Mexico

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que “en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros” por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, “los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento”.

Además, denunciamos que “el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo“. Por fin, exigimos “la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida”.

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando «No a la minería», «Fuera mineros de Acacoyagua», con pancartas que decían «Sí a la Vida, No a la Mina», «La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece», «Nuestra sierra es verde y verde la queremos» y «El agua vale más que el oro».

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

¡Sí a la vida! ¡No a la mina!

Firmamos: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

El oficio que el FPDS entregó al Goberador:

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/2711-defensores-y-defensoras-de-la-costa-de-chiapas-exigen-el-cese-de-la-mineria-ante-el-gobernador-manuel-velaso

Mexico

Invitación y materiales del Foro Nacional “El Extractivismo o la Vida”

La Red Mexicana de Afectados por la Minería y más de 15 autoridades comunitarias, organizaciones sociales y organismos civiles, se pronuncian contra las Zonas Económicas Especiales y sus megaproyectos extractivos, como son los mineros, gasoductos, maquiladoras, REDD, eólicos, presas hidroeléctricas, etc. Por su ya comprobados daños ambientales, sociales, económicos y culturales, que afectan directamente la vida de los pueblos que habitan los territorios que intentan explotar.

El extractivismo es un modelo industrial de apropiación de los recursos naturales que se está imponiendo en toda América Latina bajo un denominador común, la destrucción de la naturaleza y los bienes comunes. Las diferentes formas de extracción que se enfrentan las comunidades en México afectan la fuerza de trabajo, las semillas tradicionales y los medios de vida como el agua y la energía. Generando una economía de explotación donde las únicas beneficiadas son las empresas, mayoritariamente extranjeras. Una industrialización en donde se eliminan costos y se aumentan las ganancias a costa de extraer materias primas y explotar a los trabajadores.

Por todo lo anterior los abajo firmantes, invitamos a todas las comunidades, municipios, universidades, medios de comunicación y a la sociedad en general, al Foro Nacional “El extractivismo o la vida” que tendrá lugar los días 19 y 20 de agosto de 2017 a partir de las 10:00 hrs. En el Salón Sandunga ubicado en calle 16 de septiembre s/n domicilio conocido, en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca.

Este evento es realizado a través de tequios y aportaciones ciudadanas. No tiene costo alguno.

LOS ESPERAMOS POR NUESTROS PUEBLOS Y POR LA VIDA DE LAS FUTURAS GENERACIONES

CONVOCAN: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) | Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco-Radio Totopo | Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio | Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo | Comunidad de San Mateo del Mar | Guigu Beu Radio | Comité Pro-Defensa de los Recursos Naturales de Laollaga | Consejo Ciudadano Indígena de San Blas Atempa | Pobladores Oaxaca AC | Grupo Ecologista de Zanatepec | Bibaani AC | Comuneros en Defensa del Territorio y la Comunidad de Ixtepec | Laguna Encantada AC | Asociación Ganadera Local | PROIXT AC | Casa Panteón | Acción Colectiva AC | Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP AC) | Otros Mundos Chiapas AC | Bios Iguana AC.

Para mayor información: bibaaniac@gmail.com

Fuente:http://movimientom4.org/2017/08/invitacion-y-materiales-del-foro-nacional-el-extractivismo-o-la-vida/

Nicaragua

Condor Gold convoca a mesa de diálogo multisectorial

Los participantes son pobladores de las comunidades de Santa Rosa del Peñón, El Jicaral y San Isidro, en donde la empresa tiene concesiones para llevar a cabo proyectos de minería.

Representantes de las iglesias, dueños de propiedades, cooperativas de mineros artesanales, comerciantes locales, representantes de los trabajadores y miembros del movimiento comunal Santa Cruz de La India, en la comunidad de Santa Rosa del Peñón, León, se reúnen hoy con representantes de la empresa minera Condor Gold para dialogar acerca de la situación actual de la localidad, informó la empresa a través de un comunicado.

Con esta iniciativa de convocar a los miembros de la comunidad a expresar sus inquietudes y llegar a acuerdos concretos, se busca resolver el bloqueo puntual a las actividades laborales de la empresa que ha realizado un grupo de pobladores de las comunidades aledañas a las zonas donde se ejecutan los proyectos.

“Deseamos un diálogo sostenido y permanente para la bienandanza del proyecto, el bienestar común y alianzas futuras entre los actores clave de este proceso de exploración”, afirmó Víctor Martínez, jefe de relaciones comunitarias de Condor Gold, según el comunicado.

La reunión

Los participantes son pobladores de las comunidades de  Santa Rosa del Peñón, El Jicaral y San Isidro, en donde la empresa tiene concesiones para llevar a cabo proyectos de minería.

La invitación a la mesa de diálogo fue extendida por la empresa el pasado viernes, cuando habitantes efectuaron una marcha pacífica. Con la reunión también se pretende “promover el diálogo como la mejor vía para llegar a puntos de entendimiento entre ambas partes, escuchar las inquietudes y brindar toda la información que demanda este grupo de pobladores”, agregó la empresa en el comunicado.

Condor Gold es una compañía de exploración y desarrollo de oro con sede en Reino Unido, que cotiza en la bolsa de valores de Londres, y realiza trabajos en mina La India, en León, desde 2012. Martínez declaró anteriormente a El Nuevo Diario que ya se han logrado 24 acuerdos con cooperativas de mineros artesanales de la localidad en los pasados siete años.

Fuente:http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/436940-condor-gold-convoca-mesa-dialogo-multisectorial/

Mexico

Congresista exige que Almaden Minerals repare daños en Ixtacamaxtitlán

El diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva, presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente contra Almaden Minerals, para suspender las actividades mineras que atenten contra los derechos de la población y obligar a Almaden Minerals a que repare los daños que ha causado en la región de Ixtacamaxtitlán. La propuesta fue formulada por el diputado federal por Morena, Miguel Alva y Alva.

En el texto, presentado el pasado 5 de julio, el legislador pidió que se exija al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a los titulares de la Semarnat, Profepa y la Conagua, además de la Secretaría de Economía que evalúen los daños ambientales ocasionados por la minera canadiense durante la etapa de exploración que concretó en ese municipio serrano y que se suspendan las actividades extractivas.

Asimismo pidió que las Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para preservar la cuenca del Río Apulco y los derechos humanos de los habitantes para que se “someta a consulta ciudadana cada proyecto que afecte negativa o positivamente a la población; garantizar, proteger y prevenir violaciones a los derechos inherentes manifestados en la Constitución Política; suspender las actividades mineras de extracción de materiales que atenten contra los derechos básicos de la población; y revisar las actividades industriales que se realizan en la cuenca del río, a fin de detectar inconsistencias en las manifestaciones de impacto ambiental, expedientes e informes preventivos correspondientes, sancionando las irregularidades y violaciones a la normatividad mexicana”.

La propuesta del diputado Alva y Alva, que fue turnada a la Tercera Comisión del órgano legislativo, consideró que las mineras canadienses, como Almaden Minerals han ocasionado graves problemas ambientales, conflictos sociales y desalojo de tierras, además de daños la salud y violencia en los pueblos donde se asientan, contrariamente a la propuesta de “prosperidad y creación de empleos” que ofrecen.

Indicó que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas documentó en 2016, 17 casos de abusos a los derechos humanos por la industria minera en México, igual que el informe The Canada Brand: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, que evidenció la manipulación y violencia que ejercen las compañías canadienses en los sitios donde operan.

“El caso más reciente es de la transnacional, Almaden Minerals Ltd., en la región de Ixtacamaxtitlán, la Sierra Norte del Estado de Puebla. Desde el inicio de sus actividades en la región ha atravesado por significantes casos de manipulación y engaños a la población local, autoridades de los 3 niveles y a los propios socios de la empresa canadiense”.

Almaden Minerals continúa operando, consideró el legislador, a pesar de que su título de concesión está suspendido  por el Juicio de Amparo que tramitan pobladores de Ixtacamaxtitlán por la afectación causada en el desarrollo del proyecto Ixtaca o Tuligtic que dañó más de 13 mil hectáreas de tierras dedicadas a las actividades agrícolas.

Además, la propuesta para el punto de acuerdo se basa en las investigaciones realizadas por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), junto con otras organizaciones, en las que se probó que la empresa canadiense ha engañado a las autoridades mexicanas sobre su proyecto de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

Entre las irregularidades encontradas en la etapa de exploración están la cantidad de perforaciones; la profundidad de las mismas y las afectaciones al acuífero; el área de afectación y las fechas de las perforaciones, según el documento “Evaluación de Impacto en Derechos Humanos”.

De concretarse el proyecto de explotación de la minera, hará un tajo a cielo abierto de más de mil metros de largo, casi mil metros de ancho y una profundidad de cientos de metros, pero en la etapa exploratoria ya se encontró en las muestras de suelo elevadas concentraciones de arsénico, mercurio, antimonio, cobre y plomo que muy probablemente estén presentes en los residuos der roca extraídos y almacenados en este lugar y que podrían filtrarse a los mantos acuíferos.

También se han afectado los derechos humanos a un medio ambiente sano; al agua y a la salud.

“Entre las irregularidades cometidas por Almaden Minerals que demuestran su auténtico interés económico” está la demanda a la Semarnat para no hacer la “consulta indígena previa y el Juicio de Amparo para no pagar el porcentaje correspondiente de regalías sobre la producción de minerales que establece la Ley Minera”, indicó el legislador.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/37419-congresista-exige-que-almaden-minerals-repare-danos-en-ixtacamaxtitlan

Bolivia

Agua para Potosí

Días atrás, un diputado oficialista denunció que la Administración Autónoma para Obras Sanitarias de Potosí (Aapos) desvía a los ingenios mineros parte del escaso caudal de agua que colecta. Meses de racionamiento de agua para el consumo humano en la ciudad y un reciente incremento en las tarifas demuestran que las prioridades están confundidas.

En efecto, en la inspección del asambleísta, en la que se constató que de un caudal de 190 litros por segundo (l/s) de agua solo 140 llegan a la ciudad, infiriéndose que los otros 50 l/s son destinados a la industria minera; la Aapos reconoció entonces que comercializa entre 15 y 20 litros por segundo de agua a los ingenios a un precio superior, y no la cantidad estimada por el legislador.

Antes de la citada inspección, un investigador del tema en la Universidad Tomás Frías descubrió que años atrás la empresa local de agua y saneamiento había facturado solo a 23 de 63 ingenios a los que distribuía el agua, revelando malos manejos en la empresa, que desde fines de 2015 registra una captación significativamente menor a los 300 l/s que la ciudad capital potosina requiere.

Enterada de la situación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua y Saneamiento (AAPS) hizo su propia indagación cuyos resultados fueron difundidos por su director ejecutivo, quien reconoció que hay “una extracción un tanto mayor a la que está autorizada la empresa”. Pues entre el 2,5% y el 8% del suministro que capta la compañía de agua no llega a la ciudad, donde desde 2016 hay racionamiento en la parte alta, en la que están siete de los 13 distritos urbanos.

La situación, anunció la autoridad, merecerá una sanción, que será agravada por “deficiente ampliación de la normativa para el acondicionamiento de las tarifas”, que en mayo pasado fueron “recategorizadas” para todos los tipos de usuario del servicio, representando incrementos de hasta dos y tres veces en las facturas de los usuarios domésticos, justo cuando el racionamiento estaba en su peor momento. La medida quedó sin efecto a fines de junio por intervención de la AAPS.

Resta saber si la imposición de multas a la empresa, que por lo visto no atraviesa su mejor momento económico, redundará en mejor provisión del servicio en la ciudad, habida cuenta, además, que la minería, al ser la principal actividad económica del departamento, tampoco puede paralizar actividades por falta de agua.

Hay, pues, un problema mayúsculo en Potosí y por lo pronto no se ven señales de que la población esté siendo considerada como prioritaria en la búsqueda de soluciones. Toca a las autoridades, comenzando por el gobierno municipal potosino y terminando en la AAPS, reordenar las prioridades y pensar primero en las personas. Que la industria minera siga usando un recurso que debe llegar primero a la población debería ser motivo para la misma indignación que otros temas de la coyuntura provocan estos días.

 Fuente:http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Agua-Potosi_0_2765723402.html
Perú

Puno: Gerente de Recursos Naturales presentará dos estudios de inversión para la remediación de la Cuenca Ramis

Hoy es la Sesión Descentralizada del Consejo Regional de Puno, esta vez se realizará en el distrito de San Antón de la provincia de Azángaro y es el Gobierno Regional de Puno la instancia que deberá informar todas las acciones ejecutadas para remediar la contaminación de la cuenca ramis.

El gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Edson Pizarro Rojas, afirmó que como funcionario le viene dando seguimiento al caso en particular desde el año 2015, es decir desde que inicio la actual gestión de Juan Luque y a pesar de las múltiples limitaciones con el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha continuado trabajando.

Recordó que hoy presentaran todas las acciones del gobierno regional de Puno, entre estos, estudios realizados para la adquisición de maquinarias agrícola y algunos otros proyectos de remediación para la zona afectadas.

Fuente:http://www.radioondaazul.com/puno-gerente-de-recursos-naturales-presentara-dos-estudios-de-inversion-para-la-remediacion-de-la-cuenca-ramis-70157.html

Colombia

Seis municipios antioqueños en problemas por vivir de la minería

La guerra contra la minería ilegal ha dejado maquinaria decomisada, cierre de minas y dificultades para la comercialización que aquejan a los municipios del Bajo Cauca Antioqueño cuya población vive en mayoría de la extracción de minerales.

En dichos municipios la actividad económica basada en la minería comprende el 60% y el 80%. Según la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, habría 20.000 mineros de los cuales 18.000 son baraqueros, y el resto realizan este oficio con motobombas y algunos pocos con maquinaria amarilla.

Y aunque este sea una la mayor fuente de ingresos de los habitantes de esta región antioqueña, en municipios como Tarazá esta parada la producción por el miedo al decomiso de la maquinaria y las restricciones legales que obligan a demostrar la procedencia lícita del oro para su venta.

Todo esto trae consecuencias como un alto índice de desempleo, pues el cultivo de coca también está parado por las autoridades. La comunidad del Bajo Cauca pide con prontitud la llegada de programas de sustitución del Gobierno.

Fuente:http://360radio.com.co/seis-municipios-antioquenos-problemas-vivir-la-mineria/

Internacional

La mina de litio de Cáceres quedaría a menos de tres kilómetros del núcleo urbano

Teme que se contamine el aire y el agua, anuncia movilizaciones y pide información sobre el proyecto. Salvemos la Montaña, conformada por personas y colectivos, dice que el proyecto incumple el PGM.

España.- No quieren una mina a cielo abierto en la Sierra de la Mosca. La plataforma Salvemos la Montaña, que se presentó ayer de forma oficial y está formada por personas y diferentes colectivos, nace con la intención de parar el proyecto minero de extracción de litio en Valdeflores a cargo de Tecnología Extremeña del Litio, empresa con un capital mínimo y domicilio fuera de Extremadura creada ex profeso para este proyecto por Valoriza Minería-Sacyr y Plymouth Minerals.

En ese sentido, Salvemos la Montaña puso sobre la mesa una serie de factores que, a su juicio, hacen incompatible el mencionado proyecto con la ubicación elegida en la Sierra de la Mosca. En primer lugar, el portavoz de la plataforma, Eduardo Mostazo, denunció la cercanía a la que quedaría la mina del casco urbano. «No existe en el mundo un caso como este, en el que se pretenda instalar una actividad altamente agresiva a menos de 3 km de un núcleo urbano tan importante como Cáceres», señaló

Mostazo, que reveló que tanto el aire como el agua podrían ser víctimas de contaminaciones viéndose amenazadas infraestructuras vitales como el embalse del Guadiloba, la depuradora de agua potable, el hospital o el Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón. Todo ello sumado a la «destrucción de un paisaje único» con un «horizonte de restauración, cuanto menos, incierto» que difícilmente podría compensar la creación de puestos de trabajo «precarios y con riesgos para la salud», los cuales perjudicarían a su vez a «iniciativas profesionales y empresariales agrícolas y ganaderas productoras de alimentos de calidad cada día más demandados», añadió Mostazo. No obstante, en ese sentido, Luis Fernando Figueroa, presidente de la asociación vecinal Residencial Universidad y miembro de la plataforma, hizo hincapié en que «si se van a crear puestos de trabajo para los cacereños, queremos saber qué número y por cuánto tiempo», apuntó.

MOLESTIAS

Además, el portavoz de la plataforma expuso también las molestias e incomodidades que han supuesto ya los trabajos acometidos en la zona, «con barrenados, vibraciones y ruidos las 24 horas del día en terrenos privados –en ocasiones incluso sin permiso para acceder–, con movimientos de maquinaria pesada que han roto caminos públicos que habían arreglado los propios vecinos y con el destrozo de los recursos naturales y culturales del valle del Arroyo Valhondo. Concretamente, arranque de vegetación autóctona, agresiones a la fauna, desbroces y podas indiscriminadas y desmontes para apertura de caminos».

Para tratar de movilizar a la ciudadanía, la plataforma ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través del popular portal online www.change.org, donde al cierre de esta edición la petición acumulaba cerca de 600 firmas.

«ABSOLUTO RESPETO»

Por su parte, la alcaldesa, Elena Nevado, señaló ayer que el ayuntamiento mantiene un «absoluto respeto» a la legalidad y que están «totalmente» de acuerdo en que hay que respetar la calidad medioambiental de la ciudad. Al ser preguntada por la polémica que ha generado el proyecto minero, Nevado señaló que el consistorio estará «al lado» de los vecinos y de las reivindicaciones que velan por este tipo de cuestiones, aunque manifestó que, «siempre que se cumpla la ley, van a apoyar este tipo de iniciativas».

La regidora cacereña señaló que la competencia en materia de minas es de la Junta, si bien, también quiso mandar un «mensaje de tranquilidad» a los vecinos, al tiempo que afirmó que actualmente se exige un plan de reposición de la zona y que, por lo tanto, si el proyecto sale adelante, el cual, a su juicio «es muy interesante» desde el punto de vista económico, van a pedir este plan para saber cómo quedaría después la zona y cómo se va a reponer el entorno.

No obstante, Mostazó argumentó que, por los antecedentes que conocen de este tipo de proyectos, «nos parecemos a casos como a Andalucía», con lo que se mostraron conocedores del «riesgo» que entraña y de las «dificultades» para la recuperación de la zona. Asimismo, también manifestó que el consistorio «sí tiene responsabilidad» ya que este proyecto afecta al Plan General Municipal (PGM). En 2016, Tecnología Extremeña del Litio recibió permiso para hacer investigaciones en dos cuadrículas mineras. Según señalaron ayer fuentes del ayuntamiento, la licencia del consistorio era de obra menor y con el fin de realizar catas. Este año, la empresa recibió autorización para investigar en 45 cuadrículas más.

«Hay movimientos de tierra y destrucción de arbolado cuando en el PGM se dice que si afecta a suelo urbano no se pueden desarrollar actividades extractivas a menos de 2 km. Y en este caso, en el entorno de la Sierra de la Mosca, existe suelo urbanizable, concretamente a ambos lados de la carretera de Trujillo, el cual está a menos de 2 km de las dos primeras cuadrículas que se aprobaron para investigar. Ya si tenemos en cuenta las 45 nuevas cuadrículas concedidas, la preocupación es mayor», reveló el portavoz de la plataforma.

Por todo ello, Salvemos la Montaña, que anunció que fomentará que se lleven a cabo movilizaciones y realizará campañas de concienciación para la ciudadanía, se posiciona en contra de la mina de litio en Valdeflores e insistirá en su petición para recibir información sobre el proyecto minero. De hecho, ya la han solicitado pero hasta ahora no han obtenido respuesta. «Ni los dueños de las fincas afectadas saben lo que se va a realizar», concluyó Mostazo.

 Fuente:http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/mina-litio-caceres-quedaria-menos-tres-kilometros-nucleo-urbano_1033684.html
Perú

Tribunal Constitucional podría ocasionar que mineras no sean fiscalizadas por OEFA

CON FALLO FAVORABLE A PERUBAR

  • Eventual resolución favorable a minera Perubar costaría al Estado unos 200 millones de soles
  •  Hoy en día existen 70 procesos contra el aporte para el organismo
  •  Aporte por regulación que recibe OEFA está amparado en cuatro leyes y por la Constitución

Otro golpe al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA). Ahora el Tribunal Constitucional (TC) decidirá si el Estado deberá devolver S/ 200 millones de soles de Aportes por Regulación (APR) que esta entidad ha recibido en los últimos tres años, así como la exoneración de este pago –a futuro- en favor de las empresas mineras y extractivas en general.

Y es que la demanda de la empresa minera Perubar, en contra del Decreto Supremo N° 130 -2013-PCM por el cual se establecen los porcentajes APR, podría generar un “efecto dominó” que perjudicaría los recursos económicos con los que OEFA cuenta para realizar sus actividades de supervisión y fiscalización ambiental.

Esta situación, que el TC debe resolver en los próximos días, fue analizada este 10 de agosto, durante el evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”.

Henry Carhuatocto, Presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), aseguró que funcionarios de OEFA le brindaron la cifra de unas 70 acciones judiciales (de amparo) que –a la fecha- han emprendido las empresas mineras para cuestionar este tributo. Perubar está a la cabeza.

“El único aporte que tiene OEFA es el APR, puesto que el dinero recaudado producto de las multas –a causa de sanciones impuestas- regresan al tesoro público. Las multas –de OEFA- no son recursos ordinarios, ello lo dice la Ley N°30230 que aún sigue vigente”, resaltó el abogado.

APR respaldado por leyes

Carhuactocto Sandoval citó que en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente se señala que: “el costo de acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación y eventual compensación –relacionada con la protección del Ambiente– del impacto negativo de actividades humanas, deben ser asumidos por los causantes de dicho impacto”.

Además, expuso que el Aporte por Regulación se creó en el año 2000 (mediante Ley N°27332), y no mediante decreto supremo, como argumenta Perubar ante el TC, ya que el artículo 74 de la constitución indica que los tributos se crean mediante ley.

“Ningún tributo puede imponerse si el Congreso de la República no lo crea mediante ley, esto corresponde al principio de reserva de ley en materia tributaria. Son cuatro leyes (N°29951, N°30011, N°30115 y N°30282) que apoyan y sustentan que OEFA es el acreedor tributario (quien debe cobrar) el APM en el sector minero. ¿Dónde está inconstitucionalidad?”, cuestionó el letrado.

De igual modo, recordó que el OSINERG se convierte en OSINERGMIN (2007) y se hace cargo del APM, así como de las obligaciones socioambientales. Un año despúes (mayo 2008) se crea MINAM y luego OEFA a la que se transfiere estas funciones y este aporte, es decir se convierte en acreedor tributario.

Contradicción del sector minero

La demanda de Perubar no cuestiona leyes, pero sí el D.S. N°130-2013-PCM, dispositivo legal al que señalan como autor del APR que es “ilegal” y “confiscatorio”. Aun cuando el decreto se basa en las leyes y la Ley de organismos reguladores.

Este fue el argumento que INDECOPI le rechazó a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el 2014 (resolución N° 0425-2014/CTP INDECOPI) y en donde reclamaron que el APM es una “barrera burocrática” para ingresar al mercado, y por ser una “alta tasa” que les impide ser competitivos.

Luego el sector, presenta una acción popular ante el Poder Judicial, y la Corte Suprema de Justicia también resolvió que el APR es legal. Es así que ahí recurren TC, el único que falta pronunciarse.

Otros argumentos

El presidente de IDLADS también indicó que con menos del 1% de su facturación anual (0.11%), el APR no es confiscatorio, tal como señala la SNMPE y Perubar. “Ni que fuera el 60% que perjudicaría el capital de una empresa. Además, lo que el sector minero olvida es que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también recibe un APM desde 1992 desde las empresas eléctricas, aun cuando no es un organismo regulador”, puntualizó.

Empujan a que mineras se “autorregulen”

A su turno, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, advirtió que al no haber recursos para OEFA, el Estado se podría ver obligado a disponer que las empresas realicen sus procesos de autorregulación. “Las empresas no puede fiscalizarse solas y luego pasar los informes a OEFA para decir que no contaminan y todo está conforme, cuando muchas veces no es así. A esto nos lleva esta acción llevada al Tribunal Constitucional por Perubar”, remarcó.

Asimismo, mencionó que OEFA no cuenta con recursos suficientes, de por sí, para hacer una fiscalización y supervisión adecuada, ni alcanzar a todas las mineras durante las etapas “secas” y húmedas” (tiempos de lluvia) del año.

“Con el posible retiro del aporte, ¿cómo se podría supervisar y verificar que se cumplen las exigencias de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en campo? ¿Cómo se quiere que luego no se generen impactos ambientales y en la salud de las personas?”, aseveró.

Otra situación referida por Jahncke Benavente es que OEFA da a conocer “cronograma de supervisiones” y fija reuniones de “coordinación previa” (a la fiscalización) con la empresa. Pese a que estos procesos deben ser inopinados.

“No solo se trata de defender los recursos del OEFA, sino que cumpla bien su rol”, apuntó.

Peligro de mayores conflictos sociales

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recordó que la Defensoría del Pueblo ha reportado 177 conflictos sociales (julio 2017), de los cuales el 73.4% son por temas ambientales. Lo cual indica que la necesidad de contar con mecanismos e instituciones fuertes, como el Ministerio del Ambiente y el OEFA.

“Hacemos un llamado al TC para que tenga una opinión mucho más amplia con la documentación y sustento técnico que desde DAR les hemos hecho llegar. Se trata de tener inversiones, pero que sean sostenibles con el cumplimiento de las reglas ambientales, y así garantizar derechos. Esa es la finalidad”, apuntó.

Objetivo político, no constitucional

Por su parte, Paul Maquet de CooperAcción, comentó que la demanda de inconstitucionalidad de la empresa PeruBar está enfocada en “desfinanciar” a OEFA, y no en el APR que tiene 17 años de existencia.

“El objetivo no es cautelar un derecho constitucional. Esta demanda es política. Ello forma parte de una lógica que ‘contrapone’ regulación ambiental con crecimiento económico. Cuando la regulación ambiental reduce costos, de remediación, así como económicos y sociales”, acotó.

Celeridad a favor de Perubar

Ana María Vidal, secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), evidenció la rapidez con que “prosperan” las demandas de las empresas extractivas en el Poder Judicial y el TC.

“Resulta inaudito ver con qué rapidez ha avanzado el proceso. En menos de tres años ya llegó al TC. A comparación de las demandas presentadas en casos como el de Arboleda (Puno) y Cuninico (Uraninas, Loreto), en donde comunidades andinas y nativas siguen esperando que sus demandas presentadas ante el TC sean atendidas desde el presentado demandas ante el TC desde el 2011 y 2015, respectivamente.

DATO:

  • El evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”; por organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), CooperAcción, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDH), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la RED MUQUI.
  • Perubar S.A. forma parte del Grupo Glencore y fue constituida el 31 de octubre de 1957. Hoy en día desarrolla principalmente operaciones logísticas de almacenamiento, mezcla, acondicionamiento y embarque de concentrados de minerales a empresas del sector minero, vinculadas y de terceros.
  • Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/618-tribunal-constitucional-podria-ocasionar-que-mineras-no-sean-fiscalizadas-por-oefa
Argentina

Las mineras de San Juan están en “zona protegida” y violan la Ley de Glaciares

Acusan a un científico mendocino de favorecer a la Barrick Gold . El juez federal Sebastián Casanello imputó a Ricardo Villaba. El magistrado entiende que la mina de Veladero contamina glaciares.

Las minas sanjuaninas Veladero, que protagonizó tres derrames de solución cianurada en 2015, y Pascua Lama (proyecto binacional con Chile) están apostadas y operan en una zona prohibida por ser área de glaciares.
Así lo concluyó el juez Federal de Buenos Aires Sebastián Casanello, quien por esa razón imputó penalmente a siete ex funcionarios nacionales, entre ellos, al científico mendocino Ricardo Villalba, ex director del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), cuya sede central nacional está en Mendoza.
El juez federal sospecha que el científico mendocino, a cargo del Ianiglia en 2015, dejó fuera del Inventario Nacional de Glaciares a aquellos de menos de una hectárea, contradiciendo la ley 26.639 de Protección de Glaciares, para adaptar la normativa a las necesidades de la Barrick Gold, la minera que explota ambos emprendimientos de extracción de oro, plata y cobre.
Trae los dichos de los especialistas que hicieron el relevamiento, quienes dijeron: «Inventariaron miles que luego tuvieron que borrar por ser menores a una hectárea».
Sin vueltas y para empezar, el juez expresó: «La limitación de una hectárea, no solo se aparta del texto de la ley 26.639, sino que, a priori, contradice el objetivo de asegurar la más amplia protección. Es arbitraria».
El magistrado imputó a todos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También intimó al actual ministro de Medio Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, a elevar un informe en el plazo fatal de dos meses, recordando que esa cartera tiene las facultades para cerrar las minas o trasladarlas, si operan en una zona que está protegida.
La novedad la dio a conocer en Mendoza el abogado Marcelo Romano, quien señaló que junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas, que incluye a la Asamblea de Jachal contra la minería, impulsaron esta denuncia ante Casanello.
Romano precisó: «El Inventario Nacional de Glaciares tenía que contar con la totalidad de ellos, pero en 2010 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner intimó al Ianiglia a sacar una resolución que decía que los glaciares de menos de una hectárea no serían incluidos y por lo tanto, no quedaban protegidos, permitiendo operar a las mineras».
«Por esto imputó a Villalba y por los derrames y la falta de control –continuó– a seis ex funcionarios nacionales de Medio Ambiente».
Además de Villalba, los otros acusados son Patricia Gandini, Carlos Corvalán, Eugenio Breard, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso.
¿Resolución a medida?
Haciéndose eco de los testimonios tomados en la causa a los autores de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y a los científicos que asesoraron al Ianiglia para la realización del inventario que aún no está terminado, el juez Sebastián Casanelo fue claro: «Pascua Lama y Veladero están en la zona protegida por la ley».
El magistrado indicó que al no inventariar el Ianiglia los glaciares de menos de una hectárea «que son el 90% de ese patrimonio natural en San Juan», dejó sin protección la zona periglacial, que rodea los glaciares»
Esta es fundamental para la subsistencia de la otra. Así lo destacó en la causa la ex legisladora nacional y autora de la ley Marta Maffei: «El ambiente periglacial es el freezer del glaciar. Sin el anterior, el glaciar acelera enormemente su derretimiento y destrucción. Por eso son importantes y deben ser inventariados».
Un informe del Ianiglia a partir de la colaboración del científico Cristian Villareol explica que la zona periglacial está entre los 3.500 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por encima de ese techo es zona glaciar. Veladero está en los 4.000 metros y Pascual Lama opera entre los 3.700 y los 5.000 metros.
El otro autor de la ley, el ex legislador Miguel Bonasso fue durísimo con el Ianiglia que dirigía Villalba y sentenció ante el juez: «El concepto que da el Ianiglia del ambiente periglacial se fue deformando. La definición se acopló a las necesidades de la Barrick Gold. Veladero tiene el valle de lixiviación justo en el ambiente periglacial. La peor parte del proceso de extracción de minerales, está en una zona protegida por la ley».
La lixiviación referida por Bonasso es la etapa del proceso en que se utiliza cianuro con agua para despegar el oro y otros metales de la roca.
Por último, el juez Casanello le reprochó al Ianiglia no haber concluido con el inventario de glaciares que está al 45%.
Desde el instituto, su director, Fidel Roig, indicó: «El inventario ha tenido avances y estancamientos» y destacó: «La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Ianiglia cumplió en tiempo y forma con lo dictaminado por la ley».
Fuente:http://www.diariouno.com.ar/pais/acusan-un-cientifico-mendocino-favorecer-la-barrick-gold-20170810-n1449089.html