Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.

Algunas generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina

El hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría “condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.

Si bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.

El hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan las transnacionales.

Lo cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento de otras actividades económicas.

La problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros componentes que contiene la salmuera.

El bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.

Con tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.

Ahora San Luís

En este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio, en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas concentraciones de litio en roca.

Sobre la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.

Como decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad, la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias localidades.

En relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources, informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086 Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de 2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca, también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.

Lo curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota, un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza Pringles para informarse sobre la situación).

El debate sobre la transición energética

El hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de estudios, no resultaría responsable dejar de lado.

En primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil. Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser más fácilmente almacenada.

El segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos altamente remunerados en la región.

Sin entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto “discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la transición energética”.

¿Qué hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico

En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.

En segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden (des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante, que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas, sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate político.

En concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del “reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello, para incluso así mejor resistir en el territorio.

*Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA

Integrantes: Bruno Fornillo, Melisa Argento, Martina Gamba, Martín Kazimierski, Florencia Puente, Gustavo Romeo, Elaine Santos, Ariel Slipak, Santiago Urrutia Reveco y Julián Zicari

Fuente:http://www.marcha.org.ar/litio-en-san-luis-peligrosa-logica-extractivista-en-nombre-de-la-transicion-energetica/?fbclid=IwAR280fJGTkTiMP7a6VzLVddZnnsdpDwOojyJvrm4tSFkBqxeeQ2i6A99-Lg

‘Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación’, indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos.

El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.

“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.

En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.

Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.

“Nuevos aumentos”

Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.

“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.

Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.

“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.

Fuente: El Patagónico (Comodoro Rivadavia)

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/regional/politica/2019/1/6/para-el-gobernador-de-chubut-la-mineria-no-representa-una-salvacion-75688.html

Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.

Un muy interesante análisis realizado por Julieta Lucero y Fabricio Cardelli para Revista Cítrica.

“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.

¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.

Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.

Trabajo en disputa

“A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora”, cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. “Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí”, se descarga. 

Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.

Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.

Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.

El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.

Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.

Despidos estratégicos

Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.

En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019. 

Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.

A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.

Territorio en disputa

Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.

¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.

Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.

Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.

“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42307-detras-de-los-despidos-en-agroindustria-el-extractivismo-minero