La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con 22 millones 959 pesos a la empresa minera Buenavista del Cobre por derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
En un comunicado, la Profepa informó que la minera Buenavista del Cobre fue multada por derramar 40 mil metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre acidulada a los ríos Sonora y Bacanuchi y por irregularidades que se detectaron durante la revisión de las operaciones de la empresa.
En agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre, operadora del Grupo México, derramó tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó a pobladores de los municipios de Arizpe, Banamichi, Baviacora, Aconchi y Ures.
Guillermo Haro Bélchez, procurador Federal de Protección al Ambiente, dijo que las sanciones son el resultado de las 55 irregularidades en que incurrió la minera, algunas de las cuales están asociadas al siniestro causado en agosto del año pasado a los ríos en Sonora.
Dijo que la empresa cumplió con las medidas ordenadas por la Profepa y que ya no existe un riesgo para el medio ambiente o el equilibrio ecológico en la zona, por lo que se ordenó el levantamiento de las dos clausuras parciales temporales impuestas a esas instalaciones de la minera.
El Procurador Federal de Protección al Ambiente dijo que con el fideicomiso de 2 mil millones de pesos creado por las subsidiarias de Grupo México para reparar los daños ambientales y materiales del derrame se cubrirán las multas.
Dijo que 7 millones de pesos se destinará a la multa por el derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada; 4 millones 65 mil pesos por irregularidades en materia de atmósfera, 596 mil 551 pesos en materia de residuos peligrosos, y 11 millones 297 pesos en materia de impacto ambiental, las cuales suman un total de 22 millones 959 mil 386 pesos para subsanar 55 irregularidades.
Haro Bélchez dijo que la empresa tendrá que llevar a cabo la remoción de suelos contaminados y realizar, en presencia de Profepa, el muestreo de seguimiento parcial para la zona afectada en un plazo no mayor de 8 semanas.
Aseguró que la Profepa continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones. Además que coadyuva con la PGR en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente.
Recordó que desde el primero de septiembre del año pasado se impuso la clausura temporal parcial de las áreas de lixiviación que reconocen hacia el Bordo Poniente y el represo Tinajas 1 y del proyecto «Terreros de Lixiviados Tinajas».
Dijo que se presentó denuncia penal contra quien resulte responsable, el 18 de agosto de 2014 (de 1 a 9 años de cárcel) y se consiguió el sometimiento de la empresa en el que se obliga a la reparación de los daños y establece un fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales.