04/06/2020

La pandemia afectará la producción minera de México, sufriendo este año una caída del 17% debido al cese de operaciones para contener la propagación del coronavirus, dijo este miércoles el jefe de la principal asociación local del gremio.

En una entrevista con Reuters, Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), estimó además que las exportaciones del sector podrían disminuir alrededor de un 10% por los efectos de la pandemia.

Alanís, quien también es director general de la minera Peñoles, dijo que a pesar de que las actividades en la industria comenzaban a reanudarse y cerca de la mitad del personal operativo había regresado al trabajo, las labores de exploración continuaban suspendidas.

Lee también: Aumento de Covid-19 en América Latina pone en riesgo a minas más grandes del mundo

“Son del tipo de actividades que consideramos ahorita como no esenciales”, afirmó el ejecutivo, quien dijo que la recuperación de sector podría avanzar a un paso lento y extenderse hasta el primer trimestre del próximo año.

Después de dos meses confinamiento, México reactivó el primero de junio las actividades en algunas industrias consideradas esenciales, como la producción de vehículos, la minería y la construcción.

Aun así, Alanís anticipó que la pandemia también habría acabado con unos 71.000 empleos indirectos en el sector local.

La Camimex agrupa a las mayores empresas del rubro que operan en el país como Grupo México, Minera Autlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, subsidiaria de Newmont.

Fuente: Reuters

Producción minera de México caería un 17% este año

01/06/2020.
Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se
instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos
a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se
está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera
resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS
PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR
LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.
Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y
académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las
empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente
documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo
minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una
equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de
propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”,
“segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se
han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.
Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el
sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y
destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una
consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la
libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán
suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc.,
entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el
resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos
procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.

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Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre
otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el
derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi
completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los
pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.
Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de
extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las
comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que
muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad
y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que
contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas
mineras y los pueblos y comunidades.
Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos
totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo
un artículo:
Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.
Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto
minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a
tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias
provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No
vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la
calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto
Interno Bruto como factor de bienestar.
Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una
industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro
parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto
de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace
suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del
modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí
una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así
como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA
ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda
incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la
imposición y reproducción del modelo.

¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.
Por: Beatriz Olivera
@FundarMexico
04/06/2020
El pasado 31 de marzo fue publicado, en el diario oficial de la federación, el listado de las actividades esenciales que podían seguir operando durante la pandemia que vivimos. Entre dichas actividades la minería no estuvo considerada, dado que claramente no se trata de una labor de la cual dependa la economía o bienestar para la mayoría de la población mexicana. Como era de esperarse, las reacciones de los dueños de grandes empresas mineras no se hicieron esperar. La Cámara Minera Mexicana (Camimex) que agrupa a empresas subsidiarias de Grupo México, Peñasquito y Peñoles, entre otros, en comunicación enviada al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que las actividades mineras son de gran importancia en la proveeduría de varias cadenas de valor esenciales para la región; además argumentó el riesgo de que ante la entrada en vigor del T-MEC se pudiera provocar que alguna industria se detuviera por la falta de un insumo clave.

Asimismo, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos envió también una carta al presidente López Obrador para que permitiera la reanudación en México de algunas actividades que, desde su perspectiva, son cruciales para la industria y los servicios en Estados Unidos, entre ellas, la minería.

Ante las presiones, el gobierno mexicano cedió e incorporó “de manera extraordinaria” a la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, como actividades esenciales. El hecho no es ajeno, mucho menos extraño: una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.

Además de este hecho, es necesario señalar el actuar irresponsable de varias empresas mineras durante la pandemia que vivimos. El acto más reciente es protagonizado por la minera canadiense Equinox Gold, dueña de Los Filos, cerca de Carrizalillo en Guerrero, que hasta la semana pasada había confirmado 51 casos positivos a COVID-19 entre su personal. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan alertó que al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la ‘nueva normalidad’, funcionarios de esta empresa convocaron a 500 trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina, pero en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, éste se hizo de forma masiva; además, la empresa no previó los lugares donde iban a instalar los campamentos y tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia de sus empleados. Finalmente, a todos los trabajadores, incluidos los casos positivos, los regresaron a sus comunidades en camionetas sin garantizar medidas para su aislamiento y poniendo en gran riesgo a las comunidades cercanas. Otras fuentes han señalado que la empresa incumplió desde un principio la suspensión de actividades por la pandemia, pues algunos empleados no pararon de laborar y otros lo hicieron hasta quince días después de la disposición gubernamental.

