Exministro de Minas Jorge Eduardo Cock analiza, punto a punto, los compromisos de AngloGold Ashanti.

El presidente de AngloGold Ashanti (AGA) en Colombia, Felipe Márquez, en su ‘Carta a todos los habitantes de Jericó’, del 18 de julio de 2019, radicada ante notario, y los altos funcionarios de la empresa, en sus presentaciones de ‘Socialización del estudio de impacto ambiental’ (EIA) han hecho una serie de compromisos y afirmaciones cuya posibilidad de cumplir es bien incierta, como se analizan en seguida:

1. Que “este proyecto tiene impactos mínimos en cuanto a calidad del aire y ruido, porque toda la actividad es dentro de la montaña”.

No es cierto ni posible. La mayor parte de las operaciones estaría por fuera de la caverna, en inmensas instalaciones y equipos, siendo la peor de todas la formación de la inmensa pila o montaña de residuos mineros o relaves, que son arenas sucias, lo que proponen como solución y cuyo transporte de la planta a la pila requiere muchísimos viajes de volquetas mineras por hora, todo el día. Ruido y polvo por cantidades.

2. Que “Estudiamos y nos aseguramos de que no existen acuíferos subterráneos en la zona del proyecto, por lo que el potencial impacto en aguas subterráneas será mínimo”.

La evidencia a la vista y los conceptos de muchos geólogos e hidrogeólogos muy conocedores de la zona contradicen esa afirmación y ello deja sin piso muchas otras cosas de su EIA y de su presidente.

Basados en esa afirmación de que en la zona no hay acuíferos, subestiman drásticamente las grandes filtraciones que se producirían en la caverna y en los túneles. Esas aguas, al entrar en contacto con aire y con rocas recién quebradas, igual que las que penetrarían por el gran hundimiento, la subsidencia y las grietas que la circundarían, se convertirían todas en aguas ácidas, inutilizables por los seres vivos o en agricultura, aguas que se producen y duran hasta por siglos.

3. No en su carta, pero sí en declaraciones al periódico Portafolio del martes 4 de junio del 2019, afirma el señor Márquez que “el proceso de producción… iría en una primera fase hasta 2047”. El documento de socialización del EIA (pág. 19) dice: “Fin operación minera (año 2045). ¿A quién o a qué creerle? Además, dentro de las leyes, nada justifica lo de “una primera fase”. Solo maromas y jugadas a la ley explicarían la extensión de los periodos que en ella se establecen.

4. Sobre el depósito de relaves dice el señor Márquez: “Al ser arenas secas se facilita su depósito, rehabilitación y revegetalización progresiva”. Lo primero es: ¿Arenas secas? ¿Cómo piensan secar más de 17.000 toneladas diarias? Como secan café, con techos corredizos, o en hornos a carbón o eléctricos.

5. Pero lo peor del tema es que una funcionaria de altísimo nivel en AGA define los relaves como “partículas de mineral que el agua ya ha lavado”, lo que aparece en su entrevista del domingo 30 de junio de 2019 en El Colombiano, sin rectificar. ¿Lavado? ¿Con qué agua? Y si fuera cierto, ¿dónde se vertería tal agua? ¡Por favor!

7. Otro cuento, no cierto, sobre arenas secas: ¿Revegetalizar? En La Guajira, cuando extraen el carbón, o lo que sea, siembran y crecen plantas del desierto. Pero ¿en esa tierra tropical de Cauca? Que no nos crean tan…

8. Más compromisos de Márquez sobre relaves: “Este depósito no tendrá ningún tipo de impacto sobre el río Cauca”. Y ¿qué pasaría con los aguaceros que caen en la zona? ¿No rodarían cantidades de arena ácida y con químicos hacia el río?

9. Para la generación de polvo, dice Márquez que tendrán “medidas de control, como riego con agua… y cubrimiento de áreas de operación con mallas”. ¿Agua? ¿Cuál? ¿No dicen que van a recircularla en un 80 por ciento? Y ¿mallas? ¿Sí tapan polvo?

10. En otro párrafo dice el señor Márquez: “El hundimiento que será progresivo, controlado”. ¿Controlado? ¿Cómo lo van a amarrar y frenar?

11. Y agrega que “se evitará el acceso de personas y animales al área de subsidencia”, que le harán “cierre perimetral”. Y continúa con “que la subsidencia se vea y se integre al paisaje y pueda ser considerado en el futuro un atractivo turístico, con potencialidad de volverse un espacio de avistamiento de aves”. En total contradicción con lo primero.

12. Hablando del paisaje, afirma: “Nos comprometemos a que nuestra presencia no será un factor disruptivo que altere sustancialmente la vista en la región”.

Tres enormes daños le hacen imposible cumplir: Uno, la inmensa ciudadela industrial que tendrían que construir, con grandes bodegas, talleres, patios y subestaciones, vías internas, bandas transportadoras, oficinas y otros ítems, que ocuparían más de cincuenta hectáreas según sus dibujos para la socialización, harían un horroroso parche en el verdor de la zona.

Otro, la gigantesca pila o montaña de arena que proponen hacer con sus “relaves secos”, un horrendo tumor en la pradera, con 174 hectáreas de base y 120 metros de altura en su “primera fase”. Y el otro, el famoso hoyo de la subsidencia, con una boca de varios cientos de hectáreas y con sus grietas radiales y, encima, la red de carreteables, caminos y desviaciones de quebradas para evitar que sus aguas se vayan por el hueco a su frente minero.

13. Un compromiso cumplible pero que niega las maravillas que prometen como beneficios que obtendría la población: hablando del empleo que generaría el proyecto minero, dice el señor Márquez: “Cerca de 3.000 en construcción (empleados directos y contratistas durante 4 años), 550 en operación (empleados directos y contratistas durante 21 años)”. Un tsunami inflacionario y de forasteros durante la construcción, muy poco en operación y… se cierra la mina. ¡Tremendo daño social!

14. Una sugerencia incumplible por absurda. Hablando de qué usos se le podrían dar al terreno que abandonarían (473 hectáreas, equivalentes a 739 cuadras) con el cierre de la mina, dice el señor Márquez: “Algunos ejemplos de qué se podría hacer son: … o granjas de generación de energía solar”. ¿Será que así, como un desierto, tan destruido lo pensarían dejar?

Fuente:https://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-riesgos-del-proyecto-de-mineria-en-jerico-418650

Paradójicamente, el importante uso de los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los bienes comunes ha intensificado la disputa por el verdadero sentido de la democracia durante los últimos años. Esto debido a que la fundamental participación de los pueblos en la defensa y la protección de los bosques, los suelos y las aguas ha desembocado en una reflexión sobre ¿qué es participar? ¿cómo se concibe la participación?, ¿cuál es su significado legal y/o legítimo en los territorios? Al mismo tiempo, estos pensamientos plantean retos importantes en cuanto a la concepción de las luchas ambientales más allá de lo jurídico, y presentan interesantes horizontes para la articulación de los actores en los territorios, en su diversidad y diferencias.

Recientemente, la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias contradictorias frente al derecho de participación ciudadana que promulga la Constitución de Colombia (ej: T-342 de 2019), donde limita aún más la posibilidad de los municipios de decidir sobre la realización o no de actividades extractivas en sus territorios. Por esta razón, la Corte insta al Congreso de la República que defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio.

Bajo este contexto, es posible determinar dos escenarios producto de las limitaciones a la participación por parte de la corte. Por un lado, desde el inicio del año, el gobierno junto a sectores mineros y petroleros han anunciado la propuesta de un proyecto de ley sobre la coordinación y concurrencia del gobierno central con los representantes de los municipios -alcaldes- para la concertación de las actividades extractivas. Aunque hasta el momento no se ha presentado por parte del gobierno dicho proyecto, si se ha venido denunciando en diferentes medios de comunicación la estrategia de la Agencia Nacional Minera y Agencia Nacional de Hidrocarburos de reunirse con los alcaldes para promulgar tales territorios como municipios mineros y dar vía libre a las actividades extractivas. Es necesario aclarar que la estrategia del gobierno también se encuentra articulada con una reforma de la ley de regalías, actualmente en debate en el Congreso, que incrementaría el nivel de beneficios a los municipios que aportan mayores recursos al Sistema General de Regalías, intentando presentar a la minería y petróleo como más codiciables.

Quienes sí presentaron un proyecto de ley sobre la concertación y concurrencia respecto a actividades extractivas fueron los partidos de oposición, radicado el 24 de julio del 2019. El proyecto establece la necesidad de audiencias públicas ambientales, la participación de las universidades para los estudios previos a actividades extractivas, el reconocimiento a las posibles objeciones de los municipios y participación de la “ciudadanía”. Ahora bien, será necesario que el proyecto de ley pase por los diferentes debates y que no se convierta en un adefesio en donde la participación quede eclipsada por una simple concertación bilateral entre el gobierno central y los alcaldes, o que parta de un diálogo desigual entre comunidades y el sector empresarial. En definitiva, queda la pregunta ¿qué posibilidades reales van a tener las comunidades para decir no a un proyecto extractivo?.

