Denunciamos el contubernio del gobierno de Chiapas con las empresas mineras en el Soconusco. La empresa minera el Puntal S.A. de C.V. hostiga, amenaza y bloquea a los ejidos que denuncian la actividad minera. El gobierno de Chiapas omite las denuncias de la población, simula atención al conflicto y apoya a las empresas mineras.

En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) comunicamos nuestra decisión de suspender las mesas de trabajo establecidas con el gobierno de Chiapas por incumplimiento de acuerdos, así como los hechos que nos demostraron su complicidad con la empresa El Puntal S.A de C.V. para crear división comunitaria en los ejidos y deslegitimar nuestra lucha .

Hoy, alzamos la voz y llamamos a los medios de comunicación, organizaciones y colectivos para denunciar que las amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera El Puntal S.A de C.V. se elevan con la protección de la Policía Estatal y que las instancias de Salud y Medio Ambiente del gobierno de Chiapas cierran el trabajo de investigación que les correspondería realizar para atender los casos de afectación a la salud, niegan todo tipo de contaminación o alteración al medio ambiente, justifican los permisos autorizados a las empresas y desvían responsabilidades entre diferentes instancias para no asumirlas.

Lo que afirman las instancias de Salud y Medio Ambiente, y lo que les contestamos:

a) El Dr. José Esaú Guzmán Morales, Jefe de Jurisdicción Sanitaria No.7 afirma no encontrar casos sospechosos de afectación a la salud o indicios de algún problema en el agua por la minera en el ejido Libertad, tampoco acepta aumento en la mortalidad en Acacoyagua (Oficio no. JST/ST/005/2147/2017).

Contestamos: Las conclusiones que elabora el Dr. José Esaú Guzmán Morales son a base de una brigada de visita al ejido Libertad que realizó una campaña de limpieza de manos, en una sola visita de 3 horas el 6 de octubre del 2016, sin presentar perfil profesional del personal, protocolo de investigación epidemiológica y estudios del agua que comprueben que la comunidad no se encuentra expuesta a ningún tipo de contaminación.

b) Amado Ríos Valdez, Delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) detalla que los permisos para la explotación y exploración para la empresa El Puntal S.A de C.V. fueron otorgados para que la ilmenita (la roca de donde se extrae el titanio) fuera extraída en bruto y se llevara a otro lugar para la separación de minerales (oficio Núm. 127DFSMARNT/15S.114.3/626/2017). Expone que el titanio no es contaminante e incluso que el dióxido de titanio se utiliza en varios productos.

Contestamos:

– El proyecto «Casas Viejas» es solo uno de los cinco proyectos establecidos desde el 2012 en Acacoyagua y Escuintla que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo y en un área de una de las fallas tectónicas más importantes de México: la falla de Matagua (de la que ya se han extraído 49,000 toneladas de titanio, según reporte de la empresa Male S.A de C.V.).

– Además, la SEMARNAT no contempla los impactos acumulativos de todos los proyectos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada (ubicada río debajo de los ríos Cacaluta y Cintalapa): deforestación, riesgo para la biodiversidad que mantiene el ecosistema, daño a los mantos acuíferos por los barrenos, entre otros. Además, aunque afirma que no ha otorgado permisos en área de reserva natural si los ha otorgado para 17 concesiones más.

c) La PROFEPA por su parte, junto con la delegación de la SEMARNAT, asegura que no realiza ninguna inspección porque la mina «Casas Viejas» apenas se encuentra en fase de exploración.

Contestamos: La población ha comprobado la extracción del mineral y dos carreteras clandestinas para transportar el material. La PROFEPA no presentó los reportes semestrales de atención a medidas de mitigación para la supuesta fase de exploración.

Por todo lo anterior, denunciamos que el gobierno de Chiapas no cumplió con los compromisos que tomó en el marco de las mesas de trabajo y simuló atender el conflicto minero y las violaciones a derechos humanos que sufrimos en la región a causa de la actividad minera.

Expresamos nuestra preocupación por el avance de las amenazas y hostigamiento hacia los campamentos y a los integrantes del FPDS:

– El bloqueo de la empresa El Puntal S.A. de C.V. al paso para la administración del agua potable en el ejido de La Cadena, en el lote «El Encuentro»;

– Hostigamiento a los y las integrantes del FPDS por parte de elementos la Policía Estatal el 8 de abril 2017 en el campamento «José Luciano» ubicado en La Cadena;

– Notas en periódicos y en la radio donde se asegura que los/as integrantes del FPDS son grupos de choque, amenazan a la población y extorsionan a la población para dar paso en los campamentos.

Exigimos:

1. La suspensión definitiva de la actividad minera en la región, así como realice la vigilancia correspondiente por parte de las Autoridades ambientales;
2. El cese al hostigamiento y amenazas al FPDS. Alertamos sobre el incremento de las amenazas y protección del gobierno hacia las mineras;
3. La cancelación definitiva de los permisos y concesiones otorgados a empresas mineras en Escuintla y Acacoyagua.

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_-_Chiapas_Defensore_as_del_territorio_de_la_Costa_denuncian_el_contubernio_del_gobierno_estatal_con_las_empresas_mineras

COMUNICADO

10 de Abril 2017

Ante la pretensión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este mes de abril de 2017 una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos a favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifiesta su enérgica oposición al respecto, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado, deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.

¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitándoles toda prebenda que la industria extractiva exige, para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, las premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad

misma de sus territorios.

La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías. Pero además, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no está en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.

La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y de nuestros territorios.

La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más y categóricamente, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental . Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista que no toma en cuenta el medio ambiente

y la salud pública.

La iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.

