Argentina

Contundente marcha en Esquel contra la minería y por la Iniciativa Popular

  Como en varias ciudades de Chubut, esta tarde los esquelenses marcharon masivamente para resistir la embestida de empresas mineras de la mano a funcionarios nacionales, provinciales y municipales entreguistas. Más de dos mil personas se movilizaron ocupando tres cuadras, muchas vistiendo remeras con la consigna “de la Cordillera a la Costa – NO A LA MINA” y afiches rechazando la posibilidad de la minería en la meseta. El documento leído en la concentración fue durísimo con los funcionarios y planteó contundentemente la aprobación del proyecto de ley para prohibir todo tipo de minería que las asambleas presentaron por Iniciativa Popular.

A lo largo de tres cuadras los vecinos avanzaron con cánticos y consignas en contra de la radicación de la minería a gran escala en la provincia. Con entusiasmo y fortaleza, padres con sus hijos y vecinos de todas las generaciones y condiciones sociales recorrieron las calles céntricas acompañados de batucadas, redoblantes y bombos.

La asamblea de vecinos autoconvocados leyó un documento en el que volvieron a reclamar que se trate y apruebe la Iniciativa Popular para prohibir la minería metálica y de radioactivos en todas sus formas, mencionando la actitud de los ex diputados provinciales Héctor Trotta, Javier Cisneros y Elba Willhuber, que en su momento votaron en contra de la iniciativa. Ver el texto completo al pie.

Asimismo, hicieron hincapié en las contradicciones entre los ministros del ejecutivo provincial y el propio gobernador, disparando la pregunta: “Señor gobernador, nos permitimos preguntarle “¿Quién gobierna Chubut”?

El discurso continuó en durísimos términos hablando de “complicidad, traición, e incapacidad del sistema representativo para generar una matriz productiva real y compatible con la vida”.

Más adelante, describieron la situación actual como un “nuevo atropello minero, con funcionarios y políticos flojos, o lisa y llanamente, traidores” describiendo cómo en un solo mes, “se produjeron una y otra vez nuevas declaraciones, acciones y acumulación de operaciones a favor de hacer minería a gran escala” no solo en Chubut sino que el mismo presidente Macri firmó acuerdos y mantuvo reuniones en ese sentido tanto en Rusia como en Suiza.

Fuente: No a la Mina .org

Contundente marcha en Esquel contra la minería y por la Iniciativa Popular

Ecuador

La minería preocupa a los moradores de Nulti

Una vez finalizada la fase de recepción de observaciones dentro del proceso de obtención de licencia ambiental por parte de los concesionarios mineros, moradores de la parroquia Nulti, en los sectores Challuabamba y Guangarcucho, esperan que las autoridades locales tomen en cuenta sus reparos a la minería en la zona.

Las concesiones mineras que buscan su regularización son La Playa 1, de cuatro hectáreas de expansión, y Challiyacu de 10 hectáreas, ambas ubicadas en la zona baja de la parroquia rural.
El dirigente de Guangarcucho, Fabián Carpio, asegura que la contaminación ocasionada por el polvo y el ruido, así como la posible afectación a fuentes de agua, el deterioro de los caminos y la proximidad de las áreas mineras a sitios patrimoniales como El Plateado, mantienen en vilo a la población del sector.

El biólogo Gustavo Chacón, también morador de la parroquia, asegura que en el sector existe riqueza paleontológica, así como de fuentes de agua, flora y fauna, “que se están perdiendo” y, asegura, “deben ser protegidas de la actividad minera”.
De acuerdo con los estudios de impacto ambiental presentados por las concesionarias, en la zona las actividades están bajo los límites permisibles de afectación.

Respuesta

En ambos casos, los estudios señalan que para la calidad ambiental se realizaron muestreos de agua, gases, material particulado y ruido, que “resultaron que están bajo los límites permisibles”.
Los informes detallan que “los impactos ambientales directos generados por las actividades de arranque, transporte y trituración (…) se han definido en base a los factores de influencia física, biótica y socioeconómica”.

Desde la Municipalidad, entidad a cargo de los procesos de regularización, se sostiene que, a través de los estudios se busca regularizar concesiones que han venido trabajando desde hace varios años y cuyos concesionarios tienen derechos adquiridos sobre la explotación. Así lo explicó Pablo Crespo, director del departamento de Minas del gobierno local.

Otras concesiones

La definición de áreas mineras no se centra unicamente en Nulti. El Municipio mantiene en ejecución un contrato para la señalización de las áreas de libre aprovechamiento Cochapamba, Victoria y Challayacu, ubicadas en las parroquias Quingeo, Victoria del Portete y Tarqui, respectivamente.

