En abril de 2013 la compañía Asarco fue declarada en ciudad Juárez como Monumento a la Deshumanización y la Barbarie. Los vecinos de Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas) fueron impactados por más de un siglo por la contaminación ambiental de una antigua fundición perteneciente a la subsidiaria de Grupo México. La compañía llevó a cabo procesos de remediación ambiental del lado del río Bravo, porque en Estados Unidos lograron obligarla, mientras en suelo mexicano, aún hay altos niveles de contaminación. Esto pasó también en antiguas fundiciones de la empresa en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, donde la empresa se ha negado a remediar los sitios que ha impactado por décadas. Estas zonas contaminadas son ahora colonias y parques recreativos, sin importar las abundantes investigaciones que demuestren los altos niveles de metales pesados en la sangre de niños; la compañía sigue impune.

Es el caso de Ilo, comunidad ubicada al suroeste de Perú -donde también hay contaminación por la fundición de la compañía minera Southern Copper (también subsidiaria de Grupo México)-, los niveles de contaminación por dióxido de azufre (SO2) en el distrito de Pacocha, igualmente superaron los límites permitidos. La empresa tampoco se ha hecho responsable de los humos y la contaminación ocasionada por décadas.

Similar ocurre con la misma empresa en Estados Unidos, aunque ahí han prosperado las denuncias ambientales contra la empresa obligándola a invertir en la remediación ambiental de más de 10 antiguos centros mineros altamente contaminados desde principios del siglo XX (Texas, Arizona, Tacoma, Washington), sin que ello signifique que la contaminación desapareció.

En México están contaminados todos los sitios donde ha operado Grupo México y las subsidiarias de esta. La lista es abundante, así como también son constantes los derrames que genera, como el ocurrido en julio de este año en el Mar de Cortés, o el ya emblemático derrame del 2014, en el cual se vertieron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre (Sonora) al rio Sonora. Sin embargo, no importa el tamaño de los daños que ocasione, lo único visible es la impunidad y el contubernio que mantiene con diferentes estructuras del gobierno.

Grupo México y el Sr Larrea también son responsables del trágico evento sucedido en febrero del 2006, en la mina Pasta de Conchos (Coahuila), cuando por una explosión por acumulación de gas metano, que había sido previamente denunciado, 65 mineros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. Ni empresa ni gobierno actuaron a favor del rescate y hasta la fecha, los trabajadores continúan atrapados en el fondo de la mina.

De la misma forma Grupo México es líder en violación a los contratos colectivos de trabajo; en México tiene varias minas que desde hace varios años están en huelga, como la mina ubicada en Taxco en el estado Guerrero, la cual lleva 12 años sin que exista una solución en el horizonte para los trabajadores, quienes continúan a brazo partido esperando llegue la justicia.

La lista de improperios de Grupo México y sus subsidiarias, la coloca como una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. Su dueño, Germán Larrea Mota Velasco, se hizo multimillonario a partir del saqueo permitido por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari y, desde entonces, estableció una poderosa red basada en el contubernio con diferentes políticos, además de utilizar, a favor de sus proyectos, varias estructuras gubernamentales, que hace que cada violación que cometa, se mantenga en total impunidad o sea sancionada de manera tenue y vergonzosa. Su riqueza se acrecienta y su compañía constantemente está en expansión, a tal grado, que ya figura como una de las empresas mineras de cobre más poderosas y grandes del mundo.

La contaminación y el saqueo de los bienes naturales, igual lo realiza en el desierto exprimiendo y contaminando al máximo el agua de los mantos freáticos o también devastando regiones naturales enteras, incluyendo las mejor conservadas y ricas en biodiversidad, como sucede con el Área Natural Protegida Valle de los Cirios o en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en donde también desarrolla un proyecto minero, lo cual nos da una idea del poder político que tiene.

En ese contexto, en México, no nos es ajena la violencia que desde hace años ocasiona el Sr Larrea y Grupo México en su proyecto minero “Tía María”, localizado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra en la provincia de Islay, región Arequipa en Perú, porque es su modus operandi que, al igual como sucede en México, el gobierno peruano le ha solapado los impactos que han dejado las minas de Toquepala y Cuajone desde mediados del siglo XX, además de apoyarlo en sus proyectos de expansión, como sucede en Michiquillay en Cajamarca y los Chancas en Apurimac.

Hoy nos reunimos las resistencias de Latinoamérica para denunciar internacionalmente a este saqueador de la vida, de las leyes, de los derechos colectivos y de la naturaleza. Nos reunimos también para señalar a las y los políticos y estructuras de gobierno que en Perú y en México continúan protegiéndolo, encubriéndolo y solapándole cada uno de sus actos.

