La evolución reciente de la actividad económica mundial y de las industrias extractivas y de transformación ha sufrido cambios dramáticos, que atentan contra la vida y la salud de los trabajadores. El propósito de crecer y de generar ingresos a cualquier costo ha deshumanizado los procesos productivos, así como el comercio de bienes y servicios.
En la actualidad, los principios y valores que inicialmente impulsaron las estrategias de crecimiento y desarrollo económico y social se han alejado de las necesidades de las personas que luchan para vivir mejor y, desde luego, se han descuidado las condiciones laborales, de tal forma que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores. Hoy el lema del mundo capitalista parece ser que las utilidades están por encima y tienen mayor prioridad que la protección, la tranquilidad y el bienestar de los seres humanos.
Desde que EcuaCorriente (de origen canadiense y hoy de consorcio chino), ingresara -alrededor del año 2001-, a realizar actividades de exploración en las inmediaciones de la cordillera del Cóndor, en la zona del proyecto Mirador, en la parroquia Tundayme de la provincia de Zamora Chinchipe, esta empresa habría ensayado una serie de mecanismos para ocupar la zona y consiguientemente desplazar a la población ahí asentada.
Las empresas canadienses de minería, mundialmente conocidas por los conflictos y perjuicios ambientales que causan en varios países, en especial en América Latina, se van a sentar en el banquillo de los acusados. El «juicio” ocurre en el marco de la 40ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que comienza este jueves 29 de mayo y se extiende hasta el 1º de junio, en Montreal, Canadá. Pueblos afectados, activistas ambientales y especialistas van a denunciar las acciones de las empresas apoyadas por el gobierno canadiense.
Somos agricultores, crianceros, pobladores, iglesias, comunidades diaguitas que hace más de 15 años hemos denunciado la inviabilidad de hacer megaminería en la naciente de nuestras cuencas, enfrentándonos a las autoridades, a la empresa, a la justicia, a los medios de comunicación, para demostrar con conocimiento que este proyecto es inviable en el lugar donde se encuentra, y que los temores que desde el inicio hemos tenido, hoy son una realidad. Hoy, existen daños irreparables en nuestro tejido social, hemos demostrado ante todos los organismos existentes que Pascua Lama ha vulnerado groseramente todas las condiciones y acuerdos para su funcionamiento.
Las minas de mineral, fierro, mármol y uranio de la zona serrana de Aquila, Aguililla, Arteaga, Coalcomán, Tumbiscatío y Tepalcatepec, Michoacán, que estaban en manos de los Caballeros Templarios, ahora son controladas por los grupos de autodefensa e integrantes del crimen organizado.
Entrevista de Pablo Peralta M./La Paz: La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los interculturales y las Bartolinas están «adormecidos” porque no cuestionan las leyes que se ponen en vigencia y que mellan los intereses de la población, sentencia Nilda Rojas, representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) «orgánico”, un sector crítico al Ejecutivo.
Empresas consultoras peruanas también participan en México y Colombia en trabajos de perforación, estudios geofísicos, entre otros servicios al sector minero.
La reciente controversia de pobladores –principalmente pescadores y ambientalistas– con autoridades y empresas privadas, generada en torno a la minería marina que se pretende llevar a cabo en Baja California Sur, en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas-San Juanico, en la costa del Océano Pacífico, es apenas la punta del iceberg de la infinidad de problemas ambientales y sociales que se desencadenarán en México por la gravedad de los daños que puede causar esta novedosa forma de explotación minera del fondo marino, que además puede tener enormes repercusiones mundiales, pues el daño al medio ambiente marino no se limitaría a las zonas propuestas para la extracción.