Año: 2018

Ecuador

Frente a los graves hechos ocurridos en la Parroquia de Molleturo en Ecuador

Autor: Acciónecologica.org
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Las organizaciones que adherimos esta comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.

El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO; además parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas.

Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación, piden la salida de la empresa y la reversión de la concesión. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008, que además ha generado división y conflictos socio ambientales entre los pobladores y con la empresa minera.

La implementación de proyectos mineros en el territorio ecuatoriano ha significado graves violaciones de derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. El Estado ecuatoriano no está cumpliendo su rol de garante de estos derechos y ha permitido que la empresa realice sus actividades en contra de la voluntad de la población, violando su derecho a la autodeterminación, consulta previa y ambiental.

En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta el Estado ha dispuesto la intervención de la fuerza pública, que incluyen a grupos de fuerzas especiales (UMO), para reprimir la protesta social. Además, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera han ejercido actos de violencia en contra de los pobladores y de quienes han intentado ingresar en la zona.

Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas están siendo perseguidas, se ha provocado allanamientos de casas, detenciones arbitrarias, existen varias personas heridas y detenidas. Las vías de acceso fueron bloqueadas por los trabajadores de la empresa, lo cual impidió conocer lo sucedido en la zona y visibilizar los hechos de violencia que se generaron en contra de los pobladores.

El 9 de mayo Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador), Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la FOA (Federación de Organizaciones Indígenas y campesinas del Ecuador), fueron secuestrados por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield. Los tres dirigentes fueron retenidos en el automóvil en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro. Los tres secuestrados fueron agredidos e incomunicados desde las 07h30 hasta las 14h30 que fueron liberados.

Rechazamos todo tipo de violencia puesto que la violencia no resuelve los problemas, por el contrario, los agudiza. Hacemos un llamado a todos los actores involucrados a buscar una solución pacífica a esta grave situación.

Exigimos a las autoridades del Estado Ecuatoriano garantizar la vida e integridad de los moradores de la parroquia Molleturo, detener la represión contra los comuneros y comuneras que son defensores y defensoras del territorio, desbloquear las vías de acceso a la parroquia de Molleturo para garantizar la entrada segura a personal de atención a la salud y ayuda humanitaria (vituallas y alimentos), romper el cerco de aislamiento de las comunidades y garantizar la entrada de medios de comunicación en la zona para cubrir lo sucedido.

Pedimos a las autoridades competentes no usar la fuerza pública para perseguir, reprimir y agredir a los habitantes de la zona, al contrario que cumplan con su rol de proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Nos Adherimos a la exigencia de las comunidades que piden salida de la empresa minera y la reversión de la concesión para cumplir con lo dispuesto por el Mandato Minero y consulta popular. Solicitamos a las autoridades locales y a las organizaciones de la Iglesia intermediar en el conflicto para evitar una mayor escalada de violencia en la zona.

Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y parte de la comunidad internacional, nos comprometemos a estar atentos y vigilantes de lo que suceda en la zona, a difundir la información que se genere desde las Organizaciones locales y solidarizarnos con lo que están viviendo los defensores y defensoras en la parroquia de Molleturo en el Sur de Ecuador.

Pedimos su adhesión solidaria y difusión.

ACCIÓN ECOLÓGICA
APRODEH, Perú
CEDENMA
CEDHU
CEDIB, Bolivia
Minewatch, Canadá
OCMAL (América Latina)
YASUNIDOS

Fuente:http://www.accionecologica.org/mineria/pronunciamientos/2278-frente-a-los-graves-hechos-ocurridos-en-la-parroquia-de-molleturo-en-ecuador

Perú

Mujeres de Cotabambas construyendo su futuro

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Mujeres de los seis distritos de Cotabambas (Apurímac) se reunieron en Tambobamba para continuar con sus esfuerzos de capacitación y fortalecimiento de sus propios liderazgos. Este proceso es uno de los acuerdos tomados en marzo por la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, como parte de una estrategia de trabajo que busca promover la autonomía de las mujeres y lograr su empoderamiento político, social y económico.

Los días 8 y 9 de mayo tuvo lugar la primera sesión 2018 de la Escuela de Mujeres de Cotabambas, una oportunidad para que las participantes – en su mayoría campesinas y quechuahablantes – pudieran discutir e identificar los principales problemas que las afectan y fortalecer sus capacidades para hacerles frente.

 

Una de las problemáticas más sentidas por las mujeres participantes es la violencia de género, expresada en maltrato físico y sicológico, así como en casos de violencia sexual y feminicidios que se vienen registrando en la provincia. Frente a ello, señalaron las deficiencias de la atención del Estado y  de los mecanismos de denuncia que no protegen a la mujer.

Por ese motivo, las mujeres de Cotabambas han iniciado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de su autoestima y autonomía, y entre sus acuerdos se encuentra realizar campañas para contrarrestar la violencia y el alcoholismo que está muy asociado a este problema, en especial en las zonas rurales.

 

Además, la capacitación busca fortalecer los liderazgos locales de las mujeres, a fin de que tengan mayor autoconfianza y capacidad organizativa para expresar y defender sus puntos de vista en el ámbito público.

El programa también buscará fortalecer la autonomía económica de las mujeres, promoviendo su participación en proyectos productivos sostenibles.

Una de las participantes de la Escuela fue Victoria Mio, viuda de Alberto Roque Cconislla, líder campesino que fuera elegido alcalde del distrito de Mara y luego asesinado en 2015 en extrañas circunstancias. Actualmente, doña Victoria vive una difícil situación económica, pero ella no se da por vencida y lucha por sacar adelante a su familia a través de su participación en un proyecto de alternativas productivas mediante invernaderos o fitotoldos, gracias a lo cual ahora está produciendo fresas. Al mismo tiempo, sigue buscando justicia por la muerte de su esposo.

Impacto de Las Bambas

Otra de las problemáticas más sentidas por las mujeres que participaron de esta sesión es el impacto socioambiental que viene generando la empresa Minera Las Bambas SAC, la mayor mina de cobre del país y que opera en la provincia de Cotabambas. Uno de los impactos más fuertes es el tránsito incesante de centenas de camiones diarios a lo largo del corredor vial minero, que genera constante polvareda que afecta la respiración y la salud de las personas, así como afecta el agua, los cultivos y los animales, y ocasiona fuertes vibraciones que afectan las viviendas.

El programa de capacitación de la Federación Provincial de Mujeres, apoyado por CooperAcción y el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, tiene programadas dos sesiones más en los próximos meses para darle continuidad a este proceso de fortalecimiento del liderazgo de la mujer en Cotabambas.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mujeres-de-cotabambas-construyendo-su-futuro/

Perú

Más de 50 000 habitantes del corredor minero tienen sus derechos restringidos

Autor: Dionel Martínez e Ivan Lopez para Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

Como es sabido, el pasado 11 de abril el Presidente Martín Vizcarra decidió la prórroga del Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, a través del Decreto Supremo 037-2018-PCM. Varias instituciones[1], entre ellas CooperAcción, han manifestado su preocupación por ello, pues el nuevo gobierno se reafirma en la política del uso de estados de excepción aplicada por su antecesor para el manejo de los conflictos sociales.

Este artículo pretende analizar la dimensión territorial de la medida, para lo cual debemos prestar atención a lo decretado textualmente. En su artículo primero, el Decreto Supremo dice “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”. Del texto se desprenden tres elementos claves para nuestro análisis del territorio en Estado de Emergencia: primero, el corredor vial; segundo, el punto de inicio y término del mismo; y finalmente el área de 500 metros adyacente a cada lado de la vía del corredor.

El corredor vial en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de los territorios departamentales de Apurímac, Cusco y Arequipa. En Apurímac recorre las provincias de Grau (distrito Progreso) y Cotabambas (distritos de Challhuahuacho y Haquira), en Cusco las provincias de Chumbivilcas (distritos de Quiñota, Llusco, Santo Tomas y Velille) y Espinar (distritos de Coporaque, Pallpata, Ocoruro y Condoroma), y en Arequipa la provincia de Caylloma (distritos de Callalli y San Antonio de Chuca).

Si bien el Ejecutivo puede alegar que el Estado de Emergencia solo se circunscribe al corredor vial y no a la totalidad de los ámbitos territoriales de los 14 distritos mencionados, lo cierto es que haciendo un análisis al ámbito circunscrito a los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía del corredor, como menciona el D.S., encontramos que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007), existen 215 centros poblados que albergan alrededor de 50 801 habitantes. De los 215 centros poblados en Estado de Emergencia, 10 son capitales distritales, de ellas siete se ubican en el departamento del Cusco (Condoroma, Ocoruro, Héctor Tejada, Coporaque, Vellile, Llusco y Quiñota) y tres en el departamento de Apurímac (Haquira, Challhuahuacho, Progreso). Por otro lado,  dos son capitales de provincias del Cusco: Yauri-Espinar (Espinar) y Santo Tomás (Chumbivilcas).

A partir de lo señalado, podemos concluir que más de 50 000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, tienen suspendidos sus derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, por una política gubernamental que, a todas luces, como han señalado diversas instituciones pro derechos humanos, es inconstitucional, pues su declaración no cumplen con los requisitos establecidos para su aplicación en nuestra carta Magna.

El establecimiento del estado de excepción en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa plantea la pregunta sobre qué lo “justifica”. Para contestar a esta pregunta, debemos entender el rol que cumple la vía nacional del corredor como un elemento de la movilidad que articula cotidianamente a más de 200 centros poblados, donde, como hemos mencionado anteriormente, se encuentran capitales distritales y provinciales que son la matriz del funcionamiento de la gobernanza del territorio; y  a su vez también, es la vía esencial del denominado corredor minero, por donde se transporta el mineral de al menos cinco grandes unidades mineras en explotación (Las Bambas, Anabi ubicada en Cotabambas, Anabi ubicada en Chumbivilcas, Constancia y Antapaccay) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes (Gema, Utunsa, Corccohuayco y Quechua).

La justificación declarada del Ejecutivo para implementar el Estado de Emergencia es la convulsión social aparentemente existente en la zona de influencia de este corredor. Sin embargo, cuando uno visita la zona[2] encuentra que las poblaciones en general lo que único que exigen al Estado es la canalización y atención adecuada de sus demandas a través del diálogo. Pese a ello, la respuesta en el último tiempo ha sido el establecimiento de sucesivos Estados de Emergencia con la militarización de la zona, que protege los intereses particulares del corredor minero, en detrimento de los derechos constitucionales de una gran cantidad de población del sur andino del Perú.