Nos solidarizarnos con quienes hemos sufrido los atropellos, abusos y excesos de la empresa Grupo México y sus diferentes subsidiarias, al mismo tiempo que elevamos la voz para que Germán Larrea vaya de inmediato a la cárcel, se le suspendan todos sus proyectos mineros, se congelen sus cuentas bancarias y embargarle su dinero para usarlo en mínimamente resarcir al menos una parte de todos los daños que ha ocasionado a la población y a la naturaleza en donde sus operaciones mineras se han desarrollado.

Desde México enviamos un abrazo combativo y respaldando al pueblo de Cocachacra y todo el Valle del Tambo. Porque defender la vida no es un delito, sino una obligación de todas y todos.

NO AL PROYECTO TÍA MARÍA

EL VERDADERO RESPRESOR Y VIOLENTO ES GERMÁN LARREA Y SU EMPRESA GRUPO MÉXICO, NO LA POBLACIÓN QUE DEFIENDE LA VIDA

BASTA DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN DE COCACHACRA Y TODO EL VALLE DEL TAMBO

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOR/AS POR LA MINERÍA -REMA-

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/german-larrea-y-grupo-mexico-simbolos-de-deshumanizacion-y-barbarie/?fbclid=IwAR300ShAlWsPeGEaXiYSUv1OlEpG4OHSlu0qpWbc8rh-4PPYrmk1J-mcDUs

Miembros del MASH llevaron muestras del agua contaminada como prueba

 Miembros del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense (MASH) buscan la intervención del Congreso local para frenar las afectaciones ecológicas y de la salud que provoca la minera Autlán en la región.

Con muestras de agua del río Claro como prueba, habitantes de diversas comunidades de los municipios de Molango, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla dieron a conocer que buscan poner un freno a los problemas que ha traído la empresa desde hace años y que a la fecha no han sido atendidos.

En ese sentido, Griselda Bautista Paredes, representante del MASH, explicó que existen dos principales afectaciones: la ambiental en la contaminación a los ríos y su biodiversidad y la de salud, ya que cuando la minera hornea emite humos que afectan a las personas.

Por ello, los pobladores acudieron al Congreso local para pedir su intervención en el caso, ya que gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que terminen las afectaciones, así como la pérdida de especies, como el camarón de río.

Además, explicaron que ya pidieron la intervención de instituciones como la UNAM, el IPN y la Universidad de Chapingo para que analice la problemática ambiental y a la población que provoca la minera; mientras que llamaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a acudir a la región para atender la problemática.

De acuerdo con su página web, Autlán cuenta con la unidad minera Molango, en Hidalgo, la cual se encuentra al norte de la entidad.

• Explicaron que el gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que termine la problemática, así como la pérdida de especies, como el camarón de río

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/buscan-intervencion-del-congreso-por-afectaciones-de-minera/?fbclid=IwAR1_WY9ukgRcc9EGExQcMcWMAgz9L8xNIfX3rsTTJiMKUPAf8tExsrfkhvM

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”…

Las autoridades federales como Conagua, Profepa y Semarnat descartaron contaminación en el Río Yaqui a la altura de Ónavas; en tanto, vecinos del lugar consideran que la existencia de materiales tóxicos podría derivar de las lluvias de las últimas semanas.

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”.Las personas consultadas exponen que las autoridades federales ya realizaron estudios de laboratorio y determinaron que no existen concentraciones de materiales tóxicos que pudieran afectar la salud; sin embargo, solicitaron que les sigan suministrando agua en pipas.Además, pidieron a la sociedad sonorense apoyo para el suministro de agua purificada.

El jueves, se informó que “en seguimiento y atención a la preocupación de ciudadanos y autoridades del municipio de Ónavas, por la aparición de peces muertos en las márgenes del río Yaqui, Jorge Luis Taddei Bringas, delegado de programas Integrales de Desarrollo en Sonora, del Gobierno de la República, coordinó una reunión con los responsables de las dependencias Semarnat, Conagua y Profepa para revisar las acciones y medidas de mitigación correspondientes”.

También se expresa que “en la reunión de trabajo, se informó que personal de Profepa y Conagua realizaron la visita de inspección al sitio, así como al lugar donde se encuentran las instalaciones de una empresa minera, descartando algún derrame debido a que dicha empresa tiene más de un año sin operar, y no se detectó ninguna fuente emisora de contaminación”.Por lo anterior, “los funcionarios federales acordaron mantener el operativo de distribución de agua en pipa a la población de Ónavas, hasta que se descarten afectaciones a las fuentes abastecimiento. Se instruyó a los encargados de Semarnat y Profepa a continuar vigilantes.

