Internacional

Duterte mantiene la prohibición de la minería a cielo abierto en Filipinas

Autor: Reuters, Europa Press.

Duterte mantiene la prohibición de la minería a cielo abierto en Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no ha levantado la prohibición de la minería a cielo abierto, según ha asegurado este lunes su portavoz, Harry Roque, en medio de los planes de un panel gubernamental de buscar la eliminación de dicha norma. «Les asegura que esta es una de las instancias en las que personalmente le pregunté al presidente si ha habido un cambio en la norma y él dice que todavía no hay una nueva sobre esto, todavía hay una prohibición sobre la nueva minería a cielo abierto», ha asegurado Roque en una rueda de prensa.

El Consejo Coordinador de la Industria Minera recomendó en octubre el levantamiento de la prohibición de la minería a cielo abierto y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales filipino, Roy Cimatu, aseguró que esperaba que la restricción fuera eliminada antes de que acabe el año. Duterte indicó en septiembre que estaba de acuerdo con prohibir la minería a cielo abierto en Filipinas, uno de los principales exportadores de mineral de níquel del mundo. No obstante, el dirigente afirmó que daría tiempo a las compañías mineras de hallar otra forma de extraer los minerales antes de que la prohibición entrara en vigor.

La predecesora de Cimatu en el cargo, Regina Lopez, logró que se prohibiera la minería a cielo abierto durante diez meses antes de tener que dejar su puestos después de que el Parlamento rechazara ratificar su nombramiento.

Fuente: http://www.europapress.es/internacional/noticia-duterte-mantiene-prohibicion-mineria-cielo-abierto-filipinas-20171120052142.html

Perú

Autoridad del Agua publicará metodología para la intervención en cabecera de cuencas .

Autor: Redacción Gestión.
Documento estarán listo en junio del 2018. Jefe del ANA dice que no solo contempla a mineras, sino ampliaciones agrícolas y forestales.

La determinación de definir zonas intangibles a las cabeceras de cuenca, tuvo una reacción directa de las empresas mineras lo que generó la preocupación o lo que algunos definen como una sobre regulación para el sector formal.
Al respecto, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Aberlardo De la Torre, dijo que el tema de la intervención en las cabeceras de cuencas se definirá hasta junio del 2018. “Estamos trabajando en un documento para definir la metodología y los criterios de intervención con la finalidad tener la protección necesaria para estas zonas. Queremos asegurar una intervención razonable para no dañar la cabecera de cuenca, que es la mayor preocupación”, expresó. La ley y el reglamento establecen como proceder, sin embargo “vamos a redactar algo específico para la cabecera de cuenca”, remarcó De la Torre.
No solo mineras Explicó que el nuevo documento definirá como deben actuar las empresas, cualquiera que sea la actividad, porque se tiene interés de la ampliación de frontera agrícola, actividad forestal y también la minería. Recordó que, esta norma si bien nació con una preocupación por la intervención minera, no solo se vincula a la minería, sino de cualquier otra intervención.
“Todo ser humano cuando entra a un territorio lo afecta y hay que ver, que eso se pueda evitar al máximo”, expresó. Dijo que, la minería no interviene en muchos lugares, y aunque tiene denuncios en casi todo el Perú su intervención en las cabeceras de cuencas es mínima. “La real intervención de las mineras no son demasiadas, pero nació con ello, por eso muchos creen que va contra la minería”, sostuvo.
Sobre regulación Ante el pedido del gremio empresarial Confiep de enfrentar una sobre regulación, Abelardo De la Torre dijo que se busca reducir la regulación, porque el uso de agua es excesiva, pero que principalmente viene de la agricultura y del uso de la población. “Hay que tener en cuenta algo, la minería no usa tanta agua, ni siquiera en las cabeceras de cuencas, el agua no es un tema fundamental y eso se puede resolver por último”, expresó.

