Argentina

Pelambres El Ministerio de Minería y la UNSJ establecerán el plan de sustentabilidad de la escombrera

Autor: Diario La Provincia

Según informó el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Alvo Varela, el plan de sustentabilidad estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan y del Ministerio de Minería.

Este miércoles, el juez Federal, Leopoldo Rago Gallo dispuso remover la escombrera de Pelambres de manera inmediata. A su vez estableció los mecanismos para hacer un saneamiento de la zona afectada y que se desarrolle un plan de sustentabilidad para que todo vuelva a la normalidad.

Según informó el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Alvo Varela, el plan de sustentabilidad estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan y del Ministerio de Minería que deberán articular todas las medidas para que, de manera efectiva, se pueda dejar la zona en estado puro, como estaba antes de que Pelambres depositara cientos de neumáticos en el cordón cordillerano de Calingasta.

«Los peritos del juzgado elaborarán el plan de retiro mientras tanto la Justicia facultó al Ministerio de Minería y a la UNSJ para establecer el plan de sustantitbilidad de la escombrera a los efectos de que no produzca daño en el ambiente», explicó el funcionario a Diario La Provincia.

El Fiscal de Estado aclaró que en lo único que no resuelve la medida judicial dictada este miércoles por Rago Gallo, pero queda pendiente, es la consitución del Fondo de Garantia que hizo Fiscalía de Estado. «No hay antecedentes en el país porque el Fondo de Garantía es cuando se puede cuantificar el daño y acá como no se puede saber con precisión el daño efectivo de la escombrera, eso quedó pendiente. Eso se sabrá más adelante cuano se tengan las pericias de si hubo daño ambiental o efectivo», detalló el fiscal.

Según aclaró, los tiempos del plan de sustantibildiad dice que el retiro debe hacerse en forma de inmediata. El mismo está en manos de los peritos del juzgado y se debe ver con anticipación el plan a llevar a cabo. «La idea es minimizar el impacto lo que más se pueda con el retiro», aclaró.

Ahora correrán los tiempos para Pelambres que podrá apelar todas las resoluciones o acatar, sacando los escombros. Por otro lado, también serán citadas las autoridades de Pachon que también podrán apelar la resolución y el llamado a indagación de sus funcionarios.

Fuente:http://www.diariolaprovinciasj.com/politica/2017/8/10/ministerio-mineria-unsj-estableceran-plan-sustentabilidad-escombrera-73576.html

Bolivia

9 DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MUCHA RESISTENCIA POR CONSTRUIR, POCO POR CELEBRAR

Autor: Colectivo Casa

Desde hace siglos los pueblos indígenas de Bolivia y el mundo vienen construyendo una historia de resistencia y defensa de sus derechos. Como parte de los resultados de esta lucha se ha conseguido que hace diez años, las Naciones Unidas emitan una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta declaración se rescata una serie de derechos fundamentales por los que lucharon y murieron miles de indígenas; sin embargo hasta la actualidad estos derechos no son respetados, ni por los gobiernos, ni por los intereses de empresas privadas.

En Bolivia el modelo extractivista que se puede extrapolar al mundo entero, está pisando los derechos de los Pueblos Indigenas a la libredeterminación, a la consulta previa libre e informada, de buena fe, a la protección de sus lugares sagrados a vivir en un ambiente sano, a la salud universal a la educación, etc.

Las mujeres indígenas sufren a la vez impactos diferenciados de este modelo extractivo que vulnera sus derechos y, así mismo, como parte de sus pueblos ellas resisten y defienden de forma colectiva la sobrevivencia de la cultural, de sus territorios poniendose al frente de la resistencia con sus propios cuerpos.

En ese sentido y acorde al momento que vivimos, desde el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA y desde la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT; creemos que es más urgente que nunca pronunciarnos en esta fecha importante:

  • En defensa de la Madre Tierra, por el derecho de los pueblos indígenas a vivir en un territorio libre de contaminación y de violencia.
  • En defensa de los territorios colectivos que son un derecho milenario conquistado por los pueblos indígenas del mundo y de Bolivia.
  • Exigiendo el respeto a la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS) como derecho legítimo de los pueblos en la protección de su territorio y de sus lugares sagrados.
  • Denunciando la violencia medioambiental que se ejerce contra las mujeres indígenas en escenarios de extractivismo de toda índole que afecta la integridad y reproducción de la vida y de la cultura de centenares de comunidades.
  • Por el derecho de los pueblos no contactados de mantenerse en aislamiento sin temor a ser afectados por actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales.

Bajo este alarmante escenario de atropellos de los derechos de los Pueblos Indígenas, como ocurre en el TIPNIS  y en los territorios indígenas donde  se asientan actividades extractivas, nos sumamos al llamado de  la unidad y a la acción coordinada de pueblos indígenas y la sociedad civil, para lograr frenar este tipo de atropellos.

RENAMAT

COLECTIVO CASA

Colectivo CASA
Oficina Oruro
Junin Nº 719 entre La Plata y Presidente Montes
Telefono fax: 591 (2) 5251406

Oficina La Paz
Potosi, esq. Genaro Sanjines, Pasaje peatonal de la cultura. Edificio Libertad Piso 9 oficina 904,
Telefono 591 (2) 71975803
Bolivia

 

Internacional

Sierra Leona se queda sin tierra cultivable

Autor: Chema Caballero, El País.

Sierra Leona atrae flujos significativos de Inversión Extranjera Directa (IED); esto es, capitales foráneos para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, principalmente. Este fenómeno comenzó hace años, pero en 2014 se detuvo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola. Ahora, tras superarse esa crisis, de nuevo se ha acentuado. En el pequeño país de África Occidental estás operaciones están orientadas, mayoritariamente, a la minería y a la agroindustria para la exportación y suelen involucrar acuerdos de tierras a gran escala facilitados y negociados por funcionarios gubernamentales, políticos locales y jefes tradicionales.

Las personas y comunidades afectadas por la expropiación forzosa de tierras que acompañan a estos proyectos suponían que iban a recibir compensaciones justas que les permitirían mejorar sus vidas y, además, esperaban encontrar oportunidades de empleo remunerado con las empresas multinacionales beneficiarias de estos acuerdos. Pero la realidad dista mucho de esas expectativas y promesas. Esto ha creado una frustración que se traduce en un aumento de la tensión social en el país.

Entre 2009 y 2012, al menos 1.154.770 hectáreas, cerca del 21.4% del total de la tierra cultivable de Sierra Leona fueron cedidas para proyectos de agroalimentación, estimaba el informe Who is benefiting? elaborado por la coalición de ONG Action for Large-Scale Land Acquisition Transparency (ALLAT) en 2013. Estas cifras no contabilizan las concesiones realizadas en el sector minero.

Desde que se publicó aquel estudio no se cuenta con nuevos datos fiables sobre el total de tierra usurpada por compañías extranjeras en Sierra Leona. Sin embargo, activistas medioambientales y de derechos humanos apuntan a que el porcentaje ha seguido en aumento una vez que la epidemia de ébola se declaró oficialmente terminada en marzo de 2016.

Uno de los sectores que más inversiones ha recibido en Sierra Leona es el de la bioenergía. Addax Bioenergy, una filial de Addax and Oryx Group, con sede en Suiza, es el mayor inversor en este campo. Su caso sirve para analizar este tipo de proyectos. La apuesta de la compañía en el norte de Sierra Leona fue aprobada como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Kioto. Esta norma permite a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas suscribir acuerdos para cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). No cabe duda de que fue una buena noticia al tratarse del primer proyecto de generación de energía a base de caña de azúcar para la producción de etanol que adquiría el sello de MDL en África, como anunció en su día el periódico Awoko.

Desde un principio, la empresa, además de dejar claro que su objetivo principal es la exportación, declaró que iba a generar 120 GWh al año destinados a la red eléctrica sierraleonesa. Esto le generó grandes elogios por parte del presidente Ernest Bai Koroma durante un discurso en el Parlamento nacional. El problema de la electricidad es uno de los muchos que acucian al Gobierno del país que no termina de cumplir su promesa de conducir la energía a las principales ciudades. Además, en aquellas partes donde llega los cortes son frecuentes.

A pesar de todo esto, Addax Bioenergy ha sido criticada por ONG locales e internacionales (basta ver el informe de ALLAT como ejemplo de ello). Estas organizaciones alegan que esta inversión ha tenido importantes impactos negativos en las comunidades locales afectadas: compensaciones insuficientes a los dueños de la tierra, desplazamiento de poblaciones, bajos salarios e incumplimiento de las expectativas de generación de empleo. Además, los privilegios y exenciones de impuestos otorgadas a esta, y otras compañías, pueden suponer pérdidas de millones de euros para el Estado sierraleonés, denuncia ALLAT.

Este caso sirve para entender las incertidumbres y ambigüedades que acompañan a la entrada de IED en la minería y la agroindustria de Sierra Leona, y de muchos otros países africanos. Los donantes internacionales, los inversores, el Gobierno y también muchos sierraleoneses de clase alta y media (profesionales, empresarios, elites…) resaltan las perspectivas de desarrollo asociadas a las IED. Sin embargo, la mayoría de los sierraleoneses todavía luchan por poder sobrevivir en una nación donde, a pesar de estas inversiones millonarias, más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el país ocupa el puesto 179 (de 188) en el último Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Podríamos también haber elegido como ejemplo a una de las empresas que han conseguido concesiones en el sector minero. Este es el caso de African Minerals Limited, recogido por Human Right Watch (HRW) en el informe Whose Development? Human Rights Abuses in Sierra Leone’s Mining Boom, y que en noviembre de 2015 fue denunciada ante un tribunal londinense por los residentes de las aldeas cercanas a la explotación a la que acusan de desalojarlos de sus comunidades y tierras con métodos violentos.

En el sector de la minería es donde se han producido los mayores abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Aquellos que han conseguido un empleo se quejan de la prohibición de afiliarse a los sindicatos, de los bajos salarios, de la falta de seguridad en el trabajo y del tratamiento racista que reciben por parte de los expatriados. Esto ha originado algunas huelgas que han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad sierraleonesas, como bien recoge el informe de HRW.

Independientemente de los elogios que estas compañías puedan recibir, la realidad es que la usurpación de tierras está teniendo un efecto negativo en la lucha contra la pobreza. Ni siquiera los que consiguen ser empleados por las nuevas compañías pueden sentirse privilegiados en su nueva situación.

Desde hace tiempo, algunos periodistas sierraleoneses denuncian que, a pesar de los argumentos utilizados por el Gobierno para seguir apoyándolas, estas inversiones extranjeras a gran escala no están reduciendo la alta tasa de desempleo que tiene el país. Afirman que muchas de las empresas detrás de estas operaciones, como es el caso de Addax o Socofim, han realizado muchas promesas que son difíciles de verificar ya que los acuerdos firmados no son transparentes. Además, dudan de que las tierras estén siendo tasadas de acuerdo con el verdadero precio de mercado. También en este punto existe mucha opacidad. Y advierten de que de mantenerse el actual ritmo de concesiones, el país se quedará sin tierra cultivable en un futuro no muy lejano.

“En realidad, los agricultores se han visto obligados a vender sus tierras por una miseria. La mayoría de las esperanzas de mejores medios de vida, más empleos y mejores escuelas para los hijos no se han hecho realidad. Los acuerdos de tierras a gran escala han hecho que miles de pequeños agricultores sean hoy mucho más pobres”, afirma Elijah Grega en un artículo publicado en Development and Cooperation.

Fruto de todos estos abusos, la tensión social está creciendo en el país. La gente está enojada porque los inversores, que se llenan la boca de palabras como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no están respetando las promesas hechas. Sin embargo, el Gobierno sí les ofrece importantes recortes de impuestos y utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas y resistencia de los agricultores que se ven expulsados de sus tierras o de los mineros que reclaman mejoras laborales. Al mismo tiempo, los activistas por los derechos de la tierra están siendo criminalizados y algunos han sido condenados a prisión por los tribunales, afirma Grega.

Lo único positivo de esta situación es que los agricultores han comenzado a organizarse y a alinearse con los defensores de derechos humanos. Tras varios años sin poder ejercer ninguna presión debido a los toques de queda impuestos por el Gobierno para prevenir la expansión del ébola, finalmente retomaron sus acciones. Esto ha empujado al Ejecutivo a aprobar una nueva ley de Propiedad de la tierra, que fue firmada por el presidente el pasado 23 de marzo.

Algunos activistas que consultados afirman que no es un mal documento y que puede significar el principio de algunos cambios. Pero dudan de la voluntad del Gobierno para desarrollarlo e implementar sus propias disposiciones. De todas formas, han decidido darle un voto de confianza hasta ver qué sucede realmente. A cambio piden, como gesto de buena voluntad, que no se otorguen nuevas concesiones de tierra, o al menos se disminuya su ritmo, hasta que se pongan en marcha las nuevas reformas. Por ahora, todo indica a que no se está teniendo en cuenta esta petición, por lo que es posible que la tensión social siga en aumento en Sierra Leona y desemboque en actos violentos en los próximos meses, indican las mismas fuentes.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/06/29/africa_no_es_un_pais/1498745194_340675.html

Perú

Cusco: firman acta final de mesa de desarrollo de Chumbivilcas

Autor: El Comercio.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

Acuerdo ratifica plan de inversión por un monto superior a S/2 mil millones. Se busca poner fin a conflicto minero en la zona.

El ejecutivo firmó hoy junto a autoridades y representantes de la provincia de Chumbivilcas, ubicada en la región Cusco, el acta final de la mesa de desarrollo de dicha provincia, donde se ratifica un plan de inversión de más de S/2 mil 700 millones para la ejecución de diversas obras.

Este plan de desarrollo atenderá la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Se priorizará una inversión de más de S/800 millones en 145 proyectos de agricultura, educación, salud y transporte, así como de agua potable y saneamiento. Además se adquirirán ambulancias y equipos médicos para el hospital de Santo Tomás y otros centros de salud de la provincia.

Una de las principales obras será la construcción del corredor minero, una vía asfaltada entre Apurímac y Cusco, por donde camiones de diferentes empresas mineras transitarán sin contaminar con polvareda los campos de cultivo de los comuneros de ambas regiones.

En esa misma línea también se acordó la constraucción  de una carretera de 175 kilómetros de longitud que unirá las localidades de Quiñota, Llusco, Santo Tomás, Velille, Maranniyoc y Espinar.

“Tras cuatro meses de diálogo, hemos logrado en tiempo récord concretar y poner en marcha un plan de inversiones que beneficiará a los pobladores de Chumbivilcas. En seis meses regresaremos a Cusco para evaluar el avance de los proyectos”, afirmó el ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, quien representa al gobierno en esta mesa de desarrollo.

«La provincia está confiando en el proyecto. Esperemos que lo propuesto se cumpla en los plazos establecidos. Estamos poniendo las manos al fuego por nuestras autoridades. Podría haber un problema social muy grande si no se hace», aseguró David Vera, alcalde de Chumbivilcas.

Como se recuerda a finales del año pasado la población de Chumbivilcas realizó una serie de protestas contra las mineras Hudbay y MMG Las Bambas por la contaminación que causa la polvareda de sus camiones. Al gobierno se le reclamaba más inversión en salud y educación.

Las conversaciones se vieron paralizadas en diciembre, cuando el ejecutivo decretó el estado de emergencia en la provincia por 30 días debido a los actos de violencia registrados, como la destrucción de las oficinas de la empresa prestadora del servicio de agua potable en el distrito de Santo Tomás. Tras el levantamiento de la medida de fuerza se retomó el diálogo a fines de enero.

Cabe mencionar que el gobierno tiene en Chumbivilcas otras mesas de diálogo en los distrito de Velille y Chamaca. Estas mesas aún continúan en desarrollo en busca de acuerdos.

Situación en Las Bambas

El pasado 4 de abril comuneros de la comunida campesina de nueva Fuerabamba, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, en Cotabambas, llegaron a un acuero con representantes de la mina MMG Las Bambas, donde se estableció que los miembros de su comunidad será contratatos por la empresa con un sueldo no menor a los S/2 mil mensuales. Esta diálogo también fue mediado por representantes del MEM. En días previos algunos comuneros realizaron bloqueos en el sector de Yavi Yavi, afectando la circulación de camiones con producción minera.

Tamayo, del MEM, señaló recientemente que existe un programa de inversiones de 2,000 millones de soles para desarrollar 299 proyectos en la zona de influencia de la mina Las Bambas.

Como se recuerda, el Ejecutivo y autoridades de la provincia de Cotabambas, acordaron en febrero dar inicio a la ejecución de los proyectos en el Plan de Desarrollo de Cotabambas, una propuesta trabajada por ambas partes y que incluye 291 proyectos de inversión.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-firman-acta-final-mesa-desarrollo-chumbivilcas-413218.

Chile

RIO TINTO y su insistente búsqueda de yacimientos a explotar en región de Arica y Parinacota

Autor: Relaves.org

En nuestro país aún no existe una Ley de PAM (Pasivos Ambientales Mineros) ni norma de suelos. No obstante, Chile sigue mostrándose abierto a proyectos mineros de gran escala. Como éste! Río Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen “éxito”, a desarrollar una faena a gran escala.

Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen éxito, a desarrollar una faena a gran escala.

La firma busca a nivel mundial yacimientos de tamaño relevante para poder explotarlos, y aunque en el pasado desarrolló programas de exploración sin mucho éxito, Rio Tinto continúa en su apuesta por nuestro país y espera recibir luz verde para un nuevo programa en Chile. Según una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la compañía espera realizar sondajes a 58 kilómetros de Arica, en un terreno ubicado a 2.100 metros de altura, en un proyecto denominado Palmani.

El proyecto, señala el documento presentado por Rio Tinto, “tiene por objetivo el descubrimiento y caracterización del potencial de una concentración de sustancias minerales, que eventualmente pudieren dar origen a un proyecto de desarrollo minero en el futuro”. Para eso, instalarán 10 plataformas de sondajes en los terrenos ubicados en Arica y, así, determinar el potencial de la zona.

Actualmente, Rio Tinto posee el 30% de la propiedad de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, pero no opera ningún yacimiento en Chile. Anteriormente, la firma ha desarrollado exploraciones en asociación con Codelco, pero hasta el momento no se han comunicado grandes avances.

Chile está dentro de las prioridades de la compañía en su búsqueda de proyectos desde cero, denominados como greenfield . “En los últimos años, Rio Tinto ha trasladado el énfasis de los gastos de exploración a proyectos en la OCDE y Perú en línea con el creciente enfoque en la exploración del cobre”, indica su último reporte anual.

También es una de las prioridades del grupo el desarrollo del cobre, por lo que las características geológicas de Chile calzarían con este objetivo. Según un reporte, la consultora SNL Metals & Mining, Rio Tinto fue la gran minera que más invirtió en exploración del metal rojo a nivel mundial, gastando US$ 151,6 millones.

Caída en exploración

Pese al repunte que han tenido las materias primas en los últimos meses, las grandes compañías siguen impulsando ahorros de costos, siendo la exploración uno de los ítems más afectados.

Es así como el año pasado en Chile el presupuesto en exploración minera bajó a US$443,4 millones, es decir, alrededor de US$172 millones menos que en 2015. A su vez, 2016 fue el cuarto año de caída consecutiva en los presupuestos.

Fuente: http://www.relaves.org/2017/07/12/rio-tinto-y-su-insistente-busqueda-de-yacimientos-a-explotar-en-region-de-arica-y-parinacota/

Mexico

Protestan contra mineras en Acacoyagua

Autor: Remamx.org

COMUNICADO DEL FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO

Alertamos sobre las dos agresiones que sufrimos esta semana

Acacoyagua, Chiapas, México   A 4 de agosto del 2017.A los medios de comunicación de Chiapas y México, A la sociedad civil mexicana en general, A los defensores y las defensoras del territorio en México y el mundo,

Desde el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), les alertamos sobre la creciente tensión social a la que nos estamos enfrentando en Acacoyagua, donde llevamos más de dos años luchando pacíficamente por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestro municipio y el de Escuintla.

Esta semana, tan solo entre el lunes 31 de julio y hoy viernes 4 de agosto, hemos sufrido dos agresiones por parte de un grupo de personas encabezadas por Julio Alfaro, ligado a la minera El

Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio “Casas Viejas”, a la cual nos oponemos firmamente.

Protestas

El 31 de julio, un grupo de 50 personas, encabezadas por Julio Alfaro, llegaron a nuestro campamento en el puente del río Jalapa, en el municipio de Acacoyagua, para intimidarnos y pedirnos que dejáramos pasar los camiones de la minera El Puntal hacia la mina “Casas Viejas”. Nosotros integrantes del FPDS somos defensores pacíficos, por lo que no caímos en la provocación y esperamos que se retiraran.

Recordamos que los habitantes de Acacoyagua (a la vez municipio y ejido), tenemos un acuerdo ejidal en el que prohibimos el paso de máquinas pesadas en los caminos ejidales y otro en el que prohibimos la actividad minera en nuestro territorio. Nadie puede oponerse a estas dos decisiones nuestras y estamos en nuestro derecho cuando tapamos el paso a los camiones de la minera El Puntal en la salida de la comunidad Jalapa, por donde buscan entrar a la mina.

Hoy, 4 de agosto, nos presentamos en frente del palacio municipal alrededor de 200 hombres y mujeres integrantes del FPDS para entregar un oficio al presidente municipal en el que le informábamos sobre esta primera agresión. A las 12:00 horas, una comisión del FPDS de 12 personas, acompañadas por un integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., pudo entrar y entregar dicho oficio, no al presidente municipal que se encontraba ausente, sino a su asesor jurídico. En el documento, le exigimos se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, puesta en riesgo por la agresividad de los mineros y la pasividad de la autoridades.

No a la mina, gritan en Acacouyagua

Mientras nuestra comisión estaba a dentro de la presidencia entregando el oficio, llegó un grupo de alrededor de 100 personas, encabezadas por Julio Alfaro, quienes vinieron a entregar documentos que supuestamente comprueban que la minera El Puntal está operando la mina “Casas Viejas” legalmente, con 28 permisos.

Pero no llegaron solo a hacer ese tramite. Al ver que estábamos presentes, empezaron a provocarnos y desligitimar verbalmente nuestra labor en defensa de la vida, así como la de las organizaciones que nos acompañan en nuestra lucha, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de a Tierra México y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Buscaron hacernos caer en la confrontación, lo que nos negamos a hacer. Fue necesaria la intervención de la policía municipal para que cese la agresión. Julio Alfaro pudo entregar su documentación a condición de que él y su grupo se retiraran inmediatamente.

Zapata antiminero

Urge que el presidente municipal de Acacoyagua nos escuche, se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, y que nos informe sobre si esos supuestos 28 permisos fueron otorgados o no a la minera El Puntal para operar la mina “Casas Viejas”. Esperamos lo haga en la reunión que el ayuntamiento se comprometió a realizar la próxima semana con nosotros y con el cabildo.

Estamos preocupados por la pasividad de las autoridades ante la violencia que hacen reinar en Acacoyagua las personas a favor de la industria minera. Nuestra lucha es justa y digna, y no debemos aceptar que nosotros, como muchos defensores en Chiapas, Mexico y el mundo, seamos agredidos por defender la vida.

FIRMAMOS:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)
OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA.
Fuente:http://www.remamx.org/2017/08/protestan-contra-mineras-en-acacoyagua/
Mexico

Gobierno y Grupo México olvidan a damnificados por derrame minero en Sonora

Autor: Hermosillo Son , La Jornada .

Al cumplirse ayer tres años del mayor desastre ambiental en el país, provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, miembros de los comités de cuenca y activistas de la organización no gubernamental Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de la ciudad de Hermosillo para exigir a las autoridades federales y al consorcio minero Grupo México la remediación total de los estragos causados hace tres años por un derrame de residuos tóxicos en dicho cauce.

Acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal –por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– y al consorcio minero Grupo México, cuya filial, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, vertió en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, en perjuicio de 22 mil lugareños.

Los inconformes se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos quedó suspendido el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Con esos recursos supuestamente se resarcirían los daños causados por la contaminación del río, se brindaría atención médica a los afectados y se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.

Después de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomaron muestras de agua y determinaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río. Por ello, ya no se ejercieron 700 millones de pesos.

Los manifestantes, convocados por los comités de cuenca del río Sonora, señalaron que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo –también subsecretario de la Semarnat–, usó en forma arbitraria los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.

Buscan omitir remediación

Benjamin Cokelet, director y fundador de la organización civil Poder, que asesora legalmente a los afectados por el derrame, señaló que Grupo México violó acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Aseguró que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.

Apuntó que el consorcio de Larrea Mota Velasco actúa en forma ilegal y arbitraria no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Perú, entre otros países.
Los más de 300 inconformes rechazaron la propuesta que el diputado priísta Fermín Trujillo presentó en el Congreso local, para que la ribera del río Sonora sea declarada zona económica especial.

Dicha iniciativa ha sido expuesta tanto en la Legislatura como en sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San Felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera discreta y con votaciones unánimes, sin reglamentación de por medio y sin precisar su función.

Durante la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi, respectivamente, afirmaron que, debido a la opacidad de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.

Resarcir falsamente la falta de remediación. Para eso quieren la zona económica especial. No queremos que tapen un problema mayor con una curita. No hubo información previa y oportuna, reprochó Óscar Encinas Gámez.

Mientras los ciudadanos protestaban en Hermosillo, la mina Buena Vista del Cobre seguía operando. Guardias privados y elementos de la Policía Federal resguardaron los accesos al yacimiento, ante la posibilidad de una manifestación.

Los trabajos se realizan en los yacimientos La Mariquita, El Jaralito y 16 de Septiembre, en una franja de 37 kilómetros de largo y 22 de ancho. La mina vierte desechos tóxicos en más de tres presas de lixiviados cercanas al río Sonora.

El derrame de 40 mil metros cúbicos ocurrido el 6 de agosto de 2014 afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinillo, que abastece a la mitad de la población de Hermosillo.

Grupo México reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus utilidades aumentaron más de 60 por ciento en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares.

Sin embargo, tres años después del derrame tóxico, la empresa no ha cumplido su compromiso de remediar los daños ambientales, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes afectados.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/07/gobierno-y-grupo-mexico-olvidan-a-damnificados-por-derrame-en-sonora

 

Argentina

Argentina quiere el trono de Chile en el litio

Autor: Carolina Pizarro Maureira., La Tercera.

El país transandino está impulsando una cartera de proyectos para la explotación de litio que suma US$ 3.000 millones, con eso quiere producir más de 200 mil toneladas hacia 2020 y así robar el sitial que Chile ostenta en el mercado del oro blanco. Mientras, la indefinición de una política nacional sería un factor clave en el estancamiento de Chile, lo que se une al conflicto que existe entre SQM y Corfo.

Argentina quiere el sitial que Chile ostenta en el mercado del litio. El vecino país está implementando una fuerte política de fomento a las inversiones mineras donde el litio ha sido la gran estrella. Una de ellas fue la ejecutada en febrero de 2016, cuando el Presidente Mauricio Macri eliminó la retención a las exportaciones mineras, medida considerada “fundamental para la planificación de inversiones de mediano y largo plazo” por parte del presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Caem, Marcelo Álvarez.

Y será ese impulso el que podría provocar que Argentina se transforme en el mayor productor de litio en los próximos años. Por lo menos así lo estima el secretario de Minería del país transandino, Daniel Meilán. “De acuerdo a las proyecciones, y siendo conservadores, para 2020 Argentina será el primer productor mundial del litio”, dijo en marzo pasado en un seminario en Canadá.

Pero Meilán hoy va más allá y detalla a La Tercera que su estimación es que al 2020 el vecino país produzca más de 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente al año, superando la meta trazada por Chile, que gracias a los proyectos de Albemarle y SQM llegaría recién a las 148.000 toneladas.

Hoy, Argentina produce 30.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, lo que equivale a un 15% de la oferta global, versus las 64.000 toneladas de Chile, responsable de casi el 40% de las necesidades mundiales. El año pasado se produjeron 185 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, cifra que al 2020 se proyecta llegará a 345 mil toneladas. Entonces, con este nuevo impulso, nuestros vecinos esperan lograr la ambiciosa meta de abastecer más del 45% de la oferta mundial (ver infografía).

“El actual gobierno argentino y sus provincias, principalmente las de Jujuy, Salta y Catamarca, decidieron trabajar fuertemente en promover la exploración y explotación de yacimientos de litio. Creemos que esto es un gran costo de oportunidad para que Argentina aproveche la fiebre de demanda que existe por el litio”, indica Daniel Meilán.

Para llegar a ese anhelo, explica, se está diseñando una ambiciosa cartera de proyectos, que totalizarán inversiones por unos US$ 3.000 millones, destaca Meilán.

Hoy, el país que dirige Mauricio Macri posee dos proyectos en operaciones: el Salar de Olaroz y el Salar del Hombre Muerto, pero en este último la compañía Orocobre ha enfrentado varios problemas para poder producir lo inicialmente pactado. Por eso, en el mercado se estima que de toda la cartera de proyectos estimada al otro lado de la cordillera, solo dos o tres iniciativas podrán finalmente concretarse.

El que comenzará prontamente a operar es el que impulsa la chilena SQM, que junto con Lithium Americas y Jemse, están desarrollando el proyecto Exar, en el Salar de Caucharí, Jujuy. Se trata de la construcción de una planta de litio que irá en dos fases, para producir en total 50 mil toneladas de carbonato de litio equivalente y que su primera fase iniciaría su operación en 2019.

En Argentina existe una muy buena disposición para incentivar la inversión y mantener las reglas del juego de manera clara. Muestra de ello es la eliminación del impuesto a las exportaciones que se hizo el año pasado, una de varias medidas que el gobierno argentino aplicó y seguramente seguirá haciéndolo para incentivar la inversión”, explica el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac.

Agrega que el proyecto, ubicado a 300 kilómetros del Salar de Atacama, “es un gran complemento para nuestras operaciones de litio existentes en Chile”.

Albemarle, empresa que selló un acuerdo con Corfo para asegurar la venta nacional de productos industrializados a partir del litio, también está impulsando una iniciativa al otro lado de la cordillera. En específico, en el Salar de Antofalla, en Catamarca, pero que recién está en fase de exploración avanzada.

Indefinición de Chile

Pero la gran pregunta es ¿qué pasó con Chile, que dejó abierta la puerta para que el resto del mundo amenace su liderazgo? El país tiene los mejores yacimientos de litio del mundo en términos de concentración y condiciones ambientales en la Región de Atacama, posee el 52% de las reservas mundiales del mineral y es el líder en producción del llamado oro blanco, pero, pese a eso, no ha logrado desarrollar una industria como la del cobre.

En Argentina se cree que uno de los elementos que influyen en el estancamiento chileno es por el sistema de otorgamiento del permiso de extracción del mineral. “Creo que ello retarda el acceso privado a las propiedades mineras”, explica Meilán.

En Chile, el litio es un mineral “no concesionable”, por considerarse “estratégico”, lo que significa que sólo el Estado o por empresas estatales como Codelco, dueña del 18% del Salar de Maricunga y de 100% del de Pedernales, en Atacama, pueden producirlo.

Para algunos actores del rubro, las restricciones legales a la explotación del litio generan barreras de entrada adicionales, y si el país quiere mantener su competitividad en la industria tiene que necesariamente abrir el mercado.

En Argentina, en tanto, el litio tiene el mismo régimen que el resto de los minerales que se explotan, es decir, es concesionable. “Los recursos son de las provincias y pagan una regalía por la explotación de recurso. Asimismo, deben cumplir con las normativas para conservar dicha concesión”, explica Marcelo Álvarez, de Caem.

Daniel Meilán añade que en contra de Chile también influyó la “indefinición que provocaron las dificultades políticas que tuvo el tema del litio, lo que favoreció, como contrapartida, el desarrollo de la minería del litio en Argentina”.

Para la gerenta general de SignumBox e integrante de la Comisión del Litio, Daniela Desormeaux, el que Argentina haya impulsado la exploración de sus salares, hace unos años, fue una decisión que marcó la diferencia con Chile. “El trabajo de exploración que existe en Chile es mucho menor al que se ha desarrollado en Argentina, pero también es porque en Chile la propiedad minera está muy concentrada: está el Salar de Atacama, que es el principal, y existen los otros salares -como Maricunga, Pedernales y Siete Salares-, pero que son de un menor tamaño”, explica la experta.

También indica que es necesario que Codelco avance en la búsqueda de un socio para desarrollar las pertenencias que posee. “El Salar de Maricunga es el segundo mejor salar chileno después de Atacama y, en términos de calidad, es mucho mejor que cualquier salar de Argentina”, explica.

El gobierno sabe de estas deficiencias y ve cómo Argentina potencia las inversiones en este mineral, y aunque se estima que la apuesta del vecino país es de largo aliento aún, inquieta más el crecimiento que está mostrando Australia, país que se estima ya superaría a Chile. De hecho, de acuerdo con información de la Secretaría de Minería de Argentina, Australia produjo en 2016 cerca de 77.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, cifra que podría incrementarse, dado el aumento de producción que a inicios de año anunció Talison en la mina Greenbushes hacia 2019.

“Chile ya perdió el liderazgo. Y esto fue sin considerar el crecimiento que está proyectando Argentina. Se logró por Australia, país que junto con Argentina y Canadá concentran el mayor número de nuevos proyectos de litio, los que llegan a una cifra única de 350 a nivel mundial”, indica un ejecutivo de la industria.

Conflicto SQM-Corfo

Por todas estas aristas, en el gobierno preocupa que el conflicto que SQM y Corfo tienen desde hace más de tres años se siga extendiendo, sobre todo por lo que pueda suceder mirando hacia 2023, año en que a la compañía se le termina la cuota de extracción que fija la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), y el año 2030, en que se termina el contrato de explotación con Corfo.

Esto, porque se sabe que los únicos proyectos que en Chile se están impulsando en el negocio del litio son los de Albemarle, que pasará de producir 35 mil a 85 mil toneladas al año 2019 y la ampliación de capacidad de SQM, empresa que esta semana recibió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su iniciativa, que le permitirá alcanzar las 70 mil toneladas de carbonato de litio.

“Chile tiene que seguir creciendo, y para eso es necesario que el conflicto con SQM y Corfo se solucione. Eso es clave, porque el salar que tiene mayor expectativa y cualidades de crecimiento es el Salar de Atacama”, indica un ejecutivo de la industria.

Para Daniela Desormeaux, este conflicto genera “incertidumbre” en el mercado y, por eso, indica, “el tema entre Corfo y SQM tiene que solucionarse”.

Además, manifiestan en el gobierno que la única opción de crecimiento real que pueda tener Chile se dará solo en unos siete años más, como mínimo, y podría venir más por el lado de la cuprera estatal. “Por eso es clave que el Estado avance en los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol)”, indica una fuente del Ejecutivo.

Y agrega que la mayor preocupación es qué sucederá en Chile más allá del año 2020. “Hoy no hay un estancamiento en la industria del litio, porque hay proyectos. Están los crecimientos de Albemarle y SQM, pero ¿qué pasará después? Si no se soluciona ese problema, ellos no seguirán invirtiendo en Chile”, acusa la fuente. Y eso ya se está viendo, pues la compañía que hoy dirige Eugenio Ponce está ampliando sus inversiones a Argentina y Australia, y se espera que durante las próximas semanas se anuncie una inversión en un tercer país.

Pero la preocupación también se da por el lado de los recursos, pues estimaciones que ha hecho públicas el propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, el litio podría transformarse en el segundo producto de la canasta exportadora después del cobre, la que podría agregar al país más de US$ 10.000 millones en ingresos mirando hacia 2035.

