Perú

Lo que nos deja el caso de la Montaña de Siete Colores

Autor: Dionel Martínez C. , Cooperacción.org.pe

Esta semana, CooperAcción publicó un artículo de investigación que escribí acerca de la desconexión del sistema de planificación territorial y el otorgamiento de títulos habilitantes en el caso emblemático de la concesión minera Red Beds 2 que incluye la Montaña de Siete Colores en el Cusco. Afortunadamente, la alerta emitida a través de este artículo fue recogida rápidamente por los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales y por supuesto gracias también a la reacción inmediata de las redes sociales, que provocó su viralización. La indignación ciudadana tras la denuncia ha logrado aparentemente, que tanto la empresa Minquest Perú S.A.C, titular de la controversial concesión minera, como el Estado[1] retrocedan en la decisión de concesionar esta área a la minería. Debo resaltar que ha sido gracias a la presión ciudadana y NO a la decisión de oficio en un debido proceso de evaluación a cargo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como debería haber sido.

La carta de la empresa Minquest Perú S.A.C remitida al Gobierno Regional del Cusco renunciando al derecho minero, es un buen gesto. Sin embargo, el Gobierno Regional no es la entidad competente en la materia, dicha renuncia debe hacerse efectiva ante el INGEMMET de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), por lo que estaremos vigilantes a la presentación del mencionado documento. En caso de hacerse efectiva la renuncia a la concesión Red Beds 2, la empresa sigue teniendo tres concesiones mineras (Red Beds 1, Red Beds 3 y Red Beds 6) que se encuentran a menos de dos kilómetros de distancia de la Montaña de Siete Colores y hay que aclarar que no es la única empresa con derechos mineros aledaños.

Sigue leyendo →

Colombia

La Anglo Gold Ashanti en el suroeste antioqueño

Autor: Censat Agua Viva.org
Conflicto Relacionado: Jerico-Tamesis-Quebradona

El año 2017 significó importantes victorias para el movimiento social en defensa del agua, la vida y el territorio, entre las que se encuentra el rotundo no a la minería a gran escala por varios municipios vía consulta popular. Así como las sentencias de la Corte Constitucional que ratificaron la competencia de los municipios para ordenar las actividades mineras en sus territorios, los derechos bioculturales del río Atrato, el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos y las afectaciones de la expansión minera al arroyo Bruno.

A raíz del éxito notorio de la consulta popular de Cajamarca  y el auge de las consultas populares en el país, los sectores alineados con el modelo económico extractivista cuestionan la autonomía de los municipios.

La industria minera continúa  destruyendo territorios, donde no importa arrasar con la vida ni sacrificar la vida y la dignidad  humana,  amparados por la políticas públicas nacionales que desde una racionalidad economicista, niegan el principio constitucional de  autonomía territorial otorgado a los municipios para la reglamentación de los usos del suelo, el agua, la protección a la tradición campesina, la cultura indígena, la vida en comunidad, y la construcción de la visión de futuro de los terrarios. Derechos constitucionales que no son reconocidos por el Plan Nacional de Desarrollo Minero ni las multinacionales mineras.

Este es el caso de, la multinacional sur africana Anglo Gold Ashanti – AGA, que tiene varios proyectos en curso en nuestro país, entre ellos Gramalote, en San Roque; Quebradona, en Jericó y Támesis, ambos municipios antioqueños. Esta multinacional minera hizo pública su presencia en Colombia en el 2003. Hoy día opera a través de distintas filiales o tiene contratos de riesgos compartidos con otras mineras como Glencore, B2Gold, Greystar y Goldfields y es la empresa minera más grande de Colombia con 496 títulos en 20 departamentos con un área de un millón de hectáreas.

El actuar de la AGA  es conocido en el planeta, en 2005 Human Rights Watch (HRW) denuncia en su informe titulado La Maldición de oro, que Anglo Gold Ashanti le dio apoyo financiero y logístico al Frente Nacionalista e Integracionista (FNl) – un grupo armado al margen de la ley en el Congo – a cambio de favores políticos y logísticos. En el 2008 la multinacional fue denunciada en Teberebie, Ghana, por contaminación de agua y adueñándose de ella y de las tierras en la zona, causando graves afectaciones ambientales y a la salud humana, además fue acusada de tortura a personas de las comunidades que se oponían a la minera. Por estas prácticas obtuvo el premio Public Eye Award, o “Premio a la vergüenza” que otorga Green Peace a empresas con flagrantes abusos a los derechos humanos y crímenes medioambientales.

El conflicto por la extracción de minerales no es nuevo en el suroeste antioqueño. Desde que la empresa llegó a la región ha generado  resistencia. El temor de la población está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza esta empresa  en la vereda Quebradona, del municipio de Jericó. Habitantes de la zona manifiestan que que la AGA hizo una perforación en uno de los acuíferos que no fue recuperada y dejó daños para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía. Es de resaltar que, en junio de 2017, el Concejo Municipal de Jericó, mediante Acuerdo tomó la decisión de prohibir la minería en su territorio, sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria, desconociendo la demanda justa y constitucional tanto del Concejo Municipal como de su alcalde, quienes recogen el sentir de la población que reivindica la vocación agrícola de la región y la urgencia de proteger y preservar su entorno natural.

El actual proyecto minero Quebradona, se espera que sea el primer proyecto de minería de oro, cobre y plata a gran escala en Colombia, el cual hace parte de una alianza entre la multinacional Anglo Gold Ashanti con el (51%) y B2GoldCorporation (49%). El gobierno colombiano lo ha declarado como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico –PINES- por lo cual se está facilitando el desarrollo del mismo y se promueve como un gran generador de empleo y desarrollo. Pero esta situación se contrasta con el temor de la población antioqueña de perder su territorio sagrado para la vida.

Por eso, desde el 7 de mayo del presente año, campesinas y campesinos de los municipios antioqueños de Jericó y Támesis vienen ejerciendo su derecho a la movilización pacífica para impedir la entrada de la multinacional a su territorio, teniendo como respuesta la represión violenta por parte de la Fuerza Pública. Este 10 de mayo, encabezado por las organizaciones sociales del suroeste y el Obispo de Jericó, monseñor Noel Londoño, los manifestantes le dijeron NO a Anglo Gold Ashanti, NO a la megaminería metálica y SÍ al agua, a la vida y a la biodiversidad de su territorio.
Hoy llamamos a los movimientos sociales para que continuemos nuestro camino de lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio, a abrazar las montañas del suroeste de Antioquia, para en una sola voz decir: ¡Queremos Territorios Sagrados para la Vida! ¡Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!
¡Si se pudo con la Colosa se puede con cualquier cosa!

Fuente:http://censat.org/es/analisis/la-anglo-gold-ashanti-en-el-suroeste-antioqueno-8408

Mexico

Acusan a minera First Majestic de dividir a campesinos para ocupar tierras ejidales

Autor: Alma Ríos, La Jornada Zacatecas.
Conflicto Relacionado: Chalchihuites-Zacatecas-First Majestic Silver Corp.

Empresa canadiense busca firmar contrato de ocupación temporal de predios de uso común

■ Compañía extractiva pretende que el Comité de Vigilancia del Ejido San José de Buenavista y no el Comisariado Ejidal el que convocante a una reunión

■ También Grupo México busca concretar un acuerdo sobre 37.7 hectáreas para establecer el denominado proyecto Chalchihuites 42

El Comité de Vigilancia del Ejido San José Buenavista, territorio que se ubica a unos 6 kilómetros de la cabecera municipal de Chalchihuites, citó ayer a las 6 de la tarde a asamblea, en la que se trataría el tema de la firma de un contrato de ocupación temporal de las tierras de uso común en favor de la minera canadiense First Majestic, misma que finalmente no se concretó luego de que no se alcanzó el quorum legal.

Este asunto ha dividido ya a los pobladores de la comunidad mencionada. Incluso, el que haya sido el Comité de Vigilancia del Ejido y no el Comisariado Ejidal el que convocante a la reunión, exhibió la citada división, pues tanto el secretario como la tesorera del mismo se han opuesto a firmar los documentos luego de que han denunciado la injerencia de la empresa extractiva en presionar para que se hagan convocatorias usurpando las funciones de las autoridades ejidales.

