Chile

Con fallido proceso de participación ciudadana: población de Penco se mantiene en alerta ante proyecto minero de tierras raras

15/01/2021
Con fallido proceso de participación ciudadana: población de Penco se mantiene en alerta ante proyecto minero de tierras raras
La pugna entre la comunidad local y la empresa minera Biolantánidos tiene al proyecto en medio del cuarto proceso de Participación Ciudadana, el cual está lejos de ser exitoso y eficaz.

Por Cristian Márquez
Días de incertidumbre y preocupación viven los vecinos y vecinas de Penco luego del avance del proyecto de extracción de Tierras Raras, que es impulsado por la minera Biolantánidos y que lleva años tramitándose en el Servicio de Impacto Ambiental.

Organizaciones, vecinos/as y profesionales expertos de la comunidad exigieron a las autoridades la ejecución de un cuarto proceso de Participación Ciudadana (PAC), esto luego que en los procesos anteriores no se tomaran en cuenta sus observaciones, lo que además se suma a las modificaciones que la empresa minera realizó al proyecto en el último tiempo.

Debido al actual contexto de pandemia, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la minera Biolantánidos determinaron que el PAC se realice en formato online vía teleconferencia. Esto provocó las críticas de toda la comunidad tomecina que vio coartada su real participación en este proceso, pues durante los 30 días hábiles que contempla el plazo formal para que los y las pobladoras realicen sus respectivas observaciones, solo se programaron dos reuniones entre las y los vecinos de Penco y la empresa minera que pretende llevar adelante las obras.

Por si esto fuera poco, ambas instancias fueron un total fracaso, luego que la primera reunión realizada el 12 de enero fuera suspendida tras un supuesto hackeo a la plataforma en el inicio de la exposición de la empresa. En tanto, la segunda instancia de participación online -fijada para el 14 de enero- fue cancelada por el SEA, por lo que hasta ahora la empresa no ha respondido a ninguna inquietud de la comunidad.

El polémico proyecto de extracción de Tierras Raras

El proyecto que impulsa la empresa Biolantánidos pretende instalar faenas mineras en Penco para la extracción de tierras raras, las cuales se llevarían a cabo en la Cordillera de la Costa. Pero ¿A qué se le denomina «Tierras Raras»? Así se le conoce a un grupo de 17 metales raros, tales como tántalo, galio, vanadio o lutecio, entre otros elementos, los cuales se utilizan como materia prima en la industria tecnológica, ya sea para fabricar celulares, computadores, autos y cables de fibra óptica. También son requeridos en el área nuclear y aeroespacial.

Según las últimas modificaciones de las obras, el proyecto pretende extraer aproximadamente 1.700 toneladas de Tierras Raras al año y contempla una inversión de 40 millones de dólares. Asimismo, según la empresa, la vida útil de dicho proyecto consta de 15 años.

Entre los otros cambios al proyecto, está el que considera el aumento de zonas de extracción de Tierras Raras, ya que originalmente se contemplaban tres, en cambio, ahora serán siete. Además, se señalan nuevos impactos a la fauna terrestre de la zona, los cuales no habían sido considerados inicialmente en el Estudio de Impacto Ambiental, de ahí que se haya establecido un nuevo PAC, pues el proyecto se ve sustantivamente modificado, al igual que su respectivo impacto ambiental. Ahora se habla de pérdida de ejemplares, tales como anfibios, reptiles, aves, entre otros.

Para Francisco Astorga, abogado de la ONG Defensa Ambiental, la extracción de Tierras Raras «es un proyecto nefasto, llevado adelante por los capitales especulativos internacionales que solo buscan enriquecerse a ellos mismos en desmedro de las comunidades locales y el medio ambiente. En primer término, le quita la posibilidad de decidir a las y los vecinos con respecto a qué es lo que quieren para su territorio, coarta la organización local y, por otra parte, genera disputas y peleas entre la misma comunidad, alterando los sistemas de vida de las comunidades sin hacerse cargo de ello», comentó a RESUMEN.

Asimismo, Javiera, integrante de la Red de Mujeres Penco-Lirquén se sumó a los cuestionamientos de las obras impulsadas por la empresa minera Biolantánidos y enfatizó en la amenaza que significaría la ejecución del proyecto para la naturaleza del sector: «Hoy tenemos una nueva amenaza en el territorio, una minera de Tierras Raras que quiere ocupar nuestras aguas, contaminarlas y destruir nuestros cerros nativos y nuestra salud. No dejaremos que esto ocurra, y la única forma de contrarrestar la estructura de Pinochet es haciendo presión social aunque criminalicen el defender nuestra tierra, nuestras aguas. Nosotras y nosotros, como habitantes de este territorio, estamos unidos contra este proyecto nefasto para el buen vivir de todos los seres que habitamos acá. Ya que sabemos que quieren destruir nuestra comuna y transformarla en una nueva zona de sacrificio».

Por su parte, Ariana Bertín, Directora de la Comisión de Organización de Conciencia Sur, fue contundente al declarar la postura que tienen frente a este proyecto: «Luego de apoyar en la revisión de la Adenda a las comunidades de Penco con las que tenemos un trabajo conjunto, nos parece que este proyecto, así como los proyectos extractivistas en general, son muy perjudiciales, no solo desde el punto de vista del efecto directo a la vida de las comunidades, sino que también sus efectos irreversibles a las dinámicas biológicas-ecológicas de flora y fauna que habitan en los sectores donde se emplazan».

Bertín además hizo hincapié en las consecuencias que puede provocar la alteración de la vida normal de una especie: «Ha sido ampliamente demostrado por diferentes investigaciones científicas que cuando tu alteras una especie, esta alteración tiene repercusiones en las otras especies (animales y vegetales) que interactúan con la afectada. En este sentido entonces, el impacto que tendrá este proyecto será de tal magnitud que está en juego la sobrevivencia de las poblaciones de las distintas especies de bosque nativo que habitan en el sector, especialmente aquellas que están en categoría Vulnerable o en peligro de extinción, como es el caso de la especie emblemática Gomortega keule (Queule). Además, el proyecto contempla la intervención de dos esteros, los que son fuente de agua vital para la sobrevivencia de los parches de bosque nativo y de la fauna que habita el lugar. La conservación de estos parches está completamente ligada al mantenimiento de sus comunidades, que en la actualidad están siendo sustituidas sistemáticamente por plantaciones forestales».

«Luego de una revisión exhaustiva de la Adenda, la línea de base y otros componentes del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, hay serias deficiencias metodológicas y de rigurosidad científica, lo que lleva a abordar, a nuestro criterio, muy superficialmente los impactos que tendrá el proyecto. La empresa realiza un tratamiento de los efectos del proyecto sobre aspectos a nivel de individuo y no a nivel poblacional o ecosistémico, lo que resulta crucial al momento de evaluar los efectos que tendrá dicho proyecto», señaló Bertín a RESUMEN.

Cuestionamientos a la Participación Ciudadana en el contexto de pandemia

Respecto al proceso de Participación Ciudadana (PAC), que fracasó luego del hackeo a la reunión del pasado 12 de enero, Francisco Ortega comentó a RESUMEN que «si bien corresponde realizar un nuevo PAC, por cuanto ha habido una modificación sustancial del proyecto, durante estos momentos de pandemia consideramos insólito que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pretenda llevar a cabo un proceso de Participación Ciudadana de manera online, que no de las garantías para poder generar un real diálogo con la comunidad en torno al proyecto. Clara muestra de ello es lo que se realizó durante esta semana, que fue un completo fracaso, no se pudo generar un diálogo, no hubo espacios para preguntas o respuestas y tampoco hubo una capacidad por parte del SEA de poder dirigir una reunión en estas circunstancias, por tanto, en momentos de pandemia, creemos que es insólito que el Servicio de Evaluación Ambiental pretenda llevar adelante esta Participación Ciudadan puesto que no cumple con las garantías mínimas de una real participación».

Por su parte, Javiera, integrante de la Red de Mujeres Penco-Lirquén, también manifestó sus reparos ante esta modalidad de participación ciudadana establecida por las autoridades: «Este proceso tiene 30 días hábiles para realizarse, pero nosotros creemos -desde las organizaciones territoriales- que es imprudente querer hacerlo sin tener las condiciones sanitarias necesarias. Cabe mencionar además, que las nuevas formas online, no llegan a todas las personas, por lo que sería nuevamente no significativa esta consulta. Por lo tanto, exigimos que se aplace este proceso, y así tener las condiciones sanitarias pertinentes para que se realice».

Experiencias internacionales

A nivel mundial, la extracción y explotación de yacimientos de Tierras Raras está asociada a grandes niveles de contaminación radioactiva y química, como por ejemplo sucede en China, donde la ciudad Baotou es considerada la capital de las Tierras Raras, presentando altos niveles de contaminación.

«Es sabido a nivel mundial que la extracción de tierras raras es altamente contaminante. Si se ejecuta en Penco va a contaminar las napas de los ríos, va a afectar la flora y fauna nativa, incluyendo el queule. Por eso estamos completamente en contra del proyecto», concluyó Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental.
https://resumen.cl/articulos/con-fallido-proceso-de-participacion-ciudadana-poblacion-de-penco-se-mantiene-en-alerta-ante-proyecto-minero-de-tierras-raras?query=

Perú

Tía María: el conflicto social que se ha reavivado en el Valle de Tambo


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.
(Foto: Archivo GEC)
Zenaida Condori Contreras, Colaboradora de El Comercio en Arequipa
15/01/2021
El conflicto social más antiguo en Arequipa es Tía María. Los pobladores del Valle de Tambo no aceptan el proyecto minero de la empresa Southern Perú por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, este problema fue reportado en el 2009. Han pasado más de 10 años y el conflicto se mantiene latente en la provincia de Islay, lugar en el que bastaría una chispa para reavivar las protestas.

La primera semana de este año dos hechos incitaron las movilizaciones en el valle. Las banderas verdes de “Agro sí, mina no” se volvieron a agitar en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón. El pasado 6 de enero, en la sesión solemne del aniversario de Mollendo (capital de la provincia Islay), el alcalde provincial, Edgar Rivera, le entregó el “Diploma de la Ciudad” a la empresa minera Southern Perú por el apoyo que brinda durante la pandemia por la COVID-19.

Apenas los antimineros se dieron tiempo para asimilar este hecho, pues recibieron la noticia de la sentencia a sus dirigentes. El 7 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el adelanto de sentencia contra los dirigentes del Valle de Tambo por haber cometido diversos delitos durante las protestas del 2015.
Castigo

Los magistrados encontraron responsabilidad en tres dirigentes y otros 13 fueron absueltos. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien fue presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de extorsión contra Southern Perú, entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín. Como Gutiérrez ya cumplió dos años y nueve meses de prisión preventiva, solo será encerrado 13 años y tres meses.

Jesús Mariano Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, quién en el 2015 fue alcalde del distrito de Deán Valdivia, recibió una pena de 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

Además, el Colegiado Penal dispuso que Jesús Cornejo pague una reparación civil de S/35.000 por entorpecimiento de los servicios públicos. Entre Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz tendrán que abonar S/500.000 a favor del Estado por los disturbios y entorpecimientos de los servicios públicos. Asimismo, entre los tres condenados deberán pagar adicionalmente S/100.000 por los motines.

De otro lado, el Colegiado absolvió de todos los cargos formulados por el Ministerio Público a Richard Ale Cruz, Justo Paredes Torres, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo, Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehaunca Chaiña, Héctor Herrera Herrera, Roger Manuel Ramos Flores y Jorge del Carpio Lazo. La lectura integral de la sentencia se realizará el próximo 29 de enero.
Reacciones

“Rechazamos el fallo del Poder Judicial porque ahora cualquiera que proteste puede ser sentenciado. Basta de la criminalización de la protesta social. No se condena a los luchadores sociales, ellos son defensores de los derechos. Los abogados han presentado un escrito para que cese la orden de captura. De igual manera rechazamos que una empresa asesina haya sido reconocida por el alcalde provincial de Islay”, declaró el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza.

En el Ministerio Público, por el contrario, hubo satisfacción por la sentencia. La fiscal María Alejandra Cárdenas, que investigó el caso cuando trabajaba en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, publicó en su cuenta de Facebook: “Después de tantos años acabó un proceso que trajo muchos sinsabores a mi carrera (…) Asumí porque tenía y debía servir a mi patria. La violencia, el caos, las restricciones de tránsito, el miedo de aquellos que no eran mayoría y que hizo que dejaran sus hogares (…). No se trataba de ‘agro sí y mina no’, sino de orden y respeto al derecho y la opinión (…). Gracias familia por no flaquear ante los insultos inmerecidos, falsos que recibía, ante las amenazas, hoy estoy contenta no por mí, sino por mi Arequipa”.

No obstante, los sentenciados se mantienen en la clandestinidad y las manifestaciones han retornado. Este último martes una caravana de agricultores del Valle de Tambo se movilizó pacíficamente desde Cocachacra hasta la ciudad de Mollendo. Los agricultores se transportaron en camiones hasta La Rotonda y luego caminaron más de cinco kilómetros para llegar a la capital de su provincia. Protestaron contra el alcalde Edgar Rivera por el reconocimiento a la empresa minera y contra la sentencia del Poder Judicial. Este jueves, un grupo de antimineros llegó hasta la sede la Corte Superior de Justicia de Arequipa para mostrar su rechazo por el fallo.
El proyecto minero

Desde el 2009, la empresa Southern Perú busca desarrollar su proyecto minero que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año. Cada intento por llevarlo a cabo ha desatado un conflicto social. Entre el 2011 y 2015 los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han cobrado la vida de siete personas. En el 2019 se dio un paro que duró más de 100 días y que generó que los estudiantes estuvieran a poco de perder el año escolar.

Southern Perú tiene los permisos de ley para su proyecto. Tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 8 de julio del 2019 recibió la licencia de construcción del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Si bien el proyecto fue suspendido por 120 días a raíz de las protestas y demandas legales de anti mineros, en octubre de ese mismo año el Consejo de Minería ratificó la licencia de construcción de Tía María. El proyecto que tiene una inversión de US$1.400 millones está paralizado hasta que obtenga la licencia social.

