Chile

Minera Lumina Copper comenzó aplicación de test rápidos y exámenes PCR a trabajadores

Las medidas reforzarán el protocolo interno de prevención y control del coronavirus de Caserones.

13/07/2020
Con el objetivo de reforzar las medidas ante posibles casos de Covid-19 en su operación y entorno, SCM Minera Lumina Copper Chile comenzó la aplicación de test rápidos a todo el personal de Caserones y sus empresas colaboradoras.

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Su implementación ha comenzado este mes y se espera alcanzar en agosto el 100% de su cobertura, de acuerdo al Protocolo Interno de Prevención y Control del coronavirus de la compañía. Esta iniciativa se verá reforzada con la realización de exámenes PCR a la totalidad de los trabajadores que tomen parte en la mantención mayor de su operación, a efectuarse entre el 21 de julio y 2 de agosto, y que busca asegurar su continuidad operacional.

La toma de test rápidos como también los exámenes PCR se efectúan en el lugar de origen de las personas, antes de subir a los buses que los trasladan desde otras regiones a faena y, en el caso de los locales, en su comuna.

A esto se suma el control que mantiene Caserones en el by pass de la localidad de Los Loros, donde se chequea la temperatura de cada trabajador, junto con la sanitización del vehículo en que se dirige a faena, iniciativa que también favorece a quienes transitan por este sector de Tierra Amarilla.

SCM Minera Lumina Copper Chile reitera su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, trabajadoras y el entorno, por lo que reitera la importancia de cumplir las indicaciones sanitarias para prevenir el contagio de Covid-19; como el mantener la distancia social, el uso de mascarilla, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
https://www.mch.cl/2020/07/13/minera-lumina-copper-comenzo-aplicacion-de-test-rapidos-y-examenes-pcr-a-trabajadores/

Perú

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS


14/07/2020
La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la propia Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentra en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En su informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcciónen el marcode este informe del observatorio.

Conflictividad en tiempos de pandemia

La conflictividad social estuvo activa a pesar de la cuarentena. Uno de los casos más resaltantes ocurre en Arequipa, donde la empresa Southern ha reactivado su campaña para retomar el proyecto minero Tía María ante la situación de crisis del país. Ello motivó a la población del Valle de Tambo a organizar 2 cacerolazos en rechazo al proyecto.

En la misma línea, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del Corredor Minero del Sur denunciaron una excesiva presencia de camiones trasladando mineral para la empresa minera MMG- Las Bambas, en Apurímac, exponiendo a los trabajadores y comunidades a posibles contagios.

También se alerta sobre la fuerte presión que mineros informales y abiertamente ilegales vienen ejerciendo en varias zonas del país, alentados por las altas cotizaciones del oro.

Este y otros puntos son los que recoge el informe del Observatorio de Conflictos Mineros correspondiente al primer semestre de este año, el cual será presentado el próximo miércoles 15 de julio desde las 5:30 pm en una transmisión oficial del portal Wayka.pe. En la mesa participarán la Congresista Rocío Silva Santistevan, el representante de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, al ex Viceministro de Minas Miguel Inchaústegui y el abogado de FEDEPAZ David Velazco.

Inscríbete y recibe en exclusiva el informe aquí: https://forms.gle/i9ZLgvJMU9MPoWoq6

Mexico

Afectación al ambiente, DH e inseguridad impactan a minería

Alejandro Alegría, 11/07/2020
Mina a cielo abierto en Mexicali, Baja California. Foto Francisco Olvera/ archivo
Ciudad de México. Graves afectaciones al medio ambiente, inseguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades son algunos de los problemas que aún persisten en la industria minera del país, aseguraron especialistas en esos temas.

Datos de la la Cámara Minera de México (CAMIMEX) señalan que ese sector industrial es importante para el país porque representa el 4.2 por ciento del producto interno bruto nacional, además de generar 770 mil empleos directos y paga 42 mil millones de impuestos.

Sin embargo, más allá del beneficio económico que representa esa actividad, Carlos Toledo Manzur, director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR) señaló que actualmente el modelo de aprovechamiento actual es la minería a cielo abierto, el cual causa una grave afectación a la biodiversidad, porque desplazan miles de hectáreas con valor biológico muy alto.

Durante su participación en el foro “La reactivación de la minería antes la nueva normalidad”, el especialista comentó que las empresas mineras dicen que están cumpliendo con la ley al implementar programas de reforestación, pero estos planes tienen poca eficiencia en el entorno pues solo logran sobrevivir entre un 20 por ciento de los árboles de especies exóticas que colocan. “Es una cosa dramática que hay que atender de alguna manera”, apuntó.

Consideró que es necesario generar una estrategia para evitar este costo ambiental que se esta pagando y también modificar de la normatividad y legislación porque no garantiza que las empresa puedan cumplir, pero implica que no tenga afectación la biodiversidad.

Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental, consideró que la minería no son grandes comunicadores, pues no informan adecuadamente sobre los beneficios que ofrece esa actividad.

Sobre los derechos humanos de las personas que habitan las comunidades donde se realizan las actividades de minería, Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) destacó que existe temor de que puedan violentarse.

Explicó que se ha documentado que en el diálogo con pueblos indígenas no se les da trato adecuado, se les minimiza y no se entiende que ellos tienen una visión de la tierra, que es diferente a la de los empresarios.

Destacó que es recurrente que la información que se presenta a las comunidades no es clara, ni suficiente, no es verídica, por lo que crean desconfianza, pues a los habitantes de esas localidades les preocupa su calidad de vida, los recursos naturales que tienen y que puedan perder cuerpos de agua o sean contaminados por la actividad minera.

Los gobernadores de Sonora y Guerrero, Claudia Pavlovich y Héctor Astudillo, respectivamente, así como líderes sindicales se pronunciaron por que el Fondo Minero realmente llegue beneficiar a las comunidades donde se extraen los minerales y no se dirijan los recursos a otras lugares y áreas.

De acuerdo con Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la CAMIMEX, las empresas del sector han aportado al fondo más de 18 mil 900 millones de pesos.

En temas de seguridad, Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de División de Gendarmería, señalo que la delincuencia organizada ha creado redes de comercio ilegal, que son paralelas al suministro de comercio legalmente establecido, modelo que se replicado en el sector minero.

Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado Policía Federal, señaló que existen delitos conexos que en el sector minero que están asciendo que el crimen organizado encuentre un nicho de impunidad.

Comentó que esos delitos con la trata de personas, la extorsión en las actividades satélite como el transporte de materiales, por lo que es necesario abatir esos actos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/11/afectacion-al-ambiente-dh-e-inseguridad-impactan-a-mineria-1154.html

Perú

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

13/07/2020
Imagen referencial / Foto: Cosapi

Se aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y su respectiva actualización, mediante las resoluciones directorales 055-2010-MEM-AAM y 300-2014-MEM-DGAAM, anunció el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

Ahora, Doe Run Peru S.R.L. en Liquidación (DRP) tiene la obligación de constituir garantías suficientes para realizar el cierre de mina respectivo, indicó el Minem.

El 10 de marzo pasado, la Dirección General de Minería (DGM) dispuso la paralización de actividades del CMLO, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47° del Decreto Supremo N° 033-2005-EM, que ordena la paralización de actividades cuando se incumple la constitución de las garantías del plan de cierre de minas.

En junio, DRP presentó ante la DGM las garantías requeridas para el cumplimiento del plan de cierre, correspondiente al año 2020, por un total de USD 12′740,915.36, y el 8 de julio pasado, mediante Resolución Directoral Nº 0443-2020/MINEM-DGM, la DGM dispuso el levantamiento de la paralización de las actividades mineras en el CMLO, precisando que DRP debe garantizar un ambiente laboral con condiciones favorables para el desarrollo de las actividades mineras en el CMLO, en cumplimiento de las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, su certificación ambiental y de los protocolos sanitarios establecidos por el Minem y el Ministerio de Salud, así como de las demás normas conexas.

“Cabe aclarar que, el levantamiento de la paralización dispuesta por la DGM debe efectuarse sin perjuicio de las disposiciones legales emitidas por los organismos competentes en relación a la emergencia sanitaria”, señaló el Minem.
Fuente: Gestión

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

Perú

Sector minero de Perú registra casi 3.000 casos de coronavirus

14/07/2020

La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó el jueves pasado que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3.000 trabajadores, con dos fallecidos.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados“, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”.

Perú registró hasta el pasado miércoles 312.911 casos de coronavirus, la segunda mayor cifra de contagios en América Latina, detrás de Brasil, según datos oficiales. Los fallecidos suman 11.133 en todo el país.

La minería es vital para la economía de Perú porque es responsable del 60% de las exportaciones totales del país.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/sector-minero-de-peru-registra-casi-3-000-casos-de-coronavirus/

Chile

Tribunal Ambiental de Antofagasta solicita informes técnicos al gobierno por proyecto Dominga


Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera


13/07/2020

La sede judicial debe hacer un nuevo análisis del caso y entrar en el fondo de la evaluación ambiental de la iniciativa, según determinó la Corte Suprema en septiembre.

En el marco del nuevo análisis que debe realizar el Primer Tribunal Ambiental respecto de la evaluación del proyecto minero Dominga, la sede judicial instalada en Antofagasta solicitó el 3 de julio nuevos informes al gobierno.

El objetivo es analizar si Andes Iron entregó o no antecedentes suficientes sobre el medio marino y las rutas de navegación del puerto que incluye la iniciativa que busca explotar hierro en la Región de Coquimbo, según el mandato que recibió de la Corte Suprema en septiembre.

A partir de esa fecha, el organismo dio un plazo de 15 días a las subsecretarías de Pesca, Medio Ambiente y a la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para emitir la información de modo de hacer una “mejor resolución” del caso.

Esta acción no fue bien recibida por la red de organizaciones sociales y ambientales agrupadas en Alianza Humboldt, la que acusó al tribunal de estar “politizando la decisión, al solicitar a organismos que cuentan con claras influencias políticas que den su opinión, en vez de enfocarse en una revisión técnica como lo ordenó la Corte Suprema”.

De este modo, la organización presentó una reposición que busca invalidar la solicitud del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la cual debería resolverse este lunes 13 de julio.

“El rechazo a Dominga se sustenta en la pobreza de su línea de base, lo cual fue explicado en cada uno de los informes técnicos que entregaron diversas reparticiones durante el proceso de evaluación ambiental. No olvidemos que Salud, Conaf, Sernapesca y Energía, entre muchos otros, hicieron llegar sus reparos al Comité de Ministros que, finalmente, cerró la puerta al proyecto de Andes Iron”, dijo Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros.

Fuente: Diario Financiero

Tribunal Ambiental de Antofagasta solicita informes técnicos al gobierno por proyecto Dominga

Perú

LA DEFENSA DE PARACAS, TÍA MARÍA Y OTROS CASOS

José De Echave C.
13 de julio de 2020
Imagen: Alterra

El 8 de julio se publicó en el diario El Comercio, a toda página, una carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas, dirigida al Presidente Martín Vizcarra. La carta estaba firmada por un conjunto de artistas y promotores culturales (músicos, directores de cine, dramaturgos), periodistas, dueños de restaurantes y hoteles, profesionales de diferentes disciplinas, residentes del exclusivo balneario de Santo Domingo que limita con la Reserva, entre otros.

En una parte de la comunicación se señala: “No hay que olvidar que Paracas -hoy por hoy- es el segundo lugar turístico del Perú. Pero toda inversión hotelera y su turismo ecológico va a desaparecer ante la amenaza de la construcción de un almacén de concentrado de minerales -de potencial tóxico- en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas. ¿Es que acaso no es una absoluta contradicción el promover un destino turístico paradisiaco con un almacén de minerales tóxicos en el límite de la Reserva, donde cualquier acción equívoca repercutiría en la salud de ésta directamente?”

Lo primero que hay que subrayar es que coincidimos con la preocupación que expresan los firmantes y respaldamos la iniciativa de proteger la Reserva Nacional de Paracas. Desde hace tiempo hemos venido denunciando el peligro que se cierne sobre esta importante reserva marina, que desde su creación ha estado fuertemente presionada por una creciente actividad pesquera, el aumento desordenado del turismo y urbanización en la zona, el mayor tránsito pesado y por supuesto un incremento cada vez más intenso de las actividades portuarias. Por ello, nos parece un despropósito que se pretenda ampliar la actividad del terminal portuario de Paracas para que se realice el almacenamiento y exportación de minerales y concentrados (400 mil toneladas al año), poniendo en mayor riesgo a esta importante reserva natural.

Cabe recordar que Paracas es una de las tres áreas marinas protegidas que existen en el país. El Perú apenas cuenta con menos del 1 % de su espacio marino bajo algún esquema de conservación, pese a que el Convenio sobre Diversidad Biológica, que hemos ratificado, establece que ya deberíamos estar protegiendo al menos el 10% de nuestras zonas marinas costeras y que la meta es llegar al 30% antes del 2030.

Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha escrito en sus redes sociales sobre el tema: “El análisis costo beneficio (herramienta elemental para aprobar una inversión o una ley o una licencia ambiental) debería ser el centro del debate. Valorar el patrimonio de Paracas antes de esta operación minera y medir sus riesgos: quién gana y quién pierde”.

Totalmente de acuerdo. Sin embargo, cómo no recordar que con estos mismos argumentos, pobladores de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Cajamarca, Valle de Tambo, Tabaconas-Namballe, entre otros, han defendido y siguen defendiendo sus tierras y ecosistemas, frente a la pretendida expansión de proyectos mineros. La diferencia es que a ellos los tildaron de enemigos de la inversión, antipatriotas, perros del hortelano y hasta de terroristas antimineros.

El mencionado aviso a toda página de los defensores de Paracas ha sido respondido por otro aviso de dimensión similar y en el mismo diario, por los propietarios del Terminal Portuario de Paracas. El tema de fondo no debería ser quién tiene más recursos económicos y poder de influencia; lo que en realidad está en juego es cómo construimos como país en serio y a fondo una verdadera gobernanza ambiental para “respetar a la naturaleza”y no ceder a “la codicia y la ambición desmedida”, como señalan los firmantes de la carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas.

Respaldemos esta iniciativa porque “permitir la construcción y el funcionamiento de un almacén de concentrado de minerales tóxicos justo allí -al lado de la Reserva- sería un gravísimo e imperdonable error”. Al mismo tiempo, seamos optimistas y esperemos que cuando nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas u otras poblaciones, defiendan sus ecosistemas de agresiones similares, también sean respaldados por iniciativas como ésta y por varios de los firmantes.
www.cooperaccion.org.pe