Haiti

Carta abierta de organizaciones haitianas contra la minería de oro en el norte del país

Autor: movimientom4.org

Nosotros, los abajo firmantes —organizaciones de agricultores, trabajadores y ciudadanos del Departamento del Norte, especialmente de Morne Pele—alzamos nuestras voces para denunciar la minería de oro y otros metales en el Norte, particularmente en Morne Pele, Quartier Morin.

Como se declara en el Artículo 247 de nuestra Constitución, trabajar la tierra es la principal fuente de riqueza en Haití, y la agricultura garantiza el bienestar de la gente y el progreso socioeconómico de nuestra nación.

Aquellos de nosotros que vivimos cerca de Morne Pele (también llamado Morne Bossa) vivimos de nuestra tierra: cultivamos, criamos animales, producimos klerèn, un alcohol de alta graduación similar al ron que elaboramos a partir de la caña de azúcar y exportamos a todo el país. Sin embargo, en 2012 el gobierno otorgó un permiso de explotación para extraer oro en Morne Bossa a VCS Mining, una empresa  estadounidense. El gobierno hizo esto sin informar a las personas que viven en las comunidades cercanas. El Artículo 40 de la Constitución Haitiana de 1987 exige que el gobierno comparta información que
afecte la vida nacional.

En julio de 2017, nos enteramos de que una empresa australiana, 3D Resources, había llegado al área y había llevado a cabo una serie de actividades preparatorias. A través de investigación (cavando nuestros dedos en el quimbombó), descubrimos que 3D había comprado el 70% de los derechos del permiso VCS para explotar Morne Bossa. Esto nos muestra cómo se mueve el dinero en el mercado internacional, sobre las cabezas de las comunidades locales, a pesar de que la gente local todavía no tiene acceso a información.

Cuando consideramos que la minería es una actividad que requiere mucha tierra, notamos el riesgo de que las empresas tomen tierra de nuestras granjas, nuestras casas, nuestras escuelas e iglesias. Esto significa que las empresas quieren tomar nuestras tierras para enriquecerse más y dejar a nuestras comunidades en la pobreza;

Cuando consideramos las experiencias de otros países, vemos que la explotación minera es un desastre potencial— amenaza nuestra salud, nuestra agua, nuestra tierra, y el resto de nuestro medio ambiente;

Cuando consideramos el sistema de salud pública de Haití, que ni siquiera puede responder adecuadamente al cólera, introducido por la ocupación militar de las tropas de MINUSTAH de las Naciones Unidas, aunque sabemos que la minería a menudo también va acompañada de militarización;

En nuestra realidad, la mayoría de las personas en las áreas rurales usan hojas y medicina natural para curar enfermedades;

Cuando consideramos la importancia de esta montaña, Morne Pele, donde las empresas planean construir una mina, especialmente como una protección a nuestras comunidades contra huracanes, vientos peligrosos y otras amenazas;

Vemos que la minería viola el Artículo 253 de la Constitución de 1987. El Artículo 253 dice que el medio ambiente es el marco natural para la vida de las personas. Además, prohíbe cualquier actividad que perturbe el equilibrio ecológico;

Cuando consideramos que las empresas llegan a hacer negocios y que, aunque pueden hacer muchas promesas, generalmente no las cumplen, también consideramos que las empresas rara vez brindan información sobre los riesgos y consecuencias que plantea la minería, especialmente para los trabajadores, agricultores, miembros de sindicatos, y el resto de la población. Vemos que las empresas no han proporcionado información en las áreas donde han trabajado hasta ahora;

Cuando consideramos que muchos lugares donde vemos la actividad minera se vuelven más pobres; las experiencias de SEDREN, una empresa en Gonaives y REYNOLDS en Miragoane muestran el daño potencial que la actividad minera puede causar, y las consecuencias a largo plazo que aún persisten;

Cuando consideramos que nuestro medio ambiente ya es el más vulnerable en toda América Latina, y sufrimos terremotos, huracanes e inundaciones cada año;

Levantamos nuestras voces y decimos, juntos: “No aceptamos la actividad minera en Morne Pele”.

Elevamos nuestras voces y pedimos reformas agrícolas, carreteras para transportar nuestros productos, escuelas, reforestación, y agua potable.

