Miguel Ángel Hernández Calvillo

Un proyecto de nueva ley minera se discute en el Congreso Federal. Se trata de un esfuerzo institucional que ha concitado la participación de organizaciones sociales y comunitarias afectadas por un tipo de actividad en esa industria que se ha manifestado como altamente depredadora de la naturaleza y de las relaciones sociales, al punto en que se puede plantear, sin mayores sobresaltos, de afectaciones socio-ambientales cuando se trata de inversiones que no toman en cuenta la opinión, costumbres y necesidades materiales de subsistencia de las poblaciones que habitan los lugares en donde se asientan este tipo de empresas. Particularmente nociva ha resultado la denominada “minería de tajo a cielo abierto”, por los impactos negativos que para la salud pública y la preservación de especies únicas de flora y fauna tiene esa modalidad de explotación minera.

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El plan orientado a establecer impuestos adicionales al sector minero de México tendrá un impacto significativo en la industria y perjudicará las inversiones, dijo a BNamericas Héctor García, socio de PwC.

El proyecto de reforma tributaria, presentado por el gobierno, propone un impuesto adicional de 7,5% sobre las ventas a partir de actividades mineras, menos ciertos descuentos permitidos en el marco de la normativa del impuesto a la renta, y un gravamen de 0,5% sobre los ingresos brutos de la producción de oro, plata y platino.

El impacto de los impuestos «será muy dramático, pero no solo porque sea muy alto, sino que también por la fórmula para calcularlo, la cual no es justa», indicó García, puesto que la depreciación y pérdidas acumuladas no son deducibles.

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Firmas mineras han amenazado con detener su inversión en México después de que el Gobierno propuso el pago de una regalía del 7.5 por ciento, argumentando que los bajos precios de los metales, crecientes costos de operación e impuestos más altos reducen el atractivo del país.

Firmas mineras han amenazado con detener su inversión en México después de que el Gobierno propuso el pago de una regalía del 7.5 por ciento, argumentando que los bajos precios de los metales, crecientes costos de operación e impuestos más altos reducen el atractivo del país.

La regalía propuesta es parte del plan del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la débil recaudación de México mediante una reforma enfocada en quitarle una mayor tajada a los que más ganan, eliminar exenciones a las empresas y ampliar la base tributaria.

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Aunque falta la aprobación del Congreso, la reforma fiscal del presidente mexicano tiene como fin combatir la desigualdad del país.

(Pulso) Varios sectores se oponen al plan de reformas estructurales del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

A las protestas de los profesores por la aprobación de la reforma educativa- que los someterá a evaluación-, se suma la amenaza de una parte del sector minero: si la reforma fiscal llega a aprobarse por el pleno del Congreso, y sus empresas se ven obligadas a pagar un 7,5% en impuestos al fisco, retirarán sus inversiones.

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Fernando V. Corzantes

El recuento realizado las últimas semanas sobre los riesgos, destrucción, conflictos, costos, abusos e impacto de las empresas mineras extranjeras y nacionales en nuestro territorio es el más claro ejemplo de lo que sucederá con la apertura de la industria petrolera nacional.

Actualmente hay 27 mil concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, que abarcan entre 22% y 30 % del territorio nacional. Hoy, los diversos movimientos en contra de la minería trabajan sobre un proyecto que considera la consulta directa, previa, libre e informada sobre los planes mineros en las comunidades y que una empresa para operar deberá contar con la licencia social otorgada por los pueblos.

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