37 por ciento de los titulares que deben están obligados por ley a pagar por el agua que utilizan, realmente liquidaron su cuenta
• 130 mil trámites que la Conagua no ha atendido, lo que ha provocado un alud de amparos: a nivel nacional hay 2 mil 577 juicios hacia la comisión
• 2 millones 85 mil hogares sólo consiguen agua acarreándola de ríos, lagunas o arroyos
• Más de 8 millones de hogares en el país reciben agua cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando

PAGOS POR LEY

La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Conagua no tenía constancia de pagos de 32 por ciento de los registrados en el padrón en 2016. Además, el actual sistema de concesiones permite que sean los propios usuarios los que declaren cuánta agua utilizan

INSUFICIENTE 

La Conagua cuenta solamente con 115 inspectores para todo el país, por lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco más de 4 mil 300 concesiones. Es decir, cada semana un inspector debe visitar 82 concesionarios

FRASE 

“En mi labor he encontrado casos en los que las concesiones se les niega a las comunidades indígenas porque se argumenta que hay una veda, pero después nos enteramos que se entrega una concesión a una minera, a una compañía refresquera o a caciques de la región”: Claudia Gómez, Abogada en comunidades indígenas

SIN CONTROL 

El sistema de concesiones de agua se creó en 1992 como parte de la Ley de Aguas Nacionales y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines

*Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que participó El Diario NTR Guadalajara

Fuente:https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=142427&fbclid=IwAR3CRHVQP7Z0iR5a1iIenl6RU5MIQWqHDmyrvYOIibjny_SPhr1X_GOPB8c#.Xil08NQZnbU.facebook

Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones
integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas
y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los
municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso
informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las
autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha
tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso
de Suelo Forestal, modalidad B Regional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A.
de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN
Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de
Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.
La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias,
irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO
presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio
actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente
con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).
Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET- para
las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría
este proyecto minero.
El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos
Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las
funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para
un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo
que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva,
forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no
compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo
convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre
otras.

Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente,
incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel
Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las
poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación
del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las
comiunidades que lo habitan.
No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron
que este no era viable.
Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la
minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido,
queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades
para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de
aprobación.
Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del
campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones
de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la
población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de
restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial
del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y
recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.

Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

COMUNIDADES AFECTADAS

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA
ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.

Fuente:https://otrosmundoschiapas.org/agricultores-de-chihuahua-inician-resistencia-contra-mina-canadiense/?fbclid=IwAR0GwgK7m19RbWaEvsjUXxgKTpoBlLa1NIAdJ_A2mG4gNqOUMQd9ruQHsig

Reportes. Activista señala que las primeras denuncias se hicieron desde hace 14 años. ESPECIAL Christian Martínez

Auerbach afirmó que los casos expuestos en el documento “El Carbón Rojo de Coahuila” comenzarán a ser investigados por la subsecretaría de Minas

La Secretaría de Economía federal investiga las compras ilegales de carbón en Coahuila, afirmó la activista Cristina Auerbach, vocera de la organización Familia Pasta de Conchos.

Auerbach afirmó que los casos expuestos en el documento “El Carbón Rojo de Coahuila” comenzarán a ser investigados por la subsecretaría de Minas, que forma parte de la cartera de Economía. Los operativos dieron comienzo desde el pasado diciembre, sostuvo la activista. 

“Desde hace muchos años se presentó el informe el Carbón Rojo de Coahuila y se señala ahí como fue el gobierno de Coahuila quien compró el carbón para después revenderlo a la CFE”, dijo Auerbach.

De acuerdo con lo dicho por la activista, por primera vez se hizo un operativo por parte de la Secretaría de Economía en centros de trabajos clandestinos, ubicados en concesiones que incluso han sido canceladas, en donde seguían extrayendo carbón. Te puede interesar

“Por primera vez en la historia se están abriendo expedientes por robo a la nación. ‘Huachicoleo de carbón’ que hemos denunciado en 14 años. Este operativo se logró ya que en la mesa en donde está el comité de reparación de Justicia de Pasta de Conchos entren todos los temas de minería del carbón” señaló.

ESTUDIO PREOPERATORIOS PARA RESCATAR RESTOS

En cuanto al rescate de los cuerpos en una mina de Pasta de Conchos, Auerbach mencionó que se encuentran en los estudios preoperatorios para comenzar con las exploraciones, se espera que estén listos a finales del mes de enero.

Fuente:http://www.remamx.org/2020/01/investiga-la-4t-compras-ilegales-de-carbon/

Zoe Robledo expuso que detectaron que 1,053 empresas dieron de baja a toda la nómina durante el mes de diciembre del año pasado.

Las prácticas agresivas de subcontratación o outsourcing afectó a más de 64,000 trabajadores en México y las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras, informó este miércoles el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo.

“En siete operativos se detectaron 10,000 trabajadores contratados y 36 empresas subcontratistas involucradas. Se detectó que usan un sistema sofisticado de empresas que movían la nómina, saltaban a otras empresas. Se realizaron acciones concentradas en siete operativos especiales a grandes empresas como de servicios informáticos, call centers, mineras y producción de alimentos”, explicó Robledo.

Expuso durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que detectaron que 1,053 empresas dieron de baja a toda la nómina durante el mes de diciembre del año pasado, afectando a 14,000 trabajadores.

“Estas prácticas agresivas de subcontratación afectó a más de 64,000 trabajadores en México. Esas empresas no son pequeñas, tienen contratados desde 101 hasta 500 empleados, se detectó en los operativos la estacionalidad y las empresas que dieron de baja a grupos muy grandes”, señaló el títular del IMSS.

No descartó que haya empresas que desconocen estas prácticas ilegales que les afectarán porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por las dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

“Las acciones son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a través del IMSS, Infonavit, el SAT y la UIF. Se les invita a los patrones a que se regularicen. Hay integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal, es el grupo de trabajo”, expuso.

El funcionario federal añadió que durante este año se seguirán los operativos conjuntos porque ha habido reformas legales para proteger los derechos de los trabajadores.

“Vamos a continuar de manera intensa aplicando este trabajo coordinado para algo que está desde hace años en el sentir de los mexicanos. Nadie puede entrar en estos esquemas, se le pide a los patrones reales que lo abandonen. No se puede seguir lucrando con los derechos de los trabajadores”, finalizó.

Fuente:http://www.remamx.org/2020/01/mineras-y-call-centers-relacionadas-con-subcontratacion-ilegal-imss/

GUANAJUATO, Gto., (apro).- El proyecto de la minera San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Gold, no sólo tuvo el rechazo de pobladores de Dolores Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil desde su anuncio: la mayoría de las instancias que fueron consultadas para la obtención de la autorización del cambio de uso de suelo y estudio de riesgo ambiental se negaron a avalarlo, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente federal -la Semarnat- determinó negarle el permiso para operar en ese municipio.

La empresa pretende explotar oro, plata y cobre en el Cerro del Gallo de Dolores Hidalgo, en una zona que abarca 370 hectáreas, mediante el método de tajo a cielo abierto con procesos de lixiviación que utilizan el cianuro, lo que de entrada provocó la reacción de organizaciones civiles que durante los últimos meses han realizado protestas, marchas y gestiones directas ante las autoridades responsables de autorizar el proyecto.

En la resolución a cargo de la Dirección general de impacto y riesgo ambiental (DGIRA) de la Semarnat publicada en la Gaceta Ecológica de la dependencia el 8 de enero, se advierte que la empresa “presentó información imprecisa, contradictoria e incompleta” sobre el desarrollo de las obras del proyecto, los anexos técnicos, la flora y fauna existente en la zona y las acciones de restauración y mitigación de los impactos ambientales en la misma.

