Perú

Fuerzas del orden lanzan operativo en La Pampa

Madre de Dios: fuerzas del orden lanzan operativo en La Pampa, zona tomada por mineros ilegales
Unos 1.500 agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas inician una operación sin precedentes, llamada Mercurio 2019, que consta de dos etapas que tomarán más de seis meses.
PUBLICADO: 2019-02-19
Unos 1.500 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaron hace este martes la operación Mercurio 2019, dirigida contra la minería ilegal en la zona conocida como La Pampa, que está tomada por mineros ilegales, en la región Madre de Dios.

El jefe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la Policía, general Luis Vera, explicó que esta acción consta de dos etapas y se desarrolla en el marco de una operación sin precedentes contra la minería ilegal en esta zona del país.

La primera etapa durará 14 días y se ejecuta en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, precisó el alto mando. Agregó que comprenderá una serie de acciones en contra de la minería ilegal y delitos conexos, como el tráfico de drogas, la trata de personas, la explotación sexual, la explotación laboral infantil, la evasión de impuestos, entre otros.

En esta primera etapa, los miembros de la fuerza del orden realizarán labores de apoyo como protección de locales públicos. Las personas rescatadas, víctimas de explotación laboral y sexual serán puestas a disposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para garantizarles atención especializada.

La segunda etapa, explicó el general Vera, será la de consolidación y tendrá una duración de 6 meses, lo que permitiría que la Policía Nacional se instale de manera permanente en La Pampa y controle las actividades de la zona, incluido el tránsito en la carretera.

https://redaccion.lamula.pe/2019/02/19/madre-de-dios-fuerzas-del-orden-lanzan-operativo-en-la-pampa-zona-tomada-por-mineros-ilegales/redaccionmulera/

Chile

SMA formuló cargos contra SCM Lumina Copper Chile

Se determinaron 18 hechos de infracción contra la empresa, 11 de ellos clasificados como graves. La minera podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva, o de una multa de más de $35.938 millones.

Publicado el 19 de febrero del 2019
MINERÍA CHILENA
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de SCM Lumina Copper Chile S.A., por infracciones a las disposiciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), tanto del proyecto minero Caserones, como de la línea de transmisión eléctrica necesaria para el desarrollo del mismo.

Según comunicó la SMA, este procedimiento sancionatorio incorpora una serie de denunciantes que informaron a la Superintendencia respecto de incumplimientos en que habría incurrido el titular, sobre distintas materias. Entre ellas, destacó la sobre-extracción de aguas en pozos autorizados para la remediación de infiltraciones de aguas de contacto desde depósitos de relaves, la construcción y operación de pozos no autorizados para el mismo fin, la no entrega de aguas desaladas en el caudal comprometido en Caldera y en el canal Mal Paso, entre otras.

“Adicionalmente, la formulación de cargos considera infracciones asociadas a la falta de respuesta a requerimientos de información y cumplimiento parcial de medidas dictadas por esta SMA, con ocasión del primer procedimiento sancionatorio a que fue sometido la empresa (http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/61), y respecto del derrame de lamas ocurrido con fecha 20 de marzo de 2018″, indicó la autoridad.

A estos cargos se agrega la construcción de zanjas cortafugas de los depósitos de relaves, “sin cumplir con las condiciones establecidas en la evaluación ambiental del proyecto, lo que implicó una infiltración permanente desde esa obra, lo que causó un daño ambiental al acuífero del sector”, añadió.

18 hechos, 11 graves
El procedimiento sancionatorio determinó 18 hechos de infracción contra la empresa, de los cuales 11 fueron clasificados como graves y 7 como leves, por lo que la minera podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva (en el caso de las infracciones graves) o de una multa de hasta 62.000 unidades tributarias mensuales (UTA), equivalente a más de $35.938 millones.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, SCM Lumina Copper Chile S.A. tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivos.

Para acceder a los detalles de la formulación de cargos en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA): http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/1851.

SMA formuló cargos contra SCM Lumina Copper Chile

Perú

Madre de Dios: inician megaoperativo contra minería ilegal

19/02/2019
Cooperaccion
Imagen: El Comercio
El Gobierno central estableció el estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, de la región Madre de Dios, por un plazo de 60 días. La medida fue dispuesta el lunes por la Presidencia del Consejo de Ministros por medio del decreto supremo Nº 028-2019-pcm, con la firma del presidente Martín Vizcarra.

Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, también se establece la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales como relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

La norma salió en la víspera de la intervención de las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército del Perú) a la zona denominada La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, para erradicar la minería ilegal. Desde hace algunos años, la zona denominada “La Pampa” -en Madre de Dios- es conocida por ser el lugar más afectado por la minería ilegal del país. Deforestación, contaminación del suelo y agua, trata de personas, explotación laboral, entre otros delitos, han sido el pan de cada día en este lugar que además se ubica en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Se informó que la minería ilegal en Madre de Dios ha generado una deforestación de 11,000 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

El mega operativo “Mercurio 2019”
A primera hora del día martes 19 de febrero las patrullas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas iniciaron la operación Mercurio 2019, dirigida contra la minería ilegal en la zona. El general PNP Luis Vera, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la Policía, explicó que esta operación, que consta de dos etapas, se desarrolla en el marco de una operación sin precedentes contra la minería ilegal en esta zona del país.

El operativo, se realizará en etapas. Primero se desalojará a los comerciantes y mineros de los kilómetros 106 al 108 de la carretera Interoceánica, en 15 días. Será ejecutado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y comprenderá acciones contra la minería ilegal y delitos conexos, como el tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual, explotación laboral infantil, evasión de impuestos, entre otros. Asimismo los miembros de las Fuerzas Armadas realizarán labores de apoyo como protección de locales públicos. Las personas rescatadas, víctimas de explotación laboral y sexual serán puestas a disposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para garantizarles atención especializada.

La segunda etapa, llamada de consolidación, tendrá una duración de 6 meses y permitiría que la Policía Nacional se instale de manera permanente en la zona de La Pampa controlando las actividades de la zona, incluido el tránsito en la carretera. Se instalará una base militar en la zona para evitar el reingreso de los mineros.

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la consolidación y sostenibilidad del plan, que durará dos años. En esta fase también se incluye el proceso de formalización minera. El plan también contempla el fomento de actividades productivas más sostenibles como el turismo, acuicultura, reforestación, entre otros.

En la operación participan 1,272 agentes de la Policía Nacional de 16 unidades especializadas de diversas partes del país; además de peritos de Criminalística y de la Unidad de Explosivos, 300 miembros de las Fuerzas Armadas, y 70 representantes de Ministerio Público. Durante la operación de control se realizarán intervenciones por aire, tierra y fluviales, través del río Malinowski.

