Ecuador

Todo listo para Asamblea Ciudadana hoy en Zamora

Desde las 10:00 en la feria libre de Zamora, se instalará la Asamblea Ciudadana. El prefecto de la provincia, Salvador Quishpe dijo que después de 12 años de lucha, al fin se puede concretar una reunión para exponer la problemática de la provincia a las autoridades nacionales.

“Esto era impensable con el anterior gobierno donde nos calificaron de ambientalistas infantiles y mentes reducidas, hoy vivimos otro ambiente político”, expresó el prefecto.

Se confirmó que el Ministro de Minería Javier Córdova, Ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, y el Secretario Nacional del Agua, Humberto Cholango arribarán hoy para participar del encuentro.

El prefecto expresó que entre los temas que se toparán esta uno principal, que es la revisión de las concesiones mineras entregadas a las multinacionales.

“Es necesario hablar sobre  la legalidad de las concesiones mineras Fruta del Norte, donde hay informes de la Controlaría que señalan irregularidades cometidas en estos proyectos”, indicó la autoridad.

Además dijo que pedirán que se respete el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el Gobierno Provincial, “esperamos definir qué zonas son para la minería, y cuáles para producción, y agricultura, acotó.

También se analizará el tema de áreas protegidas y la regularización de la minería artesanal en las zonas como Nambija y Chinapintza.

 

Aclaración

El prefecto también se refirió al pronunciamiento realizado por algunos dirigentes del Frente Único de Sectores Sociales y Organizaciones Sociales de la Provincia, que en días recientes indicaron que ellos no han sido invitados para tratar el tema minero.

Quishpe manifestó que se hizo la invitación pública a los mineros artesanales, pequeños mineros y todos los sectores, “esa parte parece que algunos dirigentes no quieren entender, se necesita tener una planificación en este tema”. (MJE)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102129733/-todo-listo-para-asamblea-ciudadana-hoy-en-zamora-

Chile

Chile impone clausura definitiva del proyecto minero Pascua Lama

Ante la decisión de las autoridades chilenas de clausurar de manera definitiva el megaproyecto minero “Pascua Lama”, compartimos la declaración del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Sociales (OLCA):

Declaración OLCA

CLAUSURA TOTAL Y DEFINITIVA DEL PROYECTO PASCUA LAMA:

EL PODER DE LA CONVICCIÓN Y LA PORFIA

Durante más de 17 años la comunidad del Valle del Huasco le insistió al mundo que el proyecto binacional Pascua Lama era un despropósito, era inviable; contra los estudios, estadísticas y lobby a todo nivel de la entonces mayor minera de oro del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la faena minera que nunca debió haber sido aprobado e iniciada su construcción.

Desde las primeras reuniones de participación ciudadana en que los arrieros dijeron que en la zona que querían hacer el proyecto estaban los glaciares y nada de eso hablaban los estudios, se desató, en condiciones de brutal asimetría, y ante el descrédito del sentido común impuesto que establece que nada se puede hacer contra una minera transnacional, uno de los conflictos socioambientales más relevantes de nuestro país: el caso Pascua Lama.

Como OLCA acompañamos el proceso desde sus inicios, fuimos testigos de todas las estrategias de división, cooptación, intervención, hostigamiento, desprestigio, servilismo funcionario (incluido el financiamiento de las campañas de alcaldes y diputados de parte de Barrick), retroceso estatal para que la minera se hiciera indispensable en el cotidiano local (becas, ambulancias, Junji, Prodesal, por nombrar algunos ejemplos), todas cuestiones que a su debido tiempo se fueron denunciando y neutralizando en sus alcances, pero que produjeron procesos de desgaste, cansancio, vulnerabilidad de hondos impactos en el territorio.

Sin embargo, el carácter colectivo del proceso de defensa, permitió que cuando algunos se replegaran, surgieran otros y otras que fueran tomando el relevo e implementando las estrategias que más se ajustaban a las nuevas capacidades, pero siempre con la voz de doña Tina de fondo que hablaba de la necesidad de proteger los bancos perpetuos, el amor a la tranquilidad y a la vida que enseñaron los abuelos, y la certeza de que un proyecto de esta naturaleza solo podía ser aprobado mediante corrupción y violación de derechos humanos y eso había que demostrarlo para que se restableciera el respeto y el estado de derecho en este valle transversal de la región de Atacama, que entre otras funciones ecosistémicas imprescindibles, ayude a frenar el avance de la desertificación.

Los científicos pagados por la empresa, porque así lo estable el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, no supieron escuchar a la naturaleza, y entonces ella habló más fuerte, como la comunidad del Valle sabe que a veces sucede, y se sucedieron aluviones que arrasaron con todo valle abajo, y aquí lo que no había querido ser atendido, tuvo que considerarse. 5 años de investigación en los que se acumularon más de 30 denuncias comunitarias de violación de la Resolución de Calificación Ambiental RCA, dieron como resultado este fallo hoy en la Superintendencia de Medio Ambiente: Clausura Definitiva del proyecto Pascua Lama.

Si se hubiera oído desde un comienzo a los arrieros, a las campesinas, a las voces locales, toda la división, el daño, la pérdida patrimonial, la afectación ecosistémica, no se hubiera producido, pero gracias a la convicción y la porfía del territorio, y las múltiples muestras de solidaridad en todo Chile y desde muchos otros lugares del mundo, hoy se cuenta con un fallo histórico, que reivindica la voz local como fuente imprescindible, e impele a las comunidades a creer en sus saberes y capacidades y defenderlos, pese a la asimetría reinante.