Inconsistencias

En principio, como punto fundamental de la resolución negativa, la Semarnat y varias de las instancias consultadas -como el Consejo Estatal Forestal- encontraron que la minera reportó un área de vocación forestal menor a la real:

Mientras que la empresa indicó que requeriría del cambio de uso de suelo forestal para 142 hectáreas -de las cuales unas 40 corresponden a vegetación de bosque de encino y poco más de cien a área de pastizal- se identificó que en realidad son 148, seis hectáreas más.

De esa superficie, también se presentaron datos imprecisos sobre el área con vegetación de bosque de encino, que según la revisión efectuada, son 14 hectáreas más del total mencionado en la solicitud.

“En tal sentido, no hay certeza de cuál es la superficie correcta solicitada de cambio de uso de suelo de tipo forestal por excepción (CUSTF) para el desarrollo de las obras del proyecto”, dice el informe de la DGIRA.

En el proceso de análisis y consulta del Documento Técnico Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal y Estudio de Riesgo (DTU-BR) y la información adicional que se solicitó a la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., “las opiniones recibidas por las diversas instancias no fueron favorables al proyecto y éste presentó información incompleta relativa a la correcta descripción de las obras y actividades del proyecto, la superficie solicitada para el Cambio de Uso de Suelo de Tipo Forestal (CUSTF) y la correcta caracterización de la flora y fauna en el sitio del proyecto”, se resume.

La documentación e información presentada por la minera contiene cambios en las superficies de afectación del proyecto, en la superficie para el cambio de uso de suelo de vocación forestal y en la actualización de los estudios técnicos entregados por la minera.

En esta información también se detectó que “la ubicación de las obras hidráulicas y las obras de conservación y retención de suelo se traslapa con el nuevo arreglo de las obras del proyecto”.

Por ejemplo, de los anexos de análisis hidrológico, la DGIRA identifica la probable afectación a los arroyos “Los Sistos” y “Las Cuevas”, donde de acuerdo al arreglo general originalmente presentado en el Documento técnico “se evitaba afectar el cauce de dichos arroyos y se contemplaba la construcción de diversas obras hidráulicas para proteger los escurrimientos dentro del predio del proyecto”.

Pero en la información adicional que entregó la empresa, “no se tiene la certeza de cuál sería la afectación a dichos arroyos y escurrimientos”.

Todo ello, resolvió la DGIRA, “genera incertidumbre respecto a la descripción y afectación de los arroyos y escurrimientos existentes en el predio del proyecto, así como de la caracterización de la flora que será afectada por el desarrollo del mismo, además de inconsistencias en cuanto a la información del inventario forestal presentado”.

Historia de tropiezos

San Antón de las Minas, localidad dolorense ubicada a poco más de 20 kilómetros de la cabecera municipal, fue una zona de actividad minera en el siglo XIX y principios del XX.

En el 2017, Argonaut adquirió las concesiones en 15 millones de dólares, según la página de internet de la compañía canadiense. A raíz de la compra, comenzó actividades de exploración que despertaron la inquietud de los pobladores de la zona y del municipio.

Organizaciones como la Coalición para la defensa de la Cuenca de la Independencia, el Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Acción Colectiva Ambiental salieron a la palestra y convocaron a especialistas e investigadores a foros para que los habitantes de la región conocieran los impactos de la minería de tajo a cielo abierto, altamente contaminante.

La empresa minera presentó ante la Semarnat la solicitud de autorización con el Documento Técnico Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal (DTU-BR) el 26 de abril del año pasado, en el que anexó información sobre los contratos de cesión de derechos posesorios y compraventas de predios rústicos en las localidades de San Antón, Cerro del Gallo, Mina Blanca, El Refugio, Silleros, El Sisote y otras vecinas.

El 22 de mayo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) solicitó la opinión técnica sobre el desarrollo del proyecto a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado, al Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, al Consejo Estatal Forestal, así como a otras instancias dentro de la propia Semarnat:  la Dirección general de gestión forestal y suelos, a la Dirección de vida silvestre y a la Dirección general de política ambiental e integración regional y sectorial.

Opinión negativa, casi unánime

Sólo una de todas estas instancias respondió señalando que no era su competencia conocer de la solicitud. Todas las demás emitieron una opinión negativa sobre el proyecto.

Por ejemplo, el 11 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo comunicó su rechazo por estos aspectos:

“Eliminación de la fauna y flora nativa de una zona considerable del territorio municipal; uso de explosivos para fragmentar la roca; uso del método de lixiviación de minerales de oro y plata, ya que se utilizan preparaciones con bajas concentraciones de cianuro, método que pone en riesgo la calidad del agua superficial y, a largo plazo, la integridad de mantos freáticos”.

Y destacó como inviable un punto contenido en la solicitud que dice: “Mediante la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir, y para el caso de las poblaciones de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia que actualmente se realiza”.

Mientras que el Consejo estatal forestal, en sesión efectuada el 2 de agosto de 2019, presentó una serie de argumentos para concluir una opinión desfavorable en su mayoría, ya que “no se sustenta de manera adecuada las medidas de remediación de las áreas a impactar”.

Otro rechazo contundente fue el de la Dirección general de gestión forestal y de suelos, que emitió su opinión el 5 de julio de 2019: “la empresa minimiza los impactos ambientales y el daño (afectación leve, moderada e irrelevante), con respecto al método de aprovechamiento de un tajo a cielo abierto y el establecimiento de una laguna de lixiviación, entre otros, y sólo se consideró la reforestación como medida de restauración (por lo que) faltan los programas de rescate y reubicación de flora y fauna, así como las medidas de mitigación de suelo y agua”.

Con las opiniones recabadas y la revisión propia (incluyendo información adicional que la empresa proporcionó el 28 de junio)  la DGIRA concluyó “que los impactos ambientales relativos al factor suelo, flora, fauna, agua y paisaje no fueron identificados en su totalidad”, mientras que las medidas o estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales “carecen del sustento técnico correspondiente”

La resolución -que puede ser impugnada o atendida en las observaciones- fue dirigida a la representante legal de la empresa San Antón de Las Minas, S.A. de C.V., Celia Rosario Badillo Botello, en el oficio no. 09968 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), fechado el 17 de diciembre y notificado el día 19.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/614085/frenan-proyecto-minero-a-cielo-abierto-de-filial-canadiense-en-dolores-hidalgo?fbclid=IwAR1AqG9PqY1HmK-VFfQjVRTzb7hOqTnRrN27pqnzU12BO6MA6bibvDZrLd8

En total nueve localidades han sido afectadas por las actividades de extracción

Pachuca.- Al menos nueve localidades de Zimapán registran contaminantes en el agua y sus habitantes presentan dificultad para respirar, así como dolor de ojos y cabeza, a raíz del mal manejo de los “jales” que contienen los residuos de la actividad minera en la zona.

En el municipio hay al menos cinco montañas que concentran 20 millones de metros cúbicos de residuos mineros (jales), mismos que provocan tolvaneras con metales pesados.

La situación afecta a los habitantes de las localidades San Miguel, La Lincera, La Sabina, Santiago, El Calvario, La Alberca, El Fas, Nueva Reforma, la cabecera municipal y los ejidos San Francisco y Xodhé.

Eso, porque la población padece dificultades para respirar, dolor de ojos y cabeza, así como la contaminación en elementos como el agua que consumen, a raíz de la dispersión de los metales pesados con los vientos.

Lo anterior lo dio a conocer el diputado local Víctor Guerrero Trejo, quien en conferencia de prensa detalló que las mineras asentadas en la demarcación son El Espíritu, La Purísima, Sago y Carrizal Mining, por lo que llamó a esas empresas y a algunos molinos de procesamiento a ser parte de la solución.

