Internacional

Amnistía Internacional: baterías de coches eléctricos dañan el medio ambiente

Aministía Internacional ha denunciado este jueves 22 de marzo las prácticas poco éticas de ciertos fabricantes de coches eléctricos por producir baterías con métodos intensivos con combustible fósil.

La ONG de derechos humanos argumentó que después de años de prácticas industriales no reguladas para la extracción de los minerales utilizados en las baterías de iones de litio, han conducido a “impactos perjudiciales para los derechos humanos y el medio ambiente”.

“Encontrar soluciones eficaces a la crisis climática es un imperativo absoluto, y los coches eléctricos tienen un papel importante que desempeñar en este sentido”, ha manifestado en un comunicado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“Pero sin cambios radicales, las baterías que alimentan a los vehículos verdes seguirán estando contaminadas por abusos de los derechos humanos”, añadió.

Violaciones de los derechos humanos

La organización internacional explicó que había documentado graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de cobalto en la República Democrática del Congo, incluido el trabajo infantil y la exposición a graves riesgos para la salud.

También dijo que las comunidades indígenas cercanas a las minas de litio en Argentina no son consultadas adecuadamente sobre los proyectos mineros en sus tierras y no reciben suficiente información sobre los impactos potenciales que puede tener en sus fuentes de agua, ya que la minería de litio consume importantes cantidades del vital líquido.

Impactos ambientales

El aumento de la demanda de los minerales necesarios para producir las baterías ha provocado un aumento del interés por la minería en aguas profundas.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en mayo de 2018 la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos había otorgado 29 contratos para la exploración de yacimientos minerales de aguas profundas. La UICN estima que la minería comercial podría comenzar en 2020 en las aguas nacionales de Papúa Nueva Guinea y en 2025 en aguas internacionales.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Exeter concluyó el año pasado que la minería en aguas profundas podría conducir a la liberación de elementos tóxicos y a la rápida pérdida de especies marinas.

Además, la producción de las baterías se concentra actualmente en países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón, donde “la generación de electricidad sigue dependiendo del carbón y de otras fuentes de energía contaminantes”, señala Amnistía Internacional.

Sin embargo, la ONG elogia a algunas empresas como Apple, BMW, Daimler y Renault por publicar datos sobre sus cadenas de suministro. Está instando a otros a hacer lo mismo y ha pedido a la industria del vehículo eléctrico que presente una batería ética y limpia en un plazo de cinco años.

 

Fuente:https://es.euronews.com/2019/03/22/amnistia-internacional-baterias-de-coches-electricos-danan-el-medio-ambiente

Argentina

Linares: “nunca estuve a favor de la minería, siempre estuve abierto al debate”

El intendente de Comodoro volvió a ratificar su rechazo a la explotación minera en toda la provincia.

El intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a gobernador de Chubut por el Partido Justicialista, Carlos Linares, volvió a ratificar su rechazo a la minería en toda la provincia.

“Es el pedido de toda la gente: el no a la mina. Para mí es un tema terminado”, dijo y agregó: “nunca estuve a favor, siempre estuve abierto al debate”.

En diálogo con la prensa, sostuvo que “uno tiene que estar interiorizado a la hora de tomar decisiones. Hoy está más que claro el rechazo después de todo lo que pasó”.

“El Gobierno Provincial está auspiciando una campaña política con fondos mineros. Eso no habla bien de la actividad”, cuestionó.

De esta manera, Linares se vuelve a diferencias de la postura del ex intendente Néstor Di Pierro quien es un férreo defensor de explotar la actividad.

TURISMO 

Por otra parte anunció que “estamos gestionando que la Secretaría de Turismo sea Ministerio de Turismo, porque en la zona de la comarca la gente lo necesita porque vive del turismo y necesitan un gran apoyo por lo mal que la pasaron en esta temporada”.

“Se necesita un Estado presente, cuando el Estado está presente la situación es mucho más aliviada”, aseguró.

 

Fuente:https://www.adnsur.com.ar/politica/linares—nunca-estuve-a-favor-de-la-mineria–siempre-estuve-abierto-al-debate-_a5c94e3d6a6177961e2d15cc6

Perú

Comunidades de Espinar demandan consulta previa por proyecto de minera Glencore

Ante los intentos de la minera Glencore por ampliar sus operaciones en los proyectos Tintaya y Antapaccay, dos comunidades originarias de Espinar han presentado una demanda de amparo, exigiendo al Estado que se inicie un proceso de consulta previa.