El director de Minas de la Municipalidad de Cuenca, Pablo Crespo, indicó que el aprovechamiento de materiales pétreos en el cantón es necesario para cubrir la demanda de la planta de asfalto y ampliar la cobertura de pavimentación de las calles de la ciudad. (JPM) (I)

Estudios

Los estudios presentados por los concesionarios ante la Comisión de Gestión Ambiental, CGA, detallan que el proyecto minero Challayacu se encuentra localizado en un área aluvial y que está moldeado por colinas y perfiles de mayor inclinación.

Sostienen que el paisaje de la zona minera y su alrededor se encuentra ya alterado por actividades como la propia actividad minera y la producción agropecuaria.

“Se hace evidente que el área minera, con la infraestructura ya establecida y su funcionamiento, altera el paisaje del sector; sin embargo, en el Plan de Manejo Ambiental se pueden incluir acciones para la mitigación”, se asegura en el informe.

“El área se encuentra en el sector de El Plateado, que pertenece a la jurisdicción política administrativa de la parroquia Nulti”, reconoce el estudio.

En cuanto a La Playa 1, el estudio contempla que el riesgo de derrumbes en la zona es moderado, mientras que el de inundación bajo, a pesar de estar a la orilla de un río.

Sobre las flora y fauna en estos dos lugares, se refiere que no se encontró a individuos de especies en riesgo.

FUENTE: No a la mina.org

Chile

Así Fue la Usurpación del Litio Chileno

Casi sin que la opinión pública se enterara, se produjo una operación que amplió la explotación privada y transnacional del litio chileno. El consorcio beneficiado fue Soquimich, SQM, empresa que financió irregularmente campañas electorales, pagó de manera ilegal dineros a políticos y violó contratos con el Estado.

La decisión estuvo en manos de altos personeros del actual Gobierno y se materializó en un acuerdo de la Corporación de Fomento (COREO), dirigida por el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, con SQM, cuyo gerente general es el empresario Patricio de Solminihac.

Detrás de esta operación estaría el aval de varios ministerios, entre ellos el de Minería, cuya titular es Aurora Williams.

Esto se produjo después de más de tres años de un duro conflicto precisamente entre CORFO y SQM, por violación o alteración de condiciones acordadas de parte del consorcio privado en el arrendarniento y la explotación del mineral en el Salar de Atacama.

Todo quedó atrás ahora, después de un proceso que incluyó la actuación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Más atrás todavía quedaron los análisis y conclusiones de la Comisión Nacional del Litio, generada en esta administración, y que debía avara ir en el diseño de una política nacional del mineral y de gobemanza de los salares.

Un punto cardinal resuelto por esa instancia, fue que el Estado debe ser el “auténtico dueño de estas riquezas” que “son estratégicas para el país”. En ese camino, desde la Comisión se habló de establecer una empresa nacional del litio que asumiera todas las funciones ejecutoras, de gestión, regulación y fiscalización.

La idea era reforzar el papel del sector público en el manejo de una de las materias primas más importantes pan el país y su desarrollo.

Todo quedó en el tintero y lejos de aquello, desde este Gobierno, con un papel preponderante de CORFO, se perfiló y fortaleció la tesis de abrir aun más el espacio y las opciones a compañías privadas, nacionales y extranjeras, mantener la institucionalidad actual y el papel acotado del Estado, sobre todo respecto a ser más proactivo en una política de industrialización y potenciamiento del “oro blanco”.

En defititiva, el Gobierno, a través de CORFO, dio luz verde a que el cuestionado consorcio Soquimich aumente la explotación del “oro blanco”, en la línea de reforzar que el sector privado y transnacional hegemonice este rubro.

Además, se cerró la opción de crear una empresa nacional que se haga cargo de este mineral estratégico para el país.

Expertos insisten en que este recurso natural permite la industrialización del país, la materialización de un modelo de desarrollo alejado del extractivismo, generación de recursos para metas sociales, abordar el tema de creación de energía y productos terminados, es decir, lo que se define como avanzar hacia el desarrollo.

Hoy, eso es imposible y la riqueza se la llevan grandes compañías privadas y extranjeras.

Se abrió más espacio a SQM

Así las cosas, en un acuerdo suscrito el 17 de enero pasado, se aumentó la cuota de sacada del mineral a 349.553 toneladas de litio metálico hasta el 2030. Se suma a un remanente del convenio de explotación con SQM, de 64.816 toneladas, con lo que la extracción o disponibilidad aumenta en más de cinco veces. Para eso, la empresa debería invertir mil millones de dólares.

Se dijo que esto podrá implicar el ingreso al Estado de 12 mil millones de dólares entre este año y el 2030, incluyendo eso sí, el acuerdo que se tiene con la transnacional Albemarle (ex Rockwood Lithium), que es el otro consorcio que saca y vende el litio chileno. No quedó claro en información disponible, el nivel de ganancias de SQM gracias a este convenio.