Además, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a las dependencias estatales correspondientes a tomar cartas en el asunto.

El diputado morenista exhortó al edil de Zimapán Erick Marte Rivera Villanueva a no dar más permisos para la instalación de jales en la demarcación y atender los que ya existen.

Tan solo en los primeros días del año, cuando ocurrieron las rachas de viento en la entidad, una tolvanera generó una nube tóxica que afectó por varios días la demarcación.

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/jales-enferman-a-pobladores-de-zimapan/

Entre enero 2010 y diciembre 2018 se concesionó el 15.9% (1´270,636.9 hectáreas) del territorio de Jalisco para la explotación minera. Para el 2030, la cantidad de territorio se incrementará al 30%.

Las empresas transnacionales que se han hecho de estas concesiones lo hacen siguiendo la ruta del despojo, la división de las comunidades e, incluso, la utilización de la violencia contra los líderes comunitarios que se han opuesto a estos megaproyectos.

Este reportaje hace un reecuento de la historia de la minería en Jalisco dando énfasis a la resistencia y lucha por un territorio que con la complacencia gubernamental de a poco se está convirtiendo en una gran mina a cielo abierto.

La minería en Jalisco ha generado graves problemas ambientales, sociales y culturales, tales como: la contaminación; la pérdida de mantos acuíferos; la exterminación de la fauna, cerros y árboles; así como el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.

Las comunidades de las zonas de extracción se encuentran en el total olvido y marginación por parte del Estado Mexicano, quien se niega a ofrecer servicios básicos bajo la justificación de que se vuelven espacios de difícil acceso. Esta investigación cuenta la historia de aquellos a los que la vida y la libertad les fue arrebatada por defender sus territorios de los megaproyectos extractivistas.

Desde hace medio siglo, las minas que se han instalado en México usan técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas, que en conjunto significan cerros enteros. La cantidad de los recursos explotados en los últimos 50 años son el doble de lo que se extrajo durante los 300 años de la colonia española.

Las empresas mineras modificaron sus métodos de extracción y ahora implementan las técnicas de cielo abierto y la de tumbe y relleno, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente y lograr procesar la descomunal cantidad de material removido para la extracción de los metales.

Las minas a cielo abierto catalogadas las más depredadoras: vuelan cerros enteros apoyándose con detonaciones de pólvora y el uso de sustancias químicas como el cianuro de sodio y ácido sulfúrico, para hacer hoyos en la tierra y extraer los minerales.

Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), nos explicó queeste tipo de proceso extractivo:

«Deja la tierra súper contaminada; queda un polvo muy fino… y ahora la gente va a comer y respirar arsénico, plomo, mercurio…»

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada al arsénico, a través del consumo de agua y alimentos, es causa de cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. El envenenamiento por plomo, provoca daños al sistema nervioso y convulsiones. Y, el contacto con mercurio es causa de erupciones en la piel, dermatitis, pérdida de memoria, trastornos mentales y debilidad muscular.

Chávez también relata los casos extremos de desnutrición con los que se encontraron en la zona wixárika, al Norte de Jalisco, por el olvido en el que viven:

«Su fuente de alimentación es el maíz, y si las vacas de los ganaderos se comen todo, entonces, se mueren de hambre».

Las comunidades indígenas más afectadas por la presencia de minas en Jalisco son las ubicadas en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, donde durante años han estado en conflicto con las empresas mineras transnacionales Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV y la minera China GanBo International.

Los habitantes de la sierra de Manantlán y Tequesquitlan, respectivamente, han denunciado la invasión de las empresas en sus terrenos, el saqueo ilegal de los recursos naturales de la zona, el despojo, hostigamiento, violencia, casos de agresión hacia defensores ambientales, como el ocurrido con Gaudencio Mancilla Roblada, arrestado sin justificación el 24 de diciembre de 2013; y Félix Monroy Rutilo, quien se manifestó contra los crímenes de Peña Colorada, el 10 de septiembre de 2014, tras la desaparición forzada de su sobrino, Celedonio Monroy Prudencio, el 23 de octubre de 2012.

Otra comunidad afectada por la actividad minera se localiza al norte de Jalisco, en los municipios de Mezquitic y San Martín de Bolaños, lugar de origen de los activistas Miguel y Agustín Vázquez Torres, asesinados el 20 de mayo de 2017.

Esta problemática ha sido ignorada por las autoridades gubernamentales locales y federales, lo cual genera que estos delitos queden impunes, almacenados en carpetas de investigación que han quedado archivadas; incluso, en diversas solicitudes de información enviadas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, se aseguró no tener ninguna investigación abierta por los crímenes cometidos contra estos defensores de los derechos humanos.

LA HISTORIA DE PEÑA COLORADA

César Díaz Galván, Secretario de Participación y Planeación Ciudadana del Estado de Jalisco, relató la historia del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada en la sierra de Manantlán, al sur de Jalisco.

Este consorcio comenzó como una paraestatal de Altos Hornos de México; es decir, una industria que era propiedad del gobierno mexicano.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari vendió la mina a Grupo Alfa en 1992 y desincorporó la industria paraestatal Altos Hornos de México. Esta a su a vez, la vendió a Grupo México, quien la dividió en cinco empresas pequeñas, las cuales constituyen el ahora consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada.

Ahora hay dos empresas transnacionales involucradas en la minera Peña Colorada: Ternium y Mittal Steel.  Estas transnacionales –además de controlar el mercado de hierro en México– son las principales exportadoras de este metal a China, el mayor comprador de hierro mexicano.

La razón por la que Peña Colorada se encuentra en la Sierra de Manantlán, se debe a que es el espacio idóneo para el desarrollo de la industria minera, dada la gran variedad de minerales como plata, hierro, cobre y zinc.

SALTO EN EL TIEMPO: LA SIERRA DE MANANTLÁN Y EL EJIDO DE AYOTITLÁN 1921

En la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán -que marca la división entre Jalisco y Colima- se encuentra la comunidad Nahua de Ayotitlán. Antes de la llegada de los españoles, Ayotitlán se extendía hasta el Océano Pacífico, pero hoy en día los habitantes viven en el cerro.

En 1921, apoyada en la nueva legislación agraria, Ayotitlán solicitó formalmente una solicitud de para la titulación de su terreno, pero nunca procedió: la Comisión Nacional Agraria (CNA) exigió a la comunidad presentar el documento de propiedad original, con el que no contaban.

La CNA retiró a los invasores, pero no sirvió de mucho, ya que en 1940 regresaron. A partir de entonces, se desarrolló una lucha en defensa de la tierra y los bosques, encabezada por el Consejo de Mayores, autoridad tradicional de Ayotitlán. Este consejo no era oficialmente reconocido, pues Ayotitlán dependía de la autoridad mestiza del municipio de Autlán y luego la de Cuautitlán, que se constituyó como municipio en 1946.

La recomendación de la Comisión Nacional Campesina (CNC, rama rural del PRI) al Comité Provisional de Bienes fue apelar por un ejido, ya que la lucha por la comunidad estaba perdida. De esa forma se librarían de la discriminación al convertirse en ejidatarios, y ganarían la «protección» del PRI, deber que ya está por demás mencionar.

A pesar de que el Consejo de Mayores puso objeción, se obtuvo la mayoría de votos a favor en la asamblea comunal.

El ejido parceló una porción de las tierras mediante el común acuerdo de las familias. El Consejo de Mayores, fue el encargado del reparto, pero los nuevos arreglos agrarios y presiones políticas exigían que desaparecieran las autoridades tradicionales. En respuesta, durante 1980 se reforzó la capacidad de acción de la autoridad tradicional, con el apoyo de nuevos actores, como sacerdotes y maestros rurales vinculados con la Alianza Revolucionaria Campesina de Izquierda.