Por más de 30 años han habido operaciones mineras en Espinar, pero no se realizó nunca un proceso de consulta. Las comunidades originarias Huini Coroccohuaycco y Pacopata buscan cambiar eso.

Este lunes, ambas comunidades presentaron una demanda constitucional de amparo en referencia a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) denominado Glencore Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, de la minera Glencore Antapaccay, que las afecta directamente.

Ellos solicitan que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) dé inicio a un proceso de consulta previa antes de la aprobación de la MEIA.

Además, se busca que sean consultadas “las comunidades que también podrán ser afectadas por los impactos acumulativos de las operaciones mineras en las fuentes de agua”, se lee en un comunicado publicado por las organizaciones IDL, Derechos humanos sin fronteras y CooperAcción, quienes están asesorando el caso.

El proyecto de Glencore

El objetivo de la MEIA, de acuerdo a las comunidades, sería ampliar las operaciones de Glencore tanto en Tintaya como en Antapaccay, y construir un nuevo tajo además de realizar operaciones en la zona Coroccohuayco.

Según el comunicado difundido por las tres organizaciones, la empresa Glencore habría tramitado ante SENACE la evaluación y aprobación de la MEIA desde 2018.

Fuente:https://wayka.pe/comunidades-de-espinar-demandan-consulta-previa-por-proyecto-de-minera-glencore/

Chile

Los escenarios que se abren para el proyecto Pascua Lama

Desde el Tribunal Ambiental explicaron a Cooperativa en detalle el dictamen de la Corte Suprema que obliga a revisar el caso

Abogado de las comunidades aseguró que la empresa quedó en un peor escenario.

Luego de que la Corte Suprema acogiera el recurso de queja que deja sin efecto el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta y ordena que las reclamaciones se vean en conjunto, Mauricio Oviedo, ministro del citado tribunal, señaló que “en términos prácticos es que la causa debe ser vista nuevamente“.

En conversación con Cooperativa, Oviedo explicó que serán nuevos ministros los que estudiarán el fallo: Cristian Delpiano y Fabricio Queirolomás un ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Oviedo explicó que la resolución 72 de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que ordena el cierre definitivo, se mantiene vigente y que cuando son situaciones de revocaciones o cierre se realiza la consulta al tribunal. En la primera instancia fueron vistos en forma separada con las reclamaciones y consultas que hicieron las partes, tanto de una empresa agrícola como de Barrick Gold, dueña del proyecto, las cuales la Corte Suprema ordenó que debían ser vistas en conjunto.

Respecto de que se pueda revertir el proceso de cierre de la faena de Pascua Lama, el magsitrado indicó que “puede llegar a mantener la sanción de clausura y las multaspuede elevar o reponderar las multas, porque estima que son insuficientes, por ejemplo, o puede estimar que la sanción ha sido desproporcionada y puede ordenar a reponderar hacia la baja”.

La medida “no se revierte, se revive”

Por su parte, el abogado de las comunidades y del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Álvaro Toro, explicó que el fallo de la Corte Suprema es “por un error administrativo procesal. Las acciones emprendidas por el Tribunal Ambiental de Antofagasta deben ser dejadas nulas y volverse atrás, al momento que se hace la consulta por parte de la SMA con relación a los cinco cargos por los que se sanciona a la empresa con clausura“.

Toro recalcó que, a pesar de que algunos medios de comunicación indicaron que la medida de cierre se revertían, el abogado enfatiza que “no se revierte, se revive, en la medida que la SMA, de los cinco cargos, determinó que la sanción debía ser clausura definitiva, total y no multa”.

Para el profesional, la situación de la empresa empeora. “Estamos preocupados por la demora y lentitud de los tribunales, pero esta situación favorece a la comunidad, en el sentido que una nueva integración del Tribunal Ambiental va a tener que analizar todas las sanciones,incluidas las cinco de clausura y tenemos la esperanza de que con toda la información que hemos recopilado vamos a defender de mejor manera y coadyuvar a la posición que tiene la SMA de que se ratifiquen estas sanciones”.

El abogado anunció que luego que se vea nuevamente el caso por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, seguirán el camino judicial para resarcir el daño que se ha producido en la zona donde está instalado el proyecto.