Por otro lado, frente a esta situación los procesos organizativos han seguido construyendo y fortaleciendo propuestas de autonomías energéticas, alimentarias y de ordenamiento territorial popular, que se traducen en acciones concretas en la disputa por la participación y por la gestión comunitaria de los bienes comunes. En este sentido, y durante los últimos meses se han consolidado las consultas populares legítimas, inspiradas en ejercicios de participación ciudadana con el objetivo de radicalizar la democracia. Estamos hablando, por ejemplo, de la Consulta Autónoma realizada en La Guajira en el 2014, entre otras cosas, contra la expansión caboniféra en territorios étnicos, los mandatos populares en el Suroeste Antioqueño, construidos por varias comunidades en temas sobre uso del suelo y agua, patrimonio cultural y ambiental, participación social y educación territorial, así como propuestas de ordenamiento en relación con la construcción social y cultural de los territorios.

Sumado a lo anterior, la última consulta popular legítima respecto a la exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos llevada a cabo en Mercaderes (Cauca) el pasado 3 de agosto, fruto de la organización de varios procesos en la Coordinadora Integral Social Mercadereña y de las históricas luchas por las aguas en la región, deja enseñanzas que robustecen los ejercicios autónomos de las comunidades: 1) Se consolida una pedagogía popular y ambiental en donde las comunidades son capaces de aprender y enseñar en el voz a voz, de casa en casa, donde las expresiones culturales y artísticas se convierten en una oportunidad para el convite, la solidaridad y la alegría del compartir. 2) Redimensión (resignificación) de los territorios: ha sido la posibilidad de recorrer nuevamente los territorios, recordarlos, inquietarse nuevamente por sus montañas, fuentes y paisajes, en algunos momentos hasta se ha podido descubrir nuevos caminos, cuerpos de agua o animales. 3) Radicalizar la democracia ante la negativa del Estado de hacer cumplir el derecho de participación de la ciudadanía, las comunidades se organizan para hacer efectivo su derecho, el Estado se convierte en algo superfluo, no necesario para la expresión de una democracia radical. 4) Articulación de actores diversos más allá de sus diferencias para la protección del agua y de la vida, que abarca también la lucha por las economías propias y las posibilidades de transformación desde la raíz.

Uno de los retos fundamentales radica en ¿cómo dar continuidad a la construcción de los sentidos de la participación en clave de ejercicios de autonomía territorial? Si bien, las posibles respuestas son asuntos para seguir reflexionando y construyendo, hay ejemplos y pistas en lo más profundo del tejido territorial, resulta importante seguir aprendiendo de ellas, tanto de sus obstáculos como de sus aciertos.

Fuente:https://www.contagioradio.com/sentidos-ambientales-de-la-participacion/

Con iniciativa de los representantes a la Cámara, César Pachón Achury y Fabián Díaz Plata, se programó para finales de septiembre, en plenaria, en el Salón Elíptico del Congreso, el debate de control político al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y al director de la ANLA, Rodrigo Suárez. Intervendremos por invitación del congresista Díaz Plata, abordando las diversas problemáticas alrededor de Santurbán: Mario Avellaneda Cusaría, Luis Álvaro Pardo y este columnista Rodriguez-Salah.

La próxima semana nos visitarán desde Washington Sarah Joy Dorman, CIEL, y Manuel Pérez Arocha, investigador del Instituto de Estudios Políticos, organizaciones internacionales aliadas de nuestro Comité por la defensa del agua y Santurbán para dictar la conferencia Demandas contra el Estado colombiano por empresas mineras, casos: Eco Oro, Galway y Redd Eagle Mining; conferencia que se realizará el lunes 9 de septiembre, a las 6:00 p.m., en la calle 33 23-37, con entrada libre.

El 27 de septiembre, en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, realizaremos el Foro sobre el Agua y Santurbán, con los candidatos a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Bucaramanga.

Los días 26 y 27 de septiembre, en esta ciudad, participaremos dando nuestro aporte desde la plataforma cognitiva, en el Congreso organizado por la Asociación Colombiana de Salud Pública, el médico y columnista Jaime Forero Gómez, el ingeniero Gonzalo Peña Ortiz y este colaborador.

Adenda: Con gran beneplácito, el pasado 23 de agosto participé como conferencista en la jornada académica del Día del Inmobiliario Santandereano organizada por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, donde se dieron cita empresarios del sector de la construcción, inmobiliarias y administradores de propiedad horizontal. Felicitaciones a su junta directiva y a su director ejecutivo, Julio César Ardila: muy loable que los gremios económicos se preocupen por la protección del agua en Santander con miras a blindar el agua de nuestros hijos y el futuro de nuestra competitividad regional. Sin agua no habrá vida, tampoco competitividad empresarial. ¿Qué empresa no necesita del agua para su operación?

