La semana pasada, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció, con bombos y platillos, que el Perú era el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial. Pero ni siquiera hizo mención al número de conflictos mineros que existen en el país: 78 según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (publicado en enero).
En la misma línea de presentar al sector minero como repotenciado, el último domingo, la revista Semana Económica (SE) publicó un artículo titulado «En sacos distintos» en el que concluye que este 2018, los conflictos sociales no serán mineros porque las empresas «han aprendido de sus errores pasados».
Partiendo del caso del paro agrario y la protesta de los productores de papa, los autores (Rafael Aste y Alvaro Roncal) sostienen que «este conflicto responde a la pérdida de legitimidad del gobierno y no al discurso socioambiental que impulsó los conflictos durante el boom minero pasado».
Según SE, las mineras «se han protegido por una sofisticación» de sus estrategias: «relacionamiento con stakeholders y autoridades locales, difusión de información ambiental sobre sus proyectos y desarrollo de emprendimientos autosostenibles en la economía local».
¿Qué tan cierto es esto? Para responder a esta pregunta, consultamos con José de Echave, director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Para este experto, «hay una suerte de sobredimensionamiento» cuando se afirma que los conflictos no afectarán a la minería este año.
«Las estrategias que dicen estar aplicando no son nuevas. Se han venido usando desde hace bastante tiempo y no veo motivo por el que ahora sí estén funcionando. Por el contrario, lo que veo es poco aprendizaje. Por ejemplo, con las declaratorias de estados de emergencia en el corredor minero», dice de Echave a LaMula.pe.
Recordemos que en su último informe, el OCM explicó la reducción de la conflictividad social en zonas mineras a los menores precios internacionales de los metales, a la coyuntura política, marcada por denuncias de megacorrupción, y a la proximidad de las elecciones regionales y municipales.
De Echave precisa que en los últimos dos o tres años, las empresas decidieron invertir menos por lo que la presión en los territorios se redujo. «La conflictividad social está relacionada a la presión que hacen las empresas en sus intentos de avanzar con sus proyectos, pese a que no cuentan con la aceptación social. Pero ahora la situación ha cambiado, los precios se han recuperado», señala.
«Ahora está comenzando a haber una ebullición por avanzar con las inversiones mineras sin que hayan solucionado sus problemas. Van a insistir con lo mismo y se van a encontrar con un rechazo, milagrosamente la situación no va a cambiar en Tía María«, afirma de Echave.
En este sentido, el exviceministro de Gestión Ambiental precisó que se deben diferenciar los conflictos mineros, no todos tienen las mismas características.
«Hay una visión plana de la conflictividad, estos señores [los empresarios mineros y sus voceros] piensan que los conflictos son iguales, ese es un error tremendo. Tenemos conflictos de rechazo y otros de convivencia: no es lo mismo Las Bambas que Tía María: en el primero la gente acepta el proyecto, pero reclama mayores beneficios y condiciones, en cambio en el otro los agricultores lo rechazan porque se sienten amenazados», afirma el experto.
Además, explica de Echave, la conflictividad no solo debe medirse por números, sino por intensidad y «este año podríamos tener un rebote de conflictos mineros». Contrario a lo que sostiene SE, el economista cree que el 2018 va a ser un año complicado por los conflictos mineros. Desde el OCM, estima que «con los actuales precios, varios proyectos se van a reactivar como Río Blanco, Kañaris y otros en Cajamarca». «Las empresas van a querer avanzar con sus inversiones sin haber resulto problemas sociales anteriores», dice.
«Construir un discurso de que los conflictos han bajado como consecuencia de la implementación de nuevas estrategias de las empresas mineras no se condice con la realidad», afirma el experto en conflictos mineros.
¿Cómo le irá a las empresas mineras en la gestión de los conflictos sociales provocados por sus proyectos? Veremos si de verdad han aprendido la lección o si siguen repitiendo los errores del pasado.
Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/02/13/conflictos-sociales-mineros-socioambientales-peru-empresas-mineras-lecciones-2018/jorgepaucar/
El proyecto minero de Gold Quest en Romero-San Juan –aprobado inicialmente por el Ministerio Mina, defendido por su titular, Antonio Isa Conde- es solo un señuelo envuelto en almíbar dorada para abrirle cauce a la despredación del Valle de San Juan y en el Suroeste agrícola del país.
Pasaron casi ocho años desde la sanción de la «Ley de presupuestos mínimos de Protección de Glaciares y ambiente Periglacial». Sin embargo, la norma no tiene aplicación efectiva. Ahora, la Secretaría de Minería y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, junto a las provincias comprometidas con la actividad (Mendoza, Catamarca y San Juan) quieren flexibilizar la Ley para abrirle un camino sin controles a más de cuarenta proyectos megamineros.
En reunión informativa con vecinos de la comunidad de Coatetelco, activistas se pronuncian a favor de sumarse a la lucha contra la explotación minera de Álamos Gold; demandan la cancelación de los permisos y la conservación de los recursos naturales.
Luego de arduas reuniones y debates entre los vecinos, el presidente del Concejo Deliberante y los restantes miembros del cuerpo, se sancionó la declaración del cuerpo que expresa el rechazo a la actividad minera en Chubut. El presidente Jorge Junyent al igual que los integrantes del bloque Cambiemos, dilataban el llamado a una sesión extraordinaria tal como demandaban los vecinos acompañados por los concejales opositores. Sin embargo, los fundamentos que aquellos expusieron sobre la gravedad de la coyuntura que atraviesa Chubut ante la inadmisibles gestiones en el extranjero y presiones del gobierno nacional para burlar la voluntad popular, la constitución y la ley 5001, lograron que el concejo sesione y votara por unanimidad la Declaración. 
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
A la población en general
“Pelambres va a seguir contaminando”, sostienen tras aprobación de ampliación de Minera de Luksic