Mexico

Caso Mariano Abarca

Sigue y apoya nuestra demanda contra la Embajada de Canadá para exigir #JusticiaParaMariano
5 Febrero 2018

El 27 de noviembre 2009, el defensor chiapaneco Mariano Abarca Roblero fue asesinado por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, por encabezar la resistencia de su pueblo a la mina de barita «La Revancha» en el ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Hoy, a más de ocho años de este crimen, la familia del activista antiminero, miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tomó un nuevo paso en su búsqueda de justicia en Ottawa, Canadá.

Su hijo, José Luís Abarca, participó en un acto de conmemoración, realizado en frente del famoso Monumento Canadiense a los Derechos Humanos de la ciudad, en homenaje a su padre y a todas la víctimas de los crímenes cometidos por la minería canadiense en América latina. «Mi padre encabezaba la lucha contra el despojo minero en Chicomuselo porque le indignaban los daños al medioambiente que generaba la Blackfire y le indignaba la corrupción de los gobiernos mexicano y canadiense que permitió a la empresa instalarse en el pueblo generando un conflicto social», declaró José Luís Abarca durante el evento.

Lo acompañaban la organización canadiense MiningWatch Canada (Alerta Minera Canadá) y tres organizaciones mexicanas (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas-UNACH). «El trabajo de Mariano Abarca en Chicomuselo nos ha inspirado y nos continúa inspirando para la defensa del territorio en el estado de Chiapas y en el país para denunciar a la empresas mineras, especialmente las canadienses», expresó Libertad Díaz Vera, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y de la REMA.

Después del homenaje, la delegación entró a las oficinas del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), para presentar una denuncia administrativa ante esta institución a nombre de la familia Abarca, MiningWatch Canada, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la UNACH.

En esta denuncia, los demandantes exigen que se investigue a la Embajada de Canadá en México y su apoyo a las operaciones de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo. Argumentan que las acciones y omisiones de la Embajada pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca, y que la Embajada puede no haber seguido la política que la obliga a informar a las autoridades de Canadá sobre actos de corrupción cometidos por empresas canadienses.

Ahora, el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá tiene 15 días para anunciar si tomará en cuenta la denuncia y si investigará o no a la Embajada de Canadá.

 

 

Chile

Pueblos Atacameños quieren detener convenio entre Corfo-SQM

Serán recibidos en La Moneda
Tras días de movilización el Consejo de Pueblos Atacameños en pleno llegará este martes 5 de febrero al Palacio de Gobierno para sostener una reunión solicitada con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Aunque no está confirmada la asistencia de la mandataria, existen grandes expectativas de la reunión que está fijada para las 11 horas.
febrero 5, 2018

“La expectativa es que logramos paralizar el convenio entre Corfo y SQM”, sostiene Mirta Solís, secretaria del Consejo de Pueblos Atacameños, quien explica a El Ciudadano que esperan que al menos, se realice un proceso de Consulta Indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT.

Una vez en La Moneda, la idea es “que la Presidenta sepa lo que está pasando en esta zona atacameña, de una cultura milenaria, pues no se nos ha respetado ya que no nos han preguntado qué es lo que queremos”, explica Solís.

La dirigente explica que “hemos insistido en que la Presidenta nos pueda recibir”, manifiesta que tras solicitar una audiencia con la Presidenta, ella aún no confirma su asistencia, pero desde la Casa de Gobierno aseguraron que estarán los ministerios de Minería y de Desarrollo social para escuchar los planteamientos.

¿Por qué se oponen al convenio entre Corfo y SQM?

Nos oponemos al convenio por la falta a la Consulta Indígena, que se nos vulneran los derechos de una propiedad ancestral que, a lo mejor esta propiedad no estará con un título, pero sí nosotros estamos antes de la Guerra del Pacífico y estamos antes que Chile tomara posesión de esto. Entonces aquí hay una cultura que está siendo afectada y cada vez la extracción es mayor, cada vez más las napas se van secando más. Por eso queremos que ese acuerdo no se materialice.

¿Cuáles son los problemas más graves que tienen producto de la extracción en el Salar de Atacama?

Los daños son claros, tenemos problemas de escasez de agua, nosotros vemos cómo se está sufriendo en los ayllus -en los pueblos-, tenemos cada vez menos agua para sembrar. Es una situación que nos está afectando por varios años y las cosas no dan para más en el sentido que nuestra gente está sufriendo. También las aguas subterráneas que están extrayendo están afectando las lagunas, las vertientes, la agricultura.

¿Cuál es la gravedad de la situación hídrica?

Imagínese que hoy en San Pedro de Atacama regamos cada 30 días los predios, y eso nunca había pasado. De haber tenido mil litros por segundos o más, hace 30 ó 50 años atrás, hoy tenemos menos de la mitad de esa agua, y estoy hablando de las aguas de riego. Entonces, ya no se puede cultivar, ¿cómo lo hacemos? Antes teníamos producción de maíz, trigo, una buena cantidad de ganado y aunque le hablo por San Pedro de Atacama, eso está pasando con todas nuestras comunidades.

¿Por qué cree que no los consideraron en la firma de este acuerdo?

Cuando las cosas se hacen en un escritorio, no se conoce el terreno, no se conocen las realidades, pasa esto. Pero también hacemos una invitación a las autoridades que ya van a concluir (gobierno Bachelet) y a las nuevas (gobierno Piñera), que tienen que sensibilizarse y venir a terreno, ver lo que pasa realmente en la zona.
Que no sigan sacando el agua

¿Cómo responden a las críticas respecto al acuerdo de “Cooperación, Sustentabilidad y Beneficio Mutuo” que firmaron en 2016 con Rockwood Lithium?