Fuente:https://gestion.pe/economia/autoridad-agua-publicara-metodologia-intervencion-cabecera-cuencas-2205191
Colombia

Comunicado: Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco sigue luchando contra la empresa Cerrejón

Autor: Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco
Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

Nuestras exigencias son tierra adecuada y suficiente para la reubicación de nuestra Comunidad afrodescendiente; de proyectos productivos para restablecer nuestras economías propias; de reconocimiento y reparación integral de los daños que se nos han ocasionado y que se acumulan por cada día que pasa sin que nuestra situación sea resuelta.

COMUNICADO

El Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabacoen el marco de las normas constitucionales que lo rigen y en defensa de los Usos y Costumbres de nuestra Comunidad despojada de sus derechos y su territorio,

hace saber a la opinión pública que:

La activad extractiva de carbón ha provocado daños irreparables a nuestra comunidad afrodescendiente con profundas transformaciones del territorio que han conllevado desarraigo social, familiar, económico y desvinculación de nuestra entrañable tierra de Tabaco. Hemos sufrido debilitamiento cultural y de la libre determinación social.

Llevamos más de 16 años echados de nuestro territorio. Resistimos con muchas dificultades a pesar de la diáspora a que hemos sido sometidos, procurando hacer uso de nuestras costumbres y buscando recuperar nuestra economía que se basaba en actividades propias como el pastoreo, recolección de frutos silvestres y la siembra de nuestra tierra.

Hoy, mientras que la Comunidad está sentada en una Mesa de diálogo con la empresa Cerrejón y la alcaldía de Hatonuevo esperando avanzar en la concreción de nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones empresariales y estatales, vemos con gran preocupación como la empresa busca persuadir a la comunidad con maniobras que envenenan nuestras relaciones y pretenden exterminar nuestras esperanzas; esta actitud la ha desplegado en varias ocasiones para someternos a sus intereses.

La Buena fe, es un presupuesto para el diálogo. Sin embargo, la empresa Cerrejón conocedora de la vulnerabilidad en que nos dejó su explotación: sin territorio, sin cultivos, sin nuestras formas de subsistencia, sigue debilitándonos aprovechando la situación que ella misma ha provocado. Es clara la diferencia entre lo que dice públicamente la compañía y lo que hace.

Por ejemplo, en escritos que la empresa nos envía, se evidencia que el trabajo como derecho ciudadano y de las víctimas del desplazamiento minero, la empresa lo convierte en instrumento de presión, sometimiento y división de nuestra Comunidad.

Nuestras exigencias son tierra adecuada y suficiente para la reubicación de nuestra Comunidad afrodescendiente; de proyectos productivos para restablecer nuestras economías propias; de reconocimiento y reparación integral de los daños que se nos han ocasionado y que se acumulan por cada día que pasa sin que nuestra situación sea resuelta.

Frente a ello, la empresa Cerrejón, aprovecha la Mesa para mostrar nacional e internacionalmente que tiene interés de dialogar mientras dilata la respuesta a nuestras exigencias. Abusa de las profundas desigualdades existentes entre su poder y la capacidad de publicidad que tiene en Colombia y el mundo y los enormes problemas económicos que enfrenta nuestra comunidad para sostener esta lucha después de tantos años y que nos impide tener los espacios y el tiempo para comunicarnos, reflexionar, hacer memoria, etc.

Así, la respuesta que da Cerrejón es la contratación (precaria y temporal) de 35 obreros para construir un centro de reunión que hoy no es prioritario para nuestra comunidad y que ha ocasionado fuertes debates a su interior. Esto lo vemos como una trampa porque la empresa sabe muy bien que existiendo un número muchísimo mayor de personas que necesitan trabajo e ingresos, esta selección provocará nuevas fracturas en la Comunidad.

Si la empresa actuara de Buena fe, por qué no nos entrega el territorio que necesitamos para recuperar nuestros proyectos productivos? Por qué, a pesar del tiempo transcurrido (más de 16 años), de ser su obligación actuar con debida diligencia mantiene su posición de negar sus responsabilidades en el desarraigo que sufrimos y asumir la reparación integral de nuestros derechos?

Adicionalmente, la empresa aprovecha su capacidad de incidencia y comunicación para confundir en su favor mostrando que si no puede avanzar es por nuestra actitud y las de nuestros representantes. Nos preguntamos ¿por qué la empresa asume que la exigencia de nuestros derechos es obstáculo para avanzar? ¿Por qué la empresa busca reducir el cumplimiento de sus obligaciones a su mínima expresión?

La dilación de sus respuestas, la forma como invisibiliza la realidad de Tabaco en su publicidad, su renuencia a reconocer que el paso del tiempo sin que la comunidad sea reubicada agrava nuestra situación, la manera en que utiliza su posición dominante para imponer tiempos, espacios y formas en la relación con Tabaco, evidencian que la empresa Cerrejón lejos de interesarse en la recuperación del tejido social y físico de nuestra comunidad, desea “cerrar el caso” de cualquier forma.

Frente a esta situación,

Exigimos:

Del estado colombiano en cabeza de las entidades municipales, departamentales y nacionales el cumplimiento de sus obligaciones de protección y garantía de nuestros derechos como comunidad étnica minoritaria en lugar de seguir protegiendo a esta multinacional con actos amañados y cómplices. Existen pronunciamientos judiciales que también debe acatar en el restablecimiento de garantías para Tabaco ¿por qué sigue privilegiando los intereses de la empresa Cerrejón y desconociendo sus responsabilidades frente a nuestra comunidad?

A la empresa Cerrejón le exigimos que responda con sus obligaciones frente a nuestra Comunidad afrodescendiente entregando las tierras necesarias en cantidad y calidad para la recuperación de nuestros derechos territoriales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Para ello es necesario que repare integralmente a los miembros de Tabaco y cese su comportamiento dilatorio.

Igualmente, exigimos a la empresa Cerrejón que no siga señalando a miembros y representantes de nuestra comunidad como el obstáculo para el cumplimiento de sus responsabilidades. Este comportamiento pone en grave riesgo nuestra vida e integridad personal y colectiva.

Mantendremos nuestra lucha y no permitiremos que el abuso empresarial de Cerrejón siga imponiéndose sobre los derechos y la dignidad de nuestra Comunidad.

Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco

Fuente:https://www.colectivodeabogados.org/?Comunicado-Consejo-Comunitario-Negros-Ancestrales-de-Tabaco-sigue-luchando

Argentina

San Francisco: el Gobierno desmintió, otra vez, a la minera “Latin Resources”

Autor: Redacción del Diario de la República.

En Medio Ambiente dicen que no aprobó ningún estudio de impacto ambiental de la empresa.

Una nueva publicación de la compañía minera Latin Resources (con sede central en Australia) volvió a generar incertidumbre y preocupación entre los vecinos y ambientalistas de San Francisco. En ella (Ver facsímil) la empresa afirma que tiene la autorización del Gobierno de la Provincia para investigar y explotar la zona. Al respecto la jefa de Programa Industria y Agroindustrias, e interventora de  la Dirección de Minería, María Eugenia Cantaloube, dijo: “Estas no son versiones certeras, toda esa información, la tiene en manos el despacho legal del Ministerio para evaluar las acciones a seguir. Pero para poner un poco de luz sobre el tema, no se encuentra nada aprobado, ni forman parte de ningún expediente formal”.

En setiembre la  compañía australiana había comunicado la realización  de  muestreos  en las minas Géminis y Don Gregorio, ubicadas a 8 kilómetros de San Francisco y que había encontrado litio en la zona. Esta información repercutió en los medios de otras provincias e incluso el director general de la firma, Chris Gale, confirmó la noticia.  En aquella oportunidad técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, realizaron una exhaustiva inspección y determinaron que en ambos espacios no hubo ni extracción, ni explotación. Explicaron que no encontraron rastros de maquinarias, ni residuos.

Cantaloube aseveró que las mineras tienen un código nacional y uno provincial que cumplir antes de acceder a los terrenos. “Todas las políticas mineras en San Luis están incluidas dentro del Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente; es decir que todas aquellas producciones locales, tienen que ser resguardadas e ir de la mano con el medio ambiente. Deben realizar los estudios correctos de impacto ambiental y cumplir con cada acción por etapas, según indica la ley”, especificó y agregó que es condición ineludible, además de atravesar todas las instancias legales que establece el código, cumplir, por ejemplo, con la presentación de titularidad, de la propiedad, y la confirmación de que la mina está disponible, entre otros puntos.

Para llevar tranquilidad a los vecinos nuevamente, Cantaloube los recibió esta semana para explicarles que tanto  la Dirección de Minería como  el Ministerio de Medio Ambiente, trabajan de manera interdisciplinaria para resguardar las normas.

“Las cosas tienen que ser objetivas y sumamente técnicas, hay que ser cautelosos. Nos reunimos con varias asociaciones, eran aproximadamente 25 personas que representaban diferentes zonas. Fueron dos reuniones, ellos saben que las puertas están abiertas, así que ante cualquier duda pueden venir a consultar”, afirmó.

Carlos Camargo, uno de los ambientalistas que asistió a las reuniones con la funcionaria, dijo que en la reunión “fue interesante el diálogo, pero no es la primera vez que esta empresa publica en su página oficial un comunicado de tamaña envergadura. En ella no sólo incluyen a las compañías Géminis y Don Gregorio, sino que suman la concesión de 70 mil hectáreas más, ubicadas su mayoría en sierras centrales, y si a esto le sumamos que aseguran que ya firmaron un convenio definitivo con el Gobierno, es de preocuparse. Además afirman con total seguridad que ya presentaron todos los informes de Impacto Ambiental, de María del Huerto, otra minera que trabajaría cerca de  Concarán”, dijo el vecino de San Francisco.

Camargo contó que asistió a las reuniones acompañado por asambleístas de San Francisco, de El Trapiche, de El Volcán, de la Asamblea del Buen Vivir e integrantes de la Federación Argentina de Estudiantes de Biología.

“Presentamos un escrito con unas 200 firmas, tuvimos una charla con Cantaloube y el asesor legal de Minería, ellos nos ratificaron que era una falacia de la empresa. La provincia denunció a esta empresa por la información que es falsa y sentimos que nos escucharon, porque se está resolviendo a través del departamento legales. Esto que hace la minera nos llena de incertidumbre y consideramos que tenemos derecho a saber qué sucede de verdad”, concluyó preocupado.

Fuente:http://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2017-11-16-16-29-0-san-francisco-el-gobierno-desmintio-otra-vez-a-la-minera-latin-resources

Ecuador

Mineros y ecologistas plantean ajustar pregunta 6 de la consulta popular

Autor: EL Universo.com

Para las cinco preguntas de reforma constitucional propuestas por el presidente Lenín Moreno no solo hay pedidos para que las rechacen, sino para que las modulen, como es el caso de la iniciativa relacionada con la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, inmateriales y centros urbanos.

La jueza de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana, encargada de elaborar el proyecto de dictamen de constitucionalidad, recibió el miércoles pasado a 37 interesados en los cinco textos de referendo, de los que cuatro pidieron que la pregunta cinco sea modulada.

Mauricio Murillo, delegado de las cámaras cantonales de Minería de Piñas y Zaruma, pidió que se elimine la frase “centro poblado y se ponga: zona de exclusión minera”.

También Geovanni Fantoni, abogado de la compañía de bienes raíces BIRA, ​propuso que se cambie el texto para que se permita la “operación minera metálica ​en centros urbanos cuando se trate de compañías, asociaciones, mineras artesanales organizadas”.

Yaku Pérez, dirigente de la Ecuarunari, pidió que se amplíe la protección de la minería a bosques frágiles. Un argumento similar tuvo el catedrático y ambientalista Ramiro Ávila.

Y ayer el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, recibió a nombre del presidente Moreno un manifiesto de respaldo a la consulta popular con las firmas de los líderes de al menos doce organizaciones sociales.

Al acto asistió Nathaly Toledo, dirigente del movimiento Centro Democrático, quien aseguró que respaldan el ‘Sí’ en las siete preguntas, a través del frente Somos Ecuador.

Ángel Rivero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos (Fenacle), anunció que difundirán las preguntas y promoverán el Sí.

Cevallos les agradeció el apoyo ofrecido y dijo que “los ecuatorianos deben participar de la consulta”.

Más respaldos
Unas 25 organizaciones sociales afines al gobierno de Moreno se concentraron ayer frente a la Corte Constitucional, en Quito, para exigir que se apruebe la consulta popular. Se colocaron carpas para hacer una vigilia. La Asociación de Municipalidades (AME) resolvió apoyar el plebiscito. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/17/nota/6483601/mineros-ecologistas-plantean-ajustar-pregunta

 

Argentina

Nuevas presiones para tener minería en los glaciares

Autor: La Nación .arg.

Hay propuestas que no se comprenden por las contradicciones que encierran: el Gobierno anunció que buscará modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería.

La sensibilidad del tema recuerda la acalorada discusión que se mantuvo hace casi diez años en el Senado de la Nación cuando se trató el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, que establece la protección de los glaciares y periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos.

La ley, que había recibido la aprobación unánime de ambas cámaras en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que los gobernadores de la zona cordillerana manifestaron que la norma «afectaría inversiones y puestos de trabajo». El caso, conocido como «veto Barrick», parecía responder a una reunión que tuvieron días antes, en Nueva York, Néstor Kirchner y Julio De Vido, con los directivos de la empresa Barrick Gold.

Las similitudes de aquel veto con este nuevo anuncio, fundado en el reclamo del sector minero que asegura que la ley actual frena inversiones, son sorprendentes y alimentan una misma duda: ¿la función del Gobierno es proteger los glaciares o la industria minera?

La sustentabilidad exige coherencia. Encaminar el país hacia un desarrollo armónico con la naturaleza implica defender las relaciones de largo y mediano plazo por sobre lo coyuntural. Es cierto que resulta tentador favorecer actividades que inyecten recursos al país cuando se ponen en riesgo recursos que, en el caso de ser afectados, sólo harían visibles sus impactos muchos años después de que los actuales administradores abandonen sus cargos. Por eso es necesario consensuar una visión sobre el país que se quiere construir -o reconstruir contemplando la protección actual y futura de los elementos esenciales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y las futuras. Quizá por eso sería tan beneficioso contar con una planificación estratégica del uso de los recursos en nuestro territorio consensuada de modo transparente y abierta con todos los intereses involucrados, para que los aspectos esenciales que hacen a nuestro porvenir no puedan ser negociados, según las necesidades de cada gestión, de espaldas a la sociedad.

Los glaciares cordilleranos significan un 70 por ciento de la reserva hídrica de todo el país: cualquier actividad que allí se desarrolle requiere de una seria reflexión política y científica sobre sus consecuencias.

El reciente anuncio de modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería surge de una reunión donde se encontraban presentes algunos de los mayores empresarios mineros del país y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez; representantes de provincias mineras; funcionarios de la cartera ambiental; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca. No parece una reunión intersectorial.

Sin duda, la presión de las diferentes carteras sobre el ambiente se hacen cada vez más agudas: en un primer caso fue la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, aprobadas bajo la implacable presión del gobierno chino; hace apenas unas semanas, la resolución que aprobó la caza de seis mil guanacos en la Patagonia, dictada bajo la insistencia del actual Ministerio de Agroindustria. Ahora, los glaciares.

Si bien son comprensibles el interés y las posibilidades de explotación de ciertos recursos naturales que pueden hallarse bajo los glaciares, el uso intensivo de agua o el riesgo de contaminación merecen un delicado análisis. Una mirada inteligente y moderna no puede soslayar que la protección de las fuentes de agua potable es de máxima prioridad, en especial en zonas áridas y semiáridas. Más aún si consideramos los ya visibles efectos del cambio climático. Algo que el propio Presidente resaltó en varias oportunidades.

Una iniciativa oficial, fundada en el interés sectorial, para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protección de glaciares no es una buena noticia. No hay ningún nuevo estudio, realizado con seriedad en estos años, que permita sostener que existen motivos para justificar una modificación de una norma consensuada con la sociedad y aprobada por unanimidad en el Parlamento, para permitir el inicio de las actividades económicas en la zona periglacial.

Probablemente uno de los mayores desafíos que tendremos en la Argentina del siglo XXI será pensar más allá de la rentabilidad inmediata. Las verdaderas inversiones arribarán cuando se demuestren responsabilidad, inteligencia y capacidad para conjugar desarrollo y protección ambiental, y no uno a costa del otro.

 

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2083084-nuevas-presiones-para-tener-mineria-en-los-glaciares

Colombia

La megaminería sería como un cáncer para el páramo de Santurbán: Alcalde de Girón

Autor: Redacción Digital BLU Radio.
Conflicto Relacionado: Santurbán

El alcalde de Girón, Santander, se sumó a las voces en desacuerdo al proyecto de explotación de oro que pretende desarrollar la multinacional árabe Minesa en cercanías a la zona protegia del páramo de Santurbán.

Jhon Abuid Ramírez, mandatario del municipio que hace parte del área metropolitana de Bucaramanga, comparó la minería en esos ecosistemas estratégicos como el cáncer en los humanos.

«No nos vengan aquí con cuentos de que la minería no causa daños, eso es como decir que el cáncer no es una enfermedad y que las quimioterapias no le van a causar daño al cuerpo, eso es la misma vaina, la minería llega al sistema natural y es un cáncer, y por más quimios que le hagan vuelve y reaparece», afirmó.

El alcalde de Girón se suma al de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien ha liderado un gran movimiento que exige al gobierno nacional y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, negar la licencia ambiental que tramita la minera, propiedad de inversionistas de Emiratos Árabes.

Ramírez cree que de darse vía libre al proyecto minero se causarán daños irreversibles al páramo de Santurbán.

«Por mejor hecha que sea, por mejor mejores tecnologías que utilicen, así se lleven los materiales para la China, Canadá o a donde sea, van a dañar el páramo, los bosques y  las aguas subterráneas», manifestó.

Fuente:https://www.bluradio.com/bucaramanga/la-megamineria-seria-como-un-cancer-para-el-paramo-de-santurban-alcalde-de-giron-160240

Mexico

22.56% de bosques y selvas, concesionado a actividades mineras: ONG

Autor: Redacción AN, Aristegui Noticias

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) alertó que de las  64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en México, el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras.

Además, “las concesiones mineras otorgadas a empresas tanto nacionales como internacionales se empalman con al menos 42% de los núcleos agrarios forestales que hay en nuestro país”.

Con apoyo de Cartocrítica, CCMSS hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras vigentes a diciembre de 2015, lo que “evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios”.

“Las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad. Si de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales, la minería como actividad preferente desestima y complica las estrategias de vida en las regiones”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

La organización consideró que el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio atenta en sí mismo contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando las estrategias de manejo y uso por parte de la población local.

Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más de 40% de la superficie forestal de cada estado.

Avance imparable

Los medios de vida de cientos de comunidades se verían afectados si las concesiones otorgadas pasaran a una fase de producción. De los 11,843 núcleos agrarios forestales que tiene nuestro país, 4,997, (42%), tienen una fracción de su territorio concesionado, situación que afecta a cerca de 8 millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social. En estados como Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras, indicó.

La organización sostuvo que mineras y gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades locales.

“En México hay 12.6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal; sin embargo, cerca de 3 millones de hectáreas, es decir, 23% se empalman con concesiones mineras. Los estados con mayor afectación son: Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua. Existen 72 proyectos mineros que ya están en fase de exploración, desarrollo o explotación en áreas de aprovechamiento forestal maderable”, apuntó.

El análisis subrayó que la minería es “una actividad de alto impacto que representa un enorme riesgo para las comunidades y ejidos forestales de México. Aunque no todas las concesiones tienen un proyecto de explotación inmediato, sí abren la posibilidad de coartar en el mediano o largo plazo los derechos y medios de vida de los campesinos que habitan esos territorios. Los bosques y selvas se conservan gracias al esfuerzo y el trabajo de estos ejidos y comunidades”.

Fuente:https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/22-56-de-bosques-y-selvas-concesionado-a-actividades-mineras-ong/

Colombia

Mina en la que invirtió Emiratos Árabes Unidos está fuera de los límites del páramo Santurbán

Autor: Portafolio.co
Conflicto Relacionado: Santurbán

La semana anterior, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció la inversión de US$1.000 millones para el desarrollo del proyecto minero de Soto Norte que opera la Sociedad Minera de Santander (Minesa), y cuyo producción de oro comenzaría en el 2021.

Pero el anuncio del cuantioso desembolso, casi coincide con el fallo de la Corte Constitucional el cual pide involucrar a las comunidades en las discusiones para que se fijen en un año los nuevos límites en el páramo de Santurbán.

La decisión del alto tribunal desató la polémica, más entre los contradictores del proyecto minero quienes aseguran que la operación de Minesa se desarrolla en el corazón mismo del citado páramo, y que estaría afectado su ecosistema.

En diálogo exclusivo con el diario Portafolio, Darren Bowden, presidente de Minesa, explicó que el proyecto está ubicado a varios metros de distancia de la línea limítrofe de Santurbán.

Los EAU anunciaron la inversión de US$1.000 millones al proyecto minero de Soto Norte…

El desembolso se hará a través del Fondo de inversión Mubadala, creado por el gobierno de EAU para contribuir a la diversificación de su economía. Es el único accionista del proyecto Soto Norte de Minesa cerca al municipio de California y tendrá su planta de procesamiento en Suratá.

Esta inversión, ¿cómo contribuirá a fortalecer el desarrollo del proyecto minero?

Los recursos minerales que hemos identificado son importantes y esta será una mina de oro relevante a nivel global, lo cual es un beneficio para el país en términos de atracción de inversión y desarrollo de minería moderna. El proyecto es sostenible, y está fuera de los límites del Páramo de Santurbán.

¿Cómo asegurar que está fuera de los límites?

El páramo se encuentra en una cota en torno a los 3.100 metros sobre el nivel del mar, y la mina tiene una altitud máxima de 2.640, la misma altura de Bogotá, por eso garantizamos el cuidado del ecosistema. El área de Santurbán no está directamente encima del proyecto, se encuentra a una distancia horizontal de más de 600 metros y el proyecto está separado del páramo por un bloque de roca de poca permeabilidad de más de 128 millones de metros cúbicos, que lo protege completamente.

¿La prospectividad fue razón para la citada inversión?

Nuestro amplio trabajo geológico y de diseño del proyecto nos permiten tener confianza en la viabilidad de la inversión. Nuestro plan minero proyecta la producción de 9 millones de onzas de oro. A través del proceso que usa la técnica de flotación, que no requiere cianuro ni mercurio, produciremos concentrados polimetálicos que serán exportados a los mercados internacionales.

Pero los críticos alertan sobre los daños al ecosistema del páramo…

El desarrollo del proyecto minero en Soto Norte no afectará el ecosistema y tampoco la calidad y la cantidad del agua que proviene de esta zona y que abastece el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos estudios geológicos e hidrogeológicos muy completos, como procesos tecnológicos modernos que nos permiten tener esa seguridad.

¿La operación en Soto Norte es ambientalmente sostenible?

Sí, porque apostamos por la minería bien hecha y este proyecto tiene gran trabajo de diseño ambiental para minimizar los impactos.

¿Cómo trazaron el desarrollo sostenible?

Con un bajo uso neto de agua que no genera afectación a las comunidades; con un tratamiento de toda el agua que usemos o recolectemos de infiltración subterránea para luego entregarla a las fuentes hídricas; con los relaves (residuos estériles) del proceso y que se dispondrán con muy baja humedad; con retrollenado de la mina desde las primeras etapas de la operación; con reducida intervención superficial de 24 hectáreas para desarrollo de la mina; y con túneles para conectar la mina y la planta que eliminan impactos ambientales en superficie.

¿Cómo sincronizarán la minería informal al proyecto?

Es uno de los frentes significativos para el proyecto. La transformación de la minería tradicional para involucrarla en el proceso de producción lo hacemos a través del Programa de Coexistencia Minera. En su desarrollo no solo adoptamos a los pequeños mineros informales, sino que de paso ejecutamos un trabajo de recuperación ambiental en estas zonas, y en las que ya tenemos importantes avances.

