Diez municipios en el suroeste del departamento le dijeron ‘no’ a la minería a través de acuerdos municipales. Este es el panorama y las razones que esgrimen.
Aunque se puede decir que la minería colombiana empezó en Antioquia y que sus más de 200 años de tradición extractiva le han dado al departamento una fortaleza económica e industrial que en otrora tuvo brillo propio, hoy esa no es un legado que quieran todos paisas, la muestra está en que en los últimos meses los concejos de diez municipios del suroeste antioqueño —Támesis, Jericó, Urrao, Titiribí, Jardín, Concordia, Betulia, Tarso, Salgar, Pueblorrico— dijeron no a la minería, después de que se supiera que hay varios títulos mineros que ponen en riesgo la alta vocación agrícola y ganadera de la subregión.
Todo empezó hace varios meses en Támesis y Jericó donde un grupo de “neocampesinos con arraigo ancestral a sus tierras” conformó un grupo al que nombraron Mesa técnica: custodios de flora y fauna en el paraíso del Suroeste de Antioquia, con el que buscaron blindar una región que aporta el 60 por ciento de la producción del café de Antioquia y el 16 por ciento de la cosecha nacional, lo que representó ingresos para el departamento mayores a los 7 billones de pesos en 2016.
El trabajo de la Mesa Técnica ha sido arduo, y busca proteger un terruño que nunca ha sido minero. Ahora, ese trabajo no ha caído del todo bien en la Gobernación de Antioquia, donde el gobernador Luis Pérez dijo que es entendible que las regiones que no tienen una vocación minera tan fuerte como el caso del nordeste o el bajo cauca, quieran continuar en sus labores ancestrales.
Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, le dijo a SEMANA que desde su despacho se apoya la minería bien hecha y que lo sucedido en el suroeste no deja de preocupar. “La minería es una de las actividades más tradicionales del departamento, por eso tenemos 1.400 títulos mineros. La vocación de la tierra de nosotros es minera en gran mayoría”. Y que si bien los acuerdos “son respetados” cada uno es revisado por la Oficina Jurídica de la Gobernación y que si es encontrado alguna anomalía se pasa al Tribunal Administrativo de Antioquia para su final revisión, de hecho, ya algunos están en ese trámite.
En palabras de la secretaria Balvín, es la Nación la que tiene la potestad de definir el uso del subsuelo y que las alcaldías sólo pueden entrar a prohibir o modificar la minería a través de los Planes de Ordenamiento Territorial. “Me parece que se está malinformando a la comunidad, porque los pesticidas y la ganadería también arrasan con el medio ambiente. La deforestación que ha ocasionado el tema de la ganadería en la historia de Antioquia, es mucha. Aquí solo estamos satanizando la minería”.
Sin embargo, las objeciones del Tribunal no parecen muy convincentes, pues en el numeral noveno del artículo 313 de la Constitución se estipula que a los concejos municipales les compete “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Según el abogado Rodrigo Negrete, quien ha acompañado a las comunidades en su lucha por el territorio, en la sentencia T445 de 2016 la Corte Constitucional señalo que hay tres vías para levantar voz ante el avance minero: consultas populares, las disposiciones de los POT, y los acuerdos municipales en defensa del medio ambiente.
“Es muy raro porque el Tribunal Administrativo del Huila sí reconoció que los concejos tienen está facultad, pero en Antioquia no, lo que es muy diciente teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia es autoridad minera. Es juez y parte. Es más, el Tribunal cita dos sentencias que han sido declaradas inexequibles. Al ver nsotros estamos anomalías decidimos demandar”, dijo Negrete.
El panorama no es del todo claro, pero de lo que no queda duda es de la posición de las comunidades, en este caso unas comunidades que nunca han ejercido la minería. La Gobernación de Antioquia, que adelante estudios tan revolucionarios como el Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola (POTA), deberá decidir de acuerdo a las vocaciones de cada región.
Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/la-mineria-tiembla-en-antioquia/551211
Luego de que en junio del presente año el Consejo Municipal de Jericó, en Antioquia, tomara la decisión de prohibir la minería en ese territorio, incluyendo el proyecto minero Quebradona de la Anglo Gold Ashanti, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria. Los defensores del ambiente y la población de Jericó manifestaron su rechazo ante esta decisión.
El alcalde de El Cantón de San Pablo, Elkin Palacios, confirmó que el estudio fue hecho con la Agencia Nacional de Minería.
Por extralimitación de funciones por parte de los concejales de Jericó al pretender prohibir la minería, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró sin validez el acuerdo del 8 de junio de este año, con el que los corporados del suroeste antioqueño pretendían salvaguardar los recursos naturales al frenar cualquier intención de adelantar minería en su territorio.
La Confederación Indígena Tayrona, en conjunto con representantes del Gobierno Nacional, instalaron, la mesa de concertación. Los indígenas le hicieron saber al Gobierno Nacional que los argumentos cosmogónicos sobre la defensa del territorios, no son negociables y deben estar incluidos en la deliberación sobre la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró inválido el acuerdo realizado en junio de este año por el Concejo Municipal de Jericó (Antioquia) que prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales.
El sol está saliendo en la reserva indígena Provincial, en el sur de La Guajira. El silencio matutino se rompe con un sonido fuerte a lo lejos, donde las columnas de humo se elevan desde el cráter del pozo minero más cercano, a solo unos cientos de metros de la comunidad. “Ese ruido continúa día y noche”, dice una habitante wayú, mientras muele maíz para las arepas del desayuno. El aire está cargado de polvo y huele vagamente a azufre y a carbón ardiente. “Y cuando hacen su explosión diaria de carbón, nuestras casas vibran como teléfonos móviles”.
Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo firmado por el Concejo Municipal de Jericó, en el que se prohibía el desarrollo de actividades mineras de metálicos y demás minerales en la región.
El mandatario pedía que se realizara audiencia pública en Bucaramanga y no solo en municipios mineros cercanos al proyecto Soto Norte
Este miércoles se cumplió una nueva reunión de la comisión accidental de la Cámara de Representantes que le hace seguimiento al proceso de licenciamiento ambiental solicitado por Minesa para explotar oro cerca al páramo de Santurbán.