Un grupo de 72 organizaciones internacionales y sus representantes, entre los cuales se encuentran 43 ganadores del renombrado premio Goldman^[i] ,entregó a la embajada china en Washington una carta^[ii]en la que expresan su preocupación con respecto a las actividades de la empresa Ecuagoldmining, subsidiaria de la empresa china Junefield. Empresa que se ha visto envuelta en actos de secuestro, detención arbitraria e intento de asesinato a líderes indígenas en la zona del proyecto Río Blanco en el cantón Molleturo. De acuerdo con las víctimas de estos actos de intimidación y violencia, fueron trabajadores de la empresa minera los responsables de hechos, realizados con el fin de aterrorizar y amenazar a quienes se oponen al proyecto minero.

Localizado en el Macizo de El Cajas, junto al Parque Nacional El Cajas, en la provincial del Azuay, el proyecto de oro Río Blanco ha sido rechazado continuamente por los pobladores locales puesto que jampas fueron consultados y porque han visto de manera directa cómo el agua de la zona se ha visto afectada, así como por el potencial riesgo de contaminación que produce la minería metálica a gran escala. Ante las demandas de los pobladores, el juez Paúl Serrano de la Función Judicial de Cuenca, dictó sentencia a favor de los comuneros que denunciaron a la empresa Ecuagoldmining, aceptando la acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, y ordenó a las autoridades la suspensión inmediata de las actividades del proyecto Rio Blanco, así como la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores donde se encuentra el conflicto, precautelando la integridad de los miembros de las comunidades y evitando conflictos de cualquier orden.

La carta entregada a la embajada china en Washington y también en la embajada de China en Quito, señala que la decisión del juez de Cuenca es un claro reconocimiento a los abusos de la empresa china Ecuagoldminig/Junefield hacia los indígenas que viven en la zona del proyecto Río Blanco. La carta añade que a pesar de esta sentencia favorable, debido a la violenta intimidación de Ecuagoldmining, urgen al gobierno chino que tenga un rol proactivo para que Junefield y otras compañías chinas respeten el Mandato Minero de 2008, que cumplan con la decisión del pueblo en la consulta de febrero de este año, y respeten los derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador. Los firmantes también manifiestan su inquietud por la presencia en Ecuador de otras empresas chinas que han sido asociadas a asesinatos de líderes indígenas que protegían el agua y su territorio frente a la arremetida minera.

Como parte de esta campaña hacia el gobierno chino, los premios Goldman en Ecuador, Pablo Fajardo -conocido abogado del caso ChevronTexaco, estará entregando la copia de la carta en la embajada china en Quito, mostrando su solidaridad con los comuneros de Molleturo ante los abusos de la empresa minera china Junefield.

ACCIÓN ECOLÓGICA

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2287-2018-06-20-22-33-04

El proyecto minero Río Blanco operado por la compañía china Junefield Resources es un emblema de lo que ocurre en el país con el avance de esta actividad extractiva y destructiva.

El panorama incluye comunidades asediadas, fuentes de agua en riesgo, zonas militarizadas y leyes que no se respetan.

En Contacto Sur edición vespertino de hoy tendremos a Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca y a la dirigente ambientalista Gloria Chicaiza de la organización Acción Ecológica. Informe de nuestro compañero Olmedo Carrasquilla.

Fuente:https://www.aler.org/index.php/node/3948

«El gremio espera que el Estado garantice los proyectos mineros tecnificados, entre ellos Río Blanco»

El 1 de este mes, Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, resolvió y ordenó la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco, ubicado en Molleturo del cantón Cuenca, Azuay, y dispuso la desmilitarización gradual y paulatina en la zona referida,el tema ha causado preocupación en algunos sectores.

Santiago Yépez, presidente de la Cámara de la Minería del Ecuador, expresó que es preocupante lo que ha ocurrido en Azuay sobre el proyecto minero Río Blanco. “Creemos que el juez ha realizado una mala interpretación de la normativa tanto constitucional como supranacional, me refiero al convenio 169 de la OIT”, expresó.

Yépez explicó, en el área minera Río Blanco no hay pueblos indígenas, aborígenes ni ancestrales, y por lo tanto no aplica el convenio de la OIT que obliga la consulta previa; y que, sí se ha hecho socialización y difusión del proyecto. A su criterio, son personas ajenas a las comunidades de Molleturo, las que están generando desinformación abanderándose en la defensa del medio ambiente.

Varios proyectos estratégicos están en la fase de construcción para entrar a corto plazo a la etapa de producción, Río Blanco es el primero que ha tenido una producción temprana.

Cree que una vez planteada la apelación a la sentencia del juez Serrano, y en la que el gremio prevé intervenir con un amicus curiae para defender los derechos de la minera, habrá una respuesta positiva para avanzar con la ejecución del proyecto minero, que a su decir está cumple con las normas vigentes y no está contaminando el agua, como así lo ha señalado también el ministro del Ambiente Tarsicio Granizo.

Sostiene, el Estado debe garantizar los proceso de una actividad minera controlada bajo leyes claras, y evitar así que se genere una corriente de desconfianza en la inversión extranjera que le ha apostado al Ecuador, donde hasta hace muy poco la minería sólo representaba el 1% del presupuesto estatal.

Recursos

Con los proyectos de megaminería en marcha y otros, se prevé una inversión de 4.500 millones de dólares hasta el 2021, la generación de 25.000 empleos, 1.300 millones de dólares de impuestos para el Estado a parte de la proyectada, y más de 3.000 millones de dólares en exportaciones.

Criticó la posición de organizaciones sociales que están actuando en contra de los proyecto mineros a gran escala mientras no dicen ni hacen nada contra los mineros ilegales que están agrediendo gravemente al medio ambiente.

En tanto, la Comisión Anticorrupción, núcleo del Azuay, presidida por Fernando Vega, publicó un manifiesto señalando que la larga lucha de la ciudadanía azuaya, en defensa de su derecho constitucional al agua, frente al modelo minero-extractivista, se ha visto reivindicada con la sentencia del juez Serrano.(AZD)-(I)

EL DETALLE

* La decisión del juez aceptó la acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo en relación al Proyecto Rio Blanco.

Por el presunto delito de sabotaje, el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez Guartambel, será llamado a comparecer ante la Fiscalía del Estado.

La denuncia contra el dirigente está relacionada con la interrupción de las vías de acceso al campamento minero propiedad de la compañía china Ecuagoldmining S.A., el 6 de mayo pasado.

Además de Pérez Guartambel, en esta nueva denuncia colocada por el delegado zonal del Ministerio del Interior, Santiago Correa, se incluye a otros siete comuneros.

En el documento se describe que ese día personas no identificadas colocaron obstáculos en la vía y además tenían información de “grupos interesados en realizar la toma del campamento minero”.

Mientras, esta diligencia judicial se ventila, las actividades mineras en Río Blanco continúan suspendidas por la disposición del juez Paúl Serrano, quien acogió la acción de protección planteada por algunos ciudadanos.

El argumento utilizado fue que se violentó la Constitución al no aplicar la consulta previa, libre e informada durante la ejecución del proyecto.

También se dispuso el retiro progresivo de los cerca de 50 militares que custodian el campamento minero.

La actividad minera del proyecto de Río Blanco fue suspendida ante una solicitud de las comunidades.

Quito.- Un juez de Ecuador suspendió un proyecto minero en el sur del país, tras aceptar unos recursos de protección de comunidades asentadas en esas zonas, según informó hoy el presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez.

Se trata del proyecto Río Blanco, situado en la provincia andina de Azuay, en la que se han registrado varios enfrentamientos entre sus pobladores y la operadora china encargada de la actividad minera.

Yépez recordó que esta acción judicial ha sido apelada por el Gobierno, por considerar que es un proyecto estratégico de alto impacto para la economía nacional y para la generación de empleo.

La actividad minera del proyecto de Río Blanco fue suspendida tras una sentencia por parte de Paúl Serrano, juez civil de Cuenca ante una solicitud de las comunidades.