Este operativo forma parte del “Plan integral frente a la minería ilegal en Madre de Dios”, una iniciativa multisectorial que busca terminar las actividades delictivas en la zona, rescatar a personas víctimas de trata o explotación laboral, instalar una base militar temporal para evitar el reingreso de mineros y, finalmente, iniciar una etapa de formalización de la minera artesanal. En este plan participarán los ministerios de Defensa, Interior, del Ambiente, Energía y Minas, Transportes, Justicia, Salud, además de la Fiscalía, Sunat, entre otros.

Formalización de la minería
Por su parte el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, sostuvo que el Gobierno tiene como meta formalizar a 10,000 mineros artesanales a nivel nacional este año. Agregó que, en el 2018, sobrepasaron los 6,000 mineros formalizados, superando a los 5,000 del 2017.


Imagen: El Comercio

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se refirió a Madre de Dios como una región del país en donde existe muchos pequeños mineros que formalizar y minería ilegal que erradicar. Señaló que, por ello, a fines del año pasado se inauguró el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica privado Minería y Medio Ambiente (CITE Minero), que busca brindar apoyo y nuevas tecnologías a los mineros pequeños y artesanales, en vías de formalización. En ese sentido, Francisco Ísmodes, manifestó que en La Pampa no está permitida la actividad minera y el objetivo es recuperar la zona para desarrollar otras actividades legales que generen empleo y prioricen la protección del ambiente de nuestra Amazonía.

Por otro lado, sostuvo que esta acción no significa que no existan otras zonas en Madre de Dios en las que sí se pueda desarrollar minería. “Existe una zona conocida como el corredor minero y ahí, estamos trabajando como ministerio para fortalecer y acelerar el proceso de formalización de los minero pequeños y artesanales. Este año esperamos tener no menos de 1,500 trabajadores formalizados, pues ahora ya contamos con el apoyo del Gobierno Regional”, indicó.

Chile

Relave El Mauro sepultó un valle de petroglifos

Cómo minera Los Pelambres destruyó gran parte del patrimonio diaguita
Michael Lieberherr & Lila Osorio
15/02/2019
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Tranque de relave El Mauro. Imagen extraída de Minería Chilena.

Con el fin de obtener los permisos para construir el relave minero más grande de Sudamérica, la empresa del Grupo Luksic manipuló estudios arqueológicos. Expertos afirman que se trata de la mayor pérdida de patrimonio precolombino en Chile, a pesar de que la compañía construyó un pequeño museo en que se alojan algunos objetos rescatados.

El valle de El Mauro, en la región de Coquimbo, se extiende de mar a cordillera a la altura de Los Vilos, y corresponde a una zona de asentamiento diaguita, uno de los pueblos precolombinos de Chile, quienes tienen presencia en el lugar desde el año 900 d.c. El valle se caracteriza por ser el lugar donde este pueblo andino plasmó uno de sus mayores legados: una serie de más de 2.700 petroglifos dispuestos en casi 500 lugares diferentes, que resultan clave para la comprensión arqueológica e histórica de su pasado precolombino.

A 25 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera de los Andes, se ubica El Mauro, una localidad homónima al valle, que hoy sirve de base para la operación del relave del mismo nombre. En este lugar se depositan los deshechos tóxicos de Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, que es también donde se concentra buena parte de todo el patrimonio de petroglifos diaguitas.

La historia parte en 2003, cuando Los Pelambres intentaba que fuera autorizada la construcción del tranque El Mauro, para lo que se comprometió -entre otras cosas- por medio de una resolución de calificación ambiental de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de La Serena, a construir un parque rupestre, donde se albergarían todas las piezas arqueológicas encontradas en la zona en la que se construiría el tranque. Este lugar, además, debía estar acondicionado para el estudio antropológico y arqueológico de las piezas.

“Los elementos arqueológicos rescatados desde los sitios intervenidos por el proyecto […] serán exhibidos en el parque rupestre que el titular ha propuesto construir en el fundo Monte Aranda. Dicho parque estará acondicionado con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates, permitiendo su estudio en gabinete y poder planificar la exhibición de los materiales en condiciones apropiadas”, se afirma en el documento de compromiso.

Lo que no podía ser trasladado era un conjunto de más de 200 petroglifos diaguitas que se encuentran solo en los alrededores de la localidad El Mauro, los que están protegidos desde 1970 bajo la categoría de monumentos nacionales.

Se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Sin embargo, el gran problema es que este parque fue creado con una tardanza de 14 años e incumpliendo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Además, hay un segundo museo -que también incumple la RCA- que se está construyendo en La Serena, a 300 kilómetros de distancia, lo que significó terminar sacando de El Mauro las piezas arqueológicas diaguitas encontradas, las que, a su vez, en todo ese tiempo, sufrieron irreparables daños, al punto en que hoy no se sabe a ciencia cierta ni siquiera cuántas son.

Lo que sí se construyó en 2004 fue el tranque El Mauro, el más grande de Sudamérica, con un muro de 1,4 kilómetros, una superficie de 1.800 hectáreas y una capacidad de 1.700 millones de toneladas, la que se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Arqueólogos en la planilla de pago de Pelambres

Apenas se enteró que el arqueólogo Gastón Castillo, en ese entonces funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) de La Serena había sido contratado por Los Pelambres para levantar la información patrimonial de la zona y después emitiera un informe favorable a la edificación del tranque, el arqueoastrónomo Patricio Bustamante decidió intervenir. Llegó hasta la zona de relave y constató que hay una serie de petroglifos que no están en el informe.

“En 10 minutos vimos 10 petroglifos. Si no estaban contabilizados, quiere decir que el mapa del informe estaba mal. Hicimos junto a otro arqueólogo la denuncia al Consejo de Monumentos, el cual exigió hacer un nuevo estudio”, cuenta Bustamante.

El problema escaló a Contraloría, pues desde 1997 Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses. Así lo corroboró el órgano contralor en agosto del 2010, tras recibir una carta de Bustamante, que denunciaba que el trabajo de la minera incumplía la RCA, lo que le valió a Castillo un sumario, que culminó con su renuncia voluntaria a la Dibam y una anotación de demérito en su hoja de funcionario público. Estas anotaciones son aquellas que dejan constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario reprochable.

Desde 1997 Gastón Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses.

El informe de Contraloría no solo mencionó el caso de Castillo, sino que también el de Cristián Becker, quien también trabajó en paralelo en la Dibam y para Pelambres, a quien se sancionó con la disminución de su sueldo y también una anotación de demérito.

El caso llegó hasta la misma directora de la Dibam y vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales de entonces, Nivia Palma, quien la Contraloría en otro informe de 2012 sancionó con puntos de demérito por no ejercer ninguna acción teniendo la información del caso. “A doña Nivia Palma Manríquez, Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y Vice Presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, RUN N° 7.441.543.-1, la medida disciplinaria de censura y una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente, establecida en los artículos 121, letra a), y 122 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo” señala el informe de contraloría.