Nos han criticado mucho de que el pueblo atacameño lo único que quiere es que le den más millones de dólares, pero nosotros hemos dicho que no queremos millones de dólares sino que queremos que no sigan sacando el agua, porque ése es el fondo. Porque cómo vamos a conservar lo que es nuestro si vamos a tener que irnos en algún momento. Además, el Convenio que existe y que se trabajó por muchos años, fue en otro período, en otras circunstancias, con otros dirigentes, y si bien llegaron a acuerdos económicos -pero tampoco grandes recursos- nos apoya a mejorar la infraestructura de riego, pero seguimos en la misma… porque podemos mejorar, pero no tenemos agua. En el fondo, yo les pregunto a quienes nos han criticado, ¿qué hacemos con los recursos si no tenemos agua?

¿Tienen alguna otra solicitud concreta para la reunión de mañana en La Moneda?

También llevamos la propuesta de hacer un estudio hidrográfico, pero que sea transparente, serio que nosotros mismos podamos hacerlo y que nos dé la seguridad que el estudio nos diga claramente lo que le pasa a la cuenca del Salar de Atacama, porque las empresas hacen sus estudios y dicen que no afectan en nada ¡ninguna empresa nos va a decir que tienen problemas!

Imagínese que nos han dicho que no van a sacar más cantidad de agua, ¡si tiene una cantidad enorme de derechos constituidos a nombre de las empresas para extraer agua subterránea! Entonces frente a eso, queremos que sepa el país que tenemos una escasez enorme.

¿Qué llamado le hacen a la ciudadanía?

Que entiendan que estamos en el desierto más árido del mundo donde el agua para nosotros es de vital importancia. El agua es la vida junto a la tierra para nosotros. Además, el Estado nos dice que está bien extraer más recursos naturales para obtener más recursos económicos para el país, pero el país no se da cuenta de lo que nos pasa a nosotros.

Por Javier Karmy Bolton

Internacional

Cáceres no quiere una mina de litio a cielo abierto a las puertas de la ciudad

Valoriza Minería SL (filial de Sacyr) y la australiana Plymouth Minerals tienen previsto la construcción de una mina a cielo abierto a menos de 3 kilómetros del casco urbano de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. La movilización ciudadana ha conseguido recabar más de 13.000 firmas en contra, entre otras las del propio Ayuntamiento.

La fiebre minera que resurgió en España al albor de la crisis económica lo ha intentado con el oro de Galicia, con la monacita de Castilla-La Macha -ambos proyectos finalmente cancelados- o con el uranio de Salamanca –acorralado por las irregularidades-. Ahora, otra multinacional extranjera ha puesto sus ojos sobre el litio que descansa en el suelo de Cáceres.

Este material, imprescindible para las baterías de aparatos electrónicos y que cotiza al alza en todo el mundo por la previsible fabricación masiva de coches eléctricos, se ha convertido en una importante amenaza para la ciudad extremeña, Patrimonio de la Humanidad. Allí, en pleno espacio natural de la Sierra de la Mosca, a menos de tres kilómetros del casco urbano, es donde la empresa Tecnología Extremeña del Litio –una sociedad creada a propósito para el proyecto y participada en un 50% por la española Valoriza Minería SL (filial de Sacyr) y la australiana Plymouth Minerals- planea extraer el preciado ‘oro blanco’ de la que sería la segunda mina a cielo abierto más cercana a una ciudad del mundo.

La mina provocaría un cráter de 1.100 metros de diámetro y 550 de profundidadLo poco que se sabe por ahora del proyecto de San José de Valdeflorez –como se ha bautizado- es lo que Plymouth publicó en un informe a finales de octubre de cara a posibles inversores. Sólo la zona de explotación de la mina, de donde se prevén obtener unas 15.000 toneladas anuales de litio, supondrá la apertura de un enorme cráter en mitad de la montaña de 1.100 metros de diámetro y 550 de profundidad. Pero sus instalaciones incluyen también la apertura de caminos, un área de procesado, una escombrera y una balsa de evaporación. Casi 1.200 hectáreas en total que se mantendrían operativas durante 24 años, entre la construcción, la fase de explotación y la posterior actividad industrial para procesar el material, aseguran desde Sacyr a este periódico, en la que se construirá la primera fábrica de carbonato de litio de grado batería. La inversión prevista alcanza los 340 millones de euros.

“Litio hay, pero el potencial del que habla la empresa está muy por encima de la realidad porque lo que ellos buscan son inversores. Aquí crean empresas pantalla que funcionan sin transparencia. Todavía nadie nos ha enseñado el proyecto concreto”, dice Eduardo Mostazo, portavoz de la Plataforma Salvemos la Montaña, una agrupación de vecinos opuestos a la mina que se creó en junio tras las primeras informaciones en la prensa local.

Recreación del proyecto de la mina de San José de Valdeflorez, en Cáceres, ralizado por la Plataforma a partir de los datos de la empresa australiana Plymouth Minerals.
Poco después comenzaron a ver las máquinas, –cuenta- abriendo caminos, talando árboles, perforando el suelo. La empresa tiene el permiso de la Junta de Extremadura (PSOE) para investigar en los terrenos, aunque está pendiente de la concesión de explotación, que solicitó en enero, y para la que aún no han obtenido una respuesta, a la espera de una declaración de impacto ambiental favorable.

Mientras tanto, la movilización ciudadana de la Plataforma, a la que se han sumado agrupaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Adene o Seo Bird Life, entre otras, ha conseguido recabar más de 13.500 firmas en contra de la mina, entre otras las del propio Ayuntamiento de Cáceres, que en un principio vio una “oportunidad” en la explotación, pero luego reculó. La alcaldesa, Elena Nevado (PP), y el propio presidente de los conservadores extremeños, José Antonio Monago, comparecieron a finales de la semana pasada para dar su ‘no’ rotundo al proyecto.

“Sólo quieren explotarnos, nos van a dejar un hoyo y se van a llevar el litio. No estamos hablando de una industria que vaya a transformarnos, sino de un proyecto de explotación y especulación”, señala Nevado.

“Sólo quieren explotarnos, nos van a dejar un hoyo y se van a llevar el litio”Su rechazo supone un revés importante para los planes de la empresa, que necesita el visto bueno del consistorio para modificar el Plan General Municipal, permitiendo el uso de la actividad extractiva en unos terrenos no urbanizables y de protección natural. Un requisito que sólo podría saltarse de conseguir que el Gobierno autonómico declare el proyecto como de interés regional. Consultada por este diario, la Junta no se posiciona, y se limita a comunicar que el procedimiento de licitación sigue adelante, y que su deber es “garantizar los derechos de todas las partes afectadas, la seguridad jurídica de los promotores que quieran invertir en la región y los de la sociedad, para acceder a la información”.

