Perú

Los riesgos de la reactivación económica para los pueblos andinos y amazónicos

Muqui Informa
6/5/2020
Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Recientemente el gobierno peruano ha emitido el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM “para la reanudación de actividades económicas de forma gradual” en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. La medida ha sido casi celebrada por los gremios empresariales, sobre todo las grandes empresas que han ejercido una presión política fuerte al gobierno nacional; sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos mineros, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, están en desacuerdo con esta medida. Si bien se entiende la necesidad de miles de personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan trabajar en este momento; varios son los motivos de las preocupaciones de las organizaciones. El principal motivo es el temor a la propagación sin control del Covid-19 y, mucho más, luego de haber pasado por un confinamiento de más de 50 días; es decir, todo el sacrificio de estos días podría ser en vano.

Una opinión especial merece el caso del sector minero, que está incluido dentro de estas medidas, ya que desde el momento en que se declaro el Estado de Emergencia ha venido operando con cierta normalidad. Así los sostiene LQG intelligence, quienes “han realizado un cálculo del impacto del Covid-19 en la producción de cobre del sector minero a partir del análisis de consumo de energía, lo que es un indicador del estado operativo de los proyectos mineros y señala que hay 25.7% de producción paralizada, 31 % de producción parcial y un 43.3% producción continua (al 26 de marzo de 2020)”. Justamente el mantenimiento de estas operaciones, así como el traslado del personal dentro y fuera de los campamentos mineros y la falta de un protocolo sanitario adecuado ha generado el elevado nivel de trabajadores mineros contagiados en las empresas mineras. Desde Red Muqui ya llevamos 264 trabajadores registrados con COVID-19. El sector minero es y ha sido el más privilegiado durante este tiempo, pero a su vez ha sido el que más expuso a sus trabajadores y a las comunidades de los entornos mineros al contagio del coronavirus.

De otro lado, las organizaciones indígenas, amazónicas y andinas de nuestro país, desde que empezó la emergencia sanitaria, vienen denunciando el silencio y el desdén que tienen las autoridades respectivas para responder sus agendas y preocupaciones; ya que la mayoría de las normas que se viene aprobando desde el gobierno no son consultadas ni dialogadas con las organizaciones indígenas. Señalan que el anuncio de la reactivación económica los pone en mayor riesgo ya que las actividades extractivas como la minería y el petróleo se realizan en territorios indígenas. Lo cierto es que tanto los protocolos sanitarios de prevención y protección de pueblos indígenas, así como el abastecimiento de alimentos y la dotación de recursos económicos para este sector de la población es insuficiente, por no decir nulo. Y por el contrario se pretender reactivar la económica con más extractivismo.

En ese sentido, desde Red Muqui nos parece sumamente preocupante que para la reactivación económica solo se priorice a las grandes empresas extractivas, sin tomar en cuenta la situación de las comunidades y poblaciones andinas y amazónicas, así como de los trabajadores mineros que están expuestos al contagio del virus. La reactivación económica implica mirar los derechos humanos, la reactivación supone pensar en diversificación productiva, la reactivación no puede ser en desmedro del territorio y el ambiente, la reactivación no puede ser volver a la normalidad de siempre.
por RED MUQUI

Perú

MOQUEGUA: REPORTAN PRIMER CASO DE COVID-19 EN SOUTHERN PERÚ

7/5/2020
Imagen: Rumbo Minero
Un trabajador de la minera Southern Perú, que labora en la unidad productiva de Ilo, es el primer diagnosticado de COVID-19 en dicha empresa. Tras dar positivo a una prueba rápida fue aislado del resto de los trabajadores.

Según información de la empresa, un grupo de sus compañeros que laboran en la misma sección también ingresó a aislamiento voluntario, pese a que estos dieron negativo a las pruebas rápidas.

Respecto al trabajador infectado, se conoció que el personal de salud de la empresa no descarta que haya sido contagiado en su trabajo, por lo que habría más trabajadores contagiados.

La unidad productiva de Ilo se ubica a 100 kilómetros de las unidades mineras de Toquepala y Cuajone.

Este caso se suma a los 264 casos reportados de contagios entre trabajadores mineros a nivel nacional hasta la fecha. Esto a pesar de que el gobierno ha establecido protocolos de cuidado y la minería es una de las actividades priorizadas para retornar a las labores en la Fase 1 de la reactivación económica.

Alerta informativa www.conflictosmineros.org.pe

Perú

MINEM APRUEBA PROTOCOLO SANITARIO PARA LOS SUBSECTORES MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD

7/5/2020

El 6 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Resolución Ministerial (RM) Nº 128-2020-MINEM/DM, “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”.

En el marco de este protocolo, el MINEM dispone que las empresas empleadoras tienen que elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe contener actividades, acciones e intervenciones que permitan acatar el protocolo sanitario del sector salud, aprobado mediante RM Nº 239-2020/MINSA. Asimismo, el referido ministerio indica que las empresas están obligadas a someter sus planes a evaluación del Viceministerio correspondiente, remitirlos al Ministerio de Salud (MINSA) y permitir su acceso a las entidades fiscalizadoras (SUNAFIL, gobiernos regionales y gobiernos locales).

Respecto al traslado y acceso al centro de labores, el MINEM establece que los trabajadores o contratistas deberán llenar una ficha sintomatológica (tiene carácter de declaración jurada) y ser sometidos a evaluación física. Complementariamente, también menciona las medidas a tomar cuando las empresas utilicen transporte terrestre, aéreo y fluvial para movilizar trabajadores y contratistas.

De igual modo, el MINEM precisa cuáles serán las medidas de higiene, convivencia y desinfección a implementar en los centros de labores. Así como, enlista las acciones aplicables para el mantenimiento de la adecuada distancia social, describe el proceso de aislamiento temporal, evaluación, seguimiento y reincorporación de trabajadores y contratistas sospechosos o contagiados de COVID-19 e indica cuales son las medidas de trabajo a poner en marcha en los casos de las personas consideradas en los grupos de riesgo.

Cabe resaltar que este protocolo ha sido elaborado y aprobado sin contar con la participación y el visto bueno de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Desde la perspectiva de CooperAcción, este documento contiene aspectos cuestionables, como la aplicación potestativa de pruebas rápidas o moleculares en el caso del personal con puestos de riesgo bajo, la ausencia de determinación de un aforo máximo para los campamentos y la falta de precisión sobre la cantidad de personal sanitario que debe existir en el centro de labores.

A todas luces, los lineamientos elaborados (MINSA) y el protocolo (MINEM) no son los suficientemente rigurosos y tampoco responden a la real amenaza del Covid 19. Para comenzar, dejan un gran margen de discrecionalidad en la implementación de las medidas a las propias empresas y no se cubren varios flancos importantes de riesgo. Conociendo cómo funcionan los Servicios de Seguridad y Salud, la influencia de las empresas definirá temas claves como la periodicidad en la aplicación de pruebas y otros aspectos claves. Por otro lado, no queda claro cómo piensan resolver la falta de pruebas moleculares y serológicas: voceros del sector empresarial minero han reconocido que por el momento no cuentan con pruebas disponibles y la compra en estos momentos es cada más difícil y onerosa. ¿Van a reanudar labores sin la aplicación de pruebas a un sector de trabajadores? ¿Lo que ha pasado -y sigue pasando- en varios campamentos mineros, no es una clara señal de alarma?

Ha habido una fuerte presión desde el sector empresarial, sobre todo desde la Confiep, para que las actividades productivas se pongan en marcha, logrando que se acuerde finalmente la reactivación por fases, precisamente cuando la curva de contagios sigue creciendo. Se ha generado un falso dilema entre la emergencia sanitaria y la necesidad de reactivación de la economía. El posible agravamiento de la epidemia va a representar un costo importante para la economía del país y lo que es peor significa la pérdida de un número cada vez más importante de vidas humanas.

Revisa el protocolo aquí http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-Minem.pdf

Perú

LA “NORMALIDAD” DE ANTES YA NO EXISTE: TOCA CONSTRUIR UNA NUEVA

Andrés Espinoza B.
Imagen: Andina
8/5/2020
El COVID-19 ha desnudado los problemas que ya arrastrábamos, porque los ha agravado e hizo que nos demos cuenta que tenemos una agenda pendiente, tanto en el respeto de derechos como en la necesidad de conseguir una economía para todas y todos.

Al iniciar la cuarentena, nos dimos cuenta de aquellos trabajos mal remunerados que hoy en día son vitales. Médicos, enfermeros, policías, personal de los mercados, limpieza y bancos, han sido reconocidos y aplaudidos por muchos. Sin embargo poco se habló de las y los agricultores y de su rol clave que garantiza la alimentación de millones de peruanos y peruanas. La agricultura nacional cultiva el 70% de los alimentos que consumimos y sin embargo poco se hace por apoyarla y fomentar la agricultura familiar y la agroecología, una alternativa que ayuda a enfrentar el cambio climático, la pobreza rural y el hambre, el cual podría ser una gran amenaza en apenas unos años.

Con el objetivo de achatar la curva de contagios, el gobierno dispuso un “pico y placa de género” para exigir que los varones salieran unos días y las mujeres otros. Lo que vimos fue motivo de burlas y memes: varones perdidos en los mercados y mujeres que cargaban con mayor responsabilidad. La disposición afectó también a las personas LGTBI que fueron objeto de castigos por parte de policías porque no existe una Ley de Identidad de Género. La educación basada en la igualdad de género es una demanda urgente que no solo beneficiará a mujeres y LGTBI’s sino también a varones que podrán entender su responsabilidad en el cuidado de la familia y la necesidad de renunciar a las masculinidades violentas con las que hemos crecido y que han causado en esta cuarentena violaciones y golpes . Estos son los problemas que queríamos evitar con el enfoque de género.

Luego vimos las caravanas de personas desplazadas que retornaban a sus provincias de origen. La centralización de la capital, la falta de oportunidades en regiones y el acceso a servicios privilegiados en Lima hicieron que muchos peruanos decidieran venir a la capital. El intento de descentralizar el país es algo que se viene escuchando desde hace bastante tiempo y sigue siendo un proyecto inconcluso y, a todas luces, mal diseñado.

Muchos de nosotros nos sorprendimos al ver nuestras ciudades distintas, con aves en las zonas costeras, con ríos limpios, con amaneceres que permitían ver nuestros cerros más lejanos y un aire más limpio : la naturaleza se daba un respiro. Pero no es que nosotros seamos el virus, es que vivimos en un dinamismo económico que ha idealizado la productividad, el crecimiento y la acumulación de bienes por sobre el respeto y cuidado del ambiente y que ha degradado hábitats que originan el brote de distintos virus . Hoy, a puertas de entrar en una fase de reactivación económica, regresemos a las regiones y a las demandas de colectivos como la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos quienes exigen una #ReactivaciónSinContaminación para preservar la salud ambiental y humana. Ellos llevan esperando una política integral que atienda a los más de 7000 afectados a nivel nacional.

Las AFP’s comenzaron a ser un tema de discusión para las clases medias. Se exigía el retiro parcial de estas para enfrentar la crisis, y había mucha resistencia en ceder a este pedido. Hoy en día en países como Chile, donde se originó el sistema, se ha puesto en debate si el mecanismo de fondos privados de pensiones debe seguir o si se debe migrar a un sistema de pensiones distinto que garantice una vejez digna . Dependerá de nuestros congresistas liderar este cambio y presentarlo a debate y toca a la sociedad civil formular un proyecto que sea pensado para todas y todos.

Pasamos luego a hablar de los ricos del Perú y las responsabilidades que les compete en esta crisis. De hecho, uno de los empresarios peruanos con más fortuna, dueño de una cadena de cines hizo uso de la suspensión perfecta de labores que afectaría a sus trabajadores, calculados por la SUNAT en un número que supera los tres mil . Sorprende que cuando Ángela Merkel, canciller federal de Alemania, señala el problema tan latinoamericano de que los ricos no quieren pagar , se disparan los titulares y la atención. Pero cuando esto es un reclamo de la propia ciudadanía, no tarda en aparecer la criminalización. Llegó el momento de #QuePaguenLosRicos y de que el gobierno no se tire atrás en esta demanda. Se necesita una verdadera reforma tributaria que nos permita aumentar la recaudación y, sobre todo que los impuestos directos (que gravan a los que más tienen) tengan un mayor peso que los impuestos indirectos (que son los que pagan todos los ciudadanos cuando consumen un producto o servicio).

La pandemia nos devuelve una oportunidad: la de cambiarlo todo y construir una nueva versión de país.

Anexos:
[1] Más inversión en agricultura familiar https://peru.oxfam.org/en/node/210
[2] El call-center que atiende casos de violación en cuarentena https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/violaciones-en-cuarentena-ecpm/index.html
[3] https://www.efe.com/efe/america/sociedad/lima-respira-el-aire-mas-limpio-de-los-ultimos-tres-anos-por-cuarentena-covid-19/20000013-4201577
[4] Gisella Orjeda: “Los virus surgen porque los hábitats de los animales silvestres están siendo totalmente degradados” https://larepublica.pe/domingo/2020/05/03/coronavirus-en-peru-giselle-orgeda-biologa-analiza-la-situacion-cientifica-en-peru-y-los-vinculos-de-la-pandemia-con-habitat-de-animales-silvestres/
[5] Frente al coronavirus atención nacional para los afectados por metales tóxicos http://cooperaccion.org.pe/frente-al-coronavirus-atencion-nacional-para-los-afectados-por-metales-toxicos/
[6] Senadores ingresan a trámite proyecto que elimina AFP y nacionaliza fondos de pensiones https://www.t13.cl/noticia/politica/senadores-ingresan-tramite-proyecto-elimina-afp-y-nacionaliza-fondos-pensiones
[7] Compañías deciden dejar de emplear a 70 mil personas bajo decreto de suspensión perfecta https://ojo-publico.com/1799/companias-dejan-de-emplear-70-mil-personas-por-suspension-perfecta
[8] La dura frase contra América Latina que convirtió en tendencia a Angela Merkel https://rpp.pe/mundo/actualidad/angela-merkel-la-dura-frase-contra-america-latina-que-convirtio-en-tendencia-a-la-canciller-alemana-noticia-1263221?ref=rpp

Mexico

En riesgo, derechos de etnias; fallo de la SCJN protegería explotación minera

▲ Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.

Ley en la materia no los afecta, según proyecto de sentencia
Foto
Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.Foto José Castañares / La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Periódico La Jornada
9/5/2020
Puebla, Pue., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con un proyecto de sentencia que, de aprobarse tal como lo elaboró el ministro Javier Laynez Potisek, mantendría el sistema de explotación de recursos mineros con el cual se violentan los derechos indígenas. Se trata de la tesis elaborada por el ministro Javier Laynez Potisek, publicada en Internet esta semana.

En ella asevera que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que plantea no amparar las comunidades poblanas.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos y del ambiente consideran que la decisión no sólo afectaría a las comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, que tramitaron un juicio de garantías contra el Estado mexicano por haber transgredido su derecho de autodeterminación, sino que deja intacta la Ley Minera que protege los megaproyectos depredadores y conflictos socioambientales en todo el país.

El 17 de marzo de 2014 el pueblo maseual que habita los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, interpuso un amparo que fue admitido por el juzgado segundo de distrito con sede en la capital del estado. El acto reclamado fue la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas que los habitan hubieran sido consultados, como obliga el artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por esos hechos fueron demandados el Estado Mexicano, representado por el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, entre otros. El juicio de garantías no se interpuso sólo contra las concesiones, sino sobre todo contra la Ley Minera que permite la entrega de los territorios y viola los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, recordó Leonardo Durán, del Órgano técnico del ordenamiento integral de Cuetzalan.

Una semana después, el pueblo nahua de la comunidad de Zacualpan, en Colima, ingresó su propia demanda de amparo, la cual fue aceptada por el juzgado primero de distrito con sede en la capital de esa entidad.

El 7 de abril del mismo año la comunidad de Tecoltemic, municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, presentó un juicio de garantías que admitió el juzgado cuarto de distrito con sede en la ciudad de Puebla.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios en los tres casos, lo que implica que mientras duren los litigios las compañías no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

En su momento, el Consejo Titay Tlatli, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, destacaron que “la relevancia de estas acciones jurídicas reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera.

La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye discriminación, pues viola la Constitución y los acuerdos internacionales que obligan al Estado Mexicano a respetar los derechos humanos, sobre todo el de los pueblos originarios y equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han usado ancestralmente.

A la par de la defensa legal, las comunidades indígenas de la Sierra Norte, Nororiental y de Veracruz emprendieron asambleas informativas y deliberativas para enfrentar a la industria minera que las asola y a otros denominados «proyectos de muerte», como las hidroeléctricas y el fracking.

Desde 2014, cada dos meses, se han realizado asambleas, hasta ahora 29, en municipios de Puebla y Veracruz, la menor de 2 mil participantes y la mayor de 10 mil. En todas ellas los indígenas han dejado claro su rechazo absoluto a la minería, al punto que ni siquiera piden que se les consulte, pues su repudio es más que evidente, no quieren saber nada de ese asunto, aseveró en entrevista Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij.

El litigio del pueblo maseual llegó estos años a la SCJN en la revisión al juicio de amparo 928/2019, cuyo proyecto de sentencia fue presentado por el ministro Laynez Potisek y esta semana se hizo público.

A decir de Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, el aserto del ministro es desconcertante, es poco comprensiva de la realidad indígena de México y sin duda constituye un retroceso en la construcción del Estado pluricultural que ordena el artículo segundo constitucional.

Martínez Esponda explicó que los perjuicios son evidentes, tan es así que existen al menos tres investigaciones del relator especial de la ONU para derechos indígenas que documentan las afectaciones, amén de documentos elaborador por Fundar, la Rema y el Cemda que confirman los conflictos socioambientales derivados de la minería.

Además, mencionó que el ministro tiene a su alcance el protocolo de actuación para este tipo de casos que elaboró la propia SCJN.

Según el abogado del Cemda, en este caso la SCJN tiene la oportunidad no sólo de fallar en favor de los indígenas poblanos, sino de corregir la Ley Minera, que sustenta una estructura que viola sistemáticamente los derechos humanos, de consolidar la transición de un Estado monocultural a uno pluricultural y así contribuir a la construcción de procesos duraderos de paz.

«Este amparo debe ser entendido como parte de una lucha colectiva que busca transformar el rostro del Estado y hacer posible un México donde se reconozcan los muchos Méxicos existentes», dijo el abogado.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/estados/026n1est

Fuente REMA

Perú

UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON INCERTIDUMBRES

Luis Gárate
Imagen: Prensa Perú
El pasado 3 de mayo el gobierno oficializó la reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos, de forma gradual, incorporando algunas medidas de protección para prevenir los contagios del Covid-19. Sin embargo se presentan varias interrogantes sobre la aplicación de lineamientos y protocolos, tomando en cuenta que el Estado peruano se encuentra contra las cuerdas enfrentando la pandemia.

Esta preocupación aumenta en la medida que, a más de 50 días de cuarentena, son notorias las serias limitaciones para gestionar la seguridad de la población ante los contagios. Eso se puede apreciar en el descontrol que se presenta en regiones como Loreto, Piura o Lambayeque, lo que ocurre en los grandes mercados y centros de abasto, así como en el propio sistema de salud que está casi colapsado ante el incremento de contagios de la población.

Recordemos que la medida de reactivación se ha dado a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano. El decreto contempla que la fase 1 de “Reanudación de Actividades” y se inicia en el mes de mayo de 2020, con actividades en el sector de minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes y comercio.

Los sectores competentes de cada actividad deben tener en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones). Además, los Protocolos Sanitarios Sectoriales deberán ser aprobados mediante Resolución Ministerial y publicados en su respectivo portal institucional, en un plazo máximo de cinco días calendario.

Previo al reinicio de actividades, las empresas o personas naturales o jurídicas deben observar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19, los protocolos sectoriales para elaborar su “Plan para la Vigilancia” y proceder con su registro en el Sistema Integrado para el Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.