De esta manera, dos grandes consorcios privados, SQM y Albemarle, explotan mayoritariamente el mineral chileno, en una línea de reforzar que este ámbito de la economía y la producción, esté hegemonizado por el sector privado y extranjero.

De hecho, el reciente acuerdo que suscribió CORFO, significó de parte del Gobierno el cerrar la puerta para avanzar en la iniciativa de creación de una empresa nacional del litio, que pudiera dedicarse a la extracción, producción, comercialización del mineral blanco, incluso llegando a convenios con empresas privadas, pero donde la hegemonía la tuviera el Estado.

Uno de los pocos en reaccionar rápido ante este escenario, fue el diputado comunista Daniel Núñez, quien en esa linea dijo que el acuerdo CORFO-SQM, “pone fin a la posibilidad de usar el litio para industrializar a Chile”.

CORFO lo ve bien

Claro que para Eduardo Bitran, y quienes lo acompañaron en este paso, las cosas son positivas porque SQM hará un aporte a la Región de Antofagasta y localidades de la zona, aumentará el nivel de costo de arrendamiento, la empresa tendrá que aportar a la investigación y habría un 25% de producción del mineral destinado a la venta en Chile.

Además, se indicó que está la posibilidad futura de que CODELCO pueda meterse a la explotación del litio…pero claro, asociándose también con SQM, en la sacada del producto del Salar de Maricunga, donde la compañía estatal de cobre tiene terrenos.

Por el incumplimiento en el contrato de arrendamiento, SQM desembolsará al Estado algo más de 20 millones de dólares. Eso, en la lógica prevaleciente en Chile de que cuando los grandes consorcios cometen ilícitos o irregularidades, el pago de una multa -casi siempre baja para sus niveles de ingreso- arregla todo.

Como en este caso que CORFO reincidió en pactar con SQM pese a incumplimientos graves de la compañía. También se expuso ante los medios de prensa como un logro, que el antiguo yerno de Augusto Pinochet, y quien pudo apropiarse de la privatizada Soquimich en dictadura, Julio Ponce Lerou, quedara fuera del directorio de la empresa, cambiando la estructura de gobierno corporativo, como una medida de garantía…

Umbral de dudas

Lo concreto es que, al igual como sucede con el cobre, este pacto entre el Estado y Soquimich coloca en manos de otro poderoso grupo económico de la minería, el destino de uno de los principales recursos estratégicos de Chile, abriendo un umbral de dudas respecto a un uso adecuado de esa materia prima.

Dada la poca información pública -en la revisión del Portal de CORFO y otras entidades del Gobierno, así como de los medios de prensa- sobre cómo se fue incubando este convenio ya materializado, los efectos reales o limitados para el desarrollo del país, los índices de ganancias que tendrá SQM, y las dudas sobre el futuro soberano o no de la explotación del litio, y por qué se postergan decisiones estratégicas que beneficiarían al largo plazo al país, también se instalan incertidumbres ante declaraciones del vicepresidente de CORFO cuando estimó que esa entidad “ha sido exitosa con su compromiso de establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República”.

¿Este convenio con SQM cautela el interés público?
¿Este proceso restablece la confianza ciudadana en el Estado y, más aun, en Soquimich?
¿Está todo claro respecto a cómo se entrega el litio?

Muchas preguntas transitan en tomo del presente y el futuro del litio chileno.

Qué tanto con el litio

El litio es clave para que Chile pueda avanzar hacia el desarrollo. Así de simple. Otra cosa es que el país, o sus autoridades, hayan decidido otra cosa. Como se sabe, el mineral blan-co es estratégico por el uso que tiene en diversidad de productos que son esenciales para las sociedades modernas.

Dicho de manera simple, el litio es esencial para fabricar pilas y bate-rías, medicinas, automóviles eléctricos (que las grandes corporaciones automovilísticas van a fabricar masivamente en unos años más), celulares, lubricantes, acumuladores termosolares, aleaciones en la fabricación de aviones o barcos, combustible para energía nuclear, y en la generación de energía.

Aquellos países que tienen industrias o caminan a crearlas, necesitan litio y por eso lo compran. En el caso de Chile, se dispone la venta, pero no el crear una industria aprovechando el valor del mineral. Así, como ocurre con el cobre, quienes están mandando en esta materia, mantienen la tesis de vender el recurso, es decir, exportar la materia prima para, luego, importar los productos manufacturados o terminados…con litio chileno.

Algo crucial es que Chile posee el 52% mundial de las reservas de litio en forma de salmuera y tiene el 30% de la oferta mundial. El 90% de las reservas de litio chileno está en el salar de Atacama, el cual es explotado por la trasnacional Albemarle (ex Rockwood Lithium) y por Soquimich.

La actual hegemonía del sector privado y transnacional se explica fundamentalmente en la preponderancia de un modelo extractivista, es decir, de priorización de explotación y exportación de la materia prima, y no de uso priorizado para una industria y desarrollo nacional.

En esa línea, el experto Nicolás Chacón, de la Comisión de Minería del Partido Comunista, escribió:

“Se trata de crear el valor necesario y justo para el país, generando encadenamientos productivos y cadenas de valor en sus procesos, dejando de lado el modelo extractivista y centrando el desarrollo del litio en las potencialidades respecto a la energía, tanto de almacenamiento como generación”.

El contrapunto lo explicó el senador Alejandro Guillier, precisamente representante de la región donde está la reserva del “oro blanco”:

“Los grupos rentistas (sector privado y trasnacional) no tienen interés en hacer cadena de valor o generar industrialización en Chile”.

Añadió:

“Como controlan el acceso a los recursos naturales les basta eso para hacer su riqueza y cuando saturan el mercado prefieren irse del país a seguir haciendo negocios, en vez de encadenar a Chile en una dinámica de crecimiento más diversificada, sustentable, basada en ciencia, tecnología e innovación”.

Esto, evidentemente, está asociado a la concepción que se estima para el camino de fortaleza del país, más allá de generar recursos vendiendo materias primas agotables o metiéndose de lleno a la especulación financiera. Es el paradigma del modelo. Es así que hoy hay uno de corte extractivista, mercantilizado y privatizador, y varios economistas sostienen la posibilidad de avanzar hacia otro de desarrollo sustentable, solidario, productivo.

Según la opción, el papel que se le asigna al litio.

En ese sentido, el ingeniero y estudioso del tema, Patricio Palma, sostuvo:

“No podemos repetir historias como la del salitre, donde esa riqueza no fue usada en beneficio de todos, ni en el desarrollo del país. Un nuevo modelo de desarrollo debe tener como base la buena utilización de los recursos naturales. Hablamos del cobre, del litio, del mar de la agricultura”.

Añadió:

“Por ejemplo, grandes empresas europeas del automóvil van a comenzar en unos años a hacer solo autos eléctricos y ¿cuáles son los componentes más importantes?, el cobre y el litio. Y los chilenos somos abundantes en ambos recursos. Pero los tienen los privados y las transnacionales”.

Se sabe, por ejemplo, que transnacionales como Mercedes Benz, Wolkswagen, Rosatom y Samsung están muy interesadas en obtener el mineral blanco. En cuanto a la posibilidad de crear una empresa nacional, varios especialistas indican que el Estado tendría como invertir, y afirman que hay profesionales y técnicos chilenos capacitados.

Habría, por cierto, que entrar al tema del uso y la inversión en tecnología.

Por lo demás, quienes propician ese camino, plantean que no es descartable que esa empresa de sector público llegase a convenios comerciales y de inversión con compañías privadas, pero todo sujeto a la planificación del consorcio estatal. En este marco, varios parlamentarios y organizaciones sociales plantearon declarar a Soquimich “empresa de interés nacional”, que significaría devolverla al Estado.

En una columna de opinión, un grupo de expertos (R. Briones, H. Bosselin, G. Gutiérrez y J. Zagal) sostuvo:

“Desgraciadamente, hasta ahora los productos del salar -como el litio- se exportan sin o escaso valor agregado, perdiendo así el país la posibilidad de generar ingresos muchísimo más altos que los obtenidos actualmente. Ha faltado una política de Estado ambiciosa y con mirada de futuro, que cautele el interés público con respecto a las enormes riquezas que tenemos en los salares. Estos fueron cedidos a la explotación de privados, sin control del Estado, sin captura de su renta, y peor aún, como el caso de SQM, realizando acciones al margen de toda regulación. Es el momento de pensar en el país”.

SQM sigue ganando

De acuerdo a reportes financieros, en el tercer trimestre del año pasado, Soquimich continuó obteniendo suculentas ganancias, sobre todo por su participación en el mercado del litio. De acuerdo a la estadística conocida, el consorcio tuvo utilidades por más de 112 millones de dólares en el periodo julio-septiembre de 2017. Eso significó un aumento de los ingresos del 10.8%.

Según información divulgada, las ventas de litio que hizo Soquimich le habían reportado el año pasado casi 470 millones de dólares de ganancias, un alza de 37.7%, vendiendo el litio chileno al extranjero.

Optimista, el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, indicó que “en el mercado del litio seguimos observando un fuerte crecimiento de la demanda y hemos visto que los precios continuaron creciendo. Creemos que esta tendencia de precios debería continuar durante el resto del año hasta principios del 2018”, contexto en el que se produce el auspicioso convenio alcanzando hace unos días con lCORFO.

Soquimich tiene negocios en Australia y Argentina, en el rubro minero.

El Sigo, edición N° 1908

Fuente:http://reddigital.cl/2018/01/30/usurpacion-litio/

Chile

Planes de cumplimiento de firmas por faltas ambientales triplican monto de multas en 4 años

Dentro de las empresas que lideran las sanciones se ubican las mineras. Entre ellas, Caserones, Pascua Lama y Anglo American Sur.

Unos US$60 millones en multas medioambientales ha cursado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en los últimos cuatro años, es decir, entre 2014 a 2017, siendo el principal destinatario la minería. Sin embargo, en el mismo período los planes de cumplimiento han triplicado dicho monto. Se trata de herramientas que los infractores pueden utilizar para enmendar sus infracciones y corregir los efectos negativos derivados de éstas, a cambio de una exención o rebaja en el monto de multas.

Y es que parte importante de las empresas optan por este mecanismo cuando se les formula cargos. Dentro de los casos más recientes está Alto Maipo, que presentó un plan de cumplimiento a principios de 2017 luego de que la autoridad ambiental formulara 14 cargos por incumplimientos en las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto hidroeléctrico. A este se suma SQM, que está trabajando en un plan para evitar la multa de hasta US$23 millones que se le podría cursar por la serie de infracciones sobre el Salar de Atacama. En el caso de esta última, el plan inicialmente propuesto incluía el desembolso de unos US$18 millones, el monto más alto que se ha considerado para estos fines.

“Los programas de cumplimiento los estamos fiscalizando más que la RCA, desde el primer día que comenzamos a potenciar el cumplimiento de los programas. Es una herramienta muy virtuosa que tenemos que cuidarla y eso significa que no pierda su reputación (…) si los programas los dejan caer los titulares, los incumplen, la herramienta hasta ahí llega, muere”, comentó el Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz.

Desde que se comenzó a implementar la Ley 20.417 que creó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2012, el organismo ha finalizado 158 procedimientos sancionatorios, de los cuales 118 han concluido con multas.

Por sectores, el principal destinatario es la minero, que suma 37.956 UTA (US$35,2 millones), es decir 63% del total. Le siguen energía y acuicultura con 18% y 10% del total, respectivamente.

Minería lidera además el ranking de las mayores multas: de las 10 sanciones más altas, seis son operaciones de extracción de mineral. Caserones lidera el listado, con una multa de 14.745 UTA. Le sigue la recién cursada multa a Pascua Lama de unos 12.360 UTA.

Multas impagas

De acuerdo a los datos recopilados por la superintendencia, el 18% de las multas cursadas no han sido pagadas a la fecha, lo que equivale a unos 10.813 UTA.

De ellos, casi la mitad corresponde a la sanción de 5.049 UTA a Minera Candelaria en 2015. Esta fue por diversas infracciones a las resoluciones de calificación ambiental del complejo minero, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, y concretó luego que plan de cumplimiento fuese rechazado por la SMA.

Le sigue la sanción a Pampa Camarones y en tercer lugar, al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los incumplimientos ambientales detectados en el proceso de fiscalización del proyecto Embalse Ancoa, ubicado en la Región del Maule.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/planes-cumplimiento-firmas-faltas-ambientales-triplican-monto-multas-4-anos/

Perú

En el Perú no se están consultando, medidas que pueden afectar derechos colectivos de Indígenas

Ana Leyva, directora de CooperAcción, hace un balance de los procesos de consulta previa en las industrias extractivas que se han desarrollado en el país, y afirma que en casi todos los casos se está consultando decisiones operativas, excluyéndose las que son más relevantes y que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellas están las decisiones sobre el uso del territorio y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Leyva señala que en minería ninguno de los actos que se consulta permite establecer las condiciones sobre las que se dará esta actividad, ni las medidas de prevención, mitigación o compensación de sus impactos. Sostiene además que no hay margen para un diálogo real sobre la medida consultada.

Han pasado tres años desde que se implementó la consulta previa en minería, el número de consultas previas concluidas ha superado a las realizadas en el sector de hidrocarburos iniciadas hace cinco años. ¿Qué piensa al respecto?

R.-El gremio minero ya no ve a la consulta previa en minería como una traba, porque la manera en que se ha implementado la convierte en solo una formalidad. A lo largo del ciclo del proyecto minero, el Ministerio de Energía y Minas ha decidido consultar los últimos actos administrativos de la cadena de decisiones, es decir, los menos importantes.

P.- ¿Qué efectos jurídicos produce en los pueblos indígenas la autorización del inicio actividades de exploración?

R.- Es poco significativa, es una decisión operativa que no tiene mayores consecuencias jurídicas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cuando se otorga dicha autorización, ya casi todo sobre el proyecto está decidido y nada de ello se puede cambiar.

P.- Pareciera que ha habido un antes y un después en el gremio minero. Antes señalaban que era un obstáculo para las inversiones, y ahora tras ser implementada, Carlos Gálvez presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó el año pasado que las consultas positivas podían ser tomadas como modelo y que a veces «se crean fantasmas ante lo desconocido». ¿Por qué ese cambio?

R.- Porque la consulta previa en minería se ha neutralizado. La consulta se ha convertido en un instrumento de legitimación de los proyectos. Ninguno de los actos que se consulta permite participar de las decisiones sobre si el proyecto va o no va ni sobre las condiciones necesarias para prevenir sus impactos sobre los derechos indígenas o para determinar las medidas que permitan mitigarlos o compensarlos. Además el proceso no permite un diálogo real sobre la medida. En un estudio realizado por CooperAcción que analiza 10 consultas desarrolladas, se puede observar que tan solo tres llegaron a la fase de diálogo, etapa previa a la decisión final. ¿Por qué la mayoría de consultas concluyeron luego de terminada la etapa de evaluación interna y no llegaron a la fase de diálogo? Porque no hay materia para debatir. Ante este problema, la metodología conduce a los participantes a conversar sobre impactos generales de la actividad minera. Pero al ser tan general, no se llega a nada concreto y los acuerdos terminan refiriéndose a obligaciones que el Estado ya tiene legalmente, independientemente de la consulta. La propia Defensoría del Pueblo se pronunció, afirmando que los acuerdos no versan sobre acciones concretas para prevenir afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

P.- ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llega?

R.- Son muy generales. Por ejemplo, que el Estado cumpla con fiscalizar y supervisar las actividades de la empresa, que la comunidad esté informada de las actividades del proyecto, que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales y sociales o que los incumplimientos de ésta, sean sancionados por el OEFA u OSINERGMIN. Gran parte de los casos no llegaron a la fase de diálogo porque no había discrepancias entre las comunidades y los representantes del Estado sobre esas propuestas. En esos casos el diálogo quedó agotado. Al plantearse cosas que ya estaban en la ley o en los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, las reuniones de cada etapa carecían de sentido. Los casos que llaman la atención, son las dos consultas realizadas casi simultáneamente sobre el proyecto Apumayo que corresponden a las decisiones casi finales sobre exploración y explotación, algo que materialmente debía ser imposible. Es más, algunas reuniones de la consulta sobre la medida referida a la explotación se dieron antes que las que correspondían a la autorización de inicio de la exploración.

P.- Afirmas que el EIA debe ser consultado. ¿Sobre qué podrían decidir los pueblos indígenas si se consultara?

R.- Si se consultara, en el proceso se podrían debatir los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales que tendrá el proyecto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, las canchas de relave podrían poner en riesgo alguna fuente de agua o estar ubicada en un espacio culturalmente importante. El ruido podría ahuyentar a los animales y con ello dificultar la caza. La llegada de gente foránea podría debilitar la identidad cultural. Si se consultara el EIA estos temas serían materia de la consulta.

P.- ¿Qué información se les alcanza a los pueblos indígenas que van a ser consultados sobre un proyecto?

R.- Les hablan de los impactos de la actividad en general. Les presentan una tabla de impactos genérica sin dar detalles del proyecto en concreto. Se evita en todo momento remitirse al estudio ambiental porque podría generar la expectativa de realizar cambios y eso no es posible porque el estudio ya se encuentra aprobado. Ante ello, podemos afirmar que la consulta no canaliza la preocupación de los pueblos indígenas.

Por otro lado, la información que se proporciona es muy técnica, y poco asequible para los pueblos indígenas. Además, si bien hay traductores, estos traducen generalmente lo que los técnicos dicen, pero no los comentarios que hacen los representantes de los pueblos y que deberían ser escuchados por los funcionarios. Esto significa que no hay un diálogo real.

P.- En el caso de los hidrocarburos, ¿la medida que se consulta es más relevante que en minería?

R.- Son varias los actos que se consultan, pero solo uno de ellos tiene relevancia, me refiero a la aprobación del contrato. En el contrato se establecen las cláusulas socioambientales que guardan estrecha relación con los derechos de los pueblos indígenas. Es por esta razón que las comunidades de la zona de influencia del Lote 192 han reclamado ser consultadas sobre el nuevo contrato que se celebrará para que se continúe explorando y explotando el Lote.

Chile

Mina Invierno cerraría en dos años de no contar con tronaduras

Sin esta aprobación, el proyecto es “inviable”. Durante febrero, presentarán reclamación ante el SEA.

Una nueva advertencia realizó ayer la plana ejecutiva de Mina Invierno, proyecto relacionado a las familias Angelini y Von Appen, luego del rechazo al sistema de tronaduras por parte de la Comisión de Evaluación de Magallanes, anunciada hace dos semanas.

Según explicó el gerente regional de la compañía, Guillermo Irarrázaval, de no ser factible revertir en corto plazo la decisión de rechazo a la incorporación de tronaduras de baja carga en la extracción del estéril, la operación no podría proyectarse más allá de dos años, con la excepción de las tareas que tienen que ver con un posible cierre ambiental de la minera.

