Alberto Roque fue padre de tres niños pequeños, quechua, campesino de la comunidad de Yuricancha y dirigente social con ganas de aportar al futuro de su distrito Mara en Apurímac. Alberto ya no es. Fue asesinado en circunstancias extrañas cerca de su localidad en la madrugada del miércoles 18 de abril de retorno de una reunión de coordinación en Cusco. Iba a dar una audiencia pública sobre el proceso de transferencia y el estado financiero de la municipalidad el sábado 21 de marzo. También quería hablar de una agenda compartida frente a la minería en la zona.
Conocí a Alberto Roque y a su equipo de regidores en diciembre del año pasado, en una reunión con el CBC. Explicaron que en realidad Alberto no tenía un deseo tan grande de ser alcalde, pero que el respaldo de las comunidades lo hizo asumir la responsabilidad de ser candidato. Compartieron su deseo de realizar una gestión buena y honesta, y planteaban que necesitaban acompañamiento para ello. Alberto habló poco. Tenía la sensación de cierta angustia e inseguridad en el grupo por todo lo que iba a venir.
Un decreto firmado el pasado martes por el ministro de Minas y Energía de Colombia, Tomás González Estrada, promete abrir una nueva polémica entre organizaciones ambientalistas y el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de la inclusión de dos conceptos en el Glosario Técnico Minero que, para el Ejecutivo, simplemente llenan un vacío en la regulación minera pero que, para los juristas expertos en el tema, constituyen un cheque en blanco para las grandes empresas del sector.
La pequeña localidad de Caimanes tras una épica lucha contra la mayor fortuna de Chile y una de las mayores del mundo, logró un fallo inédito, la Corte Suprema le ordena a Minera
Comisarios y habitantes, de al menos ocho comunidades del distrito minero de La Cañada, conformaron en una asamblea un frente en defensa del medio ambiente y en contra de los daños que ha generado la empresa Industrial Minera México (IMSSA) por el inadecuado manejo de los desechos tóxicos extractivos que se encuentran a cielo abierto en las poblaciones ocasionando problemas de salud.
Este 21 y 22 de marzo:
El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que se querellarán contra quienes resulten responsables luego de la incautación de material utilizado para explotación minera dentro del parque Quebrada de la Plata, en Maipú. La autoridad calificó como un «crimen ambiental» el daño realizado a la flora y fauna del parque de la comuna de Maipú.
La minera Buenavista del Cobre pagó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 23 millones 565 mil 938 pesos de multa por 50 irregularidades detectadas ante el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi del año pasado.
La Corte Suprema de Justicia del Perú, dirigida por el Magistrado Villa Stein, declaró inadmisible dos recursos de casación interpuestos por Minera Yanacocha en el proceso seguido contra Máxima Acuña de Chaupe y su familia, presentados durante el juicio que ganó esta familia campesina en la ciudad de Cajamarca.
El dictamen de la Ley General de Aguas, detenido en la Cámara de Diputados, permite a la industria minera explotar el recurso sin necesitad de concesión, alertó la especialista Elena Burns, integrante de la asociación civil Agua para Todos, Agua para la Vida.
Dos palabras -oportunidad y riesgo- atraviesan los espíritus de los 90 mil habitantes de Paracatú cuando hablan de la Colina del Oro, depósito de unas fabulosas reservas de oro que están siendo explotadas por la empresa canadiense Kinross, siendo que el depósito del mineral tiene altas concentraciones de arsénico.