Ecuador

Proyecto Llurimagua, operado por las estatales CODELCO de Chile y ENAMI EP – Ecuador, va a juicio por vulneración de derechos

En Cartas a Resumen
31/01/2022
Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.
Por DECOIN y OLCA
Este lunes 31 de enero de 2022, y luego de haber sido reagendada, se llevará a cabo la Audiencia por la Acción de Protección presentada por comuneras y comuneros afectados por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

La acción se dirige contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de Energía y Recursos Renovables debido a la amplia cantidad de vulneraciones de derechos constitucionales protagonizados por la iniciativa de explotación minera liderada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile – CODELCO y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, considerando el peligro inminente en el que está el territorio de Intag ante el proyecto que pretende explotar más de 200.000 toneladas de cobre al año.

La zona donde busca instalarse este proyecto es el hogar de diversas especies, entre las que se encuentran las ranas nodriza confusa (Ectopoglossus confusus) y arlequín hocicuda (Atelopus longirostris). La primera en peligro de extinción, y la segunda oficialmente extinguida y redescubierta en 2016, según la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN). Ambas especies solo existen en esta zona del planeta, pero no son las únicas en riesgo. Con ellas, hay otras quince especies más en peligro de extinción en el lugar que busca ser explotado.

El año pasado, en un caso que hizo noticia mundial, las ranas ganaron una acción constitucional que luego fue anulada por la Corte Provincial de Imbabura. El nuevo juez del caso lo desestimó sin motivos.
Esta nueva acción busca proteger tanto a las especies en peligro de extinción como a las comunidades humanas violentadas en su derecho a consulta. Todo, en aplicación de los artículos 73, 398, 61 (numeral 4) y 71 de la Constitución de Ecuador.

Pese a que el derecho a la consulta ambiental está reconocido desde 1998, el Estado ecuatoriano lo ha violado sistemáticamente a comunidades a las que afecta con actividades extractivas. Sin consulta previa, el Estado ha actuado como emisor de licencias con mediocres estudios de impactos ambientales que expresamente ignoran información relevante sobre biodiversidad única, procesos de la naturaleza y las vidas de comunidades.

Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.

En este sentido, también se ha emplazado a la empresa Codelco, estatal chilena, exigiendo el retiro del proyecto Llurimagua y dando término a las vulneraciones de derechos protagonizadas por ambas empresas estatales, tanto a las comunidades que habitan el territorio como también a los de la propia Naturaleza.
https://resumen.cl/articulos/proyecto-llurimagua-operado-por-las-estatales-codelco-de-chile-y-enami-ep-ecuador-va-a-juicio-por-vulneracion-de-derechos

Perú

Las Bambas: cuatro comunidades bloquean corredor minero del sur como protesta por demandas a la empresa

Habitantes de las comunidades de Ccpacmarca, Huascabamba, Tahuay y Sayhua volvieron a cerrar el paso de vehículos y piden presencia del presidente Pedro Castillo.
28/01/2022

En la provincia cusqueña de Chumbivilcas, los habitantes de las comunidades campesinas de Ccpacmarca, Huascabamba, Tahuay y Sayhua, volvieron a cerrar el corredor minero del sur. En esta ocasión no están permitiendo que pasen vehículos que pertenezcan a la empresa minera Las Bambas, ni a unidades particulares.

El dirigente del distrito de Ccopacmarca, Cayo Huaytani, señaló que esta medida es una forma de protesta contra la empresa minera y el gobierno, ya que los acusan de recategorizar la vía comunal en “vía nacional” sin haber consultado previamente a los más de ocho mil pobladores del distrito.

“No va a pasar ni siquiera una bicicleta hasta que llegue el presidente Castillo… Tampoco vamos a aguantar el abuso de la empresa”, declaró Huaytani.

Además, el dirigente conversó con RPP e indicó que ellos le dieron un plazo de quince días al gobierno para que soluciones sus demandas, una de ellas se trataba de obras en beneficio directo de las comunidades campesinas. Estos temas fueron expuestos en una reunión con la premier, Mirtha Vásquez, el pasado 17 de enero; no obstante, no se llegó a un acuerdo ni se propusieron soluciones a las demandas.

Los residentes se negaron a firmar un acuerdo propuesto y dijeron que analizarían la situación, dado que rechazan la decisión del gobierno de cambiar la categoría de la vía de tierra que es poco usada como carretera nacional desde la apertura de la mina. El camino mencionado es utilizado todos los días por más de 200 camiones de Las Bambas para trasportar cobre, pasando por decenas de comunidades pobres que reclaman ver pocos beneficios de la mina.

Por ello, ahora los manifestantes exigen la presencia del presidente Pedro Castillo en el lugar, ya que señalan que él está en la obligación de atender sus demandas, dado que la mayoría de comuneros votó por él durante la campaña electoral. Asimismo, aseguran que el bloqueo de la carretera continuará hasta que sean atendidos por las autoridades competentes y lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

BLOQUEO INTERMINABLE

Los habitantes de las comunidades afectadas dieron aviso del bloqueo desde el miércoles como forma de presionar al Poder Judicial para resolver la demanda antes mencionada. Recordemos que esta no es la primera vez que los pobladores deciden tomar esta medida como un acto para ser escuchados, ya que desde que Las Bambas empezó a operar en 2016, la carretera ha estado bloqueada durante más de 400 días de manera intermitente.

Esto supone más de un año de trabajo interrumpido para una de las minas más grandes del país porque los pobladores no se sienten escuchados por el gobierno.
Seguir leyendo: https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/28/las-bambas-cuatro-comunidades-bloquean-corredor-minero-del-sur-como-protesta-por-demandas-a-la-empresa/

Chile, Litio

Gobierno sufre nuevo revés en licitación del litio luego que la Corte de Apelaciones de Copiapó mantuviera orden de no innovar

La Segunda Sala del tribunal de alzada determinó no aceptar el recurso de reposición presentado por el Ejecutivo y que buscaba terminar con la orden de no innovar que detuvo el proceso de licitación del litio.
Hans Hansen –
30/01/2022
El Gobierno buscaba revertir la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre el proceso de licitación del litio a través de un recurso de reposición, pero el tribunal de alzada dijo otra cosa y le dio un nuevo golpe al Ejecutivo que deberá esperar lo que dice el tribunal respecto del fondo de las acciones legales que detuvieron el concurso público.

Hay que consignar que el mismo tribunal acogió el pasado 14 de enero dos recursos de protección presentados por la Comunidad Indígena Colla Pai Ote y por el gobernador de Atacama, Miguel Varas, lo cual se hizo previo a la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían de explotación del litio que dio a conocer el Ministerio de Minería.

Como el tribunal dictó en esa oportunidad la orden de no innovar y se paralizó el proceso, el Gobierno presentó un recurso de reposición en el que se señala que no existen fundamentos sobre la ilegalidad del proceso de licitación, por lo que “resulta improcedente e impropio formular cuestionamientos basados en sensaciones o sentires que se alejan de la realidad”.

Incluso en la acción legal se indica que “mantener la suspensión en los términos que fuera decretada pueda asentar un peligroso precedente que pondrá en riesgo otras licitaciones”.

Sin embargo, la Primera Sala de la corte de alzada, integrada por su presidenta Marcela Ruth Araya, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y el abogado integrante James Richards Garay, respondió con un fuerte y categórico “no ha lugar a la reposición, sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad acerca del fondo de asunto”.
https://www.infogate.cl/2022/01/30/gobierno-sufre-nuevo-reves-en-licitacion-del-litio-luego-que-la-corte-de-apelaciones-de-copiapo-mantuviera-orden-de-no-innovar/

Chile

Nueva Constitución: Rechazan iniciativa convencional que buscaba establecer estatuto constitucional de la minería

Propuesta buscaba conservar en la Nueva Constitución aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.
27/01/2022
Minería Chilena
Esta iniciativa convencional constituyente había sido presentada por los convencionales Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Carol Bown, Katerine Montealegre, Margarita Letelier, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza y, Arturo Zúñiga.

En la propuesta se señalaba que, dada la enorme contribución de la minería tanto pública como privada al desarrollo y prosperidad del país, la que va mucho más allá de los recursos fiscales que genera, se propone en la propuesta de nueva Constitución conservar aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.

Es así como en concreto, se proponía lo siguiente:

Establecer, en primer lugar, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Lo anterior, sin perjuicio de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Consagrar a nivel constitucional que el Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explotar y explotar las sustancias minerales contenidas en las minas del dominio del Estado.
Mantener que la constitución y extinción de las concesiones sea por resolución judicial.
Reservar a una ley de alto quórum (aprobada por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio) la determinación de las sustancias concesibles, la duración de las concesiones y las causales de extinción del dominio sobre las concesiones.
Se eleva a nivel constitucional que el régimen de amparo se traduce en el pago de una patente.
Consagrar el derecho de propiedad sobre la concesión minera y su protección vía recurso de protección.

Nueva Constitución: Rechazan iniciativa convencional que buscaba establecer estatuto constitucional de la minería

 

Chile

Concesiones mineras en territorios indígenas podrían ser anuladas

La Convención Constitucional aprobó en general los artículos transitorios que permiten revocar permisos de explotación minera y mega proyectos de generación eléctrica otorgados “sin consentimiento previo” de la comunidad.
28/01/2022
Minería Chilena

La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de restitución de los territorios indígenas. En ésta se establece el mecanismo de saneamiento, catastro y restitución de tierra, y anula las concesiones para proyectos mineros y empresariales ubicados en territorios que pertenezcan a pueblos indígenas “sin consentimiento previo”.

Un artículo transitorio de la normativa indica “decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas”.

Esta nulidad deberá decretarse, “cuando estos 10 permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas, de los derechos culturales y de supervivencia, y de la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Naciones Preexistentes al Estado”.

La normativa también señala que “se evaluará un nuevo otorgamiento de estos permisos, autorizaciones o concesiones en un plazo no mayor a 2 años, después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional”.

Luego de ser votadas en general, los constituyentes podrán presentar indicaciones para pasar a su discusión en particular. Finalmente, pasará al Pleno, donde deberá ser ratificado para formar parte del borrador de la nueva Constitución.

Concesiones mineras en territorios indígenas podrían ser anuladas

Perú

ENTRE CHOROPAMPA Y VENTANILLA- EDITORIAL

BOLETÍN AMP 271- ENERO 2022
COOPERACCION
El derrame de petróleo frente a las playas de Ventanilla ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. Son varios los factores que han hecho que esto ocurra: en primer lugar, la magnitud del hecho -se habla del mayor derrame de petróleo de la historia del país-; la reacción inaceptable e indignante de la […]

El derrame de petróleo frente a las playas de Ventanilla ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. Son varios los factores que han hecho que esto ocurra: en primer lugar, la magnitud del hecho -se habla del mayor derrame de petróleo de la historia del país-; la reacción inaceptable e indignante de la empresa Repsol, responsable del desastre; y también, hay que decirlo, el hecho de que el derrame se haya producido frente a la zona marino costera de Lima y Callao, muy cerca de todos los reflectores y no, como muchas veces ocurre, en una zona apartada.

Como se ha recordado en estos días, lamentablemente los derrames no son acontecimientos excepcionales en nuestro país: entre el 2000 y 2019 se han producido 474 derrames de petróleo, sobre todo en la Amazonía y, según el portal Convoca, en tiempos de pandemia han ocurrido 14 derrames, sin contar los de las últimas semanas.

Ya sea por hidrocarburos, derrames o colapsos de algún tipo de componente operativo de otra actividad extractiva, como la minera, el comportamiento de las empresas involucradas parece ser el mismo: tratan de ocultar o minimizar lo ocurrido, pese a que esa decisión puede afectar gravemente a poblaciones y ecosistemas, porque seguramente para las empresas, Dios (y el Estado peruano) perdona el pecado pero no el escándalo.

Algunos ejemplos: hace unos años -para ser más exactos, el 2 de junio del año 2000- se produjo el derrame de 151 kg de mercurio metálico, lo que afectó a más de un millar de campesinos en la localidad de Choropampa. En medio de una total desinformación sobre los graves riesgos que podía ocasionar el mercurio derramado, según un informe de la Defensoría del Pueblo[1] se comprobó que la empresa Minera Yanacocha hizo una oferta pecuniaria “para tratar de recuperar dicho producto tóxico, lo cual generó que no se sigan las recomendaciones que efectuara la Dirección Regional de Salud para su manipulación, incentivando que muchos pobladores con el afán de obtener algo de dinero, manipularan el mercurio sin las debidas condiciones de seguridad”. Por supuesto, la información de lo que había pasado en Choropampa no llegó de manera oportuna a los organismos públicos competentes.

En el caso del derrame de crudo en las playas de Ventanilla, vemos el mismo patrón de comportamiento. Hemos pasado de una primera versión de la empresa, el 15 de enero, de un derrame de 0.16 barriles de petróleo a 6 mil barriles en los días siguientes, con un impacto hoy en día, en 1´186,966 metros cuadrados de mar. Además, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha comenzado a desbaratar las versiones de Repsol, que atribuía el hecho a la erupción volcánica en Tonga y el oleaje anómalo: para los especialistas del Osinergmin, el derrame de petróleo se habría ocasionado por la ruptura de la conexión entre el tanquero Mare Doricum y el Terminal Multiboyas N°2, y todo indica que la empresa habría buscado eludir su responsabilidad.

¿Pero estos derrames recurrentes se pueden seguir llamando accidentes? En un reciente artículo, Eduardo Gudynas señala que no lo son y que son consecuencias inevitables de este tipo de actividades: “En el sector petrolero no existen emprendimientos que sean a prueba de pérdidas o derrames. Lo que puede lograrse con una adecuada gestión tecnológica y una mejor vigilancia es reducir la frecuencia de esos eventos, permitir una rápida respuesta para acotar el volumen que afectará el ambiente, y mejorar las medidas para limpiar los sitios afectados. Esta condición se repite en muchos emprendimientos de alta complejidad, como la explotación petrolera en selvas o mares, o la megaminería”. Concluye la idea señalando que “podrán ser más o menos frecuentes, más o menos graves, pero siempre estarán allí”.

Por lo tanto, estas actividades, hidrocarburos, minería, entre otras, son de alto riesgo, y deben ser reguladas de manera eficaz por el Estado. No hay que olvidar que desde diferentes grupos de interés, desde hace un buen tiempo, se ha buscado debilitar la institucionalidad ambiental: por ejemplo, la Ley 30230 -el denominado paquetazo ambiental del año 2014- puso en la congeladora al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y debilitó su capacidad sancionadora. Además, empresas integrantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía quisieron traer abajo el aporte por regulación[2] que deben pagar a las empresas para que organismos como el Oefa se puedan sostener.

Una de las lecciones de este desastre ecológico es que en el Perú tenemos mucho por hacer para desarrollar la regulación e institucionalidad ambiental y, al mismo tiempo pensar en los escenarios de transición del esquema extractivista predominante que, como hemos vuelto a comprobar, es profundamente depredador.
[1] Informe Defensorial N°62. Diciembre 2001.
[2] El Aporte por Regulación (APR) es una contribución destinada al sostenimiento institucional de los organismos reguladores, aplicado a las empresas y entidades bajo su regulación según lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios.

Perú

«No va a pasar ni una bicicleta»: comuneros vuelven a cerrar el corredor minero en protesta contra Las Bambas

La medida se asume en protesta contra la empresa minera y el gobierno al que acusan de recategorizar la vía comunal en nacional, sin consulta previa a los más de 8 mil pobladores del distrito, señaló Cayo Huaytani, dirigente del distrito de Ccapacmarca.
27/01/2022
Redacción RPP
Cusco: corredor minero del sur fue bloqueado por comuneros de Ccapacmarca | Fuente: RPP Noticias

Los habitantes de las comunidades campesinas de Ccpacmarca, Huascabamba, Tahuay y Sayhua, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, volvieron a cerrar el corredor minero del sur y esta vez no permiten el paso de vehículos de la empresa minera Las Bambas, ni de unidades particulares que circulan por la zona.

La medida se asume en protesta contra la empresa minera y el gobierno al que acusan de recategorizar la vía comunal en nacional, sin consulta previa a los más de 8 mil pobladores del distrito, señaló Cayo Huaytani, dirigente del distrito de Ccapacmarca.

«No van a pasar ni siquiera una bicicleta hasta que llegue el presidente Pedro Castillo a solucionar nuestros problemas. Tampoco vamos a aguantar el abuso de la empresa minera con el contubernio del Estado», indicó.

El dirigente contó a RPP Noticias, que dieron un plazo de 15 al gobierno para solucionar sus demandas, entre ellas obras en beneficio directo de las comunidades campesinas, estos temas fueron expuesto en una reunión con la premier Mirtha Vásquez, el pasado 17 de enero, sin embargo, no se propusieron soluciones.

Los manifestantes exigen la presencia del presidente Pedro Castillo, aducen que es su obligación atender sus demandas puesto que la mayoría de los comuneros votaron durante la campaña electoral. Aseguran que no depondrán sus medidas hasta ser atendidos.
https://rpp.pe/peru/actualidad/las-bambas-comuneros-en-cusco-volvieron-a-cerrar-el-corredor-minero-del-sur-como-protesta-noticia-1383137

Brasil

Los afectados por el derrumbe de la presa de Brumadinho piden memoria y justicia en la III Peregrinación por la Ecología Integral

El crimen cometido por la empresa minera Vale S.A. en el 2019 continúa y se renueva cada día. Brumadinho y la cuenca del Paraopeba reciben la III Peregrinación por la Ecología Integral entre el 22 y el 27 Enero de 2022, con el lema Memoria y Justicia. Este año, el programa se divide en acciones presenciales y virtuales, con la presencia de organizaciones nacionales e internacionales. Organizado por la Región Episcopal Nuestra Señora del Rosário (RENSER), de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, junto con los movimientos pastorales, sociales y movimientos sociales, Consejos Técnicos Independientes, ONGs, entidades de la sociedad civil organizada y con la participación fundamental de los afectados, la III Peregrinación busca mantener viva la verdad y luchar por la justicia para todas las víctimas de este crimen.

Ser Peregrinos…
La Peregrinación está coordinada por la Región Episcopal de Nossa Senhora do Rosário (RENSER), de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, en colaboración con los movimientos populares y las personas que defienden los derechos humanos y la naturaleza frente a las atrocidades causadas por el derrumbe de la presa Córrego do Feijão, en Brumadinho. No se trata sólo de un evento anual. Es un proceso colectivo constante, que discute y construye caminos de vida, especialmente desde el grito de los afectados y la tierra frente a modelos extractivos que violan los derechos humanos y matan comunidades y ecosistemas enteros. La primera Peregrinación tuvo lugar en enero de 2020, con misas, celebraciones ecuménicas, paseos y actos. Contó con la participación de las comunidades afectadas, las familias de las víctimas mortales, los supervivientes, los pueblos tradicionales y los líderes políticos y religiosos. La II Peregrinación, celebrada en el contexto de la pandemia, en 2021, incluyó actos masivos y virtuales, como el intercambio de correspondencia en forma de vídeos entre los afectados y el lanzamiento del Pacto de los Afectados.
Ser peregrino es caminar con fe en el Dios de la vida y luchar por la justicia. Se trata de fortalecer los procesos colectivos, generando solidaridad entre las comunidades de la cuenca del Paraopeba. Es elegir una posición fuerte, coherente, combativa y protagónica frente a la opresión de Vale S.A. y el modelo minero que se está imponiendo en Brasil. Además, ser peregrino es anhelar y construir la transformación, soñar y estructurar otro mundo posible, justo y solidario, promoviendo un cambio en la crisis de civilización que vive la humanidad, desde los valores del Evangelio de Jesús. El concepto de Ecología Integral fue propuesto por Francisco en su Encíclica Laudato Si’. Aquí, somos invitados a construir una civilización en la que todos seamos hermanos y hermanas, habitantes de la Casa Común, la Madre Tierra, la Pachamama, como nos enseñan los pueblos indígenas.