“Esto no dice relación con beneficios económicos para la comunidad o para algún particular, sino con que la empresa tiene que hacer toda la gestión para tratar de volver a la situación ambiental en la fauna y en la flora que han sido contaminados”, enfatizó a Cooperativa uno de los abogados de las comunidades.

 

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-atacama/los-escenarios-que-se-abren-para-el-proyecto-pascua-lama/2019-03-20/082806.html

Argentina

Alerta por Minería de oro en Epuyén.

La inclusión de un proyecto de explotación de oro aluvional en Epuyén aparece en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut del día 7 de diciembre de 2018.  Sin embargo, la información toma estado público en forma masiva hace unos días. Durante todo el verano 2019 decir Epuyén significó pensar en hantavirus. El brote mantuvo aislada a su población durante todo el período estival  lo que produjo un fuerte y negativo  impacto en la comunidad y alrededores y puso en evidencia la precariedad y/o desatención de los mecanismos de prevención de la  salud en Chubut.  Al parecer,  la presencia reiterada del tema en los medios masivos resultó en una importante contribución al ocultamiento de acciones que van a contramano del interés público, por ejemplo la minería de oro.

Los vecinos de Epuyén denuncian que se trata de la Mina Puma ubicada en la Sección JIII, Fracción B, Lotes 44 y 45 de la localidad y de acuerdo a lo que dicen los encargados de la mina “el proyecto sería una explotación de oro aluvional de manera artesanal en el marco de un proyecto turístico que el titular desea desarrollar en su predio. Su objetivo es generar una actividad turística sustentable, que enriquezca la oferta de la región con una propuesta innovadora”.

El Concejo Deliberante por su parte, informa que “todo el ejido municipal de Epuyén está incorporado, desde 2018, a la Reserva de Biósfera Andino Nor-Patagónica de la Unesco, sobre un territorio de unas 90 mil hectáreas, además de unas 33 mil incluidas en áreas naturales y de reservas protegidas”, y agregaron “estas medidas no afectan solo a Epuyén, sino también a El Hoyo, Lago Puelo, y toda la región de los lagos hacia el Pacífico, distante a unos 60 kilómetros hasta Puerto Mont”.

El 20 de marzo, el diputado provincial Albaini, y ex miembro de la bancada oficialista, informó además que “Arcioni va a cumplir el pedido de Macri de aprobar la zonificación minera para habilitar la megaminería en un 70% del territorio” y que  “Arcioni mandó a negociar con el CEO de Pan American Silver la apertura de la provincia a la megaminería”.

Como siempre, las pretendidas operaciones contra el pueblo ocurren entre gallos y medianoches.

El texto del  Boletín Oficial de la Provincia del Chubut, Disp. N° 133 15-11-18

Artículo 1°.- APRUÉBESE el Informe de Impacto Ambiental presentado por el señor Néstor Fabián ZUÑIGA, DNI N° 23.289.818 en carácter de Apoderado del señor Alejandro SCHOENAUER, DNI N° 25.000.789, quien será responsable legal y técnico del emprendimiento de explotación artesanal de oro aluvional de la Mina denominada: «Mina Puma» ubicada en la Sección JIII, Fracción B, Lotes 44 y 45 de la localidad de Epuyén, Departamento Cushamen, Provincia del Chubut.-

Artículo 2°.- Adóptese, como Declaración de Impacto Ambiental, en relación a las condiciones específicas de acción que se enumeran seguidamente, para el emprendimiento de explotación artesanal de oro aluvional de la Mina denominada: «Mina Puma» asignándole vigencia por el término de DOS (2) años:
a) La extracción se circunscribirá a las declaradas en Informe de Impacto Ambiental (IIA).

  1. b) Deberá tomar las precauciones necesarias para no alterar las márgenes del arroyo y la calidad físico-química y bacteriológica del curso de agua.
  2. c) En la explotación del material deberá respetarse el Plan de Manejo Ambiental (PMA) incluido en el IIA con las recomendaciones allí establecidas. El procedimiento de tratamiento del material sometido a explotación, será el descripto en el documento ambiental.
  3. d) No se podrán remover ni intervenir suelos naturales o implantados con vegetación, ni realizar desmontes de zonas no intervenidas con anterioridad.

Asimismo el señor Alejandro SCHOENAUER, será responsable de:
e) Prestar especial atención y realizar las recomendaciones de carácter ambiental realizadas en el Informe de Impacto Ambiental presentado.

