Argentina

Niños ignorantes en pueblos mineros de Catamarca

¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero?

La localidad catamarqueña se llama “Minas Capillitas” (Andalgalá). Del lugar se extrae la piedra rodocrosita. La situación llegó al punto que la Escuela Rural N.° 29 fue tomada por los padres por falta de profesores y porque los chicos hace meses no cuentan con el transporte escolar para llegar al establecimiento. La escuela está ubicada a escasos metros del yacimiento que actualmente explota la empresa estatal provincial minera CAMYEN, a partir de un acuerdo con Fabricaciones Militares dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Son los niños ignorantes de pueblos mineros que se cansan de escuchar eslogans publicitarios sobre los beneficios de la minería.

En minería, o mejor dicho, en la política minera implementada por los gobiernos, se habla mucho de “desarrollo sustentable”, pero, en este caso, Nación y Provincia no pueden garantizar la educación elemental a los niños y adolescentes de la zona. Cómo hablar de “sustentable” si no hay clases porque los chicos no pueden llegar a la escuela o faltan docentes. La cuestión es que, ni al Gobierno central ni al ministerio de Educación provincial y nacional les preocupa que esos lugareños crezcan ignorantes. Se puede decir sin lugar a duda que la educación o la capacitación en Capillitas no forma parte de la preocupación oficial. El ministro de Educación de Catamarca es el licenciado Daniel Gutiérrez. El secretario de Minería es el ingeniero Rodolfo Micone. A las autoridades de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen SE) no se les conoce la cara. Se tiran la “pelotita”. Tantos licenciados e ingenieros que posterguen la educación, es más que raro.

Tampoco se puede alegar falta de recursos. Qué sentido tiene hablar de “millones” invertidos y exportados en materia de minería si las autoridades hoy se excusan o se esconden detrás de la versión de que no hay plata para pagar una combi que lleve a los niños a la escuela, atento a que algunos viven a 15 o 20 kilómetros de distancia del establecimiento educativo. Mientras las empresas se movilizan en 4X4, los alumnos llegaban caminando, en burro o a caballo. Es mucho el contraste. No es por ser orgulloso o agrandado, pero en días de lluvia o con el frío que hace en esas localidades, garantizar el proceso enseñanza aprendizaje requiere de un esfuerzo mayor por parte del Estado y las empresas que al parecer reducen su rol a saquear a esos pueblos del interior profundo. En este momento, localidades como Fiambalá (Tinogasta) y Antofagasta de la Sierra hacen reclamos similares. Sin educación ni salud.

¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero? A cambio de entregar minerales, el gobierno descuida la educación formal sin disimulo alguno. Estamos cambiando recurso natural por ignorancia en una negociación abierta con perjuicios directos en la población más cercana a la mina. Cualquiera hubiera creído que es al revés, pero tendremos que reconocer, aunque nos duela, que la idea tal vez sea robar más y explicar menos.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2018/10/23/ninos-ignorantes-en-pueblos-mineros-de-catamarca-519031.html

Colombia

Cerro Matoso rechazó el cobro impuesto por la Agencia Nacional de Minería

Cerro Matoso S.A y la Agencia Nacional de Minería (ANM) están en un pleito judicial por la liquidación de los contratos de la concesión 866 y 1727 que terminaron en 2012. En el proceso, la ANM declaró que su contraparte le debe $170.000 millones al Estado por haber deducido de manera incorrecta los costos de liquidación de las concesiones en el periodo 1998-2003 y por un cobro retroactivo de regalías desde 2007 hasta 2012, por lo que ordenó un pago de US$58 millones más intereses.

Cerro Matoso respondió a la decisión de la agencia estatal diciendo que incurrió en un proceso irregular teniendo en cuenta que la organización no tiene elementos para soportar un cobro coactivo hasta que un juez lo determine. Además dice que los cobros son improcedentes porque son sobre concesiones que ya están terminadas, lo que significa que la ANM ya no tiene ninguna competencia para hacer cualquier tipo de exigencia. Finalmente, la acción sería inválida por el principio de la irretroactividad de la ley.

La empresa finalizó siendo enfática en que respeta a las autoridades nacionales y recordó que siempre ha actuado conforme al marco normativo que la rige.

Fuente:https://www.larepublica.co/empresas/cerro-matoso-rechazo-el-cobro-impuesto-por-la-agencia-nacional-de-mineria-2785373

Ecuador

FALLO HISTÓRICO A FAVOR DE LA NACIONALIDAD A’I COFAN DE SINANGOE

Lago Agrio (Sucumbíos). El lunes 22 de octubre de 2018 se realizó en la Corte Provincial de Sucumbíos la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por Defensoría del Pueblo y la comunidad A ́i Cofán de Sinangoe, en la cual se dictaminó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las nuevas concesiones.

Se reconoció la violación a los derechos colectivos de la consulta previa libre e informada, el derecho al agua y los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Además, se ordenó la reparación de los impactos ocasionados y se dispuso que la Fiscalía y Contraloría, dentro del marco de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes.

Fueron meses de exigir justicia y reparación como parte de una demanda de acción de protección, en la que la comunidad A’i Cofan de Sinangoe denunció a cuatro ministerios del Estado ecuatoriano por la entrega inconsulta de 32.000 hectáreas a concesiones mineras en la zona de los ríos Cofanes, Chingual y Aguarico.

“Sinangoe está luchando por el bienestar de todos, no solamente para el pueblo A’i Cofán sino para todas las personas de la provincia de Sucumbíos, y las nacionalidades – A’i Cofán, Siona, Secoya y Kichwa y otros que nos estamos uniendo para defender los ríos. Esta victoria es un gran logro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Seguiremos vigilando nuestro territorio y luchando para tener nuestro título de propiedad”, afirmó Mario Criollo, Presidente de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe.

La sentencia del tribunal reconoce que la actividad minera, en cualquiera de sus fases, en las cuencas hidrográficas y en las inmediaciones de un área protegida, representa una amenaza directa y grave al derecho al agua, al territorio, a la consulta previa y a la vida de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y de las comunidades ribereñas al Aguarico. En su parte fundamental, la sentencia resolvió declarar vulnerados los derechos constitucionales en contra del pueblo A’I Cofán de Sinangoe.

Reconoció el derecho a que se respeten sus costumbres y formas ancestrales de vida lo que constituye una riqueza irremplazable; como es el derecho a una vida digna que garantice el medio ambiente biodiverso donde Sinangoe se ha sustentado, pero particularmente el derecho al agua. En consecuencia, se dejó sin efecto las concesiones mineras ya que ésta no afectaba únicamente al pueblo Cofán de Sinangoe, sino también a otros pueblos a las orillas del Aguarico. Por tanto, es obligación del Estado proteger estas zonas y por tal, prohibir la exploración, explotación y comercialización de oro en dichas áreas. Esta victoria representa un importante precedente para la comunidad de Sinangoe y para todos los pueblos indígenas de Ecuador que defienden sus territorios y su integridad del extractivismo.

Cabe mencionar que el reconocimiento de los ríos Cofán, Chingual y Aguarico como una zona hídrica protegida por parte de la agencia de SENAGUA refuerza la sentencia y la argumentación del caso, y representa un paso adelante hacia el reconocimiento y aplicación de los derechos de la naturaleza.

La comunidad agradece a todas las organizaciones y pueblos hermanos que apoyaron a Sinangoe en este proceso de lucha. Esta victoria es de todos y todas quienes tomamos parte en esta lucha.

Datos de contacto:

  • Mario Pablo Criollo – Presidente de la Comunidad A ́I Cofán Sinangoe – 0991370756
  • Alex Lucitante – Defensor de Derechos Humanos – 0999469780 – [email protected]
  • María Espinosa – Abogada Defensora de la Comunidad de Sinangoe – [email protected]
Mexico

Piden cancelar el proyecto de la minera Cuzcatlán por contaminación

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) pide que se cancele el proyecto minero San José en Oaxaca, luego de que el pasado 7 de octubre ocurriera un derrame minero que contaminó el río El Coyote, mismo que abastece de agua a la población de los municipios San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.

De acuerdo con la inspección que realizó la Procuraduría Federal de Protección  al Ambiente (Profepa), la minera cuenta con dos presas de jales (piletas donde se depositan residuos del proceso de extracción), de las cuales la presa de jales secos, que se compone de residuos de roca, se saturó de agua y se desbordó contaminando el río El Coyote que desemboca en el río Magdalena.

Pero la minera no sólo ha provocado daños ambientales. En el proceso de resistencia ante el proyecto, los habitantes sufrieron represión “imponiendo grupos de paramilitares, que por supuesto han contribuido en los asesinatos de Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez”, de acuerdo con un comunicado de la Rema.

El proyecto minero San José de la empresa minera Cuzcatlán, SA de CV, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Inc, comenzó su producción desde julio de 2011, y desde entonces extrae oro y plata. Tan sólo en 2017 produjo 7.5 millones de onzas de plata y 55 mil 950 onzas de oro, de acuerdo con datos de su página oficial.

Sin embargo, para la comunidad “los megaproyectos mineros son una terrible amenaza para la vida de los pueblos, además de atentar contra lo más preciado de los territorios de nuestro país y de ninguna manera son progreso y desarrollo”, se precisa en el comunicado de Rema.