“La clave para llegar a eso es, por un lado, generar un conjunto de factores de producción que permitan la industrialización, y requiere, además, que se resuelvan los problemas que existen en el Salar de Atacama”, ha destacado Bitran en varias intervenciones.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/argentina-quiere-trono-chile-litio/

Chile

Senado aprueba cambio del uso del agua en proyectos de minería

Autor: Patricio Segura , El Ciudadano

Se trata de un primer paso para limitar los privilegios de la minería sobre las “aguas halladas” en sus exploraciones y explotaciones, obligándoles a informar en 90 días sobre los afloramientos, pudiendo usar solo las que justificadamente requieran, pero sin afectar la sustentabilidad de los acuíferos o los derechos de terceros, entre otras medidas.

Un primer paso para limitar los privilegios del sector minero sobre los recursos hídricos aprobó la semana pasada la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en el marco de la reforma al Código de Aguas que se encuentra en su segundo trámite constitucional. Los senadores acordaron restringir el alcance de las “aguas halladas”, figura que en la legislación vigente permite a las empresas utilizar de facto y sin supervisión todos los caudales que afloren en sus faenas de exploración y explotación.

El proyecto que salió de la Cámara de Diputados obligaba a los mineros a informar y solicitar autorización sobre las también así llamadas “aguas del minero”, condiciones que eran resistidas por el Ejecutivo, la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero y una mayoría de los cinco integrantes de la comisión.  Fue en este contexto que en las últimas semanas el suspendido senador DC Jorge Pizarro se abrió a una propuesta alternativa, junto a sus colegas Adriana Muñoz (PPD, quien preside la instancia) e Isabel Allende (PS).  En contra se mostraron los senadores Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI).

De esta forma se aprobó la modificación al artículo 56 del Código de Aguas, estableciendo que las concesionarias mineras deberán “informar sobre las aguas halladas  para su registro, dentro de noventa días corridos desde su hallazgo, a la Dirección General de Aguas (DGA)” y podrán utilizar tales afloramientos “en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y no afecten la sustentabilidad de los acuiferos o los derechos de terceros”. Para ello deberán consignar ubicación, volumen y unidad de tiempo, además de las actividades que justificarían su uso. Adicionalmente, la utilización y goce se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión, porque dejen de ser necesarias para la faena o porque se destinen a un uso distinto.

En particular, y al contrario de lo que ocurre hoy, se estableció que el uso de y goce las aguas “no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5ºbis, o los derechos de terceros.  La Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiere grave afectación de los acuíferos o de derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos”.

Se determinó además que el servicio establecerá “un procedimiento simplificado para la minería artesanal o pequeña minería”.

Caudal Ecológico

El martes pasado, luego de aprobar los cambios al artículo 56, se comenzó el debate sobre la figura de caudal ecológico para derechos ya constituidos.

Hoy la disputa se centra en la presión que gremios energéticos como la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) están realizando sobre el Ejecutivo para ser eximidos (en sus centrales de hasta 20 megawatts) de la obligación de mantener caudales ecológicos, incluso en áreas protegidas.  Esta excepción, que ha sido apoyada por el gobierno, constituiría un factor de dumping ambiental que privilegiaría a empresas, en su mayoría extranjeras y con una capacidad de inversión de hasta unos  60 millones de dólares, (es decir unos 40 mil millones de pesos),  permitiéndoles en los hechos secar los ríos y sacrificar cuencas en pos de sus intereses económicos.

A esto se suma que en el artículo 129 bis 1 el Ejecutivo, mediante indicación, intenta eliminar la condición de caudal ecológico en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en las áreas amenazadas y degradadas, manteniendo su existencia solo al interior de parques nacionales, santuarios, reservas y monumentos naturales, además de humedales protegidos por la Convención de Ramsar.

Producto de esta ofensiva, desde la sociedad civil se ha difundido un video que alerta a los parlamentarios  y a la ciudadanía sobre tales cambios.

La importancia del caudal ecológico es que permite evitar el desecamiento de los ríos, asegurar el mantenimiento y funciones de las cuencas hidrográficas y la integridad de los ecosistemas que estas sostienen. Esto entrega seguridad hídrica a todas las actividades que requieren de la mantención de cuencas y caudales, tales como el agua potable, la agricultura, la industria y la sostenibilidad de las ciudades, entre otras.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/economia/senado-aprueba-cambio-del-uso-del-agua-en-proyectos-de-mineria/08/07/

Mexico

Trabajos de exploración de minería podrían tardar años: Lavida

Autor: Redacción Xeu Noticias

Los trabajos de exploración de la mina El Cobre 2 en Actopan y Alto Lucero podrían ampliarse hasta 100 años, alertó el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel.

En entrevista, explicó que lo único que tiene que hacer la minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Mineral, para lograrlo es entregar un informe a la Secretaría de Economía solicitando la ampliación.

«Los permisos de exploración son por 50 años, y una vez que se cumplen basta un oficio a la Secretaría de Economía que tiene 72 horas para decir que sí; serían 100 años de concesión».

Por ello, dijo que es urgente que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares emita un decreto para declarar a las comunidades de San Juan Evangelista, Villa Rica, Los Baños y Rancho Nueva Italia, como área natural protegida.

Fuente:http://xeu.com.mx/nota.cfm?id=917418