La norma también establece que las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones emitidas. Para las acciones de fiscalización laboral a cargo de la Sunafil, el Ministerio de Economía y Finanzas, de resultar necesario, debe asignar los recursos adicionales que se puedan requerir para su implementación.

Frente a estas normas no ha tardado en reaccionar la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, quien ha señalado que los protocolos de seguridad «están llenos de requisitos y parecen hechos para un país europeo”. Este tipo de declaraciones revelan la indolencia de los sectores empresariales frente al drama que vivimos todos los peruanos y peruanas, sobre todos los sectores más vulnerables y de manera particular los trabajadores.

Por otro lado, nos parece legítima la duda que tanto los trabajadores y sus organizaciones representativas o instituciones de derechos humanos han expresado, en el sentido si estos planes y protocolos van a implementarse con la eficacia que la situación de emergencia requiere. Hemos visto que el gobierno permitió que la minería opere bajo ciertas restricciones desde el inicio de la cuarentena y sin embargo en este sector ya se han registrado 260 casos de contagio en todo el país.

Asimismo conociendo las serias dificultades por la que está atravesando el sector salud, cabe preguntar si su personal podrá fiscalizar eficazmente el inicio de las actividades. En estos momentos, las instituciones del Estado están desbordadas por la expansión de la epidemia a nivel nacional y no se cuenta con capacidad para fiscalizar actividades.

Es comprensible la preocupación del gobierno por reiniciar la reactivación gradual de las actividades económicas; sin embargo no se puede correr el riesgo que los trabajadores se reincorporen a las labores sin tener la seguridad que van a ser adecuadamente protegidos y que los casos positivos se sigan incrementando.
Cooperaccion.org.pe

Criminalización de la protesta, Perú

Policía nacional y Minera Yanacocha implementan convenio de servicio policial extraordinario para hostigar a la familia de Máxima Acuña en Cajamarca


Conflicto Relacionado: Yanacocha

Muqui Informa, Noticias

Nota de Grufides

Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abog. Coordinador del Área Legal de Grufides
Inconcebible acto de abuso de autoridad y hostigamiento empresarial

Informamos que en la tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe, sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).

Según lo expresado por “Daniel Chaupe” y los registros de “fotos y videos” que acompañamos en la presente nota, un representante de Minera Yanacocha, acompañado de dos policías llegaron a su chacra en circunstancias en la que él estaba trabajando la tierra para poder sembrar, lo que para la familia representa su mayor actividad económica. Ante esto, se les pidió que se identificaran, pero los dos efectivos policiales y el representante de la empresa se negaron a hacerlo de lo cual uno de los policías manifestó que venían porque estaban cumpliendo con un convenio privado que tenían con la empresa minera, y querían constatar si había actos de invasión.

La policía nacional ingresó al domicilio de la familia Chaupe, no para cumplimiento de su deber de seguridad ciudadana, sino acatando uno de los convenios privados que la PNP tiene con las empresas mineras.

Al respecto, se puede precisar que el lugar de siembra que se observa en las fotos y videos incorporados en este reporte, está contenido dentro del predio donde se encuentra el habitad y la posesión de la “familia de Máxima Acuña Atalaya”, tal como lo explica Daniel Chaupe en el “video de fecha 04 de mayo de 2020”, donde se muestra el terreno, así como también el escenario donde se llevó a cabo esta actuación indebida del personal de la policía.

Pudiéndose advertir, además que, para llegar al lugar de siembra indicado por el morador, que estos extraños del Estado y de la empresa han tenido que ingresar necesariamente al área territorial del predio de Tragadero Grande no contando para ello, con una orden del Ministerio Público o de alguna autoridad competente, ni por denuncia, ni por vía de prevención, donde lo que más nos llama la atención es que, todo este proceder, los efectivos policiales lo amparan en la aplicación de un Convenio de Servicio Policial Extraordinario (SPE), lo cual por supuesto no se responde con ningún parámetro legal de procedimiento alguno, ni mucho menos con las reglas de protección que hoy rige la declaratoria de emergencia, sancionada por el poder ejecutivo nacional.
La policía nacional NO estaba cumpliendo con los procedimientos de ley

Este incidente, nos advierte que los efectivos PNP, no cumplieron con las normas del Estado de Derecho, esto es así, puesto que, según la ley, en todo proceso de constatación, un funcionario público está obligado a identificarse, además de informar a la persona que interviene, el motivo de su presencia, debiéndosele otorgar participación en el acto, a modo de ejercer su defensa. Recordemos que, además, este tipo de procedimiento, exige para su legalidad, que se brinde información de la autoridad competente, que lo ordene o disponga como medida ya está en vía de investigación o de prevención, sin perjuicio de que, en el presente acto, no han sido respetadas las formalidades que prevé la legislación procesal al respecto.