Aunque la Profepa señala en un comunicado que en caso de que se acredite la contaminación del suelo se aplicarán sanciones contra la minera  Cuzcatlán, los integrantes de Rema señalan que la empresa ha operado con impunidad.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/18/piden-cancelar-el-proyecto-de-la-minera-cuzcatlan-por-contaminacion/

Mexico

Activista de Oaxaca sufrió atentado, regresa a la lucha

Rosalinda Dionisio Sánchez, activista que resultó lesionada durante un atentado, regresó a la lucha social.

A pesar del dolor físico por 30 operaciones quirúrgicas para salvar una pierna y el trauma emocional, la indígena zapoteca Rosalinda Dionisio Sánchez, víctima de un atentado con armas de fuego, donde murió el dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), Bernardo Vásquez Sánchez, ha vuelto a la lucha social con la misma o mayor decisión, conciencia y compromiso en la defensa de la tierra y el territorio, ante el asedio de la minera canadiense Fortuna Silver Mines en los Valles Centrales.

“Vale la pena tanto sufrimiento, porque lo más importante es seguir en la lucha”, sostiene la mujer, de 35 años, originaria de San José del Progreso, donde la compañía estableció la mina La Trinidad, sin mediar ante una consulta libre, previa e informada.

Vásquez Sánchez fue asesinado la noche del 15 de marzo de 2012 cuando fue emboscado en su vehículo, donde viajaba con su hermano Andrés y Rosalinda, por un grupo armado presuntamente contratado por las autoridades municipales de San José del Progreso, ligadas a la empresa minera, en la desviación a Santa Lucía Ocotlán.

–¿Cómo ha sido la recuperación física y emocional en estos más de seis años?

–Han sido muchos años de dolor y sufrimiento, porque me operaron alrededor de 30 veces por la lesión que sufrí en la pierna derecha, por uno de los dos disparos de calibre nueve milímetros que recibí.

Como hubo negligencia médica en la primera operación que me hicieron en el Hospital de Especialidades (Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca), al dejarme una gasa, me tuvieron que repetir prácticamente todo lo que habían hecho en un hospital privado. De hecho, aún tengo las esquirlas en la pierna.

–¿Fue más difícil superar el dolor emocional?

–Claro, por lo que sucedió, nunca pensamos que nos atacarían a balazos y muchos menos que moriría el compañero Bernardo. También, fue algo emocional muy fuerte el riesgo de perder la pierna, porque algunos doctores ya no me querían operar, me decían que no valía tanto la pena, que era mejor amputar, pero yo me aferré a eso. Y aquí estoy, ya camino bien, con todas y esquirlas en la pierna.

–A pesar de todo eso, ¿por qué regresas a la lucha social?

–Ya logré resistir y quiero ser consecuente con lo que digo. La CPUVO ha sido golpeada muy fuerte, pero tengo firme el compromiso de seguir participando, porque la minera sigue aquí.

–Sin embargo, aún sigue en riesgo tu vida, ¿no?

–Sí, desde luego, más ahora que todos quienes fueron detenidos por la muerte de Bernardo y mis lesiones, ya están libres. Estuvieron alrededor de tres años en la cárcel y ya regresaron a la comunidad. Sigue el riesgo, porque seguimos estando en contra de la mina.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/103496/activista-de-oaxaca-sufrio-atentado-regresa-la-lucha

Mexico

Megaproyectos extractivos, principal problema de pueblos indígenas: ONU

El modelo de desarrollo basado en megaproyectos extractivos, la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia son algunos de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en México, resaltó la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en la presentación del informe elaborado tras su visita al país en noviembre de 2017.

“Recibí denuncias reiteradas de proyectos mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, eólicos, de energía solar, agroindustriales, de infraestructura y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin consultas previas y adecuadas, sin consentimiento libre, previo e informado”, detalló Tauli-Corpuz, también líder indígena del pueblo kankanaey-igorot de Filipinas.

La relatora especial determinó que la ausencia de una ley nacional sobre consulta no exime al Estado mexicano de implementar procesos de consulta conforme a las declaraciones y tratados internacionales.

De acuerdo con el informe, existen múltiples denuncias de uso desmedido de la fuerza, abusos cometidos durante operaciones militares y desplazamiento forzado contra comunidades indígenas.

En el caso de las mujeres indígenas, el acceso a la justicia es particularmente grave, consideró Tauli-Corpuz, dado el alto número de feminicidios y el nivel de impunidad existente. A este escenario se suman otras problemáticas como la violencia obstétrica y la violencia sexual cometida por militares.

Por otro lado destacó que los gobiernos autónomos y juntas de buen gobierno en Chiapas han ayudado a la realización del derecho a la salud y a la educación, y que las policías comunitarias indígenas en Guerrero y Michoacán han contribuido a la administración de justicia, en donde las autoridades son ineficientes.

Entre las recomendaciones realizadas por la relatora figuran la sustitución de políticas asistencialistas por un enfoque de derechos humanos; la reforma integral del régimen jurídico agrario; el desmantelamiento, desarme y sanción penal de grupos paramilitares; el procesamiento ante el fuero civil de militares que violen los derechos de los pueblos indígenas y la adopción de medidas para que el sistema penal de justicia no criminalice a los pueblos indígenas y a quienes los defienden.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, acompañó la presentación del informe y destacó que en el contexto de transición política actual se deben resaltar los efectos negativos de una economía basada en mega proyectos de extracción y explotación de recursos.

Durante la presentación del informe, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que dadas las condiciones de pobreza “la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme”.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/18/megaproyectos-extractivos-principal-problema-de-pueblos-indigenas-onu/

 

Latinoamerica

Una mirada crítica al extractivismo desde el feminismo

El Yasuní es un parque nacional ecuatoriano situado en la Amazonia. Solamente en una hectárea de su bosque se pueden encontrar más especies que en todo Estados Unidos y Canadá juntos, lo que lo convierte en uno de los pulmones más importantes del planeta. En las luchas por la defensa del Yasuní, que se vio amenazado hace seis años por las políticas petroleras del gobierno de Rafael Correa, se encontraron varias activistas que terminaron por formar el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Fruto del trabajo de este colectivo, cuyos miembros proceden de distintos países como Ecuador, Brasil, Uruguay o México, se publicó El Yasuní en clave feminista: La vida en el centro y el petróleo bajo tierra.

El pasado mes de junio, el colectivo realizó una gira europea para relacionarse con distintos espacios feministas y colectivos autónomos por la defensa de los territorios, con el fin de compartir experiencias y plantear sus metodologías.Aprovechando su visita a Valencia, en la que fueron acogidas por los colectivos Perifèries y Entre Pobles del País Valencià, Tania Cruz y Gabriela Ruales aprovecharon para exponer el trabajo de su colectivo.

La academia y el activismo

Si bien el expolio y la agresión a los territorios es una constante en la historia de la colonización en Latinoamérica, en los últimos años los proyectos extractivistas han crecido exponencialmente en todo el continente de la mano de las políticas neoliberales. Del mismo modo, la resistencia contra estos proyectos se ha mantenido siempre, y ya no sólo desde un activismo que pone el cuerpo (y en ocasiones, lamentablemente, la vida) sino también desde el academicismo, tratando así de aportar soportes intelectuales a estas luchas.

Tania y Gabriela hablan de su condición de activistas anti-extractivas feministas y de su relación con la academia. Como explica Tania: “Aunque muchas de nosotras estamos vinculadas a la academia, teníamos la necesidad de formar un colectivo no académico. Pensamos que es necesario romper con la individualización del conocimiento que se hace desde la academia”. Gabriela añade que su apuesta es la de crear un conocimiento colectivo, “es por esto que la academia se vuelve también un territorio de disputa. Uno puede reflexionar por sí mismo pero el conocimiento te viene por quienes lo escriben, en los contextos y las relaciones que se dan en distintos espacios, geografías y personas”. Y precisa: “Pensamos que el conocimiento es relacional y colectivo”.

Para analizar las problemáticas que sufren en sus contextos y trabajar con las herramientas adecuadas a su lucha, no basta con importar los modelos de conocimiento occidentales: “Como feministas del sur, en muchas ocasiones se nos ha visto como objetos desde Occidente, pero somos sujetos”, señala Gabriela. Se reivindican como sujetos creadores y, como expresa Tania, “qué mejor manera de hacer esta reivindicación que precisamente desde un paradigma distinto al del individualismo occidental, un paradigma de lo colectivo”.

Categorías cuerpo y territorio

En esta ruptura con el paradigma occidental, además de reivindicar un conocimiento colectivo frente al individual, se apuesta por reemplazar el análisis tradicional de la realidad, según el cual un sujeto individual y racional hace frente a un objeto de estudio externo y pasivo. En su metodología, las categorías de sujeto y objeto no son válidas y se emplean otras, las de cuerpo y territorio, de forma que, según argumenta Tania, “el cuerpo tiene una sabiduría ancestral que hemos retraído debido a los paradigmas occidentales dominantes. Nosotras tratamos de recuperar esa sabiduría, mostrar que no está perdida, evidenciar que siempre ha estado ahí”. Se debe entender que el cuerpo habla de sí, por sí y para sí, pues como argumenta Gabriela, “el cuerpo es el primer lugar del territorio, es nuestro límite y nuestro lugar de reivindicación; es también un mediador entre lo personal y lo colectivo, un vehículo de las relaciones que suceden dentro de los espacios comunes”.

Reconocer el cuerpo como principio de nuestra manera de ser y estar en el mundo, al tiempo que reivindicar la importancia de las emociones en nuestra forma de relacionarnos, supone un punto de partida totalmente diferente al modelo tradicional de conocimiento racional. Como explica Tania: “Tratamos de poner la subjetividad al descubierto para reconocer el cuerpo como lugar habitado que hace política. Queremos despertar el cuerpo para hacerlo político, para que las emociones sean afectividad, es decir, afecten nuestra vida cotidiana”. Gabriela continúa: “A esto lo llamamos hacer política del cuerpo, expresar lo que sentimos, ver cómo nos relacionamos con las demás para entender que no podemos vivir sin los otros. Para reconocer esto es fundamental poner nuestras subjetividades encima de la mesa”.

Estos planteamientos llevan a poner en cuestión la figura del sujeto de conocimiento individual y reconocer que la vida es, en sí misma, una cuestión relacional. Ambas insisten en que “es necesario entender que, aunque nos enseñen lo contrario, vivimos en un mundo en el que nadie puede existir por sí solo. Somos en relación con los otros, las otras, les otres, también con el aire y el agua, la tierra, el sol y la luna”.

La metodología de análisis que plantean Tania y Gabriela proviene de la educación popular feminista, que trata de repensar la relación de nuestro cuerpo con el territorio para romper la distancia y la sumisión que se establecen con el esquema occidental sujeto-objeto. Las activistas explican que “nuestros cuerpos están constituidos por el espacio que habitamos, su clima, su geografía, su historia, su alimento.” De aquí se deriva la idea de que, al mismo tiempo, “también el espacio que habitamos está constituido por nuestros cuerpos, por nuestros comportamientos y por cómo nos relacionamos entre nosotros y con el medio.”, comenta Tania.

“El territorio se entiende a partir de nuestra forma de relacionarnos con el espacio, cómo estamos en él, cómo lo cuidamos, lo trabajamos, lo vivimos -apunta Gabriela-, por eso cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, del mismo modo que cuando se violentan nuestros cuerpos se afectan los lugares donde habitamos”. Es así como entienden esta otra categoría, la de territorio. Una categoría que viene de los pueblos originarios en resistencia contra los despojos y las violencias sufridas en las últimas décadas. “Es una categoría que surge para reivindicar su espacio, su lugar de vida”, concluye Gabriela.

Todo este planteamiento crítico establece una manera de plantear las problemáticas que genera el extractivismo, pues como expone Gabriela: “Es a partir de las categorías de cuerpo y territorio que podemos analizar cómo estamos viviendo los ataques de las políticas extractivistas en nuestros países. Pensamos que es necesario entender cómo nuestros cuerpos están encarnando, padeciendo y reproduciendo las relaciones de poder que existen en el sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista y especista”. A lo que añade Tania que “también hay que ser conscientes de las grandes desigualdades que produce el sistema; no todos los territorios valen lo mismo, ni todos los cuerpos valen lo mismo dentro de los territorios”.

El extractivismo: un modelo patriarcal

Desde su mirada feminista, Tania y Gabriela no dudan en calificar al extractivismo como un modelo patriarcal. Las consecuencias de la implantación de este modelo afectan varias facetas de la vida en los territorios, pues como cuenta Tania “es desde lógicas masculinas desde donde se decide qué territorios van a ser explotados y de qué manera se debe operar en ellos”. Lo que sucede, continúa Gabriela, “es que cuando un territorio es elegido, debe ser controlado, y esto implica una militarización del espacio que supone siempre la imposición de una masculinidad violenta, agresiva y armada tanto hacia el territorio como hacia los cuerpos que en él habitan”. Toda esta agresión al territorio es, para ellas, “intrínseca al correcto funcionamiento de los proyectos petroleros”.

Cuando el extractivismo se impone, se potencia la lógica patriarcal que produce importantes cambios en la convivencia de los lugares donde llega. Es notorio cómo, con su implantación en un territorio, se genera un tipo de relaciones donde lo central es el dinero. “La centralidad en lo económico profundiza a su vez en la división sexual del trabajo. Se produce un cercamiento sobre los cuerpos. La presencia en el territorio de petroleros y militares hace que el espacio se masculinice y que las mujeres se vean acosadas, incluso agredidas o abusadas en sus propios espacios, viéndose recluidas a los espacios privados y perdiendo la presencia que habían logrado en los espacios públicos”, explica Gabriela.

Además, no hay que olvidar la dimensión ecológica, como advierte Tania, “en una extracción se violentan los propios recursos naturales comunes como el agua o la tierra, que jamás vuelven a ser iguales. Esta violencia hacia los recursos provoca en muchos casos una agresión también contra las mujeres, por ser ellas las encargadas de los trabajos de cuidado y de gestión de estos recursos, ahora violentados”.

Norte-Sur

De su compartir con los distintos colectivos europeos con los que coincidieron durante su gira, Tania y Gabriela extrajeron algunas reflexiones con las que finalizan la entrevista. Tania hace un llamado “a todas las que luchan por la defensa de sus territorios, a aprender a mirarnos en relación; hace falta mirarse hacia dentro, tanto en el norte como en el sur global. Los despojos en América Latina, en África y en amplias zonas de Asia, producen grandes violencias de las que también somos responsables en el sur”. Gabriela llama al norte, pues “aunque aquí no se extraiga petróleo sí hay un uso, unas refinerías… Hay que preguntarse cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que ocurre allá. La lucha debe ser diversa y en relación. Debemos mirarnos a nosotras mismas y dejar de mirar a los demás como objetos para que la lucha sea más fuerte y más honesta”.

Tomado de www.desinformemonos.org

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12885

Perú

​Suspenden labores escolares en valle de Tambo por paro contra Quellaveco

Debido al paro de 48 horas que empezará este martes en el valle de Tambo contra el proyecto minero Quellaveco, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Islay suspendió las labores escolares.

Con el fin de salvaguardar la integridad de física de los escolares las labores se suspenderán en los distritos de Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón.

El director de la Ugel, Juan Luque Chipana informó que está en riesgo la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)-2018 a cargo del INEI programada para este 23 de octubre en los colegios de nivel secundario de todo el valle de Tambo.

Los directores deben reprogramar las fechas para recuperar las labores peridodas.

Los integrantes de las tres juntas de usuarios temen quedarse sin agua, porque el proyecto minero hará uso del líquido de la cuenca de Tambo.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/suspenden-labores-escolares-en-valle-de-tambo-por-paro-contra-quellaveco-849336/

Perú

A propósito del proyecto de ley de Canon Comunal

En medio del debate sobre la reforma política y el sistema de justicia, el referéndum y las elecciones municipales y regionales, no se debe perder de vista que la elaboración de nuevas leyes ha continuado en el Congreso. En anteriores ediciones hemos abordado el tema de la ley de hidrocarburos, varios iniciativas vinculadas a temas ambientales, entre otras.

Otra iniciativa que no debe pasar desapercibida es el proyecto de Ley 1994/2017-CR que propone la creación del “Canon Comunal”, que ya ha pasado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, como primera comisión dictaminadora y posteriormente por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. El proyecto de Ley fue presentado el 12 de octubre de 2017 por el congresista Jorge Del Castillo y fue respaldado por el conjunto de la bancada aprista. Como se recuerda, la propuesta de canon comunal fue uno de los temas que planteó el candidato aprista en la pasada campaña  electoral del año 2016.

La hipótesis que está detrás de la propuesta

En la página 11 del dictamen de la Comisión de Descentralización se expone parte del argumento central de la propuesta: “son los gobiernos locales quienes reciben mayores recursos por canon, sin embargo, las poblaciones directamente impactadas por la ejecución de la actividad económica, no reciben -en su mayoría- una mejora sustantiva en su calidad de vida, lo cual se evidencia por los constantes reclamos que efectúan”.

Siguiendo el hilo conductor del argumento, todo indica que la hipótesis que está detrás de la propuesta de canon comunal es que si las poblaciones ven que el dinero va a llegar de manera directa a las propias comunidades, el rechazo y las resistencias a los proyectos extractivos, mineros o de hidrocarburos, disminuirán.

Sin embargo, la realidad es bastante más compleja. Si se revisa la propia evolución de los conflictos sociales en la base de datos de la Defensoría del Pueblo, se puede apreciar con claridad que el número de conflictos, sobre todo en zonas de influencia de actividades extractivas, se disparó precisamente en los años del súper ciclo de precios, período en el que las transferencias de dinero a las regiones (vía canon, regalías, aporte voluntario y otros), aumentaron considerablemente.

Lo cierto es que los conflictos vinculados a actividades extractivas y las causas que los originan, son multidimensionales (económicos, sociales, culturales y ambientales). Por lo tanto, no es cierto que una transferencia de dinero a las comunidades vaya a asegurar necesariamente que el rechazo a los proyectos y los conflictos sociales disminuyan. Esta es una realidad que no solamente se da en el Perú.

Ahora bien, ¿en qué consiste la propuesta del proyecto de Ley que crea el canon comunal? El núcleo de la propuesta gira alrededor del Artículo 6 de la Ley de Canon y tiene que ver con su utilización. La modificación plantea que los gobiernos locales “entregarán el treinta por ciento (30%) del total del canon que les fuera transferido a las comunidades donde se explota el recurso natural. Además, se precisa que la aplicación de tales recursos “tiene por finalidad la inversión productiva para el desarrollo sostenible y el mejoramiento de infraestructura de uso público. La entrega de recursos se realiza a través de un fondo concursable y se ejecutará bajo la modalidad de núcleo ejecutor de acuerdo a la normativa vigente”.

Cabe señalar que la propuesta ha recibido observaciones de varios ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de  Economía y Finanzas (MEF), señala la ausencia de un análisis costo-beneficio; además que “la iniciativa legislativa no ha incorporado la determinación de la Entidad que será responsable de controlar y supervisar la ejecución de los recursos que serán transferidos”. Por otro lado, la Dirección  General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del propio MEF señala que “la propuesta constituye una medida poco eficiente porque atomiza la inversión y puede inmovilizar recursos escasos cuando estos son poco significativos”. Así también, señala que “esta propuesta resulta inviable en razón que las comunidades no constituyen unidades ejecutoras del Sector Público”.

Para el Ministerio de la Producción, el proyecto de Ley resulta improcedente mientras que para el Ministerio de Agricultura y Riego “es viable sin observaciones”. Finalmente, el Ministerio de Cultura (MINCUL) alude al tema de los núcleos ejecutores y su conformación y recomienda que “el proyecto de Ley contemple el concepto de intangibilidad destinado a que los recursos provenientes de canon distribuidos a las municipalidades de las zonas de extracción y que no puedan ser ejecutados en el año donde fueron programados, no pueden reprogramarse en otra actividad distinta a la de su criterio de distribución“. El MINCUL también indica que es la entidad que se encuentra a cargo de la administración de la Base de Datos Oficial sobre Pueblos Indígenas.

Otras consideraciones de fondo

Como ha sido mencionado, el proyecto de Ley plantea que los gobiernos locales de las zonas donde se explota el recurso natural transferirán el 3% del total percibido por canon a las comunidades bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores.

¿Cuál es la definición de Núcleo Ejecutor? Es aquella institución u organismo representativo de la sociedad organizada, reconocido legalmente, que recibe financiamiento del Estado por mandato legal, a través de los diversos niveles de gobierno. Los Núcleos Ejecutores están conformados por no menos de cien (100) personas que habitan en una determinada localidad rural o urbana y que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Así tenemos: comunidades campesinas y nativas; asentamientos humanos rurales y urbanos; rondas campesinas; comités de autodefensa y de gestión local; organizaciones de licenciados de las FFAA y policiales; otros. Sus representantes se estructuran de la siguiente manera: presidente; secretario; tesorero; veedor.

Existen diferentes experiencias de Núcleos Ejecutores y cabe preguntarse para este caso la pertinencia de los mismos y qué mecanismos de seguimiento se deberían dar, formas de organización, control y fiscalización. No hay que dejar de mencionar que en el texto sustitutorio del proyecto de Ley propuesto en la Comisión de Descentralización se plantea que “En el caso de los recurso entregados conforme al numeral 6.3 de la presente Ley, tanto las municipalidades como los núcleos ejecutores, son responsables civil y penalmente por la correcta utilización de los fondos asignados”.

Si bien nadie puede estar en desacuerdo con que las comunidades directamente impactadas por la ejecución de proyectos extractivos sean priorizadas y reciban los beneficios de la renta que se genera por proyectos de inversión (mineros, de hidrocarburos u otros), no se puede dejar de lado las condiciones adecuadas que se deben generar previamente para que esto ocurra y el objetivo propuesto se cumpla.

La experiencia de casi una década de transferencias importantes de recursos a las regiones -sobre todo en el período del súper ciclo de precios de los minerales-, ha mostrado situaciones diversas a nivel nacional y, en términos  generales, se plantea la necesidad de seguir construyendo una verdadera institucionalidad democrática que funcione de manera eficiente, con mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, experiencias validadas de control y fiscalización y por supuesto de ejecución óptima.

Sin plantearse claramente objetivos que apunten a fortalecer nuestras instituciones, se puede estar optando por el camino fácil de despertar expectativas en las poblaciones de transferencias de recursos económicos, atomizando recursos, sin que estén acompañados de procesos de fortalecimiento de sus propias institucionalidades. Lamentablemente, sobre este tema, el proyecto de Ley dice muy poco, por no decir casi nada.

Por otro lado, si el objetivo del proyecto de Ley es que con el canon comunal las poblaciones van a ver llegar los beneficios económicos y de esa manera se generará aceptación o licencia social para los proyectos de inversión -principalmente para los extractivos-, es fácil comprobar que ésta no es una ecuación tan sencilla. Hemos subrayado que la propuesta no considera que las resistencias a los proyectos de inversión son multidimensionales y el Perú es un buen ejemplo de ello.

Otro tema que no considera la propuesta es el de las brechas que se han generado en el país, sobre todo en las épocas de importantes transferencias. Brechas entre regiones productoras que se benefician del canon y las que no lo son, y por lo tanto no reciben ni un sol; brechas entre las poblaciones de influencia directa y las de influencia indirecta, etc. Una propuesta como la del canon comunal puede terminar ahondando estas brechas al ser un instrumento adicional que concentraría aún más la transferencia de recursos en las poblaciones de influencia directa, en desmedro, por ejemplo, de las de influencia indirecta y otras que también son afectadas.

El proyecto del “Canon Comunal” opta por la vía exclusiva y facilista de priorizar el tema del uso de los recursos del canon, sin tener en cuenta las diferentes aristas y sobre todo la experiencia previa, tanto en épocas de abundantes transferencias como en la de las “vacas flacas”. Por supuesto, sin perder de vista los intereses de las comunidades, es necesario abordar el tema del canon en su integralidad y sobre todo tomando en cuenta las implicancias que propuestas de este tipo puede tener en los propios territorios donde se desarrollan los proyectos de inversión que provocan múltiples impactos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/a-proposito-del-proyecto-de-ley-de-canon-comunal/

Colombia

Consultas de Fusagasugá y San Bernando, en el limbo hasta que se publique la sentencia

En respuesta a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad de que no se realicen las consultas populares previstas para desarrollarse el próximo domingo.

Hasta tanto no sea proferido el fallo de la acción de tutela que interpuso la petrolera Mansarovar contra la consulta popular adelantada en el municipio de Cumaral (Meta), este mecanismo de participación ciudadana, que se tenía programado realizar el próximo domingo 21 de octubre en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca), queda en veremos. 

La respuesta enviada por el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, al registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, deja abierta la opción de que las consultas se puedan o no adelantar en estas dos localidades.  

«Por carecer la Corte Constitucional de competencias consultivas, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, no me encuentro facultado para contestar las cuestiones planteadas. Es exclusivamente en el texto de la sentencia enunciada donde se encontrará de forma precisa el contenido de la decisión que, en líneas generales, se dio a conocer mediante comunicado de prensa», indicó el funcionario en la carta enviada al registrador.

Linares se refiere a la carta enviada por el registrador a la Corte sobre el futuro que correrían las consultas que ya estaban previstas efectuar, tras los posibles efectos que la sentencia del caso Cumaral pueda tener sobre las demás que están en trámite. 

«Considerando que desde hace varias semanas se vienen adelantando las gestiones administrativas necesarias para efectuar las consultas populares respecto a la explotación de hidrocarburos y minería en los municipios de Fusagasugá y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, que se llevará a cabo el 21 de octubre, de manera respetuosa, requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas», decía el documento remitido por la Registraduría.

En la contestación el alto tribunal señaló que se encuentra trabajando a toda velocidad para dar a conocer en el menor tiempo posible el texto del fallo, así como las razones detalladas que la sustentan.

«Tenemos plena conciencia de la relevancia y sensibilidad de esta decisión, por lo que la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la setencia», apuntó Linares.

 

En el pronunciamiento del fallo en el caso de Cumaral adelantado el pasado jueves, la Corte hizo dos precisiones claves para destrabar la inversión del sector minero-energético, consistentes en ratificar que el Estado mantiene su autonomía para decidir sobre el uso del subsuelo, así como que las consultas populares no son el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos.

La Sala Plena de la Corte consideró también que pese a que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación.

Así las cosas, la incertudumbre vuelve a reinar entre los habitantes y las autoriades de Fusagasugá y San Bernardo, en donde ya todo estaba listo para que las personas habilitadas para votar acudieran a las urnas el domingo.

Según la Asociación Colombiana de Minería se tienen registradas 158 iniciativas de consultas populares; 135 acuerdos municipales y se han realizado nueve consultas populares hasta el momento en Colombia.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/consultas-de-fusagasuga-y-san-bernando-en-el-limbo-hasta-que-se-publique-la-sentencia/41891