Otro caso, ahora en Durango; la minera La Platosa de Bermejillo, propiedad de la canadiense Excellon de México Resourcing, decidió arbitrariamente llevar a cabo un cierre parcial de seis meses sin goce de sueldo para sus trabajadores bajo el argumento de medida preventiva para evitar el contagio por COVID-19m provocando que más de 250 empleados se manifestaran en los días subsecuentes en un claro reclamo de respeto a sus derechos laborales.

En Mazapil, Zacatecas, el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) y don Roberto De la Rosa, habitante de la comunidad de Salaverna, han denunciado que la empresa Ocampo Mining Tayahua, de Grupo Frisco, no respetó la suspensión sanitaria y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo a la comunidad. Además, los casos de hostigamiento y amenazas en contra de De la Rosa por su labor en defensa del territorio, continuaron durante la cuarentena. Aquí puede firmarse para hacer un llamado público a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno de Zacatecas para que brinden protección a Don Roberto.

Finalmente, también en Zacatecas, en Vetagrande, la minera canadiense Santa Cruz Silver Mining que extrae plata, plomo y zinc, continuó su incumplimiento de pago de salario a trabajadores que tenía contratados vía outsourcing. Previo a la cuarentena, la empresa suspendió operaciones por riesgos en la estabilidad de su presa de jales, señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo cual, a su vez, le llevó a suspender a alrededor de cien empleados con el compromiso de mantener su salario y de reanudar actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, varios testimonios han señalado que la empresa no cumplió el acuerdo ni antes, ni durante la cuarentena y dejó sin salario a sus trabajadores.

Algo claro ha mostrado esta pandemia: varias empresas mineras priorizaron sus operaciones, violaron acuerdos y derechos laborales por encima de la salud de los trabajadores y de la población, dejando claro que priorizan sus ganancias a la vida y salud de las personas. En este pronunciamiento, firmado por más de 300 organizaciones de diferentes países, se puede abundar sobre otras malas prácticas que las mineras realizaron durante la pandemia en el mundo. Aunque hay que decir también que seguramente habrá empresas que hayan acatado las disposiciones gubernamentales, como era su obligación, pero seguramente ellas mismas darán cuenta de esto y de otras de sus “bondades” con bombo y platillo en sus próximos informes de responsabilidad social.

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
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https://www.animalpolitico.com/res-publica/las-malas-practicas-de-las-empresas-mineras-durante-la-pandemia/

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE LA “MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN”
El pasado 17 de abril, un grupo de habitantes de las comunidades de Neutla, Don Diego, Delgado de
Arriba y Delgado de Abajo, todas del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, se
apersonaron durante el desahogo de una sesión del pleno de su Ayuntamiento para denunciar que, con sus
trabajos de exploración, la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la
estadunidense Electrum Group, estaba usando agua potable de manera excesiva y contaminado el suelo al
descargar desechos líquidos tóxicos de manera indebida e inadecuada.
Luego de un intenso proceso de investigación realizado conforme a las atribuciones que le otorga la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Ayuntamiento del Municipio de Comonfort a través
de la Comisión Especial Plural, creada para atender la denuncia ciudadana, concluyó, por un lado, que la
Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., no cuenta con el permiso de uso de suelo necesario
para realizar sus actividades de exploración, por lo que no puede continuar operando sin esa
autorización que es facultad exclusiva de las autoridades municipales el otorgarla o negarla. Por otro lado,
de las investigaciones realizadas por la Comisión Especial, se advierte que durante el proceso de
exploración que la minera ha venido realizando de manera ilegal, incurrió en una serie de irregularidades
que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de los habitantes de Comonfort.
Bajo esta lógica el pasado 29 de mayo, el pleno del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort respaldó,
por unanimidad de sus integrantes, el dictamen elaborado y propuesto por la Comisión Especial Plural, y
acordó, en esta línea, instruir a la Dirección de Desarrollo Urbano para que proceda a realizar la
clausura de los proyectos de exploración minera al afectarse el orden público y el interés general,
además de hacer del conocimiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del
Estado de Guanajuato (SMAOT) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno Federal (SEMARNAT) sus indagatorias y determinaciones para que suspendan, revoquen o
dejen sin efecto las autorizaciones en materia de impacto ambiental para la exploración del territorio de
Comonfort que en su momento otorgaron a la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V..
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, reconocemos el trabajo de las y los integrantes
del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort quienes, pese a la intensa presión de las y los abogados
de la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., resolvieron apegados a la ley la denuncia planteada
por las y los ciudadanos.
Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento del resolutivo aprobado.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA