Mexico

Advierten de nuevo proyecto minero en Jiménez del Teul; lo operará la canadiense First Majestic

ALEJANDRO ORTEGA NERI 21/09/2020
La Jornada Zacatecas
Advierten de nuevo proyecto minero en Jiménez del Teul; lo operará la canadiense First Majestic
Ubicación del nuevo proyecto minero ■ foto: la jornada zacatecas
– Ya es analizado por Semarnat, señala Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas

– Afirman que la misma empresa dejó a Chalchihuites pobre, cimbrada y sin agua; “quieren traernos devastación, contaminación y enfermedad”

– La minera en su primera etapa prevé ejecutar 26 plazas para exploración y construcción de 7 accesos con una “barrenación a diamante” en 11.5 hectáreas, con duración de 5 años

“Una nueva amenaza llega a Jiménez del Teul, la minera First Majestic pretende entrar con la exploración para posteriormente echar a andar su proyecto de explotación” publicaron en sus redes sociales el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas, para dar a conocer que ha ingresado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo proyecto de exploración minera por parte de la compañía canadiense mencionada.

“Alerta, gente de Jiménez del Teul, ahora quieren traernos la devastación, contaminación y enfermedad de la minera First Majestic, la misma que dejó a Chalchihuites pobre, cimbrada y sin agua. Unámonos contra la instalación de la mina en Jiménez”, se hizo el llamado en la publicación mediante el Facebook del observatorio.

Rafael Castro, un habitante del municipio, advirtió que de llevarse a cabo el proyecto, eventualmente irían a parar al río los residuos tóxicos matando con esto a la flora, la fauna y a las personas. “Aun cuando esa concesión haya sido otorgada por la instancia que sea, los ciudadanos locales que somos quienes seríamos directamente afectados, tenemos el poder de aprobar o desaprobar si se realizan o no”, manifestó.

“En pocas palabras, nosotros unidos podemos impedir que se lleve a cabo ese proyecto de devastación segura, contaminación y alta toxicidad en nuestro municipio. Es como si un extraño se mete a mi casa y quiere construir allí no importando si yo lo apruebe o no”, dijo el mismo Castro en la publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas.

Luego del conflicto por el proyecto Presa Milpillas, el cual se había anunciado como una de las obras más importantes de la administración tellista, y al que no se le asignó recurso alguno en el Proyecto de Presupuesto de la Federación 2021, ahora tendrán que enfrentar la incursión de la minería extranjera mediante la llegada de First Majestic.

Sobre el proyecto, el observatorio informó mediante una captura gráfica del documento que apareció en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, que apareció en la sección de ingresos, proyectos y emisiones para la resolución de los procedimientos de evaluación ambiental, un plan ingresado entre los días 10 y 15 de septiembre de 2020 para el municipio de Jiménez del Teul.

De acuerdo con la Gaceta Ecológica 2020, el proyecto inscrito como “Exploración Minera Jiménez del Teul” está impulsado por la minera canadiense First Majestic y su primera etapa consiste en la ejecución de 26 plazas para exploración minera y la construcción de siete accesos con una “barrenación a diamante” en una superficie de 11 hectáreas y media y con una duración de 60 meses, es decir, cinco años.

En esta etapa, de acuerdo a la información publicada en el documento, se pretende obtener información del comportamiento geológico de la zona, para evidenciar con ello el potencial o la presencia de depósitos minerales de importancia para ser considerados y evaluados para su explotación.

Cabe recordar que en noviembre de 2019, mediante un comunicado, La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció “atropellos” de la empresa canadiense a campesinos del ejido San José de Buenavista, en el municipio de Chalchihuites, cuando trabajadores de la mina acudieron al lugar para exigir a los integrantes del Comisariado Ejidal firmaran la convocatoria para la realización de una asamblea en la que se autorizara a la minera a hacer trabajos de exploración, acto que violentó los derechos agrarios y la Ley Agraria.

Los ejidatarios de San José de Buena Vista denunciaron desde 2018 que la Unidad del Toro estaba dejando problemas graves en Chalchihuites como la falta de agua y los temblores que han cuarteado las casas de más de 50 familias, situación que los habitantes de Jiménez del Teul advierten, se puede replicar en su comunidad.

Chile

Comunidades aymaras paralizan sondajes mineros en el «Cerro Marquez» ante la Corte Suprema.

www.sumaajayu.cl 22//09/2020
Un gran triunfo lograron las comunidades aymaras el pasado lunes 21 de septiembre en el conflicto que mantienen con la Minera Plata Carina por la ejecución del Proyecto “Cerro Márquez”, ubicado en la Región de Arica y Parinacota.

En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema, en la causa Rol Nº 2608-2020, de manera unánime revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica y, en consecuencia, acogió el recurso de protección presentado por las Comunidades Aymaras de Timar, de Cobija, y miembros de la Comunidad de Ticnamar, ordenando a la minera ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El equipo interdisciplinario que asesoró a las comunidades indígenas estuvo integrado por el abogado Luis Jiménez Cáceres, el geógrafo Juan Jofré Cañipa y la antropóloga Joselin Leal.

Cabe recordar que el Proyecto “Cerro Márquez” consistía en la construcción y habilitación de 38 sondajes de prospección o exploración minera ubicados en el Cerro Márquez, uno de los “Mallkus” o cerros sagrados de mayor significado cultural entre los pueblos indígenas de la zona, y próximo a las comunidades recurrentes.

Mientras las comunidades afectadas argumentaron que el Proyecto debía ser consultado según el Convenio N° 169 e ingresado al SEIA por ubicarse en un Área de Desarrollo Indígena (ADI) y en sus territorios ancestrales, Plata Carina respondió que la legislación ambiental exige un mínimo de 40 sondajes para su ingreso al SEIA y para la aplicación de la consulta indígena, y tales criterios fueron refrendados por el Servicio de Evaluación Ambiental y por la Superintendencia de Medio Ambiente.

