En la última década Ecuador ha visto cómo se han multiplicado exponencialmente las concesiones mineras en su territorio, especialmente en la Amazonía y la cordillera del Cóndor ─una cadena montañosa entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con amplia biodiversidad y un alto grado de endemismo─. Esto ha venido preocupando a las comunidades que habitan en esta región pues la Amazonía ecuatoriana es hogar de un gran número de pueblos indígenas y áreas protegidas, donde casi el 84 % del territorio cuenta con algún grado de protección (los territorios indígenas abarcan el 57,45 % y las Áreas Naturales del Estado ocupan un 26,17 %).

Las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador cuentan con gran parte de su territorio concesionado a la minería, donde las mayoría de proyectos se encuentran en etapa de exploración inicial. Algunos datos llaman la atención: las concesiones mineras corresponden al 30 % de la superficie total las provincias mencionadas y gran parte de estas concesiones se sobreponen a la Cordillera del Cóndor. En el caso de Morona Santiago, el 90 % de las concesiones están sobre territorios indígenas.

Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza en esta región de Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.

La mina de cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.

Recientemente el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017,  ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.

Obligados a vender

Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador.

Lo que agravaría la situación es que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador. “La Constitución prevé la consulta ambiental (derecho de la ciudadanía en general) y la consulta previa (para poblaciones indígenas). Ambas poblaciones están presentes en la zona de influencia del proyecto Mirador y ninguno de los trámites se realizó. El Estado no cumple adecuadamente con el derecho a la consulta previa y esto se repite en proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos. Lo que se llega a realizar, en el mejor de los casos, es la denominada socialización donde suele participar la empresa con autoridades del Estado y en la que básicamente solo se promociona el proyecto, hablando de los beneficios económicos y sociales que traería a la zona”, cuenta el experto de Amazon Watch.

Líderes de la asociación Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) han manifestado que hablar de los beneficios hace parte de la consulta previa, pero que también es necesario hablar de los impactos ambientales, sociales y culturales con base en estudios independientes y quién debería realizar este tipo de procesos es una institución del Estado que no tenga parte en el proyecto. “Si no es así se le quita legitimidad a las socializaciones”.

De acuerdo con Mazabanda, los principales impactos ambientales en Mirador están relacionados con la deforestación pues hay más de 1300 hectáreas deforestadas relacionadas con la apertura de las vías y con las escombreras ─depósitos donde ponen los desechos que salen al construir el cráter de la mina─. “Al deforestar esta área en una zona de alta pluviosidad como es la Cordillera del Cóndor, este suelo desprovisto de protección es arrastrado hasta las fuentes hídricas como el wawaime que lleva las aguas al río Quimi, el cual está a orillas de las comunidades de la parroquia Tundayme. Se causa un impacto a la población  campesina que depende de estas aguas para sus actividades agropecuarias pero ya no las pueden utilizar. Mucho menos pueden pensar en consumirla”, dice.

Pero va más allá. Según cuenta, estos impactos irán creciendo a medida que avance la mina. Sobre todo aquellos relacionados con la contaminación de las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que se denomina drenaje ácido de roca. “Esto acidifica las aguas ya que los materiales de desechos al entrar en contacto con la superficie generan una combinación química que producen metales pesados que con las lluvias van a filtrarse a hacia las fuentes hídricas. Habrá destrucción del hábitat de animales y plantas en una zona de alto endemismo como es la cordillera El Cóndor”.

Y no solo esto. Mazabanda es enfático al afirmar que la empresa promedia una extracción de 54 000 toneladas diarias de roca y de estas solo 572 serán transformadas en concentrado de cobre. “Hay más de 53 000 toneladas que son desechos (99 %) y solo el 1 % de lo extraído sería utilizado. ¿Vale la pena?”.

Minera sancionada

El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en el proyecto Mirador por incumplimientos ambientales, sin embargo, según lo reporta MAAP, los pobladores siguen siendo presionados para vender sus predios bajo la amenaza de futuros desalojos.

