«Por el agua y la vida, contra la megaminería», fue una de las consignas en más de treinta ciudades de una decena de países en las que se movilizaron para denunciar la contaminación de la actividad extractiva y rechazar la presencia de las corporaciones mineras. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) existen al menos 192 conflictos que involucran a 286 comunidades latinoamericanas. En Argentina, la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalló la existencia de 14 yacimientos en explotación y construcción, y al menos 121 proyectos en exploración avanzada. Hubo actividades en la ciudad de Buenos Aires, Esquel, Trelew, Andalgalá y Mendoza, entre otros.

Cada 22 de julio se movilizan decenas de ciudades por el «Día mundial contra la minería». Hubo actividades en Perú, México, Chile, España, Colombia, Brasil, Venezuela, Francia y Canadá, entre otros países. Uno de los epicentros fue Cajarmarca (Perú), donde la comunidad rechaza la instalación del proyecto de oro instalado en la nacientes de los ríos de la región.

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Un grupo de empresarios rusos encabezado por Vitaly Martynenko, director General de Industrial de Drilling Rigs, proveedor de servicios de perforación y exploración de minas, informó al secretario de Minería de la nación, Jorge Mayoral, su interés de invertir en el sector minero.

“Viendo el crecimiento constante de la minería en Argentina, nos resulta muy atractiva la posibilidad de desarrollar negocios aquí”, le aseguró Martynenko a Mayoral en un encuentro concretado en la sede de la Secretaría.

Allí, también le manifestó que esa decisión es motivada por la atracción que despierta el crecimiento de la minería en Argentina, como así también por el fuerte vínculo que mantienen Rusia y Argentina Desde 2008 se ha intensificado la relación bilateral para promover la potencialidad del sector minero del país a través de distintas acciones tales como la presentación en Moscú del Seminario “Nuevas oportunidades de inversión en la minería argentina”.

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QUEBRADA DE HUMAHUACA: 

Hoy se cumplen 5 años de la marcha que tuvo lugar en este paisaje soñado,  de cerros multicolores, de pucarás , capillas y antigales, de cardones centenarios, de huertas y rebaños, de perfumes nocturnos y de sol eterno, de indios y gauchos, de nacidos y venidos. Todos y cada uno le dijimos: NO al URANIO en nuestros territorios. 

Queremos recordar también en esta fecha que han pasado ya 18 años desde la sanción del Código de Minería a-nacional, neoliberal, ruin e inconstitucional. Esa ley cuestionada por los pueblos cordilleranos que lo padecen, ha sido sagrada e intocable para TODOS los gobiernos que siguieron al de Carlos S Menem, durante cuyo mandato, se votó.  

Ese Código de Minería es un agravio que no puede continuar socavando intereses nacionales y regionales. Las prácticas mineras que ese código avala, destruyen la salud de la población, las economías regionales, puestos de trabajo seguro y genuino, la libertad y autonomía que proporciona el trabajo en y de la tierra, y finalmente exterminan ecosistemas y especies incluyendo al hombre.

Llamamos a los gobiernos cegados por la ambición, ignorantes o no de los efectos de esta actividad en el presente y a futuro, a que dejen de subastar a nuestra Pachamama. Nuestra tierra no es mercancía, es el sustrato básico para nuestra reproducción, por eso decimos que nuestros bienes más indispensables: la tierra y el agua son nuestros y no se negocian.  

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Semanas atrás las mineras que operan en la jurisdicción patagónica aseguraron que resistirán judicialmente el impuesto.

El Poder Ejecutivo de la Provincia argentina de Santa Cruz promulgó la ley conocida como Impuesto Inmobiliario Minero, que fuera largamente debatida entre el gobernador Daniel Peralta y los diputados del bloque kirchnerista.

Semanas atrás las mineras que operan en la jurisdicción patagónica aseguraron que resistirán judicialmente el impuesto. Las empresas que serán alcanzadas –según anticipó la agencia Reuters- son Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti (en sociedad con FOMICRUZ); Cerro Negro, de la multinacional GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano–canadiense Hochschild. También afectará al proyecto Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entra en producción, pero deberá pagar el tributo sobre sus reservas declaradas.

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