Para que esta resolución fuera posible, tuvieron que converger cientos de miles de voluntades, desde el primer correo electrónico que alertó de la situación, las diversas intervenciones callejeras, las marchas y carnavales, las misas, los procesos rigurosos de fiscalización comunitaria, la difusión por todos los medios, las tesis, documentales, libros, creaciones, las campañas internacionales, las denuncias que provocaron el bloqueo de financiamientos al proyecto, las denuncias a los servicios con competencia ambiental, los procesos judiciales, el trabajo de funcionarios probos, pero sobre todo, la existencia de una comunidad que ama tanto su territorio y su forma de vida, que logró movilizar todas estas voluntades en defensa del bien común.

La lucha sigue, sin duda, el extractivismo minero galopa sobre nuestra cordillera con botas de siete leguas, pero digan lo que digan, mientras existan comunidades dispuestas a valorarse a sí mismas y a defender ese valor ante cualquier precio, el poder de la vida seguirá gestando maravillas en nuestro suelo, y contará con la solidaridad y apoyo de muchas comunidades de Chile y el mundo. Gracias Valle del Huasco.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/18/chile-impone-clausura-definitiva-del-proyecto-minero-pascua-lama/

 

 

 

Perú

Challhuahuacho demanda fin del Estado de Emergencia

Contra el Estado de Emergencia infinito. Líderes sociales y autoridades de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), donde opera la gigante china MMG Las Bambas, solicitaron poner fin al Estado de Emergencia vigente en la zona desde hace más de 120 días. También denunciaron que la empresa minera quiere modificar por cuarta vez el proyecto mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a espaldas de la población.

“Venimos en representación de más de 30 mil habitantes. Tenemos 3 agendas puntuales: la modificatoria del estudio de impacto ambiental sin consulta del pueblo, el levantamiento de la prórroga del estado de emergencia que lleva en total casi 6 meses y el incumplimiento del gobierno con los compromisos para implementar el Plan de Desarrollo de Challhuahuacho, que garantice la inversión de 700 millones de soles en el distrito”, declaró el alcalde de Chalhuahuacho, Antolin Chipana.

Los dirigentes demandaron retomar el proceso de diálogo, suspendido unilateralmente por el Gobierno desde 2016. Señalaron que el Estado de Emergencia no contribuye a la paz social ni a solucionar los desencuentros con la población, y deja sin resolver sus legítimas preocupaciones ambientales y sociales.

Estas demandas se realizaron durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República, donde se reunieron con parlamentarios en el marco de su visita a Lima para dar a conocer sus demandas. En la conferencia también participó el congresista Wilbert Rosas (Frente Amplio), quien señaló que “no hay comunicación con la PCM. Solicitamos que las autoridades con capacidad resolutiva como la Premier y los ministros titulares abran el diálogo”.

Cabe indicar que medios de prensa han informado que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) habría propuesto iniciar un diálogo el próximo 22 de enero.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/17/challhuahuacho-demanda-fin-del-estado-de-emergencia/

Ecuador

Pregunta 5 prohíbe minería metálica, sin excepción, en zonas sensibles .

La pregunta 5 de la consulta popular busca establecer en la Constitución y en el Código del Ambiente un artículo para prohibir, sin excepciones, todo tipo de actividad minera metálica en zonas sensibles y centros urbanos.
La Carta Política establece que excepcionalmente, a petición de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés por parte de la Asamblea, se podrán realizar actividades extractivas de recursos no renovables en zonas intangibles y parques nacionales. La pregunta introduce la frase “la minería metálica en todas sus fases”; es decir, desde la exploración hasta la extracción, transporte y comercialización.
Actualmente, la Constitución habla solo de actividad extractiva, por lo que, de aprobarse la pregunta propuesta, tampoco se podrá hacer exploración minera. El ministro de Minería, Javier Córdova, indicó que no existen concesiones para exploración en áreas protegidas o zonas intangibles del país. El cambio regirá para garantizar que no se otorguen estos permisos en el futuro y, con ello, se asegura un mayor cuidado al ambiente. La inclusión de esta pregunta generó inquietudes entre inversionistas del sector, sobre todo por la prohibición de la fase de transporte o comercialización de minerales metálicos en zonas urbanas. Córdova cree que, de aprobarse esta pregunta, deberá aclararse “esta parte porque el espíritu de la pregunta planteada es de carácter ambiental”.
Sectores indígenas, sociales y organismos como el Concejo Cantonal de Cuenca y la Cámara Provincial del Azuay han solicitado incluir en la prohibición a las zonas que son fuentes de agua. Para Córdova, esto no es necesario porque la Constitución y el Código del Ambiente garantizan normas de cuidado para el agua.
Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5? LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL EJECUTIVO EN LA MINERÍA METÁLICA La pregunta 5, de aprobarse, modificará un artículo de la Constitución y uno del Código del Ambiente. No impacta en los proyectos a gran escala que hoy se ejecutan.

SÍ-Frentes a favor de la consulta se movilizan en Imbabura En Imbabura, dirigentes del movimiento Pachakutik se reunieron, el miércoles último, en el Parque Pedro Moncayo, de Ibarra, para anunciar la estrategia que utilizarán para promover la opción del sí en la consulta popular y el referendo. Recorren las zonas rurales y urbanas impartiendo talleres para dar a conocer las siete preguntas, explicó Rocío Cachimuel, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura.
“La idea es que la gente medite y decida, pues queremos que se garantice un verdadero estado plurinacional”. La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, también recorre la provincia respaldando la propuesta de Lenín Moreno. El 18 de enero estuvo en comunas de Otavalo. Otras organizaciones como el Colectivo 7 Veces Sí, Imbabura, hicieron campaña el fin de semana pasado. Formaron la palabra sí en el Obelisco de Ibarra con cuerpos de personas. “Nos promocionamos con acciones nuevas.
No solo hojas volantes y caravanas”, explicó Diego Soto, dirigente de UP. La intensidad de la campaña aumentará en los siguientes días, según los colectivos. NO- Brigadas se formaron para rechazar las preguntas Los críticos del actual Gobierno, y que apoyan el no en la consulta popular, comparten sus argumentos a la población en recorridos que llegan a cada vivienda en la Provincia de Los Lagos.
Johan Coral, excoordinador de Alianza Pais en Imbabura, aseguró que cuentan con colaboradores, decepcionados por la política del actual Régimen, que están recorriendo las parroquias de estas jurisdicción andina. Las tareas se planifican en reuniones que mantienen en los diferentes cantones.
“Nos hemos dado cuenta que la mayoría de ciudadanos desconocen el contenido de las siete preguntas”. Esta tendencia tiene apoyo de los asambleístas imbabureños, Diego García y José Chalá que inicialmente llegaron al Parlamento con el apoyo de Alianza Pais.
Otra cabeza visible que acompaña a los asambleístas es el exparlamentario andino, Pedro de la Cruz. Los legisladores han realizado encuentros con partidarios en esta localidad para analizar las preguntas de la consulta. Los simpatizantes del no, como Juventudes Imbabura RC, también difunden contenido en redes sociales.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/prohibicion-mineria-metalica-consulta-ambiente.html
Argentina

Quieren flexibilizar el alcance de la Ley de Glaciares

De acuerdo con una publicación nacional, empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la Ley de Glaciares para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.

En Catamarca la adhesión a la ley nacional se aprobó en 2011, tras una larga discusión en la Legislatura provincial.

«Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia», afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.

El secretario de Minería de la provincia y presidente del Consejo Federal de Minería, Rodolfo Micone, coincidió en que es necesario modificar la ley porque «se hace referencia a un cuidado preventivo» y destacó que esa prevención «ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera».

Fuente:https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/1/16/quieren-flexibilizar-alcance-glaciares-358887.html

Chile

Presidente del directorio de Minera Invierno tras rechazo a la utilización de tronaduras: “Si no hay posibilidad de usar tronaduras, nos quedan pocos espacios para seguir produciendo”

Hace una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, presidida por el intendente Jorge Flies Añón en el salón Nelda Panicucci, dio a conocer su rechazo para que Mina Invierno (controlada por los grupos Angelini y Von Appen) pueda hacer uso del método de tronaduras para extraer carbón desde su yacimiento en isla Riesco.

Cabe recordar, que en este intenso y polémico “voto a voto”, quienes se inclinaron por la negativa a esta idea fueron los seremis de Agricultura, Elisabeth Muñoz; Desarrollo Social, Claudia Barrientos; Transportes, Gabriel Muñoz; Mop, Ricardo Haro; Salud, Oscar Vargas; Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez y el intendente Jorge Flies. Por contraparte, los votos a favor fueron expresados por el director regional (s) del  Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo Fideli y las seremías de Minería (Manuel Aravena), Vivienda (s), Atircio Aguilera; Energía (Alejandro Fernández) y Economía (Christian García).

De igual manera, esta determinación tomó por sorpresa a la compañía en mención, toda vez que en la mesa que se conformó el 26 de julio de 2016, 9 votos estuvieron a favor de las tronaduras y dos en contra.

En su visita ayer a Punta Arenas, el presidente del directorio de Mina Invierno, Marcos Büchi Buc, en entrevista concedida a La Prensa Austral, lamentó el rechazo al mecanismo de tronaduras y adelantó que están estudiando la situación para poder apelar a nivel central y así ejecutar el tan ansiado método de extracción de carbón. En la misma línea, criticó con dureza al director de Greenpeace Chile, Matías Asún por señalar que si la Comisión hubiese aprobado el proyecto “iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo”, y también al seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, quien manifestó en entrevista a este diario, que “estamos previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile”.

– Hace una semana que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el uso de tronaduras. ¿Cuál es su primera mirada sobre esta decisión?

– “Lo primero es que hay que reconocer que nos impactó que se tomara esa decisión. Nosotros creíamos, que dado que se hizo un trabajo de muy buena calidad, por parte de los servicios y la empresa, entregando respuestas a las inquietudes, nosotros dábamos casi por hecho que iba a haber una aprobación de esta declaración de impacto ambiental que entró el año 2015 como solicitud. Entonces nos impactó porque las consecuencias inmediatas son que esa actividad que es poder explotar hacia el mediano-largo plazo no lo podemos realizar. Por lo tanto, tenemos que afrontar esto de una manera distinta mediante se pueda aprobar esta operación. Cuando una empresa minera usa o plantea que va a contratar a cien personas de forma directa, se tiene que 2,5 veces hay empleo indirecto que se genera. Entonces para nosotros era una muy buena noticia para empresa y como región, porque íbamos a tener un crecimiento, de volver a cierta capacidad productiva que significaba contratar a cien personas adicionales y sin duda es uno de los impactos inmediatos”.

– Con respecto a la Comisión de 2016 que mantuvo otra postura, ¿qué cree que pasó en este lapso y cuál es su lectura sobre lo ocurrido?

– “Nosotros no tenemos la explicación. En este momento estamos tratando de analizar qué pudo haber ocurrido, porque el informe consolidado de evaluación que se presenta ante este comité, es un informe que es muy laborioso; recoge todas las opiniones y consultas de los servicios, fue resuelto favorablemente, entonces si horas antes del comité nos hubiesen preguntado qué iba a pasar, hubiésemos dicho que iba a ser igual a lo ocurrido en el año 2016; incluso 5 minutos antes de la votación hubiese dicho que sí se va a aprobar. Esto, porque se cumplió con todo tipo de regulación, incluso lo que solicitó la Corte Suprema, quien nos dijo que es necesario que haya una participación ciudadana la cual se hizo con toda rigurosidad. Si se tiene acceso a la presentación que hizo el director del Servicio Medio Ambiental regional, es una explicación en la que recomendó aprobar”.

– El voto del intendente Jorge Flies fue determinante en esta resolución, ¿qué opinión tiene sobre este pronunciamiento concreto? ¿Cree que fue un voto político?

– “Yo nunca califico ni descalifico la opinión de nadie. A mí no me gustaría referirme al voto de alguien específico, pero la votación de la comisión en su total a mí me sorprende y creo que está equivocada. Yo creo que no siguió la recomendación técnica que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental. El comité debió haber aprobado esto, porque el informe técnico así se lo decía y porque la empresa quiere cumplir hasta el más mínimo detalle que la regulación le impone ante cualquier elemento de actividad dentro de su proyecto”.

– Pero aquí hay una comisión que está designada para decidir la votación…

– “No hay una predefinición que las comisiones no deben seguir el informe o la recomendación técnica. Yo no conozco el número de hojas que generamos de preguntas y respuestas pero son miles. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es hacer que la institución ambiental por parte de la autoridad y la empresa ocupen años para no optimizarlo. Es decir, hay una atribución de ir más allá del informe, pero cuáles son las razones que justifican ir más allá del informe técnico. ¿Cuál es la razón?”.

Próximos pasos

– ¿Cuál será el proceso que llevará adelante Mina Invierno en base a esta determinación?

– “Las institucionalidades indican que podemos apelar y estamos estudiando los pasos a seguir. Existe el recurso de reclamación que se hace ante el director del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. Tenemos que considerar e indudablemente es el recurso lógico y lo estamos verificando porque hay un plazo. Creemos que los argumentos técnicos una vez más avalan lo que estamos planteando. Como respuesta definitiva, esto está en proceso de análisis”.

– ¿Pretenden llegar hasta las últimas instancias?

“Nosotros y en caso de los empresarios que hay detrás, las palabras no son llegar hasta las últimas instancias. Yo lo invierto. Hay una convicción de que es una actividad que genera valor y genera beneficios para la región y el país; la voluntad es hacer que esa operación se mantenga, se expanda la forma que está considerada en el proyecto y de volver a los cauces de producción que había originalmente. La convicción es que este proyecto sea lo que se definió en su momento y para eso mismo vamos a estudiar los recursos que existen dentro de la regulación. Para nosotros no es un conflicto, queremos que la operación se proyecte al máximo al cual fue definido en su origen porque genera bienestar, proyección y es necesario para el país”.

Greenpeace

– Según el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, además de valorar la decisión que se tomó, señaló que el hecho que si la Comisión hubiese aprobado las tronaduras, iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo. ¿Qué le parecen sus declaraciones?

– “No estoy de acuerdo por una razón muy simple: la generación termoeléctrica, usando en algunos casos combustibles fósiles como el gas, petróleo o carbón, por ahora y algunas décadas, uno sabe que son necesarias las generaciones a partir de centrales termoeléctricas, por lo tanto el gran triunfo que ahí se menciona, es decir, van a generar igual pero van a usar carbón importado. Ni siquiera entiendo cuál es el mensaje que hay de fondo, si la producción de carbono en Chile no es que disminuya las emisiones de CO2 las centrales termoeléctricas, lo que estamos haciendo es darle trabajo a chilenos. Matías Asún, si usa un auto que utiliza combustible líquido produce CO2, pero quizás utilice auto eléctrico, pero ese vehículo requiere que genere energía y la verdad que soy muy cercano de los métodos renovables; estos son un tremendo avance y van cumpliendo más necesidades, pero requieren un balance de energías de base y eso aún no está resuelto. Lo de él es un planteamiento dicho desde el vacío, es muy bonito decirlo pero se requiere esa energía de base y además si no se produce con el carbón chileno, es porque la estás trayendo de otra parte. Prefiero favorecer el trabajo a los chilenos”.

– En la pasada edición de La Prensa Austral, el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, planteó que se está previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile.

– “Hay que cuidar ese patrimonio y estoy de acuerdo. Ese patrimonio hay que entender dónde está y por qué se cree que la región que se está trabajando es privilegiada. El suelo vegetal, la zona más cercana en tiempos de antigüedad, es la que contiene los restos arqueológicos, es la zona que habitantes hace miles de años dejaron vestigios de su sociedad. La obligación que nosotros tenemos y que la seguiremos teniendo si es que hay tronaduras, es inspeccionar las zonas que serán desplazadas de tierra vegetal, porque se saca para volverse a usar. Entonces hay una obligación de supervisar y entender para usar nuevamente ese terreno. Por otra parte, la parte de más abajo, son capas más antiguas y después vienen las otras capas de donde está el carbón.

“Yo no entiendo bien lo que planteó el seremi, por si bien se va a lo que fue el oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, que fue un oficio emitido el 15 de diciembre, ese documento dice que estamos conforme con lo que se ha planteado. Entonces no se qué cosa del punto arqueológico podría estar perdiéndose si están todas estas salvaguardas”.

– ¿Cuáles son sus conclusiones con respecto a lo sucedido?

– “Quiero rescatar cuatro ideas muy importantes. Lo primero es que creo que hay que entender que la energía en base a lo termoeléctrico es base por algún tiempo y ese tiempo puede ser algunas décadas. Si se ven las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía o a nivel mundial, los fósiles son necesarios. Por lo tanto, si bien nos gustaría a todos que terminen mañana, hay que ser realistas, porque requieren plazos de tiempo. Lo segundo, ese carbón y esos combustibles fósiles, son necesarios en un país como el nuestro que está en desarrollo y tiene que tomar una decisión. Yo creo que esa actividad bien hecha, se realice aquí o si se quiere importar esos productos, si nuestras regulaciones es exigente y nos exige altos estándares de operación y medio ambiente, mi respuesta es categórica: hagamos esto aquí y démosle empleo a chilenos para que tengan un nivel socioeconómico que les permita proyectarse.

“Lo otro es entender que es una operación minera como lo hay en el norte. Tal vez en su origen se consideró que el tipo de capas iba a ser posible enfrentar de una manera distinta. Hoy en día que estamos con los frentes abiertos es claro que se necesitan tronaduras, las mismas que usa la minería pero con una capacidad de carga muy baja y por lo tanto es necesario incorporar; no es un capricho o una alternativa.

“Finalmente, nuestra propuesta a la comunidad magallánica y al país, es que nosotros queremos llevar el proyecto a nivel que se pensó principalmente, si no hay posibilidad de usar tronaduras, nos quedan pocos espacios para seguir produciendo. Entonces, cuando se habla de amenazas, hay un tiempo para enfrentar las areniscas o se deja de producir. Nosotros estamos convencidos que en un plazo más corto, seremos capaces de revertir esa decisión, porque es una empresa que tiene estándares altísimos a nivel ambiental, esto tiene un impacto medido por la autoridad y por lo tanto no se justifica rechazar el uso de tronaduras”.

Fuente:https://laprensaaustral.cl/cronica/presidente-del-directorio-de-minera-invierno-tras-rechazo-a-la-utilizacion-de-tronaduras-si-no-hay-posibilidad-de-usar-tronaduras-nos-quedan-pocos-espacios-para-seguir-produciendo/

Colombia

El año arranca con 54 consultas pendientes contra minas y energía

Se han tramitado 70 procesos en el país, de los cuales 9 ya fueron votados en las urnas.

Las numerosas consultas populares demoran los proyectos de desarrollo del sector minero-energético del país.

Por ejemplo, si los precios del petróleo conservaran la tendencia actual, por cuenta de la mayor renta el fisco podría recibir 3,5 billones de pesos más de lo previsto en impuestos durante el 2019. Sin embargo, con la oposición a la extracción en varios departamentos se pierde una gran oportunidad de elevar los recursos, pues los inversionistas y las compañías se abstienen de ejecutar planes ante la incertidumbre de dichas decisiones.

Una recopilación del Ministerio de Minas y Energía conocida por EL TIEMPO indica que a diciembre 15 se habían tramitado 70 consultas populares, de las cuales 9 fueron votadas por los ciudadanos y 7, suspendidas, por lo cual finalmente no se llevaron a cabo.

Sin embargo, hay 54 propuestas que aún no se han decidido en las urnas, lo que equivale al 77 por ciento.

La financiación ha sido uno de los escollos, pues en octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil le respondió al municipio de Granada, Meta, que no serán apoyadas más con recursos del Gobierno y, para llevarse a cabo, tendrán que hacerse con dinero del municipio o el departamento que decida ejecutarlas.

El caso más sonado de estas consultas lo ganaron el pasado 26 de marzo, entre otros, los ambientalistas y políticos de Cajamarca, Tolima, en el que se impuso el no a la explotación de oro, con 6.165 votos ciudadanos frente a 76.

Por ello, casi un mes después, la multinacional Anglogold Ashanti suspendió un proyecto en el municipio y unos 400 trabajadores perdieron su empleo.

Dos victorias del no en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, también les cerraron las puertas a los proyectos mineros y las regalías en sus municipios.

Algunos promotores

Pero ¿quiénes son las personas que lideran las consultas en proceso? En Arauca, el comité que se opone a proyectos petroleros está encabezado por el exdiputado y excandidato a la Gobernación Édgar Fernando Guzmán Robles.

Entre tanto, en las 5 consultas en Caquetá contra proyectos de hidrocarburos se oponen el ‘Comité El Doncello libre de actividades petroleras’ y el ‘Comité promotor por la dignidad amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida’.

La del municipio de Morelia, en Caquetá, la encabeza el concejal José Omar Vallejo.
En Cesar, el comité promotor ‘Por amor a San Martín, libre de fracking y minería por fin’ se opone a proyectos de hidrocarburos y minería en dicha región.

Asoquimbo, que dirige Miller Dussán Calderón, quien lanzó su campaña política a la Cámara de Representantes, lidera la oposición a proyectos en el departamento de Huila.

En Cundinamarca, hay oposición, entre otros, a proyectos petroleros en los municipios de Pasca, Medina, Sibaté y Venecia, que también tienen como objetivo la realización de la consulta.

En Huila, los alcaldes lideran oposiciones a programas de extracción en las poblaciones de Íquira, Oporapa, Santa María y Timaná, no solo para extracción petrolera, sino también en cuanto a generación de energía.

De las 54 consultas pendientes, solo 9 son de iniciativa popular; 5 son de los alcaldes; 3, de concejales y 4, de un solo ciudadano.

Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por políticos, ambientalistas y abogados, que se organizan en movimientos.

En Tauramena y Cumaral se han votado consultas populares en contra de la industria petrolera, pero la primera está demandada por Ecopetrol ante las instancias administrativas seccionales y de no prosperar recurriría al Consejo de Estado.

Igualmente, en Yopal, Aguazul y Monterrey, también en el departamento de Casanare, se están cocinando consultas populares para plantarse frente a la explotación en las jurisdicciones, según indicaron fuentes del sector a EL TIEMPO.

Entre tanto, según añade el documento de Minminas, en 18 municipios, entre los que se cuentan La Concordia (Antioquia), Paipa (Boyacá), Vista Hermosa (Meta), San Vicente de Chucurí (Santander) y Líbano (Tolima), ya tienen la pregunta, pero aún no han fijado la fecha de la consulta. En total, según agrega el documento de Minminas, 20 concejos se han opuesto a proyectos de minería, energía e hidrocarburos en sus municipios. No obstante, 11 de ellos están pendientes de la solicitud de objeción, que debe estudiar el gobernador, y 9 fueron anulados después de ser aprobados. Mientras que los acuerdos anulados se hallan en Caicedo, Cañasgordas, Jardín, Jericó y Urrao, en el departamento de Antioquia. Igual pasó en Ibagué (1) y en Íquira, Oporapa y El Pital, en Huila.

Queja gremial

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) dice en un documento reciente que la Corte Constitucional ha dado piso jurídico a las consultas populares en varios municipios, con el propósito de prohibir actividades mineras en su jurisdicción. “Hoy, por ende, no existe claridad sobre cuál es la autoridad que tiene la última palabra en cuanto a la explotación de los recursos naturales no renovables”, dice el gremio. Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, gobernadores y alcaldes pueden realizar consultas populares para decidir sobre asuntos que competen al departamento o municipio. Sin embargo, en materia minera y de hidrocarburos hay competencias asignadas a autoridades nacionales. “En estricto rigor jurídico, las decisiones en firme de las autoridades nacionales no pierden fuerza ejecutoria por las normas de las autoridades territoriales; pero, en virtud de la consulta popular, quedan en el limbo. De ahí la importancia de que una ley defina la materia”, pide la Andi.

Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consultas-mineras-pendientes-contra-minas-y-energia-172302

Mexico

Comunicado: Chiapas: Defensore/as de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión”

          Prohibimos la minería en los núcleos agrarios de Acacoyagua y exigimos que se  respete nuestra decisión

Acacoyagua, Chiapas a 17 Enero de 2018

 

A los medios de comunicación,

A los colectivos y organizaciones de la sociedad civil,

A las personas a favor de la defensa de los derechos humanos, la tierra y los territorios,

 

Las mujeres y los hombres que conformamos el Ejido y los Bienes Comunales de Acacoyagua, en la Sierra Madre de Chiapas, organizados en el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), hemos decidido y establecido en dos actas de asamblea prohibir la actividad minera en nuestro territorio.

El acta del Ejido fue firmada el 24 de septiembre del 2017 durante una asamblea ordinaria en la que votamos el 57%, y el acta de los Bienes Comunales fue firmado el 1 de octubre del 2017 en otra asamblea que reunió también la anuencia de la mayoría de comuneros. Contienen la prohibición de la actividad minera dentro de esos dos núcleos agrarios, y del paso de transportes de carga en nuestros caminos porque queremos protegerlos. Por ejemplo en el Ejido Acacoyagua establecimos que “en el ejercicio de nuestros derechos agrarios, a partir de esta fecha, está prohibido el paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras, en el transito de toda superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros caminos que con tanto sacrificio hemos logrado”.

Con estas actas, que han sido notificadas al H. Ayuntamiento de Acacoyagua, hacemos valer nuestra decisión de defender nuestros bienes comunes naturales de la depredación minera. Estamos organizados para proteger las montañas de la Sierra Madre de Chiapas que nos dan de comer y los ríos Cacaluta y Cintalapa que nos dan vida, amenazados por las 21 concesiones mineras ubicadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla. Una de estas concesiones es “Casas Viejas  en posesión de la empresa El Puntal S.A. de C.V. que empezó a extraer ilmenita a partir del 2012 y cuyos camiones de carga dañaron nuestros caminos. Los que nos conocen saben que desde septiembre 2016,

Estas actas fueron firmadas después de que los y las regidoras celebraron una Sesión Extraordinaria de cabildo el 24 de agosto del 2017 para ratificar dos compromisos. Uno: “no a la contaminación de los ríos independientemente de cual sea su origen, para así preservar la flora y la fauna de nuestro municipio”.
Dos: “no extender ningún permiso ni licencia para la actividad minera durante el periodo de esta administración 2015
2018 en este municipio que es Acacoyagua, Chiapas”. Ambos compromisos nos alentaron a pensar que contábamos con un mutuo acuerdo de parar los atropellos de la empresa en el territorio y la colaboración de las autoridades municipales para el respeto de nuestras designaciones comunitarias.
Esos acuerdos han sido transgredidos por El Puntal S.A de C.V.
Para nosotros/as son de extrema preocupación las estrategias de división, cooptación y difamación que esta empresa implementa y financia para frenar nuestro trabajo en defensa del territorio.
En varias ocasiones hemos denunciado cómo ha pagado a individuos para que nos agredan verbalmente y nos amenacen: el 31 de julio 2017, un grupo encabezado por el empresario Julio Alfaro, vinculado a El Puntal S.A. de C.V., nos atacó en uno de nuestros campamentos; el 4 de agosto 2017, el mismo grupo se mani
festó en contra de nosotros frente al Palacio Municipal de Acacoyagua cuando estábamos solicitando una reunión con el ayuntamiento.
En cuanto a la campaña de difamación que sufrimos, tan solo en el 2017, operadores de la empresa pagaron al periódico local “El Diario del Sur” para que publicaran al menos 16 artículos donde acusan a varios integrantes del FPDS de “secuestrar al municipio”, de “extorsionar” y de “no permitir el desarrollo” en la región, para desacreditar la lucha justa y colectiva de nuestra organización a favor del bien común. Además, El Puntal S.A de C.V. invierte en la formación de grupos que amenazan al Comité de Agua de la ranchería Jalapa en Acacoyagua e intervienen en los grupos de programas federales de “Prospera” para convocar a actividades de la empresa.
Exigimos al Ayuntamiento de Acaoyagua que respete y haga respetar nuestras actas de asamblea y que no permita más minería en la región.
Exigimos que cancele la actividad minera de El Puntal S.A de C.V. por no contar con la licencia municipal requerida para realizar una actividad económica en el
municipio. Exigimos que colabore con nosotros para que no sigamos siendo agredidos por una empresa que evidentemente realiza actos de división, amenaza y difamación en contra de nuestra organización por verse afectada en sus intereses económicos.
Nosotros permaneceremos unidos, a pesar de los intentos de la empresa El Puntal S.A de C.V. de dividirnos.
Nuestros caminos, nuestra dotación de agua, nuestros bosques y nuestra tierra han sido cuidadas con la organización, el trabajo y el esfuerzo de las comunidades, no solamente del gobierno, y mucho menos de las empresas.
LLamamos a los medios de comunicación, a las organizaciones, los colectivos y las personas de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos a ayudarnos a vigilar que no haya más actividad minera en Acacoyagua y a hacer respetar nuestra decisión. Esta defensa es de ustedes también, ya que su salud y bienestar depende de la salud de la Sierra Madre.
                                                                                                                   Firman:
                                                                                                         Ejido de Acacoyagua
                                                                                                Bienes Comunales de Acacoyagua
                                                                                      Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS)
                                                                                                         ¡VIDA SÍ, MINA NO!
                                                                         ¡FUERA EL PUNTAL Y TODAS LAS MINERAS DE ACACOYAGUA!
                                                         ¡BASTA DE ATAQUES AL FPDS Y TODO/AS LO/AS DEFENSORES DEL TERRITORIO!
Fuente:http://www.remamx.org/2018/01/comunicado-chiapas-defensoreas-de-acacoyagua-prohiben-la-mineria-en-dos-nucleos-agrarios-y-exigen-que-se-respete-su-decision/
Chile

SMA sanciona con la clausura definitiva al proyecto minero Pascua Lama

También se resolvió aplicar una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones aproximadamente, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros. Estas sanciones son el resultado de dos procedimientos sancionatorios (2013 y 2015), que fueron acumulados en un único expediente.

Santiago, 17 de enero de 2018. La Superintendencia del Medio Ambiente finalizó el procedimiento sancionatorio y dictó sanción contra Compañía Minera Nevada SpA, titular de las RCA´s “Pascua Lama” (RCA N°39/2001) y “Modificaciones Proyecto Pascua Lama” (RCA N° 24/2006). El procedimiento sancionatorio comprende un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves; cuatro cargos fueron absueltos debido a que no pudo determinarse su configuración con los antecedentes disponibles. Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva. A su vez, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumadas alcanzan a la cifra de 12.360 UTA, equivalentes a $ 6.973 millones.

Este procedimiento sancionatorio significó un enorme esfuerzo de investigación y análisis llevado adelante por un equipo multidisciplinario de la SMA, incluyendo la revisión de miles de páginas de documentación e informes, fiscalizaciones en terreno, visitas del fiscal instructor al sitio, solicitud de informes especializados a diversos peritos y solicitudes de información a servicios públicos tales como la DGA, Sernageomin y Conadi, entre otras diligencias.

Entre los incumplimientos que motivaron la aplicación de la clausura definitiva de la faena minera se encuentra la intervención de vegas altoandinas; la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa (entre ellas, algunas protegidas por categorías de conservación), el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes; la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado.

Historia del proceso sancionatorio

Cabe recordar que en junio de 2016 se acumularon en un único expediente dos procedimientos de sanción contra la minera. El primero, Rol A-002-2013, fue iniciado el año 2013 y concluyó con una sanción de 16.000 UTA, pero luego de reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, éste determinó que la resolución sancionatoria de la SMA del año 2013, adolecía de diversos vicios que la hacían ilegal y le ordenó dictar una nueva resolución sancionatoria que se ciñera estrictamente al marco legal. Entre las ilegalidades detectadas por el tribunal, se identificaron la falta de fundamentación de la sanción y la utilización de la figura del concurso infraccional, todo lo cual fue posteriormente ratificado por la Corte Suprema en diciembre de 2014.