  1. f) Presentar una vez cumplido el plazo de vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental, un Informe Final de Cierre y Remediación conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los hechos o acciones nuevos que se hubieren producido.

Artículo 3°.- Una vez excedida la vigencia de la
Declaración de Impacto Ambiental, en caso de mantenerse la posibilidad de extracción de material, deberá realizarse una nueva presentación del informe de Impacto Ambiental para su actualización; la misma deberá ser presentada CUARENTA y CINCO (45) días antes de su vencimiento.-

Artículo 4°.- El incumplimiento de los artículos establecidos precedentemente significará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición de Aprobación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.-

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42579-alerta-por-mineria-de-oro-en-epuyen

Colombia

Más de 180 toneladas de mercurio han sido vertidas a los ríos y cuerpos de agua del país

Estudio de MinAmbiente señala que Bolívar es uno de los departamentos más afectados por la minería ilegal.

Una de las actividades ilícitas más dañinas para el medio ambiente y en especial para los ríos y otros cuerpos de agua, es el uso del Mercurio. Según el más reciente estudio Nacional del Agua, revelado por el Ministerio de Ambiente, en los últimos tres años, los grupos armados ilegales y otras organizaciones criminales han vertido 183 toneladas de este elemento a los ríos y quebradas del país.

El reporte, entregado a propósito del Día Mundial del Agua, señala que esta actividad ilícita se adelanta actualmente en 154 municipios colombianos de 17 departamentos.

En la Costa Caribe sobresale Bolívar con un 7% de extracción ilegal de oro y otros metales.

El departamento líder en esta materia es Antioquia, con un 41%. Le siguen Chocó y Nariño con un 24 y un 15%, respectivamente.

El informe del gobierno señala que el Río Magdalena es el más damnificado por este tipo de actividades criminales.

Otros afluentes son el río Guaítira, el Mira, el Río Iscuandé, y el Telembí, en el sur del país.

Grupos armados organizados como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y en su momento las FARC, han incursionado en el negocio de la minería ilegal.

Según el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, “se sigue presentando presencia de actividades ilícitas de extracción de minería en regiones como el occidente de Antioquia en el sur del departamento de Bolívar o en la región sur del país en nariño y en el Pacífico colombiano, en Chocó”.

Otras amenazas

El informe también da cuenta de que fenómenos como El Niño, la deforestación la mala utilización del recurso, y el riesgo de desabastecimiento de agua están atentando contra la población colombiana.

“El tráfico ilegal de Maderas, el tráfico ilegal de especies, el acaparamiento de tierra, la provocación de incendios forestales para apropiarse de los terrenos, la ganadería de uso ilegal o el uso del mercurio, todas estas actividades ilegales son las que han hecho que nuestro territorio se vea afectado”, sostuvo el ministro Lozano.

Lozano hizo especial énfasis en las 200.000 hectáreas de árboles que se están talando cada año en el país, ya que esto atenta contra el biosistema colombiano.

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/mas-de-180-toneladas-de-mercurio-han-sido-vertidas-los-rios-y-cuerpos-de-agua-del-pais

Perú

Las Bambas: detenidos los líderes ¿Se acaba el conflicto?

El retorno de la teoría conspirativa de los conflictos
 
El día de hoy aparece en los medios como una noticia importante, la detención de dos abogados, los hermanos “Chávez Sotelo” junto a un dirigente social, Gregorio Rojas Paniura, de la comunidad de Fuerabamba- Apurímac.  No solo los medios de comunicación, sino representantes del gobierno, como la Ministra de Agricultura, han salido a decir que se trata de “extorsionadores”, de “líderes de una organización criminal o banda delincuencial” que pide grandes sumas de dinero al Estado a cambio de no tomar la carretera.
Hace ya varios meses que la comunidad de Nueva Fuerabamaba, está protestando por el paso constante de vehículos de la empresa minera Las Bambas por su carretera y exigen el pago de una indemnización (desde el punto de vista de muchos, no realista). El dirigente detenido es nada menos que el Presidente de la comunidad que ha liderado estos reclamos y los abogados eran asesores legales de la misma ¿Pero entonces porqué se los acusa de extorsión?
Tal vez hay que recordar que en nuestro país, la protesta social esta calificada legalmente como delito de “extorsión”[1], y por tanto si alguien hace exigencias que el Estado califique de ilegítimas, puede ser procesado por este grave ilícito que contempla penas de hasta 15 años (más que para un homicida).  En ese sentido, no solo parece ser que el gobierno evalúa que en este caso de Fuerabamba se configura una extorsión, sino que además han imputado a estas personas y a otros comuneros, de ser parte de una organización dedicada al crimen organizado. Por esa razón, desde ayer están produciéndose otras detenciones en el lugar y allanamientos a domicilios. Entonces surge la pregunta ¿una comunidad indígena y pobre, realmente afectada por un proyecto minero, puede ser calificada como una organización criminal conformada por extorsionadores, por más que sus demandas parezcan no apropiadas?
Cabe recordar rápidamente quién es esta comunidad y el proceso que ha sufrido.  Nueva Fuerabamaba, es un pueblo “inventado”. Fue construido entre el 2012 y 2014, a 2 km. del territorio que ocupaba la comunidad campesina de Fuerabamba, que estando en la zona donde se ubicaría el tajo abierto del proyecto Las Bambas, debió ser reubicada.
Nueva Fuerabamba, que alberga un promedio de 1,600 personas, es un pueblo de estructura urbana, con calles pavimentadas, electricidad, agua potable, hasta con clínica y un coso taurino, que muchos dirían es un lujo para los indígenas, pero que en concreto ha despojado a esta comunidad de su modo de vida tradicional. Muchos pobladores no han podido adaptarse a este entorno suburbano, extrañan cultivar, criar ganado, estar en contacto con la naturaleza, algo ya irrecuperable.
Posteriormente y cuando el proyecto minero comenzó a operar, se enfrentaron con el problema del uso de la carretera por parte de la empresa minera, que de manera inconsulta cambió los términos del EIA, y en lugar de construir su mineroducto, decidió usar las vías públicas para que transiten todos sus vehículos y sacar su material.  Esto se ha vuelto el peor infierno, no solo para esta comunidad, sino para muchas otras que resultan afectadas a lo largo del “corredor minero”. 
Fuerabamba en particular reclama que el Estado ha reclasificado su carretera, calificándola como una vía nacional sin consultar a la comunidad, interfiriendo en lo que ellos consideran como su propiedad.  Sí, es verdad que surgido el conflicto, y bajo el asesoramiento de los dos abogados hoy detenidos se han planteado sumas improbables para una posible negociación, pero sin duda el reclamo como tal, tiene sentido, es legítimo y en el fondo está desentrañando un conjunto de afectaciones acumuladas durante todo este tiempo.
Desde que el proyecto Las Bambas se asentó -ello sin la resistencia de las poblaciones- a las comunidades les ha tocado soportar los efectos negativos de esta gran operación.  Absolutamente lejos del desarrollo y el progreso que les ofrecieron, lo que tienen en concreto hasta hoy es desplazamientos, contaminación, represión, imposición de un estado de emergencia que se mantiene ya permanente desde hace un año,  varios comuneros muertos, y ahora decenas de campesinos soportan juicios por ejercer su legítima protesta. 
Aun con ello, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, ha pedido más mano dura contra ellos en estos últimos días, y al parecer el gobierno ha sucumbido rápidamente a esta orden.  Estas detenciones, allanamientos y anuncios de operativos en la zona, no son más que una expresión de la evidente criminalización contra una legítima protesta, metodología represiva y violenta por la que está optando este gobierno para acallar las voces de comunidades afectadas y para beneficiar los intereses empresariales, invisibilizando burdamente las escandalosamente vulneraciones de derechos que cometen estas grandes transnacionales.
Quisiéramos que este Estado, tan firme para reprimir a la población, también lo esté para exigirle a las empresas mineras que cumplan con sus obligaciones, que saneen los impactos ambientales y sociales que generan, y que cumplan con los compromisos asumidos con estas poblaciones.
Hoy la noticia es que se han detenido “extorsionadores”, y deslindando de la manera de ejercer la profesión de algunos abogados que inescrupulosamente aprovechan para sacar ventajas, es inadmisible que el Estado pretenda nuevamente hacer creer al país, que los conflictos son obra de manipuladores, azuzadores, violentistas o extorsionadores; que estos conflictos son provocados por la conspiración de personajes opuestos a la minería, y que capturándolos y reprimiendo al pueblo los problemas terminarán. 
Hay un problema serio y real de cómo las empresas están violando los derechos de las poblaciones, de cómo este modelo está exterminando formas de vida controlando los recursos y territorios; pero eso es un asunto que el Estado no lo va aceptar porque lo cierto es que en este modelo, el dinero y lo económico está muy por encima de cualquier derecho que le corresponda a un pobre.
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[1] Código Penal, Art. 200.- Extorsión.- El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
Fuente:http://reinadelaselva.pe/noticias/5787/las-bambas-detenidos-los-lderes-se-acaba-el-conflicto
Perú

