Perú

Destrabar proyectos mineros puede generar más conflictos en Perú

Foto: Informe OCM
Lima, 17/07/2020 (Prensa Latina) La decisión del nuevo primer ministro peruano, Pedro Cateriano, de destrabar proyectos mineros pendientes, tiene como contexto una conflictividad social en gestación o potencial, revelado por un panel de expertos en el tema.

El panel se realizó en la presentación del informe semestral del Observatorio de Conflictos mineros y coincidió con la juramentación de un nuevo gabinete ministerial encabezado por Cateriano, quien considera fundamental el llamado destrabe para superar la crisis económica causada por la emergencia contra la Covid-19.

Los participantes en el encuentro coincidieron en que la agenda conflictiva del sector minero debe ser atendida con urgencia ante la crítica situación y con el diálogo como vía de solución de los problemas, lo que excluye el uso de la fuerza.

El informe consignó que a los 139 conflictos pre-existentes, en el primer semestre del año se sumaron 36 nuevos, pese a la cuarentena contra la Covid-19, en la que cerca de tres mil trabajadores mineros fueron contagiados.

El panelista José De Echave, investigador de la organización no gubernamental CooperAcción, señaló que las entidades empresariales presionaron mucho para mantener activa la minería, sin pensar en las consecuencias y sin proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas.

De Echave apuntó que uno de los retos del nuevo ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde -de perfil empresarial-, será garantizar la seguridad de los trabajadores en las operaciones, en las que, dijo, se redujo la exigencia de los protocolos y la Federación de Trabajadores mineros no ha sido consultada.

El defensor adjunto del Pueblo para conflictos sociales, Rolando Luque, señaló que los nuevos diferendos se originan en torno a las quejas por los insuficientes protocolos sanitarios aplicados por las empresas mineras durante la cuarentena.

El reporte advierte también, además, que se reactivaron conflictos pre-existentes, el más importante debido a que la transacional Southern reactivó su campaña para retomar el proyecto minero Tía María, congelado por el rechazo social.

La población del área de influencia, que ha derramado sangre en años anteriores en defensa de su entorno, realizó dos protestas contra la campaña de la empresa, cuyo proyecto cuprífero adversan por considerar que arruinará, la rica agricultura de la zona

En la campaña de presión que derivó en la renovación del gabinete ministerial, Tía María fue mencionado como una especie de emblema de la necesidad de sacar adelante los proyectos mineros pese a la oposición de las poblaciones, esta vez alegando la crisis económica causada por la pandemia.

En el sur andino se destacaron las protestas de las organizaciones sociales y comunidades campesinas del llamado Corredor Minero del Sur denunciaron la actividad excesiva de la empresa minera Las Bambas, que el año pasado motivó un largo conflicto social.

Luque advirtió también que en la provincia surandina de Espinar y en otros territorios, las organizaciones reactivan sus reclamos de atención a problemas pendientes, a los que se han agregado nuevos.

‘Es necesario que el Estado se comunique con ellos y renueve su compromiso con el diálogo que se vio interrumpido en el marco de la pandemia’, aseveró.

Los panelistas coincidieron en que el Gobierno debe evitar decisiones arbitrarias y definir apropiados mecanismos de diálogo como forma de llegar a la solución de los conflictos.

El ex viceministro de Minería, Miguel Incháustegui, recordó el carácter histórico de la conflictividad en la minería que han dejado un rastro de 282 muertos entre 2006 y 2019 y se debe ir a las causas y hacer el esfuerzo por generar consenso y resolver temas.

Rechazó la consigna neoliberal de que ‘la minería va, sí o sí’, pues ‘buscando el consenso y viendo las bondades y riesgos, se puede llegar a definir si en determinada región puede haber minería o no’.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=382479&SEO=destrabar-proyectos-mineros-puede-generar-mas-conflictos-en-peru

Perú

Controversia por cambios en protocolos sanitarios contra el COVID-19 para la minería

José De Echave, de CooperAcción, da cuenta los recientes cambios al protocolo de bioeseguridad que pondría en riesgo a sus trabajadores, en tanto que Pablo de la Flor, de la SNMPE, asegura que no se han relajado los protocolos.
(Foto: GEC)
Redacción Gestión
19/07/2020
Antes de su salida del Ministerio de Energía y Minas, la exministra Susana Vilca afirmó que cerca de 3,000 trabajadores mineros fueron contagiado de COVID-19 lo que representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación económica.

Sobre el particular, José de Echave de CooperAcción, alertó que los conflictos sociales en el sector van a aparecer relacionado a la alta tasa de contagio de trabajadores por COVID-19.

En ese línea, reveló que el último 24 de junio desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se emitió una resolución ministerial que realiza cambios en los protocolos de bioseguridad que deben cumplirse en este sector, lo que calificó de preocupante ya que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo en los trabajadores.

¿Qué cambios se implementa? Según el especialista, la nueva normativa incluye tres cambios importantes. Los cuales son:

Se elimina la distancia social mínima de 1 metro y medio a 1 metro de distancia.
Se elimina también que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que era la instancia encargada de la aprobación de los planes de vigilancia sanitaria dentro de la operación y por lo tanto del monitoreo, realice este último dejando a libre interpretación cuál va ser la instancia que fiscalice el cumplimiento en minería de los planes de bioseguridad.
Se le quitó al Viceministerio de Minería la posibilidad de aprobar los planes de bioseguridad, añadiendo que su evaluación será después de su implementación (ex-post).
“Ya están habiendo casos (de paralización de operaciones) ante la preocupación de los propios trabajadores por el aumento de casos”, precisó a RPP.

Al respecto, en diálogo con Gestión.pe el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, negó que exista un relajamiento en los protocolos de bioseguridad en el sector minero y por el contrario precisó que la tasa de contagios en el sector es mucho menor que la establecida a nivel nacional.

“Estamos en medio de una pandemia y es inevitable que a pesar de los rigurosos que pueden ser los protocolos se presenten contagios. Hay que precisar que la tasa de contagios de los trabajadores mineros es inferior a la tasa de contagios a nivel nacional. No es que estemos frente a una situación especial o pronunciada respecto a la tendencia a nivel nacional”, acotó.

Remarcó que en el sector minero se han adoptado los más estrictos y rigurosos protocolos sanitarios y que buena parte de los contagios en el sector se observan en trabajadores antes de los embarques (es decir, antes de su arribo a la operación minera).

“La totalidad de las empresas están efectuando pruebas de descarte a pesar de que el protocolo aprobado no lo establece. Las empresas han adoptado esta práctica”, agregó. De la Flor indicó también que las declaraciones de José de Echave carecen de sustento.

“Dado que la modificación en el distanciamiento social -por ejemplo- no hace más que alinear el protocolo del Minem a los lineamientos de Salud, lo que implica que es concordante con lo que establece el propio Minsa. Además los protocolos han sido establecidos por las autoridades y los planes sanitarios han sido aprobados por los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo”, subrayó.

También negó que el hecho de los que los planes de sanitarios sean evaluados ex-post tenga un efecto en el aumento de casos o rebrotes. “Lo que se propone es que la revisión ocurra ex-post, es decir, que se pueda hacer un seguimiento de las prácticas (implementadas) que es lo que corresponde, más allá de revisarse en papel sino que las prácticas se vengan cumplimiento”.

En ese contexto enumero los seis puntos claves que tienen los protocolos de bioseguridad en el sector. Estos son:

El protocolo se inicia con un control médico de preembarque a todos los trabajadores, que incluye toma de temperatura y pruebas serológicas y moleculares, así como distanciamiento social en los buses de transporte.
– Nuevamente revisión de los trabajadores al llegar a la unidad minera.
– Seguimiento médico diario a los trabajadores.
– Distanciamiento social en los comedores.
– Áreas especiales para los casos detectados así como su traslado inmediato al centro de salud de los casos identificados
– En algunos casos, hay procesos de cuarentena previo al ingreso a la operación minera.
https://gestion.pe/economia/controversia-por-cambios-en-protocolos-sanitarios-contra-el-covid-19-para-la-mineria-noticia/

Perú

MUJERES EMPRENDEDORAS DE CUSCO INAUGURAN SU PRIMER INVERNADERO COMUNAL

Foto: CooperAcción
19/07/2020
Como parte de las estrategias de fortalecimiento de la economía comunal en tiempos de COVID-19 y de autonomía económica para el empoderamiento de las mujeres del Sur Andino, el pasado lunes la Asociación de Mujeres Emprendedoras Pachamama junto a CooperAcción inauguraron el primer invernadero en la comunidad campesina de Siwincha (distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco).

