Fernando V. Corzantes
El recuento realizado las últimas semanas sobre los riesgos, destrucción, conflictos, costos, abusos e impacto de las empresas mineras extranjeras y nacionales en nuestro territorio es el más claro ejemplo de lo que sucederá con la apertura de la industria petrolera nacional.
Actualmente hay 27 mil concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, que abarcan entre 22% y 30 % del territorio nacional. Hoy, los diversos movimientos en contra de la minería trabajan sobre un proyecto que considera la consulta directa, previa, libre e informada sobre los planes mineros en las comunidades y que una empresa para operar deberá contar con la licencia social otorgada por los pueblos.
Es el caso de la Sierra Norte de Puebla que se encuentra en la mira de distintos proyectos de presas hidroeléctricas y de minería a cielo abierto. La oposición a estos “proyectos de muerte”, como los denominan los habitantes del municipio de Olintla, se ha manifestado en el rechazo y fuerte resistencia de las comunidades de Telela de Ocampo y Zautla ante la instalación de una mina a cielo abierto por parte de Grupo Frisco y de la compañía de origen chino JDC Minerals.
Otro lugar es el centro arqueológico de Xochicalco, donde tierras de cultivo, lagos, sitios ceremoniales y zonas de selva baja forman parte de las 15 mil hectáreas concesionadas a Esperanza Silver, minera canadiense que busca obtener oro y plata en la zona.
Los ejidatarios y comuneros terminan vendiendo sus tierras, no se quedan con los beneficios de ellas y al final las abandonan, por su propio pie o con ayuda de la fuerza pública o de guardias blancas. Este negocio de muerte ofrece a los campesinos una salida inmediata a su precariedad, pero lo que reciben no les alcanza, ya que no hay utilidad permanente en la venta, sólo les queda vender su fuerza de trabajo, ser empleados de las tierras de las que eran dueños.
Los diversos movimientos en contra de la minería visualizan que es imprescindible contar con herramientas legales para corregir y revertir estas situaciones, las cuales serán exponenciales con la apertura de todo el sector energético, en particular del petrolero.
Aunque la Constitución de México dicta lo contrario existe una aberración legal que permite que la prioridad de la actividad minera beneficie fundamentalmente a una minoría que acumula riqueza irresponsablemente, mientras que la mayoría de las comunidades y el país cargan con la deuda de la destrucción socio ambiental y del estado de derecho.
Recordemos que la apertura del sector minero inició junto con la aplicación de las políticas de ajuste recomendadas por los organismos económicos internacionales, pero su implementación más fuerte se dio en los dos sexenios panistas.
Al principio se manifestó en forma de incentivos fiscales, pero en la medida en que se fueron presentando condiciones se reformó todo el andamiaje jurídico y administrativo, hasta llegar a las políticas gubernamentales que la hicieran posible.
La columna vertebral de estas reformas es la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La estructura y redacción de una ley a modo de una minoría como la actual, es la negación y la violación conceptual y práctica del estado de derecho y del ejercicio de los derechos constitucionales de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, lo mismo que de las obligaciones y facultades del propio Estado Mexicano y de la Nación. Queda clara la violación flagrante de nuestra soberanía.
Consejero Electoral Instituto Federal Electoral