Censo INEI: El 33% de comunidades nativas y campesinas señala tener conflictos por la tierra

El último Censo Nacional de comunidades, que incluye a nativas y campesinas, revela las disputas por la tierra: 30% de comunidades de la Amazonía  y 37% de la costa y los andes manifestaron tener conflictos en sus territorios.

Los resultados de 2.703 comunidades indígenas de la selva y 6.682 comunidades campesinas forman parte del tercer Censo de Comunidades Nativas y el primero de Comunidades Campesinas, realizados en el marco del empadronamiento nacional del 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el caso de las comunidades amazónicas, los mayores conflictos se producen con otras comunidades (44,8%), personas particulares (27,4%), comuneros de la misma comunidad (23,5%), empresas madereras (14%), empresas petroleras (7,3%), empresas mineras (5%) y mineros informales (1,6%).

De la misma forma, las disputas territoriales de las comunidades campesinas se presentan en un 56% de los casos con otras comunidades, un 29,6% con otros miembros de la comunidad, 26,8% con personas particulares ajenas a la comunidad, 11,6% con empresas mineras, 4,2% con mineros informales y un 0,9% con madereras.

Voceros del INEI explicaron a Ojo-publico.com que los participantes tuvieron la opción de brindar una respuesta múltiple, es decir que una comunidad puede tener más de una disputa. Las preguntas se realizaron a los apus, presidentes o jefes de comunidad.

El tercer censo de comunidades amazónicas registra 917 comunidades más que la encuesta realizada el 2007, en la que figuraron 1.786. Los resultados del I Censo de Comunidades Campesinas revelan que Puno y Cusco concentran la mayor cantidad de estas, con 1.352 y 969, respectivamente.

 

Sin reconocimiento

Del total de 9.385 comunidades censadas, 9% no están reconocidas por ninguna entidad del estado: 10% en el caso de las comunidades amazónicas y un 8% de las campesinas declaran no estar reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Cofopri, gobiernos regionales y el Proyecto especial de titulación de tierras (PETT). El reconocimiento es el paso previo a la inscripción en registros públicos y la posterior titulación de sus tierras.

Esta situación coloca a las comunidades en un escenario de vulnerabilidad frente a problemas limítrofes o de superposición de derechos.

RECONOCIMIENTO. Cerca del 10% de comunidades nativas que no se encuentran reconocidas por entidad alguna.

Los casos más relevantes corresponden a los pueblos indígenas Kandozi (Loreto) y Awajún (Amazonas). En el primer caso, el 38,9% de sus comunidades (21) no están reconocidas. Con los segundos, de las 419 comunidades censadas, 55 no lo están.

Los resultados indican también que el 23% de todas las comunidades amazónicas que sí están reconocidas no tienen título de propiedad, documento que registra el derecho sobre sus tierras.

En comunicación con Ojo-Publico.com, Pedro Tipula, especialista del Instituto del Bien Común, señaló que los títulos a comunidades fueron entregados sin hacer un adecuado trabajo de campo, lo que genera disputas ocasionadas por las mismas autoridades. “Es importante precisar que aquellas que están reconocidas y tituladas, en su gran mayoría no están georreferenciados y ni registradas en un catastro. Si hay superposición de derechos, hay conflictos”, indica.

 

Acceso a servicios básicos

La metodología empleada en los censos del 2017 permitió obtener respuestas múltiples a la consulta por los conflictos que mantienen por el acceso al agua. A través de un análisis de la información brindada por el INEI, Ojo-Publico.com pudo conocer que las comunidades Quechuas de las regiones de Cusco y Apurímac son las que presentan mayor cantidad de conflictos asociados a este recurso.

 

RECURSO. El censo de comunidades nativas y campesinas no recoge información sobre el acceso al agua. Muchas de ellas captan el recurso de los ríos para su subsistencia.

