Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y repudiamos el feminicidio del que fue víctima la compañera Fabiola Fajardo Ayala, lideresa social y comunal de la vereda La Colorada, e integrante del Movimiento Resistencia a la minería en el Carmen del Chucurí municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Ella fue una luchadora incansable en la defensa del territorio frente a la amenaza minera y el fracking en la región; además nos solidarizamos con los familiares y amigos.
Los hechos:
El día 20 de agosto Fabiola desapareció en extrañas circunstancias y fue encontrada sin vida en acontecimientos confusos el 21 de agosto. Ante la situación, rechazamos este crimen que expresa la situación vulnerable de las mujeres frente a una violencia estructural que sufren, y en particular alertamos la condición en que se encuentran muchas de las mujeres que han emprendido acciones de defensa territorial frente a las amenazas a la vida digna.
Contexto:
Fabiola era una mujer entregada a su familia, a la defensa territorial y a la comunidad. Su vida fue un ejemplo de generosidad y amor por el territorio, puesto que era una persona muy dedicada al trabajo comunitario, a la vida familiar, a sus hijos y a su finca, donde cultivaba y cuidaba sus animales junto a su esposo. Así mismo sus acciones como tesorera de la Junta de Acción Comunal se enfocaron en promover hechos concretos para mejorar la vida de las comunidades, con el impulso de infraestructura vial y puentes en las veredas, de igual manera ayudando a enfermos y a sus vecinos y amistades con dedicación.
Así que, frente a esta situación exigimos:
Al gobierno nacional:
Se investiguen los hechos sucedidos y se capture, juzgue y condene a los responsables por el feminicidio.
Se tomen las medidas de protección y prevención adecuadas por parte de las entidades correspondientes para garantizar la vida, libertad e integridad de las mujeres que defienden los territorios, el ambiente y la vida digna.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la situación de las mujeres defensoras de los territorios y el ambiente, se divulgue lo sucedido y se repudie y rechace este tipo de actos.
Nos solidarizamos con su familia, sus amigos y amigas, y les acompañamos en el difícil momento que atraviesan.
Esta denuncia pública va con copia a los organismos de investigación, derechos humanos y seguridad, con el fin de evitar más crímenes y feminicidios.
FIRMAN
Censat Agua Viva – Amigos de La Tierra Colombia
Movimiento Social por la defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí
Mujeres del común
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales
La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.
El mar profundo cubre casi la mitad de la superficie de la Tierra y alberga un enorme rango de especies. los investigadores de la Universidad de Exeter y Greenpeace dicen que la minería podría tener “consecuencias duraderas e inesperadas”, y no solo en los lugares de extracción sino también en áreas mucho mayores.
El estudio es el primero que ofrece una perspectiva global de todos los proyectos actuales de minería del suelo marino, tanto en aguas nacionales como internacionales y examina las consecuencias potenciales, incluida la destrucción física de los hábitats del suelo marino, la creación de enormes columnas submarinas de sedimentos y los efectos de la contaminación química, acústica y lumínica resultantes de estas operaciones.
Además, el coordinador de relaciones internacionales del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Carlos García Soto, durante la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU en una reunión de Kingston, Jamaica, la semana pasada, afirmó que “la explotación minera submarina puede implicar la desaparición de ecosistemas marinos antes de que los cataloguemos”.
Esta organización busca un equilibrio internacional entre la “inminente” explotación minera generalizada por parte de diversas empresas y la protección medioambiental de los fondos marinos profundos.
Los costes medioambientales de esta actividad serían “importantes” puesto que el fondo marino es el hábitat más desconocido del planeta y las especies que viven a esas profundidades son altamente sensibles, con una tasa de recuperación muy lenta y a veces de imposible recuperación.
La creciente demanda de minerales y metales en todo el mundo, incluido en el uso de nuevas tecnologías, ha provocado un interés en la explotación del suelo marino.
Sin embargo, ambientalistas aseguran que estas operaciones arrasarían con especies desconocidas por el hombre. (I)
1% De luz llega al fondo marino
A más de 700 metros de profundidad el océano es como una especie de agujero negro en el que la presión es extraordinariamente alta
Hoy martes, 28 de agosto, se lleva a cabo la presentación del libro: “CONSÚLTAME DE VERDAD, aproximación a una balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero“, de la directora de CooperAcción, Ana Leyva, en el Centro Cultural PUCP.
El ingreso al evento es libre, previa inscripción aquí. Deben confirmar su asistencia, colocando “asistiré” al evento de Facebook y escribiendo su nombre y apellido en el muro del mismo. Se hará entrega del libro a todos los asistentes.
Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yaviyavi (distrito de Velille, Cusco).
Los comuneros y comuneras han cavado zanjas y colocado piedras en varias partes del camino, y los camiones que transportan el concentrado de minerales de la empresa Las Bambas no pueden circular. Sin embargo, la población sí está permitiendo el pase de otros vehículos particulares.
Los manifestantes señalan que los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía son de propiedad privada de la comunidad, pues la mina compró dichos terrenos y se los dio en compensación.
Por el momento no se reporta presencia policial en la zona, pero sí una gran situación de tensión.
La carretera es uno de los componentes del megaproyecto minero Las Bambas que viene causando mayor conflictividad en la zona, tanto por sus impactos ambientales (vibración, ruido y polvareda constante) como por disputas con las comunidades acerca de la propiedad de los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, han ganado dos amparos; sin embargo la amenaza minera sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones mineras se realizaron recientemente. Estas concesiones solicitadas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
Herlinda Solano Santiaguez ha vivido por 79 años en San Miguel del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa–, una comunidad que se ha destacado por la férrea defensa de sus territorios, su resistencia y la lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.
Situado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, San Miguel del Progreso tiene una extensión de 4 mil 449 hectáreas. Es una de las comunidades de la región de La Montaña, habitada por al menos 3 mil 500 personas pertenecientes a la etnia tlapaneca Me’ phaa.
Ahí nació y creció Doña Herlinda. Toda su vida ha trabajado la tierra. Así le enseñó su padre desde pequeña. La siembra de café, plátano y otras plantas frutales son su sustento. “He trabajado desde chiquita. Eso es lo que he sembrado”, dice.
Doña Herlinda, como el resto de los habitantes de la comunidad San Miguel del Progreso y de la región de La Montaña en Guerrero, tiene una clara convicción: somos hijos de la “madre tierra”, y hay que cuidarla y respetarla.
Para Herlinda, el recurso natural tiene más valor que el oro.
Para la población Júba Wajiín no hay mayor razón de defender la tierra que ser parte de ella. No hay otro interés más que el de preservarse a sí mismo y su pueblo. Sin la naturaleza no dan cabida a su existencia: “Al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también”, repiten. Así de fuerte es su conexión con el territorio. Así es su cosmovisión.
“La tierra da de comer todos los días. Uno debe de cuidar mucho la tierra porque ahí sale lo que uno come. Si no trabajas la tierra no hay vida. Eso es lo más importante. Luego, el agua: si no hay agua no va a vivir uno. El agua y la tierra es lo que nos da la vida. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, me enseñó a tomar el agua. El agua es mi vida, mi sangre. Todo. Por eso la defiendo, si me quitan el agua, me quitan la tierra, me muero. Me quitan la vida”, repite Herlinda.
San Miguel el Progreso ha peleado legalmente por más de ocho años contra el ingreso de las mineras transnacionales, pues sus pobladores saben que permitir las actividades extractivas significaría la destrucción de sus montañas y sus cerros sagrados, la contaminación de sus ríos, plantas y el aire; el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, la fragmentación y, por ende, su propia desaparición como pueblo originario.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han ganado dos amparos para evitar que el territorio sea concesionado a la minera Hochschild Minig, de origen chileno que opera con capital inglés. Sin embargo, la amenaza para estos pueblos originarios sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones se realizaron recientemente. Éstas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia, donde Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño”. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. Actualmente es esa subsidiaria peruana la que amenaza a los pobladores de Guerrero, y tiene como principal accionista al empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck.
LA MONTAÑA EJIDAL Y COMUNAL
La Montaña, al noreste de Guerrero, abarca casi 700 mil hectáreas en 19 municipios entre ellos Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Iliatenco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta región tiene al menos 361 mil 617 habitantes, la mayoría indígenas pertenecientes a las etnias Naua, Me’phaa, o Na Xavi”. Ahí la posesión de la tierra es ejidal y comunal.
La ciudad de Tlapa de Comonfort es la entrada a los ejidos de la Montaña. A partir de ahí, sube y se ramifica una serie de senderos de terracería, escarpados y angostos que se entretejen por extensas áreas llenas pinos, encinos, asi como huertas de café, plátano, mango, y diversos arboles frutales. Ahí la flora es muy diversa.
En sus bosques habitan animales como el venado, el pájaro bandera, armadillo, el puma de montaña, tejón, jabalí, el tucán de montaña, e incluso, los pobladores aseguran que aún hay presencia de jaguares.
A lo alto, en medio de las comunidades San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Ilieateco y Guadalupe, se ubica el cerro más elevado de la región: El Telpizahuatl.
No es un cerro cualquiera: para los pobladores es un lugar sagrado donde vive San Marcos [Ajkhunn, en lengua madre], la deidad que representa el rayo; es el que los protege, al que adoran y al que los sabios y sabias comunitarias llamados los “principales” [Xiñaa, en lengua materna] le rezan para pedir que lleguen las lluvias y las buenas cosechas.
En la Montaña la economía se basa en la agricultura de autoconsumo, principalmente la derivada de la siembra de maíz, café, y árboles frutales. Las comunidades se rigen por sus propios usos y costumbres que conservan desde tiempos inmemoriales, explica Ángel Contreras Solano, uno de los pobladores de San Miguel del Progreso y autoridad en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio (CRAADT).
En 2010, los habitantes de San Miguel el Progreso empezaron a ver que aeronaves sobrevolaban sus terrenos en busca de minerales, cuenta Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).
“Los aviones y los helicópteros traían aparatos colgados con los que estaban detectando minerales en nuestra región”, recuerda.
Los pobladores dedujeron que realizaban labores de exploración cuando funcionarios, principalmente de la Procuraduría Agraria, empezaron a promover a las empresas mineras en la región, detalla Ángel Contreras Solano, secretario del CRAADT.
Los funcionarios federales trataban de animar a los comuneros para “rentar” sus tierras a la minería con la promesa de “beneficios” y progreso. Pero pronto se darían cuenta que –como los españoles con los aztecas– el supuesto desarrollo era sólo “espejitos”.