Fuente:http://concienciaciudadana.org/todo-por-nuestra-agua-y-santurban/?fbclid=IwAR1fvdyHixMhSrblO-TX1y-uBIe4dSDA_zJ1uHYYNlDnO0kBwZ6JUKxUXMY

La Fundación Forjando Futuros hizo un estudio en el que se presentan las cifras de los títulos mineros que tiene Anglo Gold Ashanti, en relación con el despojo de tierras, el proceso de restitución de las mismas, el asesinato de líderes sociales y la comisión de masacres. Aunque la investigación aclara que de ello no se concluye que la empresa sea culpable por estos hechos, sí debería motivar al Gobierno para que tome medidas respecto a la explotación del subsuelo.

El director de La Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, denunció que pese a que han sostenido reuniones con Anglo Gold Ashanti, la multinacional ha realizado visitas a las embajadas o agencias de cooperación «buscando que no tengamos apoyo para hacer las investigaciones que hacemos, pero nosotros vamos a continuar en nuestra labor independientemente de todo».

El foco sobre Anglo Gold Ashanti

Según información publicada por las Dos Orillas, 11 grandes empresas son las encargadas mayoritariamente de extraer metales preciosos en Colombia: Gran Colombia Gold Corp., Continental Gold Corp., Miranda Gold, Royal Road Minerals, Libero Copper Corporation, Newrange Gold Corp., Max Resources, Metminco, Atico Mining Corporation y Anglo Gold Ashanti. Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, declaró que Anglo Gold tiene 184 títulos de explotación minera, y hay 109 títulos más de empresas con las que tienen alguna relación porque son sus filial o porque comparten miembros de juntas directivas.

Gerardo Vega resaltó que esos municipios donde la empresa tiene títulos mineros hay 18.422 solicitudes de restitución de tierras; además, en esos mismos municipios se han presentado 57 asesinatos de líderes sociales desde 2016. El director de la Fundación manifestó que muchos de estos lugares tienen en común que «son zonas olvidadas, donde hubo presencia del conflicto, actores armados ilegales y que de una u otra forma en medio del conflicto, causó el desplazamiento».

Vega aseguró que luego del mapeo y cruce de información, la Fundación no afirma que Anglo Gold Ashanti haya causado estos delitos, «pero sí vemos que estas empresas han aprovechado la situación de violencia para adquirir estos títulos mineros, o para compra y concentración de tierra». El defensor de derechos humanos argumentó que ello se argumenta en la figura de la buena fé exenta de culpa que está en la Ley 1448 DE 2011, que señala que las empresas o personas que compren en lugares donde ha habido conflicto deben investigar suficientemente para saber que el precio que pagan por la tierra es justo.

Asimismo, recordó que también tendrían que estar seguros que quien vende es el verdadero propietario y que no hay hechos de violencia que ocasionan la venta de dichos bienes, en ese sentido, sostuvo que comprar tierras a precios bajos en zonas de conflicto significaba que «tiene una tragedia atrás, que se la quitaron, que a alguien despojaron» y las empresas «si tienen que saber que allá había ocurrido algo». Por esta razón, Vega dijo que el Gobierno debía tomar medidas en relación con la política para la adjudicación de títulos, que impidiera que este tipo de situaciones siguieran pasando.

Fuente:https://www.contagioradio.com/anglo-gold-ashanti-bloquear-investigacion/?fbclid=IwAR2_TX65sKgpX-tAaf35OcDqsYrHC34-943twUwF679Y765mJSTXafIVAeI

La cita fue en un domingo caluroso de julio.

Junto a comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes desplazadas por la minería de carbón, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, empleados de la empresa Cerrejón y funcionarios de gobierno caminé por más de cinco horas por donde alguna vez corrió el cauce natural del arroyo Bruno.

Lo que vi a mi paso fueron restos de caracoles que murieron de sed, pegados al fango, y el cuerpo sin vida de un tigrillo que, inerte, nos muestra lo que no debería pasar de nuevo.

El Bruno es una vena de agua que irrigaba el departamento de la Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia y azotado hace años por una sequía extrema.

El arroyo es un generoso tributario del río Ranchería, una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, y hace parte de los sistemas subterráneos de agua que han dado vida a las comunidades de la región.

Fue doloroso caminar por donde alguna vez el Bruno fluía libre, pensar —mientras lo hacía— que lo que ahora es un tramo seco, antes era un caudal rebosante de vida.

Ese domingo también recorrimos lo que ahora pretende ser el cauce artificial del arroyo después que, en 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara a Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del caudal del Bruno para favorecer la continuidad de la explotación de carbón en la Guajira.

Varias cosas me impresionaron ese día.

Una de ellas fue que pese a que los ríos nos pertenecen a todos y las fuentes naturales de agua son públicas, estuvimos siempre acompañado por empleados de la empresa. Entramos a terrenos “de propiedad” de la concesionaria de explotación de carbón en la Guajira. Las comunidades que antes transitaban libremente la rivera del arroyo hoy no pueden hacerlo.