El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, le dijo en una entrevista al diario El Comercio de Ecuador que las inspecciones son permanentes porque la historia de incumplimientos de la empresa minera es de hace mucho tiempo, en los planes de manejo ambiental aprobados y correspondientes a las fases de explotación y beneficio y que hay observaciones que vienen desde el 2016. “La empresa no ha hecho caso, hemos dado plazos para el cumplimiento de las observaciones y nos hemos visto obligados a cerrar algunas de las actividades que no han cumplido con los temas ambientales. Hay irregularidades en la apertura de vías que genera problemas en los cuerpos de agua por sedimentos; inadecuado manejo y funcionamiento de las piscinas de sedimentación; mal manejo de escombros y cobertura vegetal. También hay inadecuado manejo de desechos sólidos de los campamentos. Algunas obras y actividades no cuentan con los permisos respectivos”.

Al respecto, el vicepresidente de la minera ECSA, Shen Qihong, dijo en su momento que las obras observadas por el Ministerio son de servicio y que al principio tenían un diseño preliminar y en ese aún no habían considerado esas obras, razón por la cual no fueron incluidas en estudio de impacto ambiental que presentaron.

Qihong le dijo a finales de mayo de este año al diario El Universo que de las 31 observaciones realizadas 17 ya habían sido resueltas y de las otras 14 seguían dialogando con las autoridades. Si la suspensión se mantiene ─como ha sucedido hasta el momento─, el directivo dijo que se podrían afectar las fechas de terminación de obras, además de los 1000 empleos que se han generado a través de contratistas.

A pesar de esto, Carlos Mazabanda de Amazon Watch, asegura que la comunicación con la empresa ECSA es prácticamente nula. “Ha habido denuncias de organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la zona. Sobre estas denuncias la empresa tiene un total hermetismo, no hay un pronunciamiento, ni defensa, ni muestra de posición al respecto. Ha utilizado esta estrategia desde siempre. No hablan sobre estas denuncias”, comenta. También agrega que los que salen a hablar son instituciones como el Ministerio de Minería o la Agencia de Regulación y Control Minero, quienes, además, tienen una campaña sobre minería responsable donde “hacen ver que todos estos temas de contaminación ambiental y social son desinformaciones con intereses de por medio”.

La preocupación de organizaciones como Amazon Watch y de las mismas comunidades es que se vienen otros proyectos muy grandes como el San Carlos Panantza que, está ubicado sobre territorio Shuar y que según la información que se tiene hasta el momento tendrá el doble de la magnitud de Mirador.

Finalmente, una de las principales críticas de Mazabanda es que al parecer el Ministerio del Ambiente no está pudiendo tener una posición que garantice los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas. “Más bien todo lo contrario, en algunos momentos fungen como garantes de que se realice la actividad. Esto sucedió en el norte de la Amazonía con una empresa minera que está dentro del territorio Cofán Sinangoe. La actitud del Ministerio fue de no realizar consulta previa porque supuestamente no hay una evidencia de que los pueblos afectados sean pueblos indígenas”. Eso muestra la debilidad de la institucionalidad del Estado frente a los intereses mineros y en esa misma medida la conflictividad social que se está dando en todos estos proyectos podrían agravarse mientras vayan avanzando en las diferentes fases.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/08/la-deforestacion-del-proyecto-minero-mirador-en-el-sur-de-la-amazonia-de-ecuador/

Veinte años después de iniciada la resistencia frente a la explotación minera en su territorio, las comunidades de Intag, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, vuelven a unirse en contra de un proyecto que amenaza a este valle y sus zonas aledañas. Esta vez, la lucha es en contra del proyecto minero Llurimagua a cargo de la empresa estatal Enami EP y la compañía chilena Codelco, para la explotación de cobre y molibdeno. “La gente se alarma cuando se da cuenta que es el 80 % del territorio el que está concesionado y que solo una o dos comunidades se escapan de estas concesiones”, asegura Carlos Zorrilla, director Ejecutivo y fundador de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y habitante del lugar. “Hay riesgo en la zona”.

En 2014, Enami entró a Intag armada de un operativo militar y policial de más de 400 efectivos, cuenta Zorrilla. Esta ocupación terminó con varios moradores arrestados y tres meses de “invasión”. Entre los detenidos estaba el reconocido activista Javier Ramírez, de la comunidad de Junín. Para los pobladores, el ingreso fue controversial y, sobre todo, tuvo un efecto profundo y debilitador en la lucha por Intag. “La ocupación fue un shock”, dice. Es así que hoy el proyecto Llurimagua se encuentra en fase de exploración avanzada, ya se han realizado 90 perforaciones en el lugar y hay denuncias de que Enami EP y Codelco han pedido una extensión a sus actividades preliminares para cerca de 95 perforaciones más. Por su parte, la minera chilena Codelco ha mencionado que el proyecto prevé remover 1500 millones de toneladas de material y de este solo el  0,5 % es cobre, es decir, cerca de 7,5 millones.

Para el 2017, el 70 % de los 2200 kilómetros cuadrados de Intag estaba concesionado. Hoy ya 90 000 hectáreas de la zona están concesionadas o se encuentran en proceso. “Se están entregando tierras sin consultar y esto es inconstitucional. Están haciendo las cosas ilegalmente y ellos lo saben”, dice José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. “Pero tienen todo el aparato estatal a su favor”, afirma Cueva, quien añade además que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó la licencia ambiental para operar basándose en un estudio realizado por un contratista de las empresas mineras.

Sin embargo el gerente de la Enami EP, Carlos De Otero, asegura que en el lugar donde se encuentran no hay resistencia de las comunidades. “El proyecto se hace en beneficio de la comunidad y del Estado ecuatoriano”, dice el titular de la empresa minera estatal y explica que en la zona ya se puede ver el impacto positivo de la inversión minera sobre todo a través de los 300 empleos directos que ha creado. Además, asegura que las actividades que ahí se desarrollan se han hecho con una base técnica y promoviendo buenas prácticas ambientales. Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos ha informado sobre el apoyo de 35 comunidades luego de que el proyecto fuera socializado por la empresa minera estatal.

El valle de Intag se asienta en la cuenca del río Intag y parte del río Guayllabamba. Con siete parroquias y más de 100 comunidades, Intag limita con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas ─la mayor reserva protegida del occidente ecuatoriano─ y abarca cerca de 60 000 hectáreas de bosques primarios conservados, entre bosques protegidos y reservas comunitarias, donde una de las más importantes es la Reserva Comunitaria de Junín. Cueva explica que de esta extensión, 40 000 hectáreas corresponden a zonas frágiles en proceso de degradación y que deben ser recuperadas. “Es una zona bastante crítica en términos ecosistémicos”, asegura Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad y esto se debe a que en esta zona confluyen dos biomas sumamente importantes a nivel mundial: los bosques del Chocó del noroccidente de Pichincha ─considerado un hotspot por organizaciones de conservación internacional─  y los Andes Tropicales ─la región más biodiversa del planeta pero también la más amenazada─. Además, explica que la carga húmeda que viene de la costa ha logrado que toda esta zona se llene de bosques húmedos y de neblina. “Aquí en los Andes, cada valle es una isla en términos de biodiversidad”.

Intag no se queda atrás. Allí se pueden encontrar una variedad de anfibios como los arlequines (Atelopus varius), los  jambatos (Atelopus ignescens) y otros que desaparecieron por el cambio climático, hasta el redescubrimiento del atelopus longirostris dentro de la concesión minera. “Esta es para mí la especie símbolo del valle del Intag”, dice Prieto. En cuanto a las aves, Intag guarda una de las pavas más típicas de los bosques nublados del noroccidente, la aburria pipile, que hace parte de la lista roja de la UICN y de los listados de riesgo nacionales. También hay tucanes de montaña (Andigena laminirostris) y los gallitos de peña (Rupicola peruviana). Allí también se encuentra uno de los últimos refugios de los osos de anteojos (Tremarctos ornatus); además del tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el mono araña (Ateles fusciceps) ─el más amenazado a nivel mundial─, el mono aullador (Alouatta seniculus) y el mono capuchino (Cebus aequatorialis). La zona está llena de orquídeas, flor de mayo (Plumeria rubra) y palma de ramos (Ceroxylon spp) ─una de las más vulnerables a la deforestación─. “En cuanto a la variedad de peces, Intag es tal vez el último refugio de un pez conocido como Prenadilla”, su nombre científico es astroblepus hubidai, es endémica de Imbabura y el río Intag es uno de los pocos afluentes donde aún vive esta especie.

Una pelea por el agua

Las comunidades de la zona ya han detectado impactos ambientales severos, resultado, según ellos, de las actividades de exploración del proyecto Llurimagua, sobre todo en cuanto a la calidad del agua. Con el apoyo del investigador William Sacher, de la Universidad Andina Simón Bolívar, 35 comuneros de Intag y 35 científicos realizaron un monitoreo participativo del agua en la Reserva Comunitaria de Junín, la cual detectó una alta concentración (más de 600 %) de sólidos solubles en el agua. El estudio mostró que el río Junín tiene altos niveles de metales pesados como arsénico, manganeso y zinc ─los cuales son peligrosos para la salud humana y animal en altas concentraciones─, una coloración marrón en el agua de las Cascadas Gemelas desde el 2016 y contaminación crónica de las fuentes de agua del lugar luego que se destaparan los pozos que dejó hace años la minera japonesa BishiMetals.

También hay impactos sobre la biología del agua. “Se detectó que, en Junín, gran parte de las especies de macroinvertebrados que vivían ahí ya no están. No hay un manejo adecuado de la hidrología del lugar”, explica José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. Por su parte, Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, dice que a pesar de que el daño pueda ser mínimo, si el área es crucial para el caudal hídrico del valle del Intag, la afectación es catastrófica. Pero De Otero asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por la Enami EP de momento no ha tenido observaciones en cuanto al impacto ambiental, ni arrojó resultados de contaminaciones. “Las comunidades están en su derecho de hacer estudios pero deben ser rigurosos, deben tener un rigor científico”.

Como resultado, y para intentar proteger su territorio de las actividades extractivas mineras, las poblaciones han tenido que levantar alternativas, en su mayoría ligadas al desarrollo de actividades económicas tradicionales al lugar. “Las comunidades deben tener un discurso que apunte a que ellos pueden generar tantos recursos como la minería”, opina César Padilla, Coordinador del OCMAL. El problema es que lo que ellos generan tiene una valoración económica baja y dirigida a mercados locales o nacionales poco valorados. Además, Padilla explica que la minería intensifica el conflicto por bienes comunes como el territorio, la energía y sobre todo el agua, usada en grandes cantidades por las empresas mineras, pero devuelta contaminada a las comunidades.

“La minería es una industria sedienta por el agua”, asegura Padilla. Sin embargo, la lógica que usualmente se usa para medir el aporte económico de esta actividad no toma en cuenta lo que destruye durante su operación, es decir, se priorizan las dinámicas financieras frente a la afectación de espacios naturales. Una distorsión que para el coordinador del OCMAL permite que muchos técnicos digan que la minería tiene un aporte más fuerte que las actividades de los habitantes de la zona. “La minería es una imposición. No hay comunidades que estén apostando al desarrollo de actividades extractivas para resolver sus problemas locales”, asegura Padilla. A pesar de ello, los habitantes de Intag han desarrollado alternativas en la producción de café de altura, jabones, productos de cabuya, de luffa ─planta cuyo fruto provee una fibra natural con la que se hacen productos de belleza tipo esponjas─ y el desarrollo del ecoturismo, entre otras. Más de 13 000 personas en Intag viven de la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, la preocupación es latente, en especial porque se dice que se utilizarán nueve fuentes de agua para las nuevas perforaciones que Enami EP y Codelco quieren realizar. “No hay quien controle a estas empresas”, dice Zorrilla. Otro tema que preocupa es el de licencias ambientales, que debería detallar el efecto de la extracción en la zona y su mitigación. “Lastimosamente son zonas muy frágiles y no ha habido una consulta previa y correcta con la gente. Deben dejar participar a la gente en el proceso como veedores”, explica Prieto. Otro punto que saca a relucir el oficial del INABIO es que poco se dice del efecto de las fases de exploración dentro de las zonas frágiles, como los bosques de Junín, poniendo en duda la protección de estas zonas que no son parte del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP). Prieto menciona que vincular a las áreas protegidas como las únicas de extrema importancia en biodiversidad no es necesariamente el sistema más efectivo, ya que hay zonas frágiles y poco muestreadas como el caso de la cordillera occidental donde se encuentra Intag.

Hasta el momento, las comunidades han denunciado que 41 bosques protectores se han visto afectados por el proceso minero. Se identificaron también 288 especies en la zona que están en lista roja de la UICN. “Son joyas biológicas. Así sean parte o no de áreas protegidas, no deben entregarse a la industria más destructiva del planeta”, dice Zorrilla.

El Contralor del Estado, Pablo Celi, visitó el proyecto Llurimagua y junto a un equipo de auditores efectuaron un examen especial del área minera. En un comunicado, la oficina de control estatal explicó que durante la visita los funcionarios visitaron las Cascadas Gemelas de donde tomaron muestras de piedras que mostraban sedimentos. “Los técnicos señalaron que se deben determinar las causas de estos sedimentos de manera técnica. El ente de control dispuso un peritaje para resolver científicamente este tema”, explica el comunicado. Celi también se reunió con líderes y representantes de zonas aledañas en la comunidad de Junín quienes expresaron su preocupación por las actividades de exploración avanzada que allí se realizan. Pero Carlos De Otero, el titular de la empresa estatal minera que lleva el proyecto, insiste en que las comunidades aplauden la presencia de Llurimagua en la zona y que además “aplaudieron la visita de la Contraloría, ente que de alguna forma garantiza la ejecución del proyecto para que se lo lleve a buen puerto”.

Histórica resistencia en Intag

José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi, recuerda que la resistencia de estas comunidades forzó ya la salida de dos multinacionales. “Todo empezó en la década de los 90, enfrentando a una empresa japonesa conocida como BishiMetals” luego de que la comunidad se opuso al resultado del primer estudio de impacto ambiental que contrató la compañía. “El estudio se hizo con base en la proyección de una mina pequeña pero ya se hablaba de la deforestación masiva de 4500 hectáreas”, cuenta Cueva. “Hablaban de cambio de clima local y desertificación, concentración de metales pesados en el agua como plomo y arsénico, una concentración 10 000 veces mayor a la actual”. Además, se pronosticaba una afectación a la reserva Cotacachi-Cayapas y la reubicación o desplazamiento de cuatro comunidades. Luego de este episodio, también llegó la empresa canadiense Ascendant Copper con una estrategia fuerte de separación de la comunidad y según comenta José Cueva, incluso con el ingreso de paramilitares. Con la salida de esta empresa y la aprobación del mandato minero en el 2008, “la gente estaba esperanzada”.

La lucha en Intag empezó en esa época con tan solo siete caseríos, asegura Gloria Chicaiza, de la organización Acción Ecológica. “En ese momento era un David versus Goliat”, y desde ahí se irradió una mayor oposición a través de una serie de iniciativas políticas. La activista además explica que Intag es como varias de las comunidades rurales del Ecuador, tienen un remanente de personas con valores de resistencia que se han ido tejiendo a través de los tiempos y que han persistido. “Se heredó una lucha. Javier Ramírez, el reconocido activista que fue detenido en 2014, es hijo de gente que estuvo en la resistencia”. Su madre fue parte de la resistencia desde el inicio y su padre fue asesinado debido a su fuerte oposición minera.

En cuanto a Codelco, Padilla explica que la empresa ha seguido el modelo del resto de las multinacionales: “vender” su proyecto a las comunidades y grupos de interés con un discurso de generación de empleo, minería sostenible, política de puertas abiertas, aporte a la economía nacional y local, y protección de medio ambiente. “Naturalmente esa estrategia está condenada al fracaso”, y ahí, dice el experto es cuando las empresas piden al Estado que garantice el derecho adquirido de su participación en las concesiones mineras, la inversión, y sus derechos sobre determinados yacimientos a través de concesiones. “Implica criminalización, represión, limitación de derechos para finalmente lograr que se desarrolle esta actividad que, en la mayoría de los países, está definida como de interés propio”, asegura Padilla.

Documentos muestran que la empresa chilena Codelco ha sido además investigada en su país por contaminación ambiental en algunos de los lugares donde opera y por presunta violación de derechos humanos. Tan solo en América Latina, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 250 conflictos mineros y 150 casos de criminalización de defensores de la tierra en los últimos diez años. El  reporte de la organización Global Witness consideró al activismo antiminero como una de las actividades más peligrosas en términos de defensa durante 2017.

A pesar de todo, desde los bosques y ríos de Intag, los comuneros de este valle siguen luchando por proteger su territorio. “Perdemos nuestra humanidad si no lo hacemos, por eso no nos rendimos. Tenemos la ética de nuestro lado para seguir luchando”, asegura Zorrilla desde el bosque nublado.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/mineria-en-el-valle-de-intag-ecuador/