Las discusiones sobre la minería, abiertas a partir del fuerte impulso oficial que, incluso, gana espacio en los medios de comunicación, van dejando a la vista prácticas que, más que ver con lo productivo, esconden negocios de otro tipo en muchos de los casos, y que van desde la especulación hasta la trampa. Con la sociedad dividida, fundamentalmente porque se pone en juego el recurso vital de Mendoza, que es el agua, aparecen los que encuentran terreno fértil para hacer negocios que, sin riesgo, les dejan grandes dividendos.
Empresas y particulares que, a través del pago de un canon, se quedan con enormes superficies para después alquilarlas o venderlas a las mineras, encontraron un modo de especulación que ha dado grandes ganancias, reconociendo antecedentes en áreas petroleras que también han servido para este negocio, basado fundamentalmente en la falta de controles estatales.
El 13 de agosto de 2014, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de una Audiencia Temática en la que se trate el preocupante tema de la criminalización de la protesta social, principalmente en el caso de los pueblos indígenas, y, de los estados de emergencia en contextos de conflictividad social.
Una forma de explotar a la naturaleza es la extracción de petróleo y minerales que utiliza enormes cantidades de agua y la contamina pues produce desechos tóxicos; estos químicos enferman también a los suelos y a la gente. Las empresas petroleras y mineras cuando llegan a los territorios causan grandes problemas, rompen el tejido comunitario y lo reemplazan con conflictos en las familias, la división de comunidades, la confrontación entre unos y otros. Los daños producidos por estas actividades extractivas son a largo plazo, y duran mucho más que las utilidades económicas que dicen generar. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por la situación en el Perú, decidió convocar a una Audiencia Temática para analizar el tema de la criminalización de la protesta social, principalmente en el caso de los pueblos indígenas; y los estados de emergencia en contextos de conflictividad social. Ello a solicitud de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
Honor de Defensor de Derechos Humanos y el Ambiente es reivindicado por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Jaén
La FIDH, su organización integrante ecuatoriana CEDHU, y MiningWatch Canadá, denuncian la falta de voluntad y acción del Punto Nacional de Contacto (PNC) canadiense responsable de administrarlas Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, en el caso del proyecto Mirador, un proyecto minero a gran escala en la Amazonía Ecuatoriana.
El Segundo Encuentro Nacional de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), que se desarrolló en Machacamarca del departamento de Oruro, las mujeres originarias de comunidades de los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí pidieron terminar con la violencia medioambiental contra ellas.
El secretario de la subcentral Tarapaya de la provincia Tomás Frías de Potosí, Félix Mamani, denunció que cooperativas mineras vertieron el día domingo, desechos tóxicos en el río que fluye por su región afectando los cultivos, los animales y las personas, reportó radio Aclo.
Rio Tinto informó el martes que rechazó una oferta para fusionarse con Glencore PLC, que hubiera combinado a dos de los mayores conglomerados mineros del mundo y reconfigurado el mercado global de mineral hierro.