El presidente de la Cámara se refirió también al proyecto Mirador, situado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, sometida a una acción de protección por parte de la población indígena asentada en la zona.

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) alega ser aborigen de la zona y exige que, por esa razón, debió existir una consulta previa sobre las actividades mineras.

Yépez indicó que el juez encargado de la causa solicitó un peritaje para determinar si esas comunidades son ancestrales, como establece la normativa sobre la consulta previa.
Además, afirmó que la Cámara de Minería presentará acciones legales para defender los proyectos extractivos, aunque recordó que «es el Estado quien debe liderar el proceso».

Los proyectos Río Blanco y Mirador, son dos de los cinco que han sido sometidos a acciones legales que, según la Cámara de Minería, son considerados de trascendental importancia para la economía nacional y para sus comunidades aledañas.

De su lado, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, se refirió hoy a los proyectos mineros cuestionados y aseguró que ambos son «buenos» y que las empresas adjudicadas lo manejan de manera «responsable».

Además, dijo que próximamente dialogará con el presidente del país, Lenín Moreno, para determinar cuáles son las áreas en las que se puede realizar la explotación minera, sin afectar el cuidado del ambiente y recursos como el agua, la naturaleza y las comunidades.

El Ministerio indicó que los cinco proyectos, enfocados en la exploración y explotación, se asientan en las provincias de Azuay, Zamora Chinchipe y su vecina de Morona Santiago, los cuales tienen una vigencia de hasta 27 años.

El Ministerio de Minería ha informado recientemente que ese sector podría aportar al país unos 10.000 millones de dólares en los próximos tres años.

Sin embargo, grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico.

Fuente:https://www.debate.com.mx/mundo/suspenden-mina-en-ecuador-ante-problemas-con-comunidades-20180607-0177.html

La actividad minera en San Lorenzo y Eloy Alfaro, en el norte de Esmeraldas, ha quedado suspendida.

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo la actividad y otorgó un plazo de 30 días para cumplir con las medidas cautelares.

La resolución del juez se dio durante una audiencia de supervisión del cumplimiento de las medidas, efectuada el lunes 4 de junio, en San Lorenzo.

A esta diligencia asistieron delegados de comunidades afectadas por la actividad minera y abogados de entidades estatales que debían cumplir las medidas cautelares dictadas en una primera instancia.

El proceso se viene abordando desde el 2011, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador interpuso en primera instancia un pedido de medidas cautelares ante las autoridades judiciales de San Lorenzo por la supuesta afectación a la salud debido a la contaminación de los ríos de la localidad.

Dentro de este proceso se presentaron resultados de laboratorio en el que se indica que las aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de metales pesados.

Según los denunciantes, se observaba la falta de control por parte del Estado, así como en las acciones de tratamiento de descontaminación y remediación de fuentes hídricas.

La Defensoría del Pueblo, entidad que actuó en representación de las comunidades, enfatizó que “es necesario mantener las medidas cautelares y exigir del Estado su inmediata acción, inclusive que se sancione a los responsables por su evidente omisión”.

La noche del viernes, otro juez suspendió la explotación minera en el proyecto Río Blanco, entre Molleturo y Chaucha, al oeste de Cuenca. Un grupo de comuneros interpuso una acción de protección argumentando fallas legales en el proceso y contaminación. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/07/nota/6797246/juez-suspendio-mineria-norte-esmeraldas

El Gobierno Nacional alista una respuesta a la decisión que adoptó anteayer Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de disponer la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco.

Esta concesión minera inició en 1993 a cargo de la empresa Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), de Gran Bretaña; luego pasó a la compañía San Luis International Minerals Corporation (IMC), de Canadá.
Y finalmente, en 2012, fue vendida al grupo Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que en agosto de 2016 inició la etapa de explotación. Calculó una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de plata.