¿Cómo va el proceso de la licencia ambiental?

Está avanzando dentro de los términos normales para un proyecto minero representativo para el país. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( Anla) inició la evaluación formal desde el pasado 28 de agosto pasado. Ya hizo una completa visita a la zona del proyecto y ha solicitado conceptos técnicos adicionales a instituciones científicas y académicas expertas como Facultad de Minas de la Universidad Nacional, el Instituto Von Humboldt, el Servicio Geológico Colombiano, el Ideam, y Parques Nacionales, entre otros.

La Corte Constitucional invalidó los límites en el Páramo de Santurbán, ¿este fallo retrasaría la operación del proyecto?

A la fecha no hemos sido notificados del fallo y hasta tanto no se surta este procedimiento no estamos en posición de analizar, entender y comentar los efectos del mismo.

¿Cuándo comenzaría la producción?

La construcción de la mina y la planta toma 3 años aproximadamente, para poder iniciar producción. Esto a partir de la aprobación de la licencia ambiental. Calculamos iniciarla extracción a más tardar en el 2021. Trabajamos en la preparación y planeación técnica para poder iniciar construcción una vez contemos con este aval de la Anla. Proyectamos crear 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos.

Fuente:http://www.portafolio.co/negocios/empresas/entrevista-con-darren-bowden-sobre-paramo-de-santurban-511687

Ecuador

Moradores de Las Pampas se oponen al proyecto de minería en Palo Quemado

Autor: Redacción Central, La Gaceta.

El martes 14 de noviembre, en las instalaciones de la Gobernación, representantes del Ministerio de Minería realizaron la sociabilización de la política pública minera y a la vez se absolvieron algunas dudas de las comunidades de las Pampas, frente al proyecto de minería La Plata, en la parroquia de Palo Quemado.

Fue necesario tener un poco de tiempo, para lograr entender cuáles eran las particularidades, ya que había cierta preocupación de la población de las Pampas, sobre el tipo de afectación en el tema ambiental, en la parroquia vecina de Palo Quemado, manifestó, Sebastián Sacoto, asesor del ministro de Minería Javier Córdova.

Según dijo, no hay ningún tipo de afectación y lo que han hecho los habitantes en territorio, es ver los pasivos ambientales que quedaron de una operación realizada en los años 70 y 80 y eso está inventariado por dicha compañía. Además, les explicó que está en terrenos privados y lo que se ha hecho es concesionar el subsuelo y no el suelo.

Esta reunión también se replicará con los moradores de Palo Quemado este jueves, en vista de que la problemática es distinta. Recordó Sebastián Sacoto que el proyecto La Plata está en exploración avanzada y tendrá entre 3 a 4 años de estudios.

“El pueblo ha dicho no a la minería”, expresó Eduardo Villamarín, representante de la comunidad Piedra Colorada de la parroquia Las Pampas, quien señaló que este problema les afecta en el tema de la agricultura y  ganadería, pues hay zonas pobladas y la contaminación sería considerable. Dijo que el proceso sería como una “muerte lenta para la población”.

Ante esta situación, están pidiendo a las autoridades que desistan de la explotación de la mina, caso contrario, la comunidad se acogerá al derecho a la resistencia. Según Villamarín, esta parroquia sería afectada en el tema del agua y están siendo apoyados por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y por la Curia, que son las entidades que más han estado al frente.

Se genera este proceso desde varios años atrás, pero se han tomado acciones, cuando están en la fase avanzada de exploración y el pueblo no ha sido consultado y no ha habido la sociabilización, por ello, el rechazo contundente, indicó  Eduardo Villamarín.

Al finalizar la jornada, se ha solicitado que haya una nueva sociabilización frente a la comunidad y que asistan las autoridades. No se estableció fecha, mientras tanto, seguirán haciendo sesiones con el directorio, los grupos sociales y el MICC, pero saben que la única salida será la resistencia.

Fuente:https://lagaceta.com.ec/moradores-las-pampas-se-oponen-al-proyecto-mineria-palo-quemado/