Por su parte Palma, que fue directora de la Dibam entre 2006 y 2010, se defiende. “Esta situación habría ocurrido en el proceso anterior al que yo era directora de la Dibam, y al final tuvo algunas sanciones por parte de la Contraloría. La persona [Castillo] se fue de la Dibam”, dice. Años después, en 2016, fue designada como ministra de Bienes Nacionales

100 arqueólogos y una nebulosa

Como el informe de Castillo no era útil y se requirió un segundo, Los Pelambres contrató a más de 100 arqueólogos y cerca de 150 estudiantes de arqueología para realizar un nuevo estudio. El proyecto se desarrolló entre los años 2005 y 2006, y es denominado en la página web del Parque Rupestre Monte Aranda como el “mayor rescate de piezas arqueológicas de la historia de Chile”, con más de 100 sitios arqueológicos distintos y unos 500 petroglifos

Pese al hallazgo, no hubo un nuevo estudio de impacto debido a que el proyecto ya estaba aprobado en la RCA-038 y para realizar uno nuevo debían presentar de nuevo el proyecto. Así, la construcción del relave continuó su marcha sin inconvenientes.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos», dice el arqueoastrónomo Patricio Bustamante.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos. Aquí llegaron seres humanos que nos dejaron algo escrito, y antes de leerlo lo estamos destruyendo. ¿Qué van a hacer los arqueólogos del futuro? Se van a sentar a leer los libros que estaban mal hechos”, dice Bustamante.

Además, el estudio de los arqueólogos sufrió bastantes complicaciones en su desarrollo, la mayoría surgidas porque las instalaciones comprometidas en Monte Aranda no estaban construidas cuando comenzaron con la remoción de piezas arqueológicas, lo cual contravino los compromisos contraídos. Ante ello, Patricio Bustamante escribió cartas a la contraloría.

De tal modo, la falta de un espacio adecuado de acopio y preservación llevó a que las piezas arqueológicas se guardarán en lugares que no cumplían con las condiciones mínimas, lo que significó un daño para diversas piezas arqueológicas y eventualmente la pérdida de algunas de éstas.

No se sabe a ciencia cierta si hay pérdidas de piezas, pues pese a que el trabajo exigido a los arqueólogos en terreno fue llenar a mano fichas con información de cada pieza y luego respaldar dichas fichas en computadores, cuando el proyecto terminó, parte de estas fichas se perdieron, al igual que la información digitalizada.

“Se empezaron a perder las fichas y nos enteramos que a los arqueólogos se les olvidó respaldar la información de los computadores. La información que quedó, cuando llegó gente de la minera, fue borrada en gran parte de los computadores. Se perdieron 2/3 de los datos”, afirma Bustamante.

Este hecho generó una total nebulosa respecto de las piezas arqueológicas catastradas. En el año 2005 se presenta la “Caracterización, Plan de Mitigación y Compensación Arqueológica de la Plataforma y Botadero Relaveducto y Recirculación de Aguas”, documento que señala que existe un registro de 22 sitios arqueológicos que incluyen 448 bloques, 765 paneles y 2.788 petroglifos. En el primer informe entregado por el Consejo de Monumentos Nacionales el año 2003 (dentro de la auditoria e inspección de la contraloría del año 2006, disponible en la carpeta de pdfs públicos), se habla de 64 sitios arqueológicos sin mencionar cuántos petroglifos hay. Además, en ese mismo informe se adjunta una tabla que demuestra las múltiples diferencias en los registros.

El informe de la Contraloría del año 2012 reconoce que “no existe un detalle en el Consejo de Monumentos Nacionales sobre el total de material arqueológico extraído desde el fundo El Mauro, así como tampoco las unidades llevadas a las dependencias de la Universidad de Chile (traslado que se realizó dado que las instalaciones de Monte Aranda no estuvieron listas a tiempo)”.

Por su parte, el sitio web del Parque Rupestre Monte Aranda habla de 250 piezas en una parte y luego de 241 en otra, contribuyendo a la incertidumbre respecto del total de piezas en cuestión.

A este caos favoreció también un manejo totalmente inadecuado de las piezas, las que fueron indistintamente guardadas en cajas, casas particulares y lugares de acopio temporales. Esto constituyó múltiples infracciones, confirmadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, la que sancionó a Pelambres en 2014 con más de 1.200 millones de pesos (2.595 UTM), ya que “incumple gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental”.

Nuevo museo, nuevas infracciones

En septiembre del 2018, Minera Los Pelambres comenzó la construcción de un museo de conservación en La Serena donde, se guardarían más de 1.400 cajas con material arqueológico rescatado.

«Con esto se amplía la red de espacios de conservación e investigación arqueológica existentes en Chile, a la vez que ponemos en valor el patrimonio arqueológico de la Provincia de Choapa», dijo a El Mercurio, Jorge Araneda, gerente de Asuntos Públicos de Los Pelambres.

Este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema.

El problema estriba en que este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema y por el cual se autorizó la edificación del tranque El Mauro.

La confirmación de que existen más de mil cajas con petroglifos que no están en Monte Aranda y que se trasladarán a La Serena, pone nuevamente en evidencia las contradicciones de la minera. ¿Dónde están guardadas las piezas arqueológicas que pretenden trasladar?

Unos 300 kilómetros más lejos, en El Mauro, Cristián Flores, vocero de la comunidad maurina, manifiesta su dolor por la pérdida, saqueo y desalojo sufrido por los habitantes del sector. “Lo que hizo Minera Los Pelambres con nosotros en El Mauro fue un atropello tremendo. Desarraigarnos, quitarnos toda nuestra cultura, nuestra historia. La gente que hizo esos petroglifos, que dejó esas cartas abiertas en las piedras fueron nuestros antepasados”, dice.

Durante varias semanas INTERFERENCIA trató de contactarse con la compañía minera para obtener su visión de estos hechos. Nunca obtuvimos respuesta.

https://interferencia.cl/articulos/como-minera-los-pelambres-destruyo-gran-parte-del-patrimonio-diaguita

Chile

Este es el decreto que el gobierno retiró para reducir Parque Patagonia y entregar terrenos a mineras

Isabel Reyes B.
Pedro P. Ramírez Hernández
20/02/2019

INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.

Tras la investigación de INTERFERENCIA que reveló la reducción del Parque Nacional Patagonia en casi 5 mil hectáreas y cuya modificación significó la instalación de exploraciones mineras por parte de la empresa australiana Equus Mining, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, salió en su defensa y desmintió la información entregada por este medio, calificando la publicación como una fake news.

A través de su cuenta personal en Twitter y un comunicado de prensa, el secretario de Estado, explicó que la superficie final del Parque Nacional Patagonia, aprobada durante la actual administración, sería mayor a la definida por el gobierno anterior.

En su justificación, Ward aludió a que la extensión suscrita por la administración de Michelle Bachelet para el Parque Nacional Patagonia fue de 302.335 hectáreas, por lo que el decreto del gobierno actual, en este caso, sería mayor ya que alcanza 304.525,75 hectáreas.

Con esto, Ward desestimó el dato ofrecido por INTERFERENCIA, que señala que hubo un decreto que ofrecía al parque 309.445 hectáreas.

Sin embargo, el decreto existió y puede ser consultado al final de este artículo. Se trata del Decreto Supremo N°3, ingresado el 12 de febrero de 2018, el que -aunque no alcanzó a tener toma de razón por parte de Contraloría- es posterior al documento del 10 de abril de 2017, que es al que ha aludido el ministro como la propuesta del gobierno de Bachelet.

Según información solicitada a través de transparencia a Contraloría, el Decreto Nº3 fue retirado sin tramitar por el ministerio de Bienes Nacionales el 16 de noviembre de 2018. Ese mismo día, el nuevo gobierno ingresó la nueva propuesta.

Palma vs Ward

Consultado por INTERFERENCIA por este antecedente, el ministro Ward indicó que el único documento válido para él, es la resolución del Comité de Ministros del 10 de abril de 2017, pues el decreto de febrero de 2018 no cuenta con la toma de razón de Contraloría.

«Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos», dice Felipe Ward sobre las dos propuestas del gobierno de Bachelet.

“Nunca he escuchado una explicación de por qué la diferencia entre 302 mil y 309 mil hectáreas [la diferencia que hay entre los dos propuestas elaboradas por la administración Bachelet]. Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos. El único documento formal con el cual se crea o se intenta crear el Parque es la resolución de Comité y ahí hay una sola cifra que son 302 mil hectáreas”, asevera.

Por su parte, la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, acusó a Ward de “faltar a la verdad”. Según Palma no es cierto el argumento de su sucesor en el cargo. “Los decretos no deben pasar de nuevo por el Comité de Ministros. Si la tesis del ministro Ward fuera verdadera, el contralor no habría tomado razón de todos los decretos anteriores de los otros parques y el gobierno actual los habría retirado todos”, dice Palma.

«Me molesta que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia», dice Nivia Palma.

“El terreno ingresado por la presidenta Bachelet era sobre las 309 mil hectáreas. El ministro Ward sacó 5 mil hectáreas básicamente para permitir que allí se lleve adelante el proyecto minero. Aquí no hubo un problema de límites, eso estaba súper claro. Me molesta, con el respeto que le tengo al ministro Ward, que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política del gobierno del presidente Sebastián Piñera de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia. Así de claro”, sentencia Palma.

Palma además asegura haber recibido presiones durante su gestión para proteger la misma zona donde hoy se encuentra la exploración minera.

“Tanto el diputado Sandoval [UDI] como autoridades locales y empresarios, hicieron un duro lobby frente a nuestro gobierno. Recibí muchas llamadas, peticiones de reuniones y fuertes presiones cuando fui a la región de Aysén para acoger la exclusión de estas cinco mil hectáreas. La decisión de la presidenta y la mía como ministra de Bienes Nacionales fue no aceptar las exigencias para llevar ahí proyectos mineros. Por eso es que el parque quedó con 309 mil hectáreas”, dice Palma.

Problemas también le ha traído a Nivia Palma los argumentos de su sucesor en el cargo, Felipe Ward, respecto a las razones para cambiar el trazado del proyecto de creación del Parque Nacional Patagonia.

“Heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del Parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor”, escribió Ward en un comunicado ampliamente difundido.

Palma se refirió a la responsabilidad que le han atribuido por los supuestos errores acusados por Ward.

“En Bienes Nacionales hay equipos técnicos permanentes, cambian los gobiernos y los equipos quedan exactamente igual. Entonces creo que no es correcto echar la culpa a un tema de imperfecciones por una decisión política. Eso es grave”, dice.

https://interferencia.cl/articulos/este-es-el-decreto-que-el-gobierno-retiro-para-reducir-parque-patagonia-y-entregar

Chile

Minera multinacional inscribió más de 50 mil hectáreas en la Patagonia para explotar oro

20.02.2019 cnnchile
La compañía Newmont, actualmente posicionada como la industria de oro más grande del mundo, tiene puesta su atención en la zona de la Región de Aysén

182 solicitudes para explotar más de 50 mil hectáreas en la zona de la Patagonia de la Región de Aysén inscribió la empresa estadounidense Newmont, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el pasado 10 de enero de este año.

Los terrenos que fueron inscritos por la minera se encuentran cerca de la frontera con Argentina, una zona caracterizada por sus bosques de lenga y ñire, además de su patrimonio arqueológico y paleontológico, según da cuenta el medio local Interferencia.

El 15 de enero de este año Newmont adquirió a su rival, la canadiense GoldCorp, transacción que la convirtió en la minera de oro más grande del mundo.

GoldCorp ha desarrollado en Chile los proyectos Nueva Unión (Alto del Carmen) y Norte Abierto (Tierra Amarilla), ambos en la Región de Atacama, además de mantener en la región de Aysén concesiones de exploraciones en el sector El Estero, a cerca de 15 kilómetros al noroeste de Puerto Ingeniero Ibáñez.

El medio precisa que ambas firmas han tenido que enfrentar conflictos socioambientales y denuncias por violaciones a los derechos humanos en proyectos que han impulsado en países como Perú, Guatemala, Honduras y México.

Uno de los casos más polémicos es lo que sucedió en Guatemala, país donde la compañía GoldCorp operó por más de una década a través de la mina Marlin. Tras diversos hechos, como la muerte de un hombre que fue quemado vivo por trabajadores de la empresa y episodios de contaminación de ríos, se decidió cerrar la mina en mayo de 2017.

https://www.cnnchile.com/pais/minera-newmont-hectareas-patagonia-or_20190220/

Argentina, Chile

Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios

Con la realización del I Seminario Internacional: “Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios” el día 15 de febrero en San Pedro de Atacama, se realizó el lanzamiento oficial del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSA).

Este observatorio, de carácter ciudadano y plurinacional, reúne y canaliza los aportes de diversos actores del mundo comunitario indígena, campesino, académico y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Chile y Argentina.

El seminario contó con las presentaciones de la Dra. Ingrid Garcés Millas. Académica del Departamento de Ingeniería Química y Procesos Mineros, Miembro del Centro Regional para el Estudio y la Educación Ambiental (CREA) de la Universidad de Antofgasta, y parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, quien se refirió al mercado del litio y la demanda desde la creciente industria de la electromovilidad, señalando que la extracción de litio debe cambiar en forma urgente a través de nuevos procesos y políticas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los territorios afectados, o de otra forma se repetirá la historia del salitre, cuyo costo humano y ambiental conocemos.

Néstor Ruiz, Antropólogo y Perito Ambiental, Miembro de la Asamblea Juntos Podemos en un Ambiente Sano y del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos hizo un relato del litio en Argentina, y, en la misma sintonía, señaló «la lluvia de dólares no llegó ni llegará, quizás sólo a pocos pícaros funcionarios locales, y a nosotros nos quedará un desierto deshabitado y REFUGIADOS AMBIENTALES hacinados en las grandes ciudades.», dejando claro que a pesar de las diferencias legislativas y administrativas de ambos países, las dinámicas del extractivismo se repiten a ambos lados de la cordillera y a lo largo y ancho de toda la Puna de Atacama.

Sergio Cubillos Verasay, Presidente de la Comunidad de Peine y recientemente elegido Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños de San Pedro de Atacama, organización que reúne a 18 comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande, se refirió al desbalance hídrico del Salar de Atacama provocado por la sobreexplotación de empresas como SQM, Albemarle, BHP Billiton-Minera Escondida y Zaldívar (Antofagasta Minerals – BArrick Gold). Asimismo, dio a conocer el trabajo que el Consejo de Pueblos ha realizado durante el último período, destacando diversas intervenciones en comisiones del Congreso y el Recurso de Protección por el Convenio CORFO-SQM, que se encuentra actualmente en la Corte Suprema.

Este evento es el primero de una serie de seminarios que se realizarán en diversas ciudades de Chile y Argentina durante el 2019, y que contarán con el apoyo y participación de diversas organizaciones comunitarias, académicas y ambientales de ambos países, con el fin de visibilizar el verdadero costo del litio y ser un aporte a la toma de decisiones en pos de la protección de la riqueza cultural y natural de los salares andinos.

Los registros de este seminario están disponibles en SPA TV (Facebook).

Agradecemos difusión.

OPSA 2019

Argentina

Comunidades indígenas de Jujuy: “Si intenta entrar otra empresa, la vamos a sacar”

18.02.2019 – Mar del Plata, Argentina – Alicia Blanco

El pasado viernes 15 por la tarde, las comunidades indígenas que cortaban la intersección de las rutas 52 y 79 en Jujuy, resolvieron levantar temporalmente el corte que realizaban, a la espera de una reunión con el gobernador de la provincia la semana próxima.

Las protagonistas de la medida son más de 30 comunidades kolla y atacama de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, donde el gobierno provincial pretende autorizar nuevos proyectos de exploración y explotación de litio en territorio indígena.

Desde hace años las comunidades vienen denunciando los perjuicios que les acarrea la actividad minera y muy particularmente la del litio, que contamina los suelos y las priva del vital recurso del agua:

reclamaron en los tribunales provinciales;
sin respuestas efectivas, presentaron un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia, que lo rechazó;
pidieron intervención a la CIDH (todavía sin respuesta);
ante la falta de mecanismos para la consulta y el consentimiento que les garantiza la legislación vigente, redactaron un protocolo completo (Kachi Yupi) “para que el Estado entienda cómo consultarnos”;
hicieron marchas, cortes de ruta y campañas de difusión.

Finalmente, desde el 4 de febrero se declararon “en asamblea permanente” y el día 8, en un hecho sin precedentes, expulsaron a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited, “que estaban destruyendo la Laguna de Guayatayoc, afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna, con un proyecto de litio”, explicaron.

“Días antes se había ya notificado a la empresa y al gobierno para que suspendan las actividades y se retire la empresa”, añadieron. “Al ver que se continuaba trabajando las 24 horas del día, y que la única acción del gobierno provincial fue enviar a la policia y la infantería, más de 300 personas de la asamblea se vieron obligadas a frenar a la empresa y hacer que retire sus maquinarias y operarios del territorio.”

“Ahora estamos viendo el impacto ambiental que nos dejaron y quién se hace cargo de la remediación de todo eso,” dice Clemente Flores, de la comunidad El Angosto, distrito El moreno. “El secretario de minería dice que eso lo tiene que hacer la empresa, pero la supervisión tendrían que hacerla ellos y todavía no estamos viendo resultados”, agrega.

“El corte que hicimos hasta hoy fue por eso, pero también porque queremos la anulación de la licitación de JEMSE¹, que se hizo sin nuestro consentimiento,” dice Clemente Flores. El comunicado que difundió la asamblea expresa ese último punto, diciendo: “Exigimos la anulación del concurso de oferentes de Jemse Exp. 660-538/2018 para la ‘Prospección geológica, exploración y factibilidad de los proyectos mineros en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama’. Y de cualquier otro proyecto de Litio porque las comunidades decidimos en forma definitiva NO a la exploración y extracción de litio en nuestro territorio.”

También dejaron claro que no aceptarán más “ninguna consulta previa e informada, ya que el gobierno utiliza este mecanismo de manera aparente para lograr el ‘consentimiento’ de proyectos extractivos en el territorio.” Y manifestaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minería de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos.”

El día 15, antes de retirarse de la ruta, difundieron el siguiente comunicado dejando clara la decisión de volver si no se atienden sus demandas:

NO a la intervención de la policía, la infantería y la gendarmería nacional en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Solicitud de adhesión y amplia difusión

Los/as abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo a cualquier tipo de injerencia que desconozca la soberanía de las comunidades sobre el territorio. Reclamamos una pronta solución a la demanda de las comunidades expresada en el comunicado que adjuntamos a continuación

Comunicado Asamblea de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Hoy 15 de febrero 2019, continúa corte en la ruta 52 y 79, Salinas grandes, Jujuy. Nosotros estamos defendiendo el territorio, por eso continuaremos con la movilización de manera indefinida sobre Ruta 52. No puede ser que la única respuesta del gobierno sea mandarnos la policía, la infantería y la gendarmería y mentir diciendo “que los proyectos mineros cumplen las normas y los procedimientos ambientales” .

Las comunidades mantendremos nuestra medida de fuerza hasta que el gobierno anule el concurso de oferentes N°1/2018 de la empresa JEMSE, con el que pretende entregar las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc a las empresas para la explotación de Litio, y que se retiren todos los proyectos de megaminería de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Ademas exigimos que se reconozca a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios, y como zona Libre de megamineria, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra la forma de vida de las comunidades.

Solicitamos a todos los medios de comunicación nacional e internacional, a organizaciones sociales, comunidades indígenas, al pueblo jujeño que difundan y se solidaricen con nuestra lucha en defensa del Agua y de la Vida.

“Este territorio es habitado desde nuestros ancestros y lo vamos a cuidar y defender”.

Comunidades indígenas de Jujuy: “Si intenta entrar otra empresa, la vamos a sacar”

Perú

Bambamarca. Nuevas Protestas frente a la Contaminación Minera

11/02/2019
Marco Arana
En diciembre del año pasado ocurrió una rotura de la tubería de drenaje en la que se filtró relave de la poza de estos, en la unidad minera Cerro Corona de propiedad de Gold Fields (una de las mayores transnacionales mineras del mundo). Esta emergencia ambiental generó que murieran más de 7 mil truchas e impactó en las aguas y suelos, que terminaron contaminados; una vez más fueron afectadas las personas.

Hualgayoc es la provincia con mayor existencia de pasivos ambientales mineros del país. Según informes del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, cientos de personas de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur tienen arsénico y otros metales pesados en su sangre. Cualquier afectación más, sólo puede contribuir a agravar su situación.

Defender derechos: La tarea permanente

En Lima, desde el Congreso, habiendo sido informado por las rondas campesinas, inmediatamente acudimos a las autoridades correspondientes: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contamos también con la participación del alcalde provincial recientemente electo que se hallaba en Lima. Tuvimos una larga reunión con las altas autoridades de los organismos mencionados. Del OEFA nos informaron que obtener los resultados de los análisis definitivos de la contaminación ocurrida, demoraría aproximadamente tres meses y, si es que la empresa interponía (como efectivamente lo hizo) el procedimiento de contra muestras, el proceso podría tardar “unos meses más”. Buena voluntad y disponibilidad había en los funcionarios del OEFA, pero son parte del Estado débil, centralista, que por tres décadas ha abdicado a sus funciones de fiscalización y control y, permitido casi la cancha libre a las autorregulaciones de las empresas que actúan “responsablemente”.

Bajo este concepto, por ejemplo, las grandes mineras no pagan por uso de agua en base a medidores que permiten saber cuánta agua extraen y usan, ellas pagan por agua solo en base a una declaración jurada, pues la Autoridad Nacional del Agua “presume la buena fe de las empresas”.

El Estado Centralista. “Con la Salud: Sí, se Juega”

Los plazos demorados, la indolencia, los derechos ignorados parecen valer menos cuando se trata de campesinos y campesinas que además están lejos de Lima y las autoridades saben que, si acaso sale alguna noticia sobre lo acontecido no habrá escándalo mediático. La burocracia parece dar la respuesta de siempre: “pueden aguantar”, “ya lo resolveremos”.

En el país que algunos llaman “Perú: país minero”, el OEFA, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras (y otras), no tiene laboratorio especializado propio para hacer los exámenes de contaminación minera. ¡Recién lo tendría en algunos años más!

Por cierto, los famosos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) no exigen el establecimiento de una línea de base de salud ambiental. Así que, si como fruto de los daños ambientales, las poblaciones aledañas a operaciones mineras contraen metales pesados y extrañas enfermedades asociadas a ellos. Bien se puede decir que estaban contaminadas desde siempre “por contaminación natural”. No es broma, hay “expertos” que sostienen hasta públicamente este argumento. En realidad, los EIAs debieran contener una línea de base de salud ambiental y el Minsterio de Salud (MINSA) el suyo, de manera que se puedan contrastar los impactos ambientales en la salud y salir de toda duda. Dice el refrán tan conocido por todos que “con la salud no se juega”, pero la realidad muestra que en Perú sí se juega con la salud de las poblaciones de las áreas de impacto donde se realizan estas operaciones.

Envenenan la Vida de la Gente

El Perú tiene 20 años de bonanza agroindustrial con utilización de miles de toneladas de agro químicos y pesticidas, 30 años de enorme expansión minera contaminando aguas, suelos, aire y también miles de personas, tales como los casos de La Oroya, Choropampa, Espinar, Ilo, Callao, Pasco, Azángaro, Huancané, Moquegua, Huancavelica, Ayacucho con Catalina Huanca, entre otros. Dieciséis ríos de la costa, incluido el RÍmac que abastece a la mayor población del Perú, tienen metales pesados.

Se habla muchísimo de las bondades de la minería y a veces de los niños y niñas con plomo, con arsénico y mercurio en la sangre, que llegan con sus padres y madres también envenenados, los cuales, de vez en cuando llegan a encadenarse en las rejas del Ministerio de Salud. Ministerio que tiene una dirección de salud ambiental (DIGESA) que parece inexistente o maniatada y van al Ministerio de Energía y Minas, donde muchas veces ni siquiera los reciben o si lo hacen les ofrecen alguna vaga promesa que casi nunca se cumple.

Las personas intoxicadas con metales pesados no es la gente que tiene el poder del billete, son más bien las víctimas empobrecidas y envenenadas que quedan en el camino y que a muchos economistas, opinólogos y grandes medios de comunicación, poco les importa pues están más preocupados por promover el crecimiento, las ganancias y los beneficios de las inversiones mineras.

“Protesto: Luego Existo” [1]

Cuando una vez más surgen las protestas, esta vez de los campesinos y campesinas de Hualgayoc y Bambamarca, todo indica que mientras no haya incendios, violencia o daños económicos a las importantes actividades económicas simplemente se les ignora. “Son cuatro gatos” diría Aldo Mariátegui, Jaime De Althaus y muchos otros. Total, en el Perú, fue Alan García –siendo Presidente– el que dijo que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

De allí que si hay miles de ciudadanos que se ven afectados por la pérdida de sus fuentes de abastecimiento de agua o la contaminación de las mismas, es casi una cuestión de “mala suerte” que así sea. Mala suerte que no estés en Lima en donde, si te quedas unas horas o unos días sin agua, es noticia y hasta podría ser un escándalo nacional. Después, quienes tienen el poder o viven de espaldas a la realidad se molestan por qué los “cholos y cholas” migran. En sus medios suelen decir “ustedes, los que viven en las provincias alejadas”.

Así, por ejemplo, no es ni será noticia si miles de peruanos y peruanas viven al lado de una gran minera o una explotación petrolera que destruye sus fuentes naturales de agua, las contamina o en compensación les da agua contaminada engañándoles que es agua potable. No es un invento, ni un argumento anti minero o anti inversión. Esto está ocurriendo con las personas afectadas por la minera canadiense Tahoe-Shauindo, que está sacando oro en el valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Allí los campesinos y campesinas, reciben agua en cisternas que almacenan en tanques de rotoplast, regalados por la minera luego que dañará la calidad de las aguas de sus sistemas de captación. La Defensoría del Pueblo lo sabe. La comisión de Energía y Minas del Congreso, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lo saben. Lo saben, también, la Dirección Regional de Salud Ambiental, la fiscalía y la policía ambiental y el OEFA, con cuyo personal hemos estado en la misma zona donde han ocurrido los graves daños.

Es el Perú que duele, que subleva. ¡Es el Perú cuyas injusticias ambientales y sociales seculares deberemos cambiar!

No de Ahora, Sino de Siempre

Yo era estudiante del colegio cuando en tiempos de la dictadura militar de Morales Bermúdez, los campesinos de Bambamarca, hicieron una gran protesta contra la contaminación de los ríos Tingo, Maygasbamba y Arascorgue. Entonces eran las minas del Banco Minero (de propiedad del Estado), de la familia Santolalla y en los 80 también de los Benavides que permitían que los niños y niñas se metieran a los socavones, pues sus padres se habían muerto con los pulmones reventados por la silicosis y tenían que ganarse el pan de cada día y, en el mes de marzo, tener que trabajar para que los hermanitos menores pudieran comprar los cuadernos y el uniforme. No me lo han contado, yo mismo hice un video artesanal sobre estas injusticias a inicios de los años 80.

No solo con Plomo en la Sangre, sino también con Plomo de Fusiles

En las protestas de fines de los 70, en la plaza de armas de Bambamarca, la policía disparó a quemarropa y asesinó a un campesino. Las protestas se agudizaron y fue enviado el ejército y se impuso el estado de sitio. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Las autoridades del MEM y el MINAM (que hoy, aunque débil y arrimado por poderosos intereses económicos, al menos, existe) han establecido que Hualgayoc es la provincia del país que tiene el mayor número de pasivos ambientales mineros, es decir, más lugares de vómitos de aguas tóxicas, de minas abandonadas que fluyen desde las cabeceras de cuencas hacia la parte baja de los valles y ciudades. En la actualidad, esta provincia tiene los impactos ya no solo de la vieja minería sino también de la moderna minería: Gold Fields en Cerro Corona; el Grupo Buenaventura en el cerro Tantahuatay y de Yanacocha en la cabecera de cuenca del Río Llaucano.

¿Qué ha cambiado? La contaminación minera es ahora mayor. La contaminación actual se acumula a los daños de la anterior y el peligro es mayor aún porque las operaciones mineras modernas pueden devorar montañas en pocos meses o años y sacar los minerales valiosos utilizando miles de kilogramos de cianuro para extraer oro o millones de litros de ácido sulfúrico para extraer cobre.

¿Más cambios?

Después de casi 40 años, en el año 2012, Ollanta Humala y el carnicero Óscar Valdés ordenaron a la policía y Al ejército que dispararan a los campesinos movilizados en las plazas de Armas de Celendín y Bambamarca. En esta última, le quitaron la vida a Joselito Vásquez Jambo, quien tenía solo 27 años, esta vez no fue con plomo diseminado en las fuentes de agua, sino con plomo de fusil y a otro joven como Elmer Campos, le cercenaron la médula con balas de AKM y lo dejaron parapléjico, con su discapacidad y dolor, para siempre.

De Alberto Fujimori a Martín Vizcarra: Continuismo Neoliberal Extractivista

Mientras en el Congreso de la República, la mayoría de bancadas parlamentarias: FP, APRA, AP, PPK, APP (también los llamados liberales y republicanos) aprobaron más leyes para seguir con las exoneraciones tributarias de las grandes empresas mineras y petroleras, las mismas que no pagan sus multas ambientales, al igual como ocurre con las AFPs que ganan miles de millones de soles mientras los trabajadores que aportan los pierden. En el sector minero, la SUNAT, les devuelve más dinero del que aportan en impuestos.

Es la política neoliberal extractivista, es decir, la extracción masiva de recursos naturales, sin mayor valor agregado, destinado a voraces mercados extranjeros en los que se obtienen fabulosas ganancias sin hacerse cargo de los inmensos daños ambientales. Todo eso con la ayuda de un Estado sometido y corrupto que desprotege y vulnera los derechos sociales y ambientales de las poblaciones aledañas a esas operaciones.

Con el Presidente Vizcarra, nada de esto ha cambiado

En todo esto, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sigue siendo la continuidad de las políticas y de las prioridades que instauró el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Montesinos y la que continuaron los demás presidentes corruptos. El prófugo Alejandro Toledo, el que impedimos que fugue: Alan García, el que algunas izquierdas apoyaron: Ollanta Humala y también el que logramos que fuera renunciado: PPK.

No vemos que esto vaya a cambiar, no con la ley de presupuesto aprobada para este año, ni menos con la ley de competitividad que viene impulsando el gobierno. Menos cuando vemos que acaban de apartar del proceso al juez Carhuancho que estaba viendo los delitos que habría cometido Keiko Fujimori y cuando abren investigación al fiscal Vela por investigar al “cuello blanco” Pedro Chávarry.

Mantenerse Firmes y Consecuentes para Defender la Justicia

Ciertamente, desde la sociedad civil y desde los sectores políticos que buscamos un cambio del modelo económico habrá que seguir exigiendo y luchando para que estos cambios se produzcan. La legitimidad del Presidente no proviene del respaldo de los grupos de poder económico que nos han sumido en el enorme tajo abierto de la corrupción, sino del respaldo popular que le permite gobernar y que demanda respeto y justicia, que demanda firme compromiso con la defensa del bien común y lucha sin tregua contra la corrupción.

No espere el gobierno, no esperen las empresas que las poblaciones se queden calladas frente a tanto atropello. En el sur, han impuesto el estado de emergencia para que la minera china Las Bambas siga operando a sabiendas que violó los compromisos del estudio de impacto ambiental que implicaba construir un mineroducto cuya construcción abandonaron para construir una megavía de transporte que, al no estar asfaltada, todos los días llena de polvo las pasturas de los campesinos, agricultores y ganaderos, que viven en la zona. Sí es la misma minera que consiguió una ley especial del Congreso (en tiempos de Humala), ley con nombre propio que le permitió a la empresa suiza Glencore vender en el extranjero la mina a la empresa china MinMetals sin que pagaran los impuestos, que sí debían pagar al fisco nacional.

Otra vez, Hualgayoc y Bambamarca, vuelven a decir: “Cajamarca, te quiero, por eso te defiendo”

No dejemos de oír estas voces que claman por respeto y por derechos. Sus reclamos son justos y atendibles. Incluso, dentro del actual marco legal existen atribuciones que la ANA y el OEFA tienen para impedir más daños irremediables sobre las aguas y sobre las poblaciones que dependemos de ellas.