Actualmente en esta intervención minera trabajan cerca de 250 personas, la mayoría de las comunidades de la zona. Hasta ahora esta firma ha exportado a China unas 330 toneladas (tn) de material para extraer estos minerales.
El Estado ecuatoriano prevé un beneficio de 191,49 millones de dólares en recursos directos, impuestos y utilidades laborales hasta 2027, dado que la vida útil del yacimiento está calculada en unos 11 años.

Ubicación

Río Blanco está a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar (msnm) en Chaucha y Molleturo, parroquias rurales del cantón Cuenca, y se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (PNC).
De acuerdo con datos de la concesionaria, que es un consorcio entre las organizaciones chinas Junefield y Hunan, está prevista una inversión de 78 millones de dólares, y hasta ahora han invertido 17.
Yaku Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), fue quien presentó la acción legal, es decir las medidas cautelares, que finalmente fueron aceptadas por el magistrado cuencano.
Pérez explicó que Oswaldo Paúl Serrano asimismo dispuso la inmediata salida de Molleturo de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas (FF.AA), que fueron enviados para dar seguridad a este campamento minero.
Agregó que este juez reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa a los comuneros que está descrito en la Constitución del Ecuador. Además pidió a la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) que haga cumplir lo dispuesto.

Policías y militares

Xavier Enderica, gobernador de Azuay, ayer fue consultado, entre otros asuntos, sobre la disposición del retiro de policías y militares, y sobre la posiblidad de apelación, y respondió que aún no han sido notificados de la resolución judicial.
De acuerdo con Enderica, la institución que preside tiene como prioridad la seguridad de los ciudadanos de este sector, dado que en los últimos meses se han reportado varios enfrentamiento entre grupos.
Están a la espera de ser notificados para hacer un pronunciamiento oficial. Anunciarán, de considerarlo, las medidas legales que van a seguir para asegurar los recursos estatales.
Por su parte Rocío Juca, titular de la Subsecretaría zonal 6 del Ministerio de Minería, indicó que igualmente aguarda disposiciones a nivel nacional para informar las acciones que aplicarán.
Lo que sí, dijo, es que prepara un pronuciamiento sobre las concesiones mineras que se han otorgado en Cuenca y las etapas en las que se encuentran las mismas. Tiene previsto hacerlo la semana que viene.
El departamento de comunicación de la cartera de Estado de minería informó de igual forma que aún no tienen un vocero oficial al respecto, dado que están en proceso de fusión con otros dos ministerios.
Estos son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio de Hidrocarburos. Todos quedarán a cargo de Carlos Pérez, quien actualmente es el principal de este último.

CAMARA DE MINERÍA

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, se muestra preocupado por la resolución de Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de parar el proyecto minero Río Blanco, en Cuenca.
Considera que los ministerios del Ambiente (MAE) y de Minería deben interponer los recursos de apelación correspondiente dado que estas instituciones constan como las demandadas.
Vargas advirtió asimismo que la empresa Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que es la concesionaria de Río Blanco, podrá reclamar al Estado por las pérdidas que esta medida legal le podría causar.
“Esto porque se venía al parecer cumpliendo con todos los requisitos y de pronto sale esto, recuerde que el MAE le otorgó un licenciamiento ambiental y para esto se supone que se cumplió con todos y cada uno de los requisitos…”, dijo.
Y agregó: “esto nos ha dejado sumamente preocupados, estamos averiguando los detalles y pormenores para saber qué pasó en este proceso, pues pensamos que esta petición no iba a prosperar…”, añadió.

Alcalde

Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, por su parte tras conocerse el dictamen judicial, ratificó la posición del Municipio de Cuenca sobre la defensa de las fuentes de agua.
“Solicitamos se revientan las concesiones mineras y se cumpla con las normas constitucionales vigentes concernientes al principio de precaución, los derechos de la naturaleza y de la comunidades…”, señaló.