Fuente:https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=224035&relacion=dossierpolitico&categoria=292&fbclid=IwAR2p_zSrga2OcSt-ioHBUQhv8uzQcw_lXJJjIonerA_UgPdlKDRP_94Asf8#.XYA-vJaGaNs.facebook

No existe, no ha existido y no existirá una mina sustentable o ecológica. La naturaleza de la industria es la extracción de recursos naturales no renovables por medio de procesos invasivos y químicos. Los beneficios son mínimos y temporales para las comunidades que los albergan, pero sus efectos son para siempre.

Podemos entender que la minería sea un mal necesario para las comodidades de los tiempos presentes, incluso para las necesidades básicas de la vida moderna, sin embargo, esto no puede ser a cualquier costo y sobre lo que sea. El área de Samalayuca donde una mina canadiense pretende asentarse es una zona de relevancia histórica, arqueológica, natural y estratégica de recursos naturales para toda la comunidad juarense.

En el tema del agua se encuentra la problemática más seria de la región. Samalayuca está asentado sobre el sistema hídrico número 34, que es de donde se abastece una población de un millón y medio de personas. El agua subterránea que se encuentra en el área, explotada por décadas, se reduce en más de seis millones de metros cúbicos por año según la Comisión Nacional del Agua, e irremediablemente llegará el día que se acabará. Dicho acuífero abastece industria, agricultura, uso doméstico además de todo el desperdicio y mal uso, como fugas y albercas privadas.

Las señales son claras pero no las hemos querido atender. Los manantiales que hasta principios de los ochenta manaban naturalmente en esa región, se secaron completamente después de que se instalara una planta termoeléctrica, la cual 24 horas al día y 365 días al año se ha abastecido de ese acuífero por décadas. Diversos pozos que suministraban a la población de Samalayuca dejaron de funcionar y fue necesario en muchos casos buscar en mayores profundidades el vital líquido, según se deprenden de numerosas notas periodísticas de aquellos años. La salinidad del agua es otra muestra clara de la sobreexplotación, hoy casi nadie consume el agua de la red pública y llamada potable, por el alto contenido de minerales y que según estudios de la misma Junta Municipal del Agua, la Comisión Nacional del Agua y la UACJ incumplen la NOM-127-SSA1-1994, que establece los estándares mínimos que debe tener el agua para ser potable.

El Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2009 publicó la declaratoria de esa zona, por su flora, fauna y relevancia histórica como área natural protegida, en el mismo Diario Oficial el 2 de abril del 2013 se publicó el plan de manejo del área, el cual dejaba como encargado de su protección a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; mas como ya es costumbre fue mediante movimientos oscuros, tradición de ese nido de cuatreros que es el Poder Judicial de la Federación, donde lo más inverosímil se vuelve legal, que se le quitó el carácter protegido mediante supuesto amparo “promovido y pagado por ejidatarios” y que benefició a la minera canadiense, con lo cual se convirtió en una mina a cielo abierto. Casi nadie conoce en qué consistió o cómo se perdió un proceso donde se afecta tanta gente y beneficia a una mina canadiense. Quien conoce ese proceso por ser beneficiario directo, actual vocero de la minera canadiense y presunto presidente seccional del poblado es el Ingeniero Javier Meléndez, quien lleva años frotándose las manos con tan jugoso negocio.

Muy a pesar que el mismo presidente de la república anunciara que no se darían más concesiones a mineras, en el presente caso se mantiene un silencio convenenciero por la clase política a los que se les olvidó sus años de oposición y rápido aprendieron a hablar sin decir nada, tanteando en todo momento el beneficio político.

Esta lucha será una vez más de la sociedad organizada, los diversos colectivos y población en general que tenga conciencia social. Los últimos permisos aún deben pasar por distintas dependencias estatales y municipales quienes son la última barrera, pues el Gobierno federal y llamado “Cuarta Transformación” ya dio color de cuáles son sus inclinaciones.

Un área natural de gran belleza y con un potencial enorme para el desarrollo ecoturístico, el agua de la región y la calidad del aire, todo a cambio de unos cuantos empleos temporales y que no necesariamente serán para los pobladores de Samalayuca, una comunidad que se ha distinguido por la producción agrícola y no por la industria minera que es hoy en día un ramo altamente tecnificado por los riesgos que implica.

Humildemente les pido a cada uno y a cada una que adoptemos el tema, el cual está más allá de colores e ideologías y que desde nuestras trincheras promovamos, combatamos y concienticemos que no todo en la vida es dinero, demostremos que hay cosas que no se venden, porque hasta el momento existe la idea, no tan errada, de que al sur de la frontera todo está a la venta.

Fuente:https://diario.mx/opinion/ecocidio-en-samalayuca-20190913-1561958.html?fbclid=IwAR1n9YQfnEyPKzFwKYaeCRKsCFqdkLp8SXNpdrzfQV_nHfLO3V1_9j_aaPo