“No fue la empresa la que venía a vernos sino el Gobierno federal por medio de la Procuraduría Agraria los que venían. Ellos ofrecían servicios o animaban a las autoridades agrarias [las comunales] para que entraran a los proyectos [mineros], pero eran proyectos con otras finalidades,” narra Contreras Solano.
En ese tiempo, Anastasio Basurto Contreras presidía el Comisariado de Bienes Comunales [del periodo de 2010 a 2013] de San Miguel del Progreso, la máxima autoridad en la comunidad.
Anastasio reitera que personal de la Procuraduría Agraria se contactó con él para informarle que en esas tierras podría haber minerales valiosos, como oro y plata, y que los comuneros podrían venderlos.
“Ellos [los de la Procuraduría Agraria] decían que iban a ser los intermediarios para que nuestras piedras las vendiéramos a mejor precio. Y hasta me dijeron: ‘mira ahí esta el comisariado de allá [otra comunidad] que ya va a firmar el convenio’”, relata el poblador.
Anastasio platica que funcionarios federales le pidieron que llevara unas piedras para analizarlas. Él llevo algunas muestras a las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa. Ahí le solicitaron 800 pesos para pagar los análisis y determinar que minerales tenían, pero él se negó a pagar.
–No tenemos dinero –, le dijo a un funcionario, se retiró del lugar y dejó ahí las piedras, recuerda el comunero.
El sacerdote Melitón Santillán fue el primero que advirtió a los comuneros que la minería provocaba daños irreversibles.
Don Anastasio convocó a una reunión de asamblea en la comunidad, pues ahí todas las decisiones se toman de manera colectiva. Frente a la asamblea, integrada por los pobladores, los ex comisionados, concejales y los principales, planteó la propuesta y la advertencia.
Los pobladores de San Miguel del Progreso cuentan que los “Principales” decidieron subir al Telpizahuatl para rezar y pedir consejo a San Marcos. Fue entonces que optaron por buscar apoyo e información y pidieron ayuda a sacerdotes, y activistas, tanto de Tlachinollan como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
“Nosotros, aquí en la comunidad pensábamos –al inicio– que nada más iban hacer unos agujeros y sacar el mineral; pero ya viendo las diapositivas que nos enseñaron los de Tlachinollan nos dimos cuenta que era mucho el daño. Que destruyen montañas, ríos y todo eso”, agrega Anastasio Basurto.
El entonces Comisariado regresó a las oficinas gubernamentales convencido de rechazar la exploración minera. Allí, recuerda Basurto, uno de los funcionarios le dijo –mientras señalaba las muestras de cada una de las comunidades de La Montaña– que la piedras tenían oro, plata, níquel y fierro.
Anastasio rememora que lo enfrentó.
–Sí pero, ¿sabe qué?, el pueblo ya no quiere vender sus piedras –le dijo.
Luego tomó las rocas y se retiró.
La comunidad realizó solicitudes de información a la Secretaría de Economía con apoyo de abogados y activistas de Tlachinollan. Era 2011. Ahí fue cuando confirmaron que su territorio fue concesionado a Hochschild Mining, la minera que opera con capital inglés.
“Ya habían concesionado todo este territorio desde el Gobierno de Felipe Calderón”, agrega Anastasio Basurto.
La Secretaría de Economía (SE) había otorgado, sin la autorización ni consulta de las comunidades indígenas, dos concesiones para exploración y explotación: una bajo el título 232560 con el nombre Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas bajo el título 236861.
Corazón de Tinieblas era la más grande, con una extensión de 43 mil 759 hectáreas y afectaría a más de 12 núcleos agrarios, entre ellos el de San Miguel del Progreso.
La comunidad buscó asesoría de los activistas para enfrentar la amenaza minera.
“Ellos mismos, los de Tlachinollan, nos dijeron que podíamos levantar una acta en la Asamblea contra la minería”, comentó Anastasio Basurto.
El 17 de abril de 2011, realizaron una Asamblea General de Comuneros que cumplió todos los requisitos establecidos en la Ley Agraria vigente. En esa asamblea levantaron un acta de rechazo a la actividad minera en su comunidad. Después solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), quien aceptó la inscripción en septiembre de 2012.
Además, se conformó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) tras la apabullante amenaza de las transnacionales y nacionales, incluso de las farmacéuticas que están interesadas en crear medicinas usando plantas que tienen en su territorio, detalla Artemio Flores Solano, integrante del área de Fortalecimiento Territorial de San Miguel Progreso.
El CRAADT, hoy en día, está integrado por 25 núcleos agrarios, que aglomeran a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica.
“En total somos como 37 núcleos agrarios, pero los activos, los que están en todas la reuniones son 25. Contamos con más de 300 comunidades”, agrega Miguel Santiago Lorenzo, líder de CRAADT.
RECHAZO A LA MINERÍA
En Júba Wajiín tienen claro que si permiten los nuevos proyectos de extracción minera tendrán como consecuencia la devastación de su territorio y la contaminación, pero además traerán consigo el ingreso de la delincuencia en sus pueblos, división, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, la desaparición de su comunidad.
La concesión Corazón de Tinieblas afectaba casi el 80 por ciento de la comunidad San Miguel del Progreso, explica Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de 2012 al 2015. Fue en su periodo cuando se interpuso el primer amparo.
“Más de tres cuartas partes de nuestro territorio se iba a destruir, casi todo el pueblo”, asegura.
La devastación que ha dejado la explotación minera en El Carrizalillo, Guerrero, fue un claro ejemplo para los comuneros de San Miguel el Progreso.
Valerio Mauro Amado Solano, actual Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, relata que varios pobladores, con el acompañamiento de activistas, acudieron a las instalaciones de la mina El Carrizalillo para conocer su experiencia. Al ver los estragos, decidieron pelear y rechazar tajantemente la mina para evitar una depredación similar a la que padece el Ejido de Carrizalillo.
“La gente de ahí (El Carrizalillo) ya no vive tranquila. Todo eso nos sirvió para que nosotros nos negáramos a la mina”, detalla Valerio Mauro.
“Las mineras gastan mucha agua, contaminan con cianuro. Hemos ido a Carrizalillo para observar cómo lo explotan, cómo contaminan los grandes empresarios. El Comisariado de ahí nos informó que sí contaminan mucho el agua, el aire: que de cinco de la mañana a seis de la tarde explotan dinamita para quebrar las piedras y que hay muchos enfermos, que nacen niños prematuros. Toda esa información nos sirvió para informar a nuestra gente, para que se hiciera conciencia de que no se explotara nuestros recursos naturales”, agrega Agapito Cantú.
Artemio Flores reafirma convencido: “la forma cómo sacan [el oro] y cómo funciona la minería nos va afectar, donde hay minas hay cáncer… hay muchas enfermedades”.
En la región de la Montaña existen 44 concesiones mineras que fueron otorgadas por el Gobierno federal a diferentes empresas para actividades de exploración y explotación minera. Del total concesiones, 22 fueron canceladas y 22 están vigentes.
En plena temporada de huracanes, habitantes de San José de Gracia viven con el miedo de que la presa de jales mineros se derrumbe y acabe con su pueblo, localizado en una zona remota de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Sinaloa.
Y no sólo eso: ven el riesgo de que la contaminación generada con la presencia de metales pesados alcance la presa Bacurato, que abastece los valles agrícolas de Sinaloa de Leyva y Guamúchil y da sustento a cientos de pescadores.
El represamiento forma parte de los procesos de extracción de oro de Dyna Resource de México SA de CV, una compañía de origen estadounidense que posee las concesiones relacionadas al distrito minero de San José de Gracia, con una cobertura de 69 mil 133 hectáreas de acuerdo con datos de su página de Internet.
“La presa de jales se encuentra justo en el río San José, con alto riesgo de derrame en un periodo de tormenta, cuya aureola podría arrasar mínimo tercera parte del pueblo y sus habitantes, además de dejar una seria contaminación que se extendería hasta la presa Bacurato”, denunció a Noroeste uno de los afectados.
Asegura que por documentar las irregularidades ha recibido amenazas de los representantes de Dyna Resources, por lo que pidió dar su testimonio de manera anónima. Para respaldar sus afirmaciones, mostró una serie de documentos y fotografías en las que se observa la operación de la mina.
Al mostrar un estudio técnico en vinculación con la Norma 141 de la Semarnat 2003, la fuente asegura que la empresa minera incumple con las regulaciones ambientales referentes al diseño, construcción y manejo de este tipo de represas.
Carece de los estudios hidrológicos y geotécnicos adecuados: análisis de tránsito por vaso, canales pluviales derivadores, periodos de tormenta máxima y bordo de contención. Pero también de estudios básicos como el uso de suelo y de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Ante esto, expone el informe, el agua que se acumule entre el bordo noroccidental de la presa derivado de la zona de alta energía podrá colapsar la presa de jales, durante una tormenta o ciclón.
Y luego advierte: Si la presa alcanza el punto de colapso, alrededor de 300 mil toneladas y miles de metros cúbicos de agua se combinarían en un alud arrasando con parte del poblado de San José de Gracia.
De llegar a este escenario, “la avalancha de agua y lodo podría arrastrar y ahogar a personas y animales, destruir el Sistema Ambiental Regional, asentamientos humanos y dañar durante mucho tiempo las actividades productivas aguas abajo del río”.
Si esto es grave, hay más acusaciones contra la compañía norteamericana: no realizar consulta a los tarámaris que habitan en la zona; perforar pozos de agua sin permiso de aguas nacionales; violaciones al derecho laboral; y operar en la ilegalidad.
Se intentó conocer la postura del representante legal de Dyna Resources, José Vargas Lugo, pero no fue posible hacer contacto telefónico con él, a pesar de la insistencia de este medio informativo.
NO USA SUSTANCIAS TÓXICAS: PROFEPA
Cuestionado sobre el caso San José de Gracia, el delegado de la Profepa en Sinaloa, Jesús Tesemi Avendaño, dio a conocer que es una problemática añeja que ha resurgido los últimos dos meses.
Esta dependencia mantiene vigilancia en el manejo de residuos peligrosos, daño ambiental y la Norma 141, referente a las presas de jales.
En contradicción con los inconformes, el funcionario afirma que el proceso de la mina no utiliza sustancias tóxicas o peligrosas.
“Como en el caso de la mina de Río Tinto en Urique, Chihuahua, el proceso de producción de la mina no implica el uso de sustancias tóxicas o peligrosas que puedan permanecer en los jales y representar un riesgo para el medio ambiente y la población”, señaló.
Descartó que se trate de un caso de minería ilegal, ya que la compañía cuenta con permisos y verificaciones.
La más reciente inspección se documentó el pasado 15 de junio, en atención a la denuncia de empresarios sinaloenses de la minera Goldgroup, quienes se ostentaban como socios al 50 por ciento de de San José de Gracia y presentaron un informe para exigir la reubicación de la presa de beneficios ante los inminentes riesgos.
Pero al momento de la inspección, indica el comunicado: la empresa “no descargaba aguas residuales a ningún cauce o cuerpo de agua federal, ya que las aguas del proceso son de circuito cerrado y se recuperan mediante dos cárcamos de rebombeo que se encuentran dentro de la presa de jales, la cual al momento de la inspección se encontraba a un 10 por ciento de su capacidad”.
Sobre el peligro de derrumbe, Tesemi Avendaño indicó que le corresponde a Protección Civil del estado realizar una evaluación y tomar las medidas necesarias. Lo mismo que la Comisión Nacional del Agua tiene responsabilidades en lo relativo al uso de los mantos freáticos y cuerpos de agua.
La minera Caballo Blanco que pretende arrancar una mina de oro a cielo abierto en el cerro de La Paila, municipio de Alto Lucero, no para en su intento de convencer a los habitantes de Palma Sola para que acepten la llegada de la minera, para lo cual afirma que va a traer empleo y minimiza el uso de cianuro y explosivos.
Después de intentar por segunda vez obtener un permiso de explotación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visita escuelas sin el permiso de los padres, y sostiene reuniones con ganaderos y sectores de influencia en la región.
Desde hace varios meses instaló su campamento en la comunidad de Palma Sola de unos tres mil habitantes, que sería una de las más afectadas si la minera se instala en el Cerro La Paila y reparte trípticos en casas para que la gente se familiarice con el uso de explosivos y el cianuro.
En septiembre del año pasado la minera, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un nuevo permiso de explotación minera en dos proyectos más: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.
En la gaceta ecológica 52, solicitó un Informe preventivo bajo el número 30VE2017MD176, para la barrenación de doce planillas y adecuación de 2 mil 200 metros de veredas, proyectos dispersos en estas dos zonas.
Cabe señalar que apenas hace unas semanas, esta empresa solicitó un permiso de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en el cerro de La Paila a unos cuantos metros de estos dos proyectos.
En septiembre del 2017, llevó un cine móvil al pueblo e intentó con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, convencer a la población de las bondades de la minería.
Pero algunos habitantes critican que las reuniones se sido esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder de decisión como ganaderos y propietarios de terrenos.
La minera ha informado que tiene doce concesiones mineras en 19 mil hectáreas de tierra donde planea la operación de su proyecto principal: La Paila, pero además tiene otros cuatro prospectos de exploración en la región: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur.
Para la operación se necesitan 15 mil litros de agua para la laguna de lixiviados y 2 mil 500 litros de agua para la operación diaria, para obtener este líquido se planea explorar una parte del acuífero Actopan, el cual tiene una profundidad de 350 metros.
Héctor Salas, geólogo responsable del proyecto, aseguró que existe en el mismo acuífero una zona de agua a 80 metros a profundidad que no se tocará pues es de donde la población abastece sus pozos.
A largo plazo también se planea captar agua de lluvia, y se pretende que el 80 por ciento del líquido utilizado sea de este tipo y solo el 20 por ciento provenga del acuífero.
Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se quejó de que la minera no da información completa, solo lo que a ellos les conviene: “Dicen que va a ver dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a ver muerte, destrucción, pueblos fantasma”.
Cuestionó que la minera ha usado a las escuelas como “escudos” para engañar a los niños en las escuelas donde solo dan una parte de la información.
Señaló que la minera utiliza la división entre el pueblo para confundir “así menos preguntamos, y menos protestamos”.
Criticó las medidas de mitigación de las minera, pues dijo son “ilógicas, como querer trasplantar plantas”.
Un tema que preocupa a los lugareños es el agua, pues actualmente reciben tandeos de agua una vez por semana, y si el agua para las actividades la sacarán del Acuífero Actopan, la situación podría agravarse.
María de Jesús López Tlapa advierte que a ella no la han invitado a ninguna reunión, porque los mineros se han reunido solo con sectores de influencia, como el ganadero, pero ha realizado pocas reuniones abiertas para la ciudadanía en general.
“Hace reuniones informativas pero solo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan, al pueblo lo estamos informando la propia gente, es un peligro para todos”.
Daniela Isabel lleva doce años viviendo en la región, cuenta que en las reuniones de los mineros le dicen tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.
“Pero yo les respondí que mi celular no se compara a la contaminación de la mina, si llegan será devastador, si nos dan a elegir preferimos el paisaje, lo verde”.
Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presumen se generarán: “Eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas, uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.
Mónica considera que es urgente que el pueblo se una en contra de las mineras, pues su llegada podría ocasionar despojo y hasta afectaciones a la salud, además del medio ambiente.
“En Veracruz no vamos a tener oro, no vamos a tener agua, pero tampoco salud, ni ambiente, todo se va terminar, los daños van a ser cuantiosos, tendríamos que ir a otros lados, y donde vamos a ir si hay concesiones mineras en todos lados”, señala.
Los representantes de ocho comunidades decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de que se garantice un proceso transparente en la Corte Constitucional, en donde cursa una solicitud de nulidad parcial presentada por la empresa Cerro Matoso S.A. sobre una sentencia proferida por ese tribunal.
Los voceros solicitaron medidas cautelares ante el Estado de Colombia para prevenir daños irreparables a la vida, integridad personal y propiedad privada.
«Hacemos esta solicitud considerando los diversos rumores sobre la capacidad de lobby de directivos, abogados o voceros de la multinacional ante la Corte Constitucional, que en estos momentos estudia una solicitud de nulidad parcial», señalaron los representantes a través de un comunicado de prensa.
En la misiva requieren mantener la decisión total de la sentencia T-733 de 2017 proferida por la Corte Constitucional y que no se anule ninguno de los puntos contenidos en la parte resolutiva, como lo pretende la solicitud de nulidad presentada por parte de la compañía.
A través del fallo el alto tribunal ordenó a la administración del complejo minero adoptar las medidas necesarias para atender a las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en inmediaciones de la mina, así como a financiar la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo con la suma de 400 millones de dólares por los perjuicios medioambientales y a la salud generados a cerca de 3.400 personas durante los últimos 35 años por la exploración y explotación de ferroníquel.
Ante esta situación, la empresa afirmó en su momento que la corte le había vulnerado el derecho al debido proceso porque desconoció la totalidad del material probatorio allegado por la empresa.
Adicionalmente hizo énfasis en las conclusiones del informe de Medicina Legal que advierte que no hay forma de probar que las enfermedades señaladas por las comunidades provinieran directamente de la operación de Cerro Matoso y aseveran que dicho estudio ratifica que las enfermedades señaladas por los demandantes son similares a las que padecen otros habitantes deCórdoba, departamento en donde se encuentra ubicada esta mina.
Frente a la petición radicada en la CIDH la empresa resaltó que la medida cautelar se instauró ante el Estado Colombiano.
“El incidente de nulidad a la sentencia T-733 de 2017 es un recurso válido cuando se considera que no ha habido las garantías que ofrece la ley y que en ningún caso se pretende evadir las responsabilidades. Cerro Matoso, en 35 años, ha sido una empresa responsable en el cumplimiento de todas las exigencias del Estado”, afirmó la empresa en un comunicado realizado el pasado 31 de julio de 2018, en el que además asevera que la firma está y seguirá cumpliendo todas y cada una de las órdenes emanadas de la sentencia.
Se espera que la próxima semana la sala plena de la Corte Constitucional dé a conocer una decisión definitiva frente a la solicitud de nulidad.
Autor: David Ortiz, Revista Tierra Culta. Conflicto Relacionado: Litio Salar Atacama
“Sales Maricunga” es el nombre del proyecto minero que busca sacar litio y potasio desde el Salar de Maricunga en la cordillera de la comuna de Copiapó, y que tiene una proyección de 24 años de vida útil.
La faena no metálica pertenece a la empresa Simco Spa perteneciente al grupo Grupo Errázuriz, quienes pretenden llegar a ser el tercer competidor en la extracción del litio, detrás de SQM y Rockwood.
El proyecto espera tener una producción de 53 mil toneladas de potasio y litio anuales que serán exportadas por el puerto de Coquimbo. Faenas de extracción que estarán en el mismo salar donde se encuentra la Laguna Santa Rosa, la cual es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.
Según indica en su informe de impacto ambiental, se tiene contemplado sacar 275 litros por segundo desde 22 pozos ubicados en el Salar, los cuales extraerán el agua hipersalina para verter en piscinas de evaporación donde se separarán el litio del agua. Estas salmueras darán como resultado aguas sin sal que serán re inyectadas al salar. Este caudal de reintegro completará 140 litros por segundo.
El proyecto que está en su fase de evaluación de impacto ambiental y está sujeto a que la comunidad, organizaciones civiles y empresas presenten observaciones a lo que declaran sus informes de estudios ambientales.
Por lo que este lunes se realizó una consulta ciudadana en que se expusieron los principales aspectos de su proceso productivo, tanto en el impacto como en algunos aspectos de mitigaciones asociados a todas las componentes ambientales.
Sitio Ramsar
Dentro del mismo salar se encuentra la Laguna Santa Rosa, que es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, cuyo límite esta a 10 kilómetros de distancia de lo que tiene presupuestado el proyecto según indicó CONAF y 25 kilómetros según explicó la empresa en la consulta ciudadana.
Esta laguna es parte del sistema lacustre cerrado donde confluyen aguas provenientes de los deshielos y está protegida al ser parte del Parque Nacional Tres Cruces, el cual incluye a su vecina: la Laguna del Negro Francisco varios kilómetros más al sur.
Según explica Héctor Soto Vera, Director de CONAF Región de Atacama a Tierra Culta, la laguna es importante porque “es un sitio de anidación de un sinnúmero de aves altoandinas, como la tagua cornuda (especie vulnerable) y hábitat para las 3 especies de flamencos de chile como son la parina grande, parina chilena y flamenco de james“.
Además, el directivo, agrega que: “La fauna silvestre se estructura principalmente en torno de los espejos de agua de los salares y lagunas, y de la vegetación de los humedales andinos, producidos por afloramientos de agua o meandros de los ríos. El salar de Maricunga y la laguna Santa Rosa, son áreas de concentración, alimentación y/o nidificación de las tres especies de flamencos chilenos, Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y Phoenicoparrus jamesi”.
Según explicó la empresa se detectaron algunas especies de reptiles en las cercanías de las faenas, los cuales serán reubicados. También se explicó en la consulta ciudadana que realizaron un estudio del comportamiento de la fauna correspondiente a un año (cuatro estaciones). Lapso de tiempo que generó suspicacias entre los asistentes, dado lo breve de la muestra.
Esta zona está declarada como uno de los 13 sitios Ramsar de Chile, categoría que quiere decir que tiene una importancia mundial por los servicios que presta para el funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra. Se limpian las aguas y se mantiene la relación entre diversas especies. La empresa asegura que su estudio permite aseverar que el polígono protegido como sitio Ramsar no será afectado.
La preocupación ambiental
Sin embargo en los últimos años el sector ha sufrido importantes deterioros producto de la minería. El caso más emblemático es el del 2016, La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con la clausura definitiva de sus faenas de extracción de agua a la minera Kinrross, esto por secar 70 hectáreas del humedal de Valle Ancho, que es parte del complejo hídrico del sector.
Este año además se conoció la denuncia del Ministerio de Medio Ambiente que acusó a la estatal CODELCO de extraer agua en el humedal de Calle Larga, secándolo por completo en Diego de Almagro. Antecedentes frescos que muestran lo delicado que es este sector de la Puna de Atacama ante el trabajo de la minería.
Hasta ahora CONAF sólo tiene relación con el proyecto mediante un Comité Técnico Intersectorial del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco – Laguna Santa Rosa, el cual este año no ha sesionado, y se espera que tenga una reunión en el último trimestre del 2018.
“Este comité, tiene entre sus principales objetivos el monitoreo de aquellas variables biológicas ambientales críticas del sitio, el cual es implementado por los diversos servicios públicos que integran dicho comité, como Seremi Medio Ambiente, CONAF, SAG, DGA, entre otros”, explica Héctor Soto Vera.
En otras palabras, los organismos técnicos que deben vigilar el sector no han recibido de forma oficial, los aspectos principales del proyecto. Desde el SEA explicaron en la consulta que algunos servicios ven desde nivel central el tema.
El geógrafo Rodrigo Arcos, fue crítico de la exposición de la empresa sobre el temá hídrico, señalando que “lo que nos acaban de explicar evidentemente produce un desequilibrio, hablan de una información estadística disponible, pero yo creo que todos vimos que no manejan información detallada de cómo va a reaccionar la cuenca, y nosotros supimos ya que la extracción de agua de una minera provocó cambios drásticos en la Laguna Santa Rosa. Me parece preocupante que haya una exposición tan pobre, sobre todo considerando que esto marca el precedente para nuevos estudios de proyectos de extracción de litio”.
Su preocupación principal está en que si bien el modelo de estudio considera los derechos que existen asignados en los acuíferos de Piedra Pómez y Ciénaga Redonda, en la práctica son muchas las variables que influyen en el sistema hídrico para que no se vea realmente afectado.
Múltiples variables
Por otro lado el sector del turismo no ve con buenos ojos este proyecto que además de poner en jaque la existencia de la Laguna Santa Rosa; también se afectará paisajísticamente uno de los principales atractivos turísticos de Atacama. Algo evidente.
Este tema preocupa a los emprendedores turísticos del sector. Hay que considerar que en la Laguna Santa Rosa existe una concesión turística de alojamiento y que los turistas de mayor poder adquisitivo ponen a la cordillera atacameña como sus prioridades a la hora de visitar el desierto.
Por otro lado existe la componente cultural. Mientras el proyecto declara tener conocimiento de algunos vestigios que están salvaguardados, desde la parte arqueológica, en lo social, la comunidad colla Paiote realizó una declaración pública donde acusan no haber sido considerados como habitantes y usuarios ancestrales del sector.
“El proyecto está muy mal. Lo revisamos en el sistema porque no contempla al medio humano, a nosotros como comunidad nos dejó fuera.“, explica Ercilia Araya, vocera de la comunidad colla Paiote.
“Nosotros le decíamos a la señorita que expuso que del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos nos exponen de que hay medidas contempladas que son muy bonitas, pero ya nos pasó que Kinrross nos secó los humedales donde llevamos a pastar nuestro ganado”, sentencia la dirigente indígena.
Por ahora se puede ingresar al sitio del Servicio de Evaluación Ambiental para conocer más detalles del proyecto y tanto personas naturales como jurídicas pueden presentar sus observaciones, aportar con nuevos antecedentes e informarse de este proyecto que intervendrá un sector icónico de la región.
La minería llevó a Antofagasta a tener un ingreso per cápita que casi dobla al del país (36,000 dólares anuales versus 20,000) y es también uno de los factores que ha llevado a su población a tener menos de esperanza de vida que la media. La contaminación por metales pesados persigue desde hace décadas a la ciudad que paga con creces los costos de ser la capital minera de Chile, el primer productor mundial de cobre: la mortalidad por cáncer de pulmón duplica a la media nacional (34.7 casos cada 100,000 habitantes versus el 16.1), con una alta incidencia también de cáncer de vejiga y piel.
“No es normal que todos se mueran de cáncer”, se lamenta Jaqueline Jiménez, una activista que decidió denunciar la contaminación ambiental en Antofagasta, la región con mayor índice de cáncer del país tras convivir por décadas con la contaminación por metales.
En los años 60 la ciudad vivió una grave emergencia por los altos niveles de arsénico en sus aguas, y en 1998 otra por los elevados índices de plomo en niños que vivían cerca del ferrocarril hacia Bolivia. Hoy lo que preocupa es el denso polvo negro que cubre gran parte del borde costero de una ciudad que en paralelo disfruta los beneficios de albergar a gigantes de la minería como BHP Billiton o la estatal Codelco. Se trata de un polvo espeso, que cuesta retirar de las superficies y que el viento costero expande por toda esta ciudad ubicada a unos 1,200 km al norte de Santiago y que un estudio del Instituto de Salud Pública determinó que contenía al menos 16 metales distintos y en el que la filial de Antofagasta del Colegio Médico encontró “contenidos totales de arsénico, cadmio, zinc, cromo, cobre, plomo y manganeso que sobrepasan largamente las normas chilenas”.
“Los científicos consideran que en la zona de Antofagasta se está haciendo una experimentación biológica al tener a la población expuesta a estos niveles de contaminación”, alerta Aliro Bolados, presidente del Colegio Médico en Antofagasta. “Es toda una generación que tiene todas estas cosas y que hace que a pesar de que son los que tienen el mayor ingreso per cápita tienen la menor sobrevida en Chile”, explica.
La grave exposición al arsénico entre 1958 y 1971 -cuando en el agua potable superó 86 veces la norma- es hasta ahora el único factor comprobado que explica el incremento del cáncer y otras enfermedades cardiovasculares en la región. Especial preocupación hay sobre unas 16,000 personas que nacieron antes de 1970 y que tuvieron una alta exposición temprana al arsénico. Hoy, con 40 ó 50 años, y en su mayoría siendo grandes fumadores, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, según las investigaciones de Catterina Ferreccio, subdirectora del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, Epidemiología y Cáncer de Chile.
El grupo Luksic, que ocupa unas 10 hectáreas en el centro de la ciudad, en los últimos 14 años ha transferido 35 millones de toneladas de carga. Pese a que suscribió un Acuerdo de Producción Limpia, en octubre la justicia lo condenó por contaminación y lo multó con 1.3 millones de dólares, ordenándole, además, limpiar la zona aledaña al puerto. Pero no cesó sus funciones.
“Prefieren sacrificar Antofagasta y evitar que Chile deje de ganar dinero”, dice Ricardo Díaz, del movimiento Este Polvo te Mata, que exige trasladar el puerto a una zona alejada de la ciudad.
Pese a la comprobada presencia de metales pesados en este polvo, las autoridades llamaron a la calma, afirmando que las poblaciones más expuestas tienen niveles de contaminación bajo la norma, ya que al tratarse de metales pesados no es respirable y debe ingerirse para una intoxicación.
A fines de 2015, a 243 niños de jardines infantiles y colegios cercanos al puerto se les midió el nivel de plomo en sangre. El 99.2% arrojó valores bajo los 5 ug/dl (microgramos en decilitro de sangre), en línea con recomendaciones internacionales.
Pero el Colegio Médico de Antofagasta cuestionó los resultados y exigió nuevas mediciones sobre metales acumulados. Desconfiada de los resultados oficiales, Jaqueline Jiménez le realizó exámenes de pelo en el extranjero a sus hijos, que arrojaron altas concentraciones de metales.
La alcaldesa de Antofagasta por su parte exige “hacer obligatorio el análisis a los niños a partir del año de vida hasta los 6 años para determinar anualmente el daño que pueda tener la población”. Si bien expertos avalan a las autoridades chilenas, alertan sobre la necesidad de reducir a un mínimo la exposición de niños ante la incertidumbre de sus interacciones en el futuro.
Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y repudiamos el feminicidio del que fue víctima la compañera Fabiola Fajardo Ayala, lideresa social y comunal de la vereda La Colorada, e integrante del Movimiento Resistencia a la minería en el Carmen del Chucurí municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Ella fue una luchadora incansable en la defensa del territorio frente a la amenaza minera y el fracking en la región; además nos solidarizamos con los familiares y amigos.
La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.
Hoy martes, 28 de agosto, se lleva a cabo la presentación del libro: “CONSÚLTAME DE VERDAD, aproximación a una balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero“, de la directora de CooperAcción, Ana Leyva, en el Centro Cultural PUCP.
Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yaviyavi (distrito de Velille, Cusco).
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
En plena temporada de huracanes, habitantes de San José de Gracia viven con el miedo de que la presa de jales mineros se derrumbe y acabe con su pueblo, localizado en una zona remota de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Sinaloa.
La minera Caballo Blanco que pretende arrancar una mina de oro a cielo abierto en el cerro de La Paila, municipio de Alto Lucero, no para en su intento de convencer a los habitantes de Palma Sola para que acepten la llegada de la minera, para lo cual afirma que va a traer empleo y minimiza el uso de cianuro y explosivos.
“Sales Maricunga” es el nombre del proyecto minero que busca sacar litio y potasio desde el 
La minería llevó a Antofagasta a tener un ingreso per cápita que casi dobla al del país (36,000 dólares anuales versus 20,000) y es también uno de los factores que ha llevado a su población a tener menos de esperanza de vida que la media. La contaminación por metales pesados persigue desde hace décadas a la ciudad que paga con creces los costos de ser la capital minera de Chile, el primer productor mundial de cobre: la mortalidad por cáncer de pulmón duplica a la media nacional (34.7 casos cada 100,000 habitantes versus el 16.1), con una alta incidencia también de cáncer de vejiga y piel.