Históricamente, Cajamarca ha sacrificado bastantes vidas desde que se impuso la extracción comercial de los minerales. No somos hace 500 años. Con Yanacocha y esta vez con muchísimas más toneladas de oro, se ha pagado un segundo rescate que no ha llegado y que, por el contrario, se ha traducido en mayor contaminación y el abandono de otras formas de desarrollo que, si bien podrían no amasar fortunas en manos de pocos, podría permitir buen estado de bienestar y satisfacción de necesidades de las mayorías y, sin envenenar los ríos que son las venas de las tierras que hasta hoy generosamente producen pastos y alimentos.

Las cifras sí importan. No son uno, no son dos.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo[2], sólo en Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, son alrededor de 300 personas afectadas por metales pesados. Ello, sin considerar que, en realidad, la afectación ambiental abarca no sólo a la población en Hualgayoc, sino también a las poblaciones aledañas; las cuales, hacen uso de las aguas contaminadas que, a través de sus efluentes, llegan a otras localidades. Esto, arroja una cifra de alrededor de 20,000 personas.

Sin embargo, en el 2017, el presupuesto regional para la atención de la problemática de salud ambiental, se redujo en un 70%, pese a que Hualgayoc cuenta con más de 1200 pasivos ambientales mineros.

La remediación de los pasivos ambientales mineros en Hualgayoc, que las empresas mineras no quisieron asumir, bordea los 25 millones de dólares; cifra que debe ser repartida en trabajos de taponeo, manejo de aguas y revegetación. Esto es menos de lo que las mineras se llevaron tras la depredación del ambiente y, en algunos casos, dejando sin fuentes de agua a poblaciones íntegras.

El Ejecutivo ha anunciado que invertirá, alrededor de 10 millones de soles, a través de Activos Mineros- Sin embargo, esta cifra no es suficiente para remediar suelos y aguas con sedimentos que sólo perpetúan la contaminación ambiental de la población cajamarquina.

El oro y cobre bajo el suelo de Cajamarca significó ganancias de más de 250 millones de soles, por empresa minera, que dejó en abandono sus componentes; los cuales al no cumplir con planes de cierre adecuados, van dejando huellas hídricas y climáticas, en una de las regiones más pobres del país.

Sí, Cajamarca, la región con oro bajo sus tierras, no cuenta con agua potable en diferentes localidades, infraestructura hospitalaria adecuada, ni un verdadero desarrollo educativo. Por el contrario, sus hombres y mujeres, deben vivir a la espera de un Estado que los olvida y de una minería que avanza, dejando rastros ambientales difícil de borrar.

¡Por ello, basta de minería sin planificación ni controles!

Implementación urgente de la ley de protección de cabeceras de cuencas, para lo cual se requiere el Marco Metodológico, con eficiente gestión y transparencia en la ANA, el OEFA, las fiscalías ambientales y sin corrupción de alto vuelo en el gobierno central o, el gobierno regional que tiene un nuevo Presidente y en los gobiernos locales que tienen nuevos Alcaldes.

Solidaridad plena con la lucha de las rondas campesinas y el Frente de Defensa Ambiental de Hualgayoc-Bambamarca y Chugur.

Marco Arana Zegarra – Congresista de la República.

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[1] Titular de La República. Conflicto de Combayo, Agosto 2006.

[2] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/NP-271-2017.pdf

https://vozdelatierra.lamula.pe/2019/02/08/bambamarca-nuevas-protestas-frente-a-la-contaminacion-minera/vozdelatierra/

Brasil

Brasil arresta a ocho trabajadores del gigante minero Vale por el colapso de la represa

THE NEW YORK TIMES
Por Shasta Darlington, 16 de febrero de 2019 (foto:Reuters)
SÃO PAULO, Brasil — La policía brasileña arrestó a ocho empleados, incluidos dos directores ejecutivos, del gigante minero Vale el 15 de febrero como parte de una investigación criminal por el colapso de una represa que causó la muerte de más de 160 personas.

La represa, llena de desechos mineros y lodo, reventó hace tres semanas y lanzó una ola gigantesca de lodo que se estrelló contra la cafetería de la compañía en un complejo minero en Brumadinho en el sureste de Brasil. El torrente continuó colina abajo, impactó hogares y contaminó los ríos. Hasta el momento 166 personas han muerto y 147 siguen desaparecidas.

Las ocho personas arrestadas estuvieron «directamente involucradas en la seguridad y la estabilidad» de la represa que colapsó, de acuerdo con los fiscales públicos. Permanecerán detenidos hasta por treinta días mientras la investigación continúa.

La policía también llevó a cabo catorce órdenes de revisión e incautación en las oficinas de Vale y en las oficinas de cuatro empleados de la subsidiaria brasileña de TÜV Süd, una compañía alemana de pruebas industriales, la cual inspeccionó la represa de Brumadinho dos veces el año pasado, la más reciente de esas ocasiones fue en septiembre.

Vale dijo en un comunicado emitido el 15 de febrero que estaba cooperando completamente con las autoridades y que «continuaría apoyando las investigaciones para determinar los hechos», así como para ofrecer apoyo incondicional a las familias afectadas.

Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de las oficinas brasileñas de TÜV Süd no recibieron una respuesta inmediata.

Tan solo unos días después del colapso de la represa, los fiscales ordenaron el arresto de tres empleados de Vale y dos ingenieros de TÜV Süd. Al final, fueron liberados. De acuerdo con reportes noticiosos brasileños, uno de los ingenieros testificó ante los investigadores que había sentido presión de parte de Vale para certificar la estabilidad de la represa.

En Brasil, auditores independientes verifican la seguridad de las represas mediante inspecciones regulares y análisis de registros escritos. Sin embargo, de acuerdo con expertos, el proceso de certificación presenta fallas porque las compañías mineras seleccionan y pagan al auditor —lo que crea un posible conflicto de interés— y brindan toda la documentación en que los inspectores basan sus análisis.

En las semanas posteriores a esta tragedia, una serie de documentos ha salido a la luz que muestran que Vale ignoró señales de alerta en la represa, la cual fue construida mediante el inherentemente riesgoso método de «río arriba» y cabildeó exitosamente para aprobar de manera exprés un plan de expansión en el complejo minero.

Cuando la represa reventó, no sonaron alarmas ni sirenas para advertir a los trabajadores y a las comunidades río abajo. Vale dijo que el colapso ocurrió demasiado rápido y por eso no activó el sistema de alarma.

Desde entonces, Vale ha anunciado que cerrará las diez represas río arriba restantes y suspenderá la producción en los complejos mineros donde se ubican hasta que las represas estén fuera de servicio.

Los fiscales dijeron que los arrestos hechos y los documentos decomisados el 15 de febrero contribuirían a la investigación en curso sobre responsabilidad criminal.

*Copyright: c.2019 New York Times News Service

https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2019/02/16/brasil-arresta-a-ocho-trabajadores-del-gigante-minero-vale-por-el-colapso-de-la-represa/