La división entre los integrantes de la comunidad se expresa entre los propios ejidatarios, pero también entre éstos, pequeños propietarios y avecindados, últimos que conforman la mayoría de la población, e incluso mencionó Martha Castro, tesorera del Ejido San José Buenavista, la oposición al proyecto de First Majestic se centra en la población femenina.
“Tenemos un problema grande aquí ya porque la mayoría de las señoras tienen sus hijos chiquitos y no están de acuerdo. La mayoría de los que están de acuerdo son hombres, entonces las mujeres estamos en contra”.

Son mujeres cuyos esposos también ejidatarios, se encuentran en los Estados Unidos, por lo que ellas tendrán que enfrentar el conflicto con quienes sí están de acuerdo en la enajenación del territorio, explicó.

Mencionó que el lugar que interesa a First Majestic, denominado Cerro Colorado, se encuentra a escasos 2 kilómetros de la zona poblada y que los habitantes sostienen su vida en la agricultura y ganadería, razones por las que se oponen a las intenciones de la empresa canadiense.
“Entonces decimos, si rentan nuestras tierras ya no vamos a tener ganado, ya no vamos a sembrar nuestro maíz nuestro frijol, porque está muy cerquita el cerro que quieren explotar, de las viviendas”.

El ofrecimiento de First Majestic para los 56 ejidatarios, es entregar a cada uno 20 mil pesos al año por un tiempo indeterminado, presuntamente, para hacer trabajos de exploración en 19 hectáreas, pero la experiencia de las comunidades es que una vez que entran las empresas extractivas a sus territorios es ya imposible detener el avance de sus proyectos.

En este sentido, Efraín Arteaga Domínguez, líder en el estado de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización que ya hace acompañamiento tanto de los habitantes de La Colorada como de la cabecera municipal de Chalchihuites en sus conflictos con las empresas mineras en esa demarcación, había mencionado que producto del conflicto que ya se expresa entre quienes quieren acordar con la minera y los que no en San José Buenavista, “podría haber incidentes de violencia”.
Informó que asimismo que ayer a las 14:30 horas, se celebró una reunión en que integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) se reunirán con habitantes del lugar.

En San José Buenavista, también ha comentado a este medio Grecia Eugenia Rodríguez, quien encabeza el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas, son dos las empresas mineras quienes se disputan el territorio, la ya citada First Majestic, que busca concretar un acuerdo sobre 18.8 hectáreas para desarrollar su proyecto Navidad, y Grupo México, quien tiene interés en 37.7 hectáreas para establecer el denominado Chalchihuites 42.

Dentro de las tierras ejidales también se encuentra una zona arqueológica, El Cerro Pedregoso, dijo, que corresponde a la cultura Chachihuites, mismo que es también motivo de preocupación por su cercanía con los intereses de las empresas extractivas.
Al respecto de esto último, el delegado en la entidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos Augusto Torres Pérez, precisó que la instancia normativa no ha sido enterada del proyecto que busca establecer First Majestic en el Ejido San José Buenavista, por lo cual se le ha hecho llegar un oficio solicitándole tal información, mismo que está en espera de respuesta.

Sostuvo no obstante, que es condicionante para que se realicen trabajos de empresas sobre territorio nacional, aun de exploración, sean eólicas o mineras, la autorización del INAH en estos casos, y aseveró que la institución está al pendiente de lo que ocurre en el municipio Chalchihuites, toda vez tiene allí arqueólogos de planta amén de encontrarse uno de los dos sitios arqueológicos más importantes en la entidad, Altavista.

Cabe mencionar que en días pasados Zacatecas recibió por primera vez en su historia, la visita de personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quienes acudieron para hablar con los pobladores de la comunidad La Colorada sobre la violación de sus derechos humanos por parte de la empresa Pan American Silver, quien incluso, derribó sus casas con pertenencias y gente dentro.

El asunto ha quedado ya registrado por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, como un caso de desplazamiento forzado, que tuvo como agente a la empresa minera.