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[1] CooperAcción (30/04/2018). CooperAcción Informa. Estados de Emergencia limitan Democracia. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/
[2] El 26 de abril realizamos una visita al distrito de Challhuahuacho, donde pudimos comprobar que no existen condiciones de convulsión social como argumenta el gobierno.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mas-de-50-000-habitantes-del-corredor-minero-tienen-sus-derechos-restringidos/

Argentina

El peligro hecho tour: Goldcorp promociona “la ruta del Cianuro”

Autor: No a la Mina .org

La multinacional minera canadiense que explota oro y plata en el oeste de Santa Cruz, planificó abrir en toda la provincia con anuencia del gobierno de Kirchner, lo que denomina “La ruta del cianuro”. Como si se tratara de un recorrido turístico, diagramó una serie de charlas y conferencias, que promociona enviando cartillas  invitiando a “sumarse” a esta iniciativa a todas las localidades del trayecto. Goldcorp, realiza esta campaña a favor de su libre albedrío para exponerlo luego como argumento ante la opinión pública y decir “nosotros lo explicamos y la gente de los pueblos, estuvieron de acuerdo”. Las charlas se darán los días 10 y 11 de mayo en Puerto Deseado, Fitz Roy, Pico Truncado y Las Heras. 

Cuando la justicia está ausente, cualquier cosa puede pasar, entre ellas que la minera Goldcorp quiera tomar a la población de Santa Cruz por estúpida, generando una movida “social” inducida, ante el silencio cómplice del gobierno provincial y el guiño de ojo de Macri, promoviendo la actividad minera contaminante y pretendiendo instalar un corredor vial seguro para transportar cianuro a sus locaciones, especialmente el yacimiento Cerro Negro, sin que se le interpongan controles y con la debida “licencia social”.

Esas charlas comienzan hoy 10 de mayo y mañana 11 en Puerto Deseado, Fitz Roy, Pico Truncado y Las Heras cuyo propósito es obtener la “licencia social” de esas poblaciones para transitar libremente y con el menor riesgo posible de interdicciones, controles y multas, con los transportes cargados de cianuro.

Vale recordar que el actual Ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, posee una empresa de transporte que presta servicios a las mineras y precisamente acarrea cianuro. Por si no lo recuerdan los lectores,un camión perteneciente al entonces diputado Álvarez, fue detenido por transportar cianuro sin habilitación al día, hecho que se resolvió “mágicamente” y la unidad que no tenía la verificación técnica obligatoria para transportar esa clase de sustancia, siguió viaje sin problemas. Nunca nos quedó claro si el tema fue resuelto y en ese caso, si allí, parado por 24 horas en la caminera de Chimen Aike, la empresa de Álvarez pudo lograr que le hicieran la verificación respectiva para seguir viaje.

Goldcorp, con la clara complicidad del gobierno provincial, produce esta avanzada para destrabar uno de los principales escollos que tiene la minería a cielo abierto, que es la contaminación ambiental producto del manejo de compuestos cianurados. Para tal fin y con recomendación del gobierno nacional, las transnacionales han desarrollado estas “campañas de concientización”, donde el objetivo es plantearle a la sociedad que no corre ningún peligro con la actividad minera, que la lixiviación es casi “natural” (ocurre en normalmente en todos los procesos naturales) y el cianuro “es una sal”.

La resistencia pública a la minería en Chubut ha desplegado nuevas estrategias de las empresas mineras, quienes están gastando mucho dinero en estas campañas donde pretenden ganar concenso público de un sector, para exponerlo luego como argumento ante la opinión pública y decir “nosotros lo explicamos y la gente de los pueblos, estuvieron de acuerdo”.

¿Controles? ¡No!

No es casual que el gobierno provincial y las mineras se hayan opuesto recientemente al establecimiento de garitas de control en los accesos a las ciudades del norte provincial (Las Heras, Pico Truncado, Gobernador Gregores y Fitz Roy), para establecer seguridad dentro de un proyecto de “Guardia Urbana”, presentado por el Concejal Lucas Chacón y potenciado por otro concejal: José Ruiz, con carácter, no solo policial, sino fitosanitaria, bromatológica , seguridad de cargas peligrosas (compuestos químicos, explosivos, etc) y comercio (remitos de carga, declaración de carga y en el caso de las mineras mineral transportado).

Estas garitas en número de cuatro que se colocarían en los accesos a los pueblos, ordenarían el control migratorio, de carga, darían mayor seguridad a las ciudades y aportarían con fines estadísticos. El gobierno de Alicia Kirchner le bajó el pulgar y las mineras, agradecidas. La “Ruta del cianuro” en santa Cruz, no sería posible si alguien intenta meter la nariz en cuestiones que ya están habladas, consensuadas y abonadas en los más altos niveles de la política provincial y nacional.

El cinismo y la mentira

En el fuerte embate producido por el gobierno nacional con la minería en la Patagonia y el país, no faltan expresiones de exaltada ridiculez, como las vertidas por el Subsecretario de Desarrollo Minero Mario Capello, quien visitando el NOA argentino y tratando de justificar a la ecocida Barrick Gold, la flor y nata del kirchnerismo en materia de curros, negociados sin importarle un rábano el desastre ambiental que ha dejado para generaciones futuras, dijo “el cianuro se puede beber”, en una temeraria explicación para negar los efectos contaminantes de una sustancia que ha sido erradicada del primer mundo, como mecanismo para extraer oro.

“El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, transcribe El Diario de Cuyo, que expresó el Subsecretario y aseguró: “no hay que asustarse ni asustar a la gente, ya que el cianuro es bebible”.