Para legitimarse, el Comisario Ejidal comenzó juicios en contra de la empresa minera, invasores y autoridades federales y estatales, y de esta manera recuperar su territorio. Años después, obtuvieron, con ayuda de la CNC, una ampliación de 10,000 hectáreas adicionales a las ya otorgadas anteriormente.

Desde entonces, la invasión minera no cesó ni tampoco la devastación forestal, hasta que un decreto presidencial en 1987 creó la Reserva de la Biosfera sierra de Manantlán, la cual comprende 139 mil 577 hectáreas (incluidas casi todas las de Ayotitlán).

En la zona central de la Biosfera quedó prohibida toda actividad que pudiera afectar a la flora y fauna, modificar el uso de suelo, quedando suspendida la tala de árboles por 50 años.

Otras iniciativas, para promover su protección y desarrollo sustentable, fueron revitalizar las costumbres y saberes ancestrales de la cultura de los habitantes. En julio de 1993 se creó la Unión de Pueblos Indígenas de Manantlán (UPIM), una asociación civil que dota a la región de recursos, conformada por instituciones públicas, universitarias y privadas, quienes  promueven los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental.

Con todo y todo, no se ha resuelto el problema de la invasión de las minas, justificada en la actual disputa limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima, pues tan sólo en el período comprendido de noviembre de 2010 a diciembre de 2017, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán se otorgaron 13 nuevas concesiones mineras con vigencia hasta 2067.

LOS NAHUAS DE AYOTITLÁN: UNA HISTORIA DE VIOLENCIA Y LUCHA POR SU TERRITORIO

Desde 1975 llegó el consorcio minero indo-italo-argentino Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV a instalarse al sureste del territorio Nahua para comenzar con la explotación química de ricos yacimientos de cobre y hierro.

En 1992, con la privatización de la mina y sus intenciones de ampliarse para buscar yacimientos dentro de las tierras indígenas sin ningún tipo de permiso local, estatal o federal, el panorama de tensión incrementó hasta hacerse evidente.

Para los nahuas el conflicto con Peña Colorada es claro, la empresa mantiene desde hace décadas las misma maniobras: sobornos a ejidatarios para evitar procesos legales en su contra, apoyó con recursos a quienes están a favor de la mina, omisión de los pagos a las comunidades por la extracción del hierro e interviniendo con recursos a favor de candidatos en las elecciones ejidales y municipales.

A más de 40 años de su llegada, la empresa mantiene su producción prácticamente de manera ininterrumpida, amparada en su estatus de paraestatal y el apoyo de diversos grupos de poder por ser una de las más importantes minas de hierro de América Latina. A pesar de que el expediente contra la minera Peña Colorada sigue acumulando delitos ambientales: destrucción de cerros y contaminación de miles de metros cúbicos de agua; e irregularidades legales, tales como actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. 

Después en 2008, cuando el precio del hierro se disparó, llegaron las mineras ilegales a instalarse por la fuerza, con grupos armados, en los predios de los ejidatarios indígenas para extraer el hierro (con el apoyo de autoridades corruptas) y vender el mineral en el mercado negro. Actualmente existen en esta situación alrededor de siete predios, o más, entre los que se destacan los de Cañada Verde y Piedra Imán.

En un principio los indígenas se movilizaron para confrontar a los invasores extractivistas, deteniendo la instalación de las maquinarias y suspendiendo el traslado del material. Sin embargo, ello llevó a los grupos mineros a incrementar la violencia en contra de sus opositores, lo que incluye la desaparición, el 23 de octubre de 2012, de Celedonio Monroy Prudencio, y las amenazas de muerte y agresiones contra Gaudencio Mancilla Roblada, por mencionar los casos más notables.

 LOS ROSTROS Y VIDA DE LA DEFENSA COMUNITARIA

Celedonio Monroy Prudencio,nacido en 1975, es un luchador social nahua y defensor de los de los derechos de los pueblos indígenas del ejido Ayotitlán. En 2006, después de graduarse de la Universidad de Colima, ingresó como activista a el Frente Regional pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC (Fremar). En 2009, Celedonio se convirtió en asesor del Consejo de Mayores, director de Asuntos Indígenas del municipio de Cuautitlán y participó activamente en el Congreso Nacional Indígena de la región Occidente.

Celedonio, luchaba contra el saqueo de los recursos naturales de la Sierra de Manantlán (reserva de la biosfera desde 1987) en la Costa Sur de Jalisco. Denunciaba el hostigamiento de las compañías mineras principalmente el Consorcio Benito Juárez Peña Colorada S.A, que se ubica dentro de la zona de indefinición de límites territoriales entre Colima y Jalisco; la explotación ilegal de maderas preciosas que exportan los Talamontes a China y el abandono del gobierno del Estado de Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos hacia la comunidad, así como el entorpecimiento de cualquier obra de beneficio social por parte de la policía Estatal de Colima.

La desaparición del defensor ambiental Celedonio ocurrió el 23 de Octubre de 2012 y está relacionada con su defensa ecológica de la sierra de Manantlán.

A finales de octubre de 2012 corrió el rumor de que un grupo de talamontes andaba sacando cedro blanco, rojo, primavera, tampiciran (conocido en esta región como granadillo) y rosa-morada. Entonces, un grupo de indígenas de la comunidad, entre ellos Celedonio Monroy Prudencio, se dirigió a los predios de Llano Grande y las Crucecitas. Cuando la brigada localizó a los talamontes y les pidieron sus permisos, éstos sacaron sus armas y los amenazaron.

Días después, los pistoleros fueron a la casa de los indígenas y les dijeron que anduvieran con cuidado y no se metieran con ellos. El día 23 de octubre de 2012 a las 23:20 horas llegaron a la casa de Celedonio en una camioneta Lobo blanca y otra tipo Suburban de las que bajaron ocho encapuchados armados y vestidos de militares.

Yo escuché gente y pensé que venían a pedirle consejo, como él estudió ciencias políticas. Al día siguiente tenía pensado a ir a Manzanillo, a trabajar. Me dijo: «voy con mi tía a pedirle su teléfono porque lo acaban de instalar y te marco a ese número». En eso estábamos, anotando el número, cuando llegan dos encapuchados. Uno daba las órdenes, el otro llegó preguntando por Celedonio y comenzó a buscar armas, incluso me encañonaron. Después de sacarlo, uno me dijo: «Si tu esposo no tuvo nada qué ver en las armas que buscamos, yo mismo te lo traigo». Hasta ahorita no sé nada de él (Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Diciembre 2012).

Ya han pasado 7 años desde su desaparición y es fecha que sus familiares y amigos no saben nada de él.

El equipo realizó diversas solicitudes de información (Folio: 07233619) a la Fiscalía del Estado de Jalisco para conocer cuál es el estado procesal de la investigación del caso de Celedonio Monroy Prudencio.

La respuesta de los sujetos obligados fue que en la Fiscalía Regional Costa Sur fue que no se encontró registro de la información solicitada. Así mismo, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas informó que sí existe una carpeta de investigación activa a nombre del defensor; sin embargo, aún no sabe del paradero de la víctima y sí ésta se encuentra viva o muerta.

Gaudencio Mancilla Roblada,de 72 años, es el más joven de los integrantes del Consejo de Mayores (Autoridades Tradicionales Indígenas de la comunidad de Ayotitlán), líder nahua y defensor de la tierra de Manantlán. En 2008, fue galardonado con el premio Francisco Tenamaxtle de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Gaudencio ha denunciado constantemente el problema con el reparto agrario, la explotación ilegal y el impacto ambiental que generan las diversas empresas mineras; la tala clandestina de las madereras en la Sierra de Manantlán; y las violaciones, amenazas y hostigamiento de las que son víctimas. Pide a las autoridades justicia para la resolución de los delitos que se han cometido en contra de sus compañeros defensores del territorio, el apoyo para crear su propia policía comunitaria que haga frente a la inseguridad, así como la presencia de militares que resguarden a la población.

El 17 de junio de 2013, un grupo de hombres, que se identificaron como el cuerpo de seguridad de la cooperativa Mineros Piedra Azteca, se presentaron armados en el domicilio de Gaudencio para dejarle una «recado»: «Si vuelven a interceptar camiones o vuelven a frenar maquinaria que esté extrayendo material. Si un solo incidente se vuelve a dar habrá consecuencias terribles».

Lo anterior lo confirmó en una entrevista, que tuvo lugar cinco días después del incidente, en el programa de radio Territorios de la Universidad de Guadalajara. Donde además aprovechó para pedir apoyo a las autoridades para la formación de cuerpos de seguridad autónomos en su comunidad.

No obstante, y a pesar de sus denuncias, un año después, el 14 de agosto de 2014, Mancilla Roblada fue detenido por policías municipales y estatales. El líder nahua cuenta que desde el primer momento del arresto fue violentado física y verbalmente con el fin de que declara su participación en la policía de los nahuas, la compra de armamento para esta organización y aceptara que, en colaboración con el representante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, miembros de la Universidad de Guadalajara y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estarían creando una fuerza policiaca comunitaria en Ayotitlán.

Al no encontrar elementos para culparlo, Gaudencio fue arrestado por porte ilegal de arma de fuego y trasladado primero a las oficinas de la policía investigadora de Cuautitlán para después ser llevado a la ciudad de Guadalajara, donde se le dio una sentencia de 1 año y tres meses de prisión. Sin pruebas para demostrar la culpabilidad de Gaudencio de las acusaciones y frente a la rapidita circulación de información en medios independientes de la desaparición y detención ilegal del representante nahua, Gaudencio fue liberado con el pago de una fianza menor.

El representante legal del Consejo de Mayores salió de la cárcel para regresar a su comunidad, dando antes una rueda de prensa en la que describió los hechos, exigió a las autoridades el “trato como personas” de los indígenas, declaró tratarse la acción contra su persona de un acto de intimidación por “un asunto de minas” y afirmó que lo más importante en el momento era regresar a las comunidades para saber si otros habían sido intimidados y mostrar que continuaba vivo para seguir enfrentado a autoridades, políticos e intereses económicos que buscan aprovecharse ilegal e ilegítimamente los recursos naturales del territorio indígena.

El líder nahua ha recibido amenazas de muerte desde 2008 por oponerse a la explotación de la zona. A pesar de los ataques y amenazas, Mancilla Roblada, sigue reiterando que está dispuesto a afrontar las consecuencias derivadas de su defensa de la tierra.

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EL CERRO DE SAN PEDRO EN SAN LUIS POTOSÍ: EL ORIGEN DE LA LUCHA WIXÁRICA CONTRA LAS MINAS EN SUS TERRITORIOS SAGRADOS

El escudo de armas de San Luis Potosí nos muestra un cerro, el cerro de San Pedro, el cual en la actualidad ya no existe. La minera de New Gold extrajo de éste todo los minerales, aún con los amparos que interpuso la comunidad guachichil para prohibir la extracción de los minerales y para trabajar en su territorio. Toda la comunidad defendió hasta el final la protección del cerro de San Pedro, mas vivieron distintas etapas que hizo esta lucha imposible.

Cuando llegó la minera NewGold se dio una reacción fuerte y negativa sobre la presencia de esta empresa, sobre todo por parte de la presidenta municipal, María Rosaura Loredo Loredo, quien demandó que no se les otorgaran los permisos para el cambio del uso del suelo, requisito fundamental para la minería. La comunidad ganó los juicios siguientes, y la empresa se retiró por un tiempo.

Después de 10 años, y aún con el permiso vigente, volvieron a San Luis Potosí, pero ya no había quien defendiera las tierras o pudiera pararlos, extinguiendo el cerro.

Actualmente, se le conoce como un pueblo fantasma: todas las casas se encuentran cuarteadas por todas las explosiones, aún siendo patrimonios culturales e históricos por la antigüedad de sus iglesias y las grandes construcciones, donde todo terminó derrumbado. Después de todo esto se sigue viendo la explotación de esa tierra por parte de la empresa minera, extrayendo debajo del pueblo las enormes cantidades de oro que aún quedan.

LA COMUNIDAD WIXÁRIKA EN EL NORTE DE JALISCO

Al inicio del siglo XXI, la comunidad oscilaba entre los 20,000 miembros, en un territorio que abarcaba, en aquel entonces, 50 mil kilómetros de Este a Oeste, y 75 mil de Norte a Sur. Este se ubica en dos municipios jaliscienses: Mezquitic y San Martín de Bolaños.

El presidente de la AJAGI, Carlos Chávez Reyes, relata que en el lugar donde residen los indígenas wixárikas hay un peñasco enorme y su labor es cuidarlo, ya que es un lugar sagrado para su cosmología. No se trata solo de las tierras, sino de todo un territorio en el que ejercen su cultura, su forma de ser, vivir y sentir. Ellos tienen otra forma de conectar con la naturaleza, considerándola parte de la esencia humana.

Ellas y ellos conciben al mundo desde cuatro puntos cardinales: al Norte, Wirikuta, definido como el primer camino al mundo y ubicado en Real de Catorce, San Luis Potosí; en el punto Sur mencionan a Nuestra Madre la Lluvia, la cual se encuentra en la isla Alacranes, Jalisco; al Oriente, está Hauxa Manaka, «el tronco petrificado» que habita en la cima del Cerro Gordo, en Durango; al punto Occidente corresponde Tatei Haramara, Nuestra Madre el Agua de Mar, al lado del puerto de San Blas.

La comunidad Wixárika concluyen que sus antepasados les han heredado esas fértiles y abundantes tierras no únicamente para proporcionarles el sustento, sino como un lugar de adoración, como «una gran catedral» ( De la Peña, 2006).

Desde que son pequeñas y pequeños, se les enseña a sentir la energía del mundo, a percibirlo como un recuerdo, el lugar en el que la historia humana está en curso. Además, aprenden las canciones sagradas que les une con el universo.

UN RINCÓN «FUERA» DE LA JUSTICIA: EL CASO DE LAS Y LOS INDÍGENAS WIXÁRIKAS 

Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Comunidades Indígenas (AJAGI), relata que él junto con un alópata y un curandero huichol recorrieron la sierra en busca de las enfermedades más comunes, dándose cuenta de la enorme tristeza de las personas. Además de que su dieta está conformada por únicamente frijol, huevo y tortillas, el acceso al agua es muy limitado y, ya que no hay caminos que conduzcan a ellos, el derecho a la salud es prácticamente inexistente.

Como si fuera poco, se encontraron con que había granaderos que arrojaban a las vacas a los cultivos de maíz de los huicholes con el propósito de hacer que abandonaran las tierras. Pero la comunidad indígena nunca lo hizo.

Ante la situación, contactaron a políticos, quienes dijeron «sí, lo vamos a ver», pero «solo se tomaron fotos con algunos miembros de la comunidad», detalló Chávez. Hecho completamente opuesto a lo que establece el artículo 10 del convenio 169 vinculante (una ley de este tipo hace obligatorio su cumplimiento) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el que establece que los gobiernos deben proporcionar a los pueblos protección contra la violación de sus derecho y bienestar.

Cuando Carlos y el resto del grupo de apoyo llegaron a la comunidad hicieron el compromiso de curar a la gente, pero se encontraron con casos de agresión por parte de los caciques, quienes decían castigar a los miembros de la comunidad. Eso los hizo entrar en ámbitos más amplios como, por ejemplo, el despojo de sus territorios.