“No hay mayor avance. En su momento el Gobierno se pronunció de que no se iniciaba la construcción. Nosotros seguimos con el trabajo de socialización, aplicando todos los protocolos de seguridad, ya nos estamos posicionando. Desde el año pasado ya no usamos a Valle Unido para la relación con las autoridades y la comunidad. Ahora es Tía María. La inversión sigue disponible para iniciar el proyecto. Siempre tenemos la esperanza”, indicó a El Comercio el jefe de Comunicaciones Corporativas de Southern Perú, Paul Lostaunau.
Acciones

Luis Zapata, vocero de Arequipeños por Arequipa, un colectivo que respalda la inversión en la región, lamentó que el proyecto se haya convertido en una “papa caliente” que las autoridades no quieren sacar adelante. Dice que, ante la crisis que se vive por la pandemia, Tía María sería una palanca para reactivar la economía. Zapata manifestó que si vuelven las paralizaciones y protestas violentas, su colectivo también actuará en pro del desarrollo.

El proyecto minero es de competencia nacional. El expresidente Martín Vizcarra dijo que sin licencia social no se puede empezar el proyecto. El sector empresarial, que espera la reactivación económica, está a la expectativa de la posición que vaya a tomar el nuevo presidente Francisco Sagasti. Asimismo, las autoridades regionales de Arequipa han hecho poco para impulsar el proyecto. La exgobernadora Yamila Osorio asumió una posición neutral y de diálogo que no rindió frutos.

El actual gobernador, Elmer Cáceres, ha tomado partido por los manifestantes y con la bandera verde de “Agro sí, mina no” se ha puesto en contra de la empresa minera. Por su accionar fue acusado de incitar protestas y bloqueo de vías.
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-el-conflicto-social-que-se-ha-reavivado-en-el-valle-de-tambo-arequipa-nczg-noticia/

Perú

REPORTE DE CONFLICTOS DE LA DEFENSORÍA IDENTIFICA 13 ALERTAS TEMPRANAS

Imagen: La República
15/01/2021
El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los niveles de los meses anteriores.

De estos conflictos, 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre. Sin embargo, esta aparente estabilización podría ser coyuntural, toda vez que el reporte de la Defensoría identifica hasta 13 alertas tempranas, que incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales.

Entre las principales alertas tempranas, se encuentra:

– el caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– el caso del distrito de Ascención (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– el caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– el conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– el caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– el rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

Del total de conflictos registrados, el 59.9% corresponde a reclamos hacia el gobierno nacional. Además, el reporte da cuenta de 129 conflictos (el 65.5% del total) son de tipo socioambiental.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Mexico

PRESENTA MORENA UNA INICIATIVA PARA AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LA MINERÍA

15/01/2021
¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país?
¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad?
¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y
responsabilidades del quehacer legislativo?

Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a
las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han
beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades,
en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo
demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por
años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien
común.
Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como
si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una
persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio
de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio
a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es
legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e
irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden
que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades
y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que
conllevan las explotaciones de la megaminería.
Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña
de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en
todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero
operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida
de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas
desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan,
despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su
responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva
este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean
altos o bajos.
L LAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE M ORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR
EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS , Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS ,
PROPIAS Y EFICACES , PARA LAS COMUNIDADES
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Perú

Pobladores del valle de Tambo llegan a Arequipa en rechazo a sentencia a dirigentes

https://youtu.be/CmR9xuK2DB

(VIDEO)
A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Además del rechazo a la sentencia, expresaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
14/01/2021 Pamela Zárate M. Regional Avatar

Un grupo de pobladores del valle de Tambo llegó hasta la ciudad de Arequipa. Ellos protestaron en rechazo a la sentencia contra dos de sus dirigentes, quienes lideraron las protestas en contra del proyecto minero Tía María en el 2015. La manifestación fue liderada por la esposa de Jesús Cornejo, el abogado Héctor Herrera Herrera, y el actual vocero del valle de Tambo, Miguel Meza Igme.

Este último reiteró que con esta sentencia, Southern busca impones el miedo entre los pobladores, para evitar sus protestas. Consideró que como resultado del fallo judicial se criminalizarán las protestas sociales.

A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Quienes, a su vez, manifestaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
Conflicto social en Arequipa que dura 12 años

Las protestas en contra del proyecto minero Tía María cumple 12 años. Los enfrentamiento ocasionaron la muerte de seis pobladores y un policía. Aquí una breve cronología del conflicto social más álgido de Arequipa:

2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.

2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.

2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.

2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.

2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.

2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.

2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto en Arequipa y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.

2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos.
https://elbuho.pe/2021/01/arequipa-pobladores-del-valle-de-tambo-llegaron-a-la-ciudad-en-rechazo-a-sentencia-de-dirigentes-video/

Mexico

Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas

14/01/2021
Académicos y organizaciones ambientalistas advierten que la determinación judicial mantendrá al país como líder en conflictos por minería en América Latina.
Por qué un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la Ley Minera es un revés para las comunidades y pueblos indígenas
Protesta contra minería a cielo abierto en Puebla, Méxicolacoperacha.org.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al pueblo indígena Masewal, de la Sierra Norte de Puebla, y avaló la Ley Minera. La decisión no está exenta de polémica porque, según académicos y estudiosos del tema, dará luz verde a la explotación, devastación y despojo de tierras por parte de las industrias extractivas en México.

La Segunda Sala de la SCJN avaló por unanimidad la constitucionalidad de la Ley Minera, aún cuando los pueblos indígenas afectados por ese instrumento jurídico no hayan sido consultados para su aprobación.

La determinación de la Corte se produjo luego de que la comunidad Masewal solicitara declarar la invalidez de la Ley Minera, por considerar que viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

De hecho, la instalación de un proyecto emprendido por filiales mexicanas de la minera canadiense Almaden para la extracción de oro y plata, en el municipio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, ya había provocado desde hace varios años la resistencia de las comunidades asentadas en la zona.

«Negar la inconstitucionalidad de esta ley significa validar un sistema de violación, que históricamente nos ha despojado de territorio a los pueblos indígenas», señalaron voceras del Consejo Masewal Altepetahpianih, a través de un video difundido en redes.

El planteamiento de los pueblos fue apoyado por organizaciones ambientalistas tanto nacionales e internacionales, incluyendo a dependencias de gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

«Nosotros planteamos que el corazón del sistema minero es la Ley Minera y es inconstitucional, porque no fue construida con los pueblos, los guardianes del territorio y el patrimonio biocultural. Pero se confirmó un sistema que discrimina pueblos y violenta a la naturaleza, por lo que se seguirán agravando y escalando los conflictos socioambientales que hemos visto en el país», señaló el abogado Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en declaraciones recogidas por el medio SinEmbargo.
Minería contra los pueblos

Al respecto, grupos de académicos y defensores de derechos humanos han señalado que «las leyes mineras deben ser consultadas con los pueblos indígenas, pues la extracción de los minerales que comúnmente se encuentran en sus territorios tienen impactos muy intensos que suelen generar daños contrarios al derecho internacional».

Uno de los principales problemas en torno a la Ley Minera es que que prioriza las actividades extractivas, por encima de la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, la minería es una de las principales causas de emergencia social y ambiental en el país, ya que los métodos de extracción y disposi­ción de residuos han convertido a la actividad en una importante fuente de contaminación, con afectaciones a la salud de muchas poblaciones.

«Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales», sostienen los investigadores Claudia Gómez y Jorge Peláez, en un trabajo publicado por la Semarnat. «En estos convenios leoninos, las empresas mineras reciben todas las ganancias y las comunidades asumen todas las pérdidas. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan», señalan.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), México es el país con más casos de conflicto minero en la región, con 58 registros, por encima de Chile (con 49) y Perú (con 46).
Manuel Hernández Borbolla
https://actualidad.rt.com/actualidad/380171-corte-mexico-ley-minera-indigenas-reves

Internacional

El largo camino de indígenas de Papúa Nueva Guinea para obtener reparación de gigante minero

Por Catherine Wilson © Reproducir este artículo| | Imprimir | |English version
Contaminación de ríos y arroyos por desechos mineros en las cercanías de la mina de cobre Panguna en la Región Autónoma de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson /IPS

Contaminación de ríos y arroyos por desechos mineros en las cercanías de la mina de cobre Panguna en la Región Autónoma de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson /IPS

CANBERRA, Australia, 12/01/2021 (IPS) – Las comunidades locales cercanas a la mina de cobre Panguna han dado un paso decisivo en su larga lucha para que la transnacional minera Rio Tinto se responsabilice por presuntas violaciones ambientales y de derechos humanos durante sus operaciones en el yacimiento, que dieron pie a un cruento conflicto armado.

La mina estuvo operando en las montañas del centro de Bougainville, la ahora región autónoma de Papúa Nueva Guinea, entre 1972 y 1989, cuando cesó su actividad y dejó abandonada el yacimiento a cielo abierto, en medio de un conflicto con las comunidades indígenas de los alrededores.

La denuncia formal la presentaron 156 residentes ante el gobierno australiano en septiembre mediante el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia y resultó aceptada en noviembre, allanando el camino para un proceso de mediación no judicial.

«Nosotros y las comunidades con las que estamos trabajando hemos iniciado un proceso de conciliación formal con Rio Tinto facilitado por el Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia y las conversaciones con la empresa comenzarán muy pronto», dijo a IPS la abogada Keren Adams, directora del área de defensa del Centro Legal de Derechos Humanos, basado en Melbourne.

El conglomerado Río Tinto, con base en Reino Unido, era el titular mayoritario dl yacimiento Panguna a través de su filial operadora Bougainville Copper Ltd, con una participación de 53,8 por ciento.

Sin embargo, 17 años después de que comenzara la explotación, la ira entre los pobladores indígenas por los ríos y arroyos contaminados, la devastación de las tierras tradicionales y la desigualdad en la distribución de las ganancias y beneficios de la empresa extractiva desencadenaron una rebelión armada en 1989.

Después de que se destruyó el suministro de energía de la mina por sabotaje, Rio Tinto huyó de la isla de Bougainville y el sitio quedó abandonado durante la década de guerra civil que prosiguió.

El área de la mina, que todavía está controlada por el gobierno de Unidad Tribal de Mekamui, que incluye a antiguos líderes rebeldes, no ha sido desmantelada y el nocivo legado ambiental de sus operaciones anteriores nunca se abordó.

Ahora, según la denuncia, «la contaminación por cobre del pozo de la mina y los relaves continúa fluyendo hacia los ríos locales”.

Añade que “el valle del río Jaba-Kawerong aguas abajo de la mina se asemeja a un paisaje lunar con grandes montículos de desechos de relaves grises y rocas que se extienden casi 40 kilómetros aguas abajo hacia la costa. Los diques construidos en el momento de la operación de la mina ahora se están derrumbando, amenazando a las aldeas cercanas».

Hay más declaraciones de que la contaminación de las vías fluviales y la tierra está causando problemas de salud a largo plazo entre la población indígena, como enfermedades de la piel, diarrea, enfermedades respiratorias y complicaciones del embarazo.

Helen Hakena, directora de la Agencia de Desarrollo de la Mujer Leitana Nehan en Buka, la principal ciudad de Bougainville, apoya plenamente las medidas adoptadas por los dirigentes isleños.
El cobre y el oro de la mina Panguna esperan un acuerdo político antes de que se pueda reanudar la extracción. Foto: Catherine Wilson / IPS

El cobre y el oro de la mina Panguna esperan un acuerdo político antes de que se pueda reanudar la extracción. Foto: Catherine Wilson / IPS

 

“Esto está pendiente hace mucho tiempo. Va a ser muy importante, porque fue el gran problema que causó el conflicto de Bougainville. Pondrá fin a los reclamos que tanto sufrimiento causaron a nuestro pueblo”, señaló Hakena a IPS.

La guerra civil de Bougainville, provocada por el levantamiento en la mina, causó entre 15 000 y 20 000 personas muertas.

La gente de Bougainville cree que Rio Tinto ha violado las Directrices de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) para Empresas Multinacionales, al no tomar medidas para mitigar los impactos ambientales, de salud y seguridad previsibles en la mina y respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus actividades extractivas.

El Centro Legal de Derechos Humanos afirma que «la contaminación de las minas sigue infringiendo casi todos los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades indígenas, incluidos sus derechos a la alimentación, el agua, la salud, la vivienda y un nivel de vida adecuado».

“Si bien no aceptamos por completo los reclamos en la denuncia, somos conscientes del deterioro de la infraestructura minera en el sitio y las áreas circundantes y reconocemos que existen consideraciones ambientales y de derechos humanos”, respondió Rio Tinto en una declaración pública.

“Aceptar la intervención del Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia demuestra que nos tomamos esta denuncia en serio y estamos dispuestos a entablar conversaciones con las comunidades que la han presentado, junto con otras comunidades relevantes alrededor del sitio de la mina Panguna y otras partes relevantes, como Bougainville Copper Ltd, el gobierno autónomo de Bougainville y el gobierno de Papúa Nueva Guinea (PNG)”, continuó el comunicado.

En 2016, Rio Tinto se desprendió de su participación en Bougainville Copper Ltd, la compañía operadora, y sus acciones fueron adquiridas por los gobiernos de PNG y Bougainville. Simultáneamente, el gigante minero anunció que rechazaba la responsabilidad corporativa por cualquier impacto o daño ambiental.

La exploración de minerales en Bougainville en la década de los 60, seguida de la construcción de la mina de cobre a cielo abierto Panguna, se produjo cuando la región de la isla estaba bajo administración australiana.

Posteriormente se convertiría en una fuente masiva de ingresos internos para Papúa Nueva Guinea, a la que se le otorgó la independencia en 1975.

Durante su vida útil, la mina Panguna generó alrededor de 2000 millones de dólares en ingresos y representó 44 por ciento de las exportaciones del país.

El acuerdo minero negociado entre el gobierno australiano y Conzinc Rio Tinto Australia en la década de los 60 no incluía regulaciones ambientales significativas ni responsabilidad de la empresa por la rehabilitación de áreas afectadas por la minería.

No ha habido una evaluación ambiental definitiva del sitio de Panguna desde que se vio obligado a cerrar.
La maquinaria e infraestructura de la mina destruida se encuentran esparcidas por el sitio de la mina Panguna en las montañas de Central Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson / IPS

La maquinaria e infraestructura de la mina destruida se encuentran esparcidas por el sitio de la mina Panguna en las montañas de Central Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson / IPS

Sin embargo, cada día se excavaban en la mina alrededor de 300 000 toneladas de mineral y agua. En 1989, un informe independiente de Applied Geology Associates, de Nueva Zelanda, señaló que cantidades significativas de cobre y otros metales pesados se estaban filtrando de la mina y los vertederos de roca estéril y fluían hacia el río Kawerong.