La Minería es Veneno para el Medio Ambiente
La Minería es Veneno para la Agricultura, la Tierra y la Alimentación
La Minería es Veneno para el Agua
Sí a la Vida, NO a la Minería

Para que podamos ganar esta lucha, buscamos la solidaridad nacional e internacional, con personas que creen que la vida es más significativa que ganar dinero.

Organizaciones signatarias y ciudadanos
Rasanbleman agrikiltè Morinwa (RAMO) Thélus SONY
Mouvman Peyizan Kayimit (MPK) Toussaint Charnel
Federasyon Mouvman Demokratik Katye Moren (FEMODEK) Dassas Gaston
Legliz Katolik; Jacques Mari Charles
Legliz Batis; Lemercier Xavier
Legliz Advantis; Fracois Wilssaint
Asosyasyon Kilti Lakay; Thélus Sonise
Sant Santé Kadouch;
Lekól Nasyonal Kadouch; Valmir Saphira
Entèsendikal Premye Me Batay Ouvirye (ESPM-BO); Phanès Elusma
Konsèy Administrasyon Seksyon Kominal (KAZEK); Rose Mari Xavier
Asanble Seksyon Kominal (ASEK); Jacquelin Valcourt
Asosiyasyon Voudou; Davilma Baudin

Fuente:http://movimientom4.org/2018/05/carta-abierta-de-organizaciones-haitianas-contra-la-mineria-de-oro-en-el-norte-del-pais/

Latinoamerica

Territorios y cuerpos en disputa. Extractivismo minero y ecolo g ía política de las emociones

Autor: Horacio Alejandro Machado Aráoz . Movimientom4 .org

El presente trabajo busca desarrollar una ecología política de las emociones y los sentimientos sobre la conflictividad social desencadenada en entornos de extractivismo minero. Considerando el reciente auge minero desatado en América Latina desde las reformas neoliberales en adelante, y atendiendo a la profusa e intensa conflictividad generada, acá se procura desarrollar una hermenéutica crítica de la misma a partir de la indagación en las transformaciones y las políticas de las emociones puestas en juego en tales escenarios, como una dimensión crucial para comprender la especificidad de tales dinámicas conflictuales.

Sobre la base teórica de los estudios sociológicos sobre los cuerpos y las emociones y los aportes de la ecología política sobre los territorios y la territorialidad, analizamos el caso de la minería moderna como vector clave de configuración de la base emocional-motivacional de las subjetividades modernas y desde allí, hacemos una re-lectura de nuestras investigaciones empíricas sobre conflictos mineros en la región, interpretándolos como disputas socio-territoriales basadas en la confrontación de subjetividades-sensibilidades políticas antagónicas. A modo de conclusión, proponemos los conceptos de expropiación ecobiopolítica y de mineralización de las subjetividades, como claves para comprender los efectos de los proyectos extractivistas sobre la trama afectiva y micropolítica de las relaciones sociales en las diferentes comunidades ‘mineras’.

Pese a todo, mal que les pese a burócratas de Estado y a inversionistas, todavía hay en estas Tierras, cuerpos que, pese a tanta violencia, a tantas agresiones históricamente acumuladas, sienten en ‘carne propia’ la devastación de los territorios… Son aquellos que no ‘entienden’ la lógica de la compensación, pues creen que ciertos bienes están fuera de lo ‘negociable’… Son cuerpos-sujetos de sensibilidades-sociabilidades otras…. Portadores de afectividades radicalmente otras… Potencialmente alumbradoras, por tanto, de otros mundos posibles…

Fuente:http://movimientom4.org/2018/05/territorios-y-cuerpos-en-disputa-extractivismo-minero-y-ecologia-politica-de-las-emociones/

Colombia

La exploración minera, el temor de proveedores de agua en Santander

Autor: Canal 1 . No a la Mina.org
Conflicto Relacionado: Santurbán

Nacientes de las entrañas del majestuoso Páramo de Santurbán, al oriente de Bucaramanga, tres ríos; Suratá, Tona y Frío, son el manantial que calma la sed de más de 1’200.000 personas en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, en Santander. Aunque en toda la región recorren grandes zonas mineras, el tratamiento dado en el acueducto al vital líquido, lo convierte en uno de los más puros del país. 2.261 litros de agua se canalizan y bombean cada segundo a los hogares de estos municipios, trabajo en el que además intervienen otras entidades que pagan por cuidar los bosques.

 

“La calidad de agua que se consume en Bucaramanga es de las mejores de Colombia, porque todos los sistemas de tratamiento que se hacen, sobre todo en la planta de Bosconia que es donde pueden venir las aguas contaminadas de Betas y California producto del beneficio minero, se manejan con un índice de calidad de agua inferior al 2 %, con lo cual garantizamos cero presencia de mercurio y de cianuro, en el agua que consumen los ciudadanos”, indicó Eliseo Osorio, gerente de proyectos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

2.261 litros de agua se canalizan y bombean cada segundo a los hogares de estos municipios, trabajo en el que además intervienen otras entidades que pagan por cuidar los bosques.

“Estamos pagando de manera mensual a familias campesinas para que garanticen el cuidado de las hectáreas de bosque natural que tienen bien preservado en sus parcelas. Pagamos 250.000 pesos por cada hectárea que ellos se comprometan a preservar”, confirmó Mauricio Montoya, gerente de la Electrificadora de Santander.

En medio de tanta generosidad natural, un temor acorrala a los generadores de agua en Santander, la explotación minera.

“No es solo ese proyecto, sino todo lo que podría sobrevenir en la medida que existen grandes solicitudes de títulos que están algunos otorgados y otros por otorgarse, con lo cual sería la destrucción total de los ecosistemas que garantizan el futuro regional”, dijo el gerente de proyectos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Tres plantas de almacenamiento y un embalse de 51 hectáreas, que tiene 18 millones de metros cúbicos de agua, son las reservas con las que cuenta esta región para abastecerse.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/40729-la-exploracion-minera-el-temor-de-proveedores-de-agua-en-santander

Latinoamerica, Sin categoría

AMÉRICA LATINA: Mujeres resisten al extractivismo

Autor: Noticias Aliadas

La defensa de su territorio, del agua, de sus fuentes de alimentación son los principales motivos por los que las mujeres se enfrentan a las industrias extractivas.

Los proyectos extractivos, principalmente la minería, tienen consecuencias devastadoras para las vidas de las mujeres indígenas y campesinas al poner en riesgo el medio ambiente, el agua, sus culturas, medios de supervivencia y territorios.

Según las participantes en el Encuentro Internacional “Mujeres en resistencia frente al extractivismo”, llevado a cabo en Montreal, Canadá, del 27 al 29 de abril del 2018, “la industria extractiva contamina y elimina las principales fuentes de agua de su región. Ante la pérdida de este recurso vital, las mujeres sienten que están perdiendo su autonomía. La soberanía alimentaria, por su parte, es cada vez más difícil de lograr cuando un megaproyecto de minería o hidroeléctrica se instala cerca. A menudo, el establecimiento de una compañía minera impide que las comunidades practiquen la agricultura. Las mujeres se ven privadas de sus medios de subsistencia y de los recursos financieros necesarios para su autonomía”.

Por tratar de proteger su territorio y seguir trabajando la tierra, agregaron, las mujeres son víctimas de la represión y privadas de sus derechos fundamentales.

Mujeres han sido asesinadas por defender su territorio ante la voracidad de las industrias extractivas, como es el caso de la hondureña Berta Cáceres, ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca, cuya muerte en marzo del 2016 fue ordenada por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca.

O son criminalizadas como la peruana Máxima Acuña, por la férrea defensa de su territorio donde la minera Yanacocha pretende explotar una mina de oro y cobre a cielo abierto en las alturas del departamento norandino de Cajamarca, destruyendo las fuentes de agua. Cáceres y Acuña recibieron el Premio Medioambiental Goldman, como un reconocimiento a sus esfuerzos por proteger el medioambiente, con frecuencia con gran riesgo personal.

Contra la minería legal e ilegal
Este año, Francia Márquez, activista y líder comunitaria colombiana de la localidad de La Toma, en el suroccidental departamento de Cauca, fue galardonada con el Premio Goldman por su lucha contra la minería legal e ilegal.

