Las razones de esta baja serían tanto el escaso aumento de la producción de cobre como la drástica caída del precio internacional del metal rojo en el último tiempo.
El peso de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha caído de manera abrupta. Si bien en 2010 -en pleno superciclo del cobre- representaba cerca del 16% del total, en 2015 esa cifra sólo ascendió a 9%, según información del Consejo Minero a partir de datos del Banco Central. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del gremio que agrupa a las grandes empresas del sector, aseguró a «El Mercurio», que en todo ese período -excepto en 2011- el PIB minero cayó desde cerca de US$34.800 millones a US$21.700 millones, lo que significa casi un 38%. Por lo tanto, aseguró que la explicación de la caída «está esencialmente en el mismo sector y no en un mayor crecimiento relativo de otras actividades productivas».
Un centenar de personas, entre productores agropecuarios y estudiantes universitarios, realizaron una marcha-caravana bajo la consigna, “agua si, oro no,” en la que expresaron su rechazo a una eventual explotación de la mina de oro y cobre que hay en la cuenca alta de esta provincia.
En Chile el Gobierno, la Constitución y las leyes han propiciado un régimen de extractivismo minero. Mientras, los indígenas de Tarapacá utilizan su patrimonio arqueológico y cultural como medio para negociar y permanecer viviendo como lo hacían ancestralmente.
Comunidades campesinas de los distritos de Ejutla y Ocotlán exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, porque ha realizado trabajos de exploración en su territorio sin el consentimiento de las asambleas comunitarias.
Aseguran que no han recibido beneficio alguno por dejar tierras de cultivo para la explotación de oro
RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
El sacerdote Alejandro Solalinde visitó este miércoles el Congreso local para exigir a los diputados el cierre de la mina Buenavista del Cobre, y declarar zona de desastre al municipio de Cananea. Acompañado por damnificados por el derrame y activistas sociales, también solicitó que el Congreso aplique la consulta ciudadana en marzo de 2017 en los 72 municipios del estado, para detener o regular la expansión de la minera Grupo México.
En febrero se fugó por una falla mecánica de uno de los 10 tanques de lixiviados en la falda del cerro El Limón, afirma. Los vecinos sufren enfermedades debido a la contaminación del aire y del agua mediante 10 escurrimientos, denuncian. Las instancias a las que acuden en busca de ayuda terminan cooptadas por la minera, la Semaren recibió 50 millones de pesos, aseguran.
El 99.4% de San Francisco de Opalaca, dice no a los proyectos hidroeléctricos y mineros