Nuevamente se quiere generar la sensación de que existe una contradicción intrínseca entre el cuidado del ambiente y la salud de los peruanos, por un lado, y el bienestar económico por el otro. Nuevamente, con la excusa de favorecer la venta del complejo metalúrgico de La Oroya, se plantea reducir los estándares de calidad ambiental (ECA), en este caso en lo relativo a la calidad del aire. Preocupa mucho la norma prepublicada por el Ministerio de Ambiente con la idea de «sincerar» los ECA, y preocupa no solamente porque pone en riesgo la calidad del aire que respiramos y en esa medida la salud de la población, sino además porque esta medida se sustenta en una falacia.
«Relajan norma de emisión de azufre que favorecerá reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya» (Gestión 08/04), «Propuesta de ECA en aire se acerca a demanda de minera Doe Run» (El Comercio 09/04), «Medida puede impulsar la subasta del complejo metalúrgico La Oroya» (Correo, 09/04) son algunos de los titulares en la prensa de estos días que sustentan esta interpretación falaz.
Uno de los principales parámetros en cuestión se refiere al dióxido de azufre, para el manejo del cual Doe Run –operadora del complejo– debía culminar el proyecto de la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre. La nueva norma propuesta por el MINAM «sincera» este parámetro y lo ubica en un máximo diario de 250 ug/m3. Recordemos lo que advertíamos hace pocos meses:
«No es cierto que la razón por la que no se ha podido subastar el complejo de La Oroya es la exigente normativa del Ministerio del Ambiente (Minam) que supera a la de Canadá, Chile, etc.? En primer lugar por la sencilla razón que los niveles de emisiones de dióxido de azufre que se exigen en La Oroya son los vigentes el año 2001, cuando el Minam ni siquiera existía: 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3) promedio anual y 365 (ug/m3) de promedio diario
¿Esta normativa es más exigente que en Chile o Canadá? Nuevamente la respuesta es no. En Canadá el promedio diario es 300 ug/m3 y en Chile 250 ug/m3. Además, al complejo metalúrgico se le ha dado hasta el año 2029 para adecuarse, es decir 14 años»1.
Claramente, el nuevo ECA para el aire sigue estando muy por debajo de los laxos límites de los que ya goza el complejo metalúrgico de La Oroya hasta el 2029, siendo evidente que esta es una excusa falaz que poco o nada tiene que ver con la venta que fuera declarada desierta hace poco, y que a lo único que abona es a fortalecer el discurso empresarial respecto a que habría «demasiadas» normas ambientales que impiden el crecimiento económico.
Lo real es que si el complejo reinicia operaciones sin haber realizado la inversión ambiental pendiente, la población de esa localidad recibirá nuevamente un coctel tóxico de metales pesados (plomo, cadmio, arsénico) que ningún estándar en el mundo –ni siquiera el más flexible- puede tolerar.
Más aún: relajar (o «sincerar», para usar el lenguaje usado por el MINAM) estos estándares es una mala señal para las empresas que SÍ cumplieron con adaptarse a las nuevas normas dictadas por la anterior gestión ministerial. Por ejemplo, la refinería de Southern en la ciudad de Ilo, viene cumpliendo con los ECA de 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3).
Al país le interesa atraer las mejores inversiones y empresas que operan con los más altos estándares ambientales y sociales. Si pretendemos seguir avanzando y, por ejemplo, ingresar a la OCDE, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental y no debilitarla.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/14-data-articles/709-la-oroya-y-el-sinceramiento-de-estandares-de-aire
El 3,8 % del territorio colombiano es una área titulada hoy para el desarrollo minero. La cifra parece pequeña, sin embargo, la actividad está regada por gran parte del territorio nacional y cobija 4,37 millones de hectáreas.
COMUNICADO
OAXACA, Oax. (apro).- La asamblea comunitaria en San Mateo Macuilxóchitl acordó de manera unánime impedir que se instale una base militar en ese territorio zapoteco, pues asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende militarizar el estado de Oaxaca ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos.
Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas. La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.
Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.
Marisa Romero es militante de la asamblea antiminera de Capital. Fue consultada por Radio VIVA por una denuncia de la asamblea ciudadana que indica que hay dos empresas trabajando en zonas aledañas de la Laguna Brava para la extracción de Litio.
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