“No me fío, la verdad. Aquí las máquinas siguen funcionando día y noche”, dice Manuel Sánchez, uno de los más de 60 propietarios con fincas en los terrenos en los que pretende levantarse la mina. Un día, asegura, tuvo que echar a varios empleados de la empresa que habían entrado sin permiso en su parcela de 22 hectáreas talando árboles y desbrozando el suelo.

“Me dijeron que se habían confundido y se fueron. Luego me llegaron a ofrecer 400 euros al año si les dejaba trabajar allí durante cuatro años”, cuenta. Dijo que no, pero tiene miedo de que terminen expropiándoselo. “Con una Ley de Minas anterior a la democracia, y que ni siquiera está adaptada a las normativas europeas, estamos vendidos. Te lo pueden quitar todo por dos perras y te tienes que aguantar”, se queja.

La Plataforma Salvemos la Montaña alerta también sobre los peligros de una mina a cielo abierto tan próxima a la ciudad, que “generaría ingentes cantidades de polvo tóxico y partículas en suspensión”, “acabaría con el agua subterránea” de la zona y supondría un riesgo de vertidos ácidos.

La empresa alega que es un proyecto “respetuoso con el entorno” que creará 200 empleos directosTecnología Extremeña del Litio mantiene que se trata de un proyecto “respetuoso con el entorno”, que cuenta con “un plan de restauración medioambiental” y que generará en torno a 200 empleos directos y cerca de 900 empleos indirectos durante el periodo de explotación.

“La minería siempre se va a zonas deprimidas económicamente donde la gente se agarra a un clavo ardiendo”, dice Mostazo. Lo cierto es que en Cáceres no sobra el trabajo, pero la Plataforma está convencida de que los puestos que la empresa promete no serán tales, mientras que repercutirá negativamente en los que ahora hay dedicados al turismo y la hostelería.

“El 93% de las explotaciones mineras de España emplean a menos de 20 personas. En la mina Aguablanca de Monesterio (Badajoz) prometieron 400 empleos durante 15 años. A mitad del periodo despidieron a 16 de una plantilla de 25. Hoy quedan 9”, sentencian.

Fuente: No a la Mina.org
Mexico

Interponen en Ottawa demanda contra embajada de Canadá en México, por apoyar a empresa minera

La familia del ambientalista Mariano Abarca Roblero, y organizaciones no gubernamentales de México y Canadá, interpusieron una solicitud formal al gobierno canadiense, para que investigue a la diplomacia de ese país en México.

Tras recabar elementos de prueba que permiten documentar el apoyo abierto que la embajada canadiense dio a la empresa minera Blackfire -en el marco de las protestas que había su contra por parte de la población de Chicomuselo, Chiapas-, este día entregaron a Joe Friday, Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés), la demanda que implicaría una investigación de tipo administrativo.

Los demandantes sostienen que “la embajada actuó de manera que parece contraria a las políticas del gobierno canadiense”, al encubrir violaciones a la responsabilidad corporativa que por ley deben regir las empresas de ese país; también al abogar en contra de la comunidad chiapaneca de Chicomuselo, que se negaba a la operación de la mina de barita Payback.

De acuerdo a pruebas documentales, “la embajada urgió al gobierno mexicano para que contuviera las protestas, e ignoró la solicitud de ayuda que había recibido por parte de pobladores y del ambientalista Mariano Abarca, quien finalmente fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, y cuyo crimen no ha sido castigado, subraya la demanda que interpusieron la viuda y los hijos de Abarca, las organizaciones Otros Mundos Chiapas y Mining Watch de Canadá, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Libertad Díaz, representante de la organización Otros Mundos, refirió que investigar y, en su caso, hacer recomendaciones para que se sancione a involucrados y demande a diplomáticos que respeten las leyes y los tratados internacionales, sentaría un precedente para que en adelante la embajada apegue su actuar al marco que dictan las leyes de Canadá y los tratados internacionales que ha suscrito, y para que garanticen la protección de los derechos humanos de quienes tienen relación directa e indirecta con esa nación.

Esta es la primera vez que el gobierno canadiense recibe una demanda formal contra su embajada en México.

Durante varios años, luego del homicidio de Mariano Abarca, las organizaciones demandantes recuperaron -a través de solicitudes información- documentos provenientes de Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD por sus siglas en inglés) que dan cuenta de reuniones que la embajada de Canadá tuvo con autoridades de Chiapas, para pedirle acciones que detuvieran las protestas de la población de Chicomuselo y de Mariano Abarca, contra la empresa Blackfire– señala Shin Imai, titular del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa de la Universidad de York, quien funge como representante legal de los demandantes.

Entre las pruebas que se recabaron se encuentran correos que se enviaron entre empresarios de Blackfire y diplomáticos canadienses.

“Todos nosotros de Blackfire, agradecemos lo que la embajada hizo para ayudarnos a presionar al gobierno del estado (de Chiapas) para arrancar el proyecto (de la mina). No hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda”, señala uno de los correos fechado el 12 de septiembre de 2008.

También se documenta que en el periodo que duraron las protestas, trabajadores de Blackfire agredieron físicamente a Mariano Abarca, y la empresa misma interpuso una demanda judicial en su contra, motivo por el que fue detenido durante una semana por la Procuraduría de Chiapas.

Un elemento más que fue presentado ante el comisionado canadiense, para mostrar que la embajada actuó dolosamente en agravio de la población chiapaneca, fue el hecho de que tres meses antes de sus asesinato, Mariano Abarca y habitantes de Chicomuselo llegaron ante la oficina de la diplomacia en la Ciudad de México, para pedirle su intervención ante el agravio que se estaba cometiendo. Nunca se les dio respuesta ni el embajador los quiso recibir.

Abarca y los habitantes de Chicomuselo señalaban que la empresa minera los estaba despojando de su territorio, contaminando su medio ambiente y afectando su vida comunitaria.

Tras el homicidio de Mariano Abarca, la mina de barita fue clausurada por haber cometido violaciones a la ley medioambiental mexicana. En respuesta, la embajada asesoró a la empresa Blackfire para demandar al gobierno de Chiapas, de acuerdo a las cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Embajada propició daño irreparable

Con la evidencia presentada en la demanda, se argumenta que la embajada de Canadá en México no siguió la política establecida en las leyes que rigen la estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo canadiense; que violó el código de conducta que rige a los funcionarios públicos porque tampoco informó que Blackfire estaba cometiendo actos de corrupción para tratar de someter a la población de Chicomuselo; y los diplomáticos no buscaron conciliar con la población, sino que en los hechos, fomentaron la violación a sus derechos.

“Con base en estos alegatos serios y fundamentados, solicitamos la investigación. Por que con los actos y omisiones de la embajada, se creó un daño irreparable”, subrayó Shin Imai.

“Mi padre acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo (…) Sin embargo, la embajada dio su aval a Blackfire y abogó a su favor ante autoridades chiapanecas, para que contuvieran las protestas sociales. Consideramos que eso incidió en el asesinato de mi padre”, subrayó José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca.

El joven explicó que aún ahora, su familia y él mismo siguen recibiendo amenazas y agresiones por parte de ex trabajadores de la empresa minera, particularmente de quienes fueron detenidos y acusados de ser autores materiales del homicidio, y tiempo después liberados.

Al respecto subrayó que casi una década después, ninguna persona ha sido detenida por este crimen, y las autoridades han sido omisas al investigar a quienes habrían sido los autores intelectuales.

José Luis Abarca encabezó este día en Ottawa, capital de Canadá, un homenaje a su padre en una plaza pública dedica a los derechos humanos. Posteriormente entregó la demanda en la oficina del Comisionado Joe Friday.

Fuente: Aristegui Noticias.com

Perú

Piden al ministro Salinas atención prioritaria a niños afectados por metales tóxicos y petróleo

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: «Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana»

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

Este es un resumen de las demandas que formalizaron al MINSA a fines del 2017

Argentina

Contundente marcha en Esquel contra la minería y por la Iniciativa Popular

  Como en varias ciudades de Chubut, esta tarde los esquelenses marcharon masivamente para resistir la embestida de empresas mineras de la mano a funcionarios nacionales, provinciales y municipales entreguistas. Más de dos mil personas se movilizaron ocupando tres cuadras, muchas vistiendo remeras con la consigna “de la Cordillera a la Costa – NO A LA MINA” y afiches rechazando la posibilidad de la minería en la meseta. El documento leído en la concentración fue durísimo con los funcionarios y planteó contundentemente la aprobación del proyecto de ley para prohibir todo tipo de minería que las asambleas presentaron por Iniciativa Popular.

A lo largo de tres cuadras los vecinos avanzaron con cánticos y consignas en contra de la radicación de la minería a gran escala en la provincia. Con entusiasmo y fortaleza, padres con sus hijos y vecinos de todas las generaciones y condiciones sociales recorrieron las calles céntricas acompañados de batucadas, redoblantes y bombos.

La asamblea de vecinos autoconvocados leyó un documento en el que volvieron a reclamar que se trate y apruebe la Iniciativa Popular para prohibir la minería metálica y de radioactivos en todas sus formas, mencionando la actitud de los ex diputados provinciales Héctor Trotta, Javier Cisneros y Elba Willhuber, que en su momento votaron en contra de la iniciativa. Ver el texto completo al pie.

Asimismo, hicieron hincapié en las contradicciones entre los ministros del ejecutivo provincial y el propio gobernador, disparando la pregunta: “Señor gobernador, nos permitimos preguntarle “¿Quién gobierna Chubut”?

El discurso continuó en durísimos términos hablando de “complicidad, traición, e incapacidad del sistema representativo para generar una matriz productiva real y compatible con la vida”.

Más adelante, describieron la situación actual como un “nuevo atropello minero, con funcionarios y políticos flojos, o lisa y llanamente, traidores” describiendo cómo en un solo mes, “se produjeron una y otra vez nuevas declaraciones, acciones y acumulación de operaciones a favor de hacer minería a gran escala” no solo en Chubut sino que el mismo presidente Macri firmó acuerdos y mantuvo reuniones en ese sentido tanto en Rusia como en Suiza.

Fuente: No a la Mina .org

Contundente marcha en Esquel contra la minería y por la Iniciativa Popular

Ecuador

La minería preocupa a los moradores de Nulti

Una vez finalizada la fase de recepción de observaciones dentro del proceso de obtención de licencia ambiental por parte de los concesionarios mineros, moradores de la parroquia Nulti, en los sectores Challuabamba y Guangarcucho, esperan que las autoridades locales tomen en cuenta sus reparos a la minería en la zona.

Las concesiones mineras que buscan su regularización son La Playa 1, de cuatro hectáreas de expansión, y Challiyacu de 10 hectáreas, ambas ubicadas en la zona baja de la parroquia rural.
El dirigente de Guangarcucho, Fabián Carpio, asegura que la contaminación ocasionada por el polvo y el ruido, así como la posible afectación a fuentes de agua, el deterioro de los caminos y la proximidad de las áreas mineras a sitios patrimoniales como El Plateado, mantienen en vilo a la población del sector.

El biólogo Gustavo Chacón, también morador de la parroquia, asegura que en el sector existe riqueza paleontológica, así como de fuentes de agua, flora y fauna, “que se están perdiendo” y, asegura, “deben ser protegidas de la actividad minera”.
De acuerdo con los estudios de impacto ambiental presentados por las concesionarias, en la zona las actividades están bajo los límites permisibles de afectación.

Respuesta

En ambos casos, los estudios señalan que para la calidad ambiental se realizaron muestreos de agua, gases, material particulado y ruido, que “resultaron que están bajo los límites permisibles”.
Los informes detallan que “los impactos ambientales directos generados por las actividades de arranque, transporte y trituración (…) se han definido en base a los factores de influencia física, biótica y socioeconómica”.