Entrando en el tema de las minas y las concesiones de 50 o 60 años, Carlos menciona que son nada comparadas con los títulos virreinales que se remontan a 1725, y, cuando los conquistadores llegaron, los indígenas wixárikas ya ocupaban esas tierras, pero hacer valer sus derechos como dueños ancestrales de esas tierras es una realidad completamente opuesta: el artículo 14, del convenio 169, párrafo segundo, establece que los gobiernos deben definir las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente, para garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

A pesar de las denuncias por la sobreexplotación de recursos en el territorio del pueblo Wixárika, no basta con llegar hasta el juicio:

«la ley es elitista, gana quien tenga para pagar un abogado, pero un campesino que no tiene la suficiente solvencia económica para pagar el pasaje y ver si se ha avanzado en el caso es casi imposible. Además, si no te presentas en la fecha del citatorio, entonces, pierdes puntos procesales. Y, finalmente, te van a ganar», cometa el presidente de la AJAGI.

 

División en las comunidades

En la misma charla con Chávez Reyes, relató que la forma en cómo se aseguran los accionistas de las concesiones mineras de no perder su inversión –por motivos de la resistencia e inconformidad del pueblo Wixárika–. Estas personas se valen de «manuales hechos por cámaras de la industria minera, que son internacionales, donde les dan el camino a las minas sobre cómo vencer las resistencias populares». Los inversionistas, observan los conflictos internos en las comunidades, para causar división:

«No les interesa como aliados. Les importa que se debilite la sociedad, hasta la desaparición, hasta el asesinato de algún miembro».

Mientras los inversionistas compiten en la bolsa de valores desde otra parte del mundo, en las comunidades del norte de Jalisco los gobiernos olvidan lo establecido en el artículo 20 de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Jalisco: si una persona ajena a la comunidad o pueblo comete hechos presuntamente delictivos, el Ministerio Público deberá hacer las averiguaciones correspondientes.

¿Por qué las minas se instalan en territorio indígena?

Chávez expresa que el 80% de los ambientalistas asesinados eran indígenas, lo cual nos permite notar que aproximadamente el 80% de los recursos naturales puros del planeta están en zonas indígenas.

Las y los indígenas habitan en zonas serranas, donde están los yacimientos minerales.

«Si hay pueblos indígenas se convierte en un problema para las empresas, no por su riqueza sino por su comunalidad».

Las asambleas comunales son un gran problema para que el capital avance, ya que las y los indígenas no buscan la riqueza económica;

«tenemos fotos impresionantes donde se ve la línea divisoria entre un pastizal erosionado con ganado que antes era bosque y un pastizal sembrado para la comunidad», relata Carlos.

Cuando una comunidad conserva tradicionalmente su organización y conservan su cultura son muy fuertes, pero cuando entran en sus tierras internamente se quebrantan, o se ven obligadas y obligados a migrar del campo a la ciudad, lo que provoca que disminuya su comunalidad.

Miguel y Agustín Vázquez Torres eran líderes de la comunidad Wixárika. Ambos fueron asesinados el sábado 20 de mayo de 2017 en Tuxpan de San Martín de Bolaños, en la sierra norte de Jalisco.

Miguel, de 40 años, pertenecía al Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta (sitio sagrado wixárika en San Luis Potosí), era uno de los principales líderes indígenas que encabezó el movimiento de restitución de su territorio y el 22 de septiembre de 2016 logró la devolución de 184 mil hectáreas.

Entre varias cosas, impulsó la creación de la preparatoria Bicultural de la Universidad de Guadalajara. Además, impulsó la creación de una policía comunitaria wixárika para defender a la población.

Agustín, de 30 años, se había graduado recientemente de la escuela de derecho, con especialidad en derecho a humanos.

Las principales investigaciones señalaron que los hermanos fueron agredidos con armas de fuego. Herido, Agustín fue trasladado al centro de salud local donde, más tarde, falleció. Al salir de ese lugar, Miguel fue asesinado del mismo modo, señaló la Fiscalía de Estado de Jalisco.

La comunidad Wixárika de Tuxpan de Bolaños y San Sebastián exigen la restitución de más de 10 hectáreas de la localidad Huajimic, en Nayarit.

Diversos medios señalan que el responsable del doble asesinato es el Cártel Jalisco Nueva Generación. La comunidad a la que pertenecían los hermanos, meses antes de ser asesinados, había registrado agresiones por parte de los granaderos de Huajimic. El ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia hizo acusaciones falsas contra los wixáricas por robo de ganado y siembra de amapola.

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a las solicitudes de transparencia (Folios: 07233519 y 07233419), sobre el estado procesal de las investigaciones por el homicidio doloso de Miguel y Agustín, informó que por ahora no puede dar detalles públicos, ya que la carpeta de investigación sigue en trámite.

LA SITUACIÓN DE MARGINACIÓN EN LA QUE VIVE EL EJIDO DE AYOTITLÁN AL SUR DE JALISCO

Y así como en el norte de Jalisco quebrantan las leyes y se violentan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en el sur del estado no es muy distinta la situación .

«La parte que están explotando lo hacen de forma ilegal, en un predio que, si bien fue desincorporado de la propiedad pública, no hubo un acuerdo por parte de la comunidad para que el predio fuera explotado», menciona Juan Manuel César Díaz Galván de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

Volvemos a un punto primordial: el verdadero ser de la ley en México.

En el convenio 169, artículo 6, párrafo 1°, inciso A, establece que los pueblos deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, las cuales atentan contra su bienestar. Un ejemplo de que esto no se cumple es la venta de la paraestatal Altos Hornos de México a empresarios extranjeros. Esta decisión del gobierno debió ser notificada a los terceros afectados, ósea, los habitantes del ejido, lo cual nunca sucedió y el negocio quedó entre el gobierno mexicano y los dueños de las empresas transnacionales.

El ejido resultó perjudicado con una extensión de 192 hectáreas donde se encuentra la veta principal de hierro. La denuncia del ejido continúa en un juicio:

«Tiene que ver con el conflicto interestatal entre Jalisco y Colima. Esta indefinición en los límites estatales permite que la empresa se aproveche y siga explotando los yacimientos de forma ilegal», explica César Díaz.

La demanda que nunca procedió (y tal vez nunca lo haga).

En 1997 se llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la  Nación, el conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco. La Primer Sala de la SCJN admitió la demanda del gobierno de Jalisco contra el gobierno de Colima e hizo llegar los intereses de ambas partes hasta el desahogo de pruebas.

Cuando los colimenses se enteraron que el gobierno de Jalisco tenía un 80% de posibilidades de ganar decidieron pasar el asunto al Senado colimense en su parte priísta.

Ante el cinismo de pasar el asunto de un lado al otro, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán introdujeron un amparo ante el juzgado de distrito en materia administrativa de Jalisco, ya que el amparo nunca procedió en el Poder Judicial de la Federación, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lleva 10 años en estudio.

En octubre de 2012, la Corte abordó de nuevo el caso; sin embargo, los expedientes se quedaron en un archivo del Senado de la República, donde no han proseguido, pero hay otros interés que no son de las empresas ni del poder político.  Díaz Galván dijo que:

 «los grupos del crimen organizado también han explotado esa parte de la mina, en un predio llamado Cañada Verde, punto que está contiguo a la empresa Peña Colorada».

