Un total de 902 proyectos de exploración e inversión de capital extranjero en el sector de la minería se encuentran en operación en nuestro país, y de los cuales 18 corresponden a San Luis Potosí, con lo que se coloca entre las primeras doce de 25 entidades con presencia de este tipo de empresas.
De acuerdo con la Coordinación General de Economía de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en su diagnóstico de empresas en la industria minero metalúrgica en México (proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2014) de las 276 empresas con capital extranjero operando en México, el 67.75%, esto es 187, tienen sus oficinas centrales en Canadá y 48 en Estados Unidos (17%), la República Popular China cuenta con 12 empresas (4.35%).
El Caso Majaz es uno de los más emblemáticos en la cadena de resistencias que en los últimos diez años, viene tejiéndose en el Perú a raíz de las políticas económicas neoliberales aplicadas por los gobiernos que promueven inversión y crecimiento económico a costa del empobrecimiento de la calidad de vida, la vulneración de derechos fundamentales, la ruptura de vínculos comunitarios y la acumulación de desconfianza en quienes gobiernan, entran, saquean y contaminan sus territorios sin consulta ni licencia, territorios que habitan desde épocas originarias en este país.
En los últimos días se han registrado diversos episodios de violencia hacia poblaciones indígenas, en especial hacia mujeres. Recientes estudios señalan que en México el 60 por ciento de las indígenas sufre violencia. En tanto, en Brasil se denuncia la presencia de sicarios masacrando indígenas en el marco de la lucha por la tierra, a lo que se le suman las recientes agresiones en Argentina donde, además, se continúa ignorando la protesta del pueblo Gom frente a la Casa Rosada.
Asociaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, se retire el permiso para extraer oro, cobre y plata a la compañía minera WC Exploration Corporation y al consorcio Firex SA de CV, según apunta La Jornada.
El Obispado de la Prelatura de Esquel junto con la Pastoral Social repudian con firmeza el espionaje ilegal «rechazar y repudiar con firmeza el atropello a la privacidad». Señalan también que «serìa gravìsimo que detrás de este procedimiento de espionaje ilegal estuvieran involucradas intituciones del estado».
La mina de la empresa Frisco y del magnate Carlos Slim, en el municipio de Ocampo y Moris en el corazón de la sierra ha causado que las montañas luzcan como “pirámides”, grandes extensiones de bosque han sido destruidos para obtener los metales.
El Colegio Médico de Antofagasta anunció que están analizando la posibilidad de acudir a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar la contaminación ambiental por las mineras de la zona. Desde la Intendencia regional indicaron que están trabajando en la implementación de planes de sustentabilidad.
“¿Está de acuerdo con la explotación minera?”, fue la consulta que se le realizó a los vecinos de ocho comunidades del municipio de Choluteca. La respuesta de los pobladores de Guayabilla, San Martín Centro, Planteles, Cerro San Martín, El Mango, Hatillos Dos, Agua Caliente de Pavana y Guanacastillo fue de un contundente “no”.
En defensa de uno de los sitios sagrados más importantes para los indígenas de México y el mundo, Wirikuta, lugar donde para los wixárikas (huicholes) de Jalisco, Nayarit y Durango “nació el sol por primera vez”, se realizó aquí el foro El agua en el desierto Catorce hacia el 2030, una revisión “a partir de la ciencia y los saberes locales sobre la situación actual y futura del agua” en este municipio, sobre todo a la luz de la batalla contra 78 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sobre las 140 mil hectáreas que abarca este espacio ritual.
En años recientes la entrega de concesiones a empresas trasnacionales ha provocado que la fuerza del capitalismo arrebate los territorios de pueblos indios a lo largo y ancho de la república mexicana, por lo que podríamos trazar un mapa con las luchas sociales de este sector en contra de los llamados megaproyecto de destrucción; más del 40% del territorio nacional ha sido concesionado.