En lo que va del año, en la provincia de Chumbivilcas se han registrado tres manifestaciones en contra de la empresa minera Hudbay. Este último martes 09 de agosto acaba de iniciarse la cuarta protesta en la comunidad de Chilloroya distrito de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas.
Según los pobladores de Chilloroya, HudBay ha incumplido con los acuerdos asumidos mediante un convenio suscrito el año 2012, en el cual se comprometía a brindar puestos de trabajo para los pobladores, capacitaciones en tema ambiental, entre otros. Hasta la fecha no hay respuesta alguna por la empresa.
Asimismo se denunció que los ríos están contaminados, el tajo abierto genera demasiada polvareda, el pésimo estado de las vías de ingreso de Espinar a Chillloroya generan polvareda y por consiguiente el daño a la salud de la población.
La paralización de la comunidad inicio con el bloqueo de la carretera por la que transitan los camiones de la empresa minera. Mientras tanto los carros que tienen ruta de Matarani a Uchucarco continúan con el paso.
En las comunidades campesinas del noroccidente del distrito metropolitano de Quito renace la esperanza. Ayer 11 de agosto de 2016, el Concejo Metropolitano de Quito, de manera unánime aprobó en segundo debate la Ordenanza que establece como área de Sostenibilidad, y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural a los territorios de: Nono, Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, ubicados en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Organizaciones sociales y agrupaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertaron este jueves sobre un operativo militar y policial en la comunidad shuar Nankints (San Juan Bosco, Morona Santigo) con el que se habría pretendido el desalojo de sus habitantes. La Conaie refirió en un comunicado que esta acción buscaría dar paso a actividades mineras en la zona.
Los productores agrícolas aseguran que el agua es de mala calidad y que sufren cortes de hasta 100 días al año. Está casi paralizada la producción de cebolla de Jáchal, que era una de las mejores del mundo. Los vecinos se basan en varios estudios para asegurar que la cantidad y calidad de agua mermó por la presencia de Veladero. «Jáchal está peor, las rutas están rotas, hay campos abandonados, el hospital está destrozado, el colectivo que va a Tamberías tiene todos los asientos rotos, es todo un desastre. No encontré progreso, y encima el agua está contaminada».
El nuevo proceso sancionatorio contra Mina Invierno ocurre sólo días después a la polémica aprobación del uso de tronaduras para la extracción de carbón por parte del Comité de Ministros.
El nuevo proceso sancionatorio contra Mina Invierno ocurre sólo días después a la polémica aprobación del uso de tronaduras para la extracción de carbón por parte del Comité de Ministros.
Una de las peculiaridades del extractivismo contemporáneo es la integración de un selecto grupo de burguesías latinoamericanas al club de megaconsorcios mundiales. La estrategia principal de estos conglomerados transnacionales ha sido el despojo y apropiación de las tierras en las que se encuentran los recursos minerales y garantizar, al menos por varias décadas, que esa posesión no será modificada. En América Latina fueron tres los grupos empresariales que, al igual que los consorcios canadienses, obtuvieron concesiones para explorar más yacimientos.
Los enfermos por el derrame en la mina Buenavista del Cobre se quedaron sin atención médica desde el pasado 30 de junio, debido a que Grupo México incumplió con los pagos a la empresa que les brindaba el servicio en una vivienda de interés social, además de que hay temor de que se vuelva a detener la construcción de una clínica en Ures. hay 360 casos reconocidos de personas afectadas en su salud por el derrame tóxico minero. 
El tribunal consideró que el plan de obras complementarias presentado por la minera es suficiente para permitir el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío. Sin embargo, establece algunas condiciones.
De la reunión se obtiene un panorama desolador del país. Se trata de un mapa del despojo, en el que las comunidades indígenas y campesinas tienen que luchar contra grandes empresas y contra las propias autoridades: los funcionarios de los tres niveles de gobierno y la ley están de parte de los grandes capitalistas, quienes –además– con su dinero compran voluntades de quienes deberían defender la integridad y el bienestar de los pueblos de México.