En el caso de la cabecera municipal de Chalchihuites, los habitantes han denunciado desde principios de este 2018, la afectación a sus viviendas provocada por las actividades de la First Majestic, en un asunto que no ha tenido aún la atención del Gobierno del Estado, pues hasta el momento no ha enviado personal de su Dirección de Protección Civil a inspeccionar de manera puntual y pormenorizada los daños a las casas generados por estruendos y sacudimientos de tierra, que asocian los pobladores con detonaciones.

Fuente:http://ljz.mx/2018/06/22/acusan-a-minera-first-majestic-de-dividir-a-campesinos-para-ocupar-tierras-ejidales/

Chile

Piñera, Mineros y Glaciares

Autor: Florencia Blume, La Tercera.com

El proyecto de Ley de Protección de Glaciares impulsado por un amplio grupo de diputados, y que llevaba cuatro años de tramitación en el Congreso, enfrentando una férrea oposición del Consejo Minero, fue retirado ayer por la Ministra Cubillos, en coherencia con la lógica del gobierno de favorecer la inversión a cualquier costo.

En la misma línea, el gobierno de Sebastián Piñera eliminó la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, para crear el Registro Nacional de Glaciares e identificar potenciales efectos de actividades humanas en los glaciares.

La minería pública y privada – división Andina de Codelco, Los Bronces de Anglo American, Pascua Lama de Barrick Gold y Pelambres de Antofagasta Minerals, entre otras están desde la década de los 90 destruyendo glaciares en la Cordillera de Los Andes en el norte y centro del país.

El proyecto de ley constituía un avance hacia el reconocimiento jurídico de este patrimonio natural y podía ser mejorado en la sala de la Cámara a través de la reposición de indicaciones y en el Senado. Pero la voluntad del gobierno implicó un corte en el camino avanzado. Hoy nos quedamos como estábamos el año 2005, época en que se aprobó Pascua Lama. Los glaciares siguen en tierra de nadie, por tanto explotables y destruibles.

Los gobiernos no han estado a la altura para proteger este patrimonio de reservas hídricas. Hoy, en un contexto de cambio climático, los glaciares se tornan indispensables para los ecosistemas y el acceso al agua de las comunidades, las ciudades y la agricultura. Esperamos que la Cámara apruebe la moción para la protección de glaciares que están por votarse en el Congreso. De lo contrario estaremos agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país.

Fuente:http://www.latercera.com/opinion/noticia/pinera-mineros-glaciares/216286/

Perú

Monseñor Barreto: “Cuidar el agua es una necesidad solidaria con la humanidad”

Autor: Redacción Muqui org.

Arzobispado de Huancayo.- En el Foro “Políticas de conservación de Recursos Hídricos”, organizado por la comisión de Ecología de la Pastoral Social Cáritas Huancayo, el Arzobispo y Cardenal electo de la Iglesia Católica, Monseñor Pedro R. Barreto Jimeno S.J., mencionó que “es muy importante que el recurso hídrico sea valorado en su esencia, porque el mundo ha avanzado en tecnología, pero no pueden inventar el agua. Así mismo dijo que “el agua es fruto de nuestra casa común y si la maltratamos irracionalmente, los efectos se notarán en la llegada abrupta del calentamiento global”.

Se resaltó que el Perú es el tercer país en el mundo más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras; y dentro de nuestro territorio uno de los lugares más afectados es Arequipa y el Valle del Mantaro ya que los efectos del cambio climático se están sintiendo en nuestra Región. Al respecto Monseñor Pedro mencionó que “debemos tener la responsabilidad total, sobre todo los agricultores que tienen la costumbre de quemar pastizales, y la quema de pastizales trae como consecuencia que la capa de ozono se debilite, por eso tenemos mucho peligro de sufrir el cáncer de la piel y otras enfermedades”, señaló.

Por otro lado, destacó que “el agua es vital para la vida de la persona, ya que más del 70% del cuerpo, es agua, sin agua no podemos vivir, pero no solamente por una necesidad humana, sino también por una necesidad solidaria con la humanidad”.

Antes de culminar con su alocución, Monseñor Pedro Barreto recordó que en el año 2016 un científico huancaíno de la NASA, dijo que en 20 años Huancayo se quedará sin agua, y recomendó al público presente no dejarse llevar por la angustia, “porque todavía estamos a tiempo” de trabajar conjuntamente con los poderes del estado y la sociedad civil con políticas vinculantes para el cuidado del Recurso Hídrico.

“Caminemos cantando, cuidando nuestra casa común, no tenemos tiempo que perder, trabajemos juntos”, dijo esto aconsejando al público presente con la finalidad de revertir la situación ambiental.

DATO:

El Papa Francisco en su Encíclica “Alabado sí -de junio del 2015” aborda “el cuidado de nuestra casa común”, su lectura ha sido recomendada por Barreto para su análisis y reflexión.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/762-pedro-barreto-cuidar-el-agua-es-una-necesidad-solidaria-con-la-humanidad

Venezuela

La devastación minera en Venezuela y el silencio del ecologismo global

Autor: Isaac Nahon-Serfaty , Letras Libres
Conflicto Relacionado: Arco Minero- Las Brisas

En asociación con empresas de otros países, el gobierno venezolano explota el Arco Minero del Orinoco, una vasta región rica en minerales. Las graves consecuencias sociales y ambientales de estas actividades han pasado mayormente desapercibidas.

La devastación de Venezuela es también ecológica. El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco: una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.

La voracidad del gobierno chavista, escaso de divisas petroleras debido a su propia incapacidad y corrupción en el manejo de PDVSA, ha hecho que Maduro y sus cómplices se vuelquen hacia la explotación de recursos mineros. El Arco cuenta con grandes reservas de coltán (mineral codiciado por la industria de la electrónica), bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares. Bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ha dado concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. Una de las empresas concesionarias es la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la porción del “pastel” que le ha tocado a la casta militar, soporte principal del régimen.

Con esta empresa se busca darle legitimidad a la explotación por parte de los militares de los recursos del Arco Minero, lo que ya venían haciendo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde hace varios años de forma ilegal por medio del contrabando de oro y diamantes, el cobro de la llamada “vacuna” a los mineros artesanales, y la complicidad con fuerzas irregulares como el Ejército de Liberación de Colombia (ELN) y grupos criminales que operan en el sur de Venezuela.

Las comunidades de pueblos indígenas han sido una de las principales víctimas de la participación militar en las regiones mineras. Esto ha resultado en enfrentamientos con fuerzas militares, en crímenes contra representantes de esos pueblos, y en una red de manejos oscuros de un negocio que pudre el tejido social, sanitario y moral de esas regiones. En un extenso y muy documentado reportaje, el periodista Edgar López relata los horrores asociados con la exploración del Arco Minero, un cóctel destructor que mezcla “crimen, corrupción y cianuro”.

La migración de personas hacia las zonas selváticas para trabajar en la minería es una de las razones (no la única) que explican un incremento de los casos de malaria en Venezuela. Estos movimientos de población hacia los campos mineros también han resultado en un incremento de la prostitución, el tráfico de seres humanos (especialmente en tiempos de crisis humanitaria), y la explotación de los trabajadores. Todo esto en un país donde no existe el Estado de derecho, y el sistema judicial y de protección de los derechos humanos, incluyendo a la Fiscalía de la República y el Defensor del Pueblo (ombudsman), están al servicio del régimen de Maduro.

Algunos chavistas han denunciado la devastación del Arco Minero del Orinoco. Antiguos ministros y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, incluyendo al Mayor General Clíver Alcalá Cordones, introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para detener la explotación minera en esa zona, pero la máxima instancia judicial la declaró improcedente. Varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre las que está la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) también han alertado contra los efectos nefastos del Arco Minero. Pero el gobierno venezolano ha hecho caso omiso a todas estas denuncias. Recientemente anunció que un primer cargamento del mineral coltán había sido despachado a Italia, noticia que no aparece confirmada por ninguna fuente independiente.

