El movimiento PAX Holanda condena y lamenta profundamente el asesinato de Néstor Iván Martínez, dirigente social de la zona carbonífera del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, acaecido en horas de la tarde del pasado domingo 11 de septiembre.
Cuando la sociedad colombiana se prepara para la suscripción de un acuerdo histórico de paz con la principal organización insurgente del país, resurgen los asesinatos selectivos que empañan los esfuerzos de reconciliación.
El atentado mortal contra Néstor Iván Martinez se produjo en una finca del municipio de Chiriguaná, generando, como es apenas natural, conmoción y temor en la comunidad. Su liderazgo social hizo que asumiera la vocería de la Comisión de Interlocución del centro y sur del Cesar, un espacio de diálogo regional, así como la representación del Consejo de comunidades negras de La Sierra, El Cruce y La Estación, todas ubicadas en ese departamento. Además, fue uno de los organizadores de la movilización que se desarrolló el pasado mes de agosto ante el cierre del Hospital San Andrés de Chririguaná. Durante esa jornada de protesta, fue asesinado Neiman Agustín Lara, también líder del movimiento afrodescendiente, ambos trabajadores del proceso comunitario en defensa del territorio, el medio ambiente y en contra de la expansión de la mina de carbón que explota la transnacional Drummond en esta región del país y que ha generado graves impactos sociales y ecológicos.
Un muestreo comunitario en la zona de Intag, Ecuador, acaba de demostrar las nefastas consecuencias del proyecto Llurimagua (Codelco Chile/Enami Ecuador), que estando en fase de exploración, ya ha contaminado la cascadas Gemelas y la cuenca del río Junin, la que abastece directamente a las comunidades del cantón ecológico de Cotacachi, las que llevan más de treinta años resistiendo la megaminería en su territorio.
Mañana, miércoles 14 de setiembre, CooperAcción y OXFAM presentarán la publicación «Conviviendo con la minería en el sur andino»*, que recoge las experiencias de la Mesa de Diálogo de Espinar (2012-2013), la Mesa de desarrollo de Cotabambas (2012-2013) y la Mesa de Diálogo de Chamaca (2013), en zonas de influencia directa de actividades mineras en las regiones Cusco y Apurímac. Espacios de diálogo instalados luego de haberse generado conflictos entre la población y la minería a causa de desencuentros por temas ambientales, de salud o relacionados con el desarrollo local. 
Con todo éxito culminaron las dos primeras jornadas de formación llevadas a cabo por la “Plataforma contra el Arco Minero”. Durante dos sábados consecutivos la plataforma ofreció espacios de formación abiertos en la que se brindaron charlas sobre temáticas que están directamente relacionadas con la Minería y el proyecto del Arco Minero del Orinoco.
Las asambleas de la provincia, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut UACCh, advertimos y repudiamos el permanente asalto de empresas mineras y gobiernos que anuncian la inminente explotación de yacimientos mineros en nuestro territorio. La población chubutense sostiene desde hace años un total rechazo a la actividad minera a gran escala y demanda que los discursos sobre la «prioridad por el cuidado del agua frente a la actividad minera» se plasmen en actos legislativos, dando tratamiento y aprobación al proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular donde se impide la minería de metales y radioactivos en todas sus etapas y formas de explotación.
Dos muertos y 350 detenidos en Bangalore por las protestas por el reparto del agua de un río entre dos estados del país.
Dirigentes de Cotabambas y Grau, distritos ubicados en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas participaron hoy en sesión de la Comisión de Pueblos Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Los pobladores de los distritos afectados por la contaminación de los ríos en la cuenca Llallimayo anunciaron la noche del lunes 12 que permanecerán hasta hoy en las afueras del campamento minero de Aruntani SAC. El lunes por la mañana, cuando empezó el paro de 48 horas que acatan, los productores agropecuarios se movilizaron hasta la carretera de ingreso a esta empresa minera, a la que acusan de tener responsabilidad en la contaminación del agua.
Hubo un plan. Quizás no fue sistemático y buena parte se fue tejiendo sobre la marcha, pero desde el minuto cero Barrick Gold hizo todo lo posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias, muchas veces con la complicidad del gobierno provincial. Hoy se cumple un año del mayor accidente ambiental de la minería argentina. Nada de lo que pasó fue transparente. Y todavía hay muchas preguntas sin responder y la incertidumbre tiene una sola explicación: las grandes minas son verdaderos Estados paralelos en los que el poder de las autoridades es insignificante.