La Corte Suprema, entre otras argumentos, señaló que “sobre la base de los principios preventivo y precautorio que rigen la institucionalidad ambiental, aparece como conclusión irredargüible que el proyecto de la recurrida, debido a su gran envergadura y riesgo para las comunidades indígenas afectadas, debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al ser susceptible de causar impacto ambiental, puesto que aun cuando los sondajes exploratorios totalizan 38 en lugar de 40, es un hecho inconcuso que tales actividades se desarrollaron en tierras indígenas de ancestral ocupación por la Comunidad Indígena Aymara de Ticnamar, sin perjuicio de su proximidad con las tierras de las Comunidades Indígenas Aymaras de Timar y Villa Vista Alto Cobija”.

El abogado Luis Jiménez señaló que “se trata de una sentencia muy importante, ya que marca nuevos hitos en materia ambiental e indígena. Por ejemplo, pone límites a las llamadas consultas de pertinencia ambiental, que suelen ser usadas como verdaderas “patentes de corzo” para evadir al SEIA, ya que son las mismas empresas interesadas quienes entregan los antecedentes usados por la autoridad ambiental en sus respuestas, sin mayor contraste de información. Además, fija una jurisprudencia que resultará muy útil para los pueblos indígenas afectados por proyectos extractivos, ya que la Corte Suprema es clara en señalar que las ADI y los territorios ancestrales pueden ser considerados áreas protegidas para efectos del ingreso de los proyectos al SEIA, y así permitir el inicio de una consulta indígena dentro de la evaluación ambiental. Es una sentencia compatible con los estándares internacionales, que establecen que los proyectos extractivos en cualquiera de sus fases, incluida la concesional, debe ser previamente consultada y evaluada ambientalmente. Así lo ha señalado invariablemente la Corte Interamericana desde el caso Saramaka”.
https://www.sumaajayu.cl/post/comunidades-aymaras-paralizan-sondares-mineros-en-el-cerro-marquez-ante-la-corte-suprema?fbclid=IwAR1VSrICIlmtztRFhY8yUDGorvT0XuT3w1U219332dFVmacjr1BTir6daqk
Visitar sitio web para ver sentencia de la Corte

Argentina

Qué significa «eliminar obstáculos»? ¿A quiénes representa Hensel?

17/09/2020
¿Qué significa «eliminar obstáculos»? ¿A quiénes representa Hensel?
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, destacó este martes la necesidad de «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector y advirtió que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido, los inversores van a elegir a los vecinos».
Fuente: TELAM
“Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo” decía Abraham Maslow, y parece ser el caso de Alberto Hensel. ¿Qué significa «eliminar obstáculos» ? ¿Bajar retenciones para asegurarle mayores ganancias a las corporaciones? ¿Acallar a las comunidades que nos oponemos a la megaminería? ¿A quiénes representa Hensel?

Hensel consideró que la aplicación de retenciones a las exportaciones «no es el mejor camino para desarrollar la minería», y llamó a «definir modelos económico-financieros que hasta ahora no se aplicaron en América Latina», al hablar hoy durante un encuentro virtual organizado por el Instituto para el Derecho Minero (Iadem).

El Iadem es un foro de análisis del contexto jurídico de la actividad minera en el país y realiza una serie de encuentros virtuales en la cual se desarrolló el de hoy sobre «Inversiones Mineras en Argentina: Escenario Actual y Post Covid-19».

En ese mismo ámbito, la subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo confió en que se puedan «viabilizar en el corto y mediano plazo» proyectos que demandarán «cerca de US$ 20.000 millones», vinculados a la producción de oro, plata cobre y litio.

Al respecto, Hensel, llamó a «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector, al entender que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido los inversores van a elegir a los vecinos», como Chile y Perú.

Para Hensel, la minería «puede contribuir mucho a la salida de la crisis: hemos perdido muchas oportunidades y necesitamos inversiones para crecer, producir, exportar y generar divisas, de manera de poder cumplir con los compromisos internos y externos».

El funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo, instó a «generar las condiciones fiscales, regulatorias y ambientales que faciliten la inversión en un sector estratégico, a partir del creciente consenso social que se registra sobre la actividad».

La industria minera es uno de los ejes productivos que podría generar millonarias inversiones, desarrollo regional, puestos de trabajo genuinos, al punto que el Gobierno estima que de los actuales US$ 3.200 millones de ingresos anuales por exportaciones podrían multiplicarse hasta más de US$ 10.500 millones en los próximos 10 años.

La Secretaría se encuentra desarrollando una mesa de consenso que permitirá antes de fin de año elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.

Hensel también aludió a las manifestaciones antimineras en Mendoza, a comienzos de año, con «discursos cargados de slogans contra la actividad y muy poco basados en conocimiento científico objetivo», y evaluó que «no podemos estar siempre discutiendo la minería, sino cómo la hacemos».

«Sería absolutamente desatinado no tener en cuenta los recursos disponibles y no ponerlos al servicio de la generación de empleos y riquezas», sostuvo.

El funcionario alertó que «a corto plazo la minería viene en descenso, como se ve con las exportaciones, y si no revertimos la situación actual vamos a terminar perdiendo dos tercios de esos envíos, que ya son exiguos».

El secretario consideró, por otra parte, que la ley de Glaciares «es una espada de Damocles sobre la minería», a la vez que señaló el eventual impacto de la Ley de Humedales.

La subsecretaria de Desarrollo Minero recordó, a su vez, que el programa de Promoción y Reactivación de Inversiones Mineras apunta a un análisis proyecto por proyecto.