Desde la Municipalidad, entidad a cargo de los procesos de regularización, se sostiene que, a través de los estudios se busca regularizar concesiones que han venido trabajando desde hace varios años y cuyos concesionarios tienen derechos adquiridos sobre la explotación. Así lo explicó Pablo Crespo, director del departamento de Minas del gobierno local.

Otras concesiones

La definición de áreas mineras no se centra unicamente en Nulti. El Municipio mantiene en ejecución un contrato para la señalización de las áreas de libre aprovechamiento Cochapamba, Victoria y Challayacu, ubicadas en las parroquias Quingeo, Victoria del Portete y Tarqui, respectivamente.

El director de Minas de la Municipalidad de Cuenca, Pablo Crespo, indicó que el aprovechamiento de materiales pétreos en el cantón es necesario para cubrir la demanda de la planta de asfalto y ampliar la cobertura de pavimentación de las calles de la ciudad. (JPM) (I)

Estudios

Los estudios presentados por los concesionarios ante la Comisión de Gestión Ambiental, CGA, detallan que el proyecto minero Challayacu se encuentra localizado en un área aluvial y que está moldeado por colinas y perfiles de mayor inclinación.

Sostienen que el paisaje de la zona minera y su alrededor se encuentra ya alterado por actividades como la propia actividad minera y la producción agropecuaria.

“Se hace evidente que el área minera, con la infraestructura ya establecida y su funcionamiento, altera el paisaje del sector; sin embargo, en el Plan de Manejo Ambiental se pueden incluir acciones para la mitigación”, se asegura en el informe.

“El área se encuentra en el sector de El Plateado, que pertenece a la jurisdicción política administrativa de la parroquia Nulti”, reconoce el estudio.

En cuanto a La Playa 1, el estudio contempla que el riesgo de derrumbes en la zona es moderado, mientras que el de inundación bajo, a pesar de estar a la orilla de un río.

Sobre las flora y fauna en estos dos lugares, se refiere que no se encontró a individuos de especies en riesgo.

FUENTE: No a la mina.org

Chile

Así Fue la Usurpación del Litio Chileno

Casi sin que la opinión pública se enterara, se produjo una operación que amplió la explotación privada y transnacional del litio chileno. El consorcio beneficiado fue Soquimich, SQM, empresa que financió irregularmente campañas electorales, pagó de manera ilegal dineros a políticos y violó contratos con el Estado.

La decisión estuvo en manos de altos personeros del actual Gobierno y se materializó en un acuerdo de la Corporación de Fomento (COREO), dirigida por el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, con SQM, cuyo gerente general es el empresario Patricio de Solminihac.

Detrás de esta operación estaría el aval de varios ministerios, entre ellos el de Minería, cuya titular es Aurora Williams.

Esto se produjo después de más de tres años de un duro conflicto precisamente entre CORFO y SQM, por violación o alteración de condiciones acordadas de parte del consorcio privado en el arrendarniento y la explotación del mineral en el Salar de Atacama.

Todo quedó atrás ahora, después de un proceso que incluyó la actuación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Más atrás todavía quedaron los análisis y conclusiones de la Comisión Nacional del Litio, generada en esta administración, y que debía avara ir en el diseño de una política nacional del mineral y de gobemanza de los salares.

Un punto cardinal resuelto por esa instancia, fue que el Estado debe ser el “auténtico dueño de estas riquezas” que “son estratégicas para el país”. En ese camino, desde la Comisión se habló de establecer una empresa nacional del litio que asumiera todas las funciones ejecutoras, de gestión, regulación y fiscalización.

La idea era reforzar el papel del sector público en el manejo de una de las materias primas más importantes pan el país y su desarrollo.

Todo quedó en el tintero y lejos de aquello, desde este Gobierno, con un papel preponderante de CORFO, se perfiló y fortaleció la tesis de abrir aun más el espacio y las opciones a compañías privadas, nacionales y extranjeras, mantener la institucionalidad actual y el papel acotado del Estado, sobre todo respecto a ser más proactivo en una política de industrialización y potenciamiento del “oro blanco”.

En defititiva, el Gobierno, a través de CORFO, dio luz verde a que el cuestionado consorcio Soquimich aumente la explotación del “oro blanco”, en la línea de reforzar que el sector privado y transnacional hegemonice este rubro.

Además, se cerró la opción de crear una empresa nacional que se haga cargo de este mineral estratégico para el país.

Expertos insisten en que este recurso natural permite la industrialización del país, la materialización de un modelo de desarrollo alejado del extractivismo, generación de recursos para metas sociales, abordar el tema de creación de energía y productos terminados, es decir, lo que se define como avanzar hacia el desarrollo.

Hoy, eso es imposible y la riqueza se la llevan grandes compañías privadas y extranjeras.

Se abrió más espacio a SQM

Así las cosas, en un acuerdo suscrito el 17 de enero pasado, se aumentó la cuota de sacada del mineral a 349.553 toneladas de litio metálico hasta el 2030. Se suma a un remanente del convenio de explotación con SQM, de 64.816 toneladas, con lo que la extracción o disponibilidad aumenta en más de cinco veces. Para eso, la empresa debería invertir mil millones de dólares.

Se dijo que esto podrá implicar el ingreso al Estado de 12 mil millones de dólares entre este año y el 2030, incluyendo eso sí, el acuerdo que se tiene con la transnacional Albemarle (ex Rockwood Lithium), que es el otro consorcio que saca y vende el litio chileno. No quedó claro en información disponible, el nivel de ganancias de SQM gracias a este convenio.

De esta manera, dos grandes consorcios privados, SQM y Albemarle, explotan mayoritariamente el mineral chileno, en una línea de reforzar que este ámbito de la economía y la producción, esté hegemonizado por el sector privado y extranjero.

De hecho, el reciente acuerdo que suscribió CORFO, significó de parte del Gobierno el cerrar la puerta para avanzar en la iniciativa de creación de una empresa nacional del litio, que pudiera dedicarse a la extracción, producción, comercialización del mineral blanco, incluso llegando a convenios con empresas privadas, pero donde la hegemonía la tuviera el Estado.

Uno de los pocos en reaccionar rápido ante este escenario, fue el diputado comunista Daniel Núñez, quien en esa linea dijo que el acuerdo CORFO-SQM, “pone fin a la posibilidad de usar el litio para industrializar a Chile”.

CORFO lo ve bien

Claro que para Eduardo Bitran, y quienes lo acompañaron en este paso, las cosas son positivas porque SQM hará un aporte a la Región de Antofagasta y localidades de la zona, aumentará el nivel de costo de arrendamiento, la empresa tendrá que aportar a la investigación y habría un 25% de producción del mineral destinado a la venta en Chile.

Además, se indicó que está la posibilidad futura de que CODELCO pueda meterse a la explotación del litio…pero claro, asociándose también con SQM, en la sacada del producto del Salar de Maricunga, donde la compañía estatal de cobre tiene terrenos.

Por el incumplimiento en el contrato de arrendamiento, SQM desembolsará al Estado algo más de 20 millones de dólares. Eso, en la lógica prevaleciente en Chile de que cuando los grandes consorcios cometen ilícitos o irregularidades, el pago de una multa -casi siempre baja para sus niveles de ingreso- arregla todo.

Como en este caso que CORFO reincidió en pactar con SQM pese a incumplimientos graves de la compañía. También se expuso ante los medios de prensa como un logro, que el antiguo yerno de Augusto Pinochet, y quien pudo apropiarse de la privatizada Soquimich en dictadura, Julio Ponce Lerou, quedara fuera del directorio de la empresa, cambiando la estructura de gobierno corporativo, como una medida de garantía…

Umbral de dudas

Lo concreto es que, al igual como sucede con el cobre, este pacto entre el Estado y Soquimich coloca en manos de otro poderoso grupo económico de la minería, el destino de uno de los principales recursos estratégicos de Chile, abriendo un umbral de dudas respecto a un uso adecuado de esa materia prima.

Dada la poca información pública -en la revisión del Portal de CORFO y otras entidades del Gobierno, así como de los medios de prensa- sobre cómo se fue incubando este convenio ya materializado, los efectos reales o limitados para el desarrollo del país, los índices de ganancias que tendrá SQM, y las dudas sobre el futuro soberano o no de la explotación del litio, y por qué se postergan decisiones estratégicas que beneficiarían al largo plazo al país, también se instalan incertidumbres ante declaraciones del vicepresidente de CORFO cuando estimó que esa entidad “ha sido exitosa con su compromiso de establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República”.

¿Este convenio con SQM cautela el interés público?
¿Este proceso restablece la confianza ciudadana en el Estado y, más aun, en Soquimich?
¿Está todo claro respecto a cómo se entrega el litio?

Muchas preguntas transitan en tomo del presente y el futuro del litio chileno.

Qué tanto con el litio

El litio es clave para que Chile pueda avanzar hacia el desarrollo. Así de simple. Otra cosa es que el país, o sus autoridades, hayan decidido otra cosa. Como se sabe, el mineral blan-co es estratégico por el uso que tiene en diversidad de productos que son esenciales para las sociedades modernas.

Dicho de manera simple, el litio es esencial para fabricar pilas y bate-rías, medicinas, automóviles eléctricos (que las grandes corporaciones automovilísticas van a fabricar masivamente en unos años más), celulares, lubricantes, acumuladores termosolares, aleaciones en la fabricación de aviones o barcos, combustible para energía nuclear, y en la generación de energía.

Aquellos países que tienen industrias o caminan a crearlas, necesitan litio y por eso lo compran. En el caso de Chile, se dispone la venta, pero no el crear una industria aprovechando el valor del mineral. Así, como ocurre con el cobre, quienes están mandando en esta materia, mantienen la tesis de vender el recurso, es decir, exportar la materia prima para, luego, importar los productos manufacturados o terminados…con litio chileno.

Algo crucial es que Chile posee el 52% mundial de las reservas de litio en forma de salmuera y tiene el 30% de la oferta mundial. El 90% de las reservas de litio chileno está en el salar de Atacama, el cual es explotado por la trasnacional Albemarle (ex Rockwood Lithium) y por Soquimich.

La actual hegemonía del sector privado y transnacional se explica fundamentalmente en la preponderancia de un modelo extractivista, es decir, de priorización de explotación y exportación de la materia prima, y no de uso priorizado para una industria y desarrollo nacional.

En esa línea, el experto Nicolás Chacón, de la Comisión de Minería del Partido Comunista, escribió:

“Se trata de crear el valor necesario y justo para el país, generando encadenamientos productivos y cadenas de valor en sus procesos, dejando de lado el modelo extractivista y centrando el desarrollo del litio en las potencialidades respecto a la energía, tanto de almacenamiento como generación”.

El contrapunto lo explicó el senador Alejandro Guillier, precisamente representante de la región donde está la reserva del “oro blanco”:

“Los grupos rentistas (sector privado y trasnacional) no tienen interés en hacer cadena de valor o generar industrialización en Chile”.

Añadió:

“Como controlan el acceso a los recursos naturales les basta eso para hacer su riqueza y cuando saturan el mercado prefieren irse del país a seguir haciendo negocios, en vez de encadenar a Chile en una dinámica de crecimiento más diversificada, sustentable, basada en ciencia, tecnología e innovación”.

Esto, evidentemente, está asociado a la concepción que se estima para el camino de fortaleza del país, más allá de generar recursos vendiendo materias primas agotables o metiéndose de lleno a la especulación financiera. Es el paradigma del modelo. Es así que hoy hay uno de corte extractivista, mercantilizado y privatizador, y varios economistas sostienen la posibilidad de avanzar hacia otro de desarrollo sustentable, solidario, productivo.

Según la opción, el papel que se le asigna al litio.

