Autoridades del municipio de Llica acusaron a la minera chilena Collahuasi de utilizar agua de forma gratuita, tras mover el hito establecido por ambos países. La minera es controlada por la suiza Glencore y la británico-sudafricana Anglo American.
Las autoridades del municipio de Llica, que está en la frontera común con Chile, denunciaron hoy que una minera chilena extraería agua del territorio boliviano tras mover el hito 55 unos cinco kilómetros del sitio delimitado por las cancillerías de Bolivia y Chile.
«Ingresan con cisternas y hacen el robo del agua a través de pozos en la laguna ‘El Desierto’, que está prácticamente seca, porque movieron el hito 55 unos cinco kilómetros al interior del país. Hemos podido ver que la remoción es fresca», denunció Valencia Ayaviri, concejal del municipio de Llica del departamento de Potosí.
Vecinos de la localidad de Tamberías, a 10 km de la ciudad de Jáchal, hoy miércoles por la mañana retiraron a sus niños de la escuela por no contar con agua segura, se manifestaron en la puerta del colegio y luego se movilizaron acompañados por vecinos de otras zonas hasta la sede de Obras Sanitarias Sociedad del Estado -OSSE, para reclamar por la sanidad del agua. El progreso y el bienesatar que genera la megaminería.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica fijó en 6,4 millones de dólares el daño ambiental causado por el proyecto de minería de oro a cielo abierto “Las Crucitas”, que nunca llegó a operar y que estaba a cargo de la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold.
A seis años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, el homicidio no solo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano luchó por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población como las que genera también la extracción de barita en el ejido Santa María. Del mismo modo sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, desistieron de esta investigación.
“No es un accidente”, gritan los miembros del Movimiento de Afectados por la Minería (MAM). “Es un acontecimiento de total responsabilidad de las empresas”, asegura Mario Zonta quien destaca que las empresas no monitorean las represas donde almacenan desechos tóxicos, como las que se rompieron el pasado 5 de noviembre provocando un río de lodo contaminado que destruyó poblados, provocó la muerte o desaparición de más de 20 personas y dejó miles de afectados.
Un informe del alto Tribunal de la Nación advierte sobre la presencia de naftaleno que puede ser nociva para la salud de la gente y para el medio ambiente.También «se observan resultados que están por encima de los valores guía como la presencia de naftaleno, amoníaco nitritos, sulfuros y fenoles, así como de metales como el plomo, hierro y cobre. Un valor de DQO (demanda química de oxigeno) aumentado y la presencia de sedimento sólido».
Cientos de brasileños marcharon este domingo en Rio de Janeiro y Sao Paulo para reclamar un mayor compromiso de los líderes mundiales contra el cambio climático y exigir responsabilidades por el deslave minero en el sudeste del país, la mayor catástrofe ambiental de la historia del gigante sudamericano.
El jueves 26 de Noviembre a las 15:00 hrs comenzaron los alegatos en el Segundo Tribunal Ambiental por la Reclamación de Barrick (Compañía Minera Nevada SpA) contra la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que le rechazó el Plan de Cumplimiento presentado para el segundo proceso sancionatorio que se abrió el 22 de Abril en dicho organismo fiscalizador.
Diferentes organizaciones, denuncian a la minera canadiense Black Fire de operar nuevamente en el ejido Gracia, Chicomuselo, Chiapas. Familiares del activista Mariano Abarca Roblero, quien luchaba por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, y en contra de la minera, fue ultimado el 27 de noviembre de 2009.
En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos.