Instan al gobierno a abordar las preocupaciones resultantes de recientes fallos judiciales que pudieran afectar la inversión extranjera.

Colombia se enfrentará a una oleada de rebeliones populares contra proyectos mineros que ahuyentarán la inversión extranjera a menos que se establezcan reglas para la industria y se prioricen los intereses nacionales sobre los locales, advirtieron las compañías mineras.

Recientes fallos judiciales han provocado alarma entre los inversionistas extranjeros que temen que la oposición de la comunidad a los proyectos de recursos aumentará, a la vez que el acuerdo de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) promete abrir nuevas áreas al desarrollo.

«Los últimos años no han sido fáciles para la minería», dijo Roberto Junguito, el presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), citando las protestas, los bloqueos de carreteras, los decrecientes precios de las materias primas y una reforma tributaria del gobierno introducida a fines del año pasado.

En el sur de Córdoba se encuentra Pueblo Flechas, un corregimiento de 600 indígenas zenúes que desde hace 25 años se quejan de enfermedades inusuales. Sus sospechas y las de Medicina Legal apuntan al mismo lugar: la única mina de níquel del país. El grupo de médicos confirmó que estos habitantes están padeciendo un alto porcentaje de enfermedades cutáneas y respiratorias. La multinacional negó la validez del estudio al decir que no existe una relación entre sus actividades y aquellos síntomas. Pueden tener razón en algo: probar que la mina ha sido la causa directa no es un asunto sencillo en términos científicos. Pero los médicos lograron algo sutil.

Los adultos de Pueblo Flechas no olvidan lo que Cerro Matoso fue: una pirámide de bosque frente al caserío, rozándose con las nubes bajas del cielo cordobés. Desde 1979, cuando la empresa Cerro Matoso S.A. (ahora South32), comenzó a explotar níquel allí, el paisaje fue mutando a una pila de tierra seca que están obligados a contemplar todas las mañanas. Esta es la única mina de níquel en Colombia y la más grande Suramérica.

El corregimiento más cercano a Cerro Matoso son estas dos calles de barro y piedras, donde habitan 600 indígenas zenúes. No tienen alcantarillado ni acueducto. Los niños van a la escuela hacinados y viven sin un centro de salud cerca. Apenas se abastecen de agua a través de un pozo artesanal y lluvia.

Al polvo que llueve desde la mina los zenúes le dicen “escoria”. Y es a la “escoria” a la que culpan de todas sus enfermedades. De las llagas en la piel. De los problemas visuales. De las enfermedades respiratorias. También de abortos espontáneos.

Durante años el país estuvo sordo ante las quejas de los zenúes hasta que, finalmente, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno confirmar o rechazar el vínculo entre la mina y la salud de los pobladores de San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador. Hace dos meses, Medicina Legal entregó los resultados de una investigación en la que examinaron a 1.147 personas. (Lea: El dictamen de Medicina Legal en el caso Cerro Matoso)

El grupo de médicos confirmó que estos habitantes están padeciendo un alto porcentaje de enfermedades cutáneas y respiratorias. La multinacional negó la validez del estudio al decir que no existe una relación entre sus actividades y aquellos síntomas. Pueden tener razón en algo: probar que la mina ha sido la causa directa no es un asunto sencillo en términos científicos. Pero los médicos lograron algo sutil.

Concluyeron que existen “factores” en el ambiente, “factores” a cierta distancia de estos pueblos y “factores” en el territorio de Cerro Matoso que han desencadenado un aumento de esas enfermedades. Hace falta un eslabón para cerrar un caso emblemático de contaminación ambiental y salud humana en Colombia: el diagnóstico que tiene pendiente el Ministerio de Ambiente sobre los suelos, agua y aire de la zona.

Estas tres voces vienen de aquel lugar arenoso llamado Flechas, donde sobrevuelan mariposas amarillas y los niños juegan a la pelota bajo el calor y la rasquiña.

Nosotras no entendemos por qué abortamos

Delsy Pacheco, 40 años

El sangrado me empezó en la tarde como si fuera una menstruación. Luego se hizo bastante y rompí toallas de esas con las que uno se seca.

Con ese bebé que aborté iba a tener 7 niños. Pero esto no solo me pasa a mí, a principio de 2012 tuvimos 14 abortos apenas en un mes. Y todos así: sin entender. Sin caídas, ni golpes, porque no hacemos ninguna fuerza.

No sentimos dolor, lo venimos a sentir cuando la criatura se desprende. A mí esa noche se me llegó ese sufrimiento delante y atrás, apenas tenía dos meses de embarazo.

Mi marido estaba trabajando allá en la mina y yo estaba con mis otros hijos cuando todo empezó, pero yo no entiendo un aborto así.

Vino la ambulancia que Cerro Matoso nos presta para los primeros auxilios y me remitieron a Montería por el aborto espontáneo. Imagínese, cuatro horas sangré en el camino, en esas boté una partecita de la niña porque me dijeron que iba a ser una niña. Yo aún no le tenía nombre.

Allá me hicieron el legrado y demoré ocho días hospitalizada. Mire ahora mi color de tanto sangrar, a mí las partes se me pelaron, yo no consentía ni trapos. Me volví así de amarilla y creo que aún no me recupero de eso, que ya hace seis meses.

A veces nos visitan de Matoso, nos preguntan a todas las que hemos pasado por estas y siempre damos las mismas versiones: no entendemos por qué abortamos, ¿serán las aguas? No sé qué será, ¿será la contaminación? Vea, yo mantengo un rasquiñero en las vistas. Es más, cuando aborté les pregunté a los doctores si era mi vientre, de pronto la matriz mía que es débil por la edad. Pero ellos dijeron que no.

Alguna cosa tiene que haber que nos hace abortar así. Por qué no puede ser la contaminación, si mire dónde está el cerro, y entre más cerca, más polvo. Es que cuando explotan allá, las cucharas tiemblan dentro de las cocinas.

En verano uno se para a barrer durante la madrugada y la escoria se ve en la tierra, como cuando un papel está enterrado entre la arena, que levanta chispas. Así se ve también en la planta de caña flecha. Entonces, si se ve en la tierra, cómo no va a estar en nuestras aguas eso mismo.

Yo soy nacida aquí, criada aquí, 40 años de estar aquí. El ombliguito mío de bebé debe está enterrado allí abajo, pero nosotros antes de la mina no sufríamos de la piel, ni de los problemas respiratorios. Cada que eso explota se ve el cielo amarilluzco y uno escucha ruidos que parecen bombas.

Y si usted está sentada, uno siente que la tierra se mueve. Casi siempre se levanta ese olor a pólvora, igualita al de las piedras cuando uno las rechina para sacar chispa.

Por allá en el cultivo de caña flecha hay un charco donde están los animalitos; si los viera todos entrepelados. ¡Ay, ya ni los atrevemos a comer! Esas aguas de las que toman son a las que bajan los residuos de la mina. Pobrecitos, parecen con hongos en la cabeza, les salen unas bolas y uno cómo puede comerse una gallina así, ¿ah?

En tierra de escoria

José Herrera Mercado, 56 años

Yo nunca tuve problemas en la piel, ni en los ojos; eso sí, lo que tenía era ánimos de trabajar. Así me vine a la edad de 17 años para acá. Me casé acá y tuve dos hijas, pero mi esposa falleció un día después de alumbrar a la menor. Entonces quedé en el solterismo y desde eso fui padre y madre.

A ellas desde chiquitas les tocó la mina, más que todo a la mayor que tiene 20 años, que se tuvo que ir a Ayapel por el dolor de cabeza y con el cambio de zona se normalizó. Cuando voy a visitarla también se me apacigua la cosa, pero ya yo estoy afectado por dentro con la contaminación. La otra hija también se fue, no se aguantó, no había plata para comprar la crema de esta plaga. Ya casi no trabajo, porque cuando voy a recoger caña flecha me corre el sudor y se me altera fuertemente la rasquiña. Hay momentos en que uno quisiera coger un machete y rascarse el cuerpo.

A mí me comenzó eso cuando entré a un charco cerca del cultivo de palma. Cerro Matoso tiene allá unos canales que desembocan en la quebrada y las botas mías se llenaron de esa agua. Yo sentí ahí mismo una ampollita en el tobillo y cuando quise venir a casa, ya eso había corrido bastante. Me unté alcohol, fui al hospital en Montería y me dijeron que se aplacaba después de una inyección de 40 mil pesos.

Pero tiene que estar uno metido en la clínica, porque esto comenzó siendo como una planta de abrojito en ambos lados y se fue extendiendo hasta la rodilla. Yo me unto betametasona, pero ya ni funciona. Muchas veces he cogido limón para que eso se calme y se frota uno, así duela, fuertemente.

Hay noches en que me la paso rascándome ahí como cuando a uno le caen hormiguitas encima. Y para evitarme eso pues mejor no voy a trabajar. Gracias a Dios que tengo 50 primos aquí que me regalan para comer, porque quién va a buscar a un enfermo para ir a raspar caña flecha.

Entonces me la paso bien dentro de la pieza, porque el brillo del sol me golpea duro después del accidente con el ojo. Eso fue hace 7 años, cuando todavía Cerro Matoso no tenía control con la escoria. Yo me bajé de un bus allá donde empieza el caminito, y en esas se formó un remolino de tierra que me cayó en el ojo izquierdo.

Ese día me vine con el ojo tapado, mis hijas me dijeron que me echara leche de pecho para sacarme el sucio, pero nada, me fui al médico porque no veía. Todo se me empañó en unas tinieblas bárbaras y del ojo me corría llanto, hasta botaba materia. Duré dos años ciego, en que yo sabía que era de día solo porque me lo decían.

Lo que me dijeron en el hospital fue… para serle sincero, es que todo está como bajo control, no sé, no puedo juzgar a nadie, pero los médicos de Montelíbano están como del lado de la mina, porque uno no encuentra soporte. Nadie creyó sobre la escoria que me entró directo al ojo y ahora que se fueron mis hijas, ellas viven preocupadas (llanto). ¡Ajualá quiera Dios que yo encuentre una solución!, porque a mí todo se me vino al piso.

Entre Flechas y Valeria

Sarly Inés Baltazar Padilla, 32 años

Ellos dicen que el aire no sopla para acá, pero cuando corre la brisa se vuelve más intensa la rasquiña en la piel. Yo estaba preocupada porque pensé que lo que me había salido en la pierna era un problema de ADN, pero no. El médico dijo que era cutáneo y que mientras yo viviera en esta zona, la contaminación que produce Cerro Matoso me iba a afectar.

A veces por necesidad tenemos que coger agua lluvia, entonces imagínese: si el aire está contaminado, todas esas partículas caen en el techo de zinc y el agua las arrastra hasta nuestros baldes.Mire que he podido comprobarlo: mi mamá vive en Caucasia con mi hija y cuando yo voy a visitarlas no tengo esta picazón. Mi niña, Valeria, vive allá porque no me la puedo tener aquí después de las bombas que le salieron en la piel cuando me regresé con ella.

Ella tenía dos años y un día fuimos a coger mangos a unas parcelas cerca del cultivo. Al volver, ella llegó con las piernas hinchadas y con fiebre, entonces me la llevé a Cerro Matoso y me dijeron que lo que tenía era un absceso. Que le colocara agüita tibia con bicarbonato, pero nada.Se le hicieron tres bolsas que le caían de la piel, así como cuando uno se quema que la piel se infla. Hasta materia tenía dentro de eso. La remitieron hasta Montería y le hicieron tres cirugías en la piernita. Ella vive allá porque los doctores me dijeron que Valeria no podía estar acá por el ambiente, y yo tuve que quedarme por mi trabajo y mi casa, ¿a dónde más voy a ir?

El otro hijo sí nació aquí y por eso se adaptó a la contaminación, pero no solo los míos son enfermos. Yo soy la docente de la Institución Educativa San Luis Unión Matoso y los más de 200 niños que tenemos son así. Todos sufren de problemas respiratorios, apenas corre brisa se agripan.

Nosotros les hemos pedido a las autoridades que hagan algo, ¿qué es lo que están esperando? La multinacional nos dio unas casas, sí, pero esa no es la solución ni para la comunidad, ni para la tierra. Con las plantas pasa igual, las veraneras crecen y de repente se marchitan.

Pero antes no era así, yo me acuerdo que la vía a Flechas era ahí donde está la mina. Una montañita de árboles con unos lloraderos cristalinos donde podíamos tomar el agua y nunca nos ocurrió esto. Mire lo que es hoy. Cualquier día se nos viene encima.

Tras la votación en Cajamarca en contra de la explotación en La Colosa, el presidente dijo que presentará un proyecto de ley para aclarar el procedimiento de las consultas previas.

En los páramos de Colombia, de donde procede el 70% de las aguas que consumen los colombianos, se reportan 522 títulos mineros; el plátano, la caña de azúcar y la palma aceitera acaparan el 68,62% de la ‘apropiación’ del agua en el país y el sector hidroeléctrico ocupa el segundo lugar de la demanda hidríca. De las 318 cabeceras municipales con probabilidad de desabastecimiento, 65 lo sufren por limitaciones en sus infraestructuras, y la gestión del agua sigue privatizándose. La industria embotelladora también crece, con beneficios de 240 mil millones de pesos al año, y el 1,1% de las concesiones de agua en Colombia acapara el 62% del volumen de agua concedida en el país. Según el estudio Roa, García y Brown de 2015, de los 20 mayores beneficiarios por volumen de agua individuales, 10 son para hidroeléctricas, 5 para la agricultura con distritos de riego a gran escala y el tercer lugar lo ocupa una cementera que tiene industrias en 4 departamentos. De los 20 mayores beneficiados por número de concesiones, la mitad es para molinos de caña de azúcar.

Por culpa de la contaminación de las aguas, en La Guajira ha disminuido de forma considerable la pesca y las actividades agrícolas, y es más difícil la manutención de los animales. Lo cuentan sus pobladores, que solo salen en las noticia por la sequía y la desnutrición infantil. Las comunidades afrodescendientes e indígenas aseguran que han desparecido entre 8 y 10 arroyos y quebradas. Pero la mina de El Cerrejón tiene permiso para utilizar 25 litros de agua por segundo del río Ranchería y 17.000 metros cúbicos de agua diarios para aplacar el polvo del carbón. Un ejemplo de cómo la “aniquilación de fuentes también representa una forma de privatización (…) Desaparecen fuentes del bien común para el beneficio de una empresa”. Esta, como las anteriores, son imágenes de la realidad en Colombia. Ejemplos de cómo el agua ha sido considerada únicamente como un recurso para las actividades extractivas, ”desconociendo su importancia ambiental y social” y su relación con los valores ancestrales y las cosmovisiones.

La Guajira, los páramos, las hidroeléctricas y los grandes proyectos agroindutriales son la parte de un todo, de un diagnóstico que el Informe Estado del Agua en América Latina y el Caribe, elaborado por Amigos de la Tierra, hace de Colombia y en el que se describe una constante privatización de las fuentes y de la gestión del agua en el país; el acaparamiento del agua en manos de unos pocos, a pesar de ser un bien público; el privilegio del uso corporativo del agua. Todo ello implica, advierten, la violación de un derecho fundamental, así como mayor inequidad e injusticia ambiental y social. Mientras, el Gobierno lo disfraza de consecuencias del cambio climático y de fenómenos naturales.

En el informe participan organizaciones de una quincena de países de América Latina y El Caribe que analizan la situación en Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Honduras, Uruguay y Colombia, cuyo capítulo ha sido elaborado por por Diego Andrés Martínez Zambrano de Censat -Agua Viva.

Para Amigos de la Tierra la política desarrollada por los gobiernos colombianos para ubicar al país como potencia minero energética y agroindustrial implica una “generalización de la contaminación y de la apropiación de las aguas”. Junto a ello, las nuevas estrategias, como la economía verde, intentan “mercantilizar la naturaleza interpretando el agua como un servicio en un creciente mercado trasnacional y privatizando los territorios esenciales para el ciclo hídrico”. El informe advierte de que desde los años 90 del siglo pasado, los gobiernos colombianos han incentivado un control corporativo de las aguas donde “actores más poderosos toman el control del agua mientras las poblaciones no reciben beneficio de las supuestas inversiones, teniendo que pagar deudas adquiridas por sus gobernantes”. Esta situación produce ese “acaparamiento” del agua que concentra este recurso en manos de corporaciones o intereses privados “provocando inequidad y escasez, una escasez que no es propia de esos territorios sino del acaparamiento del agua y de las destrucción acelerada de los ecosistemas que garantizan el ciclo hídrido”.

La llamada ‘economía verde convierte el agua en “un bien económico sujeto a las reglas del mercado para su compra y venta”

Las consecuencias son medibles. Escenarios de sequía recurrentes en los últimos años, disminución del volumen de agua (de 60 litros por segundo por kilómetros cuadrado en 1990 a 56 en 2012), contaminación, y aumento de los conflictos socioambientales.

A pesar de que Colombia cuenta con una oferta hídrica de 2.011.665 millones de metros cúbicos de agua, ocupa el puesto 24 del ranking mundial de la relación de la disponibilidad de agua para las personas (Naciones Unidas 2003). Los conflictos socioambientales, en su gran mayoría relacionadas a las afecciones y usos del agua, aumentan en América Latina. El mapa que los recoge señala 300 casos y sitúa a Colombia en el primer lugar con 173. En la mayor parte de América Latina los conflictos por el agua no están relacionados con la escasez real o física, sino por una escasez “inducida, provocada” por una diversidad de factores que incluyen mal manejo, contaminación y desconocimiento de las gestiones ancestrales y comunitarias, sentencia el informe.

Privatización de las fuentes y la gestión

Martínez Zambrano relata que el agua se ha convertido en un elemento de preocupación para las poblaciones e instituciones de Colombia pero aún no se ha visibilizado de forma masiva la responsabilidad de las actividades extractivas en estos escenarios de escasez. Considera que una de las razones es la “estrategia del gobierno de atribuir las crisis del agua a fenómenos naturales como El Niño o el Cambio Climático velando la responsabilidad de las actividades extractivas que desconocen los ciclos vitales del agua”. Al desactivar las críticas se “naturaliza” la escasez de agua como si no hubiera responsables o se desvía la mirada hacia esos fenómenos climáticos “desconociendo las causas estructurales”. En Colombia, según datos del Instituto de Hidrología y Medio Ambiente (IDEAM) de 2015, por causa de la extracción minera se vierten a las aguas y suelos alrededor de 205 toneladas de mercurio al año, solo por la extracción de oro y plata.

“La defensa del agua y los territorios en Colombia representa una disputa por la democracia y por la interpretación de los bienes comunes”

Ante la protesta social, el Gobierno ha decidido delimitar los páramos, pero, para Martínez Zambrano y los movimientos ambientalistas, los únicos beneficiarios de esta medida son las propias empresas petroleras y mineras ya que se da vía libre para sus actividades sin restricciones en todas aquellas regiones fuera de las zonas delimitadas y se rompe la visión integral de la montaña andina. Además, el primer proceso de delimitación puesto en marcha, en Santurban, “ni siquiera protege los territorios del páramo” y permite extracción minera para títulos anteriores a 2010. El Plan Nacional de Desarrollo 2014.2018 permite minería y petróleo en los 36 territorios de páramos para títulos anteriores a 2010 y 2011.

Economías verdes y agroindustria

Pero la apropiación de las fuentes de agua también está relacionada con las economías verdes, la agroindustria y las hidroeléctricas, advierte el informe de Amigos de la Tierra. Una apropiación vinculada también al despojo territorial, la calidad del agua o las actividades productivas de las poblaciones. Como ejemplo de estas afirmaciones, Martínez Zambrano explica que el Plan de Desarrollo también ubica el crecimiento verde como una de las estrategias de desarrollo del país (Reducción de Emisiones por Deforestación y Pago por Servicios Ambientales). Detrás de esta supuesta visión sostenible, sus disposiciones convierten el bien común del agua en “un bien económico sujeto a las reglas del mercado para su compra y venta”. “Esta regulación -alerta- reproduce una política de desplazamiento del campesino ya que el pago tiene como objetivo la adquisición de tierra y no la permanencia de la relación del campesino con su territorio”. Además, programas como el Pago por Servicios Ambientales invisibilizan formas históricas y ancestrales de manejo del ambiente como la gestión comunitaria del agua.

Otro ejemplo destacado es la caña de azúcar y la palma aceitera, que han tenido un crecimiento “sin precedentes” en el país. La primera supera las 418.000 hectáreas, según el informe, la segunda llega a las 455.000 hectáreas. Estos dos cultivos, junto al plátano, acaparan el 68,62% de la apropiación del agua, “ríos, lagos y acuíferos que no retornan a sus fuentes”. El sector hidroeléctrico constituye el segundo lugar en la demanda hídrica del país con 7.738 millones de metros cúbicos de agua y aunque la huella hídrica no es tan alta como en el sector agrícola, porque el agua supuestamente vuelve, en términos ambientales, económicos y sociales las consecuencias son “desastrosas”: inundaciones de tierras fértiles, desplazamiento forzado de familias, erosión de las riberas, pérdida de especies e inseguridad alimentaria. Solo Hidrosogamoso, Hidroituango y El Quimbo inundan 20.000 hectáreas altamente productivas. Hidrosogamoso ha desplazado alrededor de 20.000 familias, ha disminuido la presencia de medio centenar de especies que existían en la cuenca, se ha transformado el microclima de la zona y aumentado la presencia de plagas, y el agua del embalse se encuentra en estado de putrefacción por el alto contenido de materia orgánica que no fue talada antes de llenarlo.

Para los responsables del informe, las hidroeléctricas producen “profundas transformaciones territoriales”. No sólo se controlan las aguas, sino las vidas humanas y prácticas comunitarias. Los pueblos pierden el derecho de hacer uso del río y la soberanía de decidir sobre sus aguas porque las comunidades no son consultadas y porque las empresas privadas controlan el libre acceso al río.

A todo ello se suma la privatización de la gestión del agua y la apuesta por las Asociaciones Público Privadas para prestar el servicio a través de préstamos internacionales. Una política que el documento centra especialmente en Álvaro Uribe, “con miles de millones” invertidos en obras que ni siguiera se iniciaron y diagnósticos y diseños que no se cumplieron y empresas que no prestaban ningún servicios, y Juan Manuel Santos que impulsa un programa denominado ‘Aguas para la prosperidad’ que, según Martínez Zambrano, cae en los mismos esquemas que privilegian a operadores privados. Ahora el punto de mira está en la ruralidad colombiana, pero no tiene en cuenta el sujeto campesino ni los acueductos comunitarios. “Este modelo de servicio de agua que persigue el lucro, basándose en ‘la capacidad de pago’, y cuyo horizonte se orienta hacia un mayor consumo de agua, no presagia nada bueno para los territorios campesinos y rurales del país”.

Un derecho fundamental

Para Amigos de la Tierra, el Estado colombiano ha “violado sistemáticamente” el derecho fundamental del agua y ha privilegiado un uso corporativo del agua en el territorio nacional. Porque los derechos del agua en el país se concentran en una parte relativamente pequeña de los usuarios de agua, y en regiones donde la competencia por el agua es alta. “No sólo la distribución del agua en el país es inequitativa, sino que los procesos para adquirir las concesiones de agua no demuestran los criterios de equidad y sostenibilidad”, el capital juega un papel fundamental en el acceso del agua, excluyendo a los más pequeños usuarios rurales, y favoreciendo a los sectores industriales, agroindustriales y energéticos, denuncian Amigos de la Tierra en su informe.

Se estima que el 70% de los pequeños usuarios no pueden mantener una concesión de aguas por los numerosos y costosos requerimientos. El 59% de los usuarios tiene concesiones inferiores a 100.000 metros cúbicos, es decir el 1,3% del volumen asignado. En cambio, hay un 1,1% de las concesiones que acapara el 62% del volumen de agua concedido en el país.

“La defensa del agua y los territorios en Colombia representa una disputa por la democracia y por la interpretación de los bienes comunes. Las luchas legales y legítimas por la defensa del agua, hoy no sólo tienen que ver con el cuidado y la conservación del ambiente, sino sobre la construcción de un país para todos, en donde la decisión del manejo y uso de las aguas se conviertan en escenarios más democráticos y equitativos”, apunta Martínez Zambrano, quien señala que en la actualidad se debe contemplar el medio ambiente y el agua no solo como un desafío creciente, sino como víctima en su doble condición de “botín y de escenario de guerra”.

Fuente:http://kaosenlared.net/mientras-colombia-duerme-le-roban-el-agua/

El pasado 7 de mayo se cumplieron 15 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que ordenaba reubicar en 48 horas a la comunidad afrodescendiente de Tabaco, que vivía en la Serranía del Perijá, Departamento de la Guajira, hasta que fue desalojada en 2001 por la actividad minera de extracción de Carbocol S.A e Intercor, hoy Cerrejón.

Tabaco era un corregimiento afro ubicado en la Serranía del Perijá, departamento de La Guajira, al norte de Colombia; limitaba con varias comunidades campesinas y pueblos indígenas. Su economía se basaba en la pesca de río, la ganadería y la caza así como producción y comercio agrícola con los poblados vecinos. La comunidad contaba con espacio suficiente para la siembra y el pastoreo, servicios básicos de energía, centro de comunicaciones, escuela, campo de recreación, iglesia, entre otros.

El 9 de agosto de 2001 la comunidad de Tabaco fue desalojada forzosamente por parte del megaproyecto minero de Carbocol S.A e Intercor, actualmente Cerrejón, en complicidad con el Estado. Se obligó a salir del territorio ancestral de Tabaco a 1.200 personas (400 familias) aproximadamente, entre menores, adultos y ancianos, con el fin de facilitar la explotación y expansión carbonífera en la zona.

Desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor, hoy Cerrejón, habían ofrecido a los pobladores de Tabaco sumas irrisorias de dinero para que individualmente desalojaran y cedieran los derechos sobre sus territorios. Esta incidencia empresarial generó fricciones, desacuerdos y división en la comunidad; unos vendieron, otros se fueron, y algunos resistieron en su territorio con el ánimo de conservar su unidad social y continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les habían permitido sobrevivir.

Sin embargo, quienes resistieron en el territorio fueron víctimas de diversos mecanismos de presión para obligarles a irse. Hubo suspensión de los servicios públicos y domiciliarios, quema de viviendas, destrucción del cementerio; se prohibió el libre tránsito en el territorio e incluso se desvió el agua del río para el beneficio de la compañía, se despojó a la comunidad de su iglesia y su patrono religioso, entre otros múltiples hechos de presión.

Finalmente, el 9 de agosto de 2001 se expulsó del territorio a las últimas familias que quedaban habitando el lugar a través de un brutal desalojo ordenado por un juez y realizado por la fuerza pública en presencia de la fiscalía, de la alcaldía y de la empresa. Los habitantes vieron impotentes cómo una máquina aplanadora destruía su pueblo ancestral.

Ante tan alarmante situación, la comunidad adelantó una serie de acciones jurídicas tendientes a proteger los derechos conculcados. Y el 7 de mayo de de 2002 la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al Alcalde Municipal de Hatonuevo reconstruir de nuevo La Comunidad de Tabaco, en un lugar adecuado e iniciar los respectivos trámites “dentro de las próximas 48 horas”, fallo que no se ha cumplido hasta ahora.

La comunidad de Tabaco, se encuentra aún sin su territorio y además sufre las consecuencias de los daños sociales y ambientales producto de la actividad extractiva en cuya implementación se han desconocido y restringido los derechos de personas y comunidades habitantes del lugar.

El Departamento de la Guajira ha sufrido intensas sequías en los últimos años con muerte de animales y plantas, y registra el mayor índice de desnutrición y mortalidad infantil en la actualidad en Colombia, situación que ameritó la emisión de medidas Cautelares por cuenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenando la protección efectiva e inmediata de la niñez de esta región.

Luego de múltiples acciones jurídicas y de incidencia, actualmente, la comunidad se encuentra en un momento determinante para al cumplimiento de la tutela y actos jurídicos generados a favor de su reparación. A la fecha, se ha avanzado en la consolidación de una Mesa de Control y Seguimiento en la que participan la Comunidad, el Estado y la Empresa Cerrejón frente a unos acuerdos establecidos en 2008.

Hoy más que nunca se hace necesario rodear y contribuir al fortalecimiento organizativo y comunitario de Tabaco, que mantenga consolidado el tejido social, y su cultura ancestral y étnica, a fin de posibilitar un ambiente de esperanza, resistencia y permanencia de las familias en el territorio para la exigibilidad de sus derechos y la rendición de cuentas a la Empresa.

Ver documental ChiquiChiqui, cocineras de sueños ancestrales

Fuente: https://www.colectivodeabogados.org/?Comunidad-de-Tabaco-Infelices-15-anos-esperando-la-reubicacion

Que muchas comunidades del Suroeste antioqueño se opongan al desarrollo minero obedece, en parte, a que las empresas interesadas en ejecutar ese tipo de proyectos no han logrado sintonizarse con las expectativas que están planteando los diferentes grupos de interés.

Prueba de ello, puede inferirse del más reciente informe Brújula Minera, presentado el viernes en la clausura del congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que se celebró en Cartagena.

Se mantiene a la baja la opinión favorable ante el sector de los municipios no mineros del país. En 2014, las respuestas positivas eran el 42 % del total y este año cayeron a solo 28 %, según mediciones del único estudio independiente de percepción de minería en Colombia (ver gráficos).

Prioridad: el agua

Diálogo social

La ONG Dejusticia respondió a Caracol Radio los 10 grandes mitos que hay alrededor de la consulta previa a las comunidades indígena y población afro, raizal y rom.

Estos son los 10 mitos:

1. Alrededor de las consultas previas se han armado carruseles de corrupción.

El análisis de los procesos de consulta previa se debe realizar caso a caso. En ese sentido, es imposible sostener en abstracto que alrededor de los procesos de consulta se han creado carruseles de corrupción en general. Para dar el debate hay que analizar cuáles son las circunstancias en las que ha sucedido y realizar un proceso de sanción a las malas prácticas que han ocurrido.

La proliferación de la minera ilegal sobre el territorio colombiano causa preocupación a la Asociación Colombiana de Minería – ACM. Santiago Ángel Urdinola, presidente del gremio, advierte que el 30% del suelo nacional es víctima de esa actividad criminal que causa contaminación a los cuerpos de aguas, por lo que exigen que el Gobierno Nacional apruebe la ley que penaliza con más fuerza ese delito.

“La información que nosotros tenemos, que presentamos en el Congreso Nacional de Minería, es que cerca del 30% de Colombia tiene presencia de minería ilegal, explotación ilícita de minerales, lo cual nos debe llamar mucho la atención, mucha atención con preocupación en cuanto a la contaminación de nuestros ríos, el impacto ambiental sobre nuestra la población. Es un llamado urgente a que se establezcan unas penas importantes“, apuntó Urdinola.

En el Congreso de la república hay un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Minas, Justicia, Medio Ambiente y Defensa para combatir ese flagelo. Esa iniciativa legislativa busca tipificar toda la cadena delictiva porque hoy son delitos ambientales y excarcelables; “cogen un tipo con una draga y lo llevan un fin de semana a la estación de Policía, pero eso no es un tipo penal, toca definir eso para que se pueda judicializar y combatir esa actividad“, indicó el ministro Arce.

Esa iniciativa legislativa, según el sector minero, debe tramitarse antes de finalizar el primer semestre del año; “nuestro llamado es para que antes del 20 de junio se debata ese proyecto de ley en el Congreso de la República, donde ya existe ese marco normativo. Ahora tenemos que darle celeridad en la votación para que sea una ley de la República“, indicó Urdinola

“Hay gobernantes que hacen la vista gorda, no puede meterse una maquinaria de 10 toneladas sin que nadie las vea, es imposible. Hay autoridades locales que deberían estar levantado las alertas de cómo llegan las dragas que nos estamos encontrando, por ejemplo en la mitad de las selvas del Chocó“, indicó Arce Zapata.

Para el Ministerio de Minas no es posible establecer los recursos que se mueven en las actividades extractivas ilegales; “como son ilegales, no pagan impuestos, no están en el reportes de ingresos, no están el reportes de regalías (…) las cifras son de empresas legales, los ilegales no van a mi oficina. Lo que nosotros aprobamos es una actividad que se hace con un título minero y con un permiso ambiental“.

Fuente:http://www.lafm.com.co/nacional/minminas-gobernantes-hacen-la-vista-gorda-ante-mineria-territorio/

El ministro Germán Arce dice que tiene lista una propuesta y calificó las consultas de “trampas”.

Un día después de la consulta minera en Cajamarca (Tolima), en la que el 98% de los votantes le dijeron No a la explotación de oro en su territorio, el ministro de Minas Germán Arce dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Esta mañana, en entrevista a Blu Radio, reveló que tiene lista una propuesta para “llenar los vacíos normativos” que dejaron en “el limbo algunas situaciones del sector”.

El anuncio coincidió con la reunión en Cartagena de la Asociación Colombiana de Minería y cuando están pendientes alrededor de 39 nuevas consultas populares en todo el territorio colombiano.

Para Arce se debe crear un mecanismo para manejar lo que él llama “la paternidad compartida entre el suelo y el subsuelo… si somos capaces de construir una regla que nos permita sentarnos y decidir qué hacer en el territorio le vamos a dar salida a esta trampa de las consultas populares”.

Arce argumentó que el dinero proveniente de regalías mineras en todo el país aporta el 50% de la inversión territorial y criticó que algunos municipios se quieran beneficiar de esos recursos pero no estén dispuestos a que se ejecuten las actividades de las que provienen.

Aunque en ocasiones anteriores ya había dejado claro su inconformidad con las consultas populares, en la entrevista de esta mañana volvió sobre el mismo tema: “la consulta es un instrumento de participación pero no puede cambiar la ley. Este no puede ser un instrumento político, pagado por el Estado, para que algunos actores pongan preguntas de si y no. Soy respetuoso de que las comunidaes definan como se quieren desarrollo pero aquí estamos hablando de recursos de todos los colombianos. Estamos hablando de derechos generales sobre particulares”.

En la entrevista, Arce intentó descalificar las consultas diciendo que “hay grupos montando campañas para generar estas emociones de petroleo versus agua, que son muy populares pero ponen en jaque las actividades legales que se pueden hacer de manera responsable”.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/minminas-quiere-modificar-consultas-populares-articulo-693492