«El objetivo es analizar técnica, económica, social, ambiental, territorial, financiera, jurídica y tributariamente aquellos proyectos que presentan un estado avanzado de exploración y, por ende, están próximos a lograr su factibilidad», detalló Rópolo.

La funcionaria indicó que las inversiones mineras previstas en exploración, construcción y sostenimiento serán de US$ 879 millones en 2020, frente a US$ 1.193 millones el año pasado y US$ 998 millones en 2018.

Los recursos destinados a sostenimiento, explicó Rópolo, dependen «de la reactivación pospandemia», mientras las tareas de construcción de diferentes escalas «se han visto afectadas y demoradas» por el impacto del coronavirus.

En materia de exploración, en tanto, se espera un descenso del 20% de las inversiones (de US$ 240 millones en 2019 a US$ 192 millones este año, y se concentrarán principalmente en los proyectos de oro, litio, cobre y plata.

Rópolo destacó por último las perspectivas del sector a partir de las 16 operaciones en curso (metalíferas y de litio) y las siete en construcción (con tres ampliaciones en marcha).

Contabilizó además los nueve proyectos en etapa de factibilidad (incluyendo los de Lama Pascua, Potasio Río Colorado y Pachón, con reingeniería de factibilidad); siete en prefactibilidad; 13 con evaluación económica preliminar; 26 en exploración avanzada y 250 en exploración inicial.

¿Qué significa “eliminar obstáculos”? ¿A quiénes representa Hensel?

Argentina

El Gobierno de San Juan pide que se explote Lama


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

18/09/2020
Frente a la decisión del Tribunal Ambiental de Chile, conocida ayer, de disponer el cierre definitivo del proyecto aurífero binacional Pascua-Lama, el Gobierno de San Juan volvió a pedirle a Barrick que explote el proyecto del lado argentino. La minera ya venía contemplando esa posibilidad, aunque el método de extracción será más caro, con su socia Shandong Gold. El ministro de Minería, Carlos Astudillo, dijo que incluso no hace falta hacer una nueva concesión porque la canadiense ya posee los derechos de explotación.

Fuente: Diario de Cuyo

El Primer Tribunal Ambiental del vecino país decidió la clausura total y definitiva de la iniciativa y mantuvo la multa de unos 9,2 millones de dólares impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) (ver aparte).

Conocida la noticia, el ministro Astudillo dijo que la minera ya venía trabajando, a pedido del Gobierno sanjuanino, en esa alternativa, e incluso estaba realizando un estudio de metalurgia para contemplar la posibilidad de utilizar el sistema que ya posee Barrick para la explotación de Veladero.

Según fuentes del sector, para la empresa no implicará un cambio de condiciones porque ya venían trabajando en esa alternativa. Oficialmente, desde la empresa, ayer no se pronunciaron sobre la actitud que van a seguir y recién lo harán hoy. Según fuentes del sector consultadas, no es una opción que Barrick vaya a dar a conocer que se retira del proyecto.

El proyecto Pascua-Lama, de oro y plata, está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones con la intención de que estuviera operativa en el 2014, pero un año antes, en la Justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Ahora se conoció la noticia de la decisión del cierre definitivo del proyecto.

El problema que enfrenta la minera es que el método de explotación que debería emplear para avanzar con Lama es más complejo y de mayor costo, explicó el ministro. «Hay que hacer un tratamiento más complejo, que demanda una trituración del mineral más pequeña, que se define para aumentar el grado de liberación. Eso entra a unas celdas de flotación, donde el mineral flota, pero lleva mayor trituración, celdas de flotación, sacar un concentrado y después viene el proceso metalúrgico de separación en fundición y separación. Todo implica mayores costos», dijo Astudillo.

Sobre los pasos a seguir, el funcionario sostuvo que «Barrick debe presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación y obtener todos los permisos ambientales». Y aclaró que no hace falta hacer una nueva concesión para que avance con Lama «porque ya la tienen», sostuvo. Y agregó que «si ellos mantienen los derechos de la concesión sigue siendo de ellos, si no entrará por ley en manos del IPEEM (Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras), que tendrá un tiempo razonable para llamar a una licitación y podrá venir otro oferente o no».

En julio del 2018, la canadiense Barrick ya había firmado un acuerdo con los chinos de Shandong Gold para realizaron un estudio que contemplaba la explotación de Lama, del lado argentino.

Cálculo

1 Millón. Es la cantidad de onzas de oro que se estima que hay en el yacimiento de Lama, según estudios realizados.

Tiempo

7 Es la cantidad de años transcurridos desde que la Justicia chilena dispuso frenar el emprendimiento minero binacional.

Intención

En el Gobierno sanjuanino ya vienen trabajando en un plan para exigirles a las empresas que avancen con el desarrollo de los proyectos que tienen en marcha. «De nada sirve que tengamos el mineral en los cerros, hay que extraerlos», dijo el ministro Carlos Astudillo.

Justicia chilena

El Primer Tribunal Ambiental de Chile decidió ayer la clausura total y definitiva del proyecto binacional Pascua-Lama. El ministro presidente del cuerpo, Mauricio Oviedo, explicó que el fallo reafirma que el proyecto no cumplió a cabalidad con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que llevó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a aplicar a la minera diversas sanciones por infracciones calificadas como graves.

En total fueron cinco los cargos de clausura levantados por la SMA en el 2018, de los cuales, la sentencia tuvo en cuenta tres de ellos. Son los que tienen relación con incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de los glaciares y glaciaretes; al monitoreo y descarga de aguas de contacto al río Estrecho; y la utilización de una metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de aguas no autorizada.

El Gobierno de San Juan pide que se explote Lama

Ecuador

Corte Constitucional de Ecuador da paso a consulta para prohibir la minería en ciudad andina

El Municipio de Cuenca presentó a inicios de mes una propuesta para que la Corte Constitucional (CC), la máxima del país andino, califique las preguntas con la que busca prohibir la minería metálica en las zonas cercanas a cinco ríos que atraviesan la ciudad.
22/09/2020
(Reuters) La Corte Constitucional de Ecuador dijo este lunes que emitió una resolución favorable a un pedido de consulta popular para prohibir la actividad minera a gran y mediana escala en zonas de recarga hídrica en la ciudad andina de Cuenca, donde se encuentran proyectos clave para el país andino.

El Municipio de Cuenca presentó a inicios de mes una propuesta para que la Corte Constitucional (CC), la máxima del país andino, califique las preguntas con la que busca prohibir la minería metálica en las zonas cercanas a cinco ríos que atraviesan la ciudad.

La Corte Constitucional emitió “un dictamen favorable” a las cinco preguntas planteadas por el Municipio de Cuenca, pero con algunas condiciones. “Los efectos de la presente consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro”, dijo en la resolución publicada en su cuenta de Twitter.

En Cuenca se ubican proyectos importantes como Loma Larga, operado por la canadiense INV Metals Inc, que ya fue afectada por una consulta popular sobre minería en marzo de 2019. Además, en la zona se encuentran proyectos clave de mediana escala.

“Es un anhelo que ha sido durante tantos años de la gran mayoría de los cuencanos de que se nos permita, a través de la consulta popular, determinar el futuro de la precuatelación de las fuentes de agua, de las zonas de recarga hídrica”, dijo a periodistas el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios.

La convocatoria de la consulta popular en la ciudad de Cuenca sobre minería es de cumplimiento obligatorio, según las autoridades del Municipio.

Ecuador, un país productor de petróleo que enfrenta una crisis de liquidez, busca desarrollar su industria minera para diversificar su economía y las fuentes de ingresos del Gobierno mientras lucha para pagar una gran carga de su deuda externa.

La Corte Constitucional había negado anteriormente tres pedidos del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, que buscaban la prohibición de la actividad minera en toda la provincia, donde se ubica Cuenca, por errores técnicos en los cuestionarios.

El Ministerio de Energía no realizó comentarios de inmediato sobre la resolución.

Ecuador proyecta que este año las exportaciones mineras en el escenario “más pesimista” por la pandemia lleguen a unos US$642 millones.
https://www.mch.cl/2020/09/22/corte-constitucional-de-ecuador-da-paso-a-consulta-para-prohibir-la-mineria-en-ciudad-andina/

Chile

“NO HAY DUDAS, LO LOGRAMOS: PASCUA LAMA CLAUSURADO DEFINITIVAMENTE”


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Comunicado comunidad Valle del Huasco ante decisión de Barrick de aceptar el fallo y no recurrir a la Corte Suprema.
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1. Nos sentimos enormemente satisfechos por la decisión de Barrick Gold de no apelar a la Corte Suprema y lo consideramos un triunfo más de esta comunidad que se negó a morir. No podía ser de otra manera considerando lo contundente de las pruebas en su contra y ratifica que Pascua-Lama es un proyecto inviable que ya ha dejado muchísimo daño a su paso. Barrick no se quiso arriesgar a una tercera derrota segura.

2. Manifestamos nuestro total rechazo a la insistencia de la empresa de calificar este proyecto como importante y a “que está en curso un trabajo para reevaluar su potencial”. Declaramos con decisión que la comunidad del Valle no aceptará ninguna versión reformada. Deben irse lo más pronto posible y para siempre.

3. En ese sentido, nos preocupa enormemente que Barrick siga insistiendo en buscar “nuevas oportunidades en Chile”. Para nosotros, el cierre definitivo al proyecto Pascua Lama implica dar un portazo en la cara a cualquier megaproyecto que pretenda instalarse en las nacientes/cuencas/sistemas glaciares en todo nuestro país. Como comunidad, hemos tenido 20 años para comprender a cabalidad cuáles son las “oportunidades” que ofrece la megaminería a los territorios, particularmente Barrick: oportunidades para enfermarse, para perder la posibilidad del sustento basado en actividades económicas tradicionales, para contaminar aguas y destruir los ecosistemas glaciares y para destruir el tejido social de las comunidades, entre una larga lista.

4. Denunciamos que Barrick sigue faltándole el respeto a toda la comunidad de Atacama, y sobre todo a la Provincia del Huasco, cuando declara que ve un gran potencial en una región “que siempre fomento el desarrollo de proyectos mineros sustentables”. Aparte de ser una mentira aberrante (algo que esta empresa sabe hacer muy bien), pretende dejar a las comunidades de ignorantes: nosotros sabemos que la minería sustentable no existe y por eso nos oponemos a cualquier proyecto contaminante que apunte a crear acá una zona de sacrificio. ¿Qué más señales quieren? ¿No les basta con todos los proyectos que han sido rechazados por las comunidades? Algunos ejemplos son Castilla, Punta Alcalde, Agrosuper en Freirina, El Morro, Nueva Unión y ahora Pascua Lama. Queremos vivir bajo un modelo que respete la naturaleza y la vida humana como parte integral de ella, y ahí definitivamente no caben ni las mineras ni los megaproyectos de ningún tipo.

5. La declaración de Barrick de “ser una empresa muy diferente” y de tener un enfoque distinto es una serenata que ya hemos oído muchas veces y la experiencia siempre ha demostrado lo contrario. Barrick es una empresa criminal, cuestión que se reconfirmó en Chile. Exigimos que no se permitan más inversiones ni proyectos de esta trasnacional genocida y ecocida en nuestro país, puesto que está comprobado de sobra que terminarán de la misma manera, solo que con nuevos pueblos afectados. No al proyecto Alturas en el Valle del Elqui y no a Arroyo Blanco y El Encierro que están en exploración en nuestra comuna.

6. Nos llama la atención que Barrick cierre su comunicado diciendo que “ninguna de las infracciones ha causado un daño irreparable”. ¿A Barrick le parece reparable que tres generaciones de este Valle hayan vivido con una sentencia de muerte sobre sus cabezas durante 20 años? ¿Se puede reparar la destrucción del tejido social producto de su injerencia nefasta? ¿Son reparables los daños a los glaciares o la contaminación en los cauces de ríos por años con metales pesados? ¿O el deterioro de la salud por consumir esa agua durante muchos años? ¿O las hectáreas de flora nativa que tarda siglos en desarrollarse? Para estas empresas es muy fácil determinar qué es daño irreparable o no cuando toman decisiones sobre los hogares y la vida de personas que están ubicadas a miles de kilómetros de distancia de la comodidad de sus propias oficinas.

7. Reiteramos que como comunidad nos mantendremos muy atentos y alertas para fiscalizar que el cierre suceda como es debido y con la premura necesaria. Tras 20 años de haber convivido con esta empresa nefasta conocemos sobradamente sus malos manejos y artimañas y no queremos sorpresas en el momento en que tengan que pagar la multa y abandonar nuestro territorio.

8. Llamamos a la opinión pública a rechazar cualquier proyecto megaminero que quiera instalarse en su territorio, pues el caso Pascua Lama dejó claro que la megaminería no puede controlar sus efectos nocivos, menos cuando está sobre nacientes y ecosistemas glaciares. Por lo mismo, llamamos también urgentemente a la protección y desprivatización del agua y a la defensa decidida de todos los glaciares y sus ambientes. En este contexto de calentamiento global y daño generalizado al tejido natural que sustenta la vida, es urgente hacer cambios drásticos y tomar conciencia de que EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
Contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

Nicaragua

Pobladores de Santa Cruz la India, son forzados a vender su tierra para dar paso a proyecto minero de la empresa de capital británico Cóndor Gold

ACAFREMIN
21/09/2020
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold. Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa.

Cóndor Gold, opera en Nicaragua a través de su subsidiaria La India Gold SA, desde 2008. La empresa cuenta con 11 concesiones en el distrito de La India con una extensión de 313.26 Km², donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto/subterráneo. Sin embargo, la empresa no ha logrado obtener la licencia social por parte de residentes de la comunidad quienes han denunciado la destrucción ambiental, violación de espacios comunes, procesos viciados de consulta, irregularidades en el proceso de adjudicación de licencias, y la criminalización de pobladores que se oponen a la mina.

En el año 2015, miembros de la comunidad denunciaron que al menos 5 pozos de agua se habían secado debido a trabajos de exploración de la empresa que afectaron una vena de agua subterránea que abastece a la comunidad. En abril 2016, líderes de la comunidad organizados bajo el “Movimiento Comunal Santa Cruz de la India” determinaron que el 90% de los pobladores se oponen al proyecto minero. Tras una fuerte campaña de denuncia y movilizaciones contra el proyecto, siete miembros del movimiento fueron falsamente acusados de daño agravado al bloquear, en 2017, el acceso de trabajadores de la empresa a un lote público adquirido de manera ilegal por Cóndor Gold. El proceso legal, que fue finalmente abandonado por la empresa, se caracterizó por la falta de debido proceso y la complicidad de las instituciones del estado, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y los juzgados locales en la criminalización de los comunitarios a favor de los intereses de la empresa.

La insurrección de abril de 2018, que llevo a Nicaragua a un estado de crisis democrática y la suspensión tácita de los derechos constitucionales, ha tenido un impacto negativo en la capacidad de los opositores de la mina de exigir sus derechos, mientras se ha recrudecido la campaña de violencia en su contra. Según reportes del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, MONAFMI, desde el 2018 existe una ocupación policial de la comunidad mientras se ejecuta una campaña de acoso permanente contra líderes que se oponen al proyecto y sus familias. Los comunitarios han reportado que la policía ha realizado numerosas acciones de allanamiento sin orden judicial y detenciones ilegales, lo que ha forzado a algunos de los líderes a abandonar sus viviendas debido a las amenazas contra su seguridad.

A pesar del ambiente de represión, defensores ambientales de la comunidad Mina la India, acompañados por el Centro Humboldt presentaron una denuncia ante la Oficina del Asesor/Ombudsman de Cumplimiento, CAO, del IFC- Banco Mundial y pidieron una revisión de la inversión que dicha institución hace a la empresa para el desarrollo del proyecto. La queja argumenta que la comunidad no tuvo acceso a los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la empresa y aprobados por el Ministerio de Recursos Naturales, MARENA; que no hubo consulta con la comunidad y no existe información sobre los alcances de dicho proyecto, ni sus afectaciones ambientales y sociales. En enero del 2020, voceros del MONAFMI, anunciaron que la IFC-Banco Mundial había retirado la inversión del proyecto minero.

Seguido a este anuncio, pobladores de Mina la India denunciaron el inicio de otra campaña de acoso contra líderes que se oponen al proyecto minero por parte de funcionarios de la empresa minera acompañados por agentes de la Policía Nacional y grupos afines al gobierno, que visitan a los dueños de la tierra requerida por a la empresa para iniciar su proyecto y demandan la venta de su propiedad.

En enero de este año, miembros de la comunidad reportaron la expropiación de un terreno perteneciente al señor Julian Onel Salazar. La denuncia de este hecho ante órganos judiciales del estado no tuvo respuesta. Este mes de septiembre, el Sr. Andrés Vilches fue detenido de manera ilegal después de denunciar que los trabajadores de la empresa habían dañado la entrada de su casa con maquinaria pesada y la Sra. Juliana Urriata ha denunciado el acoso parte de representantes de la empresa y la policía al negarse a vender su propiedad.