Consecuentemente, cabe a la autoridad competente revisar y precisar, si la aplicación de un convenio privado, amerita o no, este tipo de irrupciones domiciliarias, que no pueden bajo ningún concepto, sustituir la competencia de oficio, que corresponde a los funcionarios públicos del Estado, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, todos ellos, autoridades representativas, que deben estar al servicio del orden interno y la seguridad ciudadana.
Como afecta este incidente a los defensores y defensoras de la tierra

En el marco de este incidente en concreto y de cara a la situación de otros y otras defensores/as de la tierra, ésta circunstancia, afecta los derechos fundamentales de la familia y por ende de Máxima Acuña Atalaya como defensora del agua y de su territorio, además, de que representa verdaderos actos de hostigamiento que intimida a todos los miembros de la Familia Chaupe que habitan de modo ancestral el área de TERRITORIO INDÍGENA DE TRAGADERO GRANDE de la LAGUNA AZUL.

Desde nuestro deber de información no podemos ignorar que toda decisión de Estado que no tome medidas sobre este asunto, amén de poner en riesgo a otros y otras defensores/as en el Perú, viola categóricamente los estándares internacionales de derechos humanos, que supo imponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado peruano en protección de Máxima Acuña Atalaya y toda su familia, en la medida cautelar del 05 de mayo de 2014/REF: Líderes y Lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca MC-452-71- República de! Perú. Circunstancia que, además, debe interpretarse como una manutención de los actos de violencia de genero dirigidos contra esta defensora del agua y que suman a los hechos ya también denunciados por esta familia ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5 mayo, 2020/por RED MUQUI

Perú

JUNÍN: TRABAJADORES DE CHINALCO PARALIZAN ACTIVIDADES ANTE CONTAGIO DE COVID-19

06/02/2020

Imagen: TecnoFast

Trabajadores (camioneros mineros, planta, electricistas, mecánicos y operadores) del campamento minero de Tunshuruco de Chinalco, en Junín, anunciaron hoy la paralización total de las operaciones mineras desde las 3 de la tarde ante la aparición de un nuevo infectado con COVID-19 quien estuvo confinado con cerca a 600 obreros.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de Minera Chinalco Perú S.A. demanda a la Minera Chinalco garantías para que trabajadores puedan reiniciar las operaciones mineras en confinamiento, ante el aumento de infectados con COVID-19. Asimismo el pedido fundamental es que se realicen pruebas de descarte a los 600 trabajadores confinados en Tunshuruco.

Este campamento minero es parte del proyecto de ampliación cuprífero de Toromocho en el distrito minero de Morococha, Provincia de Yauli, departamento de Junín.

Recordemos que hasta el momento se reportan más de 264 contagiados con el virus entre trabajadores mineros a nivel nacional. A pesar de las advertencias que realizó la sociedad civil y la Federación de trabajadores mineros, han seguido los contagios y se espera que se apliquen protocolos mucho más estrictos para la protección de este sector laboral.

Observatorio de Conflictos Mineros del Perú

Cooperacción

Mexico

Covid-19 y minería en México

Sergio Elías Uribe Sierra* Miembro de la Red OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina)
Desde hace varios meses estamos enfrentando una pandemia por el SARS-CoV2 (covid-19)
que ya es considerada como la más fuerte pandemia de los últimos cien años. Como bien lo
han apuntado diversas posturas, el covid-19 y la crisis global que detonó es apenas la gota que
derramó el vaso, es decir, ha sido el detonante de una crisis múltiple que involucra aspectos
sanitarios, ambientales, sociales, políticos y económicos. Una de las cuestiones más
importantes se refiere a la relación entre los procesos sociales y ambientales, mismos que
traen a relucir el debate sobre los límites del crecimiento económico y la capacidad finita de la
naturaleza. Por lo tanto, estamos frente a una encrucijada que no sólo ha desnudado las más
profundas desigualdades sociales, de género y raza, o entre lo rural y lo urbano; sino que, al
mismo tiempo, demanda la necesidad de transformar la relación dominante entre la sociedad y
la naturaleza.

En México, el covid-19 ha evidenciado algunas problemáticas y contradicciones sobre los
procesos económicos que involucran la apropiación de la naturaleza, particularmente la
minería. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó en el Diario Oficial de
la Federación, publicado a finales de marzo, que las actividades mineras tendrían que ser
suspendidas debido a que no son consideradas como actividades prioritarias, esto como parte
de las medidas de contención frente al covid-19. Este panorama abre las puertas para poner
sobre la mesa algunos elementos de análisis que pueden ser interesantes y detonar una
reflexión respecto a la imagen dominante de la minería en México, considerada como sinónimo
de desarrollo.
En primer lugar, las medidas de contingencia nacional por la emergencia sanitaria como el
confinamiento han incrementado la violencia y el riesgo de agresión hacia los defensores de los
territorios por parte de las empresas mineras. Sobre todo, en aquellos casos donde las
compañías se aprovechan de la situación para continuar con su propósito de despojar a los
pueblos y comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, ya sea para imponer un
nuevo proyecto de extracción o para ampliar sus operaciones (https://www.sinembargo.mx/28-
04-2020/3775822).