Mauricio Macri, quien llegó al gobierno “en modo Angeloz”, con el lápiz rojo para tachar la corrupción, avanzó con la minería por todo el mapa nacional, presionando a gobernadores o arreglando con los que ya venían haciendo buenos negocios con las multinacionales. El caso de la Barrick Gold ha sido emblemático. Como sucedió con “Vaca Muerta”, antes de asumir “Cambiemos” se horrorizaba por la corrupción K y la falta de controles. Una vez asumido, nadie habló más del tema, Laura Alonso cerró su ataché, revivió la vaca y Barrick, con habilitación oficial y judicial, pudo retomar sus producción en Veladero, a pesar del desastre ambiental que produjo y la media docena de ejecutivos que están procesados por la irresponsabilidad empresaria de una empresa verdaderamente marginal, que se agiorna muy bien a la corrupción estatal en países como el nuestro.

Hoy en Santa Cruz GoldCorp trata de instalar “La ruta del cianuro” y el pueblo escaso y preocupado en temas más urgentes, vuelve a ser atacado en su buena fe y recibe manifestaciones capciosas urdidas desde el poder, para sacarles un “si” o al menos sembrarles una duda razonable, de que si impiden “el desarrollo”, vamos a seguir postergados, mientras los capitales extranjeros se llevan los recursos no renovables y nos dejan la porquería contaminante que respiraremos por ciento de años en esta provincia.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/40525-el-peligro-hecho-tour-goldcorp-promociona-la-ruta-del-cianuro

Colombia

El lamentable ¡puf! del Alto Putumayo

Autor: Ignacio Zuleta para El Espectador

El Alto Putumayo, entre los Andes y la Amazonía colombiana, ya no será la riqueza oculta del país, sino el filón de la minera Anglo American, de pésima reputación universal. Un video que se encuentra en #PorELAguaDelaAmazonia dirigido y lanzado por Luis Ernesto Gómez circuló por las redes como una ráfaga viral y con razón: allí nos narran en simples y dolorosas imágenes y textos lo que puede suceder con ese piedemonte extraordinario en manos de Mocoa Ventures, la hija putativa de Anglo American. Es tan impactante la “noticia” que en pocos días El Espectador (https://bit.ly/2jOnjNJ) y otros periódicos habían ya sacado artículos de peso, lo que no es usual para las cotidianas “amenazas mineras” al agua, las plantas, la fauna, los campesinos y los indígenas.

Menos mal puedo escribir, porque la indignación me deja mudo. El cuento está bien registrado en los medios nacionales, así que remito a los lectores a darle una mirada a la prensa en los pasados días 10 y 11 de mayo. Allí encontraremos la historia de siempre, en resumen: de llevarse a cabo la explotación del área, que viene siendo postergada —y que tiene vía libre por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales urdida por el patriota Álvaro Uribe—, ponemos en extremo riesgo 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Aquí nacen los ríos que abastecen a las comunidades de Mocoa y aledañas, aquí la biodiversidad del piedemonte es una riqueza —esa sí, incalculable—, sin hablar de los tesoros de la cultura tradicional que han sobrevivido resguardados en las cuencas. Como en las aterradoras historietas infantiles, esta zona hará ¡puf! si la dejamos explotar por los vampiros.

Lo grave no es que sean ingleses o norteamericanos los que explotan los eldorados nacionales, sino que seamos nosotros, colombianos, los que les hayamos otorgado los permisos. La historia vergonzosa de siempre: las poderosas multinacionales hacen lobby para penetrar “en el mercado”, las élites criollas centralistas se engolosinan con sus cuotas partes y abren la puerta con abyección neoliberal y: siga usted sir, yes, sir. Las regalías se esfuman en otro ¡puf! de magia, y perdemos el agua, feriamos los bosques y sus plantas, matamos a los taitas de tristeza, y obligamos a las comunidades ancestrales a que se sumen a la franja sombría de los parias en los cinturones urbanos de miseria. La comunidad del Alto Putumayo se está organizando como puede para procurar que la vida y el agua tengan prioridad sobre el oro, el platino, el molibdeno… pero requiere el apoyo de cada colombiano, porque el desastre podría ser peor a largo plazo que el de las avalanchas de Mocoa (que no están desligadas de la exploración y explotación minera).

Y hablando de política, revisando con reticencia los programas de gobierno de los candidatos sobre el tema extractivista, con la esperanza de que la impotencia no nos devore, solamente encontré en uno de ellos, Gustavo Petro, posturas decididas y coherentes, sin maquillaje verde. Es el único que dice francamente y con la vehemencia que requiere el caso: no al fracking; no más minería de carbón; habrá adjudicación de recursos para que las comunidades de mineros ilegales tengan alternativas que no sean las amenazas de la mafia o las del hambre; y no a la minería de oro a cielo abierto. La cosa es delicada, las opciones muy arduas, pero finalmente habrá que decidirse por el agua.

 

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/el-lamentable-puf-del-alto-putumayo-columna-755703

Argentina

Vecinos cierran todos los accesos al Cerro Famatina para las mineras

Autor: No a la Mina .org
Conflicto Relacionado: Famatina, Chilecito - minera Famatina Barrick Gold

Desde el Frente Social por el agua y la vida de Chilecito comunicamos que el día domingo 13 de mayo a partir de una asamblea popular realizada en la localidad de Santa Florentina, se decidió junto a los vecinos iniciar el corte selectivo a las empresas mineras que quieren explorar y explotar las sierras del Famatina. De estas actividades participaron habitantes de Santa Florentina, Chilecito y otros distritos como Nonogasta. Los bloqueos se van a sostener hasta que las mineras informen oficialmente que se retiran del Famatina.

El corte se está realizando en la unión del camino de Santa Florentina con la bajada de la estación n°2. A su vez, informamos que los cortes en las localidades de Guanchin y Santa Florentina son medidas que adoptamos para exigir a Seargen S.A. que se vaya del Famatina.

Los bloqueos se van a sostener hasta que las mineras informen oficialmente que se retiran del Famatina.

Exigimos a las autoridades competentes que se tomen las medidas tendientes a expulsar a las corporaciones mineras. La empresa Seargen S.A. cuenta con el apoyo del gobierno local, provincial y nacional y busca abrirle la puerta a la minería transnacional en las sierras del Famatina. Advertimos que los objetivos de esta empresa son hechos que constituyen una provocación para nuestras comunidades que no quieren actividades mineras. Como, así también, repudiamos las actitudes de varios funcionarios como el Secretario de minería Oscar Lehz y el Secretario de Ambiente Santiago Azulay quienes fomentan y son cómplices de esta actividad extractiva.

Como próxima acción vamos a presentar una nota en las oficinas de Vialidad de la provincia exigiendo el retiro de las maquinas que se encuentran en la propiedad privada del Sec. De minería Oscar Lehz y que se están usando para garantizar el acceso de las mineras al cerro.

Nuestras comunidades están de pie, defendiendo al Famatina y entre todos lo estamos logrando. Convocamos al pueblo de Chilecito y de todo el país a seguir participando de estas acciones. Nuestro compromiso es muy importante.

✊Queremos valles libres de megaminería
✊Queremos preservar nuestras fuentes de agua
✊EL FAMATINA NO SE TOCA

Contactos de prensa:
3825- – 557769 (Claro)
3825- 436972 (Personal)
380- 4272125
3825 573604
3825- 438732 (Claro)

?Listado de donaciones para sostener los cortes selectivos:

Alimentos no perecederos, elementos y productos de limpieza, agua mineral, plásticos, fósforos, linternas, ropa de abrigo, colchones, carpas, herramientas, focos, alargadores.

Las donaciones se reciben en los cortes (al ingreso de Guanchin y en Santa Florentina) y en Chilecito podes dejarlas en Diario Chilecito (calle San Martin) y en las oficinas de ATE-CTA (calle 19 de Febrero).

Fuente:https://noalamina.org/argentina/la-rioja/item/40558-vecinos-cierran-todos-los-accesos-al-cerro-famatina-para-las-mineras

Argentina

Se desconoce el desarrollo de un proyecto de litio en 6.500 hectáreas

Autor: El Ancasti.com

En la Secretaría de Minería, la empresa canadiense Marifil no presentó ningún plan para desarrollar litio. Se cree que podría tratarse de un caso de especulación.

La semana pasada medios nacionales informaron que la empresa canadiense Marifil Mines Limited había anunciado el lanzamiento de su programa de exploración de litio, con la adquisición de dos propiedades que totalizan 6.528 hectáreas en la zona de Antofagasta de la Sierra. Sin embargo, no hay información con respecto al desarrollo de un proyecto de litio en esa zona por parte de la empresa. La Secretaría de Minería no tiene registro de presentación de algún plan. Tampoco tiene información el intendente de Antofagasta de la Sierra. Se cree que algún concesionario de yacimiento podría haber vendido o alquilado la concesión del pedimento, pero hasta ayer el panorama no era claro y no se descarta que se trate de la misma vieja historia de especulación con los yacimientos mineros.

Según la publicación, las concesiones de exploración obtenidas son las de Fraile (de 5.678 hectáreas) y Ratones (de 850 hectáreas), controladas en un 100% por Marifil, y corresponden a tierras fiscales catamarqueñas.

Desde la Secretaría de Minería explicaron que no existe ningún proyecto en desarrollo y se pedirá informes a Catastro Minero y al Juzgado de Minas para saber quién es el concesionario. Lo que puede ocurrir es que la compañía Marifil Mines haya adquirido la concesión porque se la compró o la alquiló a alguien que tiene la concesión de ese yacimiento.

El terreno puede ser fiscal o privado, aún así los recursos mineros son del Estado. Según la información se trataría de tierras fiscales, pero lo que se adquiere es el pedimento que otorga el juzgado de Minas. Consultado por el tema, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, expresó: “A nosotros nos preocupa mucho porque usted puede denunciar una mina y obtener su concesión minera, pero el dominio del terreno es del Estado. Usted como parte privada, siendo dueño de la concesión, puede alquilarla, puede venderla, eso lo permite el Código de Minería. Nosotros estamos en contra de este tipo de cosas porque deberían llegar a la Secretaria Minería y preguntar cuál es el estado de las minas. Estamos en contra de la especulación porque creemos que el Estado tiene que ser responsable y cuando la empresa se radica en la provincia tiene que demostrar que tiene solvencia para encarar un proyecto de esta categoría. Tiene que preguntar cómo están las minas, presentar cuál es el proyecto, presentar informe de impacto ambiental, informar qué va a pasar con sus oficinas y de esto no tenemos nada”, señaló en declaraciones a Radio Valle Viejo.

«Tenemos empresas serias en la provincia y no queremos que estos anuncios se hagan por especulación o solamente para la Bolsa de algún lugar. El servicio de Catastro está viendo el tema», agregó.

Micone señaló que la empresa puede adquirir la concesión, pero cuando va a iniciar un proyecto tiene que informar a la Provincia «sino ese sitio no se toca», afirmó.

«Cualquier empresa que quiera especular en la provincia no lo va a poder hacer porque estamos conscientes de que el recurso debe ser tratado como corresponde», afirmó. En ese marco, señaló que en la actualidad se desarrollan cuatro proyectos en la zona. «Tenemos bastante trabajo y posibilidades de producir, lo que no queremos es la especulación», concluyó.

 

Pedidos de cateo

Según pudo averiguar El Ancasti, la empresa canadiense Marifil habría realizado pedidos de cateos en la zona hace varios años ante el Juzgado de Minas. El cateo permite buscar minerales en grandes extensiones de tierra. Si encuentra mineral puede denunciar la mina y luego el juez la otorga.

Esos pedidos de cateo tienen un plazo de dos o tres años, de acuerdo con la sentencia del juez. Sin embargo, los pedimentos de esa empresa habrían caducado.

Se sospecha que el pedimento minero fue adquirido por otro particular que ahora lo habría vendido a esta compañía, que en realidad no tendría ningún proyecto en marcha.

En diálogo con Radio Ancasti, el intendente de Antofagasta de la Sierra dijo también que desconocía quiénes podrían haber adquirido esa cantidad de hectáreas y que no tenía información sobre el proyecto.

 

Bloqueo en el ingreso a la mina de Culampajá

En declaraciones radiales, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, se refirió también al accidente ocurrido el fin de semana último en la mina de Culampajá. Explicó que el yacimiento está en un terreno privado y anticipó que se tomó la decisión de bloquear el ingreso como ya se hizo en otras minas que están abandonadas.

El sábado un turista cordobés cayó en una mina de Culampajá, en Corral Quemado, ubicada a 150 kilómetros de la cabecera departamental de Belén.

«Es una zona en la que hace más de 50 años se trabajó. Es parte del saneamiento del Catastro Minero que estamos realizando. Tenemos 5.000 minas en la provincia y estamos tratando de sanear. En esa zona hay labores que fueron condenadas, esto significa que tenemos minas que han sido tapadas y no se puede ingresar, pero parece que ésta había quedado libre», señaló.

Micone apuntó también a la falta de responsabilidad del turista al ingresar sin conocer en la zona.
«Vamos a implementar un protocolo porque teníamos entendido que es propiedad privada y no podía entrar nadie. Ya hemos mandado a la Policía minera a la zona y vamos a tomar la determinación de bloquear esa zona», señaló.

«Fue un milagro que se salve», dijo Micone al señalar que cayó 42 metros. De igual modo, reconoció el trabajo que realizaron Bomberos Voluntarios y Policía de la Provincia.

Fuente:https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/5/15/se-desconoce-el-desarrollo-de-un-proyecto-de-litio-en-6500-hectareas-371063.html

 

Ecuador

Conflicto entorno al extractivismo

Autor: Por AZD , El Mercurio.ec
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Transportistas y moradores piden se retome el trabajo minero en Río Blanco. La ministra Rebeca Illescas cumplirá agenda hoy en Cuenca.

En las últimas dos semanas, se activaron dos frentes de conflicto por la minería, en Río Blanco, parroquia Molleturo, son habitantes y activistas antimineros los que rechazan de manera radical la empresa de origen chino, Junefield Resources Ecuador, Ecuagoldmining, y piden su salida por supuestos daños ambientales. En el Alto Nangaritza, Zamora Chinchipe, ante operativos de ARCOM, el Ministerio del Ambiente (MAE), y el Ministerio de Minas, contra la minería ilegal, hubo reacciones de mineros y de una comunidad shuar que defienden esta actividad que contamina el río Nangaritza.

Lina Solano, activista antiminera, representante de la organización Defensoras de la Pachamama, sostiene que la lucha tiene ya 20 años en Río Blanco, donde no ha existido jamás una consulta previa a las comunidades.

La organización ha denunciado el tema en la Defensoría del Pueblo, además ha expuesto ante las autoridades lo del estudio de impactos ambientales que desde su punto de vista no garantiza nada y que se aprobó por presión del propio gobierno.

“Federico Auquilla quien fue gerente de la empresa minera en el 2007, pasó luego a ser viceministro y ministro de Minas, y fue cuando se presionó para que se apruebe el estudio de impacto ambiental, en el 2011 aproximadamente”, recalcó Lina Solano.

Anota que, también se denunció la forma en que se estaba concesionando el agua en Río Blanco, la empresa había solicitado casi el triple del agua determinada en el estudio de impacto ambiental, y que en este proceso también hubo presiones, pues Xavier Sánchez, ahora subgerente de la empresa minera, quien para entonces era subsecretario de Minas, habría tenido incidencia en Senagua, por lo que las concesiones se aprobaron sin que la empresa presente siquiera los estudios de impacto ambiental, según su relato.

Río Blanco está al oeste de Cuenca y se estima que en el yacimiento hay 605.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata; cuya explotación durará 11 años; según Xavier Sánchez, subgerente de la empresa, la contaminación será mínima ya que se utilizará un sistema de recirculación de agua.

Cero minería

Activistas antimineros como Lina Solano y Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari, y parte de los habitantes de comunidades aledañas al proyecto minero, como Río Blanco, Zhin Alto y Llano Largo, insisten que habrá contaminación y que de salir la minera, no se permitirá ningún tipo de minería en la zona que es parte del macizo de El Cajas; algunos moradores dicen que ya se secó la laguna Loma Cruz.

Ayer unas 50 personas del Consorcio de Transportistas de Molleturo, rechazaron la agresión contra la minera; aseguraron que se seguirá el trámite legal pertinente ante la incineración de una retroexcavadora de propiedad del socio Braulio Guartazaca, quien aún paga un crédito adquirido para comprar esta máquina en 40.000 dólares.

La organización pidió a las autoridades que garanticen el orden y que retorne la paz para poder seguir trabajando. Habitantes de las comunidades aledañas al proyecto, expresaron su respaldo a la minera y desmintieron versiones de activistas como Yaku Pérez.

Jenny Chimborazo, presidenta de Cochapamba, dijo que Pérez y 3 antimineros más no fueron secuestrado como denunciaron ellos, “los detuvieron por unas dos horas, para interrogarles, le dijimos al señor Yaku, ¿Con qué plan llegan a nuestra comunidad?, eso fue todo”, señaló.

Testimonios

Rosa Durazno, de 67 años, de Río Blanco, dice que no hay contaminación, que las instituciones del Estado están ejerciendo control. “La laguna Loma Cruz, toda la vida se ha secado en verano y se ha llenado en invierno”, manifestó.

Otra habitante, Andrea Ochoa, dice que hay división, “el proyecto minero empezó hace 20 años; cuando había alguna inquietud nos levantábamos todos pero ahora hay amenazas entre grupos, los que empezaron con la oposición, son los mismos que vendieron los terrenos al proyecto, y antes incluso hacían minería haciendo huecos. Estas reacciones son políticas y quieren hacer minería artesanal”, precisó.

MÁS DETALLES

* El Colegio de Abogados del Azuay, en el tema Río Blanco exige al MAE, adopte medidas y proteja las fuentes de agua, humedales, páramos y bosques, ante pretensiones de empresas transnacionales de arrasar con un patrimonio. Que no se atropellen la protesta pacífica, que se proteja la integridad de los moradores y se impida abusos de cuerpos armados al servicio de las mineras.

* Esta mañana a las 10:30, integrantes de varias organizaciones defensoras del medio ambiente, como el Frente de Defensoras de la Pachamama, Natura Insurrecta, Bloque Proletario y Retumba la Trole, ofrecerá una rueda de prensa, previo al plantón organizado para rechazar al proyecto minero Río Blanco, y demás proyectos considerados estratégicos por el Gobierno Nacional.

* Elizabeth Durazno, de Río Blanco, rechazó la gran presencia de militares y policías durante las protestas de la semana pasada en la zona del proyecto minero, para proteger a la transnacional y no al pueblo que defiende el medio ambiente. La minera incluso dispuso a la fuerza pública que impida el paso de la prensa al área del campamento, argumentando que está en investigación.

* Nilo Criollo, presidente de Zhin Alto, hizo un llamado a las autoridades, para que se identifique a quienes lideraron las protestas que ocasionaron la incineración parcial del campamento minero de Río Blanco y de máquinas contratadas; sobre todo a la gente que llegó de fuera a generar el caos, ya que en su comunidad tampoco hay impactos ambientales pero sí desarrollo con la minera.

* Según el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, los operativos en el Alto Nangaritza-Zamora Chinchipe continuarán y se judicializarán porque es minería ilegal catalogada como delito; sin embargo los trabajos extractivistas continúan a lo largo del río Nangaritza. Sobre casos como este, no han existido protestas ni medidas de hecho de parte de organizaciones antimineras.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/05/15/conflicto-entorno-al-extractivismo/

Mexico

Mineras hacen con México lo que expresamente les prohiben en EU y Canadá: informe trinacional

Autor: Ivette Lira. Sinembargo.

El informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”, realizado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), compila datos oficiales de cada una de las tres naciones que integran el TLCAN hasta el año 2013, y señala que México permite un número mucho más elevado de contaminantes por parte de la industria minera que Estados Unidos y Canadá.

El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá, y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para la revisión en Estados Unidos.

– México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. En 2013, por ejemplo, el sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de 63, reveló la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en su informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”.

El reporte de 162 páginas, compila datos oficiales de cada una de las tres naciones hasta el 2013 y destaca que Estados Unidos y Canadá abarcan un número mucho más elevado de contaminantes que los registrados en México, debido a la permisividad o tolerancia excesiva de las autoridades del país con las compañías mineras, tanto las nacionales como las extranjeras, especialmente con las de origen canadiense.

El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para Estados Unidos.

Las características de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes de América del Norte varían de país a país.

–El RECT de México, que no es actualizado desde 2015, considera 104 contaminantes y toma en cuenta las minas de minerales metálicos (sólo beneficio); caleras y cementeras; todos los establecimientos que emiten contaminantes a aguas de jurisdicción federal; además de actividades con manejo de residuos peligrosos.

–El NPRI de Canadá estima tres veces más contaminantes que la República Mexicana, con lo que suma 346 en total, además considera la totalidad de las instalaciones y actividades mineras, salvo explotaciones de superficie y canteras con producción inferior a 500 mil toneladas.

–El TRI de Estados Unidos valora seis veces más que México, es decir, 675 contaminantes. Por si fuera poco, tiene en cuenta minas de carbón; minas de minerales metálicos (excepto las de mineral ferruginoso y de uranio); además de minas de minerales no metálicos (sólo beneficio).

En 2013, las minas inventariaron emisiones y transferencias de 79 sustancias y únicamente 15 de ellas coinciden en las plataformas de los tres países. Además, sólo siete de los 25 contaminantes con más registros del sector causantes de más de 99 por ciento de las emisiones y transferencias de las minas concordaron en América del Norte: plomo, arsénico, níquel, cromo, cadmio, cianuros y mercurio.

“En Canadá y Estados Unidos es obligatorio —no así en México— presentar registros de zinc, manganeso y cobre (y sus respectivos compuestos), todos ellos comúnmente emitidos o transferidos por minas de minerales metálicos. El fósforo total sólo se declara en Canadá, en tanto que el bario se declara sólo en Estados Unidos”, se lee.

Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que el Gobierno de México es “totalmente omiso” a las graves consecuencias de contaminación de la tierra, el agua y el aire que provoca la minería.

“Hay ausencia, opacidad y complicidad de las dependencias federales. Por un lado hay liberalidad de la Secretaría de Economía para otorgar el territorio nacional destinado a exploración y explotación de la minería. Por el otro existe omisión y complicidad de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], pues por los resultados parece que están totalmente subordinadas a las directrices de las grandes corporaciones mineras”, criticó.

NORMATIVIDADES MANIPULADAS

Las principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero en Canadá, de acuerdo con el informe, son cinco: las leyes canadienses de Evaluación Ambiental y la de Protección Ambiental, la Ley de Pesca, la Ley del Transporte de Bienes Peligrosos y la Ley de Seguridad y Control Nuclear.

En Estados Unidos son siete las leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: las leyes Nacional sobre Política Ambiental, la de Aire Limpio, la de Agua Limpia, sobre Conservación y Recuperación de Recursos, de Control de Sustancias Tóxicas, Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales, y de Control de la Minería de Superficie y Recuperación.

En el caso de México, el análisis incluye cuatro principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: Ley Minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, cuenta con seis Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a dicho sector.

En ese sentido, el doctor García Zamora consideró que en territorio nacional las normativas en términos ambientales “son buenas” sólo en la redacción pero , recriminó, “casi nunca se cumplen”o son “manipuladas” al servicio de las corporaciones.

El especialista recordó que durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el Artículo Sexto de la Ley Minera, dicha actividad extractiva comenzó a ser considerada como preponderante sobre cualquier otra.

En el mismo tenor, el maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la normatividad en México es más laxa que en el resto de América del Norte y eso lo convierte en un país “atractivo” para la inversión extranjera. Para muestra, dijo, un botón: De 290 mineras en México, 211 son de capital canadiense.

La falta de registro acarrea consecuencias importantes, afirmó. Entre ellas, no existen elementos para comparar al país con México y Estados Unidos. Además, se reducen las posibilidades de elaborar políticas con amplio espectro, que contemplen el medio ambiente y la salud pública, por ejemplo.

“Hay un visión economicista de la actividad, en donde no se considera el elemento humano vinculado a la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las industrias mineras y a la calidad del medio ambiente “, dijo en entrevista para SinEmbargo.

Al respecto, el académico de la UAZ destacó: “Es mayor la impunidad con que operan las grandes mineras en México, a diferencia de cómo están operando en los otros países donde hay mayor grado de exigencia, de vigilancia y de cumplimiento por parte de las dependencias gubernamentales. Nuestro país es atractivo porque ha regalado el territorio. Hay impunidad total para destruir, depredar, llevarse la riqueza, sin ninguna sanción y ninguna exigencia”.

Las consecuencias, dijo, se notan en los más de 800 conflictos socioambientales, resultado del funcionamiento de la megaminería, especialmente la que es a cielo abierto. También en problemáticas serias de salud en las comunidades en donde se ejecuta la actividad.

“No hay lugar donde se realice la actividad sin que existan graves problemas de salud comunitaria a lo largo y ancho del país. Eso es resultado de la impunidad con la que operan las grandes corporaciones”, agregó.

Por lo anterior, el académico Torres Alonso sugirió a las autoridades mexicanas ampliar el catálogo de elementos por reportar, de cien pasar a los más de 300 con que cuenta Canadá y después fijar metas más ambiciosas con miras a igualar a los 675 criterios que reporta Estados Unidos. Asimismo, planteó la urgencia de contar con este tipo de documentos en lapsos de tiempo menores, pues el informe recién presentado contiene datos de hace un lustro.

“Los datos que arroja este informe son de hace cinco años, así que esta administración ya no puede hacer nada. El próximo informe tampoco va a ser inmediato, lo que hace que la próxima administración se enfrente a lo mismo”, manifestó.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/14-05-2018/3415823

Mexico

Líder campesino es asesinado en Puebla; se oponía a minera a cielo abierto y construcción de subestación eléctrica

Autor: Redacción Sinembargo.mx
Conflicto Relacionado: Tlatlauquitepec

La organización exigió a las autoridades poblanas una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia.

 El Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular en Puebla condenó el asesinato del Manuel Gaspar Rodriguez, integrante de la coordinación estatal quien mantenía una lucha contra la imposición de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso.

A través de un comunicado, la organización indicó que Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos debido a su labor como defensor del medio ambiente.

Manuel Gaspar era conocido en la entidad por impulsar la lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental del estado de Puebla.

“Recientemente desde el CDHAE AC, impulsó la lucha por la clausura de un “relleno sanitario” convertido en basurero y que desde 2015 la autoridad municipal se negó a cerrar a pesar de los señalamientos de mal manejo por instancias ambientales, señaló el movimiento. Gracias a la movilización de las comunidades, finalmente dicho basurero ha sido clausurado”, indicó el movimiento.

El MIOCUp exigió a las autoridades una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia.

“El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos. A su familiares, amigos y compañeros, nuestro más sincero pésame2.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/14-05-2018/3418336