Estas denuncias contantes de los miembros de la comunidad de Mina la India contradicen reportes de la empresa Cóndor Gold, emitidos en agosto de 2020, donde notifica haber realizado “importantes avances en la eliminación de riesgos del proyecto La India mediante la compra de terrenos en y alrededor del área permitida del sitio”; según la empresa, el 85% de la tierra dentro del sitio permitido de la mina ha sido adquirida. El reporte también menciona la adquisición de dos licencias (América y Mestiza) que le permitirían expandir el proyecto minero La India.

Lo que el reporte de la empresa convenientemente omite es que la adquisición de propiedades y nuevas licencias se hace bajo un ambiente de intimidación y suspensión de derechos de la población, el uso de amenazas, expropiaciones ilegales y el desplazamiento forzado de familias que habitan en la comunidad.

La expansión de proyectos mineros se ha acelerado en Nicaragua desde el año 2018 y se intensifica más bajo medidas sanitarias implementadas a partir de la pandemia COVID 19. Como ACAFREMIN hemos denunciado que ellos gobiernos de turno han utilizado las medidas sanitarias para aumentar la represión y criminalización contra defensores ambientales; esto ha intensificado los conflictos sociales, la falta de transparencia y el acceso a información y consulta ante procesos de concesión.

Por lo tanto, nos solidarizamos con los miembros de la comunidad Mina la India y el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, y demandamos a las autoridades nicaragüenses el cese a la criminalización de la organización comunitaria en pro de la defensa de los bienes naturales.

Además, demandamos:

Al Gobierno nicaragüense: Que restaure inmediatamente los derechos civiles de la población, incluyendo los derechos a la vida y la seguridad de la persona, a propiedad, y a no ser arbitrariamente privado de libertad, preso ni desterrado; y el respeto a las libertades de expresión, de asociación y protesta pacífica.
En virtud de que nicaragua es firmante del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, instamos a la comunidad internacional a velar por que el estado nicaragüense cumpla con su obligación de fortalecer la aplicación de derechos ambientales.
A la empresa minera Condor Gold: que retire inmediatamente sus inversiones de nicaragua por no contar con la licencia social para establecer su proyecto y por incurrir en ilegalidades administrativas en complicidad con autoridades nicaragüenses.

Chile

Chile confirma cierre del proyecto minero Pascua Lama por daños ambientales


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

18/09/ 2020
El Tribunal Ambiental de Chile confirmó ayer, jueves 17, la clausura “total y definitiva” del proyecto minero Pascua Lama, propiedad de la minera canadiense Barrick Gold a la que multó con 7.000 millones de pesos (USD9 millones) por los daños ambientales provocados durante la construcción del mencionado proyecto en la frontera entre Chile y Argentina.

El fallo también confirma la decisión que anunció en 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de cancelar este proyecto por no cumplir con la licencia ambiental que se le había otorgado, según informó la agencia de noticias AFP.

“La magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero Pascua Lama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medioambiente y la salud de la población”, indicó el fallo del tribunal.

Lee también: Minera Tres Valles de Chile retomará operaciones en octubre

El proyecto minero (a cielo abierto) tenía por objetivo explotar oro, cobre y otros minerales durante más de 20 años en la región de Atacama, específicamente en la Provincia de Huasco, con una inversión de unos USD 8,000 millones y que según su planificación original debía entrar en producción a fines del 2014. Tenía previsto producir unas 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de plata.

Pascua Lama estaba ubicado a unos 4.500 metros de altitud en una zona de glaciares en la Cordillera de Los Andes, en la frontera norte entre Chile y Argentina.

Según el ente regulador chileno, Pascua Lama violaba 33 normativas medioambientales y causó daños a especies de fauna y flora nativa por el monitoreo incompleto de glaciares y la descarga de aguas ácidas en un río cercano que abastecía a comunidades de la etnia diaguita.

Desde Greenpeace señalaron que la sentencia “confirma la destrucción del proyecto Pascua Lama denunciada por años por las comunidades y diferentes organizaciones ambientales y sociales del país, reclamo que ha sido ampliamente apoyado a lo largo de los años por la ciudadanía”.

Chile confirma cierre del proyecto minero Pascua Lama por daños ambientales


Fuente: Ámbito

Internacional

La empresa que paralizó la mina de Aznalcóllar suma conflictos en cuatro comunidades autónomas

Los informes de auditoría de la firma canadiense Emerita Resources desvelan que carece de capacidad para afrontar los proyectos que se ha adjudicado
MIGUEL ÁNGEL NOCEDA
Madrid – 20 SEP 2020

Un trabajador de la mina de Aznalcóllar, en un mirador de la corta de Los Frailes.JULIÁN ROJAS
Las sombras de la sospecha planean sobre Emerita Resources, la empresa de matriz canadiense que paralizó la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), al ser admitida a trámite la denuncia de cohecho que presentó contra los miembros de la mesa de contratación y cargos directivos de la Junta de Andalucía tras no lograr su concesión en 2015. La investigación del caso, reabierto por la Audiencia Provincial el pasado octubre tras haber sido cerrado dos veces, ha descubierto una operativa que pone en tela de juicio a la compañía, que también arrastra conflictos en las comunidades de Cantabria, Asturias y Extremadura, donde logró la adjudicación de explotaciones que luego no ha desarrollado. Los informes de auditoría revelan, además, que carece de capacidad para afrontar las inversiones a las que se había comprometido, según se ha desvelado durante el proceso judicial.