En ese sentido, el ingeniero y estudioso del tema, Patricio Palma, sostuvo:

“No podemos repetir historias como la del salitre, donde esa riqueza no fue usada en beneficio de todos, ni en el desarrollo del país. Un nuevo modelo de desarrollo debe tener como base la buena utilización de los recursos naturales. Hablamos del cobre, del litio, del mar de la agricultura”.

Añadió:

“Por ejemplo, grandes empresas europeas del automóvil van a comenzar en unos años a hacer solo autos eléctricos y ¿cuáles son los componentes más importantes?, el cobre y el litio. Y los chilenos somos abundantes en ambos recursos. Pero los tienen los privados y las transnacionales”.

Se sabe, por ejemplo, que transnacionales como Mercedes Benz, Wolkswagen, Rosatom y Samsung están muy interesadas en obtener el mineral blanco. En cuanto a la posibilidad de crear una empresa nacional, varios especialistas indican que el Estado tendría como invertir, y afirman que hay profesionales y técnicos chilenos capacitados.

Habría, por cierto, que entrar al tema del uso y la inversión en tecnología.

Por lo demás, quienes propician ese camino, plantean que no es descartable que esa empresa de sector público llegase a convenios comerciales y de inversión con compañías privadas, pero todo sujeto a la planificación del consorcio estatal. En este marco, varios parlamentarios y organizaciones sociales plantearon declarar a Soquimich “empresa de interés nacional”, que significaría devolverla al Estado.

En una columna de opinión, un grupo de expertos (R. Briones, H. Bosselin, G. Gutiérrez y J. Zagal) sostuvo:

“Desgraciadamente, hasta ahora los productos del salar -como el litio- se exportan sin o escaso valor agregado, perdiendo así el país la posibilidad de generar ingresos muchísimo más altos que los obtenidos actualmente. Ha faltado una política de Estado ambiciosa y con mirada de futuro, que cautele el interés público con respecto a las enormes riquezas que tenemos en los salares. Estos fueron cedidos a la explotación de privados, sin control del Estado, sin captura de su renta, y peor aún, como el caso de SQM, realizando acciones al margen de toda regulación. Es el momento de pensar en el país”.

SQM sigue ganando

De acuerdo a reportes financieros, en el tercer trimestre del año pasado, Soquimich continuó obteniendo suculentas ganancias, sobre todo por su participación en el mercado del litio. De acuerdo a la estadística conocida, el consorcio tuvo utilidades por más de 112 millones de dólares en el periodo julio-septiembre de 2017. Eso significó un aumento de los ingresos del 10.8%.

Según información divulgada, las ventas de litio que hizo Soquimich le habían reportado el año pasado casi 470 millones de dólares de ganancias, un alza de 37.7%, vendiendo el litio chileno al extranjero.

Optimista, el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, indicó que “en el mercado del litio seguimos observando un fuerte crecimiento de la demanda y hemos visto que los precios continuaron creciendo. Creemos que esta tendencia de precios debería continuar durante el resto del año hasta principios del 2018”, contexto en el que se produce el auspicioso convenio alcanzando hace unos días con lCORFO.

Soquimich tiene negocios en Australia y Argentina, en el rubro minero.

El Sigo, edición N° 1908

Fuente:http://reddigital.cl/2018/01/30/usurpacion-litio/

Chile

Planes de cumplimiento de firmas por faltas ambientales triplican monto de multas en 4 años

Dentro de las empresas que lideran las sanciones se ubican las mineras. Entre ellas, Caserones, Pascua Lama y Anglo American Sur.

Unos US$60 millones en multas medioambientales ha cursado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en los últimos cuatro años, es decir, entre 2014 a 2017, siendo el principal destinatario la minería. Sin embargo, en el mismo período los planes de cumplimiento han triplicado dicho monto. Se trata de herramientas que los infractores pueden utilizar para enmendar sus infracciones y corregir los efectos negativos derivados de éstas, a cambio de una exención o rebaja en el monto de multas.

Y es que parte importante de las empresas optan por este mecanismo cuando se les formula cargos. Dentro de los casos más recientes está Alto Maipo, que presentó un plan de cumplimiento a principios de 2017 luego de que la autoridad ambiental formulara 14 cargos por incumplimientos en las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto hidroeléctrico. A este se suma SQM, que está trabajando en un plan para evitar la multa de hasta US$23 millones que se le podría cursar por la serie de infracciones sobre el Salar de Atacama. En el caso de esta última, el plan inicialmente propuesto incluía el desembolso de unos US$18 millones, el monto más alto que se ha considerado para estos fines.

“Los programas de cumplimiento los estamos fiscalizando más que la RCA, desde el primer día que comenzamos a potenciar el cumplimiento de los programas. Es una herramienta muy virtuosa que tenemos que cuidarla y eso significa que no pierda su reputación (…) si los programas los dejan caer los titulares, los incumplen, la herramienta hasta ahí llega, muere”, comentó el Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz.

Desde que se comenzó a implementar la Ley 20.417 que creó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2012, el organismo ha finalizado 158 procedimientos sancionatorios, de los cuales 118 han concluido con multas.

Por sectores, el principal destinatario es la minero, que suma 37.956 UTA (US$35,2 millones), es decir 63% del total. Le siguen energía y acuicultura con 18% y 10% del total, respectivamente.

Minería lidera además el ranking de las mayores multas: de las 10 sanciones más altas, seis son operaciones de extracción de mineral. Caserones lidera el listado, con una multa de 14.745 UTA. Le sigue la recién cursada multa a Pascua Lama de unos 12.360 UTA.

Multas impagas

De acuerdo a los datos recopilados por la superintendencia, el 18% de las multas cursadas no han sido pagadas a la fecha, lo que equivale a unos 10.813 UTA.

De ellos, casi la mitad corresponde a la sanción de 5.049 UTA a Minera Candelaria en 2015. Esta fue por diversas infracciones a las resoluciones de calificación ambiental del complejo minero, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, y concretó luego que plan de cumplimiento fuese rechazado por la SMA.

