Un total de 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe «En tierra peligrosa» publicado por la ONG Global Witness.
Esta cifra supone el balance anual más alto hasta la fecha y un incremento del 59 por ciento con respecto a 2014, aunque Global Witness teme que los datos reales deben ser indudablemente más altos, dados los graves límites a la información.
Los países donde se han producido más asesinatos de activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente han sido Brasil, con 50 víctimas, y Filipinas, con 33, una cifra récord en ambos casos. A ellos les siguen Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12) y República Democrática del Congo (11).
Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014, según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.
La empresa australiana Berkeley, que pretende abrir la única mina a cielo abierto uranio de Europa, solicita 500.000 euros al Secretario de la Plataforma Stop Uranio José Ramón Barrueco y al bloguero Jesús Cruz por participar en la campaña contra la minería del uranio.
En los últimos 25 años, la minería ha estado en una fase expansiva sin precedentes a nivel global: aunque con algunos intervalos, desde inicios de la década del 90 se ha registrado un proceso de crecimiento significativo que puede ser medido tomando en cuenta diferentes variables. El peligro es que se pretenda seguir haciendo extracción de recursos naturales sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos.
Con la participación de aproximadamente 150 delegados y delegadas de 7 municipios transfronterizos que integran esta región Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, Nenton, Concepcion Huista, Petatan y Union Cantinil, el Consejo de Pueblos Wuxhtaj popti-Huista realizo asamblea extraordinaria.
Una reformada ordenanza ambiental de Las Heras para regular la minería contaminante ya divide las aguas en el departamento. La medida que se había sancionando en abril, que especificaba las técnicas y sustancias contaminantes que se prohibían, se «suavizó» en mayo. Así lo denunció un grupo de ambientalistas autoconvocados de Uspallata, que entiende que se la «ablandó» para abrir la posibilidad de que la minera San Jorge pueda concretar su proyecto. Desde la Comuna insisten en que se cambió porque avanzaba más allá de la ley provincial 7.722, que prohíbe las sustancias tóxicas en la minería.
El Gobierno de Río Negro desembolsó ayer $ 3.193.095 para la empresa MCC Minera Sierra Grande S.A., para sostener los puestos de trabajo y la actividad económica en esa ciudad. El desembolso de este mes forma parte de los $44.000.000 que la Provincia acordó subsidiar por el término de un año. Se incluiye en este desembolso el pago de las obligaciones de la seguridad social (Formulario de AFIP 931) por un total de $1.808.879,62; y dos facturas de consumos eléctricos por $1.384.216,25. Negocio redondo para la minera de capitales chinos.
Recurso de Agravio Constitucional fue presentado ante la 1° Sala Mixta de Canchis – Cusco
La Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN), tras un monitoreo en estos meses a las cabeceras, de la cuenca del río Pilcomayo en el departamento de Potosí, logró identificar 1.800 puntos de contaminación medio ambiental por causas diversas que estarían provocando una contaminación a la aguas del río.
ENCUENTRO MEXICANO DE RESISTENCIAS
CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO.