Los mismos organizadores de una movilización en la que 30.000 personas salieron hace cuatro años a las calles de Bucaramanga a protestar por la minería en Santurbán convocaron a la ciudadanía a una nueva marcha para el 24 de abril próximo porque consideran que la delimitación con la que el Gobierno ‘blindó’ 100.000 hectáreas del páramo, en Santander, no preserva, según ellos, plenamente el ecosistema.
Diversas organizaciones, fundaciones y ambientalistas se unieron en el Movimiento Cívico Ciudadano (MCC) que organiza la marcha con la que le pedirán al Ministerio de Ambiente adoptar medidas estrictas para garantizar la preservación del agua que 2,5 millones de personas consumen en los Santanderes.
Tras una reunión en la que dirigentes del MCC se congregaron en la tarde de este lunes, en Bucaramanga, también se acordó protestar por el uso del método de fracking en la explotación petrolera, donde inyectan grandes cantidades de agua en el subsuelo para liberar petróleo.
La comunidad La Maraña, enmarañada entre caminos serpenteados, tramos de asfalto y tramos de piedra, la encontramos escondida en el municipio de Ilobasco, Cabañas, a 65 kilómetros de San Salvador. Ahí se conmemoraba con una misa el quinto aniversario de la muerte de tres ambientalistas de comunidades aledañas, quienes se opusieron a la operación de la empresa minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, quien actualmente ha demandado a El Salvador ante instancias internacionales por más de $300 millones de dólares por negarle actividad minera en “El Dorado” en la zona norte de Cabañas. 
La criminalización de los movimientos sociales que se oponen al extractivismo y neoextractivismo, a la usurpación territorial y de aguas, impulsada tanto por los gobiernos de turno como por empresas transnacionales, se ha convertido en la principal estrategia de invisibilización y represión de la protesta en Chile.
Una segunda etapa vivirá a partir de este año Pascua Lama, el proyecto binacional de oro y plata de la canadiense Barrick. La empresa informó en febrero que a mediados de año volverá a ingresar al sistema de evaluación ambiental, ya que solicitará nuevos permisos para la construcción de un sistema de aguas definitivo. Los problemas en este mecanismo causaron la paralización definitiva de la iniciativa en octubre de 2013 y una multa de US$ 16 millones -histórica para la fecha- de parte de la naciente Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por un conjunto de irregularidades en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), entregada en 2006.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a Carlos Gálvez Pinillos, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que se le abra un proceso sancionador en aplicación del Código de Ética a la Minera Yanacocha por el hostigamiento contra la familia de Máxima Acuña de Chaupe, en Tragadero Grande, Cajamarca. La carta fue publicada en la edición del domingo 8 de marzo en el diario La República.
La avidez de la industria extractiva por los bienes minerales de Baja California Sur es un pozo sin fondo. En noviembre pasado, la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) pedimos a las autoridades no otorgar más concesiones de exploración a Mexicana del Arco S.A. de C.V., filial del Grupo México, cuyo proyecto minero “El Arco” amenaza las áreas naturales protegidas del Valle de los Cirios y de El Vizcaíno.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con 22 millones 959 pesos a la empresa minera Buenavista del Cobre por derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Más de 2 mil personas de la Sierra Nororiental de Puebla rechazaron ante emisarios de la compañía Energía Mexicana la construcción de la hidroeléctrica Atexcaco 2 y les advirtieron que no permitirán de ningún modo la imposición de ese proyecto, que consideran vinculado estrechamente a los intereses de la Minera Autlán, por explotar yacimientos a cielo abierto.
Desde la Patagonia, nuevamente, nos unimos para darle la mayor fortaleza y la más potente y fraterna solidaridad y aliento a todas las valientes comunidades del Valle del Choapa, en las exigencias por hacer valer sus derechos al agua y a la vida.
Fueron cumplidas las amenazas de una denuncia de la empresa de minería marina, Exploraciones Oceánicas, contra el reportero de la fuente ambiental y científica, Carlos Ibarra, así como contra miembros de la Cooperativa Puerto Chale, entre ellos su presidente, consignadas en tres inserciones con diferentes fechas, al parecer pagadas, y publicadas por el diario de la Organización Editorial Mexicana (OEM), El Sudcaliforniano.