Le sigue la sanción a Pampa Camarones y en tercer lugar, al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los incumplimientos ambientales detectados en el proceso de fiscalización del proyecto Embalse Ancoa, ubicado en la Región del Maule.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/planes-cumplimiento-firmas-faltas-ambientales-triplican-monto-multas-4-anos/

Perú

En el Perú no se están consultando, medidas que pueden afectar derechos colectivos de Indígenas

Ana Leyva, directora de CooperAcción, hace un balance de los procesos de consulta previa en las industrias extractivas que se han desarrollado en el país, y afirma que en casi todos los casos se está consultando decisiones operativas, excluyéndose las que son más relevantes y que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellas están las decisiones sobre el uso del territorio y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Leyva señala que en minería ninguno de los actos que se consulta permite establecer las condiciones sobre las que se dará esta actividad, ni las medidas de prevención, mitigación o compensación de sus impactos. Sostiene además que no hay margen para un diálogo real sobre la medida consultada.

Han pasado tres años desde que se implementó la consulta previa en minería, el número de consultas previas concluidas ha superado a las realizadas en el sector de hidrocarburos iniciadas hace cinco años. ¿Qué piensa al respecto?

R.-El gremio minero ya no ve a la consulta previa en minería como una traba, porque la manera en que se ha implementado la convierte en solo una formalidad. A lo largo del ciclo del proyecto minero, el Ministerio de Energía y Minas ha decidido consultar los últimos actos administrativos de la cadena de decisiones, es decir, los menos importantes.

P.- ¿Qué efectos jurídicos produce en los pueblos indígenas la autorización del inicio actividades de exploración?

R.- Es poco significativa, es una decisión operativa que no tiene mayores consecuencias jurídicas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cuando se otorga dicha autorización, ya casi todo sobre el proyecto está decidido y nada de ello se puede cambiar.

P.- Pareciera que ha habido un antes y un después en el gremio minero. Antes señalaban que era un obstáculo para las inversiones, y ahora tras ser implementada, Carlos Gálvez presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó el año pasado que las consultas positivas podían ser tomadas como modelo y que a veces «se crean fantasmas ante lo desconocido». ¿Por qué ese cambio?

R.- Porque la consulta previa en minería se ha neutralizado. La consulta se ha convertido en un instrumento de legitimación de los proyectos. Ninguno de los actos que se consulta permite participar de las decisiones sobre si el proyecto va o no va ni sobre las condiciones necesarias para prevenir sus impactos sobre los derechos indígenas o para determinar las medidas que permitan mitigarlos o compensarlos. Además el proceso no permite un diálogo real sobre la medida. En un estudio realizado por CooperAcción que analiza 10 consultas desarrolladas, se puede observar que tan solo tres llegaron a la fase de diálogo, etapa previa a la decisión final. ¿Por qué la mayoría de consultas concluyeron luego de terminada la etapa de evaluación interna y no llegaron a la fase de diálogo? Porque no hay materia para debatir. Ante este problema, la metodología conduce a los participantes a conversar sobre impactos generales de la actividad minera. Pero al ser tan general, no se llega a nada concreto y los acuerdos terminan refiriéndose a obligaciones que el Estado ya tiene legalmente, independientemente de la consulta. La propia Defensoría del Pueblo se pronunció, afirmando que los acuerdos no versan sobre acciones concretas para prevenir afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

P.- ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llega?

R.- Son muy generales. Por ejemplo, que el Estado cumpla con fiscalizar y supervisar las actividades de la empresa, que la comunidad esté informada de las actividades del proyecto, que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales y sociales o que los incumplimientos de ésta, sean sancionados por el OEFA u OSINERGMIN. Gran parte de los casos no llegaron a la fase de diálogo porque no había discrepancias entre las comunidades y los representantes del Estado sobre esas propuestas. En esos casos el diálogo quedó agotado. Al plantearse cosas que ya estaban en la ley o en los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, las reuniones de cada etapa carecían de sentido. Los casos que llaman la atención, son las dos consultas realizadas casi simultáneamente sobre el proyecto Apumayo que corresponden a las decisiones casi finales sobre exploración y explotación, algo que materialmente debía ser imposible. Es más, algunas reuniones de la consulta sobre la medida referida a la explotación se dieron antes que las que correspondían a la autorización de inicio de la exploración.

P.- Afirmas que el EIA debe ser consultado. ¿Sobre qué podrían decidir los pueblos indígenas si se consultara?

R.- Si se consultara, en el proceso se podrían debatir los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales que tendrá el proyecto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, las canchas de relave podrían poner en riesgo alguna fuente de agua o estar ubicada en un espacio culturalmente importante. El ruido podría ahuyentar a los animales y con ello dificultar la caza. La llegada de gente foránea podría debilitar la identidad cultural. Si se consultara el EIA estos temas serían materia de la consulta.

P.- ¿Qué información se les alcanza a los pueblos indígenas que van a ser consultados sobre un proyecto?

R.- Les hablan de los impactos de la actividad en general. Les presentan una tabla de impactos genérica sin dar detalles del proyecto en concreto. Se evita en todo momento remitirse al estudio ambiental porque podría generar la expectativa de realizar cambios y eso no es posible porque el estudio ya se encuentra aprobado. Ante ello, podemos afirmar que la consulta no canaliza la preocupación de los pueblos indígenas.

Por otro lado, la información que se proporciona es muy técnica, y poco asequible para los pueblos indígenas. Además, si bien hay traductores, estos traducen generalmente lo que los técnicos dicen, pero no los comentarios que hacen los representantes de los pueblos y que deberían ser escuchados por los funcionarios. Esto significa que no hay un diálogo real.

P.- En el caso de los hidrocarburos, ¿la medida que se consulta es más relevante que en minería?

R.- Son varias los actos que se consultan, pero solo uno de ellos tiene relevancia, me refiero a la aprobación del contrato. En el contrato se establecen las cláusulas socioambientales que guardan estrecha relación con los derechos de los pueblos indígenas. Es por esta razón que las comunidades de la zona de influencia del Lote 192 han reclamado ser consultadas sobre el nuevo contrato que se celebrará para que se continúe explorando y explotando el Lote.