A diferencia de las encuestas realizadas en 1993 y el 2007, esta vez las comunidades nativas y campesinas no fueron entrevistadas por el acceso a servicios básicos como agua y luz. El último censo solo incluye preguntas relacionadas a los servicios en colegios y centros de salud.

Consultados sobre el tema, voceros del INEI señalaron que estos datos fueron recogidos en la cédula del Censo de Población y Vivienda a nivel regional y distrital, sin embargo, al revisar la encuesta Ojo-Publico.com determinó que esa información no tiene el detalle a nivel de comunidades.

Fuente:https://ojo-publico.com/1112/censo-inei-el-33-de-comunidades-nativas-y-campesinas-senala-tener-conflictos-por-la-tierra?fbclid=IwAR3W3wpTTeTc9Wbi6BwtMxX_VXjIOlIVICd9s3BeGd4Efm3osafOPLKl8yM

Mexico

Sedema pide declarar a Veracruz libre de minería tóxica

La secretaria de Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez, pidió a los diputados del Congreso local promover un decreto para declarar a Veracruz como estado libre de minería tóxica.

Dijo que la postura del Gobierno del estado es de no permitir las actividades mineras, pero que al ser un tema del orden federal el Congreso puede hacer un pronunciamiento al respecto.

“Ojalá que el Congreso pueda hacer su labor porque eso sería importantísimo para que se replique a nivel federal”.

Dijo que en la última sesión del Consejo Forestal sus integrantes aprobaron asumir la postura de no a la minería tóxica en el estado de Veracruz.

“Está en manos del Gobierno federal, lo que hemos estado asumieron como autoridad estatal es que no estamos de acuerdo con la minería tóxica en el estado de Veracruz”.

Dijo que ya han sostenido pláticas con la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Margarita Corro, a fin de trabajar en el tema de un programa de reordenamiento ecológico en el estado.

“Estaremos trabajando para que exista un verdadero plan de ordenamiento territorial y ecológico que permita que sigamos conservando nuestras áreas naturales y el medio ambiente no siga siendo dañado”.

 

Fuente:https://www.eldictamen.mx/2019/03/estatal/sedema-pide-declarar-a-veracruz-libre-de-mineria-toxica/

Mexico

En juicio de amparo contra minera canadiense piden revisión de Ley Minera

Sentencia será relevante para Tecoltemi, ejidos y pueblos originarios: FUNDAR

La comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, celebró el 5 de marzo la audiencia final al juicio de amparo de la violación de sus derechos contra la minera canadiense Almaden Minerals.

En la demanda de amparo que se interpuso en abril de 2015 reclama al Estado Mexicano entregar dos concesiones, Cerro Grande y Cerro Grande 2, sobre su territorio sin consulta previa y sin su consentimiento, con violaciones al derecho de la tierra y al territorio.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla deberá estudiar a fondo el asunto y analizar las violaciones perpetradas por la Secretaría de Economía, pero también las cometidas por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República al emitir desde 1992 una Ley Minera contraria a derechos de los pueblos indígenas y de núcleos agrarios, mencionó el Consejo Tiayt Tlali y Fundar.

Tecoltemi pide la cancelación de los títulos de concesión, ya que la Ley Minera da preferencia a mineras extranjeras entregándoles a las empresas las tierras y territorios que pertenecen a pueblos indígenas, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.

La minera Almaden Minerals intentó durante 3 años que el juicio terminara sin sentencia y evitar una condena del Estado Mexicano y la revisión de la Ley Minera, pero no lo logró, según las organizaciones.

De acuerdo con Fundar, dictar sentencia y resolver el amparo “será relevante para Tecoltemi, para los pueblos originarios y los ejidos del país que están defendiendo la vida de las comunidades ante la imposición de megaproyectos que devastan el medio ambiente, el agua y la salud de las personas”.

Las organizaciones iniciaron una campaña de colecta de firmas en change.org con el objetivo de hacer una petición que atienda la demanda de justicia de Tecoltemi y cancelar las concesiones mineras en su territorio.

 

Fuente:https://lacoperacha.org.mx/juicio-amparo-contra-minera-piden-revision-ley-minera/?fbclid=IwAR3HePJ1-7J0yorauDMIAmv37Xu8OUHnRBNEBzEHsT7gwjiTN_R3qDM4iUQ