Se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron. Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

REMA

OAXACA, Oax. (apro).- La asamblea comunitaria en San Mateo Macuilxóchitl acordó de manera unánime impedir que se instale una base militar en ese territorio zapoteco, pues asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende militarizar el estado de Oaxaca ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos.

La Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (R.E.D.T.) señaló que, pese a las presiones de Sedena para que la comunidad zapoteca “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense a cambio de otorgarles concesiones de taxis, la población rechazó la oferta.

La “donación” que pedía la Sedena era a cambio de una concesión de taxis para los dueños de los terrenos que ocuparía, pero la asamblea comunitaria de Macuilxochitl lo analizó y decidió rechazar la propuesta, pues sólo se beneficiaría a unos cuantos y no a toda la comunidad.

De igual forma, rechazaron la instalación del hospital de especialidades para elementos castrenses porque los pobladores de Macuilxochitl no tendrían acceso, por tal razón, la respuesta comunitaria fue negativa.

El asunto se analizó en la asamblea de la comunidad del pasado domingo 5 de marzo de 2017 y los pobladores concluyeron que “si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro”.

Consideran que la petición de la Sedena es instalar una base militar en esta comunidad del valle de Tlacolula, la cual albergaría a cerca de 5 mil soldados del Ejército Mexicano, además de que se construiría un hospital de especialidades para militares al cual no tendría acceso la población civil de San Mateo Macuilxóchitl.

El Colectivo Quiyehuixitao de San Mateo Macuilxochitl sostuvo que “comprendemos así la urgencia del Estado para tener el control de un territorio sumamente concesionado para megaproyectos, que junto con empresas extranjeras y nacionales, tienen planeados para las regiones de Oaxaca”.

Mencionó que “por control entendemos la militarización completa de la región para así allanar el camino a los grandes intereses de la industria extractivista y energética, desembocando esto en más violencia y represión para las comunidades que se resuelvan a defender su territorio ante el despojo inminente”.

Y es que tan solo en el distrito de Tlacolula se tienen contabilizadas hasta ahora 39 concesiones mineras distribuidas a lo largo y ancho de este territorio, así como otras siete en su colindancia.

Aunado a esto, se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético “Ixtepec – Yautepec Morelos”.

Pero Macuilxóchitl no fue la única comunidad que rechazó el proyecto de la Sedena, porque la comunidad de Teotitlán del Valle también acordó dar un rotundo “no a la donación de 300 hectáreas y/o venta de la propiedad comunal para instalaciones de las fuerzas castrenses.

Ahora, las autoridades estatales y federales pretenden convencer a los habitantes de la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros, ofreciendo una cuantiosa suma de dinero a cada propietario para la compra de sus terrenos.

Recordaron que desde que comenzó el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se aprobaron una serie de megaproyectos para Oaxaca, ya que la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera en el estado para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

Lo grave es que “todo esto se realizó sin consultar a las respectivas asambleas de los pueblos donde se pretenden explotar dichos minerales y de paso contaminar y dejar inservible el agua que abastece a todo el Estado de Oaxaca”.

Fuente:http://www.grieta.org.mx/index.php/2017/03/27/denuncian-intencion-de-militarizar-pueblos-indigenas-en-oaxaca-para-imponer-megaproyectos/

Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.

En el resumen del documento de ese estudio titulado: “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016”, Poder revela que, tan sólo en el sector agrícola se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7 por ciento del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad.

Destaca que Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registrada 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio poblano, a través de 39 empresas.

El segundo lugar en extensión concedida para exploración/explotación minera la tiene Industria Peñoles con 152 mil 253.1 hectáreas. Con más del 700 por ciento de distancia del segundo lugar, la tercera posición la ocupa Autlán Holding con 19 mil 13.9 hectáreas. Las otras 38 mil hectáreas se dividen entre Sunshine Silver & Refinig Corporation, Minera Frisco, Goldcorp, SCR-Sibelco NV, Corporativa la Cruz Azul e Ingersoll-Rand Plc.

Según Poder, Almaden Minerals cotiza en la Bolsa Canadiense de Valores, donde –en 2015– reportó ingresos por 303 mil 403 millones de dólares. Esa firma es la dueña de las subsidiarias Minera Gavilán y Minera Gorrión que operan en Ixtacamaxtitlán.

El documento destaca que hay nueve países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7 por ciento de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263 mil 957 hectáreas, contrastado con el 5.7 por ciento de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194 mil 568 hectáreas y, Estados Unidos, apenas logró el 1.5 por ciento, lo que significa 51 mil 550 hectáreas.

En el estado de Puebla hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372 mil 408.5 hectáreas. En la Sierra norte de Puebla se concentran el 38.13 por ciento de las hectáreas concesionadas en todo del Estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53 por ciento, con 19 títulos. Seguido por empresas particulares que ostentan el 24 por ciento y la estadounidense Freeport-McMoran INC ostenta el 11 por ciento. Autlan Holding el 5 por ciento Industria Peñoles solamente el tres.

Estos proyectos operan en Tetela de Ocampo, Zapotitlán, Zautla, Xochiapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyahualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Huitzilan, Zongozotla, Cuautempan, Hahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupan, Chila, Honey y Pahuatlán.

Los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Zautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Ahuazotepec. Concesiones compartidas con Tepeyahualco, Chignaupan, Tetela, Aquixtlay Xochiapulco. Los cuatro títulos de Freeport-McMoran INC: 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignauapan, 1 en Cuyoaco. Los cinco títulos de Industria Peñoles: 2 en Zautla, 3 en Tlatlauquitepec. La también minera mexicana Autlan ostenta 22 títulos, distribuidos así: Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueyapan, Zaragoza.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/mineria-compite-por-tierra-y-agua-con-poblaciones-de-puebla