La pandemia ha afectado la economía de la agricultura familiar que actualmente tiene amenazada la continuidad de su labor para asegurar la alimentación de las familias y el abastecimiento de mercados. Así mismo, debido a las heladas y los cambios en el clima en las regiones del Sur Andino, los cultivos se ven amenazados y se requiere de estrategias y acciones que ayuden a reducir estos daños. Este contexto está acentuando los impactos en la vida de las mujeres rurales, debido a su sobrecarga en responsabilidades del cuidado de la familia y también por el trabajo que implica el cuidado y la defensa de sus territorios. Recordemos que, pese al confinamiento y el estado de emergencia, las mujeres no han dejado de plantear, articular, organizar y trabajar alternativas para la vida.

Este proyecto de invernadero, liderado por mujeres campesinas y de pueblos originarios, se ha venido organizando con el fin de fortalecer sus conocimientos de trabajo con la tierra y de generar una economía básica que beneficia, principalmente, a sus familias y con ello a sus comunidades. Este grupo de mujeres horticultoras hará uso del invernadero para focalizarse en la producción de fresas por un espacio de dos años, las cuales podrían ser altamente valorizadas en el mercado y generar ingresos semanales.

Es importante resaltar la presencia de actores locales en la ceremonia de inauguración como funcionarios de la Municipalidad de Chamaca y el equipo pastoral de la localidad, los cuales legitiman y reconocen el valor de la organización sobre todo en tiempos de pandemia. Las mujeres reconocieron este paso como una oportunidad para fortalecer su economía comunal, generar ingresos para sus familias y a la vez continuar con su autoreconocimiento como mujeres líderes, defensoras del ambiente y la soberanía alimentaria, innovadoras y emprendedoras.

Perú

La conflictividad minera persiste en Perú en plena pandemia de la COVID-19

Agencia EFE
15/07/2020
La conflictividad vinculada a la minería persiste en Perú en plena pandemia de la COVID-19, que hasta el momento ha infectado a cerca de 3.000 trabajadores del sector y pone en riesgo a las poblaciones cercanas, alertó el primer informe del 26 Observatorio de Conflictos Mineros en el país andino.

Este reporte, que ha sido elaborado por las organizaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides, ofrece información y analiza los principales conflictos vinculados con la actividad minera durante el primer semestre de este año.

«El Observatorio hace un análisis de lo que viene pasando en los diferentes territorios con actividades extractivas, sobre todo la minería, en un contexto inédito: el de la pandemia», destacó a Efe el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave, directivo e investigador CooperAcción.

En ese sentido, el documento remarca que en medio de la estricta cuarentena de más de cien días que afrontó Perú hasta el pasado 30 de junio, el Ejecutivo facilitó la actividad minera «sin proteger adecuadamente a los trabajadores y a las poblaciones locales».

Añadió que hubo «presión del sector privado» para que la actividad minera no se detuviera y para que los protocolos sanitarios fueran «más flexibles», lo que llevó a los miles de casos positivos de la COVID-19, reconocidos por la ahora exministra de Energía y Minas Susana Vilca, quien este miércoles fue reemplazada por el economista Rafael Belaunde Llosa.

ACTORES CONTRA LA PANDEMIA

De Echave, quien fue investigador de CooperAcción en el marco de este informe, agregó a Efe que han identificado que «muchos de los actores que estaban jugando un papel importante en los conflictos previos a la pandemia han comenzado a jugar un rol también muy significativo» frente a la amenaza del virus.

Eso se ha expresado, agregó, en el control territorial que cumplen las rondas campesinas (comités de vigilancia) en la región norteña de Cajamarca y los pueblos Awajun en la Amazonía frente al avance de la minería informal «que en el actual contexto también tiene un proceso de provocar la transmisión de la enfermedad».

«Esos actores, que antes eran muy activos en relación a la minería, ahora han estado desarrollando una labor muy importante de defensa de sus territorios», sostuvo en referencia al impacto de la COVID-19 en Perú, el quinto país del mundo, y el segundo de Latinoamérica, con más contagiados.

CONFLICTOS LATENTES Y ACTIVOS

El informe del 26 Observatorio de Conflictos Mineros señaló que, a pesar de que el estado de emergencia nacional vigente desde marzo pasado se mantiene, varios de los conflictos vinculados con la minería se encuentran «en estado de latencia» y otros activos.