“Estamos trabajando en la preparación de un recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que tenemos la convicción de que la evaluación ambiental del proyecto de tronaduras cuenta con suficientes y sólidos argumentos que avalan la incorporación de esta técnica de fracturamiento de la roca, ampliamente utilizada en la minería nacional e internacional”, comentó Hernández.

Respecto a la fecha de presentación de los recursos, el ejecutivo explicó que el plazo máximo es a fines de febrero, “estamos trabajando con nuestro equipo de abogados, elaborando el documento y en el momento que esté listo se pide la autorización del directorio para hacer la presentación”.

El ejecutivo comentó que no hay posibilidad de que se desarrolle un cierre inminente, pero en el corto plazo, “de no revertir la decisión a pesar de contar con un ICE favorable sin condición, Mina Invierno no es viable. Esa no es una situación deseada por nosotros, vamos a poner todos nuestros recursos y talentos para que podamos revocar la decisión lo más temprano posible”.

Fuente:http://www.mch.cl/2018/01/30/mina-invierno-cerraria-dos-anos-no-contar-tronaduras/

Internacional

La mina de oro más grande de Europa está en Asturias y es una pesadilla para sus vecinos

AsturGold lo apostó todo y llegó a iniciar la formación de sus empleados con vistas a ponerse a trabajar cuanto antes. Hasta que en diciembre de 2014 el Principado de Asturias vetó la explotación. En febrero de 2017 el Tribunal Superior del Principado confirmó el veto y todo parecía indicar que el proyecto estaba en vía muerta. Ahora, la empresa acaba de anunciar que vuelve a la carga con apoyo financiero exterior. Los vecinos temen la degradación medioambiental, sanitaria y de calidad de vida. Algunos, ya dan por hecho que, si la mina arranca finalmente, la expropiación de sus casas es cuestión de tiempo. ( España).

Hay 487 yacimientos de oro en Asturias y los romanos lo sabían. Lo sabían tan bien que la forma más sencilla de encontrar una acumulación de minerales es mirar el mapa de los vestigios mineros de dejó. Uno de ellos estaba en Tapia de Casariego, a orillas del Cantábrico.

Allí, bajo la apariencia de un idílico pueblo asturiano, se esconde la que posiblemente sea la mina de oro más grande de Europa. 300.000 kilos de oro que son el objeto de deseo de la industria minera de medio mundo y la pesadilla de los habitantes de la comarca.

El reino bajo la montaña

A Roma le encantaba el oro. Plinio el Viejo, que fue procurador en Hispania, contaba en su ‘Historia Natural’ que, durante el primer siglo de nuestra era, el Imperio era capaz de extraer más de seis toneladas de oro de las minas del noroeste peninsular cada año.

Estamos hablando de un prodigio industrial de la maquinaria administrativa del Imperio que llenó de cicatrices no solo Asturias, sino todos los territorios que rodean el Mediterráneo. La minería romana usaba fundamentalmente un método llamado ‘ruina montium’; este sistema usa la fuerza del agua para conseguir derrumbar grandes extensiones de estructuras geológicas con el menor esfuerzo posible.

Las Médulas, en León, eran la joya de la corona de la minería aurea romana, pero en las minas de Salave, en Tapia, los romanos también se emplearon a fondo. Movilizaron cuatro millones de metros cúbicos de tierra cambiando para siempre la configuración del terreno. Es poco si lo comparamos con las Médulas (donde se movieron casi 100 millones de metro cúbicos), pero lo suficiente para extraer unos 7.000 kilos de oro.

La fiebre del oro

Como explicaba Luna Adrados, después del Imperio, la mina de Salave fue casi olvidada. La zona de Tapia tiene una característica relativamente rara en Asturias, los suelos son de granito. Eso, que es lo que facilitó la creación de yacimientos de oro y otros metales, ha sido lo que ha ‘protegido’ la mina con el tiempo. El resto de yacimientos asturianos, rodeados por tierras sedimentarias, eran más fáciles de explotar.

Por eso, desde que en 1825 se aprobó la Ley de Minas en España, la mina de Salave ha sido el lugar donde las grandes ambiciones mineras iban a morir. En 1850, se llegaron a secar las lagunas de la zona para iniciar una prospección que no llegó a buen puerto. Solo entre 1948 y 1952, en plena autarquía franquista, la necesidad de molibdeno (usado en el proceso de fabricación del hierro) fue tal que logró reactivar la mina.

Pero el oro sigue ahí

Desde los años 60, decenas de empresas han recorrido el término municipal de Tapia y han realizado más de 62 km de sondeos. Nada prosperó hasta que en 2010 AsturGold propuso su proyecto. Como se dijo muchas veces, en los últimos 2000 años, nunca se ha estado tan cerca de volver a explotar el oro de Salave como en ese momento.

El asunto es muy polémico porque 250 empleos (850 durante la construcción) era música celestial gran parte del occidente asturiano y la provincia de Lugo. Sin embargo, los problemas ambientales se acumulan en una Asturias que trata de reconvertir su oscuro pasado industrial y minero en un futuro más verde y saludable. Una mina, por muchos controles que tenga, supone un impacto ambiental y sanitario inmenso.

AsturGold lo apostó todo y llegó a iniciar la formación de sus empleados con vistas a ponerse a trabajar cuanto antes. Hasta que en diciembre de 2014 el Principado de Asturias vetó la explotación. En febrero de 2017 el Tribunal Superior del Principado confirmó el veto y todo parecía indicar que el proyecto estaba en vía muerta.

Asturias Verde

No es el caso: la empresa acaba de anunciar que vuelve a la carga con apoyo financiero exterior. Los vecinos temen la degradación medioambiental, sanitaria y de calidad de vida. Algunos, ya dan por hecho que, si la mina arranca finalmente, la expropiación de sus casas es cuestión de tiempo. Es una incógnita.

Lo que está claro es que Salave es un caramelo demasiado jugoso para que la minería renuncie a él. Según los últimos datos, bajo el suelo de Tapia hay al menos 300.000 de kilos de oro. Es decir, con la cotización actual, bajo el suelo de Tapia hay cinco mil millones de euros.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38745-la-mina-de-oro-mas-grande-de-europa-esta-en-asturias-y-es-una-pesadilla-para-sus-vecinos

Argentina

En Buenos Aires ya armaron el proyecto para arrasar Chubut con la minería

Altos funcionarios nacionales ya tienen en sus manos un proyecto de ley de zonificación minera de la provincia del Chubut al que accedió de manera exclusiva un medio de prensa de Trelew. Aproximdamente un 70% del territorio de la provincia y prácticamente toda la cuenca media e inferior del Río Chubut junto a los valiosos acuíferos subterráneos de la meseta estarían seriamente comprometidos. Aún no hubo ninguna presentación en la Legislatura.

 

En los despachos de altos funcionarios del Gobierno Nacional ya hay copias de un breve proyecto de Ley para la zonificación de la actividad minera en la provincia del Chubut. Se trata en realidad de un proyecto para modificar el artículo 2º de la Ley Provincial Nº XVll-68 (ex 5001).

El proyecto consta apenas de dos carillas: la primera estableciendo las coordenadas de un amplio polígono en el territorio chubutense donde se permitiría el desarrollo minero metalífero, y una segunda como anexo con el mapa en cuestión.

El proyecto está elaborado y aún no tiene firma, porque se desconoce quién o quiénes serán los encargados de impulsarlo en la Legislatura provincial, aunque se presume que ya habría contacto con algunos diputados para avanzar con la iniciativa que ya está redactada.

Un alto funcionario que participó esta semana de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, confirmó que ese proyecto está en algunos despachos oficiales junto a otra documentación vinculada con la posible explotación minera en la provincia.

Hasta ayer, el proyecto no había sido presentado en la Legislatura, donde la última iniciativa al respecto data de la gestión de Martín Buzzi y de aquel intento fracasado de avanzar con una zonificación minera que fracasó ante la absoluta resistencia de la sociedad chub

Ley 5001

La Ley Provincial XV-Nº 68 (antes Ley 5001), detalla en su primer artículo: «Prohíbase la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera».

Y en su segundo articulado, establece que «el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:
a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley».

Sin embargo, nunca se avanzó con la zonificación que establecía la norma impulsada poco después del recordado plebiscito de Esquel en contra de la explotación de la mina de oro en cercanías de la localidad cordillerana.

El artículo 3º de dicha Ley, marcaba que «la aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) en los términos del artículo 2º de la presente, se efectuará por Ley».

Un proyecto para arrasar

El proyecto de zonificación que ya está en varios despachos del Gobierno Nacional y al que pudo acceder este diario, consta apenas de tres artículos y el mapa marcando cuál sería la zona donde se permitiría la actividad minera.

El artículo 1º del borrador señala: «Modifíquese el artículo 2º de la Ley Nº XVll-68 (ex 5001) el que quedará redactado de la siguiente manera: Se establece como área de excepción a la prohibición establecida en el artículo 1º, al interior del polígono determinado por los puntos individualizados seguidamente, los que se encuentran graficados en el plano que como Anexo 1 forma parte de la presente Ley».

Luego detalla las coordenadas de la zonificación (ver aparte). Además, en el artículo 2º establece la derogación del artículo 3º de la ex 5001, el que determinaba que la aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM), se efectuaría por Ley. En definitiva, propome la eliminación del COPRAM.