La semana pasada el país puso en marcha una de las medidas claves para frenar el flagelo de la contaminación por mercurio: entró en vigencia la prohibición de este elemento en la producción legal de minería de oro. Sin embargo, su alarmante uso ilegal sigue siendo el mayor obstáculo para que Colombia sea libre de este tóxico.

La medida, que se estipuló desde la Ley 1658 de 2013 y ya venía implementándose, busca poner en cintura los procesos de los títulos legales, que antes contaban con autorización ambiental para el uso de mercurio. Con esto, según el Minambiente, se evita la importación de cerca de 95 toneladas de químico nocivo, utilizado para la separación del oro de otros elementos durante su procesamiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los diez productos químicos críticos para la salud pública por su efecto tóxico en los ecosistemas y los humanos. Tras acumularse en el ambiente, puede causar desde malestares como dolores de cabeza hasta graves enfermedades neurológicas a quienes están en contacto con este tóxico.

En algunos lugares del país donde hay explotación minera informal ya empiezan a registrarse casos de niños que nacen con extrañas enfermedades que expertos atribuyen al contacto con este elemento.

La prohibición impuesta por el Gobierno es, entonces, más que necesaria. Sin embargo, la gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos. De acuerdo con el Ideam, anualmente en promedio se están vertiendo a fuentes de agua y suelos cerca de 200 toneladas de este material.

La situación es especialmente crítica en el Chocó y algunas zonas de Antioquia y Córdoba, pero este mal ya empieza a abrirse paso en ecosistemas invaluables como el de la Amazonia. La población rural de esas regiones es la más vulnerable y hay suficiente evidencia científica para alertar sobre la grave situación de salud pública al respecto.

Esta decisión es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero la moneda tiene otra cara: la de los serios obstáculos para hacer efectiva la proscripción. Estos incluyen el contrabando fronterizo de este elemento y, sobre todo, la debilidad institucional de las corporaciones autónomas regionales para monitorear y hacer cumplir la ley.

Es fundamental también el apoyo para la transición tecnológica de los mineros informales. Como se puede ver, es largo todavía el camino que deben recorrer las autoridades mineras y ambientales para que efectivamente el mercurio salga de los sistemas de producción aurífera, pero no por esto se puede desfallecer.

Además, el desafío con este material es también excluirlo de los procesos industriales como la fabricación de bombillas, algunos electrodomésticos y ciertos equipos médicos. La norma en este sector entraría en vigencia en el año 2023.

El camino, entonces, es largo para erradicar el mercurio en el país, pero los esfuerzos deben persistir con el nuevo gobierno.

Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/erradicar-el-mercurio-editorial-246482

El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali está en una encrucijada por la minería ilegal de oro en pleno corazón de la reserva, el asentamiento de unas dos mil personas y la protección del agua que fabrica.

Aunque fue catalogado como parque nacional en 1968 y se delimitó cerca de 200 mil hectáreas para la conservación especialmente del agua, este lugar se encuentra en un momento histórico por que las decisiones que se tomen ahora, redundarán en la escasez o no del líquido en un futuro.

La mayoría de los habitantes dicen ser campesinos. En el recorrido por el corregimiento Los Andes (parte del parque), nos encontramos a don Víctor Manuel Victoria de unos 70 años, quien montado en su caballo nos contó sobre la vida ‘en ese paraíso’.

«Vivo acá hace unos 40 años, me dedico a la agricultura pero antes vivía también de la agricultura. Luego, con el apogeo de la mina trabajé allá«, afirmó.

Don Víctor asegura que recibió hasta dos millones de pesos quincenales por los trabajos en la mina de oro en el parque y agregó que cuando cerraron la mina de oro hace unos años, no pudo seguir trabajando allá.

«...Para nadie es un secreto que eso sigue abierto todavía. Lo que pasa es que ya no nos dan trabajo a los de aquí; pero de noche vemos como los carros salen y entran del parque», dijo.