Entre estos figura el proyecto cuprífero Tía María, en la región sureña de Arequipa, donde,indicó, la empresa Southern «ha reactivado su campaña para retomar» la actividad, lo que motivó a la población del cercano Valle de Tambo, que considera que esa obra contaminará sus tierras, a organizar protestas en rechazo.

Además, organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del llamado «Corredor minero del Sur» denunciaron una «excesiva presencia» de camiones que trasladan minerales para la empresa minera Las Bambas, en la región Apurímac, lo que consideran que expone a los trabajadores y a las comunidades vecinas a posibles contagios de la COVID-19.

TRABAJADORES CONTAGIADOS

De Echave añadió que se ha detectado la «preocupación que existe en los territorios por el crecimiento del número de casos positivos en los trabajadores mineros».

«La semana pasada la exministra de Energía y Minas reconocía que en la minería ya había casi 3.000 casos positivos; entonces, eso abre también un tema de tensión social, en primer lugar, para los trabajadores mineros, por lo que significa el contagio y la falta aparente de rigor de los protocolos que se están implementado», indicó.

El experto remarcó que este problema no solo afecta a Perú porque, según dijo, en el mundo ya se han paralizado casi 250 operaciones mineras y en países vecinos como Chile «la minería está reducida casi a la mitad, porque los trabajadores mineros se niegan a trabajar porque el número de fallecidos ha aumentado».

«Eso también puede tener un impacto en las propias comunidades y poblaciones vecinas», alertó antes de agregar que esto genera «un tema de fuerte tensión social».
https://es.noticias.yahoo.com/conflictividad-minera-persiste-per%C3%BA-plena-010211752.html

Perú

Espinar inició protestas contra minera Antapaccay

Por NoticiasporelMundo –
15/07/2020
La población de la provincia cusqueña de Espinar empezó esta madrugada una protesta para exigir a la empresa minera Antapaccay (del grupo Glencore) que apruebe el desembolso de S/ 50 000 000 del Convenio Marco para entregar un bono de S/ 1000 a favor de cada elector espinarense.

La protesta empezó luego que la noche del martes no hubo acuerdos en el diálogo entre autoridades y dirigentes de Espinar con la representación del Ejecutivo nacional y la empresa minera.

El impasse surgió luego que el Comité de Gestión del Convenio Marco, que es un fondo económico constituido por el aporte voluntario de la minera que equivale al 3% de sus utilidades anuales, aprobó un proyecto para entregar el bono económico.

No obstabte, Antapaccay se opone a la entrega del fondo económico, porque no cumple con los fines establecidos en el reglamento del Convenio Marco y, según sostiene la empresa minera, porque pone en riesgo el desarrollo de proyectos que ya estaban aprobados.

Además del bloqueo del Corredor Minero del Sur, hay marchas en varias capitales distritales, porque la protesta no sólo implica reclamar el bono sino también el rechazo al proyecto de ampliación del proyecto Ccorocohuayco, así como piden el cambio de jueces y fiscales y policias, y reclaman atención a las personas afectadas o contaminadas con metales pesados.
https://noticiasporelmundo.com/bono-de-mil-soles-cusco-espinar-inicio-protestas-contra-minera-antapaccay-lrsd-sociedad-noticias-peru

Venezuela

137 personas han muerto en municipios mineros al sur de Bolívar entre 2019 y 2020

Laura Clisánchez
16/07/2020
Al menos 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por la brutalidad de los crímenes o por el estado de descomposición en que se encuentran, mientras familiares de personas desaparecidas en el territorio emprenden la búsqueda bajo amenazas y sin resultados.
@mlclisanchez
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) ha sido -desde su creación en 2016- el epicentro de la violencia armada, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las desapariciones de personas vinculadas a la minería ilegal y a la comercialización de productos con el oro como medio de pago.

137 personas han muerto en territorios mineros del estado Bolívar, entre 2019 y lo que va de 2020, de acuerdo con el más reciente monitoreo de violencia armada y ejecuciones extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

45% de las víctimas no han sido identificadas por órganos policiales por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, por múltiples heridas de bala en sus rostros y por carecer de documentos de identidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos luchan para que las víctimas que no han sido identificadas no sean solo números, sino huellas de un patrón de violencia que el Estado venezolano no frena.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso este miércoles en Ginebra las múltiples violaciones de los derechos humanos en medio de la anarquía minera al sur de Bolívar y reconoció que quienes dominan la zona son bandas criminales en complicidad con efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo que tienen patente de corso para delinquir, asesinar, torturar y desaparecer a quienes no cumplan con el orden establecido por ellos.

El aumento de la violencia surge a medida que la minería ilegal gana espacios por la agudización de la crisis económica, mientras que el Ejecutivo no pone orden pues se beneficia de la actividad como alternativa económica frente a una industria petrolera en declive.

Los más violentos

El municipio que encabeza la lista de ejecuciones extrajudiciales y homicidios como resultado de enfrentamientos entre grupos criminales y Fuerzas Armadas es Sifontes, con 47 fallecidos y 2 heridos. Estos últimos son dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) heridos en una incursión militar que dejó un saldo de cinco muertos en El Pariche, en marzo de 2019.

En El Callao murieron al menos 41 personas, mineros y miembros de grupos armados irregulares en su mayoría. Este es el segundo municipio minero más violento. Fue allí donde ocurrió una de las muertes más emblemáticas del 2020 en el estado Bolívar: el asesinato del cultor Carlos Clark, quien también era minero y dueño de la mina Las cuatro esquinas. Clark fue el fundador de la agrupación de calipso La Nueva Onda y grupos armados lo acribillaron luego de que denunció la invasión de su mina, cuyo desalojo logró con ayuda de la Guardia Nacional.

Rosalba Mara Valdez, una exconcejala de El Callao, también fue asesinada por grupos armados en diciembre de 2019 en la entidad callaoense. Valdez fue presidenta de la Cámara Municipal de El Callao y candidata a la Alcaldía en 2008 y también había sido sacada de su casa a la fuerza por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en una oportunidad. Había denunciado la incursión de grupos irregulares en las minas de El Perú, Nacupay y Los Caballos.

En este pueblo minero se han documentado hasta 10 asesinatos en menos de 48 horas.

Si bien la violencia armada al sur del estado Bolívar es mayor, los enfrentamientos y homicidios se han diseminado hacia municipios urbanos como Caroní, donde han muerto 15 personas en año y medio, sin ignorar el subregistro.

En este grupo está el líder de la banda Zacarías, conocida por tener el control de los sectores mineros El Perú, Nuevo México y Finlandia en El Callao. El hombre fue asesinado junto a otros tres miembros de la banda.

En el municipio Caroní también murió este año un efectivo de la Policía del estado Bolívar (PEB) y su cuñado, que estaba vinculado a una banda delictiva que opera también en El Callao, de acuerdo con el parte oficial.

Víctimas de “El sistema”

Los mineros y comerciantes informales son los más perjudicados por el conflicto. Codehciu documentó el asesinato de 39 mineros y 2 comerciantes entre 2019 y lo que va de este año, en su mayoría a manos de grupos criminales o bandas delictivas vinculadas indirectamente con el pranato minero.

17 de estos mineros fueron asesinados por sujetos que no pertenecen a agrupaciones criminales, a menudo otros mineros. Los asesinatos fueron perpetrados tanto con armas de fuego como con armas blancas, como machetes.

El oro es el elemento que desencadena los frecuentes enfrentamientos entre bandas delictivas, disputas entre mineros, asesinato de denunciantes y activistas; así como la desaparición de mineros, comerciantes y quien guarde relación con la compra, venta o extracción de este mineral o el contrabando de combustible. De estas consecuencias no han escapado cultores ni dirigentes políticos en el periodo de estudio.

Comunidades indígenas y no indígenas que quedan en medio del conflicto minero intentan sobrevivir a la zozobra, toda vez que familiares de desaparecidos emprenden la búsqueda por cuenta propia o se resignan a la pérdida. Codehciu documentó la desaparición de 66 personas entre 2012 y 2020 en su más reciente informe.

Entre 2019 y lo que va de 2020 al menos 63 miembros de bandas delictivas relacionados al pranato minero también perdieron la vida en enfrentamientos con el Ejército, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dgcim. 66% de los miembros de grupos criminales murió en enfrentamientos con el Ejército.

De acuerdo con los partes oficiales, todos estaban vinculados al robo, extorsión, homicidios y cobros de vacuna, como se le conoce al porcentaje del oro extraído que debe pagarse al grupo criminal que domina la zona. Sin embargo, estas ejecuciones extrajudiciales también son una violación a los derechos humanos, por lo que la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra.

El conflicto armado sigue cobrando vidas mientras las víctimas colaterales como mineros y comerciantes informales se enfrentan al epicentro de la violencia para sobrevivir a la emergencia humanitaria.
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/6059-137-personas-han-muerto-en-municipios-mineros-al-sur-de-bolivar-entre-2019-y-2020

Perú

EL GABINETE CATERIANO Y LA MINERÍA

Luis Gárate – Cooperaccion
17/07/2020
Imagen: Gestión
El gobierno de Martín Vizcarra ha cambiado su gabinete y ha nombrado como Presidente del Consejo de Ministro a Pedro Cateriano, un político de trayectoria y experiencia que ya ocupó antes ese puesto y que tiene una abierta posición favorable a la actividad minera.

Estos cambios en el gobierno que preside Martín Vizcarra tienen varias lecturas. Una es que el gabinete necesitaba refrescarse debido al desgaste propio de atender la crisis que ha traído la pandemia del COVID19y a un Estado que se ha visto desbordado en su capacidad de atender a la población. Por otro lado, el nuevo jefe del gabinete ha mostrado actitudes firmes y ha sido confrontacional con sus adversarios políticos.Lo fue con la alianza fujiaprista que dominó el anterior Congreso.

Pero con esa misma firmeza y vehemencia, Cateriano también es un férreo defensor de las inversiones privadas y el libre mercado. Se ha expresado innumerables veces en ese sentido. Lo hizo por ejemplo, cuando ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, sobre todo cuando se reactivó el conflicto social en el Valle de Tambo en Islay, Arequipa, cuando se intentaba sacar adelante el proyecto minero Tía María. En ese momento declaró que:»El Perú es un país minero. La minería del pasado con tecnología antigua ya no es la que se aplica hoy. Hay que persuadir a la población. También hay que hacer comprender a los empresarios que la riqueza debe ser compartida. La inversión genera riqueza. La única manera de salir de la pobreza es generando riqueza».[1]

En ese momento también tuvo expresiones muy duras en contra de los agricultores que salieron a protestar por la reactivación de Tía María. Pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público que actúen para que los detenidos en Islay no salgan libres: “Exhorto al presidente del Poder Judicial y la Fiscalía para que apliquen la Constitución y la ley”, dijo en una conferencia de prensa en abril de 2015.[2]

Cateriano participó en ese momento en una mesa de diálogo que se formó con autoridades regionales y locales. Insistióen que el diálogo era importante paraabsolver las dudas técnicas que tenía la población para que este proyecto se pueda implementar y de esa manera llevar bienestar para la región. Sin embargo, luego de eso, no se terminaron de responder las dudas técnicas de la población y la empresa tuvo que optar por una nueva pausa. Como se sabe, hasta ahora, el proyecto sigue detenido.

En sus primeras declaraciones, Cateriano ha reiterado que su principal misión seráenfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica. Ha señalado que una de sus principales acciones será “destrabar” las inversiones mineras, reiterando -como lo dijo años atrás- que el Perú es un país minero y requiere de estas inversiones.

En ese mismo sentido cabe mencionar que entre los cambios del gabinete se ha nombrado a Rafael Belaúnde, nieto del ex Presidente de la República, Fernando Belaunde Terry. El flamante ministro es un personaje vinculado al sector minero, habiendo sido parte de la empresa minera Argento y de otra empresa denominada Remediadora Ambiental SAC.

Queda claro que con el ingreso de Cateriano y ministros, como Belaúnde, el gobierno busca acelerar el proceso de reactivación económica. Pero como se puede advertir, claramente los nuevos ministros envían señales de estar más cerca de los gremios e intereses empresariales que de los sectores sociales más vulnerables y las comunidades.

Si bien es cierto que amplios sectores de la sociedad coinciden en que se debe reactivar la economía, esto debe hacerse tomando las precauciones del caso. El sector minero ha sido uno de los que más descuido ha mostrado en la aplicación de protocolos sanitarios entre sus trabajadores: ya son casi 3 mil trabajadores mineros contagiados a la fecha. Por otro lado, conflictos sociales como Tía María, siguen latentes y la población se encuentra expectante. Estaremos atentos a la actuación del nuevo gabinete.

[1]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/05/pedro-cateriano-sobre-tia-maria-el-peru-es-un-pais-minero/jorgepaucar/

[2]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/15/tia-maria-y-la-mano-dura-de-pedro-cateriano/jorgepaucar/

Mexico

Andrea Becerril, 15/07/2020
Interior de la mina y, colgada de vigas de madera, una camilla de rescate. Foto Leopoldo Ramos / Archivo
El rescate de los cuerpos de 63 mineros en Pasta de Conchos, que recién anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tardará entre cuatro y ocho años, y costará 75 millones de dólares, hecho que provocó el descontento y la indignación de un grupo de viudas, quienes denunciaron que la dependencia se ha tardado más de un año en poner en marcha la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador y ha optado por el plan más caro y más largo, en lugar de escuchar a expertos y rescatistas nacionales.
Al ser entrevistadas después de que se reunieron con el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, pidieron que López Obrador las escuche, porque llevan ya 14 años en lucha para lograr que saquen de la mina los restos de sus esposos y no es humano que les pidan esperar otros ocho años.

Muchas a lo mejor ya no estaremos vivas, comentó Elizabeth Castillo, quien junto con Claudia Escobar asistió el pasado día 7 a una reunión con la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en la que les dio a conocer ese plan de rescate, muy parecido a los que Grupo México planteó al inicio del siniestro, en 2006, que consiste en abrir una nueva rampa, en lugar de entrar por el mismo túnel donde se dio la explosión hace 14 años.

Gómez Urrutia consideró que la STPS debe precisar muy bien los términos en que planea el rescate de los cuerpos, tener una visión humana y transparente, reducir costos y recortar tiempos, además de apoyarse mucho en los técnicos y expertos mexicanos, que son los que conocen la mina, y en los extranjeros que participan en el proyecto.

Agregó que entiende la decisión del Presidente de dejar el rescate en manos de la autoridad laboral, sin la participación de la empresa y del sindicato, para no politizar el tema, pero es necesario no crear mayor desesperación en los deudos de una de las tragedias más dolorosas en la minería, en una región como la carbonífera de Coahuila, donde el desempleo y la pobreza crecen.

El ingeniero Fernando Acosta, quien fue jefe de las cuadrillas de rescate por parte del sindicato, resaltó que es posible entrar por el túnel ya abierto, como lo hicieron en febrero de 2006 después de la explosión. Añadió que habrían rescatado los cuerpos si el gobierno de Vicente Fox, junto con el empresario Germán Larrea, no hubieran decidido cinco días después suspender la búsqueda y cerrar el yacimiento.

Explicó que en otras ocasiones, junto con las viudas, bajaron de nuevo e intentaron años después un rescate independiente, ya en el sexenio de Felipe Calderón, y bajaron hasta 250 metros, pero fueron desalojados por el Ejército. Sin embargo, tomaron más de 196 fotografías del interior del túnel, que compartieron con los técnicos chinos, estadunidenses, alemanes y australianos que mandó el año pasado la STPS.

A su juicio, quien debe tomar la decisión de cómo debe darse el rescate son estos técnicos extranjeros, con los documentos y evidencias que les entregaron, y no el Servicio Geológico Nacional, conformado por especialistas que trabajan para las empresas, entre ellas Grupo México. Recordó que a este mismo organismo se le encargó en 2006 un estudio sobre la factibilidad del rescate y nunca entregó los resultados.

Desde entonces, Larrea insistía en que el rescate costaría más de 50 millones de dólares y que había que hacer una rampa fuera de la mina, muy similar a la propuesta de la STPS. Es una rampa, dijo, que entra y baja entre los mantos del carbón, y luego se hacen túneles que dan vuelta hasta encontrar los socavones viejos, para intentar llegar por ahí a los 63 cuerpos.

Elizabeth Castillo y Claudia Escobar resaltaron que en el encuentro con la titular de la STPS les molestó también que estuviera presente la abogada Cristina Auerbach, una defensora de derechos humanos ligada a Grupo México, que llegó a Pasta de Conchos luego de la tragedia y se dedicó a dividir a las viudas y familiares.

Lamentaron que la autoridad laboral no haya dejado participar al ingeniero Acosta ni tampoco al sindicato, pero sí a Auerbach, fundadora del grupo Familia Pasta de Conchos.

Tomasita Martínez y Griselda Farías Gonzalez, otras de las viudas entrevistadas, relataron que la abogada las demandó por exhibir un cheque con una fuerte suma que le extendió la empresa de Larrea. Dijo que nos iba a meter a la cárcel, fue un juicio de varios meses, pero salimos absueltas”, recalcó Claudia Escobar.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/15/el-rescate-en-pasta-de-conchos-tardara-entre-4-y-8-anos-stps-2837.html

Chile

Codelco registra 3215 casos de Covid-19 y nueve muertes

14/07/2020
Foto: Codelco
La estatal chilena Codelco ha registrado un total de 3215 infecciones por Covid-19 y nueve muertes debido a la pandemia, informó el presidente de la firma el lunes.

El presidente de la junta, Juan Benavides, detalló que 2 473 trabajadores ya se habían recuperado, mientras que 37 permanecen hospitalizados, dijo la plana ejecutiva de Codelco frente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados este lunes.

“Es muchísimo más seguro el entorno de trabajo y las condiciones dentro de las faenas que fuera de ellas. Eso da cuenta de la realidad que hemos podido medir. Y no sólo nosotros, sino que otros actores de la industria, donde entre un 70% u 80% de los casos son contagios fuera de las faenas”, afirmó la plana ejecutiva.

“El Plan Calama” y “El Plan Teniente” se aplicaron en las divisiones más complejas. Se definió a dos gerentes de operaciones para liderar la iniciativa: René Galleguillos y Claudio Sougarret, respectivamente.

Según Codelco, en Chuquicamata el 7% de los contagios fueron dentro de las faenas, el 68% se dio en un ámbito no laboral y el resto está en revisión; mientras que en El Teniente el 5% de los contagios fue en las faenas, el 70% en un área no laboral y el resto está bajo análisis.

Los mineros de cobre de Chile han mantenido en gran medida la producción a pesar de los crecientes números de casos en el país sudamericano, aunque ha aumentado la presión para que las empresas fortalezcan las medidas de seguridad, incluso potencialmente a costa de la producción.

Los sindicatos de Codelco, que tiene una fuerza laboral de aproximadamente 60 000, incluidos los trabajadores por contrato, dijeron la semana pasada que casi 3 000 trabajadores habían sido infectados.

Algunos sindicatos y grupos sociales han pedido a Codelco y a otros mineros que detengan las operaciones alrededor del centro minero de Calama, una ciudad desértica rodeada de algunos de los depósitos de cobre más grandes de Chile.

El ministro de minería de Chile dijo a Reuters este mes que el gobierno dará prioridad a la salud de los trabajadores en su sector minero vital, incluso si afecta la producción.
Fuente: Reuters y Diario Financiero

Codelco registra 3215 casos de Covid-19 y nueve muertes

Chile

Se acoge desistimiento de reclamaciones en contra de proyecto Quebrada Blanca Fase 2

Las causas habían sido acogida a trámite en diciembre del año pasado y enero de este año.

15/07/2020
El Primer Tribunal Ambiental acogió el desistimiento de la reclamación judicial que habían presentado la Asociación indígena Aymara de Caleta Chanavaya y Héctor Mery Ramos en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por el proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2.

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Esto, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa minera Teck Quebrada Blanca, como tercero coadyuvante, aceptaran el desistimiento de los reclamantes, ante lo cual el tribunal procedió al archivo de los antecedentes.

Con esta actuación se pone término a la controversia jurídica relativa al proyecto minero, la cual data desde el año 2018, época en que se calificó favorablemente el proyecto por parte de la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá (RCA 74/18).

Reclamaciones
La primera reclamación presentada por Héctor Mery fue acogida a trámite el 26 de diciembre pasado y tenía como objetivo que el tribunal dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto Quebrada Blanca Fase 2, que fuera aprobada por el SEA.

Luego, el 02 de enero de este año se había acogido a trámite la reclamación de la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya en contra de la misma RCA reclamada anteriormente.

Desistimiento
El desistimiento es un acto voluntario al que pueden recurrir los reclamantes para renunciar a la acción interpuesta antes que el tribunal haya dictado una resolución definitiva.

Este trámite está contemplado en el artículo 47 de la Ley 20.600, en relación con los artículos 148 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde se estipula que en cualquier estado del juicio el demandante podrá desistirse de la reclamación.
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