Aunque el Bruno es una de las pocas vertientes de agua del departamento menos lluvioso de Colombia y una de las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades, su cauce fue taponado y desviado para facilitar la minería.

Una obra de ingeniería afectó una de las vertientes más importantes para una región sedienta y creó un camino artificial por el que no corre ni un hilo de agua.

“Si llevan agua son ríos; si no, son caminos, nos enseña uno de los versos del poeta indígena guatemalteco Humberto Ak’abal. El nuevo “cauce” del Bruno no es río, “sino camino estéril” que atestigua el deterioro de un ecosistema sensible. El “camino” no recupera ni mitiga los daños de la desviación del arroyo. Por el contrario, produce nuevos.

El mundo enfrenta una crisis climática y la minería de carbón es una de sus principales causas. Mientras varios países están reemplazando el uso de carbón en sus matrices energéticas por opciones limpias, en Colombia se decide secar un río para explotar cada vez más carbón.

Recorriendo caminos de justicia

Pese a todo, al día siguiente de la caminata, la frustración por lo absurdo no impidió un asomo de esperanza.

El lunes, a la audiencia pública convocada por algunos congresistas para la rendición de cuentas sobre lo ocurrido con el Bruno, llegaron los representantes de las comunidades y organizaciones.

La fuerza y dignidad de sus palabras, en donde se cifran décadas de resistencia, me abrazaron el alma.

“Este territorio es nuestro, nuestros ríos son nuestra vida y la vida se cuida, por nuestros hijos, por nuestro presente y por nuestro futuro y el del mundo”.

Como en muchas ocasiones antes, la Guajira le habló al país y al mundo.

Les dijo que no es posible que se priorice el uso del agua para la minería sobre su consumo humano

Les advirtió que el país debe transitar a formas de producción de energía que no generen los daños que la minería de carbón ha provocado por décadas en el clima, los derechos humanos y en los ecosistemas y especies que nos sostienen.

El arroyo debe volver a su cauce, los caracoles deben beber nuevamente de sus aguas y ningún tigrillo debe seguir muriendo por la destrucción de su mundo.

En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional evidenció que existen incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno. Y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional para resolver las denuncias de las personas afectadas.

Las comunidades seguirán exigiendo el cumplimiento de ese fallo y demostrando que las incertidumbres son en realidad certezas de daños que siguen minando sus vidas.

AIDA, junto con otras organizaciones, seguirá acompañando esa lucha para evidenciar los daños de la minería de carbón y promover alternativas limpias y justas que respeten el ambiente y a las personas.

Fuente:https://aida-americas.org/es/blog/caminando-por-donde-alguna-vez-corrio-un-arroyo-carbon-o-vida?fbclid=IwAR21EMKyB0TaUygvC0Q4ZGs-GtBa65fpbTBAjTTYKjU-ZeLc1cZqRkY01qw

Las organizaciones que analizan el tema tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a ellos, los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie.

Investigadores de Colombia, Perú, Brasil y Argentina dieron a conocer en una conferencia realizada ayer en el Banco de la República que aunque las empresas mineras aseguran que no cometen violación de los derechos humanos, sino que eventualmente existen impactos ambientales, se encuentran violaciones a los derechos de la salud, ambiente sano y participación de las comunidades.

Diego Pérez, de la organización Pensamiento y Acción Social, contó que esta iniciativa nació el año pasado con investigadores de Perú, Brasil y Argentina que trabajan en territorios donde hay actividades de minería a gran escala, donde hay comunidades afectadas; ellos hicieron una investigación conjunta de cuáles son los patrones de afectación de las empresas trasnacionales.

“Presentamos el resultado de esas investigaciones. En el caso de Colombia se hizo en las comunidades de El Hatillo (El Paso), Tamaquito (Becerril) y Roche (Barranca, La Guajira) evidenciándose violaciones de los derechos humanos de las comunidades y los territorios. Además, el Estado se desentiende de proteger los derechos de las comunidades, deja que las empresas hagan obras sociales y de desarrollo, pero ese le compete es al Estado. En el corredor minero Cesar- La Guajira hay daños al territorio irreparables no solo por el daño al ambiente, sino por la forma en que se ha transformado el territorio a partir de la minería a cielo abierto con excavaciones, desechos, daño al agua y al aire. El lavado del carbón implica genera una serie de tóxicos que se van a profundidad de la tierra, aunque las comunidades tienen sus pozos para alimentarse, estos ya están contaminados”, argumentó.

La finalidad de esta investigación es que las comunidades de los territorios mineros de los cuatro países analizados tomen conciencia que pese a que se haga la explotación minera tienen derechos que deben exigir, insistir que los gobiernos deben ser responsables en la exigencia de licencias ambientales para explotar cualquier mineral como carbón, oro o níquel, teniendo en cuenta que las empresas mineras dejan un daño ambiental irreparable.