Emerita Resources es una empresa minera canadiense que cotiza en el mercado bursátil de Toronto para firmas mineras de pequeña dimensión dedicadas a la exploración y explotación de materias primas. La filial española tiene su sede en Sevilla y su cara visible es el geólogo Joaquín Merino, quien ganó notoriedad por la denuncia que presentó en 2015 contra la adjudicación por la Junta de Andalucía de la mina de Aznalcóllar al gigante minero Grupo México. La denuncia ha sido reabierta dos veces por la sala séptima de la Audiencia Provincial, que preside la juez Mercedes Alaya, tras prosperar los recursos presentados por Emerita. La juez, que cobró popularidad por instruir el caso de los ERE, consideró que quedaban asuntos por investigar y ordenó reabrir el caso en octubre.

Ante eso, la juez titular del juzgado número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, volvió a llamar a los imputados, que mantuvieron sus declaraciones anteriores. Entre ellos figura Vicente Fernández, quien era secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta cuando se realizó la adjudicación y que tuvo que dimitir de la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por esta circunstancia. Asimismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se remitió al informe realizado en las investigaciones anteriores, durante las cuales salió a la luz el modus operandi del grupo minero. Ahora, una vez terminada la instrucción, se está a la espera de que la juez Fernández dicte el auto que se presume definitivo.

Todo se remonta al concurso celebrado en 2015. En contra de lo que estimó la mesa de contratación a la que acusa de cohecho, Emerita considera que es “el único licitador cualificado restante en el concurso de Aznalcóllar y que, de acuerdo con la legislación española, debería adjudicársele el proyecto”. Su propuesta, sin embargo, fue rechazada porque no contaba con la solvencia económica ni técnica que se exigía en el concurso, según se apreció entonces. En las bases del citado concurso se establecían, entre otros requisitos, unos fondos propios de al menos el 30% del importe del proyecto (es decir, 196 millones de euros) y una cifra global de negocios en los últimos tres años superior al triple del importe del presupuesto del anteproyecto.

Exigencias que, según calificó la mesa, no cumplía Emerita España: en el ejercicio 2015 tuvo unas pérdidas de 402.889 euros, que se acumulaban a las de años anteriores, y su patrimonio neto era negativo en 1,7 millones. En años posteriores siguió obteniendo pérdidas que obligaron a la sociedad a realizar ajustes contables y saneamientos. La matriz también acumula pérdidas (casi 17 millones de dólares canadienses, unos 10,9 millones de euros, en el último trimestre) con un alto nivel de endeudamiento que hace necesario obtener financiación para continuar con su actividad, según sus informes de gestión.

Inversiones que no llegan
El proceso judicial ha permitido desvelar que los informes de auditoría de sus cuentas, realizados por la firma McGovern Hurley, incluyen una advertencia expresa que pone en duda la “capacidad de la empresa para continuar sus actividades” y llega a afirmar que, con los estados financieros de 31 de diciembre de 2019, “Emerita Resources Corp. y sus filiales no cumplen con el requisito exigido por la Bolsa de Valores de Toronto de disponer de recursos financieros suficientes para el desarrollo de su actividad”. Según estos, se pone en duda la propia viabilidad de la compañía. Y subraya que no tenía solvencia para llevar a cabo las millonarias inversiones anunciadas en diferentes explotaciones en España. Este periódico ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de la empresa.

A ello hay que añadir que Emerita, una empresa creada en 2009 y presente en España desde 2012, no contaba con experiencia en la explotación minera a la que se enfrentaba, según consideró la mesa de contratación. En el sector es conocido que, además de este episodio judicial que ha paralizado durante cinco años la actividad en Aznalcóllar, apenas ha desarrollado ningún trabajo de investigación o de extracción de minerales a las que se había comprometido en otras tres comunidades (Extremadura, Asturias y Cantabria), donde ganó adjudicaciones que posteriormente no ejecutó, dejando inactivas las comarcas mineras que se habían esperanzado con las inversiones prometidas.

En el caso de Cantabria, Emerita desembarcó en 2017 anunciando que reabriría la mina de zinc existente en el municipio de Reocín, cerca de Torrelavega, que explotó durante décadas Asturiana de Zinc. Los responsables del grupo canadiense, en una joint venture con la constructora Aldesa, anunciaron la creación de más de 2.000 empleos y una inversión superior a los 600 millones de euros. Tras ganar la adjudicación que sacó a concurso el Gobierno regional frente a otros seis candidatos y conseguir los oportunos permisos, aseguró que realizaría 145 sondeos mediante la inversión de los primeros 17 millones. Sin embargo, solo consumó seis que, al no dar los resultados esperados, frenaron los siguientes experimentos. El flagrante incumplimiento de los compromisos llevó a la Administración regional a denegar la prórroga de los permisos, que se habían concedido por un periodo de 13 meses, en febrero de este año. Tres años perdidos para la posible reanudación de la explotación minera, que había creado expectativas además en municipios vecinos (Alfoz de Lloredo y Udías) con explotaciones cerradas.

Llovía sobre mojado. En Asturias, en 2015, Emerita había dejado de ejecutar uno de los permisos de investigación otorgado por el Gobierno del Principado al no afrontar el pago de la fianza de algo más de 12.000 euros que exigía la legislación minera. Todavía es más significativo que desde 2017 hasta el pasado 31 de julio, la filial española de la empresa canadiense haya dejado de investigar los recursos mineros de oro y cobre existentes en 2.600 hectáreas de Pola de Allande, en el occidente asturiano, donde también han visto desvanecerse las expectativas.

En Extremadura, por su parte, fue el fondo Forbes & Manhattan el que solicitó el permiso para investigar yacimientos de oro en los municipios de Casas de Don Pedro y Talarrubias y luego se los cedió a Emerita que, sin embargo, no desarrolló ninguna actividad. El pasado enero la Junta de Extremadura resolvió cancelar su relación por el incumplimiento de plazos y condiciones tras varios requerimientos ocho años después de la concesión de los permisos mineros que había concedido.

Mismo patrón
En los tres casos los cánones de actuación siguen el mismo patrón. La empresa —respaldada por el citado fondo de inversión también canadiense Forbes & Manhattan, cuya existencia al igual que la Emerita fueron verificadas por las autoridades autonómicas antes de la concesión— presenta un proyecto en el que se compromete a investigar los recursos mineros. Sin embargo, una vez obtenidos los correspondientes permisos, entra en una situación de impasse, mientras especula en el mercado bursátil de empresas mineras junior existente en Toronto para multiplicar su valor. Fuentes relacionadas con el caso refieren, además, que en la página web de la empresa y en la información ofrecida a la Bolsa de Toronto la empresa afirma que continúa ostentando derechos mineros que ya le han sido caducados. Así, por ejemplo, continúa simulando, apoyándose en fotografías y presentaciones corporativas, que ostenta los permisos de investigación del mineral de zinc que el Gobierno de Cantabria le retiró en febrero de este año.

Este comportamiento, en el que se mantiene la cotización de sus acciones, puede significar la comisión de un presunto delito de fraude tipificado en el Código Penal, pues ofrece a los pequeños inversores la apariencia de ostentar derechos mineros que les fueron retirados por las Administraciones públicas ante la completa parálisis en que habían sumido a los territorios donde decían que estaban investigando el mineral.

En todo caso, la operativa es motivo de preocupación de las administraciones mineras, que subrayan que las resoluciones de las Administraciones autonómicas que han expulsado a Emerita de sus territorios no siempre está al alcance de todos los potenciales inversores, quienes pueden, en cambio, confiar en la apariencia de solvencia de esta clase de empresas. Puede dar fe de ello el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien el pasado 10 de febrero afirmó contundentemente: “Nosotros no sabemos de minería, son ellos [Emerita Resources] los que dijeron que había unas buenas perspectivas”.

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Mexico

Piden intervención de AMLO para impedir autorización del proyecto minero Rufus 5

PEDRO ZAMORA BRISEÑO
16 septiembre, 2020
Zona verde en Canoas, Colima, donde buscan hacer un proyecto minero Zonas verdes en Caonas, donde se prevé el proyecto minero Rufus 5, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V.. Foto: Especial
COLIMA, Col. (apro).- Tras rechazar la incursión de proyectos mineros en su territorio, la asamblea ejidal y avecindados de la comunidad indígena de Canoas solicitaron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para impedir la autorización ambiental del proyecto minero Rufus 5, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V., de capital canadiense.

La secretaria del Comisariado Ejidal, Salud Valencia Ramos, y la comisaria municipal de Canoas, Lourdes Ochoa Figueroa, informaron en entrevista que ejidatarios y vecinos de la comunidad realizaron una asamblea en la que rechazaron por unanimidad el proyecto minero, cuya Manifestación de Impacto Ambiental actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según información difundida en la gaceta ecológica de la dependencia federal, mediante el proyecto Rufus 5 la empresa solicitante tiene el propósito de extraer 2 millones 68 mil 469 metros cúbicos de hierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones y un aprovechamiento gradual durante 16 años.

La explotación del yacimiento se realizaría en el predio El Agostadero, con afectaciones a una superficie de vegetación de 28.6 hectáreas, para la que se requiere la autorización de cambio de uso de suelo, y la compañía ofreció que al final del proceso extractivo se realizará la restauración progresiva del sitio, en proporción de 5 a 1, en el que se integrará una plantación de café.

Valencia y Ochoa informaron que, tras recibir la visita de representantes de la empresa minera con la propuesta de algunos beneficios a la comunidad y a sus habitantes, a cambio de la aceptación de la explotación minera, ejidatarios y vecinos se reunieron y se pronunciaron en contra del proyecto.

Señalaron que desde 2013 ha habido varios intentos de empresas mineras por extraer hierro de su territorio, por lo que desde entonces la comunidad se ha manifestado en resistencia.

A través de una carta, la mesa directiva del ejido y la comisaria municipal solicitaron el apoyo del presidente López Obrador ante el “conflicto minero muy fuerte” que enfrentan, pues de llevarse a cabo el proyecto “tendríamos una contaminación catastrófica e irreversible, ya que ese proyecto está en los afluentes del río El Cacao, que nos surte de agua potable a la comunidad y ejidos aledaños: desde Canoas, Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo, que viven de la agricultura, ganadería y cafeticultura”.

Los representantes de Canoas expusieron al jefe del Ejecutivo federal que llevan siete años luchando contra ese tipo de proyectos y que cuentan con actas protocolizadas donde el ejido, en su calidad de pueblo indígena, se declaró libre de minería, además de que existe un punto de acuerdo del Congreso local donde se plantea desalentar la explotación minera en esa zona.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho: que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo el proyecto minero Rufus 5 y cualquier otro proyecto minero en el ejido”, destaca el documento firmado por Raymundo Campos Muñoz, presidente del Ejido; Salud Valencia Ramos, secretaria, y Manuel Rodríguez Figueroa, tesorero, así como Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal.

Por otra parte, de acuerdo con el Acta 590, fechada el 30 de agosto pasado, la asamblea ejidal y vecinos de Canoas rechazaron por unanimidad cualquier proyecto minero, específicamente el Rufus 5, “ya sea que se desarrolle dentro de la demarcación del ejido de Canoas y cualquier zona avecindada con el mismo”.

Entre los argumentos del rechazo se expone que “la preocupación del ejido de Canoas es por la contaminación del agua y del medio ambiente, que dañaría a los ejidos de Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, El Ciruelo, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo”.