Márquez sostiene que en esa región del país, no sólo no hay presencia del Estado, sino que la población no tiene agua potable, los niños no tienen acceso a educación de calidad y mucha gente que ha sido desplazada por el conflicto armado vive en la miseria en las ciudades.

La resistencia contra las concesiones mineras entregadas sin consulta a la población significó que en el 2009 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) declarara a la comunidad como “perturbadora de mala fe”, que es considerado delito en Colombia. A partir de entonces Márquez junto con abogados y organizaciones afrodescendientes, libró una batalla que terminó con un fallo de la Corte Constitucional en el 2010 reconociendo su territorio como ancestral. Sin embargo, las concesiones mineras no han sido canceladas, sino suspendidas.

En Centroamérica, la red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llevó a cabo una caravana entre el 7 y el 17 de enero del 2018 que recorrió Guatemala, Honduras y El Salvador, para denunciar las afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres.

“Como mujeres participantes en este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros países la lógica extractivista está amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ahí habitamos”, manifestaron las impulsoras de la caravana en un comunicado.

Xiomara Gaitán, representante de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras, declaró al diario digital salvadoreño Contrapunto que “la mayoría de los proyectos extractivistas promueven un contexto de violencia, estigmatización y criminalización contra liderazgos comunitarios, en especial hacia las mujeres que luchan desde los territorios en Centroamérica, donde se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos”.

Violencia, estigmatización y criminalización
La red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llamó la atención que “el contexto de violencia, estigmatización y criminalización a que estamos expuestas las mujeres que luchamos desde nuestros territorios en Centroamérica hace que la defensa de los derechos humanos no sea tarea fácil”, poniendo como ejemplo el caso de Honduras donde desde el 2015 se han impuesto medidas cautelares a más de 700 mujeres, “cuyo delito ha sido exigir derechos legítimos como derecho a la tierra y el poder defender los bienes naturales de sus comunidades”.

En un artículo publicado en enero del 2016, el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), con sedes en Colombia y México, precisó que las mujeres en contextos de minería en América Latina “viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones al de defensoras”.

“Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo”, indicó. “Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminada. Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico”.

El CELEAM enfatizó que la exposición de las mujeres al polvo que contiene metales pesados impacta en su salud reproductiva, incrementando los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

“La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos”, señaló.

El artículo hizo mención al caso de la minera Cerrejón, en Colombia, donde desde hace más de tres décadas se explota carbón a cielo abierto en el departamento nororiental de La Guajira.

“Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no sólo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayúu y de la infancia por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería”, afirmó el CELEAM.

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/america-latina-mujeres-resisten-al-extractivismo/

Ecuador

Mujeres demandan protección frente a empresas extractivas

Autor: Luis Ángel Saavedra desde Quito/Noticias Aliadas
Conflicto Relacionado: Cordillera del Condor - Mirador-Panantza

Mujeres indígenas defienden sus territorios ante arremetida de mineras y petroleras que actúan bajo protección del Estado.

Eran las siete de la noche del 17 de diciembre del 2016 cuando decenas de militares incursionaron disparando a la comunidad shuar de Tsuntsuim, en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, en la Amazonia sur del Ecuador.

Mariana Nankameri, mujer shuar de 38 años, no lo pensó dos veces y salió de su casa con toda su familia. “Nos atacaron, no podíamos estar en la casa porque decían que a las mujeres les iban a violar y yo tengo una hija menor y otra estaba embarazada. Salimos con mi esposo, yerno e hijos y caminamos sin linterna, desde las siete hasta cuando amaneció. Los niños lloraban y yo lloraba. Mis hijos menores no podían caminar, mi esposo le cargó al uno y yo al otro. Esa noche mi hija de 15 años estaba embarazada de tres meses, pero como íbamos sin linterna, ella se había caído, se había rodado y tenía un golpe, a los dos días empezó con dolores. Le lleve al hospital, estaba muy mal y perdió el bebé”, relató Nankameri, quien junto a 30 familias caminaron 11 horas por los pantanos de la selva amazónica hasta llegar a Tink, comunidad que los acogió.