Entre las conclusiones planteadas están: “Las comunidades tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie; las Naciones Unidas pueden exigir la obligación de los estados, queremos incidir para que les pidan a los gobiernos que cumplan los planes y tratados que han firmado a nivel internacional relacionados al cuidado del medio ambiente”, subrayó Pérez.

Por su parte, el representante de comunidades campesinas, Guillermo Pérez, quien hace parte de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, manifestó que: “Más allá del imaginario que hay de desarrollo o afectaciones tangibles, que también son importantes, también miramos las afectaciones socioculturales, la ruptura del ‘cordón umbilical’ de las comunidades y el territorio. Cuando por alguna circunstancia a alguna comunidad le toca reasentarse eso genera una ruptura espiritual, que no lo remedia nada. Por ejemplo, una comunidad campesina que vive en casas de bahareque y techos de palma, los corren a lugares con casas de cemento, en condominio u otro tipo de habitad al que no están acostumbrados. Los reasientan, pero quién reasienta sus tradiciones, saberes, sus muertos, sus espíritus; los sitios sagrados de comunicación de comunidades campesinas, indígenas o comunidades afro. La desconexión con el entorno genera enfermedades mentales porque ya no pueden hablar con los árboles, pájaros o con sus vecinos”, precisó.

Fuente:https://elpilon.com.co/en-territorios-mineros-violan-derechos-humanos-pensamiento-y-accion-social/

En la producción audiovisual participaron campesinos, emprendedores, jóvenes, empresarios y gobiernos locales que hacen parte del Suroeste de Antioquia. Al debate sobre si se debe o no permitir la explotación de minerales en esa región del país se sumó hasta Juanes.

«Señor Presidente: minería sí, pero no así ni aquí». Con esta frase termina el video denominado ‘Carta desde el Suroeste‘ en el que los campesinos, emprendedores, jóvenes, empresarios y gobiernos locales que hacen parte del Suroeste de Antioquia le solicitan a Iván Duque que no permita la realización del proyecto Quebradona por parte de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA).

En la producción audiovisual, elaborada por la cineasta Catalina Mesa, se recogen diversas voces del municipio de Jericó que manifiestan su oposición al desarrollo y operación de esta iniciativa de megaminería, en la que se tiene proyectado producir 6,13 millones de onzas de oro,  85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, en los 21 años de operación que durará la concesión.

“Al contrario de lo que ha manifestado AngloGold Ashanti en medios de comunicación, la comunidad de Jericó y gran parte del Suroeste se encuentra en franca oposición al proyecto de minería de metales en el municipio. Más que inquietudes, las personas tienen una visión de desarrollo diferente a la que propone la minera. Este video logra darle voz a quienes viven permanentemente enfrentados a esta situación, con el fin de que sean ellos los que expresen su posición frente a la minería, en contraposición a la vocación agroindustrial, ecoturística, cultural y de emprendimiento que se ha trazado el municipio”, indicó Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste, organización que apoya actividades institucionales y comunitarias en contra del proyecto de AGA.

«No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz», dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en la video-carta.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señaló que esa era una zona de paz y tranquilidad, que había vivido por más de 160 años en calma. «Las condiciones de empleo están copadas, que haya algunas carencias es normal, pero estamos en un paraíso donde la mayoría de las necesidades están satisfechas. Nuestro nivel de vida es mucho más amplio que el de los municipios mineros del país como para enfrascarnos en ese problema», apuntó.

Jaramillo sostuvo que la comunidad teme, sobre todo, por la división social, pero también por la contaminación de los yacimientos de agua superficiales y subterráneas que se podría generar, así como por los impactos socioculturales en la región, las afectaciones a los ecosistemas y los problemas de seguridad que se presentarían  con la llegada de gente foránea.

«Cuando se extraiga el volumen de roca de las tres cavernas o túneles de seis kilómetros de longitud cada uno, que permitirán comunicar el depósito del mineral ubicado en Quebradona y la planta de procesamiento, situada en la vereda Cauca, de Jericó, se producirán cerca de 120 millones de toneladas de desechos mineros, de los cuales 7 millones serán de pirita, un mineral altamente tóxico, que al estar en contacto con el aire y el agua genera sulfuro«, afirmó.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/con-video-carta-piden-al-presidente-duque-impedir-la-explotacion-minera-en-jerico/45339?fbclid=IwAR2JYeGnWCY1N341YurKUapk9tx48wHD-BAneTm0YStNUojE-fm1OvnPPEU

Con más de 6000 votantes en contra de la destrucción territorial y de las aguas por parte del modelo extractivo en el municipio colombiano de Mercaderes, departamento de Cauca, cerró el 3 de agosto la Consulta Popular Legítima.

Luego de la negativa del Estado colombiano a realizar la consulta, la población organizada articuló esa instancia. Más de la tercera parte de la población habilitada para participar de la votación acudió a las urnas y con más del 99 por ciento de los votos en contra de la explotación territorial se selló este proceso autogestionado, respuesta a la falta de voluntad política estatal.

El departamento del Cauca es uno de los fuertemente golpeados en Colombia por el modelo extractivo minero-energético, la imposición del modelo transnacional y la violencia contra la población y los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos. No obstante, también el Cauca es un ejemplo de lucha y organización popular para la defensa territorial, tanto desde los pueblos indígenas y afrodescendientes, como desde las comunidades campesinas que habitan mayoritariamente el territorio departamental. Y fue esta vez la comunidad campesina la que en su ejercicio de autodeterminación y soberanía popular manifestó su total negativa a la destrucción del agua por el modelo minero energético, aspecto central en torno al cual fue convocada la Consulta a través de la Coordinadora Integral Social Mercadereña.

Días previos a la realización de la instancia de votación, esa estructura popular emitió un comunicado en el que señaló: “la Coordinadora Integral Social Mercadereña, consciente de la falta de consciencia por parte de la institucionalidad nacional para proteger los territorios, y luego de reflexionar y llevar a cabo acciones para la defensa de las aguas, ha convocado a la Consulta Popular Legítima el próximo 3 de agosto de 2019”. “La próxima cita democrática en el municipio de Mercaderes tiene el objetivo de fomentar la planeación y el ordenamiento popular alrededor de las economías propias, posicionar el agua como un derecho fundamental y convocar a una amplia participación para el cuidado de los bienes comunes municipales y regionales”, agregó el parte de prensa.

Nuestro colaborador en Colombia Danilo Urrea estuvo presente en el desarrollo del ejercicio de participación y autodeterminación popular en Mercaderes, a donde también fue invitada la red de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), como garante internacional del proceso.

Luego de conocidos los resultados, la ambientalista Daniela Rojas, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, dijo en la actividad pública que “esta consulta es un paso, un paso más que se da alrededor de la autonomía y la soberanía, y para que este paso nos haga seguir caminando hay que impulsar y seguir andando”. “Hay que saber cómo dar el próximo paso. Aquí esperamos que el compromiso de todas las personas que estuvieron en esta campaña, en estos años de tanto cariño, de tanta fuerza, de tanto esfuerzo también, siga estando y sigamos construyendo el colectivo”, agregó.

En tanto, la activista Elizabeth Castillo, integrante de la Coordinadora Integral Social Mercadereña, manifestó en entrevista brindada a Danilo que “dentro del equipo estamos muy animados porque la gente ha respondido con todo el proceso que la Coordinadora ha venido haciendo”. Catalogó la jornada de la votación como “muy positiva” y agregó que se trató de un proceso “histórico”. Es que “a pesar de tantas trabas y limitantes jurídicas hemos concientizado a las personas de que no necesariamente debemos tener una aprobación legal, que podemos también desde lo local, lo comunitario, exigir nuestros derechos y que eso también es válido y muy legítimo”. “Y a partir de ello podemos empezar a cambiar muchas de las cosas en términos no solamente del agua y el territorio, sino de la vida y los derechos humanos”, razonó Castillo.

Fuente:https://rmr.fm/informes-especiales/colombia-consulta-popular-industria-extractiva-locomotora-minero-energetica/?fbclid=IwAR0_ylDQF6z8IfWattPsLNnsQ42_JHa6NhGAgc29QMdvV02-8E-TaTuQFZU

El reciente impulso de extracción de cobre y otros minerales se encuentra coordinado con el esfuerzo por transformar la matriz energética mundial, para pasar del motor de combustión (que usa petroleo y carbón) a un motor eléctrico (que emplea metales). La crisis ambiental causada por el modelo de desarrollo imperante ha llevado a que se desarrollen distintas propuestas para cambiar la matriz energética mundial. Las propuestas desde la institucionalidad y las empresas se limitan al cambio de materias y tecnologías; no obstante otros argumentamos que es necesario transformar nuestros modos de vida y nuestra relación con el entorno para lograr un cambio estructural y real a la crisis global.

La matriz energética necesaria para garantizar las transformaciones e innovación tecnológica ha llevado a que se fomente la extracción de cobre para la transición. Este metal se usa por su alta conductividad térmica y eléctrica, ya que al ser resistente a la corrosión y no ser un metal magnético, industrias como la energética, de servicios y datos le emplean en su producción de artículos tecnológicos e industriales. Pero esta propuesta de transición no va al fondo de la crisis global, pues tiene prácticas de extracción igualmente agresivas y a escalas inmensas en aras de su exportación, evidenciando el poder corporativo que cada vez tiene más respaldo en los estados, a costa de los derechos y autonomía de las comunidades.

El cobre es usado para construir paneles solares, cableados eléctricos, tuberías, etc. Estas tecnologías se plantean limpias, porque sustituye los fósiles, fuente de emisiones de CO2 y CO pero no mencionan lo que implica la extracción de los metales y los requerimientos energéticos que son indispensables para su elaboración. En el caso de la extracción primaria de cobre esta implica graves impactos socioambientales, pues sacarlo a gran escala requiere dos formas básicas de minería, a cielo abierto y subterránea. En ambos casos, los proyectos que se han ejecutado en países como Chile, Perú y China, los mayores extractores a nivel mundial, dan cuenta de las afectaciones a los territorios y comunidades que viven a sus alrededores.

En Chile, el país latinoamericano que más extrae cobre, ha implicado profundos impactos en su territorio tales como: acaparamiento de las aguas para la minería y su consecuente contaminación, desplazamiento de comunidades locales y la concentración de la economía en la extracción de metales, dejando de lado otras actividades productivas históricas de las regiones; incluso ha llegado a plantear la existencia de “zonas de sacrificio” en los lugares donde se concentran comunidades vulneradas por la contaminación de extracción de minerales como el carbón y metales como el cobre. Otra alerta es la cantidad de energía que demanda sacarlo y transformarlo. Sergio Hernández, vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, señala, en relación al consumo de energía que, para producir 5,6 millones de toneladas de cobre fino en 2016, se demandó “168.572 TJ (Tera Julio), lo que representa un alza de 1,4% en relación a 2015, y un 12% del total de energía consumida en el país.” Es decir, se busca hacer eficiente la producción y transmisión de energía con extracciones que emplean grandes cantidades de la misma, entonces la cura resulta peor que la enfermedad.

En 2012, el gobierno colombiano declaró el cobre como un mineral estratégico, y en los últimos años fomenta su extracción. De la misma manera, las empresas mineras afirman que es necesario extraer el cobre para seguir usando tecnología de punta. Hoy, en Colombia, la extracción de cobre se hace en el departamento del Chocó con el proyecto El Roble, de la multinacional Atico Mining Corporation, de capital canadiense. Esta mina ha generado graves impactos socioambientales en la región, puesto que en 2017 realizó vertimientos de sustancias contaminantes en el río Atrato, lo que implicó el cierre de la operación durante un tiempo.

Así mismo, se han concretado esfuerzos para vislumbrar otros lugares de extracción, por lo cual desde hace 15 años se otorgaron títulos mineros en los departamentos de Córdoba, Chocó, Tolima y Antioquia. En este último, AngloGold Ashanti plantea el proyecto minero Quebradona en el municipio de Jericó, que fue declarado Proyecto de Interés Nacional Estratégico, negando que la zona es de vocación campesina y turística, por lo cual gran parte de la comunidad rechaza la minería.

No proponemos una transición que implique abandonar la tecnología de la que nos beneficiamos como herramienta que facilita la conexión en el mundo, hablamos de replantear el modo de producción-consumo y distribución. Nos plantea retos como sociedad pero también como individuos, pues es vital dejar de ser clientes y volver a ser personas que podemos acceder a la energía. Lo que nos obliga a repensar la energía no como un bien acaparable y que beneficie a unos pocos, sino como un derecho; que conlleva procesos de reutilización y reciclaje. En el caso del cobre se ha demostrado que es un metal 100% reciclable, y en dado caso se extraiga lo estrictamente necesario para el bienestar general de la humanidad y el planeta.

Proponemos una transición energética justa; es decir, debe garantizar el respeto a los derechos constitucionales al territorio, al trabajo digno, a los derechos humanos y de la naturaleza. Esto implica un cambio que conlleve transformaciones culturales, sociales y una relación distinta con la naturaleza. No podemos permitir que proyectos a gran escala como Quebradona, además de los 11 proyectos de cobre que están en exploración en Colombia sigan vendiéndose como la solución a un modelo que obvia los impactos que genera y prioriza sus ganancias. Así mismo, es indispensable continuar vigilando y demandando que proyectos como El Roble asuman las afectaciones que generan. Para esto será fundamental cuestionar y vigilar el poder de las corporaciones al tiempo que se escuchan las soluciones y demandas de comunidades y organizaciones.

Fuente:https://censat.org/es/analisis/alertando-sobre-la-extraccion-de-cobre-que-tan-justo-es-el-cambio-de-la-matriz-energetica-que-nos-proponen-9052?fbclid=IwAR02IEZJwMeOclA4pgo_qOv2ySE2qnJeySX2JwMsVGX2Ete26Tjh5DtC_Kc