La sentencia a 10 meses de prisión del dirigente antiminero de Íntag Javier Ramírez sentó un precedente.
Es el primer habitante de esa zona que cumple una condena por rebelión, los últimos siete años, según informes del Instituto Regional de DD.HH. (Inredh) y la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu).
Ramírez fue liberado el 10 de febrero pasado del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Allí estuvo detenido desde el 10 de abril de 2014.
Él vive a un costado de la plaza central de Junín, una comunidad de Íntag, una región de bosques nublados y fincas, rica en biodiversidad, con una extensión de 2 200 km2 en el noroccidente (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura).
Los habitantes de la ciudad de Antofagasta están viviendo una crítica situación de salud pública, según denuncian dirigentes estudiantiles, del Colegio Médico y de agrupaciones ciudadanas. El problema es la alta contaminación con metales pesados que afectaría a miles de personas.
El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos, aseguró que Veracruz está en un enorme peligro, porque tanto el Gobierno Federal y del Estado -bajo reformas estructurales- están dando todas las facilidades a las empresas transnacionales para dañar la ecología y por otro lado, adueñarse del país.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se negó a revelar el padrón de los beneficiados del Fideicomiso Río Sonora –que se abrió para reparar los daños ocasiones por el derrame de tóxicos en el río del mismo nombre– y el monto otorgado a cada uno de ellos. Reservó la información hasta por un año.
Tras las reiteradas denuncias de habitantes del municipio cundinamarqués de Choachí acerca de las exploraciones mineras que adelanta la empresa Cosargo S.A.S. y que posiblemente afectan al páramo de Cruz Verde, la Agencia Nacional de Minería anunció que suspenderá este proyecto que está en etapa de exploración.
«Millones de vidas están en riesgo por el cambio climático y la economía global basada en el carbono», afirmó el presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública.
El apoyo de distintos actores y sectores sociales de la Araucanía, vinculados a referentes de comunicación, medio ambiente, profesionales, estudiantiles, pobladores y de comunidades, desde una región que sufre intensos problemas de abastecimiento de agua debido, entre otros, a la acción de la industria forestal y maderera, se dirige al pueblo de Caimanes, en la región de Coquimbo, comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, que también sufre la grave usurpación de sus aguas y contaminación, esta vez de manos de la Minera Los Pelambres, perteneciente al Grupo Luksic.
En México existen al menos 6 mil 500 sitios identificados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como potencialmente contaminados.
Desde que se modificó la ley minera en 1992, en esta República agujereada el gobierno federal ha concesionado alrededor de una tercera parte del territorio nacional en beneficio de los barones de la minería, quienes han visto crecer como espuma sus fortunas. El argumento oficial es que –como en el caso del petróleo– la riqueza mineral pertenece a la nación, siempre y cuando ésta permanezca en el subsuelo. Una vez extraída la cosa cambia y queda en manos de particulares, los que –se supone– pagan derechos al erario, y todos quedan contentos (versión oficial) con esta brillante fórmula.
La paralización forzada de proyectos mineros en Chile llamó la atención también en otros países de la región, que hacen de la minería una de sus principales actividades exportadoras.