En segundo lugar, hay empresas que han violado las disposiciones gubernamentales y
decidieron continuar con sus actividades. Esto pone en riesgo la salud de los trabajadores y
sus familias, así como de la población local donde se sitúan los proyectos extractivos. El
problema es que los centros médicos de los lugares donde hay actividades mineras,
generalmente establecidos en espacios rurales, son muy precarios y no cuentan con el equipo
ni el personal necesario para atender a la población, por lo cual, un brote de contagios sería
catastrófico ya que dejaría a estas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Además,
hay que tomar en cuenta que los trabajadores mineros están dentro de la población de riesgo
debido a las enfermedades asociadas a su rubro como los padecimientos pulmonares
(https://www.t13.cl/noticia/negocios/bbc/coronavirus-en-america-latina-el-problema-para-la-
mineria).
En tercer lugar, las mismas empresas que han violado las disposiciones gubernamentales
y continúan con sus operaciones mantienen condiciones de trabajo muy precarias para los
empleados mineros. Han aprovechado el escenario para rebajar el pago de sueldos o
utilidades. En otros casos, donde sí se aplicó la suspensión, han despedido a trabajadores o
los han descansado haciendo una reducción considerable de su remuneración económica
habitual. En este contexto, los mineros subcontratados o que se rigen por sindicatos blancos
son los más perjudicados.

Uno de los ejemplos más claros de los elementos señalados anteriormente, lo
encontramos en Veracruz, donde incrementó la violencia contra los defensores del territorio y el
pasado 08 de abril fue asesinado Adán Vez Lira, quien defendía los humedales costeros y
manglares y también luchaba contra la minería a cielo abierto
(https://www.sinembargo.mx/28-04-2020/3775822).

En Mazapil, Zacatecas, encontramos que la empresa Ocampo Mining Tayahua, filial de
Grupo Frisco, violó el decreto de suspensión y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo la
salud de los trabajadores, sus familias y las personas que habitan la comunidad de Salaverna,
donde se localiza la mina. El problema escaló cuando Roberto de la Rosa Dávila, delegado
municipal, decidió encarar a los trabajadores de la minera para pedirles que se retiraran. En
respuesta, recibió amenazas por parte de los empleados y hostigamiento judicial por personal
de la Casa de Justicia del vecino municipio de Concepción del Oro
(https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/estados/025n2est).

Don Roberto ha estado activo desde hace más de diez años en la defensa de su territorio
frente a la iniciativa de Grupo Frisco para despojar y desplazar a los habitantes de Salaverna y
explotar la mina de cobre subterránea “Tayahua” localizada en esta comunidad, con la técnica
de tajo a cielo abierto. Esta empresa es propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de
México y uno de los hombres más ricos del mundo. De este modo, la compañía violó las
disposiciones gubernamentales y puso en riesgo la salud de los mineros, donde ya se han
reportado dos casos positivos con covid-19 y se ha denunciado que no se están recibiendo los
insumos necesarios para protegerse de la pandemia, en vez de suspender las operaciones,
decidió pagar una multa y seguir laborando (http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-
trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). De igual
forma, violó el juicio legal por la certeza jurídica de los terrenos entre la empresa y miembros de
la comunidad en resistencia. Por lo cual, se puede calificar esta medida como una provocación
puesto que aún no existe una resolución sobre el juicio, además, de que estamos atravesando
una emergencia sanitaria global.

En la misma mina operada por Ocampo Mining Tayahua se realizó un paro de labores que
contó con la presencia de entre 500 y 700 trabajadores por falta de pagos y bajos sueldos,
(http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-
falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). Esto demuestra que al mismo tiempo que se intensificó el
hostigamiento hacia don Roberto de la Rosa y se puso en riesgo la salud de los empleados
frente al covid-19, la empresa de Carlos Slim mantiene pésimas condiciones laborales para los
trabajadores mineros.

Otras situaciones alarmantes las ubicamos en Durango, ya que la minera canadiense
Excellon Resources decidió parar las actividades y declararse en bancarrota, negándose a
liquidar a los más de 200 trabajadores sindicalizados
(https://laguna.telediario.mx/laguna/trabajadores-de-mina-la-platosa-bloquean-la-caseta-
gomez-palacio-jimenez-por-falta-de-pagos). Por su parte, en Morelos, Zacatecas, la mina
Peñoles Madero, propiedad de Alberto Bailleres (cuarto hombre más rico de México), ha
despedido al menos 1,200 empleados mineros durante el confinamiento
(https://www.ecodiario.com.mx/despiden-a-mas-de-mil-trabajadores-en-penoles-madero/).
Bajo este contexto, el covid-19 ha evidenciado lo peor de la “voracidad empresarial” en el
sector minero de México, por ello, se hace pertinente cuestionar y desmontar la idea dominante
que pone a la minería como sinónimo de desarrollo. Es importante señalar que las grandes
ganancias que genera la minería se traducen en beneficios empresariales a costa de los
impactos socioambientales que se transfieren a los lugares donde se instalan los proyectos de
extracción (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

Asimismo, el número de trabajos que genera esta actividad es muy reducido, al mismo
tiempo que las aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y a los ingresos federales
son cifras muy bajas en contraste con el monto de la concentración de riqueza que realizan los
empresarios mineros (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

De este modo, la crisis del covid-19 representa un oportuno panorama para reflexionar
sobre los procesos sociales y ambientales que implican la actividad minera en México. Sobre
los minerales que son indispensables para la economía nacional, la cantidad y la modalidad de
la extracción. Este es un ejercicio que debemos realizar todos, no sólo las autoridades. Para
ello, es fundamental retomar la palabra y la experiencia de quienes luchan contra las ofensivas
mineras, ya que nos permite conocer sus demandas y las formas en que entienden la
naturaleza. Quizás de esta manera sea posible limitar al máximo esta actividad y con ello, la
devastación ambiental y la erosión social.

Honduras

El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), ante la opinión pública, nacional e internacional,


DENUNCIA
La persecución de que están siendo objeto los líderes y lideresas de muchas comunidades
indígenas y campesinas conque trabajamos, así como del hostigamiento y acciones
sumarias en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, especialmente las y los
defensores de la Tierra, Territorios y demás Bienes Naturales.
Abuso Policial y Militar contra las comunidades
1. A partir de la situación de la llegada a Honduras de la Pandemia COVID 19, el gobierno
de la República ha decretado un Estado de Excepción con lo cual han quedado
restringidas a nivel nacional varias garantías constitucionales. Esta situación está
siendo aprovechada por la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado
para incrementar su autoritarismo y atentar contra las organizaciones comunitarias
que buscan alternativas para protegerse de la pandemia, ante la ausencia de
soluciones por parte de algunos gobiernos locales y la misma institucionalidad del
Estado, encargada del combate a la pandemia.
2. En muchas comunidades del país son los miembros de la sociedad civil local, quienes
han conformado equipos de vigilancia y control para evitar el ingreso de personas
extrañas a sus comunidades, ante el peligro de contaminación se prohíbe el ingreso
de personas a la comunidad. El problema se ha presentado cuando algunos miembros
de la policía nacional o militares, quienes portando armas de fuego y vestimenta
militar (aun no estando en horas de servicio), pretenden entrar a pernoctar a sus
comunidades en sus días libres, intimidando y amenazando a los pobladores en los
retenes comunitarios.
3. Todo lo anterior ha provocado altos niveles de confrontación elevándose el nivel de
peligro por amenazas a muerte y /o detención arbitraria de lideres y lideresas,
desencadenando conflictos que ya han ocasionado la muerte de ciudadanos en la zona
norte del país y ataques a ciudadanos indefensos en el municipio de Santa Elena, La
Paz.
Riesgo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos
4. Al no permitirse la circulación ni el desplazamiento de defensores y defensoras de
derechos humanos a nivel nacional, y en algunos casos entre los municipios,
organizaciones como CEHPRODEC, CONROA, MILPAH y otras Defensoras de Derechos
Humanos no pueden ejercer la vigilancia y el respeto de los derechos fundamentales
de los pobladores, y sus liderazgos, especialmente de aquellas personas que gozan de
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) y del Mecanismo de Protección Nacional de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos.
5. En este sentido hemos observado una profundización del autoritarismo policial,
militar y de otros operadores de justicia, quienes se han enfocado en la búsqueda y
persecución de lideres y lideresas perseguidos (as) desde hace varios años por su rol
de defensores y defensoras de los bienes naturales. Para ello podrían estarse
destinando arbitrariamente recursos humanos y económicos que deberían estar
siendo utilizados para satisfacer demandas propias de la emergencia nacional
provocada por la pandemia COVID 19 .
División en las comunidades
6. La actual situación de pandemia reclama la unidad nacional, asi como la unidad de las
comunidades, pero el autoritarismo desatado, especialmente desde los operadores
de justicia y desde algunas corporaciones municipales, mas bien está contribuyendo a
la división de las comunidades. Uno de los factores que mas favorecen esta división es
la politización en la entrega de la ayuda alimentaria de procedencia estatal, la cual
está siendo utilizada por el partido de gobierno para su clientelismo electoral y excluye
sistemáticamente a la oposición social y política.
Por lo anterior DEMANDAMOS URGENTEMENTE
1. Al Gobierno de la República. Otorgar salvoconducto a CEHHPRODEC y las demás
organizaciones de Derechos Humanos se permita poder operar y circular, en medio
de la pandemia con las medidas de protección adecuadas, y así poder contribuir a la
vigilancia y respeto de los derechos humanos en el país.
2. A la Corte Suprema de Justicia. Permitir el acceso de las y los Defensores de Derechos
Humanos a los juzgados de la República para ser garantes de la correcta impartición
de la justicia en un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para
quienes defienden la tierra y los territorios.
3. A los operadores de justicia. Cesar en su represión a los liderazgos comunitarios que
solamente buscan organizarse y protegerse frente a la Pandemia, en el marco de una
permanente desprotección y orientación por parte de las municipalidades y la
institucionalidad del Estado.
4. A la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscalía. El Cese de las arbitrariedades
en contra de los liderazgos comunitarios y de las y los defensores de Derechos
Humanos. Esta demanda es a nivel nacional pero lo hacemos con mucho mayor énfasis
en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho.
5. Al Mecanismo Nacional de Protección y a la OACNUDH, garantizar la veeduría y
protección de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras, especialmente
a todos los que gozan de medidas cautelares de naturaleza nacional e internacional.

Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020