En la misma audiencia de presentación del pedido de medidas cautelares ante Serrano, la municipalidad presentó una acción legal denominada como amicus curiae.
Lo hizo por medio de Boris Piedra, gerente de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), quien explicó que hay riesgo de contaminación de las cuencas de los ríos Balao, Cañar y microcuenca del Migüir.
Igualmente Piedra informó al magistrado que esta intervención minera está en páramos con ecosistemas singulares, que únicamente hay en la región andina y que se caracterizan por su capacidad de retener y captar carbono.
Asimismo el funcionario sostuvo que el agua de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se origina, principalmente, en los parámos del Macizo del Cajas. Cerca de esta área se cumplen estas actividades mineras.

Iván Granda

Iván Granda, concejal y presidente de la Comisión de Legislación del Concejo Cantonal de Cuenca, también firmó el amicus curiae para pedir que se detengan los trabajos en esta concesión minera.
Para Granda esta decisión judicial marca un precedente en la lucha de la protección de los recursos naturales, pero además en la obligatoriedad de consultar a las comunidades cuando que intervenga en sus territorios. CSM (I)

ENTRE COMILLAS

Pablo Piedra
Abogado de la ciudad

Como dijo Yaku Pérez (clave en la defensa del agua) hubo minga para defender el agua, y comunidades de Cuenca contra proyecto Río Blanco. Unidad de Cuenca expresada por gente de Molleturo y autoridades. Esto fue escencial.

María Cecilia Alvarado
Viceprefecta de Azuay

El agua no se vende, el agua se defiende. Gracias Molleturo, gracias defensores del agua; esto es por el agua de todos, de mis hijos, de los suyos… incluso de quienes crean que el riesgo de destruir el páramo valga la pena.

Xavier Barrera
Concejal de Cuenca

La defensa del agua y de la vida nos une en Cuenca, organizaciones sociales, habitantes de las zonas de influencia y el comprometido apoyo institucional que nació desde el Concejo Cantonal de Cuenca con acciones concretas, buen trabajo.

Dora Ordóñez
Concejal de Cuenca

La lucha de las comunidades que han estado en resistencia… Con esta resolución el Ministerio del Ambiente (MAE) pensará dos veces antes de emitir licencia ambiental para fase de explotación del proyecto minero Kimsacocha.

Carlos Orellana
Concejal de Cuenca

Que bien, en buena hora, nos alegra a todos mirar como la justicia cuencana sigue siendo un referente a nivel nacional. Bien por el juez Paul Serrano, que hace efectivos los derechos de la naturaleza.

Cristian Zamora
Concejal de Cuenca

El legado de vida derivado de la protección del agua renace de la lucha de quienes se han jugado el todo para que cuencanos tengamos esta gran herencia. No minería en nuestros páramos, fuentes de agua, de vida.

Norma Illares
Concejal de Cuenca

El agua es vida, bien por Yaku Pérez, firme en defender el líquido vital y los páramos, belleza natural. Respaldo la labor y lucha de las organizaciones sociales. Paramos libres de minería, el agua es vida.

PRONUNCIAMIENTO DE YASUNIDXS GUAPONDELIG FRENTE A LA RECIENTE DECISIÓN JUDICIAL DE SUSPENDER LAS OPERACIONES MINERAS DE UNA COMPAÑÍA CHINA EN RÍO BLANCO, ECUADOR.

Como ya sabrán, el viernes anterior 1ro. de junio, un juez de Cuenca les dio la razón a los comuneros de Molleturo y concedió una acción de protección constitucional por la vulneración a su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada con respecto al proyecto de una compañía minera china en Río Blanco.

Mandó a los ministerios de minería y de ambiente a suspender las operaciones mineras en los páramos de Río Blanco de manera inmediata y a desmilitarizar la zona evitando cualquier nuevo conflicto.

Estamos felices de que después de tantos años de atropellos judiciales, haya habido un destello de justicia.

Es un buen momento, consideramos, para hacer memoria, reflexionar y volver a comprometernos:

1.  Este logro es el resultado de un proceso histórico de resistencia a la minería, iniciado por las comunidades de Molleturo hace más de 20 años. En los últimos meses, Río Blanco, la comunidad más próxima al campamento minero, reactivó la resistencia y movió a miles de personas de Cuenca y Naranjal (Guayas) a sumarse.