El amparo de 1968

En 1921, la comunidad Nahua de Ayotitlán hizo un reclamo para que por la vía legal les restituyeran el título virreinal de sus bienes comunales, el que reconoce que son poseedores de 440 mil hectáreas. No fue hasta 1963 que les concedieron una resolución presidencial, en la que se les adjudicó únicamente 50 mil hectáreas, es decir, sólo el 12% de su territorio total que por derecho les corresponde. Pero, aún con el 88% de su territorio en manos de particulares, dicha resolución sólo le entregó materialmente 34 mil hectáreas.

El juicio de amparo de 1968 se dio por el reclamo de esa devolución complementaria de su territorio. Sin embargo, a pesar que ganaron el juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca se ejecutó la entrega complementaria, adeudando al ejido 16 mil hectáreas.

¿Por qué la reposición de sus tierras comenzó en 1921 y se resolvió hasta 1963?

En este periodo fue cuando el general Marcelino García Barragán realizó contratos con empresas madereras para explotar la reserva: «Por eso Ayotitlán es dotado como ejido y no restituido como comunidad, como debió de haber sido».

La Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco es por completo ignorada y pasada por alto. La razón: el conflicto limítrofe que actualmente se gesta entre Jalisco y Colima; el gobierno jalisciense argumenta que la problemática está fuera de su jurisdicción, al estar fuera de su territorio.

Una segunda razón es que esta ley es para preservar y defender los derechos de pueblos y comunidades indígenas originarias de Jalisco. No obstante, sólo se especifica lo que se entiende por pueblo y comunidad indígena, en ningún momento se mencionan los derechos de los miembros de un ejido, tal y como se le dotó a Ayotitlán.

El investigador de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), Alejandro Carrillo Ceballos, mencionó que una comunidad indígena tiene más peso para echar a andar los órganos jurisdiccionales que un ejido, tal y como se le reconoció a Ayotitlán, aunque en los hechos es una comunidad indígena por su organización social, motivo por el que entran en esta lógica de organización que violenta sus derechos, a pesar de tener a sus autoridades tradicionales. En el artículo 7, fracción III de la Ley de Derechos y Desarrollo Indígena, se específica qué es una comunidad indígena, características con las que claramente cuenta Ayotitlán.

En 2007, una resolución indica que hay imposibilidad material para completar el territorio que, por derecho, les corresponde a los miembros del ejido, es decir, ya no hay tierras y lo que queda ya tiene dueño. Entonces, lo que continúa buscando Ayotitlán, a más de 50 años de haber ganado el juicio de devolución complementaria, es una indemnización, esto es que el gobierno pague al ejido lo que valen las hectáreas que les deben. El juicio sigue en proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como ya se mencionó, el convenio 169 es vinculante, por lo que es obligatorio su cumplimiento. México forma parte de él desde 1989 y en 1990 fue ratificado por el congreso, lo que lo volvió de rango constitucional. César Díaz puntualizó que, a pesar de ser vinculante, «sigue siendo letra muerta», ya que poco a servido para defender las tierras de los indígenas.

Tal es el caso del artículo 18, el que manifiesta el derecho que tienen los pueblos a preservar los recursos naturales que se encuentran en sus tierras. Pero en la realidad sucede que se explotan los cerros con un modelo extractivo que contamina la tierra y la deja estéril. O el artículo 7, párrafo 4°, sobre las medidas que debe tomar el gobierno en cooperación con los pueblos para proteger el medio ambiente.

En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se gesta en la actualidad un debate sobre la consulta a los pueblos indígenas para llevar a cabo megaproyectos de «desarrollo» en sus terrenos, ya que si  los proyectos buscan «elevar el nivel de vida de la población», y un pueblo indígena se opone, la consulta no debe ser obligatoria. Situación contradictoria, ya que el artículo 7 del convenio 169 plantea que los pueblos tienen el derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

Además, el mismo artículo menciona que los gobiernos están en la obligación de cooperar con los pueblos para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Curiosos adjetivos: proteger y preservar. Sin embargo, lo que se discute en la actualidad es que:

«cuando el daño sea irreversible y afecte profundamente las condiciones de vida de las personas, entonces, sólo entonces, la consulta debe ser obligatoria», comenta Carlos Chávez.

LA LEY MINERA EN MÉXICO

El primer artículo de la Ley Minera, que resalta para entender este tema de la «letra muerta», es el número 10, párrafo 1°, este aclara quiénes tienen el derecho de explotar los minerales: personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, que ha destruido la Sierra de Manantlán (Sur de Jalisco), pertenece a dos empresas: Arcelor Mittal, del hindú Laskshmi Mittal y la empresa italo–argentina, Ternium.

Pero, Peña Colorada no es la única en esta zona. La empresa china GanBo, tiene como principal accionista a uno de los hombres más ricos del mundo, el hindú Likshmi Mittal. Ésta ha estado involucrada en conflictos por las tierras el ejido de Tequequitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, el tercero más pobre de Jalisco.

La Terronera, de capital canadiense, ubicada cerca de al municipio de San Sebastián del Oeste, también cuenta con un permiso vigente. Tres concesiones de capital extranjero arrasando con los recursos de México y con la vida de las comunidades indígenas que ahí residen.

El artículo 43, fracción III, aborda uno de los motivos de suspensión de una concesión: si se corre el riesgo de provocar daños a propiedad privada.

Un ejemplo notorio de la violación de estos artículos es lo que vivió Félix Monroy Rutilo, tío de Celedonio Monroy Prudencio. En la madrugada del 5 de enero de 2016 fue introducida maquinaria pesada, perteneciente a el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, a el predio de Los Potros, propiedad de la familia del campesino y habitante del ejido. Buscaban destruir los cultivos de maíz y jamaica,  árboles y cercos colocados por Félix hace más de 40 años. Y, como si fuera poco, Peña Colorada ha cercado ilegalmente el terreno de cultivo de Félix.

Los recursos más abundantes se  encuentran en zonas indígenas y el artículo 13, en su tercer párrafo, esclarece que si el pueblo o comunidad solicita el terreno que habita a la par de otra persona,  se le dará preferencia a la solicitud del pueblo y/o comunidad. Es más que obvio que  este artículo no se cumple.

El ejido de Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán y el pueblo Wixárika en los municipios de Mezquitic y San Martín de Bolaños, han luchado por años para la restauración de sus tierras, entregadas a empresas mineras  transnacionales (lo cual ya está violando el artículo 10 de la Ley Minera), que con el proceso de extracción a cielo abierto están causando un impacto ambiental y social irreparable.

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EL CASO DE DOÑA MARÍA

Doña María es habitante de una de las comunidades poseedoras de uno de los yacimientos más abundantes de hierro ubicada en el ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. En 2009, debido a una detonación ilegal a cielo abierto de la mina El Pesar, Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, no pudo refugiarse y fue así que cayó en su cabeza un trozo de hierro, el cual la dejó ciega permanentemente y le propició intensas migrañas.

La empresa responsable de la extracción a cielo abierto, El Pesar, nunca la indemnizó por el gran daño que le causó.

La Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas en El Estado de Jalisco, bajo el Artículo 35, establece que los habitantes de las comunidades indígenas tienen el derecho a recibir los beneficios de las actividades extractivas que se lleven a cabo en sus tierras, o en caso de sufrir algún daño recibir una indemnización equivalente a éste. Las autoridades responsables deberán asegurarse que dicha indemnización se acredite y cuantifique. Y aún así, a sus 87 años, doña María recuerda cuando llegaron las minas con la promesa de hacer prosperar al municipio de Cuautitlán de García Barragán, el tercer municipio más pobre de Jalisco.

El Pesar y Peña Colorada no dejan beneficios económicos para los habitantes de la región, quienes desde hace cuatro décadas esperan el progreso que se les prometió, argumento que no dejan de utilizar y mantener  las mineras en sus discurso de desarrollo.

LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS MINEROS Y EL ESTADO MEXICANO

Las concesiones y permisos mineros son otorgados por el Gobierno Federal, quienes justifican el daño ecológico y social con la entrada económica que dejan las inversiones extranjeras.

En junio pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Lakshmi N. Mittal dueño de Arcelor Mittal, la mayor siderúrgica en el mundo. Además, Arcelor Mittal es una de las dos empresas que conforman el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con quien acordó

«una inversión en proceso de mil millones de dólares […] ya se ha establecido parte de la  inversión… 600 millones de dólares», expresó el presidente.

En la reunión, Mittal afirmó que están:

«comprometidos a invertir en México. Tenemos un plan de negocios que integra todos los procesos desde la minería a la producción de acero». Es curioso cómo es que Mittal dice que busca «mejorar la calidad de vida de los mexicanos»

Pero los vínculos no acaban ahí, el presidente designó a Francisco Quiroga Fernández como Subsecretario de Minería por ser ex-empleado de importantes empresas trasnacionales mineras, y a Laura Cristina Díaz Nieves como Directora General de Minas por tener una larga carrera en empresas trasnacionales; funcionarios que tienen un evidente  «conflictos de interés».

Quiroga Fernández laboró en el Grupo Villacero como director de planificación internacional durante el periodo de 2004 a 2007. En abril de 2006 Arcelor Mittal compró Sicartsa a Grupo Villacero, que la convirtió en la siderúrgica más grande de México. El actual subsecretario de Minería ayudó a Arcelor Mittal a consolidarse en México, ya que trabajó para la compañía de 2007 a 2009, periodo en el que crecieron los números de ésta empresa, al grado de que actualmente tiene una participación estimada de 22% a 25% en el mercado nacional. De 2009 a 2012, Quiroga Fernández volvió a Villacero para hacerse cargo de la recién adquirida Coutinho & Ferrostaal.

Díaz Nieves tiene más de 22 años como asesora legal para múltiples empresas públicas de exploración y explotación en México con un historial exitoso en transacciones de recursos naturales. Fue abogada corporativa para empresas mineras canadienses que operan en México, y hasta mayo 2012 se desempeñó como directora de la compañía canadiense Marlin Gold Mining Ltd, que opera en el país a través de su filial Oro Gold de México.

En la Dirección General de Minas, Díaz Nieves tiene, entre otras atribuciones, expedir títulos de concesión, así como resolver la corrección administrativa, sustitución, prórroga, desistimiento, cancelación o nulidad de los permisos, conforme al marco normativo vigente según el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2016.

Muchas comunidades indígenas y defensores de derechos humanos, que se oponen a megaproyectos energéticos, expresaron preocupación por el nombramiento de Katya Puga Cornejo como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Muñoz Vázquez.

Puga Cornejo, después de trabajar en los sexenios de Fox y Calderón en 2013, se incorporó a la Secretaría de Energía (Sener) como directora de Vinculación Social en la Subsecretaría de Electricidad y, posteriormente,  se unió a la Subsecretaría de Hidrocarburos. Ahora, como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, se encarga de las políticas ambientales de los megaproyectos en toda la república mexicana.

Conforme a la Secretaría de Economía, México se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre; además es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015, pero lo que más destaca es que es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, los cuales son relevantes porque contribuyen con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Por ello, quizá, no importan las consecuencias y daños colaterales de la instalación de las mineras.

Para 2030, el porcentaje estimado del territorio que se encontrará concesionado para la explotación minera en Jalisco será del 30%, aumentando las posibilidades de un deterioro ambiental y, seguramente, afectando a las comunidades indígenas más vulnerables, ya que es ahí donde se instalarán los megraproyectos extractivistas, y todo esto sucederá mientras se recrudece la impunidad y la injusticia en los casos de Celedonio Monroy Prudencio, Gaudencio Mancilla Roblada, Félix Monroy Rutilo, Miguel y Agustín Vázquez Torres, quienes eran y son imparables en la defensa de su territorio.

Investigación realizada por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara en el marco de la asignatura de Investigación Periodística.

Fuente:http://www.remamx.org/2020/01/mineria-en-jalisco-historia-de-sangre-despojo-e-impunidad/

Activistas alertaron a pobladores sobre riesgos del proyecto

▲ Pobladores de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en conferencia de prensa en julio pasado, cuando manifestaron su inconformidad por el proyecto minero en el Cerro del Gallo de la empresa canadiense Argonaut Gold, por los daños que podría causar al entorno y la economía de la región. Ayer, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó a la compañía la autorización de impacto ambiental.Foto Carlos García Carlos García Corresponsal Periódico La Jornada
Martes 14 de enero de 2020, p. 22

Dolores Hidalgo, Gto., La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a San Antón de las Minas SA de CV, de la empresa canadiense Argonaut Gold, las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales para explotar una mina a cielo abierto en el Cerro del Gallo, en el municipio de Dolores Hidalgo.

La dependencia encabezada por Víctor Manuel Toledo menciona en el oficio SDPA/DGIRA/DG/09968 –dirigido a la representante legal de San Antón de las Minas, Celia Rosario Badillo Botello– que el expediente técnico del proyecto fue archivado como asunto totalmente concluido, aunque la empresa puede someter nuevamente su proyecto a evaluación.

El documento, firmado por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Juan Manuel Torres Burgos, detalla que la empresa presentó 62 copias certificadas de escrituras, cesión de derechos y contratos de compraventa de terrenos adquiridos en diferentes comunidades de Dolores Hidalgo para la explotación del yacimiento.

La empresa solicitó permisos para la preparación del sitio, la construcción, operación y mantenimiento de una unidad minera para la explotación y el beneficio de oro, plata y cobre en el depósito Cerro del Gallo.

Los trabajos se realizarían en 370.32 hectáreas, pero sólo en 142.69 (39.87 de ellas con vegetación arbustiva de bosque de encino y 102.82 con vegetación arbustiva de pastizal natural) se solicitó cambio de uso de suelo forestal, precisa el oficio.

Menciona que el Consejo Forestal Estatal emitió una opinión desfavorable para el proyecto porque no se sustentan de manera adecuada las medidas de remediación de las áreas a impactar.

Por su parte, el ayuntamiento de Dolores Hidalgo, presidido por el alcalde priísta Miguel Ángel Rayas, emitió una opinión técnica en la que rechazó este proyecto debido a aspectos que generan molestia y preocupación entre los habitantes de las comunidades.

Los pobladores se oponen a la eliminación de flora y fauna por el uso de explosivos para fragmentar rocas y por la utilización de cianuro en el proceso de lixiviación de los minerales, lo que pondría en riesgo la calidad del agua superficial y subterránea, y por la desaparición de la agricultura y la ganadería, agregó el gobierno municipal.

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (Smaot) dio a conocer una opinión técnica en la que puntualiza que el proyecto no es congruente con las políticas de protección ni de restauración de la localidad.

Gustavo Lozano, integrante de la asociación Acción Colectiva Socioambiental, comentó que la resolución de la Semarnat es un logro de las comunidades que habrían sido afectadas por la mina a cielo abierto y que tuvieron el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y Acción Colectiva Socioambiental, entre otras organizaciones.

Estas organizaciones ofrecieron a los pobladores pláticas informativas sobre daños a la salud y al medio ambiente causados por las mineras, recordó Lozano.

Aseveró que las minas a cielo abierto son los proyectos que generan más devastación en el mundo. En las reuniones informativas se advirtió que el yacimiento contaminaría el acuífero de la cuenca Independencia, que abastece a siete municipios, y causaría entre los habitantes enfermedades en la piel, en los ojos, abortos, deformaciones congénitas y problemas renales.

Fuente:http://www.remamx.org/2020/01/niega-la-semarnat-permisos-a-una-minera-canadiense-en-guanajuato/