De esta forma, la SMA reabrió el referido procedimiento en abril de 2015. El mismo mes, y producto de una serie de nuevas denuncias y fiscalizaciones se abrió un segundo proceso, Rol D- 011-2015, con cargos relacionados a incumplimientos a las obligaciones establecidas en las RCA del proyecto respecto de flora y vegetación, monitoreo de glaciares y monitoreo de variables socio-culturales, entre otros.

En junio de 2016 ambos procesos de sanción se agruparon en un único expediente, el cual incluyó a más de 100 interesados y/o denunciantes, entre los que se incluyen asociaciones de regantes, comunidades indígenas, personas naturales, ONG, además de la propia empresa minera.

Cabe mencionar que las partes interesadas en este proceso, realizaron todo tipo de presentaciones, solicitudes y requerimientos ante la SMA los cuales de acuerdo a la ley, obligaron a la institución a examinar y ponderar cada una de ellas en detalle y tener que pronunciarse pormenorizadamente a su respecto en la resolución sancionatoria que hoy se ha dictado.

El Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz afirmó que, “dada la naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en este caso”.

El Superintendente Franz subrayó además, que “esta resolución es el fruto del trabajo de un gran equipo de profesionales de distintas áreas, el cual con dedicación exclusiva durante muchos meses, examinó y analizó en detalle cada una de las infracciones, cada una de las pruebas y cada uno de los antecedentes recabados durante el proceso, para arribar, en definitiva, a una decisión contundente, pero sobretodo objetiva y proporcional, a los incumplimientos cometidos, tal y como ha sido la tónica de nuestra institución en estos años”.

Fuente:http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/911-sma-sanciona-a-pascua-lama-2018

Chile

¿Y el Salar de Atacama?

Como se ha hecho público en los medios, CORFO ha anunciado el fin del conflicto que desde 2014 mantiene con la minera no metálica SQM (Soquimich). Esto, a través de un convenio en el que, a cambio de la salida del accionista controlador Julio Ponce Lerou (ex-yerno de Pinochet, y quien dirigiera Soquimich cuando ésta pertenecía al Estado para luego adquirirla a un precio irrisorio en plena dictadura militar) se extendería el arrendamiento del Salar de Atacama en favor de la minera hasta 2030, lo que se traduciría a su vez en un aumento en la cuota de extracción del mineral equivalente a 180.000 toneladas anuales.

Los términos de este acuerdo se dan a conocer a la opinión pública sólo a pocos días de su firma, y en un contexto de dudas y desconfianzas respecto a los efectos que la extracción sistemática de salmuera (agua con alta concentración de sal) del Salar de Atacama, tendría sobre el ecosistema y las comunidades que en ella habitan. Estas dudas se fundan principalmente en los informes de la Comisión Investigadora del Litio y en una serie de trabajos académicos que dan cuenta de la falta de fiscalización tanto de las actividades extractivas como de los convenios firmados entre CORFO, Albemarle y la misma SQM. A lo anterior se suma el hecho de que la multinacional Albemarle, aún bajo el nombre de Rockwood Lithium, consiguió triplicar sus derechos de extracción de salmuera gracias a un convenio firmado con el Consejo de Pueblos Atacameños en 2016, y que, entre otras cláusulas, estipula una participación de las comunidades en las ventas de la empresa.

Adicionalmente, surgen dudas y cuestionamientos a la forma en que este “fin de conflicto” ha sido socializado al interior de las comunidades, toda vez que el propio Eduardo Bitrán habría sostenido reuniones por separado con algunas de las comunidades que se encuentran geográficamente más cercanas a las operaciones de SQM, para luego sostener reuniones con el Consejo de Pueblos Atacameños y el Municipio, como consta en la cuenta twitter de la CORFO. Los argumentos giran en torno al tono autoritario de las intervenciones de vicepresidente ejecutivo del organismo estatal, quien además habría comunicado a dirigentes sobre el proyecto de creación de una fundación que canalizaría los dineros que SQM pondría a disposición, como parte de una cláusula de “Responsabilidad Social Empresarial”, al más puro estilo BHP Billiton – Fundación Minera Escondida.

Esto pone en evidencia no sólo la urgencia con que el gobierno busca asegurar la salida de Ponce Lerou del control de SQM antes del fin de mandato de Bachelet, sino que también la nula consideración tanto del efecto que estas intervenciones están generando en el tejido social de las comunidades, como de las devastadoras consecuencias que la extensión de las operaciones de SQM tendrían sobre el frágil y ya amenazado ecosistema del Salar de Atacama. Al respecto cabe recordar que el turismo no regulado ya está generando desabastecimiento de agua entre la población, y que los ríos San Pedro y Vilama, principal fuente de agua para la agricultura, han sido declarados agotados.

Frente al anuncio de que la firma de este acuerdo se materializaría este miércoles 17 en las oficinas del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, las reacciones desde diversos sectores tanto del propio territorio como del resto del país no se han hecho esperar. Desde las propias comunidades, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, a Organizaciones Socio-Ambientales del Salar y del Norte Grande, el rechazo es total, ya que para ellos este acuerdo redactado entre cuadro paredes estaría, una vez más, hipotecando la supervivencia del ecosistema de la Cuenca del Salar de Atacama.

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107111#.Wl6OHiEwFFI.twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=1a15f2fefa2d42f1829b3eed1dbb4d17&uid=576512048&nid=244+289476616