En el plano internacional también se han escuchado algunas voces de alerta. Sin embargo, llama la atención el silencio de los grandes del ecologismo, como Greenpeace (un grupo llamado Greenpeace Venezuela, que no parece representar oficialmente a Greenpeace, hizo una tímida denuncia en su página Facebook) o el WWF. También resulta curioso que un vocero del ecologismo como el canadiense David Suzuki haya aceptado participar en una conferencia organizada en 2015 por la Embajada de Venezuela en Canadá bajo el título IV Encuentro de Saberes, pero que en la misma no haya mencionado el bien documentado impacto ecológico de la explotación petrolera en Venezuela, y particularmente del petróleo extra pesado de la Faja del Orinoco.

Según un vocero de la Fundación David Suzuki, ni el científico ni su organización recibieron pago alguno por parte del gobierno venezolano por esta conferencia. Al ser interrogado sobre la posición de la Fundación sobre la minería en el Arco Minero del Orinoco, el vocero se limitó a decir que la organización que lleva el nombre de Suzuki apoya la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y los derechos de estos pueblos en todo el mundo, pero no hace “campañas” fuera de Canadá. Otras organizaciones como MiningWatch Canada se ha pronunciado tímidamente sobre el tema en un tweet en el que critica a la empresa canadiense Gold Reserve, pero en el que no dice nada sobre la responsabilidad del régimen de Maduro en la violación de derechos humanos, los ataques contra los pueblos indígenas o el daño ambiental en el Arco Minero.

Varias razones podrían explicar la discreción de los usualmente ruidosos activistas verdes globales cuando se trata de Venezuela. En primer lugar, a pesar de contar con industrias altamente contaminantes como la petrolera y la minería, Venezuela ha estado fuera del radar de las grandes ONGs verdes por ser considerado durante mucho tiempo un país de ingresos medios, comparado con otros países considerados pobres en Asia, África e incluso Latinoamérica.

Segundo, la percepción que prevaleció durante la presidencia de Chávez que en Venezuela se había producido una “revolución de izquierdas” que favoreció a los pobres (lo que ha quedado ampliamente desmentido por la evidencia reciente), exculpaba a los bolivarianos de cualquier sospecha ecocida. Como lo afirma en un ensayo la profesora venezolana Gisela Kozak Rovero, “La apropiación del discurso de izquierda –en particular, estudios culturales, la teoría decolonial, feminismo «nuestroamericano», marxismo, postmarxismo–, ha permitido a la revolución bolivariana alianzas con académicos en diversas latitudes y el fomento de la militancia con ropaje investigativo…”. Lo mismo se podría decir de cierto progresismo verde que parece haber preferido las anteojeras ideológicas antes que la verdad sobre el crimen ecológico que se está cometiendo en Venezuela.

Fuente:http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/la-devastacion-minera-en-venezuela-y-el-silencio-del-ecologismo-global

Perú

Empresa decidió renunciar a la concesión minera de la Montaña de Siete Colores

Autor: Redacción, La República.pe

La empresa minera Minquest Perú S.A.C renunció a la concesión minera de la Montaña de Siete Colores. El gobernador regional de Cusco señaló que es el Ministerio de Energía y Minas quien deberá asumir las acciones administrativas para nuevamente tener la posesión de estos terrenos.

Gran noticia. El gobernador regional de Cusco, Edwin Licona, recibió un documento de la empresa minera Minquest Perú S.A.C en la que informaron que decidieron renunciar a la concesión minera de la Montaña de Siete Colores ubicada en el Cusco tras el rechazo e indignación que causó la noticia.

A través de una carta, Minquest Perú S.A.C se dirigió al gobierno regional de Cusco para poner a su disposición los terrenos que habían sido asignados para la exploración minera en este sector. La empresa minera señala que su decisión de devolver la concesión de la Montaña de Siete Colores, cuyo nombre original es Vinicunca, responde a «su compromiso de preservación de los espacios culturales y turísticos que representa Ausangate y Cusco».

La carta fue enviada al Gobierno Regional de Cusco; sin embargo, el gobernador ha indicado que es el Ministerio de Energía y Minas quien deberá asumir las acciones administrativas para nuevamente tener la posesión de estos terrenos.

«MINQUEST y quienes conforman su accionariado después de evaluar diferentes alternativas a la fecha, motivados por su alto respeto y compromiso de preservación de los espacios culturales y turísticos de los que se representa AUSANGATE y Cusco, nos presentamos ante Ud. a fin de hacerles saber que, estamos dispuestos a ceder la concesión minera a la entidad correspondiente de ser el caso, para poner en salvaguarda la integridad tanto del desarrollo cultural y turístico de esta área, como ícono representativo y cultural de nuestro Perú», se lee en un párrafo del documento emitido por la empresa minera.

Según informó la ONG CooperAcción, la montaña de Siete Colores fue concesionada por INGEMMET el pasado 16 de marzo a favor de la empresa minera Minquest Perú, cuya propietaria es la firma canadiense Camino Minerals, según la Resolución de Presidencia N° 042-2018, en el territorio propuesto como Área de Conservación Regional Ausangate.

Este es el documento en el cual la empresa minera Minquest Perú S.A.C renuncia a la concesión minera de la Montaña de Siete Colores. Señalan que ellos tienen un «alto respeto y compromiso de preservación de los espacios culturales y turísticos como lo representa la montaña».

Canatur preocupada por el turismo en la región

Ante esta situación, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) expresó la profunda preocupación de su Consejo Ejecutivo sobre la gestión de uno de los más importantes componentes de la nueva oferta turística del país: Winikunka, la Montaña de Siete Colores ubicada en la Cordillera de Vilcanota, en la región Cusco.

“Al margen de que el proceso de declaración como área de conservación no esté concluido, es evidente para todos de que se trata de un espacio natural privilegiado de elevada importancia para la diversificación de nuestra oferta turística. Es absurdo prescindir de esta consideración elemental”, afirmó Canales Anchorena.

Através de un comunicado, Canatur sostiene de que la Montaña de Siete Colores es un atractivo excepcional. La coloración de la montaña se debe a la riqueza de minerales que alberga su suelo y sólo es comparable al Parque Geológico Zhangye Dangxia en la China.

Según señala Canatur, el flujo de visitantes a la Montaña de Siete Colores es creciente desde 2016 y ahora se estima en unos pocos miles. Pero esta afluencia se maneja dentro de los rangos del turismo especializado que son muy menores a los del turismo convencional.

Asimismo, señalan que es evidente que la Montaña de Siete Colores ha permitido desarrollar una alternativa económica y de empleo para la población local. «Recordemos que, a diferencia de la minería que tiene otras virtudes, el turismo es intensivo en mano de obra. La actitud de la comunidad anfitriona debería ser otro factor a considerar», sostienen en su comunicado.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1264328-montana-siete-colores-empresa-renuncio-concesion-minera-montana

Mexico

Mpio. Alto Lucero, libre de minería y lucro de agua

Autor: Gabriel RC. Regeneración.mx
Conflicto Relacionado: Ex Caballo Blanco - La Paila

Cabildo de municipio de Alto Lucero, Veracruz, acuerda rechazo a cualquier explotación de minería y de lucro de agua en su territorio.

El cabildo del municipio de Alto Lucero, en Veracruz, lugar donde se asienta la nucleoeléctrica Laguna Verde, rechazó de manera formal la instalación de minería en su territorio así como cualquier proyecto que pretenda lucrar con el agua.

En sesión de este martes, a donde acudieron comunidades de Alto Lucero y Actopan, el cabildo encabezado por el alcalde de Javier Castillo Viveros, también acordó no otorgar permisos para el aprovechamiento o explotación de agua a ninguna empresa privada o individuo que busque obtener un lucro con la misma.

En Alto Lucero, minera Caballo Blanco S.A de C.V, filial de la canadiense Candelaria Mining tiene 11 concesiones de explotación de oro, cobro y cobre en 19 mil hectáreas por 50 años cada una.

Aunque a la fecha no hay ninguna solicitud formal de permiso de parte de las mineras, desde el 2012 empresas canadienses buscan abrir una mina de oro a cielo abierto en el Cerro de La Paila.

Apenas el año pasado, la minera Caballo Blanco ingresó un documento técnico unificado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para requerir permisos de uso de suelo y de impacto ambiental para el proyecto “La Paila”.

El proyecto minero ha sido rechazado por la comunidad académica, y la sociedad civil, pues se ubica a sólo tres kilómetros de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, lo que representa un riesgo ante el uso de explosivos y cianuro que utilizará la mina; tal como lo informó Melesio Castillo, en el medio local El Dictamen.

Además su instalación significa la deforestación de más de 300 hectáreas de silva baja caducifolía y otras especies forestales importantes en la región.

Después de varios meses de oposición por parte de activistas y sociedad civil unida en La Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental y la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería, además de las comunidades se logró este acuerdo que representan un obstáculo para la instalación de mineras en la región.

Fuente:https://regeneracion.mx/mpio-alto-lucero-libre-de-mineria-y-lucro-de-agua/

Colombia

Denuncian asesinato del líder indígena, Arnulfo Catimay

Autor: Contagio Radio.com

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció por medio de un comunicado de prensa el asesinato del líder indígena Sáliba Arnulfo Catimay Blanca, «por parte de un miembro de la policía nacional» en el Municipio de Santa Rosalía, Vichada. Los hechos ocurrieron luego de un altercado entre terceros el martes 19 de junio.

Aida Quilcué Vivas, Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC indicó que Sáliba, era hermano del gobernador de Caño Mochuelo y tanto el Gobernador como su familia señalan como responsable a la Policía, y añade que la policía no se ha referido al caso.

Por su parte, en el comunicado de prensa, la ONIC denuncia que la comunidad no ha permitido que el cuerpo del líder sea trasladado al hospital local de Santa Rosalía pues para las autoridades del resguardo no hay “garantía de la cadena de custodia”.

Finalmente, la ONIC solícita que se respeten los derechos individuales y la garantía al debido proceso. Razón por la que esperan que ¨la Policía Nacional se abstenga de realizar cualquier tipo de acción que altere el material probatorio¨.

Fuente:http://www.contagioradio.com/denuncian-asesinato-del-lider-indigena-arnulfo-catimay-articulo-54033/

Colombia

Nada de minería arriba de las bocatomas

Autor: Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana. / Vanguardia
Conflicto Relacionado: Santurbán

El pasado domingo se eligió como presidente de la República a Iván Duque, para el periodo presidencial 2018-2022, que inicia el próximo 7 de agosto.

Ya terminaron las campañas políticas y con estas las apreciaciones de los candidatos que muchas veces dicen lo políticamente correcto pensando en sus cálculos políticos, más no en lo que verdaderamente ejecutarán una vez elegidos.

El alcalde Rodolfo calificó la carta que Duque le envió con su posición respecto a la protección de Santurbán como “ni chicha ni limonada”, y luego circuló en las redes sociales un video del otrora candidato Duque diciendo al referirse a Santurbán: “Mi compromiso es proteger el páramo”.

Con la realidad de Duque presidente, esperamos que para su “compromiso con el páramo” no se suba al engaño de la delimitación de Santurbán, que hizo el gobierno Santos, con una línea arbitraria para legalizar a las mineras en la zona, en franco deterioro de nuestra agua, cuando sabemos que si de proteger nuestro líquido vital se trata es, precisamente, no permitiendo ningún tipo de minería por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano, ni en Santurbán ni en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, en síntesis blindando toda la cuenca del Suratá. .

Por otra parte, ningún Estudio de Impacto Ambiental, EIA, de una empresa minera que pretenda explotar en Santurbán o en sus inmediaciones podrá cambiar la realidad de esta zona con elementos que aunque permanecen inactivos, mientras no se perfore la montaña, durante su explotación liberan su altísima toxicidad como el arsénico, los sulfuros y elementos radioactivos como el Uranio, que llevan a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

No podemos permitir que se hagan trizas los páramos, reservorios de agua y de paz, teniendo en cuenta que las guerras futuras serán por el agua.

Sin agua no habrá paz.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/movimiento-civico-conciencia-ciudadana/436550-nada-de-mineria-arriba-de-las-boca