El éxodo de Tsuntsuim no fue el primero en esta región; meses antes corrieron la misma suerte las comunidades indígenas de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Rosario Wari, la abuela grande de los shuar con 107 años de edad, fue desalojada el 4 de febrero del 2016; la sacaron de su tierra y la abandonaron con sus escasas pertenencias en el parque de El Pangui. Con la expulsión de la abuela Rosario se iniciaron los desalojos en la parroquia Tundayme que afectó a más de 60 familias.

Claudia Chumpi, a sus 20 años de edad y con un niño de brazos debió enfrentarse sola a los militares que avanzaban a destruir la casa que había levantado con su joven esposo. Una retroexcavadora se situó frente a su casa y comenzó la destrucción.

“Se ubicaron en cada casa, rompían las puertas, botaban las cosas, cocinetas, cilindros. Yo me corrí con otras mujeres que estaban embarazadas, eran mis tías, eran las 5 de la tarde, nos corrimos a una montaña. Los militares disparaban, los niños lloraban, nosotros les cerrábamos la boca para que no griten, para que no nos sigan más, pero los militares nos habían seguido también hasta la montaña”, cuenta Chumpi sobre lo ocurrido el 11 de agosto del 2016, en el barrio San Marcos, de Tundayme. Como Chumpi, decenas de mujeres shuar con sus hijos en brazos cuentan la historia de sus propias expulsiones y sus ojos se llenan de lágrimas.

Desplazamientos forzados
Estos desplazamientos forzados tienen dos responsables directos, por un lado está el gobierno que dispone de los órganos armados estatales para dar protección y actuar en pro de los intereses del otro responsable: la minería a gran escala. Los proyectos mineros de San Carlos de Panatza, que afecta a las comunidades shuar de Nankints y Tsuntsuim, y el proyecto Cóndor Mirador, que afecta a la Cordillera de El Cóndor en la parroquia de Tundayme, son implementados por las mineras estatales chinas EcuaCorriente SA (ECSA) y ExplorCobres SA (EXSA).

“No entendemos como en el Ecuador se empieza a sentir el desplazamiento interno si supuestamente somos un territorio de paz, un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, intercultural, plurinacional. No comprendemos cómo la ambición de un gobierno y de determinadas empresas privadas en pro de un supuesto desarrollo económico deje a niños/as, mujeres, hombres, abuelos/as sin sus hogares, sin sus animales, sin sus espíritus, sin su naturaleza”, comenta Mónica Vera Puebla, presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organización que asumió la defensa legal de los pobladores de Tudayme en contra del Estado y de las empresas mineras.

Vera Puebla afirma que los derechos patrimoniales de las concesiones mineras, aun cuando sean anteriores a la Constitución del 2008, en la que se garantiza los derechos de la naturaleza, no pueden estar por sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas que ya estaban establecidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada, una obligación de los Estados que es generalmente incumplida.

Otros tratados, como los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generado por el desarrollo”, aprobados en el 2007 por Naciones Unidas, señalan que los desalojos “no deben realizarse con tiempo inclemente, por la noche, durante los festivales o las fiestas religiosas”, precisó Vera Puebla. Tanto en Tsuntsuim, como en Tundayme, los operativos contravinieron estos principios.

Pero hay principios que aún no están escritos, dice Vera Puebla, pues aún no se comprende ni se asume la vinculación de la mujer indígena con la tierra.

“Es una relación que va más allá de la mera sobrevivencia con la producción agrícola y se proyecta a la esencia de lo femenino”, explica. “Romper los lazos de la mujer con su tierra es romper un lazo de vida. Nada puede ser igual fuera de su tierra. Los desalojos mineros rompen con una parte de la esencia indígena mantenida y transmitida por las mujeres indígenas”.

Mujeres Defensoras de la Selva
La historia del pueblo originario Kichwa de Sarayaku tiene un punto de quiebre en el año 2002, cuando la prospección petrolera tocó sus tierras. Las mujeres de Sarayaku se enfrentaron a los trabajadores petroleros que colocaban explosivos en sus territorios y a los militares que los protegían. El resultado fue la expulsión de los petroleros y los militares y el inicio de un proceso de resistencia, conducido por las mujeres, que logró una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege sus derechos.

El ejemplo de las mujeres de Sarayaku ha sido replicado por mujeres indígenas que han sufrido el impacto de proyectos extractivos. Ejemplos que recoge la organización ambientalista Acción Ecológica al propiciar la creación de una red de mujeres de distintos pueblos indígenas, denominada Mujeres Defensoras de la Selva, a las que les une un solo objetivo: defender sus tierras frente a la arremetida de empresas mineras y petroleras que actúan con la anuencia del Estado.

El 28 de febrero del 2018, el gobierno nacional anunció la caducidad de 1,000 concesiones mineras, pero dejó vigentes las concesiones otorgadas a transnacionales, en especial chinas, por lo que el 12 de marzo unas 60 mujeres indígenas llegaron a Quito después de haber caminado cinco días desde la Amazonia. Pedían ser recibidas por el presidente Lenn Moreno para entregarle un manifiesto de 22 puntos en el que se pedía la protección de la tierra frente a la depredación de las empresas extractivas.

Al igual que con el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa (2007-2017), las mujeres no fueron recibidas por Moreno, pero entregaron su manifiesto en el que expresan su total rechazo a la política extractiva del actual gobierno.

“El poder de la acción de las mujeres es proporcional al sufrimiento que han visto en compañeras suyas que han sido desalojadas; sus lágrimas constituyen su fuerza y no hay duda que su reto a un gobierno depredador será escuchado”, afirmó Vera Pueblo. —

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/ecuador-mujeres-demandan-proteccion-frente-a-empresas-extractivas/

Colombia

Organizaciones del Suroeste protestan contra Anglo Gold Ashanti en la Hacienda San Antonio

Autor: Coaterritoriosagrado.org
Conflicto Relacionado: Jerico-Tamesis-Quebradona

El día de ayer, 19 de mayo, comunidades de los corregimientos de Palo Cabildo (Jericó) y Palermo (Támesis), además de la Mesa Ambiental de Jericó, concejales de Fredonia y Jericó, Finqueros de la Oculta, la Guardia Indígena La Mirla, El Circuito Económico y Solidario de Támesis –CESTA-, el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio de Támesis -CODEATE- y el Cinturón Occidental Ambiental COA, nos concentramos en las afueras de la Hacienda San Antonio (Jericó) con el propósito de denunciar las operaciones que la Anglo Gold Ashanti –AGA- viene desarrollando en este lugar.

En sus propósitos de realizar estudios geotécnicos e hidrogeológicos, la AGA  pretende consolidar los soportes técnicos que respalden su solicitud de licenciamiento ambiental para hacer factible la operación y explotación de su proyecto “Quebradona” en Jericó.

Esta concentración nos permitió que diferentes organizaciones, mujeres, niños, niñas, jóvenes, campesinos e indígenas nos encontráramos y compartiéramos denuncias sobre los conflictos socioambientales que afectan nuestros proyectos de vida, pero también se expresaron expectativas, sueños y sentidos que nos permitan construir Territorios Sagrado para la Vida.

De esta manera seguimos rechazando la imposición de proyectos extractivos en nuestros Territorios y convocamos al suroeste de Antioquia a la Indignación y a la movilización social.

#FueraAngloGold del Suroeste

CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL  COA 

SUROESTE DE ANTIOQUIA: TERRITORIO SAGRADO PARA LA VIDA!

Fuente:http://coaterritoriosagrado.org/organizaciones-del-suroeste-protestan-contra-anglo-gold-ashanti-en-la-hacienda-san-antonio/

Colombia

439 indígenas han sido desplazados en el Chocó en los últimos dos meses

Autor: Contagio Radio.com

Continúan los desplazamientos de comunidades indígenas en el Chocó debido a la fuerte presencia de grupos armados como paramilitares y estructuras guerrillas  del ELN. Denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos indican que los desplazamientos se han realizado en medio de la inoperancia de la Fuerza Pública y el Estado colombiano.

De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde abril, 439 personas que componen 115 familias de las comunidades Embera Katio y que habitan en las inmediaciones del río Jiguamiandó, se han visto obligados al desplazamiento. Esto, producto de la fuerte presencia de grupos neoparamilitares y guerrilleros que buscan el empoderamiento del territorio.

la Comisión señaló que no se han tenido en cuenta las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien otorgó medidas cautelares a estas poblaciones. Afirmó que no han sido suficientes las acciones institucionales para prevenir este tipo de violencia que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas.

A esto se suma la ocupación ilegal de predios de las comunidades indígenas por parte de empresas que realizan operaciones extractivas y que han generado contaminación en los ríos con mercurio y la ampliación de la siembra de los cultivos de la hoja de coca, “sin que ninguna autoridad respalde las propuestas comunitarias de manera concreta y eficaz”.

ONU denunció desplazamiento masivo de comunidades indígenas en el Chocó

Asimismo la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, indicó que más de 650 indígenas han sido desplazados en ese departamento. Los desplazamientos se han presentado desde principios del mes de mayo con el ingreso de hombres armados a resguardos como el Pavesa Gello en el municipio del Bajo Baudó.

Fuente:http://www.contagioradio.com/439-indigenas-han-sido-desplazados-en-el-choco-en-los-ultimos-dos-meses-articulo-53485/

Colombia

Un taita del Putumayo enfrentado a la minera de oro más grande del mundo

Autor: Juan José Jaramillo Arango para Las 2 Orillas.co

Mocoa Ventures recibió una mina de Anglo Gold Ashanti, las dos de B2Gold, ubicada donde nacen las aguas de los ríos del Amazonas. Pero la pelea apenas comienza.

A comienzos de los años 80 una alianza —joint venture—  de Naciones Unidas, Ingeominas y Ecominas identificó en Mocoa, Putumayo, un importante reserva de minerales: oro, platino, plata y plomo. La información quedó dormida casi 20 años, hasta que en el 2008 el gobierno de Álvaro Uribe, con su política de estímulo a la inversión extranjera con minería, le dio vida a este descubrimiento. La surafricana Anglo Gold Ashanti fue una de las multinacionales en responder al llamado del Gobierno. Abrieron varios frentes de exploración, y retomaron el hallazgo del Putumayo.

Solicitaron 4 bloques para explotar en búsqueda de oro. A los tres años identificaron el yacimiento, y para sorpresa de todos, le cedieron el contrato a Mocoa Ventures, una empresa hermana, dependiente del conglomerado de oro más grande del mundo: B2Gold Corporation, con sede en Canadá.

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Colombia

Cerrejón ha contribuido a la vulneración del derecho al ambiente sano en la Guajira: Indepaz

Autor: Contagio Radio.com
Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

El más reciente informe “Cuando el río suena, piedras y otras cosas lleva”, realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, retrata la situación de riesgo que viven las comunidades en la Guajira debido a los efectos negativos de la minería del Cerrejón. El documento detalla los procesos de contaminación del agua y aboga por el respeto al derecho a un ambiente sano.

De acuerdo con Golda Fuentes, asesora académica de Indepaz, el trabajo de investigación se realizó con las comunidades que han habitado por más de 30 años este territorio, en conjunto con las actividades mineras que realiza el Cerrejón. Siendo esta una de las empresas más grandes de América Latina que se dedican a la extracción del carbón.

Debido a las preocupaciones de las comunidades en las afectaciones del medio ambiente, Indepaz realizó un monitoreo independiente, en conjunto con universidades de Colombia y Alemania, para identificar las afectaciones al agua y al ambiente que repercuten en las condiciones de salud de las comunidades.

Preocupaciones encontradas

Luego del trabajo de campo, el Instituto logró identificar la presencia de agentes contaminantes, producto de las actividades mineras en el río Ranchería y sus arroyos, que sirven de fuentes hídricas para el abastecimiento de las comunidades.  Fuentes indicó que, actividades como el vertimiento de aguas industriales en el río genera contaminación con plomo y otros metales pesados.

Afirmó que la expansión de la minería “ha generado un riesgo potencial en la contaminación de los pozos de agua y el río que es utilizado por las personas para bañarse y abastecerse del mismo”. Esta contaminación no sólo afecta la vida de las personas sino también pone en riesgo a las especies de fauna que se alimentan de los afluentes hídricos.

Repercusiones en la salud de la contaminación del aire y el agua

Fuentes indicó que los riesgos para las personas que entran en contacto con el agua contaminada son altos y están relacionados con la toxicidad de metales como el plomo. Esto puede generar afectaciones en el cerebro de personas vulnerables como los son los niños, los adultos mayores y las madres gestantes.

Adicionalmente, la exposición al Zinc y al Manganeso, que están presentes en la contaminación del río Ranchería pueden ocasionar afectaciones a la salud de las personas como el desarrollo del cáncer. Por esto es importante realizar estudios toxicológicos de las aguas y los ecosistemas que dependen de los afluentes en el departamento de la Guajira.

Recomendaciones de Indepaz

Frente a este panorama, el informe establece una serie de recomendaciones tanto para las instituciones encargadas de los temas ambientales como para la empresa Cerrejón que ha causado múltiples afectaciones. Indepaz hará seguimiento a la implementación de las recomendaciones toda vez que ya fue socializado el informe con las comunidades afectadas y las instituciones encargadas de propender por un ambiente sano.

Fuente manifestó que una de las principales recomendaciones se enfoca al cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa Cerrejón. Afirmó que la empresa no está cumpliendo y “la ANLA y Copoguajira han manifestado irregularidades en el actuar de Cerrejón sin que haya sanciones correspondientes”.

Por esto, recordó que es necesario que se hagan mediciones de contaminación del agua de manera mensual para vigilar los niveles de contaminación y así poder tomar medidas correctivas “como por ejemplo restringir que los residuos de aguas industriales entren en el río Ranchería”.

Adicionalmente, recomendaron a las entidades públicas que se disponga de personal especializado para instalar plantas de purificación del agua en las comunidades afectadas para garantizar la supervivencia de estas personas. Desde Indepaz, consideraron necesario que todas las labores que se realicen tengan en cuenta las tradiciones culturales de las comunidades que han visto un deterioro en su salud y sus derechos al agua y un ambiente sano.

Informe involucra plataforma web interactiva

Como parte del desarrollo de la investigación, Indepaz realizó una plataforma web para que las personas conozcan los resultados de la investigación desarrollada. Allí, se “dará a conocer en detalle los valores de las investigaciones que se realizó y los procesos de contaminación que están relacionados con la actividad minera”.

Además, la plataforma web recoge las necesidades de las comunidades y pone de manifiesto las recomendaciones a las diferentes entidades. De acuerdo con Indepaz, esta plataforma ayuda a que la ciudadanía haga un seguimiento a la situación de violación de los derechos del ambiente de las comunidades de la Guajira para así, garantizar que las entidades públicas tomen correctivos frente a las labores de la empresa Cerrejón.

Finalmente, Fuentes recordó que el lanzamiento del informe será el día 23 de mayo de 2018 en la sede de la Fundación Henrich Boll de Bogotá a partir de las 8:30 de la mañana. Allí, contarán con la presencia de diferentes líderes sociales de la Guajira quienes detallarán cómo ha sido la convivencia con la empresa minera y qué desafíos han enfrentado a lo largo de más de 30 años.

Fuente:https://www.contagioradio.com/cerrejon-ha-contribuido-a-la-vulneracion-del-derecho-al-ambiente-sano-en-la-guajira-indepaz-articulo-53489/

Argentina

Los “vende humo” aprovechan las necesidades de la meseta

Autor: No a la Mina.org

Las empresas megamineras y sus lobbystas siguen mostrando su cara más miserable. En distintas localidades de la Meseta de Chubut, el  Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina-ASIJEMIN pide a la población que acerque sus curriculum. La ilusoria promesa de trabajo en esa región de Chubut -castigada durante años por la falta de políticas públicas para su desarrollo- en una actividad prohibida por la Ley 5001, rechazada socialmente y responsable de innumerables impactos negativos social es y ambientales en distintas partes del mundo.

En “Mañana de lobos” hablamos con el vecino de Paso de Indios, Leandro Payal, quien nos cuenta sobre esta reprochable maniobra de las megamineras en su localidad, en Paso del Sapo, Gastre, Gan Gan, Telsen, Lagunita Salada, entre otras: “es una burla y están usando a la gente” afirmó el vecino.

Fuente: FM Kalewche

Fuente enlace: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40716-los-vende-humo-aprovechan-las-necesidades-de-la-meseta