Chile

Quintero- Puchuncaví: Ministros del Tribunal Ambiental visitan zonas clave para posible conciliación en demanda por reparación ambiental

La acción se produjo en el marco de la demanda por reparación de daño ambiental interpuesta por organizaciones civiles locales, a raíz de la llamada contaminación histórica de la zona.
20/01/2022
Los ministros del Segundo Tribunal Ambiental visitaron las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde recorrieron, durante dos días, diversos puntos de interés para el proceso de conciliación impulsado por esta judicatura en el marco de la demanda por reparación de daño ambiental interpuesta por organizaciones civiles locales, a raíz de la llamada contaminación histórica de la zona.

La diligencia fue encabezada por los ministros Alejandro Ruiz, presidente, Cristián Delpiano y Cristián López y la ministra Daniella Sfeir quienes fueron acompañados por un equipo de profesionales del Tribunal, junto con representantes de los demandantes y demandados.

El recorrido del Tribunal incluyó las caletas de Horcón y Ventanas, el borde costero de Quintero y Puchuncaví, el estero Campiche, la ex escuela La Greda y el Santuario de la Naturaleza Las Petras.

“Hace unos años se presentó en nuestro Tribunal una demanda que tiene por objeto obtener la reparación por el daño ambiental, que distintos actores de la sociedad civil -incluyendo sindicatos de trabajadores del mar, pescadores, buzos mariscadores-, señalan haber sufrido durante todos estos años de actividad industrial en la zona de Quintero y Puchuncaví. Es a raíz de esa demanda, que se dirige contra 12 industrias emplazadas en el área y contra el Estado de Chile, representado por el Ministerio del Medio Ambiente, que el Tribunal está intentando un acercamiento entre las partes y durante este tiempo hemos estado conversando de buena fe entre las distintas partes de este conflicto, que sabemos que es un conflicto social que deriva de situaciones de contaminación ambiental ocurrida durante décadas”, explicó al respecto el ministro presidente del Tribunal, para luego detallar que “hemos planteado lo que se llama una conciliación, la cual contiene una batería de medidas que, si bien evidentemente desde el punto de vista del Tribunal no puede ser exhaustiva en cuanto a resolver todos los problemas existentes en el área, sí puede ayudar en la línea de revertir una tendencia, lograr mayores niveles de paz social y en ese sentido estamos haciendo este recorrido esta inspección con una visión de lograr esa conciliación en buenos términos”.
Objetivos y medidas

En relación con los objetivos que persigue el Tribunal al llevar a cabo el recorrido por la zona, el ministro Ruiz aclaró que “venimos a observar los territorios, cómo conviven con la actividad industrial, cuáles son las implicancias, hemos hablado con actores locales también en las caletas de Horcón y de Ventanas y eso evidentemente es información muy valiosa que a nosotros como jueces nos va a llevar a tomar una mejor decisión y en este caso, en aras a buscar un acuerdo entre las partes que siempre es la mejor salida para cualquier conflicto”.

Respecto de las medidas propuestas por el Segundo Tribunal Ambiental en las bases de conciliación, el ministro presidente destacó que si bien es cierto algunas tienen un perfil más técnico, pues procuran lograr, por ejemplo, una actualización tecnológica y que las actividades industriales que operan en Quintero- Puchuncaví tengan un estándar alto; también hay medidas que tienen características más ambientales, como reforestación, y otras que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas desde la perspectiva social.

“Si bien aquí hay muchos estudios creemos también necesario que se haga un análisis de riesgo de lo que significa este nivel de actividad industrial, sus implicancias, sus efectos, emisiones, efluentes, residuos que ermita evitar los tristes hechos ocurridos durante los últimos años”, agregó.

Finalmente, Ruiz recordó que, si las partes no alcanzan una conciliación, “evidentemente hay que retomar el juicio y ahí hay que abrir un largo término probatorio que nos llevará a concluir probablemente en un año si es que aquí hay daño ambiental y cuáles son las medidas para repararlo”.

“Nosotros esperamos que eso prospere y que llegado el momento en que nosotros les presentemos una versión definitiva -porque hoy día tenemos una versión preliminar de conciliación- sean la mayor, sino todas las partes las que suscriban esta conciliación de manera de sumarse todos a una nueva línea de acción que sea más bien mancomunada y no polarizada, no de acrecentar el conflicto, sino de revertir la tendencia que se ve ahora”, dijo.

Cabe recordar que en junio de 2021, el Segundo Tribunal Ambiental presentó a demandantes y demandados una propuesta de bases de conciliación, tras lo cual ha sostenido numerosas audiencias bilaterales con cada una de las partes a fin de aclarar sus dudas y atender comentarios respecto de la propuesta. En este marco es que el Tribunal resolvió decretar la inspección a fin de realizar una revisión en el territorio de las medidas contenidas en las bases propuestas.

La acción de demanda por daño ambiental fue presentada en julio de 2016 por el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Horcón y el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Ventanas, además de vecinos de ambas localidades de la Región de Valparaíso en contra de Codelco División Ventanas, Aes Gener S.A., Catamutún S.A., Puerto Ventanas S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A., GNL Quintero S.A., Empresas Copec S.A., Gasmar S.A., Oxiquim S.A., Petróleos, Asfaltos y Combustibles S.A., Melón S.A., Enap y del Ministerio del Medio Ambiente.

Quintero- Puchuncaví: Ministros del Tribunal Ambiental visitan zonas clave para posible conciliación en demanda por reparación ambiental

Chile

Comisión de Medioambiente de la Convención aprueba en general anular concesiones mineras en territorios indígenas

La nulidad se produce «cuando estos permisos hayan sido otorgados o implementados sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades».
25/01/2022 Cecilia Román, Emol.
La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general una norma que declara la nulidad «de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica» que recaigan sobre bienes naturales «ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta».

La iniciativa es una propuesta de artículo transitorio para la nueva Constitución, promovida por los convencionales del pueblo mapuche Natividad Llanquileo, Victorino Antilef y la machi Francisca Linconao, pero tiene las firmas de otros cuatro escaños reservados, dos integrantes de Chile Digno y otros independientes. En la comisión, se visó con 11 votos a favor, seis en contra de Jorge Abarca (INN), Rodrigo Álvarez (UDI) Trinidad Castillo (Colectivo Socialista), Bernardo Fontaine (RN), Pablo Toloza (UDI), Roberto Vega(RN), y dos abstenciones de Juan José Martin (INN)y Carolina Sepúlveda (INN).

Los permisos decretados como nulos se reevaluarán en un plazo «no mayor a dos años», y después de los «correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional». La comisión de saneamiento, catastro y restitución Otro de los artículos transitorios que propone la norma y se aprobó es uno que establece la creación y el financiamiento por parte del Estado de una comisión encargada de desarrollar las bases de una «política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados».

Esta deberá constituirse dentro de los primeros cinco meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, tendrá representación «proporcional todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado» y su función será informar al Gobierno sobre las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Conadi, pendiente de ejecución, «para que en el plazo de 8 meses se concluya su adquisición». El texto establece que «aquellas tierras indígenas históricas catastradas que estén en posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas dentro de un plazo máximo de dos años, una vez que presenten solicitud ante el organismo correspondiente designado por la Comisión a que hace referencia este artículo». La base de esta política tendrá que priorizar «preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural». Este se aprobó con 13 votos a favor, cuatro votos en contra de Roberto Vega, Bernardo Fontaine, Rodrigo Álvarez y Pablo Toloza; más una abstención de Trinidad Castillo. Con esta aprobación, la norma queda habilitada para avanzar hacia la discusión en particular, lo que permitirá que se le ingresen indicaciones. De ser aprobada en esa instancia nuevamente, pasa al pleno de la Convención, donde necesitará de 2/3 de los constituyentes para integrar el proyecto de nueva Constitución.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/01/25/1044913/comision-medioambiente-restitucion-tierras-permisos.html