Actualmente, el agua de algunos ríos y arroyos en el área de la mina es de un azul luminiscente, un signo de contaminación por cobre.

La acción de los residentes de Bougainville llega al final de un año que fue desafiante para Rio Tinto en la región.

El grupo británico todavía se está recuperando de las revelaciones a principios de 2020 de que sus operaciones destruyeron sitios nativos sagrados de importancia histórica, que se estima tenían 46 000 años de antigüedad, en las cercanías de su mina de hierro en la región de Pilbara, en Australia Occidental.

El director ejecutivo de la empresa, Jean-Sebastien Jacques, renunció posteriormente.

No obstante, Adams se muestra optimista sobre la voluntad de conglomerado minero de comprometerse con las partes interesadas de Bougainville y Papúa Nueva Guinea.

“En primera instancia, esperamos que este proceso no judicial ayude a facilitar las discusiones para explorar si Rio Tinto asumirá estos compromisos para abordar los impactos de sus operaciones”, argumentó.

De lo contrario, dijo, “las comunidades solicitarán al Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia que investigue la denuncia y averigüe si Rio Tinto ha violado sus obligaciones ambientales y de derechos humanos”.

Si llega a ser necesaria, una investigación integral sobre el caso podría tomar hasta un año, reconoció Adams.

En definitiva, los isleños buscan resultados específicos.

Estos incluyen el compromiso serio de Rio Tinto con ellos para identificar soluciones a los problemas ambientales y de derechos humanos urgentes.

Además, el financiamiento para una evaluación de impacto ambiental y de derechos humanos independiente de la mina; y contribuciones a un fondo sustancial administrado de manera independiente para permitir programas de rehabilitación a largo plazo.

De lo contrario, el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia estima que “dados los recursos limitados de los gobiernos de Papúa y Bougainville, es casi inevitable que si Rio Tinto no toma ninguna medida, el daño ambiental causado actualmente por los desechos de relaves continuará y empeorará».
T: MLM. ED: EG

El largo camino de indígenas de Papúa Nueva Guinea para obtener reparación de gigante minero

Perú

HUANCAVELICA: PROYECTO MINERO AMENAZA CON CONTAMINAR AGUA QUE CONSUMEN 50 MIL PERSONAS

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 14 de enero de 2021
Foto: Servindi
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el pasado 15 de diciembre, el proyecto de exploración minera “Pukaqaqa Sur” presentado por la empresa de capitales brasileños, Nexa Resources Perú S.A.A., el cual pone en riesgo el agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. Las comunidades exigen a las autoridades que se anule la resolución que aprueba esta iniciativa.

Las autoridades de la provincia de Huancavelica se reunieron el 11 y 12 de enero con representantes del Ejecutivo y el Congreso para expresar su rechazo al proyecto que pone en riesgo la calidad de agua. Asimismo, anunciaron que presentarán formalmente ante el Minem el pedido para anular dicha resolución.

La comisión que se presentó estuvo integrada por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Yovana Quispe, Cancio Inga y Elsa Benavente, y el gerente de Gestión Ambiental, Cirilo Gómez.

En su momento, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Municipalidad de Ascensión, y la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica presentaron ante el Minem, observaciones en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En este documento presentaron sólidos argumentos sobre las afectaciones de Pukaqaqa Sur generaría en ecosistemas frágiles por estar en la cabecera de la subcuenca, y la toma de agua de Callqui, que va a la planta de tratamiento de agua potable para el consumo de más de 50 mil personas.

Lamentablemente, la presión del gobierno por impulsar estos proyectos y el alza del precio del cobre, priorizaron la aprobación de este proyecto dejando de lado las observaciones. Al no considerar estos argumentos, el Minem no tomó en cuenta la autonomía del Gobierno Regional ni la de Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Pero eso no es todo, pues al aprobar la DIA, el gobierno ignoró dos ordenanzas municipales que declaran de interés público la conservación y protección de la cuenca y microcuenca de Ichu, donde se realiza este proyecto.

Este memorial fue presentado el lunes 11 ante el Minem y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso. Además, de las comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Energía y Minas del Parlamento.

Pedido formal

En tanto, la regidora Elsa Benavente informó que el pedido de nulidad de la resolución que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero, se presentará formalmente antes del 22 de enero.

Chile

Corte Suprema acoge demanda de grupo indígena y falla contra permisos de expansión de mina de BHP

El máximo tribunal estableció que no se consideraron adecuadamente los impactos ambientales y los recursos de la comunidad en el plan para la mina Cerro Colorado.
La firma aseguró que «ya está trabajando en el cumplimiento de las medidas exigidas por el Tribunal Ambiental».
14/01/2021 Bloomberg
La Segunda La Corte Suprema acogió una demanda interpuesta por un grupo indígena contra la mina de cobre Cerro Colorado de BHP Group, emplazada en la Región de Tarapacá, y dictaminó que los permisos para una expansión no consideraron adecuadamente los impactos ambientales y los recursos de la comunidad. La resolución a favor de la Asociación Agrícola Indígena San Isidro de Quipisca fue emitida el miércoles por la noche por la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Ante las dudas de que este fallo signifique que la mina deba detener sus operaciones, BHP aseguró que aquello no es así, más bien, explicó la compañía, se mantuvo una solución procesal ordenada por el Tribunal Ambiental en 2019 para considerar que las observaciones del grupo en un nuevo proceso de evaluación que ya está en curso.
«El fallo de la Corte Suprema no ordena el cierre de las operaciones de Cerro Colorado», aseguró la compañía.
«Cerro Colorado ya está trabajando en el cumplimiento de las medidas exigidas por el Tribunal Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental», añadió.
La más pequeña de las tres minas de cobre de BHP en Chile se ha enfrentado a la oposición de las comunidades indígenas que buscan defender los suministros de agua subterránea en la región norteña de Chile.
En julio, BHP anunció que planea reducir las operaciones en Cerro Colorado, adelantando efectivamente un plan de reducción antes de la expiración de sus permisos de operación en 2023.
En ese momento, dijo que continuaría explorando opciones para extender la explotación más allá de 2023 mediante el uso de agua de mar.
El año fiscal pasado, BHP registró un deterioro de US$ 409 millones de Cerro Colorado, una operación que había acordado vender en 2018, pero luego el acuerdo fue cancelado .
La empresa reafirmó su voluntad de establecer procesos de diálogo basados ??en el respeto, la buena fe y los principios del Plan de Pueblos Indígenas de BHP.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/01/14/1009431/Corte-Suprema-mina-Cerro-Colorado.html

Criminalización de la protesta, Perú

Preparan marcha en respaldo a dirigentes sentenciados por caso Tía María

La dirigente Marilú Marroquín señaló que las acciones de protesta en defensa del agro y medio ambiente acaban siendo criminalizadas injustamente.
12/01/2021 Ibón Machaca Regional Avatar
La reciente condena impuesta a los dirigentes del valle de Tambo, que lideraron las protestas contra el proyecto minero Tía María, sigue despertando indignación. La presidenta de la Junta de Usuarios La Ensenada Mejía, Marilú Marroquín, informó este lunes a los medios de Arequipa, que la población participará de una movilización en apoyo a los condenados Jesús Cornejo, Jaime de la Cruz y Pepe Julio Gutiérrez.

Los pobladores del valle de Tambo se han auto convocado para salir a marchar este martes 12, en Islay. Esto con la finalidad de respaldar a los dirigentes sentenciados, dijo Marroquín. La movilización será de carácter pacífico, portando sus banderillas verdes por las calles de Cocachacra y Dean Valdivia. La representante de los agricultores se reunió en Arequipa con autoridades de la provincia de Islay y el Gobierno Regional.

Se esperaba que el caso de los dirigentes sea tratado en la sesión, en vista de la disposición y apoyo mostrador por el gobernador Elmer Cáceres Llica en días previos. Sin embargo, ante su ausencia el debate giró en asuntos relacionados al déficit hídrico y el efecto de las lluvias.
“Se criminalizan las protestas”, afirma dirigente de Arequipa

Al igual que otros dirigentes, Marilú Marroquín consideró que la sentencia criminaliza los actos de protesta. Asimismo, castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente. En su opinión, el proceso judicial no tuvo los suficientes sustentos y se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones.

“Se está criminalizando las protestas. Prácticamente, como los quieren maniatar y callar, yo creo que el pueblo se tiene que levantar. Se está vulnerando la justicia”, sostuvo Marroquín.

Por su parte el alcalde distrital de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, manifestó que el valle de Tambo se mantiene en contra del proyecto y debe respetarse dicha posición. Ale Cruz estuvo procesado junto con los dirigentes, pero quedó absuelto. Él manifestó que no ha cambiado de opinión respecto al proyecto. Considera que la empresa minera no ha despejado las observaciones que hizo UNOPS al Estudio de Impacto Ambiental.

En tanto, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció su respaldo a los dirigentes sentenciados. Con tal motivo convocaron a una protesta. Así lo informó el secretario general del sindicato, José Luis Chapa Díaz. Manifestó que el próximo 14 de enero saldrán a las calles para defender a quienes luchan por el pueblo.
https://elbuho.pe/2021/01/arequipa-preparan-marcha-en-respaldo-a-dirigentes-sentenciados-por-caso-tia-maria/