2.  Sabemos que  nos asisten razones constitucionales, legales y técnicas en esta lucha por el agua, pero también sabemos que sólo la resistencia de las comunidades es capaz de detener a las empresas y los gobiernos, que se abren paso atropellando la verdad y el derecho.

3. Río Blanco, otrora prominera, nos demuestra que estos proyectos extractivistas prosperan en condiciones de conflicto, pobreza y marginación hasta que se empiezan a sentir los primeros impactos sociales y ambientales.

4.  La defensa de los páramos y el agua no es responsabilidad exclusiva de Molleturo, sino de los sectores urbanos de Cuenca y de otros cantones del Azuay, Cañar y Guayas, habida cuenta de que Río Blanco es sólo uno de varios proyectos mineros localizados en los páramos del Macizo del Cajas.

5. La ciudad de Cuenca tiene una gran deuda de gratitud con los comuneros de Molleturo, una deuda que se debe pagar con un gran reconocimiento social y con medidas efectivas para que esas comunidades de altura alcancen condiciones de vida dignas.

6. El gobernador Xavier Enderica, la jefa política del cantón, Vanessa Cueva, la subsecretaría de Minas, Rocío Juca, al ponerse del lado de una compañía extranjera, se quedan con una mancha en su carrera política que difícilmente será olvidada por la ciudadanía de Cuenca y el Azuay. Igual sucede con personajes como Xavier Sánchez, que sin rubor pasó de ser subgerente de agua potable de ETAPA, a subsecretario de minas y a gerente actual de la compañía  minera. Por su parte, el coordinador zonal del MAE, Juan Pablo Rivera, tendrá que rendir cuentas por su silencio cómplice frente a la agresión a nuestros páramos.

7.  El mensaje para las compañías mineras no puede ser más claro. En marzo del 2017, frente a la convención de la mayor feria mundial de mineros (PDAC), desde Cuenca les dijimos “¡No pasarán!”. La sentencia judicial es una confirmación de esa decisión. Hoy existe tal efervescencia por el agua, especialmente entre los jóvenes, que no pasará la apelación que los ministerios de minería y de ambiente seguramente presentarán, ni ninguna otra compañía minera. Estaremos vigilantes.

8.  Sabemos que las comunidades de Molleturo tienen heridas muy difíciles de sanar, resultado de un proyecto minero inconsulto y de las estrategias de corrupción que la empresa ha usado para ganarse el apoyo de ciertas comunidades y personas. Recuperar la paz y la armonía social en Molleturo pasa necesariamente por remediar la causa originaria de la convulsión.

9.  El presidente Lenín Moreno ha ignorado el conflicto en Río Blanco y en otros puntos calientes como la Cordillera del Cóndor e Intag. A pesar de que la consulta convocada por él, apoyada mayoritariamente por el electorado, prohibió actividades mineras en zonas protegidas, ha continuado adelante con las políticas mineras del gobierno anterior. Es hora de que rectifique.

10. Las autoridades de Cuenca y el Azuay, empezando por el alcalde Marcelo Cabrera y el prefecto Paúl Carrasco, tienen que tomar el mandato popular y llevarlo de manera enérgica hasta el gobierno nacional y a escenarios internacionales, así como comprometerse por crear alternativas económicas vivas con las comunidades.

11. A la compañía china y a las otras que han invadido nuestro país sólo les queda irse para no volver.

Dolores Cacuango dijo que “somos como la paja del páramo”, nosotrxs agregamos que somos como el agua del páramo, clara, cristalina, alegre y valiente, que conforme va bajando por la ladera se va transformando en un río de gente. Todxs invitados a ser parte de este río de gente, porque no es cierto que haya imposibles. Los imposibles sólo tardan un poco más.

¡El Ecuador es megadiverso, no megaminero!

Cuenca de Guapondelig, 4 de junio del 2018

Fuente:https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTL8KBDSb_V13Ima3lrC1bVmk0vnclwFaHvWekpR3vxRfvv6ZE8xwyxJ9-uCODBc8JUKhEooRrX5v2p/pub