Este abuelo de mediana estatura y con las arrugas propias de su edad, manifestó que con lo que ganó en la mina ahorró y ahora vive de sembrar tomate de árbol y mora entre otros y agregó que «ya no se sabe qué hacer con tantas prohibiciones en Los Farrallones».

«Usted me pregunta si la minería es buena o mala. Yo le digo que es buena para la gente pobre. Acá tenemos mucha necesidades. Acá vive gente humilde. La minería para nosotros es una oportunidad», sostuvo.

Un documento que llegó al Ministerio de Ambiente reveló que la compañía minera insiste en explotar minerales en ese municipio, a pesar del contundente resultado que prohibió ese tipo de actividades en ese lugar.

El 26 de marzo de 2017 Cajamarca se convirtió en un hito: con un 97,9% de la gente que votó en su consulta popular, dijo No a la explotación minera en el territorio. A regañadientes, el Ministerio de Minas y Anglo Gold Ashanti, la compañía minera que quería cavar allí la mina llamada La Colosa, admitieron los resultados. El 27 de abril, un mes después de la consulta, la empresa ordenó detener el proyecto, uno de los más grandes del país.

Sin embargo, el medio de comunicación regional El Olfato, reveló que el pasado 5 de marzo, la empresa le envió una carta a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Ministerio de Ambiente. El asunto: sustraer una parte de una reserva forestal en Cajamarca para hacer allí explotación minera.

La misiva es firmada por Andrea Gonzalez Cely, directora ambiental de la empresa. “En mi calidad de apoderada de AngloGold Ashanti Colombia S.A de conformidad con lo establecido en la Resolución 1526 de 2012, en cumplimiento del contrato de concesión minera EIG-163, cuya área se ubica en la Zona de Reserva Forestal Central, por medio del presente escrito, de manera respetuosa presento ante su despacho solicitud de SUSTRACCIÓN TEMPORAL DE UN ÁREA DE RESERVA FORESTAL CENTRAL (…)”, se lee en el documento.

Al revisar el contrato de concesión minera EIG-163, se comprueba que se trata del bloque minero de La Colosa (aquí el contrato de concesión minera). Asimismo, al cruzar esa información con los municipios que cobija la Reserva Forestal Central, de nuevo aparece el nombre de Cajamarca.

Esto, a pesar de que el pasado 12 de julio la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) dejó claro que en cumplimiento de los resultados de esa consulta popular, “no se otorgarán más licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos y actividades mineras en la jurisdicción del municipio de Cajamarca”.

Además, el director de Cortolima, Jorge Cardoso, señaló que se revisarán las licencias otorgadas con anterioridad a la consulta popular y, si es el caso, se revocarán. 

La Consulta Popular, en la cuerda floja

Ante la información de la carta, AngloGold Ashanti emitió un comunicado en el que asegura que hay instituciones públicas «resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la Consulta Popular»,  y que mientras esa decisión no esté tomada, ellos seguirán haciendo las actividades económicas naturales de la empresa.

Con esto, la empresa se refiere a la acción de tutela que puso el gigante indochino Mansarovar Energy, que buscaba explotar petróleo en el municipio de Cumaral (Meta), donde tras una consulta popular, el 98% de los votantes rechazó la explotación de hidrocarburos en el municipio.

Mansarovar argumenta en su tutela que se está violando el derecho al trabajo, y que por ello, hay que ponerle freno a la consultas populares tal y como están consignadas en la Constitución de 1991.

Abogados y ambientalistas están preocupados por el destino que pueda tener esa tutela en la Corte, pues varios de los actuales magistrados del alto tribunal tiene estrechos lazos con el sector minero y energético.  La magistrada ponente, Cristina Pardo, era secretaria jurídica de la Presidencia cuando se emitieron decretos como el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, porqué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio. Poco después, el Consejo de Estado tumbó el decreto.

Además, el actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando hizo el salto a la Corte. Apenas en octubre del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que desde la Corte ya le están poniendo freno a esos fallos “creo que con la nueva corte este (los derechos ambientales vs. temas mineros) va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/anglogold-ashanti-pide-intervenir-una-reserva-forestal-en-cajamarca-para-hacer-mineria-articulo-801180